miércoles, 22 de febrero de 2017

22 de febrero de 2017 | Economía DEJÓ A 80 TRABAJADORES EN LA CALLE

Atanor: un patrón de conducta




"Lamentamos informar que la planta cerrará su actividad productiva”. Así, sin más explicación y a través de un simple panfleto que un vigilador privado les entregó en la puerta de la fábrica a las cuatro de la mañana, Atanor comunicó el cierre de su planta de Baradero. La empresa elabora allí distintos productos químicos y deja en la calle a 80 empleados.
Atanor es una de las principales empresas agroquímicas del país y tiene plantas en distintas ciudades, entre ellas una en Munro. El sindicato de trabajadores petroquímicos está en alerta ante los indicios de que su cierre también es inminente.
El modo en que Atanor comunicó los despidos es el mismo al que recurrió el gobierno de Mauricio Macri para anunciar las cesantías en el sector público en sus primeros meses de gestión: por medio de un cartel que los trabajadores encontraron en la puerta de ingreso al lugar en el que desempeñan sus tareas.
La empresa ni siquiera dio la cara. "Lamentamos informar que la Planta cesará su actividad productiva. Entendemos el impacto que esta decisión tendrá. No obstante, en el marco de dicha decisión, Atanor respetará y  cumplirá con la legislación vigente", les comunicó en el volante que mandó a repartirles, donde consignó también: “Para mayor información con el área de recursos humanos”.
"Hay ochenta familias que quedaron sin sustento", precisó a Página/12 Néstor Carrizo, del sindicato de petroquímicos de Zárate. Atanor produce en Baradero ácido acético, acetato de etilo, acetato de butilo e isopropilo, triacetina/A2E, y anhídrido acético. En la planta trabajan 60 empleados y de manera indirecta dependen de la actividad de la petroquímica otros 20 trabajadores. En Munro trabajan unos 40 empleados.
Carrizo remarcó que “es una falta de respeto la forma en que lo comunicaron” y lo atribuyó a la insensibilidad que permiten los funcionarios del Gobierno. El dirigente sindical contó que desde hacía tiempo venían pidiendo reuniones a la empresa, pero que sus directivos eludieron el diálogo con el gremio. El último mensaje transmitido por la firma, el viernes pasado, fue que no tenía previsto cerrar la fábrica.
Tras el cierre de la planta, dirigentes del sindicato de petroquímicos se reunieron con la intendenta de Baradero, Fernanda Antonijevic, quien pertenece a Cambiemos. “Le pedimos que tomar cartas en el asunto”, contó Carrizo. Antonisevich se comprometió a hacer gestiones en el Ministerio de Trabajo bonaerense.
Carrizo explicó que la industria petroquímica sufre el impacto de las políticas implementadas por el gobierno de Mauricio Macri. “Las empresas dicen que tienen problemas de rentabilidad por la apertura de las importaciones”. El dirigente sindical citó el caso de Carboclor, una firma del sector afincada en Campana, que redujo el 35 por ciento del salario de sus trabajadores.
El concejal del Frente para la Victoria, Guillermo Olivieri, consideró “brutal” el modo en que Atanor bajó la persiana y advirtió sobre el impacto del cierre en una localidad de 40 mil habitantes, como Baradero. Olivieri remarcó que se trata de “una de las fábricas más antiguas” de esa localidad bonaerense y que “generaciones de baraderenses” trabajaron en ella. “Hay una política liberal que no mide ningún tipo de impacto de ninguna naturaleza y que solo se guía por el costo- beneficio y si implica importar elementos de otros países y cerrar la planta lo van a hacer”,  señaló.
Oliveri reveló que también en Baradero “la ex Paty ya despidió a diez trabajadores hace unos días y tenemos información que evalúa que la planta ha dado pérdidas” y podría cerrar. “Allí hay 400 trabajadores”, precisó el concejal del FpV.

La Historia del Carnaval

Visión Siete: La historia de los carnavales

martes, 21 de febrero de 2017

FISCAL KIRCHNERISTA!!!!!!!!!!! ROA EXPLICANDO LO INEXPLICABLE....PERO BIEN IGUAL!!!

Del editor al lector

Reunión cumbre en Olivos



Puede llamarse mesa chica, como prefieren llamarla. O comité de crisis como prefieren no llamarla aunque en este caso sería más próximo a la realidad.
Lo cierto es que ayer Macri se tuvo que dar un tiempo antes de viajar a España para ver cómo salir de la encerrona del Correo. Convocados de urgencia a Olivos: Peña, Vidal, Rodríguez Larreta y Durán Barba.
El Presidente tenía desde el viernes las encuestas con los números de cuánto está costándole el problema. A su imagen, que no es poco. Y a la de María Eugenia Vidal, que ya es mucho. Como se había arreglado en ese encuentro de la mañana, la gobernadora salió a bancar la parada por tevé.
Macri también tuvo que darse tiempo para hablar por teléfono con Fabián Rodríguez Simón, que es su abogado de mayor confianza y a menudo su bombero favorito. Pepín le contó en detalle lo que él, el ministro Aguad y el procurador Balbín acababan de hacer: pedir en la Justicia que se declare caduco el reclamo de indemnización del padre de Macri por la estatización del Correo.
Buena parte de la hora y media que duró la reunión en Olivos se dedicó a analizar la movida de Rodríguez Simón, que incluye el pedido de separación del juez Cayssials que maneja la causa. “Hagan lo que tengan que hacer”, dice Simón que le dijo Macri. Lo primero que tendrían que hacer, y más Macri que Pepín, es mantener los intereses del Presidente al margen de los intereses de la familia Macri. Y que no quede ninguna duda.
Una posibilidad que se convino explorar ayer fue cómo separar jurídicamente los bienes del Presidente. Una norma que valga para todos los casos. Macri arrastra con el padre otro conflicto políticamente delicado: el de los Panamá Papers.
En la historia del Correo hay cosas fáciles de entender y otras que cuesta entender. Está claro cómo empezó todo: Franco Macri ganó una privatización ruinosa. Se comprometió a pagar un canon impagable. Yabrán se había llevado la crema del negocio y le hacía la vida imposible con el sindicato de Correos.
Para colmo, apareció el factor Kirchner. Macri padre primero dejó de pagar el canon y después se declaró en convocatoria. Kirchner le sacó el contrato y le sacó los bienes. Macri se quedó con una empresa vacía, una cáscara. Pero su elección fue no ir a la quiebra. Seguramente negociado con el propio Kirchner.
Era a la vez deudor y acreedor del Estado. Debía el canon y le debían la indeminización por los bienes confiscados. La Justicia o Kirchner sería mejor decir mantuvieron abierta esta situación nada menos que 14 años.
Macri hijo llegó al poder y a los seis meses su Gobierno acordó una fórmula para que Macri padre saldara la deuda con el Estado. Este paso es la parte de la historia difícil de entender. No porque fuera ilegal sino porque es el tipo de arreglo que se presta a cualquier sospecha.
Mucho más cuando el Gobierno dejó un cabo suelto clave: lo que el Estado le debe a Macri padre. Esto quedó demostrado apenas un mes y medio después, en el mismo momento en que Franco Macri presentó la factura por presuntos daños y perjuicios: unos 1365 millones de pesos del 2003.
¿No lo vieron en el Gobierno? ¿Se dieron cuenta recién cuando lo denunció la fiscal kirchnerista Boquin? Este es el daño que ahora intentan reparar en la Justicia. El otro daño, el de la política, es el que salta en las encuestas que preocupan a Macri
Puede llamarse mesa chica, como prefieren llamarla. O comité de crisis como prefieren no llamarla aunque en este caso sería más próximo a la realidad.
Lo cierto es que ayer Macri se tuvo que dar un tiempo antes de viajar a España para ver cómo salir de la encerrona del Correo. Convocados de urgencia a Olivos: Peña, Vidal, Rodríguez Larreta y Durán Barba.
El Presidente tenía desde el viernes las encuestas con los números de cuánto está costándole el problema. A su imagen, que no es poco. Y a la de María Eugenia Vidal, que ya es mucho. Como se había arreglado en ese encuentro de la mañana, la gobernadora salió a bancar la parada por tevé.
Macri también tuvo que darse tiempo para hablar por teléfono con Fabián Rodríguez Simón, que es su abogado de mayor confianza y a menudo su bombero favorito. Pepín le contó en detalle lo que él, el ministro Aguad y el procurador Balbín acababan de hacer: pedir en la Justicia que se declare caduco el reclamo de indemnización del padre de Macri por la estatización del Correo.
Buena parte de la hora y media que duró la reunión en Olivos se dedicó a analizar la movida de Rodríguez Simón, que incluye el pedido de separación del juez Cayssials que maneja la causa. “Hagan lo que tengan que hacer”, dice Simón que le dijo Macri. Lo primero que tendrían que hacer, y más Macri que Pepín, es mantener los intereses del Presidente al margen de los intereses de la familia Macri. Y que no quede ninguna duda.
Una posibilidad que se convino explorar ayer fue cómo separar jurídicamente los bienes del Presidente. Una norma que valga para todos los casos. Macri arrastra con el padre otro conflicto políticamente delicado: el de los Panamá Papers.
En la historia del Correo hay cosas fáciles de entender y otras que cuesta entender. Está claro cómo empezó todo: Franco Macri ganó una privatización ruinosa. Se comprometió a pagar un canon impagable. Yabrán se había llevado la crema del negocio y le hacía la vida imposible con el sindicato de Correos.
Para colmo, apareció el factor Kirchner. Macri padre primero dejó de pagar el canon y después se declaró en convocatoria. Kirchner le sacó el contrato y le sacó los bienes. Macri se quedó con una empresa vacía, una cáscara. Pero su elección fue no ir a la quiebra. Seguramente negociado con el propio Kirchner.
Era a la vez deudor y acreedor del Estado. Debía el canon y le debían la indeminización por los bienes confiscados. La Justicia o Kirchner sería mejor decir mantuvieron abierta esta situación nada menos que 14 años.
Macri hijo llegó al poder y a los seis meses su Gobierno acordó una fórmula para que Macri padre saldara la deuda con el Estado. Este paso es la parte de la historia difícil de entender. No porque fuera ilegal sino porque es el tipo de arreglo que se presta a cualquier sospecha.
Mucho más cuando el Gobierno dejó un cabo suelto clave: lo que el Estado le debe a Macri padre. Esto quedó demostrado apenas un mes y medio después, en el mismo momento en que Franco Macri presentó la factura por presuntos daños y perjuicios: unos 1365 millones de pesos del 2003.
¿No lo vieron en el Gobierno? ¿Se dieron cuenta recién cuando lo denunció la fiscal kirchnerista Boquin? Este es el daño que ahora intentan reparar en la Justicia. El otro daño, el de la política, es el que salta en las encuestas que preocupan a Macri.

Y SI NO ENTIENDEN?

En Münich, Malcorra no pudo ser más explícita sobre los desafíos del Gobierno argentino. “Estamos intentando entender cuál será el planteo de políticas que tendrá la nueva administración (de EE.UU). Hay que traducir sus mensajes en decisiones políticas y queremos ver ahora hacia donde irá, por eso la importancia del acuerdo bilateral”, dijo la ministra, poniendo en blanco sobre negro lo que quiere saber el resto del planeta. Hacia dónde irá Trump. Y para entender ese nuevo mapa se volvió estratégica la visita de Estado que Macri hará a Washington en un par de meses, invitado personalmente por el presidente de EE.UU. en una charla telefónica de cinco minutos.
CLARIN DIXIT

COMPLICES DE MM

Conectividad

Aerolíneas low cost: las rutas para volar en Argentina, en un mapa

Visualice cuáles son todos los tramos de cabotaje que fueron aprobados a Alas del Sur, American Jet, Avian y Fly Bondi.

21/02/2017 - 13:12Clarin.com Mundo Estados Unidos

Donald Trump revela planes para deportar a millones de inmigrantes
Protesta en Nueva York por las nuevas medidas contra los inmigrantes en EE.UU./ Reuters
​El gobierno de Donald Trump está ampliando extensamente el universo de inmigrantes sin autorización a ser considerados como prioridad para ser deportados, para incluir a convictos de infracciones de tránsito e incluso sospechosos de delitos, de acuerdo con documentos del Departamento de Estado divulgados en las últimas horas.
Los documentos representan una redefinición radical de las prioridades en la aplicación de las leyes migratorias.
Los memorandos del Departamento de Seguridad Nacional, firmados por el secretario John Kelly, indican que el grupo prioritario a ser deportado incluye a todos los inmigrantes sin autorización en Estados Unidos que han sido acusados o hallados culpables de cualquier delito, incluso gente que no pasó de ser sospechosa. Esto podría incluir personas que han sido arrestados por robos menores, como robo de prendas, e infracciones menores de tránsito.
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Los documentos eliminan directrices mucho más limitadas establecidas por el gobierno de Barack Obama y que se enfocaban estrictamente en inmigrantes hallados culpables de delitos graves, que representaban una amenaza a la seguridad nacional o que habían cruzado la frontera recientemente.
Los memorandos de Kelly también describen planes para aplicar una antigua pero desconocida cláusula de la Ley sobre Inmigración y Nacionalidad en Estados Unidos, que permite al gobierno deportar a México a inmigrantes detenidos cruzando la frontera independientemente de su nacionalidad. Uno de los documentos dice que los inmigrantes deportados a México tendrían que esperar a que el proceso de deportación se cierre. Esto se aplicaría con la gente que se cree no volvería a cruzar la frontera de nuevo, indica el documento.
No está claro si es que Estados Unidos tiene la autoridad para obligar a México a aceptar extranjeros. Lo más probable es que esta cláusula sea cuestionada por defensores de los derechos civiles y funcionarios en México.
Históricamente, el gobierno ha podido repatriar rápidamente a mexicanos detenidos en la frontera pero abre procesos formales a inmigrantes de otros países, generalmente enviándolos de vuelta vía aérea. En algunos casos, esas deportaciones pueden tomar años ya que los inmigrantes pueden pedir asilo o pelear sus casos de deportación en corte.
Los memorandos no cambian las leyes estadounidenses de inmigración, pero hacen más estricta su aplicación.
El par de directrices no tienen efecto en el plan del presidente Barack Obama para los más de 750.000 dreamers. Este plan para jóvenes inmigrantes protegidos de la deportación sigue en pie, aunque los beneficiarios aún podrían ser deportados si es que cometen ciertos delitos o son considerados una amenaza a la seguridad pública o nacional.
Las directrices incluyen la contratación de 10.000 nuevos agentes para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y 5.000 más de la Oficina de Aduanas y Fronteras (CBP).
Donald Trump revela planes para deportar a millones de inmigrantes
El presidente Donald Trump, durante una reunión junto al secretario de Seguridad Nacional estadounidense, John Kelly. (EFE)
"Es de interés nacional de Estados Unidos prevenir a criminales y organizaciones criminales de desestabilizar la seguridad fronteriza", escribió Kelly en uno de los dos memorandos.
Desde hace un par de días venía trascendiendo en Washington que el Departamento de Seguridad Nacional preparaba instrucciones para que los agentes migratorios aceleren las deportaciones de las personas en situación irregular.
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Los documentos no incluyen la activación de la Guardia Nacional para detener inmigrantes en 11 estados, algo que aparecía en un borrador filtrado a la prensa el pasado viernes sin la firma de Kelly y que la Casa Blanca desmintió.
Donald Trump revela planes para deportar a millones de inmigrantes
Un cartel advierte sobre el cruce de migrantes en una autopista en la frontera entre EE.UU. y México. (AFP)
La guía incorpora nuevas directrices que permitirían a las autoridades aplicar un procedimiento de "deportación acelerada" a los inmigrantes "que no pueden probar que estuvieron en Estados Unidos de manera continua durante dos años antes de ser detenidos y de que se determinara su situación irregular".
Donald Trump revela planes para deportar a millones de inmigrantes
Un hombre protesta contra las medidas de Trump en el aeropuerto John F. Kennedy. (Reuters)
Hasta ahora, las agencias solo habían usado esta deportación acelerada para los inmigrantes detenidos a 100 millas (160 kilómetros) de la frontera en los 14 días siguientes de haber entrado en el país o para los que llegaron por mar y no por un puerto de entrada.
Otra de las indicaciones recomienda usar una medida poco utilizada hasta ahora que permite devolver a los solicitantes de asilo al territorio contiguo desde el que llegaron a Estados Unidos.
Esta directriz podría devolver a los solicitantes de asilo centroamericanos, que llegan a través de México, al otro lado de la frontera mientras esperan los procedimientos de asilo, en lugar de internarlos en un centro estadounidense.
La circular de Kelly ordena la creación de un sistema de videoconferencias para permitir que los individuos expulsados puedan tener sus audiencias del proceso de asilo sin tener que volver a entrar en Estados Unidos.
La guía también hace más difícil que los niños que entran en el país de manera irregular sean tratados como "menores extranjeros no acompañados".
El documento llama a acabar con los "abusos" actuales, al afirmar que, en algunos casos, estos niños "continúan recibiendo protección" como menores no acompañados incluso si tienen padres o tutores que viven de manera irregular en Estados Unidos.
Según la ley del país, un menor no acompañado es aquel que no tiene a sus padres con él o disponibles para cuidar de él en Estados Unidos.
Ahora, las nuevas directrices apuestan por procesar a los padres si se demuestra que pagaron a traficantes para acompañar a sus hijos a cruzar la frontera.
El martes, el Caucus Hispano, la agrupación de congresistas de origen latino en el Congreso estadounidense, expresó su "enfado" y "tristeza" por las redadas de los agentes de inmigración del pasado fin de semana ordenadas por el Gobierno Trump en numerosos puntos del país.
Aunque Trump ha asegurado que la acción forma parte de su promesa electoral de "capturar a los criminales, a los malos criminales, con historial de abusos y problemas y echarlos", las organizaciones de defensa de los inmigrantes advierten que los indocumentados con faltas leves o sin antecedentes también se ven afectados por el aumento de las redadas de deportación.