Protesta en Nueva York por las nuevas medidas contra los inmigrantes en EE.UU./ Reuters
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El gobierno de Donald Trump está ampliando extensamente el universo de inmigrantes sin autorización a ser considerados como prioridad para ser deportados, para incluir a convictos de infracciones de tránsito e incluso sospechosos de delitos, de acuerdo con documentos del Departamento de Estado divulgados en las últimas horas.
Los documentos representan una redefinición radical de las prioridades en la aplicación de las leyes migratorias.
Los memorandos del Departamento de Seguridad Nacional, firmados por el secretario John Kelly, indican que el grupo prioritario a ser deportado incluye a todos los inmigrantes sin autorización en Estados Unidos que han sido acusados o hallados culpables de cualquier delito, incluso gente que no pasó de ser sospechosa. Esto podría incluir personas que han sido arrestados por robos menores, como robo de prendas, e infracciones menores de tránsito.
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Los documentos eliminan directrices mucho más limitadas establecidas por el gobierno de Barack Obama y que se enfocaban estrictamente en inmigrantes hallados culpables de delitos graves, que representaban una amenaza a la seguridad nacional o que habían cruzado la frontera recientemente.
Los memorandos de Kelly también describen planes para aplicar una antigua pero desconocida cláusula de la Ley sobre Inmigración y Nacionalidad en Estados Unidos, que permite al gobierno deportar a México a inmigrantes detenidos cruzando la frontera independientemente de su nacionalidad. Uno de los documentos dice que los inmigrantes deportados a México tendrían que esperar a que el proceso de deportación se cierre. Esto se aplicaría con la gente que se cree no volvería a cruzar la frontera de nuevo, indica el documento.
No está claro si es que Estados Unidos tiene la autoridad para obligar a México a aceptar extranjeros. Lo más probable es que esta cláusula sea cuestionada por defensores de los derechos civiles y funcionarios en México.
Históricamente, el gobierno ha podido repatriar rápidamente a mexicanos detenidos en la frontera pero abre procesos formales a inmigrantes de otros países, generalmente enviándolos de vuelta vía aérea. En algunos casos, esas deportaciones pueden tomar años ya que los inmigrantes pueden pedir asilo o pelear sus casos de deportación en corte.
Los memorandos no cambian las leyes estadounidenses de inmigración, pero hacen más estricta su aplicación.
El par de directrices no tienen efecto en el plan del presidente Barack Obama para los más de 750.000 dreamers. Este plan para jóvenes inmigrantes protegidos de la deportación sigue en pie, aunque los beneficiarios aún podrían ser deportados si es que cometen ciertos delitos o son considerados una amenaza a la seguridad pública o nacional.
Las directrices incluyen la contratación de 10.000 nuevos agentes para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y 5.000 más de la Oficina de Aduanas y Fronteras (CBP).
El presidente Donald Trump, durante una reunión junto al secretario de Seguridad Nacional estadounidense, John Kelly. (EFE)
"Es de interés nacional de Estados Unidos prevenir a criminales y organizaciones criminales de desestabilizar la seguridad fronteriza", escribió Kelly en uno de los dos memorandos.
Desde hace un par de días venía trascendiendo en Washington que el Departamento de Seguridad Nacional preparaba instrucciones para que los agentes migratorios aceleren las deportaciones de las personas en situación irregular.
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Los documentos no incluyen la activación de la Guardia Nacional para detener inmigrantes en 11 estados, algo que aparecía en un borrador filtrado a la prensa el pasado viernes sin la firma de Kelly y que la Casa Blanca desmintió.
Un cartel advierte sobre el cruce de migrantes en una autopista en la frontera entre EE.UU. y México. (AFP)
La guía incorpora nuevas directrices que permitirían a las autoridades aplicar un procedimiento de "deportación acelerada" a los inmigrantes "que no pueden probar que estuvieron en Estados Unidos de manera continua durante dos años antes de ser detenidos y de que se determinara su situación irregular".
Un hombre protesta contra las medidas de Trump en el aeropuerto John F. Kennedy. (Reuters)
Hasta ahora, las agencias solo habían usado esta deportación acelerada para los inmigrantes detenidos a 100 millas (160 kilómetros) de la frontera en los 14 días siguientes de haber entrado en el país o para los que llegaron por mar y no por un puerto de entrada.
Otra de las indicaciones recomienda usar una medida poco utilizada hasta ahora que permite devolver a los solicitantes de asilo al territorio contiguo desde el que llegaron a Estados Unidos.
Esta directriz podría devolver a los solicitantes de asilo centroamericanos, que llegan a través de México, al otro lado de la frontera mientras esperan los procedimientos de asilo, en lugar de internarlos en un centro estadounidense.
La circular de Kelly ordena la creación de un sistema de videoconferencias para permitir que los individuos expulsados puedan tener sus audiencias del proceso de asilo sin tener que volver a entrar en Estados Unidos.
La guía también hace más difícil que los niños que entran en el país de manera irregular sean tratados como "menores extranjeros no acompañados".
El documento llama a acabar con los "abusos" actuales, al afirmar que, en algunos casos, estos niños "continúan recibiendo protección" como menores no acompañados incluso si tienen padres o tutores que viven de manera irregular en Estados Unidos.
Según la ley del país, un menor no acompañado es aquel que no tiene a sus padres con él o disponibles para cuidar de él en Estados Unidos.
Ahora, las nuevas directrices apuestan por procesar a los padres si se demuestra que pagaron a traficantes para acompañar a sus hijos a cruzar la frontera.
El martes, el Caucus Hispano, la agrupación de congresistas de origen latino en el Congreso estadounidense, expresó su "enfado" y "tristeza" por las redadas de los agentes de inmigración del pasado fin de semana ordenadas por el Gobierno Trump en numerosos puntos del país.
Aunque Trump ha asegurado que la acción forma parte de su promesa electoral de "capturar a los criminales, a los malos criminales, con historial de abusos y problemas y echarlos", las organizaciones de defensa de los inmigrantes advierten que los indocumentados con faltas leves o sin antecedentes también se ven afectados por el aumento de las redadas de deportación.
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