El ex miembro de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, participó de un encuentro organizado por La Cámpora de Derecho.
A tod@s aquell@s que sostengan la memoria, la identidad y la resistencia como herramienta histórica de nuestro Pueblo.
jueves, 27 de octubre de 2016
POR PRIMERA VEZ NI SIQUIERA EE.UU. VOTO EN CONTRA DEL EMBARGO EN LA ASAMBLEA DE LA ONU Cuba ganó la última batalla contra el bloqueo
En una decisión histórica, Estados Unidos se abstuvo ayer de votar contra una resolución de Naciones Unidas que condena su propio bloqueo a Cuba. Entrampado en el descrédito de esa medida unilateral que ya superó los 54 años, el gobierno de Obama cambió su postura. Por primera vez, la isla no recibió un solo voto negativo a la declaración que viene presentando hace un cuarto de siglo en la ONU. Israel, el único apoyo que tuvo EE.UU. en 2015, también se inclinó por la abstención. De esa forma, hubo 191 países que volvieron a rechazar el embargo comercial sin oposición alguna. Cuando la representante estadounidense, Samantha Power, anunció que se abstendría de ir contra la resolución cubana, recogió un aplauso cerrado en el recinto. Una señal de que corren otros tiempos en las relaciones diplomáticas, aunque todavía queda mucho camino por recorrer hacia la normalización definitiva. Por lo pronto, el bloqueo continúa. Es una prerrogativa del Congreso de Estados Unidos levantarlo.
“La resolución es un ejemplo de que la política de aislamiento no funciona, porque en lugar de aislar a Cuba, aísla a Estados Unidos”, señaló Power. Ese reconocimiento formal y ante la ONU de que la política de su propio país estaba en vía muerta puede entenderse como un nuevo impulso para las negociaciones bilaterales, tan complejas como lentas en su instrumentación. “El voto en abstención anunciado constituye un paso de avance en el futuro de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos”, declaró Bruno Rodríguez Parrilla, el canciller de la isla.
Los medios en ambos países destacaron el giro de EE.UU. al votar en Naciones Unidas contra la aplicación de sus propias leyes a Cuba. Algunas son tan viejas que llevan casi un siglo de vigencia.
La más antigua es la llamada Trading with the Enemy Act, que significa Ley de Comercio e Intercambio con el Enemigo. Es de 1917 y se acerca a cumplir cien años. Tiene una peculiaridad. El único país del mundo afectado por su alcance es Cuba. Ni siquiera se aplica a Corea del Norte, la última nación con la que compartía ese status insólito hasta 2008. Obama la ha ratificado año tras año porque se le delega al presidente su extensión en el tiempo. Otras normas provienen de la época de la Guerra Fría y las más nuevas de la década del 90, como las llamadas Ley Torricelli de 1992 y Helms-Burton de 1996. Desmontarlas es una atribución del Congreso, que domina el Partido Republicano.
Contra ese entramado legislativo, Cuba viene presentando en Naciones Unidas su resolución. Son veinticinco años consecutivos desde que en 1992, 59 países votaron a su favor y apenas tres en contra. Por entonces, las abstenciones eran muchas (71) y las ausencias otro tanto (45). En constante progreso, los gobiernos de Fidel y Raúl Castro fueron sumando respaldos a su presentación en la ONU. En 2015 ya no hubo abstenciones ni ausencias y sólo dos votos contrarios e inseparables a la posición cubana, los de EE.UU. e Israel. Con el resultado de ayer, queda muy claro que Obama le envió una señal al Congreso para que ponga en marcha el desmantelamiento del bloqueo. Pero el dato insoslayable es que el presidente se está retirando de la Casa Blanca. Las elecciones son en poco menos de dos semanas.
Cuando apenas pasado el mediodía ya se conocía el voto norteamericano –anticipado por Power antes de ingresar al recinto– restaban conocer los argumentos de ese viraje diplomático. “Hace más de 50 años Estados Unidos ha mantenido una política para aislar a Cuba, la mitad del tiempo de ese tiempo, en Naciones Unidas se ha votado en contra de esa política. Hoy Estados Unidos se abstiene”, dijo al empezar su discurso la representante de EE.UU.
Pero también aclaró que la abstención no significaba que su país compartiera el contenido de la resolución que presentó el gobierno de La Habana: “No apoyamos los motivos que señala Cuba, pues las medidas estadounidenses se adscriben al derecho internacional. Con el presidente Obama hemos adoptado una estrategia nueva, en lugar de aislar hemos optado por iniciar un camino de diálogo porque reconocemos que el futuro de la isla está en las manos de los cubanos”.
El tramo autocrítico de su intervención llegó cuando comparó las políticas de derechos humanos de los dos países. Volvió a cuestionar a Cuba aunque admitió que “en la historia de Estados Unidos, por la que tenemos tantos motivos para enorgullecernos, hay también pasajes en los que se han violado los derechos humanos y que requieren una revisión”.
Con todo, Power dejó un mensaje conciliador, como cuando recordó la cooperación humanitaria con Cuba en casos puntuales. Y mencionó el caso del médico internacionalista cubano Feliz Báez Sarria, quien contrajo el virus del ébola mientras ayudaba en África a tratar la pandemia en 2014.
El cambio de la política estadounidense hacia Cuba consagrado ayer en Naciones Unidas implica el reconocimiento de un error que se prolongó 54 años. A la isla le ha costado 753.688 millones de dólares en pérdidas, estimados a valor oro, según sus propias cuentas. Pero a su vez, al admitirlo, Estados Unidos convive con una contradicción. El persistente bloqueo podría ser considerado un acto de guerra económica y no porque lo denuncien sólo los cubanos. Lo sostiene la Convención de Ginebra de 1948 para la Prevención y la Sanción del delito de genocidio de acuerdo con lo previsto en la Declaración relativa al Derecho de la Guerra Marítima que adoptó la Conferencia Naval de Londres de 1909.
gveiga12@gmail.com
EL PAIS › LA CGT Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES ACORDARON UNA MOVILIZACION CONJUNTA EL 18 DE NOVIEMBRE Con la decisión de salir a la calle La manifestación será en reclamo de la declaración de la emergencia social y el cese de los despidos. Las organizaciones sociales barajan marchar desde Liniers. Resta definir si irán a Plaza de Mayo o al Congreso.
Los movimientos sociales estuvieron ayer en la CGT y allí acordaron con los sindicalistas movilizarse.Imagen: DyN.
El proceso de unidad encarado por la CGT y el bloque de movimientos sociales que marchó a Plaza de Mayo el día de San Cayetano tendrá su primera expresión en la calle: ambos sectores definieron una movilización en conjunto para el 18 de noviembre con la emergencia social y el cese de los despidos como reclamos centrales. La medida de fuerza terminó de consensuarse ayer, durante un encuentro entre buena de parte del consejo directivo de la CGT, encabezado por Juan Carlos Schmid, y referentes de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa (CCC). Tras el encuentro, los dirigentes advirtieron que la vuelta a las calles no implica “abandonar ninguna mesa de diálogo” con el Gobierno, aunque se propone dejar en claro que el bono de fin de año anunciado es apenas “un paliativo” para el bolsillo de los trabajadores –formales e informales– y que la agenda común de reclamos es mucho más amplia.
En el caso de la CGT, será la primera movilización desde abril, cuando las por entonces tres fracciones en proceso de unidad movilizaron junto a las dos CTA previo a la anulación, por decreto, de la ley de emergencia laboral, que prohibía los despidos durante 120 días. Precisamente ese es el reclamo que, mientras participa de la mesa de diálogo con empresarios y el Gobierno, la central decidió recuperar. “La CGT va a volver a insistir con el tema del empleo, de los despidos”, precisó ayer Schmid tras la reunión. Y dejó en claro que el bono acordado es “apenas un puente, un parche para llegar a fin de año”.
La decisión de volver a las calles terminará de cerrarse hoy, cuando el Consejo Directivo de la CGT sesione en pleno. Resta definir aún si la movilización será a Plaza de Mayo o a Congreso. La organizaciones barajan la posibilidad de marchar desde Liniers, tal como lo hicieron el 7 de agosto. Es seguro que habrá un acto central, con oradores de las organizaciones y de los sindicatos. Si bien la medida no implica romper el diálogo con el Ejecutivo, desde las organizaciones resaltaron a este diario que “no hay ninguna medida” que pueda tomar el Gobierno en los próximos días que pueda desalentarla, tal como pasó con el anunciado paro de la CGT.
El planteo fundamental de la CTEP, la CCC y Barrios de Pie es la sanción del proyecto de ley que declara la emergencia social y establece un salario universal complementario “para que trabajadores de la economía popular puedan alcanzar el salario mínimo, vital y móvil”. Ayer, diputados de todos los bloques de la oposición respaldaron la iniciativa en un acto en el Congreso (ver aparte). Desde la CTEP dicen tener los números suficientes para su aprobación en ambas Cámaras, pese a que hasta ahora los legisladores del oficialismo lo tratan con indiferencia. La semana que viene sesionará la comisión de Trabajo del Senado, donde podría obtener dictamen favorable y quedar a tiro de entrar al recinto. La reunión de ayer sirvió para sellar la presencia del propio Schmid durante la sesión, para transmitir el apoyo de la CGT a la iniciativa.
“Ayer hubo un nuevo reconocimiento por parte del Consejo Directivo de la CGT a la agenda de los movimientos sociales y los trabajadores informales, producto de un proceso de construcción de unidad en el movimiento obrero”, describió a este diario el dirigente de la CTEP y del Movimiento Evita, Gildo Onorato. A la agenda de la emergencia social, dijo, le seguirá el año que viene “la discusión sobre el modelo de país”.
En paralelo a la negociación de la CGT con el Gobierno, el bloque tienen su propia ventanilla con la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, cuyo interlocutor principal dentro el bloque piquetero es el Movimiento Evita. La última reunión fue la semana pasada. De allí se fueron con la promesa de que Stanley “reverá” la decisión de otorgar el bono de mil pesos por familia con beneficiarios de AUH y no por cada uno de los menores beneficiados. “Venimos de un muy mal año, el Gobierno debería dejar el marketing y dar soluciones”, resumió en diálogo con este diario el dirigente de Barrios de Pie, Daniel Menéndez.
Informe: Matias Ferrari.
› LUEGO DEL FRACASO DE LA REFORMA DEL MINISTERIO PUBLICO, EN CAMBIEMOS IMAGINAN COMO DESPLAZAR A GILS CARBO La echan en cuanto encuentren un motivo
Por Irina Hauser
Después del fracaso en el intento de aprobar una ley de reforma del Ministerio Público para desplazar a la procuradora Alejandra Gils Carbó y generar mecanismos de injerencia política en el organismo, el oficialismo dijo que insistirá con su objetivo y presentó de manera peculiar las alternativas que analiza. “Gils Carbó es incompatible con Cambiemos, pero tampoco la vamos tirar por la ventana”, sostuvo con desparpajo el diputado Pablo Tonelli (PRO), titular de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados para minimizar expectativas de llevarla a juicio político, como pide Elisa Carrió. Por su lado, el presidente de la Comisión de Legislación General, el oficialista Daniel Lipovetsky, afirmó que “siempre es una posibilidad la del juicio político”. Pero sorprendió el remate de su frase: “… si encontramos las causales”. El ministro de Justicia, Germán Garavano, le dijo a Página/12 que tiene expectativa de que se logre un consenso sobre “un proyecto de reforma que acote el mandato del procurador”. “El juicio político es una facultad del Congreso, a nosotros no nos cabe ningún rol en eso”, agregó.
En el Gobierno, presentan el planteo de una posible destitución como un tema que corre por cuenta de su socia política, Carrió. A juzgar por las palabras de Lipovetzky, es una alternativa en el horizonte, sólo que no sabría precisar por qué razones pedirían echarla. Tonelli alentó expectativas de lograr un consenso sobre el proyecto de reforma: “Seguimos intentando avanzar”. Precisó que el proyecto será revisado y que hay voluntad de modificarlo en lo que respecta a las amplias facultades que la versión original pretende darle a la Comisión Bicameral sobre la estructura de la depende los fiscales.
El PRO estaría dispuesto a resignar el poder pretendido sobre la aprobación de designaciones y el diseño de la política criminal del Ministerio Público Fiscal. Tendría sólo facultades de control y notificación, excepto en lo que atañe al traslado de fiscales a jurisdicciones distintas a aquellas en las que fueron designados/as, para lo cual se requeriría su respaldo. Debería validar los traslados de los últimos cinco años en adelante. Ese punto, como informó este diario, pone en riesgo -por ejemplo- la continuidad de los juicios de lesa humanidad, ya que numerosos fiscales han sido asignados y distribuidos por las provincias para poder sostener la realización de los juicios en los lugares donde los crímenes fueron cometidos. El macrismo, en cambio, alega que Gils Carbó usó los cambios de destino de algunos fiscales para designarlos en procuradurías.
Carrió sugiere que con sólo hacer una recopilación de las denuncias penales que ella presentó contra la procuradora tendría los principales cargos para hacer juicio político. Una de las paradojas es que la diputada denunció a la procuradora, entre otras cosas, por habilitar la intervención de la Procelac (la procuraduría antilavado) en la causa por lavado de dinero contra Lázaro Báez, cuando el proyecto de reforma (en su versión original) impulsado por Cambiemos y el massismo le da al procurador/a la facultad de reasignar causas en trámite de acuerdo a su parecer y hacia la procuraduría que considere apropiada. Como es obvio, el oficialismo razona que tendrá su propio titular de la Procuración. La comisión de Juicio Político que preside el macrista Alvaro González, podría tener los votos para producir una acusación, pero no alcanzarían para la destitución en una votación en el recinto. Algunos temas que circulan como posibles razones para el juicio serían una supuesta persecución al fiscal José María Campagnoli a quien se llevó a jury, una denuncia de presuntas irregularidades en la compra de un inmueble y otra de supuesto acceso a las bases de información de los fiscales.
“Nosotros creemos que lo importante es reformar la ley de Ministerio Público Fiscal para poder implementar la reforma procesal penal y para fijarle un mandato al procurador que no sea vitalicio”, dijo Garavano. “Para hacer una reforma procesal penal se necesita un Ministerio Público con un liderazgo que lleve adelante este proceso que genera resistencias en la propia organización. Una procuradora cuestionada por sus propios fiscales y la asociaciones gremiales no genera ese liderazgo para una transformación de esas características”, señaló. En cuanto al juicio político dijo que es “una facultad del Congreso, que la deberá evaluar” y que al Ministerio de Justicia “no le cabe ningún rol”.
Esta semana, todas las voces disidentes que se escucharon, incluso de muchos fiscales que atacaban al gobierno anterior, estuvieron dirigidas contra el proyecto de reforma, no contra Gils Carbó. Fue tan grande la avalancha y tan amplia la mezcla de voces que dijeron que el proyecto era inconstitucional, reforzada por la discrepancia abrupta de Elisa Carrió, que resultó imposible que la iniciativa prosperara.
EL PAIS Vidal dice que no tiene plata
La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, insistió ayer en que la provincia de Buenos Aires “sigue estando quebrada” y no “hay más cuero” para pagar el bono de fin de año con un piso de 2.000 pesos para los trabajadores, acordado por el Gobierno nacional, la CGT y los empresarios. “La discusión no es si queremos (dar un bono) o no, el tema es si podemos o no. La provincia sigue estando quebrada. No hay más cuero para eso. Si nosotros lo damos, también tendrían que hacerlo los intendentes y la mayor parte de los municipios también está quebrado”, afirmó Vidal. A su vez, el ministro de Economía bonaerense, Hernán Lacunza, agregó que “un bono de mil pesos para 600.000 trabajadores son 600 millones de pesos”. “Hay necesidades insatisfechas entre los habitantes. Los recursos siguen sin alcanzar y tenemos déficit”, advirtió. “Si ahondamos el déficit, lo pagarán los contribuyentes”. “Es endeudarnos o subir impuestos”, remató.
› LA JUSTICIA AVALO EL INCREMENTO A 7,50 PESOS QUE ESTABLECIO EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Vía libre al aumento del boleto de subte
Por Werner Pertot
El lunes próximo el viaje en subte aumentará a 7,50 pesos. Se trata del tercer aumento dispuesto por el macrismo desde que recibió el subte en 2012. El incremento de la tarifa es superior a 700 por ciento en cuatro años. La decisión de incrementar el boleto de subte se tomó junto con los aumentos de colectivos y trenes de este año, pero estuvo frenada por una cautelar. Ayer, en un fallo dividido, la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo anuló la disposición de primera instancia. Pocas horas después, la empresa estatal Sbase anunciaba la suba. En el Gobierno porteño ya admitieron que prevén otro aumento en 2017. Según cálculos de la oposición, el pasaje llegará a 10 pesos.
La disputa judicial por el aumento del subte comenzó con una discrepancia que existe desde hace años entre el Gobierno de la Ciudad y la Auditoría General de la Ciudad sobre cuál es la tarifa técnica del subte (se trata de la tarifa sin subsidios, sobre la que se calculan los aumentos). Para este último aumento, Sbase fijó la tarifa en 13,37 pesos, mientras que la Auditoría objetó ese número por considerarlo “inflado” con costos que no correspondía incluir, como la depreciación de material rodante y los gastos de mantenimiento e infraestructura. Sin esos costos, la tarifa técnica se reduce un 20,8 por ciento y el aumento hubiera sido de 6 pesos, una tarifa más cercana a la de los colectivos.
El Gobierno porteño no tomó en cuenta el informe de la Auditoría y, por eso, el auditor de la Coalición Cívica Facundo del Gaiso presentó un amparo para frenar el aumento. También se presentaron una serie de legisladores –como Patricio del Corro y Marcelo Ramal, del FIT– y el dirigente del MST Alejandro Bodart. El 26 de julio, la jueza Elena Liberatori otorgó una cautelar y frenó el aumento. Entre otros argumentos, la magistrada indicó que se había utilizado un dato desactualizado de la cantidad de pasajeros (la tarifa técnica se obtiene de dividir los costos por la cantidad de viajeros) y que hacía caso omiso a la Auditoría y al Ente Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad.
Ayer los camaristas Esteban Centanaro y Gabriela Seijas anularon ese fallo, con el voto en disidencia de Hugo Zuleta. El argumento de Centanaro fue notable: “La complejidad técnica que conlleva la modificación tarifaria, sumado al estrecho marco cognitivo de estos actuados, no permiten afirmar que las tarifas aprobadas por la resoluciones impugnadas sean prima facie ilegítimas, irrazonables o bien ostenten irregularidades tales como las deducidas por los actores”, afirmó el camarista, cercano al PRO. Seijas, por su parte, liquidó el tema en tres líneas: no consideró que el amparo sea la vía adecuada.
Lunes negro
Con el fallo a favor, Sbase y la empresa Metrovías no tardaron en anunciar mediante un comunicado conjunto que el subte subirá el próximo lunes 31 de octubre. Se ocuparon de aclarar que continuarán “todos los descuentos para pasajeros frecuentes” (de 1 a 20 viajes, se pagará 7,50 pesos; entre 21 y 30, 6 pesos; de 31 a 40 viajes, 5,25 pesos; y de 41 viajes en adelante, 4,50 pesos). La tarifa social será de 4 pesos y viajar en el premetro costará 2,50.
Jubilados, pensionados, personas con discapacidad, y estudiantes primarios y secundarios que apliquen al boleto estudiantil viajarán gratis.
En el comunicado, argumentaron que “la tarifa que permanecía intacta desde hacía más de dos años”. “Los ingresos adicionales se destinarán a inversiones en la red y permitirá reducir los subsidios pagados al operador”, aseguraron, pese a que la semana pasada el ministro de Desarrollo Urbano, Franco Moccia, confirmó a los legisladores porteños que no se iniciarán las obras de la línea F, que originalmente debían comenzar este año. En el comunicado, indicaron que se avanzará, en cambio, con “la incorporación de nuevos coches y la modernización de los sistemas de señales, se mejorará la operatividad y la frecuencia del servicio, y se incrementará el número de coches con aire acondicionado”. El comunicado de Sbase no hizo alusión a futuros aumentos, aunque en su paso por la Legislatura el ministro de Desarrollo Urbano fue claro: “Nuestro plan es seguir recuperando en términos reales lo que se perdió en este período. Por eso, va a pagar más el que lo usa y menos todos los vecinos”, dijo.
Un vagón de críticas
“La realidad es que la Justicia, después de tres meses, no resolvió la cuestión de fondo. Seguimos sin saber si la tarifa es la correcta o no”, advirtió el auditor Del Gaiso. “La Cámara plantea que la vía del amparo no es la adecuada, que tiene que hacerse por un juicio ordinario. Pero va a tener que determinarse en una cuestión de fondo si está bien calculada la tarifa técnica, porque si no todos los años vamos a tener el mismo problema. Desde Sbase ponen 250 millones de pasajeros pagantes, cuando ya dijeron que este año hay 270 millones de pasajeros pagantes. Tienen que disminuir la tarifa técnica. No está resuelto”, remarcó. “Cada vez que Sbase presente la tarifa, desde la Auditoría vamos a tener que salir a decir que está mal calculada”, advirtió.
Del Gaiso indicó que está analizando qué pasos seguir.
Por su parte, la presidenta de la Auditoría porteña, Cecilia Segura, indicó que “Larreta piensa en un subte caro que excluye pasajeros. Para realizar un fuerte tarifazo en el subte utilizan información incorrecta con el objetivo de hacer ver como gradual e inevitable un aumento desmedido de la tarifa”.
En tanto, el legislador de Nuevo Encuentro José Cruz Campagnoli advirtió: “Cambiemos ya tiene el aval de la Justicia para aplicar el tarifazo en el subte, que costará 7,50 pesos. Ahora, su próximo paso es llevar el boleto a 10 pesos para el año que viene”. “El plan de ajuste que impulsa esta gestión plantea una Ciudad sólo para quienes puedan pagarla. Con este aumento y el que tienen pensado para 2017, muchos porteños deberán dejar de usar el subte porque no podrán pagarlo”, remarcó.
El diputado del FIT Patricio del Corro anunció que apelará ante el Tribunal Superior porteño “el fallo de la Justicia macrista”. “Los jueces militantes de Cambiemos le han regalado al PRO un nuevo tarifazo en la ciudad sin responder a ninguno de los argumentos presentados en el amparo que presentamos, simplemente porque los números no cierran”, destacó. “Los dos jueces que votaron por el tarifazo ni siquiera se preocuparon por dar sus razones”, apuntó.
Bodart también anunció que va a apelar. Indicó que se trata de una “sentencia dividida e infundada de la Cámara, que no responde ninguno de nuestros argumentos sobre los costos inflados ni el destino incierto de los subsidios millonarios a la concesionaria del servicio”.
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