Por Irina Hauser
Después del fracaso en el intento de aprobar una ley de reforma del Ministerio Público para desplazar a la procuradora Alejandra Gils Carbó y generar mecanismos de injerencia política en el organismo, el oficialismo dijo que insistirá con su objetivo y presentó de manera peculiar las alternativas que analiza. “Gils Carbó es incompatible con Cambiemos, pero tampoco la vamos tirar por la ventana”, sostuvo con desparpajo el diputado Pablo Tonelli (PRO), titular de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados para minimizar expectativas de llevarla a juicio político, como pide Elisa Carrió. Por su lado, el presidente de la Comisión de Legislación General, el oficialista Daniel Lipovetsky, afirmó que “siempre es una posibilidad la del juicio político”. Pero sorprendió el remate de su frase: “… si encontramos las causales”. El ministro de Justicia, Germán Garavano, le dijo a Página/12 que tiene expectativa de que se logre un consenso sobre “un proyecto de reforma que acote el mandato del procurador”. “El juicio político es una facultad del Congreso, a nosotros no nos cabe ningún rol en eso”, agregó.
En el Gobierno, presentan el planteo de una posible destitución como un tema que corre por cuenta de su socia política, Carrió. A juzgar por las palabras de Lipovetzky, es una alternativa en el horizonte, sólo que no sabría precisar por qué razones pedirían echarla. Tonelli alentó expectativas de lograr un consenso sobre el proyecto de reforma: “Seguimos intentando avanzar”. Precisó que el proyecto será revisado y que hay voluntad de modificarlo en lo que respecta a las amplias facultades que la versión original pretende darle a la Comisión Bicameral sobre la estructura de la depende los fiscales.
El PRO estaría dispuesto a resignar el poder pretendido sobre la aprobación de designaciones y el diseño de la política criminal del Ministerio Público Fiscal. Tendría sólo facultades de control y notificación, excepto en lo que atañe al traslado de fiscales a jurisdicciones distintas a aquellas en las que fueron designados/as, para lo cual se requeriría su respaldo. Debería validar los traslados de los últimos cinco años en adelante. Ese punto, como informó este diario, pone en riesgo -por ejemplo- la continuidad de los juicios de lesa humanidad, ya que numerosos fiscales han sido asignados y distribuidos por las provincias para poder sostener la realización de los juicios en los lugares donde los crímenes fueron cometidos. El macrismo, en cambio, alega que Gils Carbó usó los cambios de destino de algunos fiscales para designarlos en procuradurías.
Carrió sugiere que con sólo hacer una recopilación de las denuncias penales que ella presentó contra la procuradora tendría los principales cargos para hacer juicio político. Una de las paradojas es que la diputada denunció a la procuradora, entre otras cosas, por habilitar la intervención de la Procelac (la procuraduría antilavado) en la causa por lavado de dinero contra Lázaro Báez, cuando el proyecto de reforma (en su versión original) impulsado por Cambiemos y el massismo le da al procurador/a la facultad de reasignar causas en trámite de acuerdo a su parecer y hacia la procuraduría que considere apropiada. Como es obvio, el oficialismo razona que tendrá su propio titular de la Procuración. La comisión de Juicio Político que preside el macrista Alvaro González, podría tener los votos para producir una acusación, pero no alcanzarían para la destitución en una votación en el recinto. Algunos temas que circulan como posibles razones para el juicio serían una supuesta persecución al fiscal José María Campagnoli a quien se llevó a jury, una denuncia de presuntas irregularidades en la compra de un inmueble y otra de supuesto acceso a las bases de información de los fiscales.
“Nosotros creemos que lo importante es reformar la ley de Ministerio Público Fiscal para poder implementar la reforma procesal penal y para fijarle un mandato al procurador que no sea vitalicio”, dijo Garavano. “Para hacer una reforma procesal penal se necesita un Ministerio Público con un liderazgo que lleve adelante este proceso que genera resistencias en la propia organización. Una procuradora cuestionada por sus propios fiscales y la asociaciones gremiales no genera ese liderazgo para una transformación de esas características”, señaló. En cuanto al juicio político dijo que es “una facultad del Congreso, que la deberá evaluar” y que al Ministerio de Justicia “no le cabe ningún rol”.
Esta semana, todas las voces disidentes que se escucharon, incluso de muchos fiscales que atacaban al gobierno anterior, estuvieron dirigidas contra el proyecto de reforma, no contra Gils Carbó. Fue tan grande la avalancha y tan amplia la mezcla de voces que dijeron que el proyecto era inconstitucional, reforzada por la discrepancia abrupta de Elisa Carrió, que resultó imposible que la iniciativa prosperara.
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