Perón asume la presidencia 12 de octubre de 1973

DEL ’45 AL #NIUNAMENOS, LA EXCEPCIONALIDAD ARGENTINA EN LA PLAZA Otra vez

Por Horacio Verbitsky

El miércoles pasado las mujeres argentinas ocuparon el centro de la escena con el primer paro nacional y una concentración masiva pese al clima horrendo, dando inicio a un nuevo fenómeno, de proyección internacional. Para encontrar antecedentes hay que remontarse a episodios decisivos de la historia: hasta la década de 1940, con las patas de los obreros industriales en las fuentes del poder o a la de 1970, a partir de la cual los organismos defensores de los derechos humanos fueron un condicionante insoslayable. Esto afectó los modos de funcionamiento del sistema de representación, porque en primer lugar puso en evidencia la crisis profunda que lo desvencijaba: en la década de 1930, el fraude como forma de administración de la depresión económica mundial que afectó la dominación de la oligarquía tradicional; a partir de 1955 los golpes de estado a repetición y desde 1976 la feroz dictadura inspirada por empresarios civiles, ejecutada por militares y encubierta por eclesiásticos que santificaron el baño de sangre con la doctrina teológica de la guerra justa y la redención. La revolución de las mujeres puede tener consecuencias tan hondas y durables como las que se iniciaron hace 71 años, el 17 de octubre de 1945, y fertilizarán todo el suelo político, como ocurrió con la resistencia pacífica de los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado. Otra vez se manifiesta así el desconcertante excepcionalismo argentino.

El prodigio en contexto

La eclosión del miércoles no es de generación espontánea. Los asesinatos de mujeres han sido el detonante, pero no es posible comprender la magnitud del prodigio sin repasar las etapas de su lenta incubación, el contexto general que lo contiene y los aspectos cuantificables de la discriminación que subordina a las mujeres y tiene su expresión extrema en el femicidio. La columna vertebral es el Encuentro Nacional de Mujeres, que se irguió por primera vez en 1986 y que rota cada año por distintas provincias. Tres veces sesionó en Rosario y Mar del Plata; dos en Bariloche, Capital Federal, Córdoba, Jujuy, Mendoza, Neuquén, Salta, San Juan y Tucumán; una en Corrientes, La Plata, Paraná, Posadas, Resistencia, y Termas de Río Hondo (Santiago del Estero). El año próximo volverá a Resistencia. Según las organizadoras, la asistencia creció en forma progresiva hasta 2007 (de 1.000 a 15.000) y a saltos desde entonces: 20.000 en 2009, 35.000 en 2014, 65.000 en 2015 y 70.000 este año. Los tres encuentros rosarinos fueron de especial importancia: en el de 1989 agregaron a la agenda tradicional de género el repudio por el indulto a los condenados y procesados por crímenes de lesa humanidad que había dispuesto el entonces presidente Carlos Menem; en el de 2003 surgió la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que desde entonces es uno de los ejes principales; este año la masividad superó todo lo conocido, al punto que duplicó el máximo número de manifestantes que algún 24 de marzo marcharon hacia el Monumento a la Bandera.

La primera protesta masiva contra el femicidio ocurrió el 3 de junio del año pasado frente al Congreso Nacional, que visibilizó la existencia del problema, la propuesta de solución y el surgimiento de un colectivo potente que tomó la palabra sin timidez. Fue convocado por Facebook con la consigna Ni una menos, que había nacido durante una maratón de lectura realizada en el Museo de la Lengua, que dirigía María Pía López, el 26 de marzo de 2015. Ese grupo, se unió con otro más pequeño pero de periodistas, nucleadas por Twitter, para convocar el 3 de junio a la Plaza Congreso. Este año, sólo el primero planteó repetir la movilización el 3 de junio, se identificó como colectivo Ni Una Menos (NUM) y durante el Encuentro Nacional de Rosario propuso en asamblea abierta crear una Red Federal. “Desde el primer 3 de junio las mujeres somos consideradas el actor político inesperado. Ni Una Menos es producto de los años de Encuentros Nacionales. Propusimos y reclamamos medidas concretas, buscamos extender los círculos de incidencia, recuperamos el goce de la lengua política –habla popular, cotidiana, de vecinas en la vereda, cotilleo– para volver a decir y que esa escucha no fuera sólo de las ya convencidas, sino que conmoviera a otras nuevas. Por eso hubo 400 mil personas en la calle ese día”, dice una de las participantes en la organización. El jueves 13 a las 14, ante la represión con armas de fuego a la marcha de cierre del Encuentro (las heridas en el rostro y la cabeza de dos fotógrafos muestra a qué altura disparaba la policía provincial) y el inmediato femicidio de Lucía Pérez en Mar del Plata, NUM convocó a una asamblea abierta que se realizó apenas cinco horas después en el patio de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, con más de 300 mujeres de 50 organizaciones y autoconvocadas. Allí se declaró el primer Paro Nacional de Mujeres. Una de las oradoras sostuvo que esto le quitaba la idea del paro “a los cinco tipos que están negociando todo el tiempo con el gobierno”, en cumplimiento del pedido de la Iglesia Católica de agotar todas las instancias antes de llegar a un paro. Parte del debate puede verse aquí:

https://www.facebook.com/comunicacion.emergente/videos/660333670796842/. “El primer paro general a Macri se lo hicimos las mujeres”, dice la integrante. La CGT y la CTA percibieron la novedad e invitaron a las organizadoras a reunirse. El muro virtual de las mujeres ilustró una nota sobre el tema con la foto del denominado “Diálogo para la Producción y el Trabajo”, y la leyenda: “La única mujer es la ministra de Desarrollo Social”. Allí los cegetistas firmaron con patrones y funcionarios una edulcorada declaración según la cual “el proceso de ordenamiento de la economía nacional ha generado un contexto favorable para profundizar el fomento de creación de empleo”. Nada menos. En una notable argucia retórica se fijó un piso de 2000 pesos para un bono de fin de año que las empresas podrán dar si lo desean, ya que como aclaró el jefe de gabinete Marcos Peña Braun no se trata de un decreto u orden judicial sino de “una declaración política”, igual que el anuncio de que no habría despidos, aunque entonces los sindicalistas se negaron a suscribir el engaño. En la cámara patronal Cicyp, Macrì agregó que de ahora en adelante el cambio cultural pasará por la productividad. Traducido al argentino: que los trabajadores resignen el salario real perdido desde diciembre (entre el 7 y el 12 por ciento los que tienen empleo registrado, un abismo el resto) y que las actualizaciones futuras no superen el excedente adicional que generen con su mayor explotación.

Condiciones estructurales

“En vez de encorsetar la violencia machista en el código penal, nosotras apuntamos a las condiciones de desigualdad que explican esas violencias. No decidimos parar sólo por los femicidios sino por el tejido cultural que permite su emergencia, por las estructuras institucionales de discriminación. El movimiento de mujeres, travestis y trans es diverso, heterogéneo y no tiene jefas. En gran medida de espaldas a las jerarquías, elegimos avanzar armando redes. No vamos a cada Encuentro solo a estar juntas y compartir espacios, vamos a hacer propuestas políticas, a discutir estrategias y establecer alianzas”, agrega la integrante de la organización. En esta descripción resuenan algunas de las características del movimiento en defensa de los derechos humanos.

El mujerazo del miércoles.
Imagen: Pablo Piovano.

Aparte del documento muy emocional que se leyó en la Plaza de Mayo, las organizadoras prepararon un punteo más analítico de esas asimetrías estructurales para explicar ¿Por qué #NosotrasParamos?, consigna que se repitió después de cada punto:

1) Si el desempleo promedio en Argentina es del 9,3 por ciento, para las mujeres es del 10,5. Las mujeres hacemos el 76 por ciento del trabajo doméstico no remunerado. Por una distribución más equitativa entre varones y mujeres. Por un Estado que garantice sistemas de cuidado.

2) Las mujeres sufren más la subocupación y mayor informalidad laboral. Las trabajadoras informales ganan en promedio 40 por ciento menos que los varones. Contra la precarización del trabajo y de la vida.

3) Las mujeres ganamos 27 por ciento menos que los varones por igual tarea. La brecha salarial se amplía para mujeres con hijxs y para trabajadoras precarizadas. Por salarios dignos y pago igualitario.

4) Cada 5 minutos nace un bebé de una madre adolescente y cada 3 horas uno cuya madre es menor de 15. El 60 por ciento de estas jóvenes tiene que abandonar sus estudios cuando se embaraza. Para que se cumpla la Ley de Educación Sexual Integral y que las madres adolescentes tengan jardines maternales y apoyo para seguir estudiando.

5) Solo la mitad de las trabajadoras goza de licencia por maternidad. La licencia de paternidad es de solo 2 días. Por licencias para todxs, compartidas, que contribuyan a una redistribución de las tareas del cuidado. Necesitamos, también, licencias por violencia de género en todos los gremios, en todos los ámbitos. Exigimos más guarderías y jardines maternales en nuestros espacios de trabajo.

6) Representación política y sindical. Necesitamos más mujeres en las mesas de las confederaciones de trabajadores. Apoyamos la ley de Paridad nacional que tiene que discutir el Congreso.

7) Prevención de las violencias: que se ponga en marcha la ley de patrocinio jurídico gratuito que crea el cuerpo de abogadxs especializados en violencia machista que se votó en el Congreso después de #NiUnaMenos. Que se aplique la Ley 26.485 para erradicar las violencias y con un presupuesto acorde a la problemática.

8) El Poder Judicial debe tener respuestas comprometidas, serias y creativas cuando de violencia contra las mujeres se trata. No queremos penas más duras, queremos que actúen con celeridad cuando denunciamos, que se investiguen los femicidios como tales y más formación en género en todos los niveles del Poder Judicial. Decimos no a las revinculaciones forzadas en las denuncias de abuso sexual y al uso de Sindrome de Alienación Parental (SAP).

9) Aborto legal, seguro y gratuito: por día 1200 mujeres son empujadas a la clandestinidad de un aborto inseguro. En 2014, murieron, al menos, 43 mujeres por abortos inseguros. El Congreso debe discutir la ley de interrupción voluntaria del embarazo.

10) Necesitamos medios de comunicación más comprometidos contra la violencia machista. Para eso son fundamentales más voces feministas en las pantallas, en las radios y en los diarios. Que el cupo y la paridad también sean mediáticas.

Contradicciones secundarias

La transversalidad de la convocatoria tuvo expresiones nítidas, con las adhesiones de la ex presidente CFK y de la empresaria textil Juliana Awada. Cristina asoció el multitudinario encuentro de mujeres de Rosario y su represión con la situación del país. Además de la violación y asesinato de Lucía Pérez menciónó la privación ilegal de la libertad de Milagro Sala; deploró “las políticas que vacían a nuestro pueblo”, sostuvo que el eje a atacar son las mujeres y dijo que el lugar de la mujer no está en las casas, callada, sino en las calles, para reclamar, construir y proteger los espacios del campo popular. Esta descripción es inobjetable, aunque la ex presidente decepcionó al movimiento de mujeres, con su inconmovible oposición al aborto. El presidente Maurizio Macrì sólo fundamenta su negativa en los términos que le sugiere la Iglesia Católica, a la que, igual que su antecesora, corteja: “Defiendo la vida desde la concepción hasta la muerte”, dijo. Awada, empleadora de mano de obra clandestina, incluyendo mujeres y niños migrantes, se limitó a reproducir la consigna “Ni una menos. Hoy y todos los días”. El portal oficialista “Infobae” completó el despropósito llamándola “La mujer de Macrì”. Desde los medios del Grupo Clarín se intentó diluir la idea del paro y sus consignas y reducir la atención a la idea del “Miércoles negro”, sin referencia a desigualdades económicas o condiciones de inscripción de la violencia de género, un enfoque afín a las columnistas del Grupo que participan de la organización junto con Mercedes Funes, la directora de comunicación del ministro de Cultura Pablo Avelluto. En adhesión al paro, trabajadoras del diario La Nación se sacaron una foto en la redacción y afirmaron que el reclamo por la violencia contra las mujeres “no es escuchado por quienes tienen poder de decisión, con un Estado ausente y víctimas sin coberturas ni protección” mientras “el proyecto para modificar el régimen del Ministerio Público Fiscal elimina del organigrama institucional la Unidad Fiscal Especializada de Violencia Contra las Mujeres (UFEM). La violencia machista y los femicidios no son obra de locos. Son emergentes criminales de las conductas patriarcales y de clase naturalizadas culturalmente. Las víctimas directas e indirectas (mujeres, sus hijos, y familiares, y la lista no se agota ahí) son la fatal consecuencia”. La inconmovible posición represiva de la Iglesia Católica también propició desacuerdos entre los organizadores. Desde Roma hubo un llamado telefónico a la CTEP planteando la preocupación por la Catedral, que es una manera insidiosa de demonizar la movilización de mujeres. Esa inquietud fue transmitida por las mujeres de la CTEP y del Movimiento Evita, que cuentan con el respaldo del Papa Bergoglio (ahora en cruzada contra lo que llama “la ideología de género”, como hace cuatro décadas contra la teología de la liberación) pero no hubo una síntesis. En la asamblea de seguridad, algunas mujeres plantearon pasar por el frente de la Catedral y cantar las consignas clásicas. Pero la mayoría decidió privilegiar el hecho político de llenar la plaza y evitar una nueva represión como la de Rosario. Pese a que la Catedral estaba vallada hubo manifestantes que arrojaron pintura roja sobre su frente y pintaron consignas sobre la pared lateral de la calle San Martín. Una decía Aborto Legal, pero una oportuna tachadura posterior lo disimuló. Sólo quedó Legal.

Pintura roja y consignas por el aborto en la Catedral.

No será un camino fácil. Como ocurrió con tantos movimientos de liberación en distintas épocas y lugares, el primer reflejo es exacerbar la represión, con el extremo más notorio en el incremento de femicidios. Pero la conciencia y la organización alcanzados y la inserción del conflicto en las luchas más amplias contra un gobierno expropiador de derechos y expulsivo de minorías alienta el optimismo, a pesar de las posiciones oportunistas de quienes se apuraron utilizar el incremento del cupo femenino en las nóminas legislativas como cortina de humo para legitimar una reforma del sistema electoral. Además de constituir un negocio, que el opoficialista Juan Urtubey de Macedo promueve en todo el país, seguramente sin otra intención que contribuir a la calidad institucional, pone en duda la transparencia y la legitimidad del proceso electivo.

LA DISCUSION SOBRE GILS CARBO Y LA ESTRUCTURA DEL MINISTERIO PUBLICO FISCAL Un debate plagado de estereotipos

Por Martín Granovsky

En medio del debate público sobre la continuidad de la procuradora Alejandra Gils Carbó y la estructura deseable del Ministerio Público Fiscal abundan los estereotipos y las teorías conspirativas. Sostiene la teoría que la procuradora Alejandra Gils Carbó era la gran operadora de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la Justicia. Agrega que su manejo férreo del Ministerio Público Fiscal impedía investigar los grandes casos de corrupción pública. Propone quitarla de en medio. Planea desarmar la temible y oscura trama que habría creado en cuatro años de gestión. Entonces, la Argentina habrá renacido como república.

Siempre es más fácil hacer política con estereotipos como éste, que rodea a la posible discusión en la Cámara de Diputados sobre el cambio de régimen del Ministerio Público Fiscal luego de que un dictamen de comisión aprobase un proyecto que pone un plazo de cinco años de mandato a quien encabece ocupe la Procuración, establece mayoría simple en Diputados y de dos tercios en el Senado para reemplazar a esa cabeza y amplía las facultades de la comisión bicameral de seguimiento casi hasta convertir el MPF en una rama del Congreso. La Comisión de Justicia que encabeza el radical Diego Mestre recogió los votos de un arco no kirchnerista de diputados, incluidos el Frente Renovador y Progresistas, pero aún queda mucho camino parlamentario y político por recorrer.

Detrás de los argumentos jurídicos y el debate técnico aparecen los estereotipos que simplifican las cosas pero no las hacen más simples. Aquí van:

- Por lo menos hasta la crisis desatada por la muerte de Alberto Nisman y el desplazamiento de Antonio Stiuso de la Secretaría de Inteligencia, los operadores judiciales estaban articulados con la SI y con antiguos funcionarios con poder permanente desde el menemismo. El más conocido es Javier Fernández, en tiempos de Carlos Menem colaborador del ministro y luego miembro de la Corte Suprema Rodolfo Barra. Fernández operó con base en la Auditoría General de la Nación, un buen lugar para conocer los vericuetos del Ejecutivo y sus puntos débiles. ¿Quién dijo que no hay políticas de Estado?

- Casi todas las causas por corrupción ya estaban en marcha desde antes de la asunción de Mauricio Macri el 10 de diciembre de 2015.

- Como todavía no cambió el sistema judicial federal, siguen siendo los jueces y no los fiscales los que conducen las investigaciones. Pueden delegarla en los fiscales, y de hecho lo hacen cada vez más, pero no deja de ser una delegación. La autoridad les queda intacta.

- Por la autoridad incólume de los jueces, los fiscales no fueron determinantes en ninguna causa abierta por corrupción.

- De todos modos, ni los fiscales que más simpatizaban con el gobierno se comportaron como una fuerza de choque de Cristina en un supuesto programa para lograr impunidad en beneficio de cualquiera que hubiera incurrido en enriquecimiento ilícito, malversación, peculado o el delito que fuese.

- Siguió operando en los tribunales federales de Comodoro Py un grupo de fiscales de extraordinario poder en los últimos 20 o 25 años. La figura más conocida es Germán Moldes, que de todos modos solo apareció ante las cámaras recién después del Affaire Stiuso. Hasta ese momento la ventaja de Moldes era preservar su poder sin exposición pública. Otra figura es Raúl Pleé. Pleé y Moldes, que de repente aparecieron como gente sensible a raíz del misterioso fallecimiento de Nisman, a quien ellos siempre dieron por asesinado incluso cuando la Justicia no determinó la causa de su muerte, fueron parte de un engranaje moroso en la investigación de la causa AMIA. Los abogados de Memoria Activa lo recordaron y lo recuerdan.

- Ni Moldes fue expulsado por Gils Carbó ni corrieron esa suerte otros fiscales como Guillermo Marijuán o Gerardo Pollicita.

- Es cierto que Gils Carbó pertenece a Justicia Legítima. Sin embargo esa asociación civil que integran diversos jueces, defensores y fiscales no es una asociación ilícita. No hay una sola denuncia según la que sus miembros se hayan puesto de acuerdo en el modo de emitir fallos o dictámenes. Tampoco que planificaran cómo violar las leyes. Muchos en Justicia Legítima tienen coincidencias o simpatías por las gestiones kirchneristas. Pero tampoco hay una sola constancia de que hayan funcionado como una organización secreta (y ni siquiera discreta) al estilo de la SIDE o las operaciones de la etapa de Javier Fernández. Una entidad con personería jurídica, directivos públicos como la jueza María Laura Garrigós de Rébori y encargada de auspiciar encuentros que terminan en documentos abiertos no parece el mejor instrumento para atemorizar fiscales y torcer la voluntad de los jueces.

- No hay siquiera rumores de que miembros de Justicia Legítima trafiquen con información, vendan fallos o alquilen su firma.

- Gils Carbó fue convalidada por el Senado después de que quedara claro que el candidato original de Cristina, Daniel Reposo, no pasaría el examen. Ni siquiera hoy sus mayores críticos le reprochan a Gils Carbó que viva por encima de sus ingresos o que haya entrado en la moda de crear sociedades offshore. No lo hicieron cuando era fiscal del fuero comercial, una franja opaca pero muy influyente de la Justicia, donde las zonas grises muchas veces son francamente negras. Recordar, si no, la quiebra fraudulenta de Ciccone ante la inacción o la acción favorable de un juez comercial.

A propósito o por ignorancia, los estereotipos desconocen el surgimiento de una corriente inorgánica de abogados, jueces y fiscales que se formaron o desarrollaron sus carreras profesionales en estos 33 años de democracia por fuera de una tradición: la de los grandes estudios de abogados. Muchos de los profesionales de esos grandes estudios forman parte de una asociación civil, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, que no debe ser confundido con el Colegio Público de Abogados. Es conocido como “el colegito de la calle Montevideo” y fue la palanca de poder utilizada por el ministro de Economía de la dictadura José Alfredo Martínez de Hoz y el equipo de civiles que acompañó al asesino Ramón Camps en la provincia de Buenos Aires, entre ellos Alberto Rodríguez Varela y James Smart. Smart fue condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad en 2012 por un tribunal integrado por los jueces Carlos Rozanski, Mario Portela y Roberto Falcone. En los últimos años uno de los miembros más activos del colegito fue Alejandro Fargosi, del estudio que se hizo cargo de la Aerolíneas privatizada. El presidente actual de esta movediza ONG del establishment es Guillermo Lipera.

Otra característica común de la corriente inorgánica de abogados, jueces y fiscales es que en general sintonizan con los criterios del derecho internacional de los derechos humanos (DIDH) y fueron protagonistas o son sensibles a un proceso histórico que comenzó con el Juicio a las Juntas de 1985, siguió con los juicios de la Verdad posteriores a las leyes de perdón y al indulto y remató en la vuelta del juzgamiento sin trabas que rige desde el 2003.

El DIDH es a la vez una perspectiva de análisis y una doctrina que se apoya en instrumentos internacionales con validez interna. Dice el Comité Internacional de la Cruz Roja que “el principal instrumento internacional es la Declaración Universal de Derechos Humanos aprobada por la Asamblea General de la ONU en 1948”. También cita el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y los tratados que se refieren a la prevención y el castigo de la tortura y otras prácticas crueles, inhumanas o degradantes, a la eliminación de la discriminación racial y la discriminación contra las mujeres, y a los derechos del niño.

Estudiar y asumir el DIDH puede haber sido una elección personal o colectiva de muchos kirchneristas pero no se limita a ellos. Uno de sus seguidores, por caso, es Leandro Despouy, el abogado de origen radical que actualmente es representante especial para Derechos Humanos en la Cancillería. A los kirchneristas el DIDH los antecede en el tiempo y puede abarcarlos. Pero también sobrevivirlos. Es un fenómeno universal.

Esa perspectiva de ejercicio de la administración de justicia es la que reivindica la gestión Gils Carbó en la Procuración. Un ejemplo es el funcionamiento de la Procuvin, la Procuración de Violencia Institucional, el único organismo del Estado presente junto a Ezequiel Villanueva, de 15 años, e Iván Navarro, de 18, los chicos de La Garganta Poderosa que denunciaron haber sido torturados por prefectos. Desde que existe la Procuvin hay juicios a agentes penitenciarios torturadores. Otro ejemplo es el Programa de Acceso Comunitario a la Justicia, conocido como Atajo y conducido por Julián Axat. Se insertó en zonas donde viven los sectores con mayor vulneración de derechos y se convirtió en un instrumento de canalización de consultas y orientaciones. La Procuración también democratizó el sistema de ingreso, una diferencia con un Poder Judicial que se resiste a hacerlo.

“Nadie sueña con que la Procuración sea un Estado libre asociado de la Argentina como la Corte Suprema”, ironizó un fiscal del organismo que pidió reserva de su identidad. “Pero volver al status quo de antes sería un enorme retroceso.”

martin.granovsky@gmail.com

OPINION Movimientos peronistas

Por Edgardo Mocca

Imagen: Leandro Teysseire.

El universo peronista se ha activado visiblemente. En pocos días hemos asistido, entre otras movidas, a una reunión de los peronistas del Frente Renovador, a un pronunciamiento político-ideológico en nombre del Papa y de Perón, y –dentro de una vasta gama de celebraciones del 17 de octubre– a una reunión del Partido Justicialista de la Ciudad de Buenos Aires, cuyo cierre fue el discurso de Cristina Kirchner pronunciado desde su residencia en la provincia de Santa Cruz. Es muy importante prestar atención a estos movimientos porque los reacomodamientos internos del vasto y contradictorio mundo del peronismo son, junto con el clima popular ante el rumbo asumido por el Gobierno, cuestiones decisivas para el futuro del país.

Algo indica que en las mesas de arena del peronismo empieza a percibirse el lento pero sostenido deterioro de la simpatía popular por el gobierno de Macri. Nada asegura que esa tendencia se sostenga pero parece que hay coincidencia en que negarla puede ser nocivo para cualquier cálculo electoral. Los peronistas que están con Massa lucen una dualidad muy llamativa: reivindican el liderazgo del tigrense pero diferencian fuertemente su discurso político del de su jefe, en el sentido de acentuar los tonos críticos respecto del actual rumbo de gobierno. Las crónicas dicen que en la última reunión de este grupo, uno de sus principales líderes sostuvo que los peronistas son, dentro del Frente Renovador, los que se oponen a que los platos rotos los paguen los que menos tienen. ¿Revelación de beligerancias internas o coqueteo hacia los peronistas opositores? Lo más seguro es que ni los propios actores lo sepan: suele entenderse que la mejor táctica política es la que deja abiertas las puertas en múltiples direcciones. Por lo pronto parece haber llegado a su fin la luna de miel de principios de año, signada por la aprobación de las leyes más duras que abrieron paso al ajuste y al brutal endeudamiento y por la complacencia “institucional” expresada en el acompañamiento de Massa a Macri en su debut en ese emblema del establishment capitalista global que es la reunión de Davos. En realidad, se trata de una elemental lógica pragmática de la política: ¿Cómo se hace para enfrentar electoralmente a un gobierno de derecha con un discurso de derecha? Claro que de esa evidencia de sentido común no surge una interpretación mecánica de la táctica política; para los renovadores y particularmente para Massa es importante mantener un diálogo fluido con la parte de la sociedad que lo acompañó en la elección de octubre y definió el ballotage a favor de Macri. Para quienes ven las cosas de este modo, hay que lograr un desplazamiento de la crítica al proyecto del macrismo al reproche por la mala administración y por la falta de sensibilidad social del Gobierno. Algo así como que no saben hacer bien lo que de todos modos hay que hacer. Por otro lado este sector político es consciente de que su crecimiento fue, en buena parte, tributario del estado de ánimo de cansancio de la política en muchos sectores sensibles al discurso único mediático dirigido contra el kirchnerismo. Si se atiende a una lógica interna del Frente Renovador esa dualidad crítico-tolerante respecto del Gobierno aparece razonable; el problema para ellos es la extraordinaria y creciente fluidez que tienen en los últimos tiempos los reacomodamientos peronistas. Por lo cual, buena parte del rumbo de este minué que bailan los peronistas de Massa dependerá de cómo evolucione la relación del Gobierno con esa parte del electorado que lo eligió contra el kirchnerismo pero no la está pasando demasiado bien estos meses.

Mientras tanto una constelación muy diversa de dirigentes que se dejan llamar “laudatos” –lo que más o menos literalmente podría traducirse como “alabados”– acaba de romper la habitual monotonía de las roscas preelectorales colocando la discusión en términos poco habituales de tensión ideológica. Con la excepción del sector más firmemente encolumnado con las políticas del kirchnerismo y el liderazgo de Cristina, en la Argentina estaba funcionando un pacto no escrito que consistía en conducir la política al espacio del show televisivo y a la repercusión judicial de las operaciones dirigidas a la persecución de los líderes del anterior gobierno. Los laudatos rompen el pacto con un documento en el que caracterizan la realidad actual como “despojo del patrimonio argentino”, llaman a “emanciparse de los residuos culturales de una modernidad agonizante basada en el consumismo desenfrenado y el rédito inmediato, que es urgente cambiar en pos del reencuentro con los valores esenciales del ser humano” y se remiten a las encíclicas papales críticas de la globalización financiera y al “Modelo argentino para el proyecto nacional”, presentado por Perón en el Congreso de la Nación pocos meses antes de su muerte. De este último texto subrayan una frase del entonces presidente: “Existen dos únicas alternativas: neocolonialismo o liberación”. Como base para la creación y desarrollo de una comunidad sostenida por la guía de Francisco y de Perón enuncian unas líneas programáticas que bien podrían ser resumidas como una profundización crítica de la experiencia de los años del kirchnerismo, puesto que sostienen tácitamente sus orientaciones y tienden a subsanar sus insuficiencias históricas. Esta intervención de un heterogéneo colectivo de dirigentes peronistas, que abarca buena parte del espacio actual del movimiento, llegó a ser incluida en la agenda del propio Papa; sería equivocado reducirla a un juego táctico circunstancial y de corto alcance.

La aparición de Cristina Kirchner en el cierre de un acto organizado por el PJ porteño, con un discurso de fuerte acento identitario peronista y una no menos fuerte invocación a la unidad del espacio que se reconoce en esa pertenencia tampoco debería ser reducida a una anécdota menor. A esta altura del año los gurúes del revanchismo neoliberal soñaban a la ex presidenta políticamente aislada o reducida su influencia a una grey incondicional pequeña y políticamente impotente. Vale una digresión: es muy visible la existencia de un fuerte choque táctico-político en el interior del bloque social que sostiene al gobierno del macrismo. Ciertos sectores encargados de la ingeniería político-electoral consideran políticamente peligrosa la idea de radicalizar la operación judicial en su contra hasta culminar con su detención. Los obsesiona el fantasma de la historia, de esa historia de la dictadura que pomposamente se autodenominó “Revolución Libertadora”, y que dio por terminado al peronismo con el exilio de su líder, la persecución sistemática de sus simpatizantes y su proscripción electoral. Que la cuestión del peronismo siga siendo el problema central de la política argentina más de sesenta años después de aquel operativo demuestra la dificultad que entraña el intento de borrar la memoria política de nuestro pueblo. Por eso hay en los círculos de la derecha argentina quienes intentan construir estrategias un poco más complejas y sofisticadas para construir un orden político estable para el neoliberalismo en la Argentina. Claramente no es esa la posición del Grupo Clarín, que tan eficazmente ponen en escena Lanata y Stolbizer. Esta gente está alterada por el miedo que suele ser consejero de políticas suicidas. En este caso pretenden, entre otras cosas, generar un precedente judicial de contornos trágicos: la detención de una ex presidenta por proponer al Congreso la firma de un acuerdo con otro país. Un acuerdo, además, que nunca pudo ejecutarse. Que por lo mismo no tuvo consecuencias prácticas, como las que el operativo Nisman le atribuyó cuando postuló que se procuraba el levantamiento de las alertas de Interpol contra los iraníes sospechosos de participación en el atentado a la AMIA, lo que fue precisamente desmentido por las autoridades de ese organismo internacional. Lo único que habilita la productividad de semejante engendro es la ofensiva de poderosos sectores de la sociedad, coordinados y expresados por el aparato de agitación y propaganda llamamos medios de comunicación, que quieren recluir la política en el seno del batifondo televisivo, las carpetas de los servicios y la impunidad de la corporación judicial. Lo cierto es que el prospecto del establishment de poner a Cristina fuera de combate no se concretó. Y también que en todos los movimientos internos de la constelación peronista ronda la presencia de la ex presidenta.

El enigma peronista está abierto y su solución será decisiva para el resultado de la elección de 2017 que es una instancia clave para la solución de otro enigma, del principal, el que consiste en definir si será posible construir un orden neoliberal con un sistema de partidos y de competencia electoral que no comprometa sus principios rectores. Fácilmente puede reducirse esta cadena de acciones en el interior del peronismo a la condición de “maniobras electorales”. Ciertamente lo son en cierto sentido, se reconozca o no. Pero la cuestión no es esa. Es necesario dilucidar en qué dirección se están reagrupando las fuerzas del peronismo. Basta con decir que las posturas del sector que hoy ocupa las posiciones rectoras en el interior del PJ están siendo desbordadas “por izquierda” desde un sector del Frente Renovador, desde las encíclicas papales y la póstuma producción política del líder histórico del movimiento. Tal vez algo tenga que ver con esto la movilización popular de todos estos meses, que abarca las concentraciones masivas en las plazas del sector que acompaña intensamente el liderazgo de Cristina, la marcha del 24 de marzo, las confluencias sindicales como la movilización del 29 de abril –provisoriamente archivadas por el triunvirato dirigente de la CGT–, la resistencia al tarifazo y la Marcha Federal. En última instancia el modo en que se muevan los afectos y las indignaciones populares en estos meses será el termómetro que mida la viabilidad de las movidas políticas.

EL MUNDO › OPINION Escenas de un país a la deriva y de su gobierno golpista

 Por Eric Nepomuceno

El viernes por la mañana, por órdenes del juez de primera instancia Vallisney Oliveira (foto), de Brasilia, fueron detenidos en la capital cuatro integrantes de la Policía del Senado. Se trata del órgano encargado de la seguridad, servicio de inteligencia inclusive, de los integrantes del Senado y que responde directamente al presidente de la Casa. Entre los arrestados está el jefe de la corporación, Pedro Ricardo Carvalho.

Terminó así la semana que devolvió a su apogeo la turbulencia desenfrenada de un país a la deriva y que se llama Brasil.

Si el miércoles la prisión del ex diputado Eduardo Cunha, cuyo potencial de denuncias hizo cundir el pánico en el gobierno, a punto de Michel Temer anticipar el regreso de su viaje a Japón, hubo un sismo de proporciones, el viernes lo que se vio ha sido el encontronazo entre los poderes Judicial y Legislativo.

El juez Oliveira acusó la Policía del Senado de obstaculizar la Operación Lavado Rápido, porque integrantes de la corporación realizan periódicamente barreduras en oficinas y residencias de senadores tratando de detectar micrófonos secretos.

Para el precipitado magistrado, buscar micrófonos secretos sería una evidente acción para perjudicar investigaciones contra sus excelencias.

Existe un detalle que el juez olvidó: diputados y senadores sólo pueden ser monitoreados por órdenes expresas del Supremo Tribunal Federal, que únicamente autoriza a las operadoras de telefonía a realizar grabaciones en líneas fijas y móviles de investigados que tienen foro privilegiado asegurado por la Constitución, como es el caso de los miembros del Congreso. Y para cumplir esa clase de medida, las operadoras de telefonía no necesitan, para nada, instalar pinchos secretos en ninguna casa, ningún despacho.

Por lo tanto, eventuales micrófonos secretos son ilegales y es precisamente para impedir su uso que la Policía del Senado realiza barreduras periódicas, rutinarias y legales.

Los argumentos de los fiscales, prontamente aceptados por el juez Vallisney en una iniciativa tan inusual como su nombre de pila, no tienen sentido ni base. Se trata pura y llanamente de una demostración de fuerza, al margen de cualquier amparo legal. Pero en este país a la deriva, así andan las cosas.

La reacción del presidente del Congreso, senador Renan Calheiros, del mismo PMDB de Michel Temer, fue vehemente: recordó al juez que “las instituciones están obligadas a guardar los límites de sus atribuciones legales”, lo que no ocurrió.

Como parte de la obsesión del Poder Judicial contra el PT, rápidamente se filtró a la prensa, entre otros nombres de caciques aliados al golpe institucional que resultó en el gobierno de Temer, el de la senadora Gleisi Hoffman como una de los que se beneficiaron de las acciones ilegales de la Policía del Senado. De inmediato ella asumió que la barredura en su residencia y en sus oficinas en el Senado fue efectivamente realizada a pedido suyo, y que no se encontró ningún micrófono clandestino. Ha sido la única a admitirlo.

Es fácil constatar que nada de lo que pasa en Brasil es casual. Y lo ocurrido el viernes pone en evidencia dos cuestiones preocupantes.

La primera: es cada vez más avasallador el protagonismo de jueces de primera instancia que, junto a fiscales de idéntica jerarquía, atropellan preceptos legales, violan la ley y exacerban sus funciones mientras buscan fama inmediata. Hay una especie de espíritu mesiánico que parece asegurarles el derecho divino de hacer lo que les dé la gana, sin que importen las consecuencias. Además, resulta cada vez más alarmante la inercia de la Corte Suprema frente a la prepotencia ilimitada de esas figuras, cuyo ejemplo más concreto es el juez responsable por la “Lavado Rápido”, Sergio Moro.

La segunda: consumado el golpe institucional que destituyó a Dilma Rousseff, para sus artífices y beneficiarios el paso siguiente es reducir el PT a guijarros y eliminar Lula da Silva de la vida política. Para todo eso, la acción del Poder Judicial, aliado de (cuando no directamente manejado por) los grandes conglomerados de comunicación es esencial. Ocurre que hay renovados indicios de que la cosa está a punto de escapar del control de los golpistas instalados en el gobierno.

La detención de Eduardo Cunha era inevitable, gracias al océano de denuncias y pruebas en su contra. En la cabeza de Moro y sus pares, detenerlo sería una forma de intentar desmentir su obsesión por Lula.

Sin embargo, las consecuencias de la iniciativa podrán herir de muerte al gobierno, a menos que algo inesperado ocurra para impedir que él abra la caja de Pandora de sus denuncias. Qué, nadie sabe.

Mientras, el país sigue a la deriva. La economía insiste en oscilar entre la parálisis y el retroceso, pese a las patéticas declaraciones del equipo económico. La opinión pública insiste en demostrar que no confía en el gobierno. Y Temer sigue buscando, en vano, una legitimidad inalcanzable.

La busca dentro del país, donde enfrenta el descrédito popular. La busca afuera, donde enfrenta un aislamiento cuya mejor imagen está en la foto oficial de la reunión de los Brics (grupo que reúne a Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica): los cuatro legítimos jefes de Estado se dan la mano, mientras que la de Temer cuelga, intocada, en el aire.

Hay, por fin, otro peligro que acecha: la retomada de los tiempos de bruma en que la Constitución era objeto decorativo y el incentivo al atropello de las bases del Estado de Derecho estaba en el orden del día.

Esta semana, por ejemplo, el ministro de Educación, Mendonça Filho, determinó que todos los directores de colegios públicos denuncien a los alumnos de secundaria que se manifiesten contra la medida que pretende un corte drástico de recursos a la salud y a la educación.

Así actúa, en las sombras, el gobierno que se dice “de salvación y unión nacional”.

Habría que ver cómo sería el de traición, destrucción y desunión…

CIVILIZACION .....IGUALDAD LIBERTAD FRATERNIDAD?

EL MUNDO › EN ESTE CAMPAMENTO, AL NORTE DE FRANCIA, HAY ENTRE 1300 Y 1600 NIÑOS SOLOS

Desmantelan la Jungla de Calais

La llamada Jungla de Calais, donde se hacinan más de 6000 migrantes en una decena de hectáreas, se formó apenas empezado 2015. Su desmantelamiento comienza mañana.

En el verano de 2013, al menos 500 migrantes se refugiaron en la zona portuaria de esta ciudad de 75.000 habitantes. Su meta: llegar a Inglaterra para reunirse con familiares o encontrar trabajo.

A finales de 2014, había algo más de 2000, sobre todo hombres solteros procedentes de Africa, Siria y Afganistán. Frente a esta afluencia, que suscita un creciente malestar entre la población, las autoridades abrieron en enero de 2015 un centro de acogida diurno, con la distribución gratuita de comida, a una media hora a pie al este del corazón de la ciudad, cerca de las dunas.

Como este centro era difícil de encontrar, los migrantes comenzaron a instalarse en los alrededores, en lo que dieron en llamar la “new Jungle”, tolerada por las autoridades.La evacuación de dos “microjunglas” del centro de la ciudad obligó a los migrantes a ir al “campamento de la landa”, el nombre oficial.

Al comienzo de junio estallaron las primeras refriegas entre las distintas comunidades de esta seudociudad levantada en desorden, con sus iglesias, mezquitas, tiendas y restaurantes.

En el terreno, la situación se crispó, como preludio de un verano complicado. Las muertes de migrantes se multiplicaron en la vía de circunvalación pero también en el túnel del Canal de la Mancha, donde algunos intentaban subirse a las naves de transporte. Se contabilizaron hasta 2000 intrusiones por noche. El ministro del Interior, Bernard Cazeneuve, y su homóloga británica de entonces Theresa May visitaron Calais el 20 de agosto. Su mensaje: ¡no se pasa! Los migrantes empezaron a tener más dificultades para cruzar y la cifra se duplicó: a mediados de octubre había 6000.

A finales de octubre, la alcaldesa de Calais, Natacha Bouchart, reclamó en vano la intervención del ejército. Varias asociaciones recurrieron a los tribunales, que impusieron al Estado varias remodelaciones sanitarias. La prefectura empezó a enviar migrantes a centros de acogida y de orientación.

En noviembre estallaron enfrentamientos entre migrantes y policías. Las autoridades denunciaron que había activistas de extrema izquierda No Border implicados. Para apaciguar los ánimos, se decidió mejorar las condiciones de alojamiento con un centro de acogida provisional (CAP) con capacidad para 1500 personas.

Paralelamente se decidió desmantelar, a finales de febrero de 2016, la zona sur del campamento. Unos iraníes se cosieron la boca en señal de protesta.

Cansados de ver que su ciudad acaparaba titulares, 500 habitantes de Calais se manifestaron en marzo en París. En este contexto, los migrantes sufrieron agresiones nocturnas. Otros se solidarizaron con ellos, como los artistas Jude Law, Jordi Savall y Banksy.

En primavera las cosas no mejoraron. En las carreteras se levantaron barricadas con troncos de arboles para bloquear los camiones que iban a Inglaterra.

Después del verano, los problemas se acumularon. Transportistas, agricultores y comerciantes llevaron a cabo una protesta en Calais y se construyó un muro “antiintrusión” en la circunvalación.

El 26 de septiembre, el presidente François Hollande anunció el desmantelamiento para “antes de finales de año”. Un tribunal le dio luz verde el 18 de octubre.

Ante la inminencia de la evacuación del campo, ayer la ONG Human Rights Watch (HRW) alertó sobre las consecuencias del desmantelamiento de la llamada Jungla de Calais para los menores que viven en ese campamento de inmigrantes, y exigió a Francia y al Reino Unido que les encuentren un refugio seguro antes de la evacuación, cuyo comienzo está previsto para mañana. Según un comunicado de la organización dedicada la investigación, defensa y promoción de los derechos humanos, los dos países tienen la responsabilidad de actuar rápido y garantizar que esos menores están protegidos.

El desmantelamiento anunciado ayer, que se prolongará cerca de una semana, afecta a la zona norte del campamento, dado que la parte sur ya se evacuó el pasado marzo. HRW denunció que durante la última operación se perdió el rastro de 129 menores. Actualmente, según estimaciones policiales, viven allí unos 900 niños no acompañados, si bien algunas ONG elevan esa cifra a entre 1300 y 1600.

La organización señaló que unos 400 menores tienen derecho a cruzar legalmente de Calais (norte de Francia) al Reino Unido, debido a los familiares que tienen en suelo británico, pero dio la voz de alerta sobre la situación del resto. La mayoría permanecerá en Francia, donde, de acuerdo con sus datos, “hay muy pocas plazas disponibles en los centros de recepción”.

La ONG afirmó que el campamento no es un buen lugar para esos menores, pero consideró que los riesgos a los que se exponen en él, como la violencia o la explotación sexual, se incrementarán si el campamento se desmantela sin ofrecerles una protección y cuidado adecuados.

El desmantelamiento del improvisado campo de refugiados movilizará a unos 1250 policías y gendarmes y el plan previsto por las autoridades francesas prevé que los más de 6400 inmigrantes que viven en él sean trasladados a los diversos centros de acogida y orientación del país.