miércoles, 4 de marzo de 2015

nisman bizarrro

http://www.pagina12.com.ar/fotos/20150304/notas/lospapelesdenisman.pdf


“UNA POSTURA DIAMETRALMENTE OPUESTA”

Los papeles de Nisman

El juez Daniel Rafecas publicó la copia de los dos documentos encontrados en la caja fuerte del despacho del fallecido fiscal, en los que plantea al Poder Ejecutivo que se presente ante el Consejo de Seguridad de la ONU y solicite la detención de los iraníes acusados por el atentado a la AMIA. En los textos, fechados en diciembre de 2014 y enero de 2015, Nisman también rescata la postura de Néstor y Cristina Kirchner frente a Irán, aunque critica el Memorándum de Entendimiento al considerar que "persigue un fin notablemente degradado".

LA CORTE CORRIGIO LOS DICHOS DE LORENZETTI De la "cosa juzgada" a una investigación que continúa

La Corte Suprema de Justicia difundió un informe sobre la causa por el atentado contra la embajada de Israel, en el que matiza las palabras del presidente del tribunal en su discurso de ayer. El comunicado sostiene que en la sentencia de 1999 se probó "la materialidad de los hechos" y se señaló "la responsabilidad penal de sus autores", pero aclara que "sobre esa base firme se continúa con la pertinente investigación". 
El informe de la Secretaría N°3 de la Corte Suprema

Corte Suprema de Justicia de la Nación Expediente S.143 XXIV El 17 de marzo de 1992, aproximadamente a las 14.47 hs. se produjo un atentado en el edificio de la sede de la Embajada de Israel en la ciudad de Buenos Aires, sito en Arroyo 916. En la resolución del 23 de diciembre de 1999, publicada en Fallos 322:3297 la Corte, tuvo por probado que el hecho fue causado por la explosión de una carga de pentrita y trinitrotolueno que había sido acondicionada en la parte posterior derecha del interior de una camioneta Ford F 100, dominio C.1.275.871. La camioneta había estado detenida en el estacionamiento que la firma Dakota SA regenteaba en Cerrito entre Juncal y Arroyo. Ya fuera de ese lugar circuló por la calle nombrada donde –a la altura del 916, sede del edificio de la embajada de Israel- ascendió a la vereda con sus dos ruedas derechas produciéndose inmediatamente una explosión de considerables dimensiones que provocó la destrucción de la sede diplomática y daños en otros edificios de las inmediaciones y en los vehículos que estaban estacionados en la zona o que circulaban por el lugar. Por el hecho fallecieron 22 personas y resultaron heridas más de 350 que fueron atendidas en distintos nosocomios de la Capital Federal. La existencia del coche bomba está avalada, entre otras pruebas, por la existencia de un cráter frente al edificio de la embajada, el hallazgo de varias partes del motor del Corte Suprema de Justicia de la Nación rodado sobre los que se practicaron diversos peritajes que permitieron ubicar el número del motor y así individualizarlo, diversas declaraciones, etc. También la Corte, en la mencionada resolución, se expidió sobre la responsabilidad en el hecho investigado, atribuyéndosela al grupo terrorista denominado Jihad Islámica, brazo armado del Hezbollah. Para ello tuvo en cuenta distintos cables de la Embajada Argentina en el Líbano de febrero de 1992 referidos a las repercusiones de la muerte violenta de Abbas Musawi, secretario del Hezbollah, su esposa y un hijo de ambos. Asimismo se valoró que la propia agrupación se había atribuído la responsabilidad en el hecho al día siguiente de ocurrido mediante la publicación de una solicitada en el diario An Nahar de Beirut, El Líbano. Las declaraciones de diplomáticos argentinos en aquel país ratificaron aquella información. A partir de ello, el Tribunal entendió que se había creado un estado de sospecha suficiente como para disponer el procesamiento de Imad Mughniyah y en consecuencia recibirle declaración indagatoria, librándose la consecuente orden de captura internacional a su respecto. Según información brindada por el Departamento de Estado del Gobierno de EEUU, por el Gobierno de la República Federal de Alemana y por la SIDE, Mughniyah dirigía el aparato de seguridad central y exterior del Hezbollah y era el responsable de la Jihad Islámica al momento de cometerse el atentado. Corte Suprema de Justicia de la Nación Luego de la mencionada resolución de diciembre de 1999 el Tribunal continuó profundizando la investigación en esa línea. Como resultado de ello, se pudieron establecer vínculos entre el Hezbollah y personas sospechosas que desarrollaban actividades supuestamente comerciales en la zona conocida como “Triple Frontera”, entre otros Samuel Salman El Reda Reda. Al respecto, se supo que en durante 1992 un hermano suyo, José Salman El Reda Reda había sido detenido y procesado por la justicia federal de Rosario por habérsele secuestrado una importante cantidad de dólares falsificados – conocidos como “superdollares”- junto con otra documentación. Es importante destacar que con este tipo de dólares falsificados se financiarían actividades terroristas. Al incorporarse aquella causa a la investigación de la Corte se libró una orden de captura contra José Salman El Reda. Con posterioridad la SIDE informó que organismos de inteligencia de otros países le habían comunicado que en junio de 2001 se detuvo en el Reino de Jordania a Hussein Mohamad Ibrahim Suleiman, agente operativo del Hezbollah, quien habría relatado que en 1991 viajó a San Pablo y que a principios de 1992, en Foz de Iguazú, recibió explosivos que transportó a la Argentina en ónmibus -disimulados en cajas de alimentos- los que más tarde fueron utilizados para el atentado contra la Embajada de Israel. Para chequear esta información se libraron oficios a las distintas fuerzas de seguridad, exhortos a distintos países y Corte Suprema de Justicia de la Nación oficios a organismos de inteligencia, pero hasta el momento la misma no pudo ser corroborada. También sobre la base de lo informado por el testigo “C” de la causa AMIA, se investigó a Jaffar Saadat Ahmad Nia, señalado como un diplomático iraní que sería encargado de la logística en actos de terrorismo. Se comprobó que el nombrado estuvo acreditado como Agregado Civil en la Embajada Iraní en Brasil entre el 8 de junio de 1991 y el 28 de diciembre de 1993. Según información de inteligencia habría entrado a la Argentina el 16-3-92 y habría salido el 18-3-92. Pero esa información no pudo ser comprobada hasta el momento, e inclusive fue desvirtuada por organismos nacionales. El 20 de diciembre de 2006 se reiteraron las órdenes de captura internacional de Imad Mughniyah y José Salman El Reda. Según notas periodísticas, Mughniyah habría fallecido el 12 de febrero de 2008 en un atentado en Damasco, por el estallido de un coche bomba. Su fallecimiento habría sido confirmado con la copia del Acta de defunción que Interpol remitiera a la UFI AMIA, que fuera luego aportada a esta investigación. En conclusión, en estos autos, está probada la materialidad de los hechos –cómo ocurrió el atentado- y también señalada la responsabilidad penal de sus autores. Es en esta línea que el Sr. Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación informó que ambas circunstancias (pilares de la investigación) han sido consentidas por las partes, y que sobre esa base firme se Corte Suprema de Justicia de la Nación continúa con la pertinente investigación, para lo cual se ha solicitado la necesaria colaboración internacional.


La secretaría judicial número 3 de la Corte, a cargo de Esteban Canevari, emitió un informe de cuatro páginas que fue publicado en el Centro de Información Judicial (CIJ).
El texto reitera parte de lo dicho ayer por Ricardo Lorenzetti en el sentido de que en la causa por el atentado a la Embajada de Israel se determinó la materialidad del hecho y la responsabilidad del Hezbollah en el ataque a la sede diplomática, pero se aclara que la investigación "continúa".
"Está probada la materialidad de los hechos –cómo ocurrió el atentado- y también señalada la responsabilidad penal de sus autores", dice el informe, para luego aclarar que "es en esta línea que el Sr Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación informó que ambas circunstancias (pilares de la investigación) han sido consentidas por las partes". Añade que "sobre esa base firme se continúa con la pertinente investigación, para lo cual se ha solicitado la necesaria colaboración internacional".
Ayer, durante la apertura del año judicial 2015, el presidente del máximo tribunal se refirió al trámite de la causa del atentado de la Embajada de Israel, luego de que en su discurso de inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso, la jefa de Estado Cristina Fernández de Kirchner cuestionara la actuación de la Corte. Lorenzetti afirmó que una composición anterior del tribunal ya había dictado sentencia al respecto: “Hubo una sentencia de 1999 que determinó la materialidad y la imputabilidad del hecho. Se encontró culpable al grupo Hezbollah. Es cosa juzgada”, afirmó.
En el breve informe publicado hoy por el CIJ, la Corte realizó un repaso de la causa a través de la secretaría a Canevari, que realiza el seguimiento especial de la investigación. El texto omite informar que en 2006 los miembros de la Corte Suprema de Justicia firmaron un fallo en el que declararon la imprescriptibilidad de la causa en la que se investiga el atentado contra la representación israelí en Argentina.

MACRÌ INTERCEDIO ANTE CFK POR TERRENOS QUE BOCA OKUPA EN EZEIZA A Boca de Jarro

Por Horacio Verbitsky
El domingo, luego de la inauguración del período de sesiones ordinarias del Congreso, la presidente regresó a la residencia de Olivos. Estaba con un grupo de colaboradores analizando los hechos de la jornada, incluyendo la repercusión de su mensaje, cuando su secretario le comunicó un llamado del jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que por la mañana también había abierto el año legislativo porteño.
Al anunciar la estatización de los ferrocarriles, Cristina había jugueteado con el diputado liberal Federico Pinedo: como Maurizio Macrì había dicho que compartía todos los principios del justicialismo, imaginaba que su bancada apoyaría la decisión. Pinedo respondió impertérrito desde su banca con el signo peronista de la victoria.
Cristina tomó el teléfono dispuesta a seguir la broma, pero Maurizio Macrì no mencionó los ferrocarriles ni los mensajes ejecutivos ante las respectivas legislaturas. “Quiero pedirte que le des una mano a Angelici, que tiene un problema en Ezeiza, y este año hay elecciones en Boca”, le dijo.
El dirigente de la Unión Cívica Radical Daniel Angelici, es empresario de juego, operador judicial del macrismo y presidente del club Boca Juniors, al que llegó con el apoyo de Maurizio Macrì. La camiseta alternativa del equipo de fútbol de Boca este año es amarillo Pro. El problema por el que se interesó Macrì es que Boca okupa unas 30 hectáreas dentro del perímetro del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, en las que está construyendo instalaciones deportivas, y la Policía de Seguridad Aeroportuaria intimó al club a interrumpir las obras, que cubren el espacio reservado para una nueva pista. Una parte de ese terreno fue concedida al club en forma ilegal por Alejandro Granados, cuando era intendente de Ezeiza. Otra parte fue okupada de hecho, con el consentimiento de la Policía Bonaerense. En septiembre de 2013, el gobernador Daniel Osvaldo Scioli designó para conducirla al ex intendente Granados, desde esa fecha ministro de Seguridad.
Angelici busca la reelección como presidente del club y entre quienes intentan desalojarlo de ese cargo están el dirigente sindical Víctor Santamaría y el senador kirchnerista bonaerense Santiago Carreras, con lo cual se completa el panorama. Como el magnate italiano Silvio Berlusconi, propietario del club Milan, Macrì comenzó su carrera política en la presidencia de Boca, que ocupó durante una década. Ante la negativa presidencial a intervenir en un tema de interés particular y político de Macrì, el lunes el apoderado de Boca Juniors Pedro Martín Wolanik intimó al director de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Germán Montenegro, que se dejara de molestar.

Ganar espacio al bosque

Invocando un decreto de la dictadura que gobernaba el país en 1957, el intendente de Ezeiza Granados solicitó en abril de 2008 al Ministerio de Defensa la cesión de un terreno dentro del bosque para construir instalaciones sociales y deportivas para los sindicatos de camioneros y peones de taxis. Propietario del restaurante El Mangrullo, Granados tiene experiencia en ganarle espacio al bosque. El 17 de diciembre de 2008 firmó con el ministerio de Defensa un acta convenio por la cual la Fuerza Aérea concedería al municipio una fracción del terreno que circunda el Aeropuerto Internacional. El municipio se comprometió a que el aprovechamiento del predio se circunscribiría a las actividades contempladas en el decreto 13.108/57: formaciones forestales, parque, balneario, actividades deportivas de esparcimiento. Podría hacerlo por sí o mediante subcontrataciones. Algunas áreas estaban ocupadas y otras en trámite de reasignación a la Administración Nacional de Aviación Civil, ANAC. Su administrador es el hijo del ministro, Alejandro Granados. En diciembre de 2009, sobre la base de aquella acta, la Fuerza Aérea firmó con Granados padre un convenio de cesión de 535 hectáreas “en la zona” del Aeropuerto Internacional por un lapso de diez años, prorrogables por otros cinco, por un canon de 36.700 pesos mensuales a partir del 10 de enero de 2010. El canon se renegociaría cada dos años con intervención del Tribunal de Tasadores de la Nación. Como la municipalidad de Ezeiza no pagó el canon comprometido, en octubre de 2010 la Fuerza Aérea remitió el expediente a la secretaría de Hacienda.
Lo que el Municipio sí hizo fue ceder una parte del terreno al Club Boca Juniors, por un convenio firmado el 28 de octubre de 2013, a un mes de la designación ministerial de Granados, y convalidado por una ordenanza del Concejo Deliberante el 9 de diciembre de ese mismo año, es decir un día antes de que asumieran los concejales electos en octubre. La concesión a Boca Juniors fue sin cargo, por 30 años, con 10 posibles de prórroga, cuando el municipio sólo puede disponer de esos terrenos por 10 años, extensibles a 15, y para realizar actividades distintas a las autorizadas. Según la versión del club, se construirían allí en una primera etapa dos canchas de fútbol de césped natural con tribunas, para partidos oficiales de aficionados; otras cinco para entrenamiento, también con césped natural; cinco canchas con césped artificial, una de ellas cubiertas; 16 vestuarios para jugadores, técnicos, cuerpo médico y árbitros de fútbol aficionado; playas de estacionamiento, baños, microcine, laboratorio, consultorios médicos, oficinas técnicas, utilería, indumentaria, sala de reuniones, cocina, comedor, gimnasios, oficinas administrativas, confiterías, juegos, depósitos, infraestructura de agua, electricidad, saneamiento, riego automático, iluminación, para fútbol amateur pero también profesional. En una segunda etapa se agregarían tres canchas de césped natural general y una de césped artificial cubierta, para entrenamiento de profesionales; seis vestuarios para jugadores y técnicos profesionales; gimnasio, servicio de hidroterapia, estacionamiento para el plantel profesional; área de prensa con estacionamiento y sala de conferencias con vista al parque, hoteles para jugadores profesionales y para el descanso cuando se entrenen en doble turno. El portal Infobae, de Daniel Hadad, atribuyó al club haber invertido ya cien millones de pesos en la obra.

“Presunta usurpación”

Pero Boca Juniors no se limitó a ocupar la fracción de terreno que el municipio no podía cederle por semejante plazo y con esa finalidad, sino que también avanzó sobre el perímetro del Aeropuerto Internacional. El 30 de enero de este año el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna) labró un acta de infracción a Boca por construir un predio deportivo en terrenos del Aeropuerto Internacional e intimó por telegrama al club a cesar la obra y liberar el terreno. El 3 de febrero, el gerente de asuntos jurídicos del Orsna levantó otra acta de infracción en el lugar, porque la obra no se detuvo y denunció la okupación ante la Policía de Seguridad Aeroportuaria. La denuncia fue girada al juzgado federal 2 de Lomas de Zamora, a cargo del juez subrogante Juan Pablo Augé, quien es un juez civil, comercial y contencioso administrativo de Lomas de Zamora. La causa se titula “Presunta Usurpación de Propiedad”. Augé se declaró incompetente y remitió la causa al juzgado federal 1, a cargo del juez Alberto Santa Marina, que estaba de turno cuando el Orsna realizó la primera inspección. Hace dos semanas el administrador de Aeropuertos Argentina 2000 en Ezeiza, Javier Eugenio Aschieri, hizo certificar por el escribano Andrés Ringuelet, que las obras del club se estaban realizando en espacio asignado al Aeropuerto Internacional, sin autorización de la empresa concesionaria. “Constato un espacio ocupado y cerrado en todo su perímetro, en todo lo que mi vista me permite divisar, con cerco tipo olímpico”. En su interior observó movimientos de tierra, un obrador de gran tamaño, maquinarias, materiales, construcciones de mampostería en pleno desarrollo y obreros trabajando. Un cartel en la calle anuncia un centro de entrenamiento de Boca Juniors.
El domingo 1º, Maurizio Macrì intentó una política de consenso con la presidente CFK. Pero ante la crispación del kirchnerismo que se niega al diálogo, el lunes 2 el apoderado de Boca Juniors impugnó y requirió la nulidad de las actas suscriptas el 19 y el 20 de febrero por el subinspector de la PSA Ariel Rébora, jefe de la Unidad Operacional de seguridad Preventiva de Ezeiza, quien les notificó que habían ocupado un predio el Aeropuerto Internacional y que el personal que trabaja allí, tanto obreros como empleados de seguridad, deben cumplir las normativas aplicables al personal aeroportuario, para lo que les dio un plazo de 72 horas. La PSA intimó a suspender toda actividad, y colocó personal policial para impedir el ingreso de cualquier persona y la realización de toda actividad. Mientras el Orsna, Aeropuertos Argentina 2000 y la PSA entienden que el 70 por ciento de la obra está dentro de la concesión aeroportuaria y sólo el 30 por ciento en los terrenos que la Fuerza Aérea le cedió al Municipio, Boca Juniors niega que su centro de entrenamiento avance sobre la jurisdicción aeroportuaria y considera que las decisiones de la policía de aeropuertos constituyen “vías de hecho lesivas del ordenamiento jurídico, de derechos y garantías constitucionales”.
La República y la División de Poderes están en juego y no sólo en Boca hay elecciones este año.

LA AGRUPACION ADVIRTIO SOBRE SU ACTUACION EN LA DICTADURA Un médico denunciado por Hijos

Por Ailín Bullentini
Mario Alberto Figueroa es, aún por estas horas, jefe del Servicio de Hematología del porteño Sanatorio Otamendi. Hijos denunció que hace casi 39 años era titular de la misma área en el Hospital Militar Central, donde se desempeñó durante al menos los primeros meses del último golpe militar que sufrió el país. Su nombre está involucrado en por lo menos dos muertes de militantes y dirigentes políticos asesinados por el terrorismo de Estado que imperó entonces, pero no fue aún citado a declarar en ninguna investigación judicial. Hijos difundió públicamente el desempeño de Figueroa en el Otamendi, uno de los sanatorios más exclusivos de la ciudad de Buenos Aires, cuyas autoridades recibieron la denuncia de los vínculos de Figueroa con el genocidio, pero aún analizaban qué medidas tomar, explicaron desde la agrupación.
Hijos recibió hace unos días el dato: Figueroa, uno de los tantos médicos que “rompieron su juramento de proteger la vida” al participar de los múltiples crímenes contra la humanidad que cometió el terrorismo de Estado entre 1976 y 1983 –complicidades en torturas, robo de bebés y asesinatos, por englobar los delitos de manera general–, no sólo seguía vivo, sino que además continuaba en actividad. En esta ocasión, en un sanatorio civil, el Otamendi. La misma denuncia que recibió la agrupación fue enviada a esa institución, desde donde aseguraron estar “revisando la situación”, trascendió.
“Para nosotros es una denuncia de extrema gravedad. Entendemos que Figueroa ha sido señalado en, al menos, dos casos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, lo que de mínima vuelve correspondiente una investigación sobre su accionar”, explicó a este diario Amy Rice Cabrera, de Hijos. Bernardo Alberte tampoco duda en señalar al médico como “integrante del engranaje del terrorismo de Estado”. Su papá, del mismo nombre, militar y peronista “revolucionario” –fue el delegado del líder exiliado durante la segunda mitad de la década del ’60–, fue la primera víctima oficial del genocidio del ’76.
Tres horas después de declarar las Fuerzas Armadas el último y más violento golpe de Estado a las autoridades democráticas argentinas, el 24 de marzo de 1976, Figueroa rechazó, desde su puesto de jefe de Guardia, el ingreso al Hospital Militar del cuerpo de Bernardo Alberte, militante peronista que había sido arrojado desde el sexto piso del edificio donde vivía por una patota militar-policial. El cuerpo del hombre fue depositado, muerto, en la comisaría porteña Nº 31. “Mencionamos a Figueroa en la primera querella que presentamos por el asesinato de mi papá, ese mismo año. Pero nadie lo llamó a declarar y la verdad es que el hombre puede tener información importante para saber quién integró la patota que tiró a mi papá por la ventana”, explicó Alberte hijo, que tenía 27 años cuando aquello sucedió.
Junto a su mamá y su hermana comenzaron a andar el camino judicial para evitar que aquella muerte no quedara impune: dos jueces civiles y 14 militares se declararon incompetentes frente al expediente durante la dictadura. Con la vuelta de la democracia, la causa fue impulsada levemente y archivada luego de las leyes de Impunidad. Recién en 2005, cuando esas normas cayeron, la investigación se reactivó. Actualmente está a cargo de Daniel Rafecas. Alberte hijo informará de las novedades sobre Figueroa a ese juez. “Lo importante es que este hombre sea echado del sanatorio para que no esté en contacto con ningún paciente”, remarcó.
En la muerte de Eduardo Piroyansky la participación de Figueroa es pública y denunciada por los organismos de derechos humanos. En septiembre de 1976, el médico firmó el certificado de defunción que avaló la versión militar que sostenía que Piroyansky, militante de la Juventud Peronista, había muerto a los 29 años en un “enfrentamiento con fuerzas conjuntas”, detallan desde Hijos. Así la historia fue contada en la edición del diario La Nación del 29 de septiembre de 1976. Sin embargo, como sucedió con miles de militantes políticos, Piroyansky fue, en realidad, secuestrado y asesinado a golpes por las fuerzas de seguridad.

› EL EXTRAÑO CASO DE LA COSA JUZGADA SIN JUICIO La causa "sigue abierta" pero "estancada"

“En el 2006 yo me presenté como querellante y la causa sigue abierta con la presión que hacemos los familiares para que se declare delito de lesa humanidad”, aseveró Susevich, cuya hija murió en la explosión del edificio de la calle Arroyo y Suipacha, el 17 de marzo de 1992.
En este sentido, consignó que, si bien “la causa en este momento está estancada”, los familiares comenzarán a “tratar de que se mueva lo más rápido posible, sobre todo a ver si toman en cuenta la investigación sobre la conexión local que colaboró para que ocurriera el atentado”.
Durante una entrevista con Metro, el hombre y único querellante en representación de los familiares en la causa por el atentado contra la embajada de Israel salió al cruce de lo señalado ayer por el titular de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, quien aseguró que se trata de “cosa juzgada”.
"Con el resto de los familiares trataremos de consensuar a ver si hacemos o no una presentación frente a la Corte Suprema. Lo decidiremos en los próximos días, antes del acto del 17 de marzo”, consignó Susevich, quien confirmó la convocatoria a un acto en el lugar del ataque para ese día, en Arroyo y Suipacha, al cumplirse un nuevo aniversario del atentado.
Por otro lado, Susevich diferenció el atentado de la representación diplomática del atentado contra la sede de la AMIA: “El de la Embajada tiene connotación política, diplomática y, también, de orden financiero y económico; el de la AMIA, es un organismo nacional que agrupa a la comunidad”.
“Son dos cosas totalmente distintas y dos objetivos completamente diferentes”, aseveró Susevich, padre de una de las 29 víctimas del atentado a la embajada de Israel en Buenos Aires.