viernes, 27 de febrero de 2015

OPINION Derechas gemelas

Por Emir Sader
La derecha latinoamericana nunca estuvo tan débil. Pierde sucesivamente elecciones en países como Brasil, Argentina, Uruguay, Bolivia, Ecuador, Venezuela, El Salvador. Nunca estuvo tanto tiempo desalojada del gobierno en esos países como ha estado en este siglo.
Las trasformaciones sociales llevadas a cabo por los gobiernos de esos países, los avances en los procesos de integración independientes respecto de Estados Unidos y la recuperación del rol activo del Estado han llevado al aislamiento de la derecha en la región.
Estados Unidos siempre ha jugado con la división y la competencia entre gobiernos de la región para mantener su poder. Fue así, por ejemplo, a lo largo de todo el proceso de renegociación de las deudas de los países, que nunca han logrado hacerla colectivamente.
Golpe durísimo en ese juego fue la sólida alianza sellada entre los gobiernos de Argentina y Brasil, con la elección de Lula y de Néstor Kirchner para presidir dos de los tres países más grandes de la región. Esa alianza, que nunca fue tan sólida entre Argentina y Brasil, es el eje a partir del cual los procesos de integración regional se consolidan y se expanden, factor del mayor aislamiento de EE.UU. en América latina.
Las derechas argentina y brasileña tienen enormes similitudes, porque ambas se han reorganizado alrededor de los dos gobiernos populares más importantes que han tenido esos países en el siglo XX: los de Perón y de Getúlio Vargas. Por ello son derechas elitistas, oligárquicas, racistas, antinacionales.
Es la derecha que intentó tumbar a Vargas en 1954 y lo llevó al suicidio. Es la que volteó a Perón en 1955 y llevó a la Argentina a iniciar el ciclo de acción de militares gorilas en la región. Es la derecha que dio finalmente el golpe en Brasil en 1964 e instauró la más larga dictadura en la región. Es la misma derecha que intentó hacer lo mismo en 1966 en Argentina, pero vio frustrado su golpe. Tuvo que volver a la carga en 1976, para cerrar el círculo de terror de las dictaduras en el Cono Sur.
Es la misma derecha que no se resigna a que sean gobiernos populares los que rescaten a Argentina y Brasil de los desastres producidos por la derecha –de las dictaduras militares a los gobiernos neoliberales–. De nuevo sienten que la promoción de los derechos de las grandes mayorías populares dan la base de sostén a esos gobiernos, de modo que profundizan su odio hacia ellos y sus bases populares.
Los pretextos son similares: la situación económica sería caótica, como si la que han dejado como herencia a estos gobiernos no fuera catastrófica. La corrupción, como si no fueran sus gobiernos militares y neoliberales los que han protagonizado los casos de corrupción más grandes de la historia de esos países, especialmente en los procesos de privatización de los bienes públicos.
Amenazan con nuevos golpes, con impeachment –procesos en que sólo ellos mismos creen–, porque no tienen confianza en obtener mayoría para triunfar en las elecciones, a pesar de contar con el monopolio de los medios de comunicación como su gran triunfo. Lo hacen como forma de intentar desgastar a los gobiernos de Cristina y de Dilma. No tienen formas democráticas, transparentes, de oponerse a los gobiernos de esas dos grandes mujeres latinoamericanas, mujeres de trayectoria, de coraje, de compromiso con la defensa de los intereses populares, de sus países y de América latina.
No tienen razones ni apoyo para cualquier intento de derrumbar a esos gobiernos. De lo que tratan es de poner obstáculos a que los programas sociales sigan adelante, superando las terribles herencias que han recibido de la derecha y consolidando cada vez más el apoyo popular a sus gobiernos.
Los medios internacionales suelen reflejar lo que la prensa de derecha de esos países publica diariamente, contribuyendo a difundir una versión falsa de lo que realmente pasa. Son poderosos grupos monopólicos mediáticos –que tienen en The Wall Street Journal, en el Financial Times, en The Economist, en El País algunos de sus órganos más conocidos–, que repercuten la guerra que las derechas latinoamericanas hacen diariamente, buscando crear imágenes internacionales negativas de esos gobiernos. Felizmente ya hay órganos alternativos que permiten que la verdadera cara no sólo de Argentina y de Brasil, sino también de Uruguay, de Venezuela, de Ecuador, de Bolivia, de Cuba, puedan llegar a sectores cada vez más amplios de la opinión pública mundial.

El riesgo de polarizar en un sistema sin partidos


Por Martín Rodríguez
La lógica de las presidenciales de la región fue la polarización. Su impacto en una Argentina donde prevalece la centralidad peronista.
Desde hace un tiempo la fórmula política está dictada por la región: polarizar la elección. Para eso se necesita un candidato capaz de encarnar la credibilidad de esa polaridad. Brasil mostró confrontación electoral y cautela en el inicio de la gestión: a la polarización (impulsada también por sus “rivales” ideológicos) le siguió el comienzo de un segundo mandato donde Dilma, como escribió Eric Nepomecuno en Página 12 el 18 de enero, “a la hora de elegir quién sería su ministro de Hacienda buscó nombres en la banca privada”. Lo cierto es que el fin de las vacas gordas de los commodities, la desaceleración económica, etc., coloca a la región y sus gobiernos ante desafíos más complejos, con hojas de ruta menos lineales. Entre las denuncias de corrupción y los aires ortodoxos en la economía brasileña, este segundo mandato de Dilma se inicia problemático. Veremos.
Mi hipótesis es que Brasil o Uruguay (dos países que tampoco reformaron la Constitución), a diferencia nuestra, tienen partidos o estructuras políticas que aseguran menos vértigo en sus transiciones internas. Leo a menudo politólogos interesantes como Andrés Malamud, que desestiman este lugar común de que “los partidos políticos no existen”. Perdón Andrés, y perdón a muchos que respeto, pero adhiero a ese lugar común, a riesgo de idealizar un pasado donde los partidos sí existían plenamente, y al país no le solucionaban nada. Y hago una salvedad: parte de la política argentina hoy está pendiente de lo que se resuelva en la convención radical de los próximos días. Si el peronismo se olvidó del partido para no olvidarse de la gente, el radicalismo, que se olvidó de la gente pero no del partido, ahora encuentra en eso su fortaleza. Hay otras excepciones: el Movimiento Popular Neuquino (MPN). Vale mencionarlo.
La preexistencia peronista ha sido para el kirchnerismo un atajo de gobernabilidad tanto como un punto muerto a la hora de construir la organización “propia”. El PJ asegura demasiadas cosas como para hacer el gasto de construir algo nuevo o alternativo a él. Hubo intentos, aburre nombrarlos (transversalidad, concertación plural, etc.), quedaron “ahí”, sobre todo porque la dinámica política hizo necesitar al gobierno de espaldas institucionales (gobernaciones, intendencias, sindicatos). ¿Es el peronismo (PJ) un partido? ¿Qué clase de estructura es? Ricardo Sidicaro lo definía como una coordinadora de gobernadores con “recuerdos en común”. La forma más rápida de advertir su forma está en la palabra Estado. Es un partido de Estado, aunque no sea sólo Estado.
Volvamos a la región. Lula no es Dilma, Pepe no es Tabaré, pero en cada caso hay una estructura partidaria que compensa los péndulos internos. Todos entienden la dimensión del cambio que significa pasar de Mujica a Tabaré, pero sin mortificarse ante un abismo. Rupturas y continuidades. La política argentina solucionó su crisis de representatividad con liderazgos fuertes e ideológicos (Kirchner, Macri), pero no su crisis de partidos, y no reformó la Constitución como para “eternizar” un liderazgo en el poder. Mucho liderazgo populista, pero la Constitución es la misma. Y ese desfasaje se sufre con todos los condimentos anotados en el horizonte: la herencia militante, la suerte judicial, los giros ideológicos.
Como dijo el ya citado sociólogo Ricardo Sidicaro sobre el 2001: “gritamos que se vayan todos y se fueron los partidos”, en la Argentina subsiste una idea que combina principios y estado gaseoso, ya que si bien los liderazgos ostentan líneas ideológicas, lo cierto es que la existencia de un partido funcionaría como contención pero también como límite, es decir, le daría a la política mayor previsibilidad. Un horror para el populismo teórico o para los asesores posmodernos. El kirchnerismo elogia la centralidad de CFK y la basa en un rasgo que para otros sería mortificante: nunca se sabe qué va a hacer, de qué va a hablar, por dónde va a salir. Ministros o funcionarios se enteran de cambios que los involucran mirando una cadena. Todavía resuena la pieza ochentona del “discurso de Parque Norte” como el momento wagneriano de los demócratas: un presidente, un Estado, un gobierno y un partido perfectamente distinguidos unos de otros. Pero no somos ilusos: los mejores momentos del bipartidismo soñado no fueron claves de éxito económico o social. Y el ordenamiento de centroizquierda y centroderecha con el que Alfonsín, Chacho Álvarez, Néstor Kirchner o CFK soñaron tiene un obstáculo en la centralidad del peronismo, que impone la reducción de ese sueño: centroizquierda peronista versus centroderecha peronista.
Para este 2015 Scioli intentó catapultarse como “candidato natural” previendo no sólo la captura de un voto por afuera del techo kirchnerista, sino también del voto kirchnerista silencioso. Apuestan al voto de los que quisieran un cambio moderado, y también un voto kirchnerista que confía en que el conservadurismo de Scioli es tal, que no desandará todo el camino de estos años. Pero en estos meses emergió un candidato nuevo: Randazzo. ¿Por qué Randazzo “mide” (aunque sea un poco más que los otros)? ¿Por su “pureza ideológica”? Más bien parece un peronista clásico, del interior de la provincia de Buenos Aires, con las dosis manejables de sentido común + progresismo adaptable + lenguaje llano + “en la economía… vemos”. Si su fuerza dependiera de representar al kirchnerismo auténtico medirían algo un Rossi o Domínguez, hombres con perfiles más culturalmente identificados con las ideas kirchneristas.
La virtud hasta ahora de Randazzo no viene de esas “garantías ideológicas”, sino de su contrario: construyó un perfil basado en “temas propios” (se apropió de los DNI y de la política ferroviaria), que revela también en una parte del voto sentimental kirchnerista la preferencia por alguien que no viene a hacer playback del relato sino también a mostrar un peso específico. No es que no sea kirchnerista (sino, al final, el kirchnerismo sólo resulta la identidad de los intelectuales de Carta Abierta). Randazzo es un político sencillo, menos diferente de Massa, Scioli o Macri de lo que se quisiera por más que su camino electoral incierto implique encarnar duramente esa polaridad deseada por el gobierno.

ECONOMIA PRESENTO UNA MOCION DE APELACION ANTE LA CAMARA DE NUEVA YORK Argentina jugó otra ficha por la deuda

Por Cristian Carrillo
El Gobierno envió ayer el escrito ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York para pedir que habilite una instancia de revisión a la orden de desacato dictada en septiembre último por el juez Thomas Griesa. La moción de apelación es en respuesta a la presentación de los fondos buitre para que se niegue a la Argentina esa instancia de defensa. Desde Economía explicaron que, si bien el desacato no tuvo efectos prácticos para el país, debe permitirse apelar esta singular orden del magistrado neoyorquino. En caso de que este tribunal acepte el pedido argentino, se abriría un nuevo plazo para fundamentar el rechazo a la decisión del juez Griesa. En el escrito elevado ayer se adelantan además algunos de los fundamentos –que se habían esgrimido en septiembre– contra la orden de Griesa, que viola los principios de igualdad e inmunidad soberana, dado que esta figura jurídica de desacato no sería aplicable a países por temas de deuda.
“En el escrito presentado hoy (por ayer), la Argentina refuta la moción de los fondos buitre, quienes de manera maliciosa y contradictoria con la propia campaña de difamación que iniciaron, ahora dicen que la Corte de Apelaciones no debería ni siquiera dar trámite a la apelación, ya que la declaración de desacato del juez Griesa no reviste ninguna importancia y no contiene ni sanciones monetarias ni ninguna otra consecuencia práctica”, señala el comunicado de Economía. El 29 de septiembre pasado el juez Griesa dictó el desacato al aprobarse en el país la Ley de Pago Soberano, a través de la cual el Congreso habilitó al Ejecutivo a utilizar un fideicomiso del Banco Nación para depositar los servicios de deuda para asegurar que los fondos lleguen a los tenedores de deuda argentina reestructurada y no sean trabados en las cámaras compensadoras que responden a las órdenes de Griesa.
Para Griesa, esa decisión violaba su fallo de 2012 sobre la controversial interpretación de la cláusula pari passu, a través de la cual se obliga al país a pagar unos 1330 millones de dólares en capital e intereses de sus tenencias en bonos en default que no fueron canjeados en 2005 o 2010. La orden de desacato no tuvo efectos prácticos. No obstante, “Argentina no va a dejar de cuestionar cualquier orden de un juez extranjero que opine y se entrometa ilegalmente sobre actos dictados por nuestro país como un Estado soberano”. “Resulta inadmisible bajo las reglas del derecho internacional público que un juez extranjero declare en desacato a la República Argentina por actos llevados a cabo dentro de su propio territorio y en estricto cumplimiento de las disposiciones de la propia Constitución Nacional y de leyes de orden público dictadas por el Congreso de la Nación”, detalla.
El bufete que representa al país hizo la presentación correspondiente al desacato, tras lo cual el grupo de fondos buitre que encabeza NML Capital, propiedad de Paul Singer, solicitó a la Cámara de Apelaciones neoyorquina que desestime el pedido argentino. Fue entonces que se fijó la fecha del 26 de febrero para que el país fundamente su pedido. El eje del escrito es que la orden de Griesa es contraria al principio de igualdad soberana y viola la inmunidad de la que goza todo país. La presentación explica que “la renuncia a la inmunidad consentida en los bonos emitidos en los ’90 no le confieren a la Justicia de Nueva York la facultad para revisar actos realizados por la Argentina en su carácter de Estado soberano en su propio territorio”. “De acuerdo con la propia opinión del gobierno de Estados Unidos, la legislación de dicho país no habilita a sus tribunales a siquiera analizar la validez de los actos de otros estados soberanos dentro de sus propios territorios, y mucho menos de dictar órdenes de desacato en relación con dichos actos soberanos”, ratifica el escrito jurídico.
En ese texto se anticipa también lo que sería la posición argentina ante la posibilidad de defensa que pueda habilitar la cámara. En esa situación, se reiterará que el país tiene el derecho de cambiar la jurisdicción de pago de su deuda siempre que se respeten las condiciones originales de la emisión (moneda, intereses y plazos). “La Argentina espera que la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York rechace la moción de desestimación y proceda a analizar de manera completa la apelación presentada contra la orden de desacato de Griesa”, según el comunicado. La respuesta de la cámara demandará un mes.

EL JUICIO A LA APROPIADORA DE JAVIER PENINO VIÑAS, ANA MARIA GRIMALDOS En el camino de la verdad y la justicia

Por Alejandra Dandan
Antes o después, Carlos Viñas dijo lo que intenta transmitir cada vez que empuja un pedazo de papel en la Justicia. “Es muy importante que Javier, que está tremendamente presionado, sepa que es duro, que posiblemente me esté odiando, pero soy el tío y soy el hermano de la mamá –explicó–. Y tengo el deber, como lo tendrías vos en una situación parecida, de exigir esto: como ciudadano, exijo al Estado argentino que aplique una condena ejemplar a una persona que se fugó por 24 años. Que no es ajena a todo lo que estaba pasando. Desde que nosotros detectamos esto, se difundió, lo supo toda la familia.”
Carlos Viñas declaró en la segunda jornada del juicio oral por la apropiación de su sobrino, Javier Gonzalo Penino Viñas, hijo de su hermana Cecilia y de su cuñado Hugo Penino. El TOF 4 juzga en los tribunales de Retiro a Ana María Grimaldos, la mujer a la que Javier aún menciona como “madre adoptiva”, que es la esposa de Jorge Vildoza, segundo jefe de la ESMA, supuestamente muerto. Cecilia Viñas dio a luz en la ESMA a Javier en septiembre de 1977 y pocos años más tarde fueron apareciendo las primeras denuncias que indicaban que Vildoza se había robado a ese niño. Desde entonces, Carlos motoriza la búsqueda de Javier y más tarde impulsó las causas contra los responsables de su apropiación. En ese contexto es quien mantiene el vínculo más difícil con su sobrino, que defiende a Grimaldos.
Carlos declaró varias horas sobre el laberinto que lo llevó a buscar pistas en los lugares abandonados de Mar del Plata que podían haber sido centros clandestinos. Tragó saliva frente a quienes se le presentaban como espías y ofrecían pistas falsas. Fue, vino y volvió a ir a Paraguay cuando Stroessner protegía a los marinos. Buscó al sobrino en todos los colegios privados de Asunción. Recorrió el Borda, el Moyano y la Colonia Open Door porque la policía le dijo que buscara a su hermana entre los pacientes psiquiátricos. “La única cosa que se les ocurrió proponerme (la policía federal del año 1984) fue recorrer todos los centros psiquiátricos. Hasta que un día dije ‘no voy más a ningún lado, si no me voy a quedar en alguno’. Otros familiares y las Abuelas me daban fotos para que cuando yo estaba ahí viera si reconocía a alguna persona que no fuera mi hermana. Eso fue muy desgastante. Muy doloroso.”

Las llamadas

Cecilia llamó ocho veces a su familia entre el 21 de diciembre de 1983 y el 19 de marzo de 1984 desde algún lugar del infierno, con la voz partida, y como parte de un grupo de sobrevivientes que aún seguían cautivos. Pedía un rescate que nunca se concretó y preguntó por su hijo. “Me dijo que a Hugo no lo había visto desde el primer día del secuestro y me pidió encarecidamente que buscara a su hijo. ‘Buscame al nene’, me dijo –relató Carlos–. Y yo voy a salir recuperada y lo voy a buscar también’. Hoy, acá, estoy comprometido con eso.”
La cinta, la única llamada que la familia pudo grabar y pasó desde entonces por miles de juicios, ayer volvió a ser oída en la sala a pedido de los fiscales. Los jueces le preguntaron a Javier y a su abuela Cecilia Pilar Fernández de Viñas si querían quedarse a escucharla. Dijeron que sí. Cecilia habla en esa grabación con su madre. Su madre le dice “hijita”, yo estoy sola, puedo ir a cuidarte donde estés, y a tu hijo.
Carlos declaró varias horas y levantó poco los ojos. Sobre todo lo hizo buscando la cara de Javier. Le dijo que el juicio no era una “venganza”, sino un acto de “justicia”. “Estoy cumpliendo con una misión, con el compromiso que hice con los padres de mi sobrino y cumpliendo con mantener con vida la memoria. Estoy diciendo toda mi verdad.”
Javier golpeteó la mesa con la mano derecha. Lo hacía más rápido cuando algo no le gustaba. Más lento otras veces, como pensando. Viñas no habló demasiado del dinero de los Vildoza, del robo de bienes y las causas pendientes, pero algo dijo. En esos momentos los golpeteos eran más fuertes. “Tomo en cuenta cómo se sentiría él”, dijo Carlos. Y agregó cosas de tío: “Romper con la red urdida por los apropiadores es doloroso. Lo sé. Uno le saca el cuchillo a un chico para que no se lastime, capaz que se enoja, pero le estamos haciendo un favor”. O respondió también una pregunta de las defensoras. Le preguntaron si Javier le había pedido algo sobre Grimaldos. Carlos dijo que sí, que se habían encontrado hace un año y él le habló del agradecimiento que sentía hacia estas personas por cómo lo criaron. “Es un tipo que destila bondad, que reconoce, pero no es suficiente cuidar algo que te robaste y cuidar a alguien que te robaste de la panza de la mamá. Creo que es un proceso que él tiene que vivir y tiene que digerir y me duele mucho que me hagan forzar a decir cosas que lo hagan sufrir, pero esto es así.”

El médico

En la audiencia declaró también el médico que atendió a Javier cuando tenía cinco años. Pediatra de la clínica Santa Ana y dibujante de la revista Humor, Jorge Hipólito Meijide hizo una de las primeras denuncias en Abuelas. También declaró Guadalupe Penino, la hermana de Hugo, madre de cinco hijos, hoy adultos, embarazada de nueve meses cuando Cecilia estaba de siete meses. Guadalupe es la tía con más relación con Javier. Mantiene contactos desde que él recuperó su identidad, en 1998. Lo recibió a Javier en Mar del Plata varias veces. Una de las cuales llegó con una carta de Vildoza y un álbum de fotos, encabezada hacia su abuelo “estimado Reynaldo Penino”.
“Sé que no es fácil compatibilizar nuestros sentimientos recíprocos, aún más, es casi imposible. Pero eso no obstaculiza mi intención de expresarle mis mejores deseos para usted, hijos y nietos de que pasen una Muy Feliz Noche Buena, Navidad y que reciban en la mejor unión en nuevo año 2000.”
La abogada defensora de Grimaldos le preguntó a Guadalupe cómo era la relación de Javier con su abuelo Viñas, buscando mostrar que esos vínculos no se habían cortado. Que los promueven los Vildoza, en el marco de la idea de la solución sudafricana, de una verdad sin el proceso de justicia. En ese contexto, responsabilizan en todo caso a Vildoza, que está muerto, de la apropiación, pero no a Grimaldos, a quien presentan como quien crió a ese niño sin saber de dónde provenía.
–¿Cómo era la relación de Javier con el abuelo?
–Muy linda –dijo la mujer–, porque mi papá era una persona muy buena. Y cuando aparece Javier la alegría fue inmensa. El abuelo no quería hacer juicio. Te llames como te llames, decía, sos el hijo de mi hijo. Pero yo creo en la Justicia y me alegro de estar sentada en el tribunal.

PARA LANATTA Y COMPAÑIA.....

 EN LOS ULTIMOS QUINCE AÑOS, EN MEXICO, 103 PERIODISTAS HAN SIDO ASESINADOS Y 25 ESTAN DESAPARECIDOS

Noticias que no tienen quien las cuente

Por Gerardo Albarrán de Alba
Página/12 En México
Desde México D. F.
¿Qué tiene que pasar para que el mundo vea a México como lo que es: la tumba de los derechos humanos? La pregunta del periodista italiano Federico Mastrogiovanni queda en el aire frente a escritores, ensayistas y periodistas nacionales y extranjeros que el fin de semana participaron en una jornada de protesta organizada por PEN México, como parte de las actividades de la misión que realizó durante esta semana el PEN Club International.
El escenario no es alarmista ni mucho menos gratuito: en sólo ocho años, más de 162 mil personas han sido asesinadas y por lo menos 22 mil están desaparecidas. Y la prensa que debería contar estas historias está sometida a la censura criminal o a la autocensura de sobrevivencia. Plata o plomo ha sido la alternativa para muchos reporteros, fotógrafos y editores. Según cifras oficiales de la Procuraduría General de la República (PGR), en los últimos quince años, 103 periodistas han sido asesinados y 25 están desaparecidos.
La administración del priísta Enrique Peña Nieto debe garantizar la libertad de expresión y la libertad de prensa “antes de que la violencia se trague a la democracia mexicana”, advirtió el canadiense John Ralston, presidente del PEN Club International, ante senadores de la Comisión de Justicia, cuyo presidente, Roberto Gil Zuarth, del derechista Partido Acción Nacional, reconoció que el país padece la violencia criminal “en un contexto de debilidad institucional”.
México se hundió en una espiral de violencia que costó la vida de 121.683 personas en el sexenio de Felipe Calderón, entre 2006 y 2012. En los primeros 23 meses en Los Pinos del priísta Enrique Peña Nieto asesinaron a 41.015 personas. Dentro de estas cuentas, los casos de los periodistas asesinados y desaparecidos parecieran diluirse, pero según Ralston el 90 por ciento de los crímenes cometidos contra periodistas mexicanos queda impune, en gran medida debido a la “falta de voluntad política para lidiar con el problema”.
En la que fue la tercera misión de PEN Club International en este país por tercer año consecutivo, miembros de esta organización sostuvieron encuentros con senadores, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y los secretarios de Gobernación y de Relaciones Exteriores. En conferencia de prensa, el escritor y ensayista John Ralston aseguró que en México existe una “no santísima trinidad” de corrupción, violencia e impunidad que “sólo va a resolverse cuando haya una masa crítica de investigaciones, arrestos, juicios y sentencias en contra de los responsables de las agresiones contra periodistas, y no sólo criminales o policías, sino también altos funcionarios”.
En la reunión con integrantes de la Comisión de Justicia del Senado de la República se presentó un reporte estadístico de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión de la PGR, el martes pasado. El registro abarca los 103 periodistas asesinados y los 25 de-saparecidos entre el 1º de enero de 2000 y el 31 de enero de este 2015, pero no incluye el creciente fenómeno de periodistas desplazados de sus lugares de origen ni mucho menos el exilio de una veintena de reporteros y fotógrafos que han debido huir del país –algunos con todo y familia– en busca de asilo en Canadá, Estados Unidos, España y Alemania, entre otros países.
Todo esto ocurre porque en México “hay una ‘no santísima trinidad’ de corrupción, violencia e impunidad que sólo va a resolverse cuando haya una masa crítica de investigaciones, arrestos, juicios y sentencias en contra de los responsables de las agresiones contra periodistas, y no sólo criminales o policías, sino también altos funcionarios”, dijo Ralston.
Al menos cinco casos han ocurrido en la administración de Peña Nieto, según datos de Reporteros Sin Fronteras. Para la Fiscalía Especial, Chihuahua y Veracruz son los estados más peligrosos, con 16 periodistas asesinados en cada Estado, seguidos por Tamaulipas, con 13, y Guerrero, con 11.
La postura de PEN coincide con el informe sobre derechos humanos presentado esta semana por Amnistía Internacional, en el que se denunció que los periodistas y defensores de derechos humanos en México continúan sufriendo hostigamientos, amenazas e incluso asesinato.
El presidente del PEN Club International dijo que la administración de Peña Nieto “ha malgastado por dos años el tiempo y el bienestar de su gente al pretender que podían lidiar con la crisis negando o apagando la discusión pública de la misma, como si fuera un problema de relaciones públicas”. Aun más, el gobierno mexicano rápidamente perdió “todo sentido de la realidad”, como lo demostró “de una manera inesperada” la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
Previamente, el fin de semana, el PEN premió al periodista italiano Mastrogiovanni junto al reportero español Pablo Ferri, ambos por investigaciones periodísticas relacionadas con desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales a manos del ejército mexicano. Una reportera mexicana fue premiada, pero debió permanecer en el anonimato, ante el riesgo que corre tras haber expuesto una red de prostitución dedicada a complacer al presidente del PRI en el Distrito Federal. También se reconoció a la oficina de Artículo 19 para México y Centroamérica. El premio más emotivo se entregó a la escritora y periodista Elena Poniatowska, por toda su obra.
En realidad, no fue una celebración, sino un reclamo por libertad de expresión irrestricta y una protesta contra la corrupción sistémica que alienta los asesinatos y las desapariciones por todo el país. El tono de la acción “PEN pregunta” lo dio Mastrogiovanni: “Después de ver políticos grotescos que venden su país a empresas y criminales o empresas criminales; después de ver la mentira del Estado como única forma de hablarle al pueblo; después de ver a 43 estudiantes desaparecidos, a un Estado buscar respuestas inaceptables, ridículas, grotescas, para cubrirse después de practicar la tortura impunemente. Después de todo esto, ¿qué tiene que pasar para que dentro y fuera de este país se empiece a hablar de crímenes de lesa humanidad? Después de todo esto, ¿qué más tiene que pasar para que se empiece a ver a México y se le califique como lo que es: la tumba de los derechos humanos?”.
Poniatowska remató: “Quienes estamos aquí amamos a México y nos resulta imposible desligar este premio de las desapariciones de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa y de la gran fosa en la que se ha convertido el Estado de Guerrero –dijo–. Gracias a los jóvenes y a sus marchas admirables, surge un movimiento que ya no es de desahogo, sino de rabia”.
Página 12

PD LEUCO, MAJUL VENTURA MORALES SOLA EMPLEADOS DE CLARIN Y LA NACION, A QUE LE TIENE MIEDO EN LA ARGENTINA?
GB

LA FISCAL INICIO LA INVESTIGACION POR LA DENUNCIA EN LA SI Los importados de Stiuso

Por Ailín Bullentini
La fiscal María Gabriela Ruiz Morales requirió ayer el inicio de la investigación sobre los ex agentes de Inteligencia Antonio Stiuso, Nicolás Mercado y Alejandro Patrizio por presunto contrabando, al impulsar la denuncia que contra aquellos tres presentaron Oscar Parrilli y Juan Martín Mena, secretario y subsecretario de Inteligencia respectivamente, el lunes pasado. Las autoridades de la SI acusaron a los ex espías de utilizar en beneficio propio los regímenes especiales con los que cuenta el organismo para importar bienes sin pagar impuestos y evitando controles sobre las cargas. La fiscal solicitó al juez que entiende en la causa, Rafael Caputo, que investigara el posible encubrimiento del hecho por parte del ex secretario de Inteligencia Héctor Icazuriaga. Así lo había denunciado el miércoles ante el mismo Juzgado en lo Penal Económico, el número 3, el diputado radical Manuel Garrido. Caputo recibió el dictamen de Ruiz Morales y elaboró las primeras medidas: oficios a diferentes organismos del Estado, en su mayoría. Algunos ya fueron enviados y otros serán remitidos durante las primeras horas de hoy.
Ruiz Morales entiende en la causa a partir de su responsabilidad interina sobre la fiscalía en lo Penal Económico 6. El expediente llegó a sus manos el miércoles al mediodía. Más temprano, Caputo había citado a Mena para que ratificara la denuncia. El subsecretario aportó más documentos para respaldar la demanda. No fue el único testimonio que recabó Caputo aquella mañana: también llamó a Darío Galván, el agente de la SI a quien Parrilli habría encargado efectuar “un amplio relevamiento interno de las operaciones de importación”. Desde el Juzgado en lo Penal Económico 3 confirmaron el testimonio, aunque lo enmarcaron en la ratificación general del hecho denunciado.
“Así planteadas las cosas, teniendo en cuenta por el momento los dichos de los denunciantes y el testimonio prestado por Galván, es razonable conjeturar que el caso bajo examen giraría en torno del ingreso al país de mercadería de origen extranjero, documentado a nombre de la SI, cuyo destino resultaría incierto, invocándose y utilizándose falsamente el régimen de importación de material técnico secreto, bajo el amparo de la legislación vigente en la materia, hechos éstos que habrían tenido lugar, por lo menos durante los años 2013 y 2014, en un número por el momento indeterminado de destinaciones de importación”, dictaminó la fiscal, que además solicitó “numerosas medidas de prueba” que no trascendieron.
Fuentes judiciales confirmaron a este diario que Caputo ya comenzó a trabajar en esa línea a partir de una serie de medidas elaboradas que acabarán de ser puestas en funcionamiento en las primeras horas de hoy y que buscan determinar qué mercaderías integraron las 94 toneladas de importaciones en análisis, a quién fueron compradas y la responsabilidad de funcionarios o ex funcionarios de la SI. Se descartan, por el momento, citas testimoniales. Se trata, en su mayoría, de solicitudes de información, informes y datos a organismos estatales como la AFIP, la Aduana y la propia central de espías.
En la denuncia presentada el lunes, Parrilli y Mena mencionan el ingreso, libre de impuestos y promovido por personal entonces afectado a la SI, de 94 toneladas de material proveniente de Estados Unidos, Reino Unido, China, Japón, Corea, Holanda y Brasil, cuya naturaleza no fue controlada y cuyo destino dentro del organismo se desconoce. De manera provisoria, el requerimiento solicita impulsar la acción penal “con el fin de investigar la hipótesis” planteada por la SI contra los ex agentes por contrabando. En tanto, solicita indagar sobre “la eventual responsabilidad” de Icazuriaga en base a la ampliación que Garrido solicitó de la demanda de Parrilli. Según el diputado, en calidad de titular de la SI, Icazuriaga –que ocupó el cargo hasta diciembre pasado– no sólo tenía el deber de controlar las importaciones que realizaba la SI, sino que además tenía plenas facultades para dictar la normativa que considerase necesaria a efectos de impedir operaciones como las que dice Parrilli que se efectuaron”.

OPINION Tan lógica como difícil

 Por Mario Wainfeld
El rechazo total de la requisitoria del fiscal Gerardo Pollicita era y es la única resolución ajustada a derecho que podía dictar el juez federal Daniel Rafecas. La denuncia del fiscal Alberto Nisman, trágicamente fallecido, es irresponsable y carente de fundamento. Sin embargo, el contexto en que decidió Rafecas hacía muy difícil la decisión, que implica un grado de coherencia y coraje cívico que no abundan en los tribunales de Comodoro Py.
El fallo es rotundo y detallado. Se concentra en el dictamen de Pollicita. Suma material emanado del propio Nisman y allegado al expediente por la Unidad Fiscal AMIA.

Es sabido que hubo polémicas intensas en torno de la denuncia y sus supuestos fundamentos fácticos. El fallo los detalla, dando cuenta también del frondoso material periodístico de las últimas semanas.
Las alertas rojas, la intencionalidad presunta de un tratado aprobado por el Congreso, la imposibilidad de tentativa si no hay delito son algunos de los pilares de la resolución que se abordan en nota aparte. Para los fines de este análisis, que podrá ampliarse en días ulteriores, baste decir que una acción política hipotéticamente equivocada o aun perjudicial para los intereses nacionales no constituye de por sí un delito. Los delitos requieren “tipicidad”, como puntualiza Rafecas, o sea previsión estricta en el Código Penal.
Se habló y se seguirá hablando de “gravedad institucional” pero, como en tantas facetas de esta cuestión, se desvía el eje. Lo grave no es que se haya articulado un cargo tremendo contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el canciller, un diputado nacional y otros “imputados”. La gravedad estriba en la insensatez de la acusación. En su delirante ligereza y desaprensión, que no resisten una lectura técnica seria.

La propia Vulgata opositora, tras la muerte de Nisman, fue atenuando su entusiasmo apriorístico sobre el dictamen. “No era lo que esperábamos”, “no tiene toda la prueba necesaria”, sinceraron periodistas opositores. Ningún jurista de nivel pasable para arriba se animó a bancarlo públicamente, pese a que el ecosistema mediático convalida casi cualquier discurso opositor por traído que fuera.
Una idea falaz, fuerte emocionalmente, comenzó a difundirse: la muerte de Nisman probaba la calidad del dictamen, lo revalidaba. No es así, desde ya. El argumento “cerraba” dando por probado el homicidio (lo que hasta ahora no está develado, para nada) y responsabilizando del mismo al Gobierno.
Otra versión insostenible es que el escrito de Nisman, poco consistente como acusación penal, sería muy interesante (o válida, o veraz) como denuncia pública. Así lo reencasillaron formadores de opinión o dirigentes políticos. Pero cuando un fiscal pone en acción la maquinaria penal no está actuando como un ciudadano que razona o exhibe la inconveniencia de una medida. Banalizar una acusación penal o justificarla a título de análisis interesante... en fin.
Poner en entredicho la labor profesional de Nisman no quita gravedad a su muerte. El dictamen está escrito, su texto “habla por sí mismo”: funda mal, no aporta evidencia conducente.

Pollicita había diluido en cierta medida la denuncia de Nisman. Dejó de lado los pedidos de indagatoria, reformuló argumentos que ya habían sido demolidos por críticas posteriores. Mantuvo la requisitoria, lo que le permitió estar en sintonía con la furia opositora.
Rafecas podía haber obrado de modo similar. Dejar fluir el expediente. Dar curso a algunas medidas de prueba pedidas, no a todas. Dejar que su producción se cumpliera con lentitud, lo que es casi inevitable porque son muchas y de compleja tramitación. “Hacer la plancha”, en lenguaje coloquial. El período electoral podía pasarse en ese trajín. El juez quedaría a salvo de posibles reproches. Seguramente, en las apuestas del mundillo judicial esa hipótesis debía ser la favorita, la que menos pagaría si ganaba.
Si se permite un minineologismo: Rafecas podía haber jugado “la gran Comodoro Py”. El arte de tantos fiscales o jueces federales: estar blindado teniendo un expediente en trámite. Las causas abiertas contra protagonistas de primer nivel son un recurso de poder. La espada de Damocles pende, he ahí su principal funcionalidad. Accionarla o no, ése es el modo de hacerse valer.

El recorrido de la decisión es minucioso, Rafecas suele serlo. Una perla dentro de un discurso redondo es la mención de un documento emanado del propio Nisman, aportado por la Unidad Fiscal AMIA. Se trata de un pedido de intervención al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La idea era exótica a las competencias del fiscal, un exabrupto. Hasta ahí, hay plena congruencia con la denuncia.
La diferencia, sideral, asoma cuando Nisman describe con muchos elogios la acción política del oficialismo en lo referido al atentado a la AMIA. La ensalza sin ambages. Ambos textos fueron escritos casi simultáneamente, lo que acentúa la incoherencia.
El documento, que estaba en la caja fuerte de la fiscalía, fue noticia de tapa en el diario La Nación. Se lo propuso como prueba de la desconfianza de Nisman hacia el Gobierno. Tal vez quien lo escribió no lo conocía en su totalidad.

Pollicita puede apelar la resolución y es clavado que lo hará. Al deducir el recurso debe, por lo menos, fundar los aspectos en los que critica a Rafecas. Puede “puntearlos” o redactar un planteo más extenso. Todo sugiere que optará por este último camino.
La Sala de Cámara que toque en suerte debería, entonces, fijar audiencia para que el fiscal de Cámara fundamente la apelación. Hablamos de Germán Moldes, uno de los punteros que motorizó la marcha del 18F. Los conocedores de tribunales aseguran que nadie puede esperar densidad o calidad jurídica de cualquiera de esos dos fiscales. Pero saben moverse en cancha embarrada, tienen la camiseta puesta y aunque no haya jogo bonito le pondrán garra y corazón. Ya se sabe para qué arco patean.
Vaticinar qué hará la Cámara es prematuro y hasta lanzado. La impresión, opinable, del cronista es que es muy difícil que un tribunal colegiado revoque la sólida decisión de Rafecas. El juez arrasó con la fábula: la denuncia está desnuda. Además será él quien imante la eventual ira de la oposición, corporativa o mediática. Otros magistrados podrán ser serios sin exponerse a virtuales diatribas.

Se expresó muchas veces en estas columnas, es pertinente repetirse. Rafecas todavía tiene pendiente un juicio político, promovido por consejeros de la Magistratura peronistas y radicales. Aquellos lo pusieron en el banquillo por haber investigado al vicepresidente Amado Boudou en la causa Ciccone. Estos por haber llevado a juicio oral al ex presidente Fernando de la Rúa por las coimas en el Senado. Se trata de una penosa resurrección del bipartidismo, contra un juez que en ambos casos siguió su criterio, tomando los riesgos respectivos. Su conducta y trayectoria no merecían ni merecen tamañas sanciones, ni ahí.

Muchas investigaciones vinculadas siguen abiertas. La del atentado mismo, cuya dilucidación tardía es muy difícil. Es aconsejable la lectura de un reportaje publicado en el suplemento Las12 de este diario a Diana Malamud, referente de Memoria Activa. Viuda de una víctima, luchadora incansable, Malamud asume que su brega no tendrá fin aunque le parece muy difícil llegar a la verdad. El crimen es imprescriptible, no se pueden bajar los brazos aunque el horizonte sea muy estrecho.
Ocurre que hubo un designio político en los primeros años posteriores a la voladura: encubrir. Se ocultaron pruebas, se plantaron testigos falsos, se pagaron sobornos. El banquillo estará bien poblado. El ex presidente Carlos Menem, el ex titular de la SIDE Hugo Anzorreguy, el ex comisario Jorge Palacios, Rubén Beraja, ex titular de la DAIA, son los más pintados. Sus aliados de entonces quieren valerse de la denuncia de Nisman para instalar una nueva versión de la historia que escamotea, “indulta” esos hechos. La inminencia del juicio oral respectivo es una ocasión para profundizar, al menos, en esa parte de la trama.
También resta esperar y promover que “la Justicia” pesquise a fondo y resuelva con pruebas y credibilidad sobre la muerte violenta y dudosa de Nisman.

La sentencia de ayer es un alerta para los que narran la historia como el conflicto entre dos bloques rígidos o la pintan en blanco y negro. Rafecas no pertenece ni a Justicia Legítima ni a la viscosa cúpula de la Asociación de Magistrados ni al repudiable elenco de jueces de la servilleta. Es un magistrado profesional, joven relativamente, con una trayectoria valiosa. Su actuación desafía a los simplismos extremos.
Hasta en Comodoro Py se pueden encontrar jueces con convicciones, rigor profesional, formación y otros atributos que hay que tener. Ayer quedó comprobado.