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EL JUICIO POR LOS CRIMENES DE LESA HUMANIDAD COMETIDOS EN EL CENTRO CLANDESTINO LA PERLA “En peligro de muerte permanente”

Por Marta Platía

Desde Córdoba

“Los sobrevivientes somos incómodos porque revivimos la culpa de otro. Fuimos culpables (en la dictadura) porque militábamos. Decían ‘se los llevaron, por algo será’. Y luego también fuimos culpables de que nos liberaran, por sobrevivir: ‘Si están acá, no habrán sido demasiado heroicos, algo habrán hecho para sobrevivir’. Con lo cual tácitamente se asume que el fusilamiento de los héroes es correcto. Yo les digo: sin nuestro activo compromiso, simplemente no existirían estos juicios. Sin nuestra memoria, el impulso de la Justicia no hubiera llegado tan lejos.” Estas palabras de Gustavo Contempomi, un arquitecto que logró salir con vida del campo de concentración La Perla luego de casi dos años de cautiverio, reabrieron tras la feria judicial el megajuicio por los crímenes cometidos en ese centro clandestino. Contempomi sabe lo que dice: es un sobreviviente doblemente incómodo, ya que no sólo da cuenta de lo que hicieron los represores sino que también ha denunciado a miembros del Poder Judicial que, por su acción u omisión, están sindicados como cómplices de la dictadura militar.

En este juicio ya declararon 102 testigos en 61 audiencias; y se juzga a 41 imputados, con Luciano Benjamín Menéndez a la cabeza.

Durante más de siete horas, el sobreviviente Gustavo Contempomi recorrió con su memoria los nombres, rostros y padecimientos de decenas de compañeros que fueron torturados y asesinados. Declaró por videoconferencia desde Barcelona. No lo dijo directamente, pero tiene sus muy buenas razones para no querer regresar: Contempomi junto a su ex esposa, Patricia Astelarra, y otra pareja de sobrevivientes, escribió y publicó un informe sobre lo padecido en La Perla apenas comenzó la democracia. Un informe que luego se editó como libro. Según el testigo, este texto le acarreó un hasta hoy oscuro proceso judicial que lo llevó a la prisión durante un año y medio más, en 1984, por una supuesta “asociación ilícita agravada”. Un “proceso armado” por el cual tanto él como su ex esposa han denunciado a funcionarios judiciales de connivencia con la dictadura: el juez Gustavo Becerra Ferrer, su entonces secretario Luis Rueda (hoy presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba) y el fiscal Antonio Cornejo.

Con horror, recordó a Elpidio Tejeda, “Texas”: un represor preparado para flagelar cuerpos en la Escuela de las Américas, y que varios sobrevivientes coincidieron en calificar como “una máquina de matar”. Contó: “Un día me llamó por la mañana, a los gritos. Fui absolutamente aterrorizado porque parecía furioso... Estaba en su cuarto de tortura. Las paredes llenas de sangre. Tenía varias botellas de Coca-Cola desculadas como para lastimar. Había un hombre con la cara contra la pared. Le hizo dar la vuelta para que yo lo reconociera. Yo lo conocía, pero hice de cuenta que no. Tenía el rostro completamente destrozado, ensangrentado... No recordábamos su nombre hasta hace un mes y medio... Ahora sabemos que se llamaba Carlos Alberto Vicente. Lo detuvieron con su mujer, Elsa Noemí Pablo de Vicente”. Contempomi remarcó cada nombre, y con eso dejó en claro que no ha parado de investigar, de intercambiar detalles y recuerdos con otros sobrevivientes.

“En 1976, en La Perla estábamos en peligro de muerte permanente. Padecíamos los gritos de los torturados y la presencia permanente del pozo... En la medida en que La Perla se llenaba, también se vaciaba. Nos pasó que de pronto algunos ya ni teníamos miedo al pozo sino a las nuevas posibles torturas, al dolor.” Habló de la reducción a la servidumbre a la que fueron sometidos los cautivos; y les negó a los abogados defensores de los imputados que haya habido colaboradores o colaboracionistas: “Ahí no hubo colaboración. Eso supone un acuerdo, tener la posibilidad de aceptar o no. Aquí hubo personas sometidas a la voluntad de los represores. Era un sistema pensado para destruir su humanidad”. Recordó a los que vio morir luego de las torturas, como a María Luz Mujica de Ruartes, o a una joven a la que llamaban “Pampita” y con quien se ensañaron “salvajemente: no sólo la picanearon y la golpearon por todo el cuerpo sino que la ataron a un auto y la arrastraron por los caminos. Se llamaba Inés Magdalena Duhalde o Hualde”, intentó precisar. Y la tortura a los pibes de los colegios Montserrat y Manuel Belgrano: Diego Hunziker, su hermana Claudia, Oscar Liñeira... Ninguno superaba los 17 años cuando los asesinaron.

En su butaca, Ernesto “el Nabo” Barreiro sonreía como siempre, tamborileando su cinismo entre los dedos de uñas obsesivamente cuidadas. Y el resto de los acusados: Héctor Pedro Vergez, Palito Romero o el Chubi López, entre otros, se cubrían la cara con las manos o con papeles cuando Contempomi los señalaba uno por uno por “su ferocidad para torturar, matar, vejar y violar, incluso a mujeres embarazadas, como a mi entonces esposa, Patricia Astelarra, que fue violada por el Cura Magaldi (Roberto Mañay): un ser símil Inquisición que se escudaba en rezos y una cruz mientras daba picana. Los represores, entonces, se indignaban y pedían la palabra: se sentían “afectados en su honorabilidad”, dijeron ante “ese tipo de acusaciones”.

Asesinos y violadores

Ya antes de que comenzara la feria judicial, una de las declaraciones más conmocionantes fue la de Gloria Di Rienzo: fue la primera sobreviviente que le pidió al juez que todos los imputados se retiraran de la sala mientras estuviese declarando. Di Rienzo, una hermosa mujer de pelo negro larguísimo, hizo uso de su derecho a dar su testimonio sin que quienes la violaron, la abusaron y torturaron estuviesen a sus espaldas. Contó que en el Departamento de Informaciones (“la D2”, o la Gestapo cordobesa), en el Cabildo histórico y a pasos de la Catedral que por entonces comandaba Raúl Francisco Primatesta, fue salvajemente violada por la patota que se encarnizó con ella: “Fueron cuatro días, pero en mi mente, en mi cuerpo, el tiempo no terminaba de pasar. Me desnudaron, me picanearon las encías, los dientes, los genitales; y una mujer me retorcía los pezones... Le decían Graciela”. Gloria se refiere a la torturadora Graciela “Cuca” Antón: la única mujer entre los represores en juicio, quien tiene por costumbre reírse casi todo el tiempo, de modo despectivo, mientras escucha los testimonios de las víctimas.

Gloria denunció que la golpearon entre varios hombres “a puñetazos simultáneos”, en un pasillo de la D2. “Como la picana hacía que mi cuerpo se arqueara, se cayó la venda. Ahí, no sé cómo, me senté y los miré. Uno por uno. Todavía hoy tengo esas caras como si fueran una foto. Nunca me las olvidé. Después empezaron a violarme todos... Como yo apretaba las piernas, me tiraron agua caliente para que las abriera... Hasta ahora tengo las marcas de las uñas de ellos por la fuerza que hice con los muslos para no abrirlos.”

Furiosos por su resistencia, la arrojaron y golpearon contra las baldosas de un patio interno. “Me arrastraron del pelo a otra habitación, y uno al que le decían el Tío (Carlos Alberto Vega, alias ‘Vergara’) introdujo su mano completa en mi vagina y me levantó en el aire... El dolor, el desgarro fue terrible.” El calvario continuó con “el submarino”: le sumergieron la cabeza en un tacho con agua hedionda. Fue entonces cuando Gloria Di Rienzo tuvo lo que ella definió como una experiencia de muerte: “De pronto, ahí sumergida, ya no pude más. Comencé a ver montañas azules... Eran las sierras de Córdoba. Hermosas como son de tarde... Me estaba muriendo ahogada”. Y siguió: “¿Saben? Se sentía en paz... Pero cuando recuperé la conciencia estaba de nuevo ahí: boca abajo, en un charco de agua y sangre”.

Las heridas y lesiones que tenía le desencadenaron una infección generalizada. La llevaron de urgencia al Policlínico Policial. “Yo estaba segura de que me iban a matar, había decidido que hicieran lo que quisieran, pero conmigo no se iban a llevar a nadie.” Cuando el fiscal Facundo Trotta le preguntó por el trato recibido en el hospital, Di Rienzo memoró: “El médico se acercó, me revisó... Le dije que me habían violado. Y él me contestó: ‘No, no te violaron porque vos ya no eras virgen’”. Días después dejaron entrar a la madre de Gloria. Al dolor del cuerpo, se sumaron los de los tabúes de entonces. “‘Hija, ¿qué te han hecho?’. ‘Me violaron, mamá’.” Y la súplica: “Por favor, que no se entere tu padre...”.

Soportó el encierro en la cárcel conocida como la UP 1 hasta marzo de 1980. No hubo cargos. Sólo por ser militante del PRT. Pero sus pesadillas no terminaron ahí: ya en democracia, en 1996, y con la excusa de un supuesto robo de vehículos, la policía del gobierno de Ramón Mestre, bajo el dominio de su entonces ministro de Asuntos Institucionales, Oscar Aguad, allanó su casa. Era, aún, la patota del D2: “Fue una tarde. Cuando llegué con mis hijos, me los encontré adentro. Eran ellos otra vez. Me pasaban cerca y me cantaban al oído, burlándose: ‘Somos los mismos’.” Según los nombró Gloria, eran “Dómine, Nieto y (el Tucán) Yanicelli”.

De hecho, en el juicio que se les hizo al dictador Jorge Rafael Videla y a Luciano Benjamín Menéndez en 2010, el querellante Miguel Hugo Vaca Narvaja solicitó que se citara al senador nacional Oscar Aguad, ya que fue él quien nombró en la cúpula de la policía cordobesa –entre otros– a Carlos “el Tucán” Yanicelli: uno de los más feroces represores del terrorismo de Estado en Córdoba. En ese momento no se hizo lugar al pedido. Ahora, las designaciones hechas por Aguad vuelven a salir a la luz en este juicio en las denuncias de los testigos.

Hacia el final de su testimonio, y cuando parecía que ya estaba todo dicho, Gloria Di Rienzo estalló en una reacción inesperada: “¡Mire, señor juez, hay detalles que nunca, nunca, jamás voy a decir! ¡No los voy a describir porque han avasallado mi dignidad de una manera terrible! ¡Aquí, en esta sala están mis hijos, mi esposo, y no los voy a decir por nada del mundo!”. Mientras el juez, sorprendido, echaba su cuerpo para atrás en su sillón, Gloria se rehízo. “No es un capricho... Hay jurisprudencia internacional que me ampara.” Y la pregunta, la conmoción que quedó flotando en el espíritu –y la golpeada razón– de los presentes en la audiencia: ¿qué más?, ¿qué otros dolores?, ¿qué insoportables vejaciones padeció Gloria, si lo ya relatado alcanzaba cumbres intolerables?

OPINION Un frente enfrentado

Por Luis Bruschtein

La idea de democracia es paralela a la de convivencia. Y la política en democracia es una agregación de ideas e individualidades en partidos, movimientos o frentes que van conformando colectivos sobre la base de grandes lineamientos comunes. Lo sectario tiene resonancias menos democráticas. Por eso siempre los procesos de confluencia tienen una connotación atractiva. De alguna manera, al plantear las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, la reforma política trató de impedir la dispersión y multiplicación de las ofertas electorales en una época en la que se presentaban varias listas de izquierda, cuatro o cinco radicales, más otras tantas peronistas y otra cantidad de variantes.

En ese contexto, el proceso que lanzó el frente UNEN tuvo ese plus atractivo. Con los antecedentes más bien pobres en el plano de las alianzas políticas, UNEN tiene que hacer un delicado equilibrio entre las críticas mutuas, lógicas y necesarias para justificar una interna con varias listas, y el riesgo de que las críticas se vayan de caja y más que un frente surjan como la imagen de un rejunte.

Los primeros debates públicos que arriesgaron los miembros de cada lista fueron excesivamente cuidadosos. Cuando los debates se dan de esa manera, los candidatos tienden a parecerse. Por eso, algunos asesores de imagen aconsejan la carnicería: exagerar las críticas, los énfasis y los ataques de indignación, aunque en la elección siguiente se abracen los cuchilleros de ambos bandos. La que mejor representa este estilo es Elisa Carrió.

Pero esa manera de atacar a todo lo que no se le parece va a contrapelo de propuestas frentistas como la de UNEN, no por fragilidad de la alianza sino porque termina por ofrecer la imagen opuesta a la que pretende. Lo que se quiere ganar con la idea de confluencia tolerante se pierde con la de rejunte.

El que usa, por ejemplo, el desprecio como principal argumento contra sus principales adversarios es también despreciativo con los que tiene alrededor. Y al que usa el ataque violento, al punto de disparar en forma arbitraria y permanente palabras del calibre de “traidor” o “canallas” o “delincuentes”, le pasa lo mismo. Son dos soportes de discursos que no tienen retorno. Es difícil aliarse con alguien a quien se ha despreciado en público o a quien se ha atacado en forma violenta. Son alianzas difíciles que, cuando se realizan, no hablan bien de sus protagonistas, porque dejan en el aire un sabor a mentira o actuación. La mentira o la actuación fueron cuando se usaron esos argumentos, o después, cuando se olvidaron para hacer la alianza.

Fiel a su estilo, en el programa de Mariano Grondona, Carrió fue muy dura con Alfonso Prat-Gay y con los radicales, o sea con aquellos competidores internos que alguna vez estuvieron con ella. Y también fue muy dura con Martín Lousteau, que fue el impulsor de la resolución 125 cuando era ministro de Economía del gobierno kirchnerista. Su compañero de lista, Pino Solanas, es un hombre que supuestamente estaba en las antípodas ideológicas de Carrió. Pese a provenir del peronismo, ha sido un enemigo declarado de lo que calificaba como el bipartidismo del PJ y la UCR.

A Solanas, esa alianza le valió la ruptura de su pequeña agrupación. Dejó de ser creíble para una parte de sus simpatizantes de izquierda y, con un discurso más tipo Carrió, busca ser creíble para los de centro y centroderecha que pueden seguir a la chaqueña. En la dupla, es ella la que lleva la voz cantante.

Tampoco quedan elegantemente parados Prat-Gay, los radicales y Lousteau. “¡Qué bien me siento de poder decir toda la verdad!”, exclamó Carrió con un gesto de satisfacción después de crucificar a sus competidores aliados de UNEN. Con las encuestas en la mano, Carrió habló desde un lugar de fuerza y logró presentar a los demás como un rejunte que trata de beneficiarse de los votos que ella pueda traccionar. Habrá que esperar hasta el 11 de agosto primero, y al 27 de octubre después, para ver si su apuesta fue ganadora.

› JUSTICIA, SALUD Y DEFENSA CONTROLARAN LA ATENCION MEDICA DE LOS REPRESORES Una comisión para evitar otra fuga

Por Ailín Bullentini

Los ministerios de Justicia, Defensa y Salud acordaron ayer conformar una comisión de médicos para revisar los antecedentes de salud de los imputados, procesados o condenados por delitos de lesa humanidad, que ya no podrán ser trasladados para su atención a hospitales de las Fuerzas Armadas. La medida, que formalizaron los ministros de Defensa, Agustín Rossi; de Salud, Juan Manzur; y de Justicia, Julio Alak, llega tras la fuga de los represores Jorge Olivera y Gustavo De Marchi, recientemente condenados por violaciones a los derechos humanos, que escaparon la semana pasada del Hospital Militar Cosme Argerich.

En el marco del acto que se desarrolló en la sede de Defensa, los ministros del Gabinete nacional formalizaron la puesta en práctica de una “orden de la Presidenta”, Cristina Fernández de Kirchner, según mencionó Rossi: “Tenemos la directiva de la Presidenta de conformar una comisión para que evalúe el estado de salud de cada uno de los internos asistidos en centros de salud militares”, destacó el titular de Defensa.

La iniciativa se había comunicado el viernes pasado, a las pocas horas de que el Estado confirmara la fuga de Olivera y De Marchi, condenados a principios de mes en San Juan y trasladados al penal de Marcos Paz para asistir a citas médicas en el Hospital Militar Central. “La medida apunta a verificar si realmente existen causales para requerir una atención determinada que, en caso de necesitarla, se prestará en el Hospital Central del Servicio Penitenciario de Ezeiza, que tiene servicios médicos de mediana y alta complejidad suficientes para poder albergar a civiles y militares que están imputados por delitos de lesa humanidad”, amplió Rossi.

A través del convenio firmado, ayer quedó conformada la Comisión de Asesoramiento Médico que, integrada por profesionales de la salud representantes de cada cartera –Pablo Kohan, de Justicia; Eduardo Bustos Villar, de Salud; y Mario Perichón, de Defensa–, tendrá la función expresa de revisar “los antecedentes médicos respecto de las internaciones o tratamientos ambulatorios en dependencias hospitalarias bajo la órbita de las Fuerzas Armadas de imputados, procesados o condenados en causas que se investigue o haya determinado la responsabilidad penal en delitos de lesa humanidad”. Además evaluará las condiciones de tratamiento “adecuadas” de estas personas, “a los fines de determinar el alta o el traslado”.

Según menciona el documento al que suscribieron las tres carteras, los informes elaborados por la comisión deberán ser entregados “en el plazo de 30 días” a los ministros “para su evaluación y eventual remisión a las autoridades judiciales”. En el convenio, no obstante, figura la posibilidad de ampliar el plazo de acción de los médicos asesores.

La comisión no intervendrá en la labor de la Justicia, que es la que otorga o deniega el permiso pertinente para que un procesado o un condenado reciba tratamiento médico. Su rol es el de “aconsejar” a los jueces acerca del tipo de tratamiento y del lugar en el que debería ser recibido por las personas sometidas a un proceso judicial, puntualizaron desde la cartera de Defensa. Varios abogados dedicados a causas de derechos humanos coincidieron en que existe un “doble estándar” en el tratamiento que la Justicia brinda a los represores con prisión preventiva o condenados respecto del común de la población carcelaria. “La mayoría de los presos no tiene otra alternativa más que hacerse atender por el sistema hospitalario del Servicio Penitenciario, mientras que los militares cuentan con el círculo de instituciones castrenses. Pero hay jueces que firman permisos de traslado a esos hospitales por fechas indefinidas, e incluso para hacerse controles odontológicos, por ejemplo. “¿De qué preso común la Justicia se preocupa por cuidar su salud dental?”, reflexionó ante este diario uno de los abogados.

La labor de la comisión complementará las medidas dictadas por Rossi y Alak el viernes pasado. Desde Justicia se firmó una resolución que prohíbe el traslado de los condenados por delitos de lesa humanidad a hospitales que dependan de las Fuerzas Armadas. Desde Defensa se prohibió a las dependencias sanitarias que dependen de la cartera brindar atención a los represores. “Queremos analizar la situación de aquellos militares condenados o procesados que por decisión de la Justicia se encuentran atendidos en los hospitales militares –remarcó Rossi en diálogo con Página/12–. Nuestra idea es que reciban el mismo tratamiento que los presos comunes, sin privilegios, en hospitales penitenciarios.”