Tanto la resistencia argentina al chantaje y la extorsión desatada por grupos financieros depredadores, ya caracterizados mundialmente como fondos buitre, como la oposición y rechazo a las arbitrarias resoluciones de la Justicia norteamericana, permitieron generar un debate internacional de una magnitud y una celeridad mucho mayores de lo que se hubiera esperado. Sin embargo, ni el pronunciamiento de una de las organizaciones bancarias de mayor peso internacional (ICMA) proponiendo nuevas pautas para la reestructuración de deudas soberanas, ni la iniciativa del Grupo de los 77 más China de llevar a las Naciones Unidas una propuesta de convención internacional respecto de las reglas que deberían regir para tal tipo de situaciones, le garantizarán a la Argentina librarse, en lo inmediato, del acecho de los buitres y los tribunales que le son funcionales. Pero aun así, la repercusión internacional del caso puso en discusión el planteo de reformas al sistema financiero internacional que hasta aquí se habían ido postergando, pese a la gravedad y las consecuencias de la crisis financiera de 2008.
El ICMA, asociación internacional de mercados de capitales, nuclea a bancos e inversores de más de 50 países. El G-77 es un conjunto de países que actualmente supera el número de 130, cuyo rasgo de identidad está dado por ser naciones emergentes o “en desarrollo”. Ambos conglomerados coincidieron esta semana en pronunciamientos que buscan evitar que una muy estrecha minoría de acreedores pueda frustrar o burlar el acuerdo de una amplia mayoría con el país deudor para reestructurar los compromisos del último. Haciendo eje en el problema argentino, se formula una solución general y permanente. El problema no es nuevo, pero la actitud del gobierno argentino lo puso en boca de todos.
En septiembre de 2008, cuando el ex canciller nicaragüense Miguel D’Escoto, asumió la presidencia de la Asamblea General de la ONU, nombró una “comisión de expertos” para analizar las reformas necesarias al sistema monetario y financiero internacional. Dicha comisión, que encabezó el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, propuso un año después “diez medidas de acción directa” como parte de “un programa de reformas sistémicas imprescindible para una pronta recuperación mundial”. El octavo punto proponía, textualmente, crear “mecanismos para el manejo de la reestructuración de la deuda soberana y de las quiebras transfronterizas; entre otros, la armonización de las legislaciones nacionales en relación con las controversias sobre inversiones transfronterizas relativas al comercio de servicios financieros”. Ni ésta ni las demás propuestas formuladas por esa “comisión de expertos” mereció ni siquiera un intento de implementación.
“Ese era un documento interesante, porque abordaba dos problemas, el de las deudas soberanas y los mecanismos de arbitraje, que con la globalización primero y con la crisis después, fueron haciendo evidente las fallas del sistema financiero mundial”, subrayó Jorge Marchini, economista e investigador del Ciges (Centro de Investigación y Gestión de la Economía Social), al ser consultado por Página/12 sobre la propuesta de la Comisión Stiglitz. “La crisis financiera de 2008 fue una oportunidad para reformular un sistema que ya era endeble, pero se diluyó –recordó–; ya entonces se veía que existía una desproporción entre el poder del acreedor y el del deudor: los primeros eran los que fijaban las reglas.”
La “novedad” que trajo el conflicto de Argentina con los fondos buitre es haber puesto en debate cuestiones que no se habían podido revisar ni aun frente a la crisis financiera mundial, sostuvo Marchini. “Hoy vuelve a discutirse sobre la soberanía jurídica, o las condiciones diferenciales que se deben contemplar hacia un Estado respecto de un privado; son todos temas que habían sido barridos por la globalización. Ya el hecho de que se esté cuestionando la subordinación al fallo de un tribunal de Nueva York, hasta por parte de una asociación internacional de banqueros, es de por si un cambio importante.”
En cuanto a la presentación argentina ante la ONU, acompañada por el G-77, para la elaboración de una Convención internacional sobre reestructuración de deudas soberanas, en opinión del especialista en derecho internacional Eduardo Barcesat “es una decisión magnífica, una decisión política correcta que cuestiona la hegemonía estadounidense en el plano jurisdiccional, una iniciativa que se debe apoyar”. Pero advirtió que no se puede esperar una aprobación rápida de la cuestión. “Puede que se vote una declaración a favor, pero la aprobación y ratificación por cada país de una nueva Convención lleva tiempo, como mínimo dos años”, señaló.
En cambio, Barcesat consideró que en esta disputa “se sigue vacilando en terreno propio: me refiero al proyecto de pago soberano que fue enviado al Congreso, porque es un paso adelante pero pequeño, debió ir más adelante”. En su opinión, el paso adelante está dado por la declaración de interés público de la deuda y su forma de pago, en el marco de la soberanía nacional. “Pero que después la misma ley le dé un carácter negocial con los acreedores a la definición de la jurisdicción es un claroscuro. La garantía de pago dada por el lugar de pago, que es acá, no se lesiona estableciendo que cualquier controversia también se resuelve acá: decir que el compromiso está bajo jurisdicción argentina hubiera sido un acto de soberanía sin perder la garantía para el acreedor de que va a cobrar.”
En diversos ámbitos regionales también se discute la situación argentina y la necesidad de replantear la arquitectura financiera mundial, desde una perspectiva más autónoma. La Secretaría de Unasur también cuenta con un proyecto de creación de un tribunal de cooperación y resolución de conflictos. Hasta ahora, las propuestas han sufrido inexplicables demoras en su tratamiento. La emergencia planteada por la disputa argentina con los fondos buitre no sólo reaviva discusiones, sino también, con gran probabilidad, tomas de posición.
31/08/14 Página|12
