CLAUDIO MADERNA EN SU FACE DIALOGA CON EL PERONISMO

Ezequiel Varano o sea que hay que tener 3 hijos siendo madre soltera, si son 3 minas mejor para que queden embarazadas estudiando y te buscas un macho bien forro asi lo meten en cana ... que lindo modelito social, no ?




pd del bloguero....así sí podemos cosensuar, con argentinos democráticos como Maderna y Varano, la unión nacional es posible.
GB

ERNESTO LOPEZ EN SU FACE NOS CONCIENTIZA....

EL MUNDO › OPINION Los dos Estados

 Por Horacio González

El conflicto en Medio Oriente es muy antiguo, pero también depende de la antigüedad que queramos darle para participar con compromiso y serenidad en su interpretación. Si apenas postuláramos que se vuelva a los acuerdos de Oslo de 1993, se demostraría que siempre convivieron varios sentimientos en relación con la posición de una solución no bélica del conflicto. En primer lugar, era posible la reunión de dirigentes de ambos sectores; eran dirigentes que habían participado en álgidas confrontaciones y al cabo de complejas valoraciones llegaban a la conclusión de que era posible un acuerdo de paz; en segundo lugar, la oposición que esos dirigentes tenían en sus propias filas y su implícita conciencia oscilante respecto a la dificultad de los pasos a dar; y luego, la oposición calificada que muchos de ellos recibían de importantes sectores intelectuales o políticos inscriptos en sus propias filas.

En los referidos acuerdos de Oslo, los firmantes, Yitzhak Rabin y la OLP, Organización para la Liberación de Palestina dirigida por Yasser Arafat, hicieron un notable esfuerzo de paz, avalado por los antecedentes de cada uno en relación con sus anteriores posturas belicistas. Se había dispuesto que en un período de cinco años se debía establecer la Autoridad Palestina en Cisjordania y la Franja de Gaza y atender consecuentemente la cuestión de los refugiados. Rabin había sido un importante jefe de la Haganá –uno de los grupos militares que prefiguran el ejército israelí– y miembro del Partido Laborista, sucesor de Golda Meier, quien era prominente figura de la Histadrut (central obrera) y del Mapai (luego Partido Laborista). Se había dado a conocer en Oslo una carta de Arafat, que reconocía a Israel el derecho a existir a cambio de que ésta cediera el control de los territorios palestinos ocupados. La fórmula divulgada establecía “territorios a cambio de paz”, curioso canje pero de gran poder explicativo. Luego Rabin sería asesinado por un joven de la ultraderecha israelí. Ya antes, también en Camp David, se habían intentado los acuerdos de Answar El Sadat y Begin, es cierto que motivados por el giro del presidente egipcio hacia la política pronorteamericana, enfrentando así a la Libia y a la Unión Soviética de aquellos tiempos, pero no por eso debe ser ignorado para lo que aquí nos interesa: mostrar que sobre la disputa territorial al mismo tiempo secular y religiosa, iban convergiendo fuerzas que preparaban una guerra que parecía abonada por el ímpetu recóndito de las cosas –el inconveniente giro neoteológico que iban tomando todas las acciones militares—, pero también surgían de esos mismos guerreros, cíclicos intentos de paz. La disputa tenía rebordes trágicos, pues en esas tierras todos los pueblos involucrados tenían raíces milenarias, judíos, árabes y también cristianos, pues es el mismo “locus histórico” que no por nada lleva a que Torcuato Tasso, en el siglo XVI, publicase la célebre Jerusalem Liberata.

El asesinato de Sadat por parte de los grupos ultristas musulmanes en 1981 ya había dispuesto las piezas de la confrontación sobre su límite: líneas de fuerza tensadas al máximo y metódica imposibilidad de la paz. Sobre el estrecho camino de Camp David y Oslo, Arafat y Ehud Barak intentaron un nuevo acuerdo en julio de 2000, en presencia de Clinton, éste siguiendo el gesto anterior de Jimmy Carter. Los posibles acuerdos fracasan y no queda nada escrito. Todo se esfuma. Es que las partes parecían dispuestas a reunirse, pero también metódicamente dispuestas a dudar de cualquier acuerdo firmado, en gran medida, por lo que el intelectual judío Meschonic denunciaría como el fatal vuelco hacia la teología-política que experimentaba el viejo conflicto. Ese estado de sospecha perdura hasta hoy, donde cada cual imagina el símbolo de extenuación que definirá mutuamente a las colectividades enemigas, mientras siguen sucumbiendo civiles, sobre todo del lado palestino. Pero las raíces modernas de esta actitud escéptica –la paz no sería posible– podemos encontrarla en los más variados testimonios sobre la tragedia cultural que acecha las definiciones sobre el conflicto. En 1979 el fino intelectual palestino Edward Said (crítico literario, músico, autor del gran libro Orientalismo) rompe con Sartre y poco después con Arafat, en un caso debido a lo que interpreta que son las vacilaciones (o la “chochera”) del autor de El ser y la nada, y en el otro, lo que percibe como indebidas concesiones en los acuerdos de Oslo. La crónica de Edward Said de su distanciamiento con el grupo de Sartre, en París, en una reunión de la revista Les Temps Modernes sobre la cuestión palestina (en la que asimismo participaba Foucault), es un escrito fundamental sobre las fronteras del juicio en el seno de las biografías intelectuales de la época.

No aplicamos a cualquier cosa el término tragedia. Y nunca nos burlamos de él, aparezca como aparezca. Lo que a Edward Said le molestó de Sartre, que con toda energía repudió el colonialismo francés en Argelia –también ejercido a través de la construcción de asentamientos de colonos—, es que titubeó en hacerlo con el Estado de Israel. Tal cosa no era (creemos) fruto de su dificultosa vejez, sino del dilema ontológico que el máximo intelectual de la época no estaba dispuesto –así nomás– a desanudar. Ese nudo persiste. ¿Por qué Sartre se allanaría a decir enteramente lo que quería el partido palestino o el partido israelí, sin considerar la espesura histórica del conflicto? Sin duda, no deseaba Sartre resolver con un panfleto fácil de escribir –como si lo hiciéramos hoy reiterando nuestras añoradas fórmulas tercermundistas de décadas anteriores—, acusando de faccioso a un único sector, descuidando las consecuencias paradojales que esto podría tener. Pues todos sentimos la puntada profunda cuando el misil cae sobre pueblos enteros (y en su singularidad dramática, cuando mueren niños en una playa o parroquianos en un café de Gaza viendo el mundial de fútbol, que millones en el mundo festejaron de maneras bien otras), pero una palabra nuestra mal dicha, sólo satisfactoria para nuestros ensueños revolucionarios antes acariciados, sólo satisfactoria para nuestra valoración indulgente de antiguos militantes deseosos de complacencias con nuestros recordados ritos insurrectos, una sola palabra, digo, mal dicha, puede ser una profunda irresponsabilidad que ocasione más muertes en vez de conjurarlas. La familia de Franz Fanon, fallecido éste, retiró el famoso prólogo de Sartre de Los condenados de la tierra, debido a la ausencia de condena sartreana sobre el Estado de Israel. Este hecho prueba la radical dificultad del tema, antes que indicar un procedimiento que resolvería la ansiedad por pronunciarse.

Ya se consiguió retroceder muchos casilleros con el ascenso de las acciones militares que se desencadenan contra la población civil, sobre todo ahora de la Franja de Gaza, cuyos habitantes desesperados ven estrechar progresivamente sus mínimas condiciones de existencia. ¡Retroceso grave! Retroceso respecto de antiguos acuerdos que no pudieron prosperar debido a diversos actos de disconformidad armada que históricamente provinieron del interior ultrista de ambos sectores en pugna. En primer lugar, es necesario aceptar la irreversibilidad de la creación el Estado de Israel y sin embargo hay que seguir indagando en los fundamentos de esa fundación. Nunca dejó de estar en juego una diferencia entre hogar nacional y Estado nacional. La primera es una acepción ambigua, teñida de deseo mesiánico, y deja flotar un sentido misional abierto, redentor de territorios erróneamente considerados vacíos, pues tienen ocupantes históricos, los pueblos palestinos, entre otros, mencionados así desde los tiempos romanos. Tan antigua y venerable denominación (aunque proveniente de uno de los más antiguos imperialismos), para muchos dirigentes políticos obnubilados que presionan hacia una infinita derechización del Estado de Israel, parecería avalar su condición de “pueblo sobrante”. Pero no, el pueblo palestino es un pueblo testigo. En primer lugar es la ciudadanía israelí –y hay muchos testimonios de que esto es así– la que debería valorar qué cosa y que trama es la que constituye a un pueblo testigo.

De alguna manera lo dice Mahmud Darwish, el gran poeta nacional palestino, quien por la misma razón de Said también había abandonado a Yasser Arafat, quien a pesar de todo, no podemos juzgar hoy que estuviese equivocado. Para quienes no somos ni árabes ni judíos, nuestra principal obligación al pronunciarnos es ver las dificultades inherentes al hablar del tema, por lo que debemos comenzar abrigando las vetas existentes también en la fundación argentina –a pesar de todo, sí, un humanismo político activo y una sensatez inspirada en nuestro propio desgarramiento—, sin aplicar fórmulas de nuestra singularidad social a un terreno que tiende erróneamente a parecernos propicio para una obvia y fácil toma de partido. Nada aquí es obvio. El Estado de Israel todo tiene para invocarse más dignamente si en vez de la consigna del hogar nacional, invoca la menos promesante, pero también la menos belicista (y más eficaz) fórmula contemporánea del Estado nacional. Como decía Ernst Renán (aplicaba esta fórmula al islamismo, pero vale para todos), era en los momentos en que quedaba autocontenida la intensidad religiosa –hoy diríamos el integrismo—, cuando se desplegaría con más brillo la vida científica, el compromiso intelectual, la reflexión desprejuiciada, la serenidad cognoscitiva. La historia cultural vastísima de ambos pueblos lo confirma. Historia de la que en gran parte, nosotros, argentinos, somos remotos herederos, en los múltiples mestizajes ocurridos y los que aún nos esperan. En estos términos, quedaría clara la afirmación de la coexistencia entre dos Estados, el israelí y el palestino, coexistencia cuyos problemas no ignoramos –por eso condenamos la gratuidad profunda de los bombardeos—, pero sabiendo que para decir con severidad estricta, no debemos improvisar sobre la base primaria de nuestra cómoda politización inmediata, en un embarazoso terreno ya abonado por una “teología-política” que lo lleva a confines infaustos. En este debate sí podemos intervenir. En nuestro país, hay que releer –estando o no de acuerdo con ellas– las originales reflexiones de León Rozitchner sobre la cuestión judía. León: heredero de las reflexiones bajo ese mismo título de Marx, Bruno Bauer, Sartre, de quienes partiría, criticándolos a su vez a ellos.

También hay que remontarse, más modestamente, a las sucesivas declaraciones de las Naciones Unidas, sobre todo a la Resolución 242, luego de la guerra de 1967, que adquiere hoy un enorme valor, al mencionar la retirada del ejército israelí de territorios ocupados y el “respeto y reconocimiento de la soberanía y la integridad territorial y la independencia política de cada Estado de la región, y su derecho a vivir en paz en el interior de fronteras reconocidas y seguras, al abrigo de amenazas y actos de fuerza”. ¡Parecen ingenuidades hoy! Pero son palabras que hay que recoger. Recordamos asimismo la Resolución 446 de 1979, que declara que la creación de asentamientos por parte de Israel en los territorios árabes ocupados desde 1967 “no tiene validez legal y constituye un serio obstáculo para el logro de una paz completa, justa y duradera en el Oriente Medio”. Además, exhorta a Israel para que, como potencia ocupante, respete escrupulosamente el Convenio de Ginebra relativo a la protección de personas civiles en tiempo de guerra, rescinda sus medidas anteriores y “desista de adoptar medida alguna que ocasione el cambio del estatuto jurídico y la naturaleza geográfica y que afecte apreciablemente la composición demográfica de los territorios árabes ocupados desde 1967, incluso Jerusalén, y, en particular, que no traslade partes de su propia población civil a los territorios árabes ocupados”.

Se dirá que son papeles viejos. Pero son papeles a los que hay que volver (todos tienen que volver), para detener tanta destrucción, y para que los pueblos del mundo puedan influir en la trasmutación del ya tan largo conflicto en una futura e inmediata existencia mutua de dos Estados de fronteras mutuamente respetadas e históricamente equilibradas, el Estado Palestino y el Estado de Israel.

EL PAIS Telegrama para Massa

Por Horacio Verbitsky

Mientras políticos, religiosos y jueces argentinos compiten por ver quién alarma más a la sociedad y reclama mayores penas para delitos vinculados con el consumo de sustancias estupefacientes de uso prohibido, una comisión revisora de sentencias votó el viernes por unanimidad de sus siete miembros permitir que la mitad de los condenados en cárceles federales de Estados Unidos por delitos de drogas soliciten una reducción de sus penas. Unos 50.000 condenados podrán pedir a los jueces que les apliquen en forma retroactiva las nuevas orientaciones establecidas por la misma comisión para esos casos. Sus integrantes fueron designados por el presidente con acuerdo del Senado. La jueza Patti B. Saris, quien presidió la comisión, dijo que la decisión fue moderada. “Reducirá la población y los costos penitenciarios sin afectar la seguridad pública.” Al comenzar la tarea de la comisión, el Ministerio de Justicia proponía que sólo 27.000 condenados fueran elegibles para la revisión, dado que muchos fiscales se oponían a cualquier reforma retroactiva, pero más de 60.000 cartas enviadas por ciudadanos, entre ellos docenas de abogados, legisladores, jueces y organizaciones sociales, llevaron a la ampliación del universo comprendido. El Ministro Eric Holder declaró el viernes que estaba en el interés de la justicia la aplicación retroactiva de los cambios a las directivas que deben seguir los jueces en estos casos. La implementación de la reforma insumirá un año, de modo que “los jueces tengan tiempo suficiente para considerar si una persona determinada que cumpla con los requisitos generales merece la reducción de su condena”, dijo. La principal organización defensora de los derechos humanos en Estados Unidos, la American Civil Liberties Union, ACLU, dijo que “mientras continuamos la marcha hacia la equidad en la política judicial fallida y racialmente tendenciosa, no podemos dejar atrás a quienes tuvieron la mala suerte de recibir sus condenas antes de que estas políticas fueran modificadas. La retroactividad de las nuevas orientaciones llevará alivio a miles de personas que están cumpliendo condenas de excesiva dureza”. La revisión, que beneficiará a los condenados por el tráfico de cualquier tipo de drogas siempre que no hayan utilizado medios violentos, irá acompañada por el establecimiento de casas de medio camino del Servicio Penitenciario, para que cada prisionero reciba servicios de transición que mejoren sus posibilidades de un exitoso reingreso a la sociedad.

EL PAIS › EL SINDICALISMO ELIGE EL PEOR TEMA Y EL PEOR MOMENTO PARA ATACAR Ahora, decime qué se siente

Por Horacio Verbitsky

Se sabía que cuando terminara la fiesta todos los problemas parecerían más graves y urgentes. Pero nadie previó que el cambio de pantalla fuera tan abrupto, apenas horas después de la digna derrota del seleccionado argentino de fútbol ante Alemania (cuando tuvo siete chances de gol: el anulado a Higuaín, los dos mano a mano del mismo jugador con el ropero del arco, que en uno de ellos lo noqueó de un rodillazo; el de la joya Palacio que se la colocó en la mano a Neuer con exquisita precisión y tres de Me-ssi, una ráfaga por izquierda, otra por derecha, ambas apenas desviadas, y el tiro libre a las nubes). Entre los detenidos por los destrozos en torno del Obelisco fueron identificados barrabravas de Independiente y Chacarita, donde reclutan mano de obra entusiasta Hugo Moyano y Luis Barrionuevo, quienes habían anunciado que al terminar el torneo en Brasil lanzarían un paro general. También hubo barras de Nueva Chicago y Boca, próximos al gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya policía fue un pasivo espectador de los estragos. Cuando todavía no se disipaban los gases lacrimógenos el secretario de Seguridad, Sergio Berni, dijo que estas presencias respondieron a una intencionada coordinación previa, cosa que ahora debería probar la justicia.

La cultura del encuentro

Los contactos entre dirigentes de las cinco centrales sindicales comenzaron en Mar del Plata el fin de semana en que se jugaban los octavos de final en Brasil, promovidos por el Episcopado Católico con el pretexto de “la cultura del encuentro”. La primera y hasta ahora única coincidencia fue la oposición a la cuarta categoría del impuesto a los ingresos de las personas, que será el eje del paro cegetista y de una movilización ceteaísta. La papolatría en boga protege a la entidad clerical de incómodas preguntas: mientras su Observatorio Social falsea las cifras de pobreza, su conducción bendice a quienes procuran privar al Estado de los recursos para mitigarla, mientras su jefe máximo repite como meliflua letanía “hay que cuidar a Cristina”. Las dos CGT principales y la fracción mayoritaria de la CTA son conducidas por sindicatos cuyos afiliados perciben ingresos que superan la media. Los metalúrgicos de Antonio Caló, los mecánicos de Ricardo Pignanelli, los camioneros de Moyano, los petroleros de Guillermo Pereyra o los docentes de Hugo Yasky forman parte del 13 por ciento de los trabajadores alcanzados por el impuesto. Moyano y Barrionuevo no tienen contradicciones: son políticos que quieren acabar con este gobierno. Más compleja es la situación de Caló, Pignanelli y Yasky, quienes apoyan al gobierno y se preocupan por la preservación del empleo, pero deben responder a sus bases, de trabajadores registrados y con buenos ingresos. Sin referencia a este componente de clase, Yasky explicó en conferencia de prensa que con la movilización del 4 de agosto al Congreso reclamarán que se modifiquen las escalas “para que sea un impuesto a los altos ingresos” y que se realice una “amplia reforma del sistema tributario” para que “quienes más tienen más paguen”. Pero en un reportaje concedido a la radio Splendid especificó que sería razonable “elevar el piso a 20.000 pesos”. De accederse a este planteo, en vez del 13 sólo tributaría un 5 o un 7 por ciento de los trabajadores, con lo cual el Estado no podría financiar sus múltiples planes de inversión social, subsidios y transferencia de ingresos a los sectores menos favorecidos ni estaría en condiciones de responder a otro de los pedidos sindicales, como defender el empleo. Según Yasky, “desde el mundo empresario no verían con malos ojos la elevación de los índices de desocupación porque para ellos es la variable que les permite empujar hacia abajo los salarios”. También repudió la extorsión del capitalismo salvaje y exhortó a unirse contra los fondos buitre, como ya había hecho la CGT. Pero la movilización anunciada se producirá en la semana en la que si la Argentina no accede al mandato del juez de Wall Street Tom Griesa, las calificadoras de riesgo dirán que está en default.

Un fracaso político

En las posiciones de Barrionuevo y Micheli, líderes de las fracciones menores de la CGT y la CTA, predominan el sesgo ideológico y el acomodo a lo que decidan las centrales más importantes para disimular su menudencia. Que éste sea el mínimo común denominador alcanzado por las cinco centrales tiene implicancias distintas en cada caso. Para las más grandes, ratifica que su representación se concentra en la denominada aristocracia obrera, es decir los trabajadores mejor pagos, con indiferencia por el tercio de la mano de obra que subsiste en condiciones de precariedad. Debido al incremento de los precios, la pobreza y la indigencia han crecido entre esos trabajadores, problema que las centrales sindicales a veces mencionan en sus comunicados pero minimizan en los hechos. Se podrá discutir en términos teóricos si lo que está ocurriendo es una desaceleración del crecimiento o el comienzo de una recesión, pero si a esto se suman la inflación y los diez meses seguidos de retroceso interanual de la industria, se comprende la delicadeza del cuadro. Hasta ahora no ha dado lugar a despidos en serie ni suspensiones sin goce de sueldo, y a impedirlo se dedican los esfuerzos oficiales, para los que son imprescindibles los recursos que las centrales sindicales intentan restarle. El gobierno también alega con buena lógica que a medida que vayan percibiéndose los aumentos pactados en paritarias el salario recuperará parte de las posiciones perdidas en el verano. También confía en el efecto reactivador de las inversiones que financiará China y en la contundencia del swap de divisas entre los respectivos bancos centrales que limitará la capacidad especulativa para propiciar una nueva corrida cambiaria. Al anotarse ahora a la zaga de Moyano y Barrionuevo, lo que queda de la CTA no mejorará la coherencia entre sus definiciones políticas y su práctica gremial, pero tal vez abra espacio para el crecimiento de un sindicalismo de base en el que abreva la izquierda con flamante representación legislativa. Si frente a las medidas de lucha que ese nuevo sindicalismo, integrado en buena medida por jóvenes que consiguieron sus empleos con la recuperación de la última década, los grandes sindicatos optan por un maccartismo retro modelo 1974, como el que exhibió Pignanelli al objetar la presencia de diputados y militantes por los derechos humanos en las actividades por la conservación de puestos de trabajo, y si el Secretario Berni borra con el codo las normas que Néstor Kirchner estableció hace diez años, por las cuales la policía no puede portar armas de fuego en el control de manifestaciones políticas y sociales ni dispersar una multitud disparando balas de goma, será más difícil explicar por qué el kirchnerismo no debería tomar en cuenta a Sergio Massa ni a Daniel Scioli entre las opciones para 2015. Este es un fracaso compartido entre el gobierno y las fuerzas sindicales que lo apoyan.

Cuestión de escalas

Luego de muchos años de explicar que el impuesto a los ingresos de la cuarta categoría era una pieza fundamental de su política redistributiva, Cristina cedió en 2013 a las presiones del mismo frente que vuelve a articularse ahora y firmó los aumentos del mínimo no imponible, que quedó en 15.000 pesos brutos o 12.450 netos, uno de los valores más elevados de la posconvertibilidad. Según los cálculos del Centro de Investigación y Formación Cifra, que coordina Eduardo Basualdo y que depende de la CTA, con aquella decisión el mínimo no imponible para un trabajador soltero sin hijos medido en términos reales en pesos de 2013, arribó a su nivel más alto desde la crisis de la convertibilidad mientras el del trabajador casado con dos hijos superó el valor promedio del período 2001-2006 y fue muy cercano a los del trienio 2009-2011. Estas actualizaciones hicieron que el número de trabajadores alcanzados descendiera de 2,4 millones en 2012 a menos de un millón en 2013 o, dicho en porcentajes, del 13,2 al 5,3 por ciento del total de los trabajadores, o del 26,5 al 10,5 por ciento de los trabajadores registrados, con la consiguiente resignación de ingresos para el fisco. A quienes le preguntaron a qué se debía tal cambio, la presidente les respondió con un argumento de política coyuntural: de no hacerlo, le atribuirían a su obstinación un mal resultado en los comicios de octubre de ese año. Esa concesión se demostró tan gravosa en términos económicos como por la confusión que produce en los lineamientos interpretativos de su proyecto político y ni siquiera impidió que en algunas provincias, como Buenos Aires, los candidatos del Frente para la Victoria perdieran terreno ante retadores audaces a la hora de prometer el cielo y las estrellas.

La devaluación de comienzos de año y la consiguiente aceleración de los precios internos erosiona el mínimo no imponible. Si se proyecta una inflación anual del 35 por ciento para 2014, el mínimo no imponible descendería alrededor del 26 por ciento y en valores constantes de 2013 caería de 12.450 a 9.222 pesos. Lo que la presidente transmite ahora es que no volverá a desfinanciar el presupuesto para satisfacer a una elite indiferente a las necesidades del conjunto de la propia clase. Resta por verse con qué otras medidas apaciguará el jefe de gabinete Jorge Capitanich a Caló en la audiencia prevista para mañana.

En el contexto inflacionario y de aumentos del salario nominal, con las actuales escalas congeladas los trabajadores deben aportar una parte proporcional cada vez mayor de su sueldo. Esto es más grave en los tramos inferiores. Con alícuotas que van del 9 al 19 por ciento un trabajador que recibe un aumento de 769 pesos mensuales pasa a tributar en la escala siguiente. En los tramos superiores, el cambio de categoría se dispara con un aumento de 2.308 pesos mensuales. Una mayor progresividad del sistema podría obtenerse modificando las escalas y alícuotas, como propone la CTA, mediante la incorporación de alícuotas de 3 y 6 por ciento para los trabajadores de los niveles inferiores e incrementando hasta el 42 por ciento las alícuotas para los más altos. Esto permitiría expandir la base imponible, incluyendo también actividades hoy exentas, sin afectar tanto a los trabajadores de ingresos medios.

Cristina ha dejado trascender que no tocará el mínimo no imponible pero sí está dispuesta a actualizar las escalas, que están congeladas desde 2001, de modo de tornar más progresivo el tributo. Esto significa que aun si se incrementa la cantidad de trabajadores alcanzados por el impuesto, los estratos más bajos cederían una parte menor de su ingreso. Los estudios para esta modificación están hechos, pero falta la decisión política de ponerla en práctica y cuándo.

EL MUNDO › LA ALIANZA CON LOS BRICS NO SE RESTRINGE A UNA PERSPECTIVA ECONOMICISTA DE CORTO PLAZO La apuesta estratégica de Lula y Dilma

En 2016, baterías antiaéreas rusas blindarán Río de Janeiro durante los Juegos Olímpicos, gracias al acuerdo de defensa firmado por Brasilia y Moscú una semana antes de la quinta cumbre del grupo Brics celebrada en marzo de 2013, un entendimiento ampliado por Dilma Rousseff y Vladimir Putin la semana pasada cuando se incluyó la compra de otros armamentos. En octubre de 2013, dos petroleras chinas integraron junto a la brasileña Petrobras el consorcio vencedor de la subasta por el megapozo Libra, situado en el litoral carioca y dotado de unos 12 mil millones de barriles de crudo. Antes de ello, en 2009, año de la primera cita presidencial de los Brics en la ciudad rusa de Ekaterimburgo, Luiz Inácio Lula da Silva pactó con su colega chino Hu Jintao un crédito de 10 mil millones de dólares para que Petrobras extraiga petróleo en yacimientos hundidos a 5000 metros de profundidad.

Estos antecedentes, a los que se podrían añadir otros como los programas satelitales firmados con China, permiten demostrar que la alianza de los gobiernos del Partido de los Trabajadores con los Brics, iniciada por Lula y profundizada por Dilma, no fue construida de buenas a primeras ni se restringe a una perspectiva economicista de corto plazo, como pudiera imaginar quien solo tome en cuenta la creación del Banco de Desarrollo y el Fondo de Contingencia durante la sexta reunión de ese grupo de países realizada la semana pasada en la ciudad nordestina de Fortaleza.

El acople entre Brasil y las potencias emergentes comenzó a madurar en la década pasada y ganó más ímpetu luego de la crisis global de 2008.

Además de cuestionar el peso de Estados Unidos en el FMI, apoyar la creación de instituciones financieras y alentar el comercio a través de las monedas locales, Brasil fue estableciendo graduales convergencias con los Brics en áreas sensibles como son las de defensa y energía, donde se asienta el núcleo duro de un vínculo entre naciones.

Todo lo anterior, sumado a las coincidencias en grandes asuntos de la agenda mundial, como los conflictos en Libia, Siria u Oriente Medio, donde Brasilia suele compartir con las posiciones defendidas por Beijing y Moscú, fueron instalando a los Brics dentro de las prioridades de la política externa de Brasilia al tiempo que se observaba un simétrico retroceso de Estados Unidos.

En los últimos meses esa potencia quedó fuera de la disputa por la explotación de hidrocarburos en el litoral de Río de Janeiro, donde hicieron pie las compañías chinas y perdió la licitación por la venta de 36 aviones de combate para la fuerza aérea brasileña.

El vicepresidente norteamericano, Joe Biden, arribó a Brasil en junio, a poco de iniciada la Copa del Mundo, con el propósito de recomponer las relaciones tras los destrozos causados por el escándalo de espionaje de la agencia NSA.

Dilma lo recibió con cortesía y habló sobre la importancia que su gobierno concede a la Casa Blanca, pero no brindó ninguna precisión sobre un eventual viaje a Washington, luego de haber suspendido una visita de Estado a esa capital cuando se confirmó que los agentes de la NSA auscultaron desde los archivos de Petrobras y hasta algún despacho del Palacio del Planalto.

En contraste con la austera recepción concedida al enviado de Barack Obama, la presidenta quiso el último año de su gobierno (concluye el 31 de diciembre) fuera coronado diplomáticamente en gran estilo, con la visita de 15 jefes de Estado luego de finalizada la Copa en el Maracaná.

El momento más alto de una semana en la que Brasil demostró su estatura internacional ocurrió el martes en Fortaleza, en cuyas playas todavía se veían hinchas extranjeros llegados para el Mundial, con la creación del Banco de Desarrollo y el Fondo de Contingencia, dos instituciones dotadas de 150 mil millones de dólares.

Un monto lo suficientemente robusto como para demostrar que surgió un polo de poder capaz de plantarse de cara a las metrópolis occidentales y marcar el inicio del fin de dos décadas de unipolaridad norteamericana.

La conferencia de Fortaleza, prolongada el miércoles en Brasilia cuando se sumaron los líderes de la Unasur y de la Celac, tuvo el sello de la presidenta que se perfila como favorita a la reelección en los comicios del 5 de octubre, con el 36 por ciento de las intenciones de voto frente al 20 del opositor Aecio Neves, proclive a reincidir en las relaciones preferenciales con Estados Unidos de su correligionario, el ex mandatario Fernando Henrique Cardoso.

El cónclave fue un triunfo de la diplomacia brasileña, pero especialmente de Rousseff, que está en condiciones de capitalizar el rédito de lo ocurrido la semana pasada, en la que mantuvo varios encuentros bilaterales, el más importante con su par chino Xi Jinping, de cara a la campaña electoral y como un anticipo de lo que serán los ejes en un eventual segundo mandato.

La política externa brasileña es la resultante de un campo de fuerzas en el que gravitan la presidencia de la república, los grupos de poder fáctico (burguesía industrial y financiera) y el Palacio Itamaraty, que suele operar con una lógica propia como si se tratara de un Estado dentro del Estado.

El saldo de la reunión de los Brics posiciona mejor a Rousseff dentro de ese sistema inestable, donde también operan el lobby de las potencias extranjeras y corporaciones transnacionales.

Rousseff se mueve con más soltura en el terreno de la diplomacia económica que en los mentideros políticos, donde prefiere que actúen sus hombres de confianza, el asesor especial de Asuntos Internacionales, Marco Aurelio García, y el canciller Luiz Alberto Figueireido.

Según trascendió, ella pidió ser informada permanentemente sobre las negociaciones para la creación del Banco de Desarrollo, cuya presidencia quería ejercer, aspiración que resignó a favor de India, con sentido pragmático, para garantizar que el proyecto salga del papel.

A Dilma le gusta la diplomacia de resultados, como quedó demostrado en la conferencia de la semana pasada o hace cinco meses en Cuba, adonde viajó para recorrer las obras del puerto de Mariel financiadas por el poderoso Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, puerto que permitirá que Brasil cuente con una base de exportaciones a unas cuantas millas marinas de Miami y del Canal de Panamá, el atajo interoceánico para llegar al mercado chino.

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EL MUNDO › OPINION Una prisión al aire libre

 Por Robert Fisk *

En una crítica sin precedentes al asedio israelí en Gaza, un funcionario de alto rango de Médicos Sin Fronteras (MSF) ha descrito el trabajo de la organización humanitaria entre los 1,6 millón de refugiados palestinos sitiados como algo semejante a estar “en una prisión al aire libre para emparchar presos entre sus sesiones de tortura”.

Jonathan Whittall, jefe de análisis humanitario de MSF, que trabajó en Libia durante la guerra de 2011, en Bahrein durante el levantamiento del mismo año, en Siria, Afganistán, Pakistán, Sudán del Sur y Darfur, ha preguntado a sus colegas sin rodeos: “¿Hasta qué punto la repetición del accionar médico de MSF en una situación inaceptable (como la de Gaza) no se convierte en complicidad con la agresión y la opresión?”

A diferencia de otras organizaciones médicas de beneficencia, MSF ha animado siempre a su personal a hablar con franqueza acerca de los peligros y los problemas morales a los que se enfrentan, y el largo y apasionado informe del Sr. Whittall –a diferencia de los de otros grupos humanitarios, que prefieren acallar a su personal– está en sintonía con las reglas de MSF. Pero sus acusaciones contra Israel seguramente despertarán una feroz condena israelí durante una guerra desproporcionada –supuestamente para evitar los ataques con cohetes de Hamas contra Israel– en la que el ejército israelí ha asesinado a más de 200 civiles, muchos de ellos mujeres y niños.

“Toda una población está atrapada en lo que es básicamente una prisión al aire libre”, escribe el señor Whittall. “Ellos no pueden salir y sólo se permite la entrada de los suministros más básicos –esenciales para la supervivencia–. La población carcelaria ha elegido representantes y ha organizado servicios sociales.”

“Algunos de los presos se han organizado en grupos armados y resisten a su detención indefinida por el lanzamiento de cohetes sobre el muro de la prisión. Sin embargo, los guardias de la prisión son los que tienen la capacidad para poner en marcha ataques a gran escala y de alto poder destructivo en la prisión al aire libre.”

En una comparación que también enfurecería a Israel, el Sr. Whittall, que está instalado en Beirut, dice que las limitaciones de los grupos humanitarios en Gaza no son una excepción. “En 2012 –escribe–, MSF cerró sus proyectos en las cárceles de Misrata, Libia. Nuestros médicos se mostraron indignados por estar en una posición en la que proporcionábamos tratamiento a pacientes que eran torturados por las autoridades estatales.” En ese momento, MSF denunció enérgicamente: “Nuestro papel es proporcionar atención médica a los heridos de guerra y detenidos enfermos, no para tratar a los mismos pacientes entre sesiones de tortura”.

Desde 2010, MSF gestiona una clínica en la ciudad de Gaza, donde el 80 por ciento de los pacientes sufre de quemaduras graves, y proporciona una cirugía especializada en el hospital Nasser, en Khan Younis, y la formación en terapia intensiva para el personal médico y paramédico en los hospitales de Nasser y Shifa.

Durante el conflicto, el señor Whittall añade que “la voz de indignación de los equipos médicos de MSF es ahogada por la guerra de propaganda que hace erupción cada vez que una operación militar de este tipo se lleva a cabo y por la preocupación de que una crítica muy fuerte pueda reducir la llegada de los equipos médicos a la Franja de Gaza”. Aunque el Sr. Whittall no lo dice, las mismas restricciones se hicieron sentir cuando la organización se enfrentó a las poblaciones civiles desesperadas por ayuda en la guerra siria.

En otro golpe a la actuación del ejército israelí en Gaza, el señor Whittall comenta que “todo el mundo paga el precio de vivir en estado de sitio y por sus actos de resistencia. Los trabajadores médicos han sido asesinados y las instalaciones de salud dañadas. En un entorno tan densamente poblado, los reclamos de no atacar a civiles son inútiles. Siempre hay límites a la acción humanitaria. Las organizaciones humanitarias podemos tratar a los heridos. Pero no podemos abrir las fronteras para poner fin a la violencia”.

El funcionario de MSF también toma nota de que mientras los “límites del humanitarismo” son una realidad cotidiana para los trabajadores de MSF, “se hacen más evidentes por la duración del sufrimiento y la configuración política internacional que permiten a los estados políticos enfermos continuar con la violencia”. El Sr. Whittall dice que mientras “la prisión al aire libre de Gaza se prepara para más ataques aéreos y una posible operación terrestre”, los límites al trabajo de MSF siguen siendo evidentes, y exige que se debe permitir a los palestinos “circular libremente para buscar seguridad en tiempos de violencia, incluyendo a Egipto... Los civiles y la infraestructura civil –incluidos los trabajadores médicos, centros de salud y las ambulancias– nunca deben ser atacados. La ayuda humanitaria y sus trabajadores deben tener acceso sin obstáculos en todo momento –no como un favor, sino como una responsabilidad legal–”.

El análisis de Whittall evocará muchas simpatías entre otras organizaciones humanitarias, y entre funcionarios de la Unión Europea que encuentran su asistencia en los territorios ocupados palestinos o en Gaza como un hecho por los israelíes. Proyectos humanitarios de la UE, tanto en Gaza como en Cisjordania, han sido destruidos por el ejército israelí apenas después de las críticas de la propia UE, que no tiene ninguna conexión con MSF–.

* De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Página/12.
Traducción: Patricio Porta.