REPORTAJE A GILS CARBO, POR MARTIN GRANOVSKY: JUSTICIA LEGITIMA

REPORTAJE A GILS CARBO, PROCURADORA Y FIRMANTE DEL DOCUMENTO “JUSTICIA LEGITIMA” “El sistema judicial es burocrático y autoritario” Mañana comienza en la Biblioteca Nacional el encuentro abierto convocado por cientos de magistrados que firmaron el texto “Justicia legítima”. Una de las firmantes fue Alejandra Gils Carbó, la jefa del Ministerio Público Fiscal. En diálogo con Página/12, reveló entramados judiciales y adelantó la posibilidad de que surja una nueva asociación civil para impulsar una reforma. Por Martín Granovsky Imagen: Leandro Teysseire A menos de un año de su nombramiento, a propuesta de la Presidencia y con acuerdo del Senado, la procuradora Alejandra Gils Carbó encara al mismo tiempo cambios en el organismo y participa del grupo cada vez mayor de jueces, fiscales y magistrados nucleados en “Justicia legítima”. –¿Hay una reforma verdaderamente posible en el Poder Judicial y en el Ministerio Público Fiscal? ¿O el Ministerio Público encara una reforma para marcar un rumbo e influir sobre el Poder Judicial? –Al menos en mi caso, al frente del Ministerio Público, intento adoptar modificaciones que como mínimo amortigüen los defectos del sistema. Hoy se llega a designar fiscales con un resultado medio cantado. –¿En qué reside lo cantado? –En la importancia que tiene un examen de antecedentes y títulos al que se le asigna cerca del 50 por ciento del puntaje total. –¿Y por qué eso es malo, en su opinión? –Porque pueden resultar favorecidos hombres solteros y mujeres solteras con tiempo disponible o acceso más fácil a posgrados y doctorados. Y no es posible que tenga un peso tan determinante. No está bien. A veces no trabajan. O, si ya están en la Magistratura, teniendo tareas no las hacen. Eso no me parece un parámetro que deba ser. –¿Cuál sería el parámetro ideal? –El que estamos por implementar, ya no como idea, sino como plan concreto e inminente. Vamos a privilegiar los exámenes de oposición. Vamos a darle importancia a lo que sirva para evaluar la capacidad del fiscal. Por ejemplo, su capacidad dinámica, su posible desempeño ante tribunales orales, compatible con el proceso que pensamos que se viene, con modalidad acusatoria. –Es decir, con procesos judiciales donde la dinámica de la investigación la lleve a cabo el fiscal y no el juez. –Y agrego otro requisito: el examen debe revelar el tipo de sensibilidad del funcionario. Lo que tenemos es un sistema judicial esencialmente burócrata. Vayamos quitando burocracia. Agreguemos transparencia. Por eso queremos que además de un jurista invitado al concurso de oposición, haya un veedor de una organización no gubernamental que no sólo presencie el trámite, sino que emita un informe. –¿Qué es un fiscal sensible? –Un fiscal que sienta que está al servicio de la comunidad en lugar de creer que accedió a un cargo privilegiado con dinámicas corporativas. –Hoy existe una combinación de evaluación de antecedentes, que representan el 50 por ciento del puntaje, examen escrito y examen oral. –Queremos que al oral se llegue por haber aprobado el examen escrito, no por los antecedentes. –¿Y los antecedentes cuándo se considerarían? –Si el candidato o la candidata aprueban el escrito y el oral, entonces sí se evalúan los antecedentes. Pero en ese orden. –¿Pesarían el 50 por ciento? –No. Menos. Digamos, un tercio del total. Para todo este proceso una clave es el objetivo de garantizar el acceso universal a los cargos de la Magistratura, y al decir Magistratura englobo tanto el Ministerio Público Fiscal como el Poder Judicial. En el caso del Ministerio Público, no puede ser que los jurados se integren con fiscales de la misma jurisdicción. Si no, se favorece esa especie de sistema de padrinazgos que termina constituyendo una suerte de familia política judicial. Es como si el nuevo fiscal le debiera el cargo al padrino. –¿Hoy es así? –El Consejo de la Magistratura muchas veces lo aplica y lo considera válido. Yo lo critiqué. Esto permite los padrinazgos y los parentescos, muy fuertes en las jurisdicciones del interior del país, pero no sólo allí. En la Justicia nacional también hay nombramientos cruzados: la esposa de, el hijo de. Tengo el Ministerio Público lleno de parientes que no nombré yo. No puede ser que el parentesco y las relaciones de sociabilidad como los padrinazgos sean las normas no escritas que orienten las designaciones y las carreras. –¿Cómo se puede comenzar a cortar esa trama? –Primero echando luz sobre estas prácticas consuetudinarias que son contrarias a los intereses de la comunidad. Así como alejan al Poder Judicial de la sociedad, lo acercan a los factores de poder que manejan los hilos de la Magistratura. Tiene que haber cambios no sólo legales y reglamentarios. Si hay algo que caracteriza a esa estructura es el autoritarismo, porque pretende unificar todo bajo esos patrones en lugar de guiarse por el pluralismo y el debate. –Ya dijo que el Poder Judicial, o la Magistratura, son burocráticos y autoritarios. –Sí. Burocráticos y autoritarios. Por eso tiene que haber un cambio cultural. Creo en el poder transformador de la cultura. Cada persona dentro suyo tiene una conciencia moral. Cuando se revelan estas prácticas tan alejadas de las que debe tener un funcionario, esto tiene que generar un rechazo. Una de las medidas que vamos a tomar es el dictado de un código de ética para actualizar las nuevas patologías. –¿Patologías? –Por ejemplo, los magistrados que reciben prebendas encubiertas como becas y viajes académicos, y a veces viajes de turismo. Y el peor aspecto de los parentescos: no sólo se verifican en los tribunales, sino entre magistrados y, a veces, imputados. –¿Y por qué haría falta un código de ética específico? ¿La confusión de intereses entre un magistrado y un imputado no va contra la ley si ambos están como partes o como protagonistas de una causa judicial? –Bueno, es obvio que eso debe generar la inmediata excusación del magistrado. –Si existe la ley, ¿para qué el código de ética? –Para reforzar el debate abierto. Es un proyecto que debatiremos con representantes de la sociedad civil. En la Justicia hay muchas cosas que aclarar. Cosas que fueron dichas por altos estamentos judiciales. –En diciembre del año pasado, la Comisión Nacional de Protección de la Independencia Judicial y la Asociación de Magistrados dijeron que el Poder Judicial estaba siendo atacado por el Ejecutivo. –Y a principios de enero cientos de magistrados, que llegamos muy pronto a ser 680, reaccionamos porque no queremos complacencia con promiscuidades con los poderes fácticos y hegemónicos. Fue el documento “Justicia legítima”. –Mañana y pasado se encontrarán en la Biblioteca Nacional. Eso es sabido. Lo ignorado es qué pasos concretos darán. –Saldrá de las discusiones. Quizá pueda emerger un documento que haga más concretas las propuestas de cambio que pretendemos generar. Este es el momento adecuado para dar un giro al sistema judicial, después de treinta años de estabilidad democrática. También puede constituirse una asociación civil para ayudar a que los cambios puedan realizarse. No podemos quedarnos solo con reformas normativas para ejercitar una retórica cuando todavía permanecen intactos los mecanismos internos de disciplinamiento o de manipulación. La dependencia judicial se maneja en las sombras, no cuando sale uno a quejarse de una sentencia que le parece injusta. Eso es parte del escrutinio público al que están sometidos todos. Es un examen público saludable. Cuando alguien de nosotros, en la Magistratura, recibe una crítica, no puede ser que se sienta difamado. Es parte de la actitud burocrática y autoritaria. –Insiste con los burócratas. –Es burócrata el que sigue un ritualismo exacerbado, sobre todo en los procesos civiles. Se avanzó en la oralidad especialmente en lo penal. Pero continúa en general esa enorme distancia entre el juez y las partes. El juez conoce a los abogados, no a las partes. A veces ejerce una imparcialidad mal entendida, porque se manifiesta impasible ante las desigualdades. Se limita a ver los hechos del caso sin considerar los conflictos sociales que subyacen detrás de un caso. Todos esos actos responden a una lógica burocrática de eludir los temas de fondo. Cuando asumí como procuradora, vi que no había una unidad especializada en narcotráfico y narcocriminalidad. ¿Qué queremos? ¿Que un fiscal con diez empleados pueda luchar solitario contra poderosas bandas internacionales? Ridículo. Por eso creamos la Procuraduría contra la Narcocriminalidad, o sea un sistema de persecución penal adecuado a la complejidad del siglo XXI. ¿Sabe qué es un burócrata? En mi caso, descubrir que la narcocriminalidad no puede ser materia de un fiscal solitario y quedarme sentada. Supuestamente cumplo con mi trabajo, me pagan el mismo sueldo y evito los problemas. Eso es la burocracia rutinizada. Es un pensamiento conservador que no tiene ninguna eficiencia para dar una respuesta a la sociedad. –¿Para qué serviría constituir una asociación civil a partir del documento? –Si llegamos a un acuerdo sobre ese punto, para no quedarnos con la definición teórica de lo que debe hacerse. Tiene que haber una palabra que produzca sentido para que todo no quede en propuestas de reforma. Ya hubo propuestas de reformas de la Justicia que no dieron el resultado. Eso suele suceder cuando no se miran los fenómenos reales. –¿A qué se refiere en concreto? –Al Consejo de la Magistratura. Debería estar más abierto a la participación ciudadana. Que esté abierto sólo a jueces y abogados es funcionar con un cuerpo cerrado y endogámico. Por qué no médicos, por qué no ingenieros, por qué no gente sin título universitario, por qué no gente ajena a la corporación y a sus constantes toma y daca... Miremos el caso del juez Luis Armella. Estuvo en una de las causas de mayor exposición, en la que se hicieron todos los negocios imaginables. –La del Riachuelo. –Sí. Quizás Armella sintió que tenía el colchón suficiente para seguir firmando sentencias. ¿Qué puede pensar un ciudadano que hoy tiene un fallo con la firma de Armella? ¿Cómo no vamos a hablar de que es necesario un cambio? –¿A los firmantes de “Justicia legítima” los unifica el kirchnerismo? –No. Y además, los funcionarios judiciales no suelen estar tan politizados. Por lo pronto, tienen vedado afiliarse a un partido político. Ahora, eso es una cuestión y otra es la necesidad de contar con una política judicial sana, de comunicación, de transparencia en la información judicial y administrativa. –Y si excede al kirchnerismo, ¿también excede el caso Clarín o el conflicto por las cautelares a raíz de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual? –Excede absolutamente esa cuestión. Tiene que haber un disgusto muy grande para que personas tan disímiles se alcen contra un comunicado cuya redacción se atribuía a ministros de la Corte. No es propio de la magistratura rebelarse. Es que debe existir algo muy fuerte que estuvo alimentando este sentimiento de indignación, de no querer ser parte de un entramado de relaciones corporativas, con agentes externos que son contrarios a los intereses de la sociedad. –Ningún ministro de la Corte Suprema firmó ese documento con su nombre o apellido. –Debo pensar entonces que no estaban todos de acuerdo. Mire, igual la situación no tiene vuelta atrás. Y no la tiene por la fuerte sensación de que la Justicia no debe ser como antes y no volverá a ser como antes. Hay un debate, hay ideas, hay proyectos. Algunos de los que firmamos, por los puestos que ocupamos, tenemos posibilidades de reglamentar y ejecutar. Es el caso de la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, y es el caso del Ministerio Público Fiscal. Haremos la reforma de los concursos. También estamos hablando con los decanos de universidades del conurbano para crear un régimen de pasantías. Esto va a traer un cambio cultural que atacará el oscurantismo de los pasillos tribunalicios que dominó hasta ahora. –Volvamos por un segundo al comunicado atribuido a miembros de la Corte Suprema. Además de la respuesta con el documento “Justicia legítima”, ¿qué generó en el día a día de la vida en Tribunales? –El comunicado es de una minoría que intenta arrogarse una representación. Ni siquiera tienen que ver con el interés del resto de los magistrados. Detrás de eso se vio una pretensión de establecer alianzas estratégicas para trabajar un proyecto personal de poder que no tiene que ver con la función judicial. Es una manera de subvertir las funciones de la magistratura, que debe servir al interés común. –¿Debo interpretar que hay un enfrentamiento entre la procuradora y la Corte Suprema? –Ya le dije: no englobaría a toda la Corte en los comunicados, si es que fue eso lo que generó la reacción. Si no, habrían firmado todos los ministros. Y no firmó nadie. –Usted no sólo hace críticas por burocratismo, sino por autoritarismo. ¿Tan vertical es la Magistratura? –Al hablar de autoritarismo me refiero a otra cosa: a que en la mayor parte de la historia argentina, la Justicia legitimó regímenes autoritarios. Y déjeme volver al Ministerio Público: es uno de los más atrasados de Latinoamérica. No se desarrolló la autonomía institucional y la consagración del sistema acusatorio. El Ministerio Público sigue teniendo una organización en espejo respecto del Poder Judicial. Imita sus funciones aun cuando son distintas. Pienso, al contrario, que debe responder al dinamismo, porque debe llevar adelante la investigación. –El distrito más poblado del país tiene sistema acusatorio: la provincia de Buenos Aires. ¿La Magistratura bonaerense es un modelo? –Obviamente incorporar el sistema acusatorio no es suficiente. Si no se produce un cambio cultural, siempre se trasvasará todo lo viejo. Si no, los funcionarios se reproducen. Y ésa no es precisamente mi idea ni la idea de quienes nos reuniremos en la Biblioteca Nacional. PROYECTO SOBRE DECLARACIONES DE FISCALES Juradas, pero no secretas Además de los nuevos concursos que explicó en la entrevista publicada en estas páginas, la procuradora Alejandra Gils Carbó dijo a este diario que se propone implementar un programa de transparencia que incluya un reglamento de acceso a las declaraciones juradas de los fiscales. Según la jefa del Ministerio Público Fiscal, “el actual reglamento de acceso a las declaraciones juradas es restrictivo del derecho de la ciudadanía a acceder a la información pública”. Uno de los papeles de trabajo a los que tuvo acceso Página/12 sostiene que el sistema actual “dificulta el acceso a la ciudadanía en general” porque establece requisitos “que resultan de difícil superación” y permite “interpretaciones que suelen limitar o directamente impedir el acceso a las declaraciones juradas”. Otro de los puntos del llamado Programa de Transparencia es ampliar el área de atención a las víctimas “para garantizar la protección de los derechos” y acercar las víctimas al Ministerio Público “como actor fundamental en la representación de esos derechos e intereses”. El plan contempla “mecanismos de atención directa y personalizada” para acceder a la Justicia: líneas telefónicas, mail, chats e incluso locales del Ministerio Público Fiscal con atención personalizada. Habrá también un Portal de Gobierno abierto y un portal de noticias para difundir la información que producen las unidades especiales y la Procuraduría, la información de las fiscalías y los dictámenes de la procuradora y de los procuradores adjuntos ante la Corte Suprema. En cuanto al código de ética, el texto dice que “debería prevenir incorporar aquellas situaciones reñidas con la ética que son propias del sistema judicial argentino”. El caso concreto sería la regulación sobre conflictos de intereses, regalos y viajes. Otro punto será un reglamento para compras y licitaciones. Ese reglamento podría incluir “un mecanismo para dar prioridad a distintos actores sociales de relevancia”, como cooperativas de trabajadores, fábricas recuperadas y el Ente Cooperador Penitenciario. martin.granovsky@gmail.com 26/02/13 Página|12 GB

QUIENES Y CUANTOS VIAJAN EN EL SARMIENTO

Sarmiento: cantidad de viajantes, calidad de servicios y perfil de usuarios Distintos estudios permiten conocer cómo fue la evolución de la cantidad de usuarios del Sarmiento. También, como es el perfil socioeconómico del pasajero. Por Alejo Flores I El ferrocarril Sarmiento es, junto con el Roca, uno de los que mayor cantidad de pasajeros transporta en nuestro país. Entre junio de 1995, época de pleno proceso privatizador menemista, y mayo de 2012, cuando la tragedia de Once provocó que el actual Gobierno revocara la concesión, la línea fue administrada por la empresa Trenes de Buenos Aires S.A (TBA), es decir, Grupo Cirigliano. Si se analiza la cantidad de boletos vendidos en cada ejercicio, resulta llamativo que el número total alcanzado durante el primer año completo en que el servicio estuvo en manos privadas haya sido superior al del último: 99.336.972 en 1996 contra 88.619.799 en 2011. En el medio de estos dos extremos, las cifras de pasajes pagos experimentaron diversos vaivenes a lo largo del tiempo. En 1995, año en que la administración de la línea se dividió entre los últimos meses del régimen estatal y los primeros del privado, el total de boletos vendidos fue de 81.877.554. Durante esa primera etapa, los números de cada ejercicio fueron casi siempre en aumento, alcanzando en 1998 una cifra superior a los 113 millones de unidades. Los números surgen de estadísticas de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). Más tarde, en lo que fue tal vez el momento de mayor crisis económica del país, se dieron las bajas más pronunciadas en este rubro, con un descenso del 10% en 2001 y uno del 12,1% en 2002 (siempre tomando como referencia el año inmediatamente anterior). A partir de entonces se dio un nuevo repunte en la venta de boletos, con cifras crecientes entre 2003 y 2008 (año récord para la línea Sarmiento, con más 108 millones de pasajes entregados). Por último, entre 2009 y 2011 los totales volvieron a ir en descenso, lo cual explica que el último ejercicio haya presentado números inferiores a los que se habían alcanzado en buena parte de los ’90. De todas formas, es importante aclarar que el número total de personas transportadas no necesariamente coincide con el de pasajes vendidos, ya que existe un porcentaje de los usuarios que viaja sin boleto. Si bien no hay cifras precisas al respecto, esa proporción fue variando de acuerdo a la rigurosidad de los controles impuestos por la empresa en cada etapa y a otros fenómenos coyunturales. Por ejemplo, en mayo de 2011, Gustavo Gago, vocero de TBA, explicaba ante la prensa que “siempre existió una evasión del orden del 3 al 5%. Pero el problema está creciendo, principalmente por la falta de monedas”. Calidad del Servicio En lo que refiere a la calidad del servicio, los años en que el Sarmiento tuvo mejor desempeño se dieron entre 1996 y 2000. En ese período, la comparación entre el total de trenes programados y los arribados a destino en forma puntual alcanzó promedios cercanos al 98% de efectividad, siempre de acuerdo a números aportados por la CNRT. Posteriormente, el período 2005-2010 estuvo signado por una baja notable en esta relación (exceptuando un leve repunte en 2008), especialmente por el alto número de servicios cancelados y atrasados. En cuanto a la cantidad de trenes, el servicio dio un salto importante entre 1996 y 1997, pasando de casi 100 mil a más de 115 mil servicios programados anualmente. En los ciclos posteriores estos totales fueron variando, hasta alcanzar entre 2007 y 2010 cierta estabilidad, con números finales que rondaron los 125 mil trenes por año. ¿Quiénes viajan en el Sarmiento? A partir de los datos obtenidos en la Investigación de Transporte Urbano Público de Buenos Aires (INTRUPUBA), realizada en 2007 por la Secretaría de Transporte de la Nación, es posible establecer algunas características socioeconómicas del usuario del Ferrocarril Sarmiento. Si nos detenemos en la variable que refiere al “Nivel educativo del principal sostén del hogar”, podemos ver que el 15,3% de los pasajeros tienen el primario completo, el 43,3% logró finalizar el secundario y el 10,6% tiene un título universitario. Esto los diferencia de los usuarios de líneas tales como Mitre (donde el 24% del pasaje tiene estudios universitarios completos), pero también de los de Belgrano Sur (1,5%) y Norte (5,5%). Con respecto a la cobertura de salud en los hogares, se percibe que el 19,3% no cuenta con ella para ninguno de sus integrantes. En el 19,1% la tienen sólo para algunos de los miembros, mientras que en el 61,6% de los casos se trata de hogares donde todos poseen cobertura. Una de las maneras en que se mide el poder adquisitivo en esta encuesta es la cantidad de vehículos por hogar. En este punto, se observa que en el 77,3% de ellos no poseen ninguno, en el 21,5% hay uno y solamente en el 1,2% hay dos o más. Además, en el 71,2% de los hogares no cuentan tampoco con licencia de conducir. Los resultados referidos al nivel socioeconómico de los hogares muestran que la mayoría de los pasajeros del Sarmiento corresponden al grupo denominado “Medio Inferior” (35,8%), seguidos por los pertenecientes al “Medio Típico” (26,5%) y al “Bajo Superior” (17,9%). Esta relación es la misma que se da si se tienen en cuenta todas las líneas que circulan en el área metropolitana.

LOS TRENES DEBEN SER GESTIONADOS POR EL ESTADO

Opinión: Los trenes deben ser gestionados por el Estado El autor de la columna propone la recuperación de los ferrocarriles, privatizados en los 90. Por Juan Ciucci I “Los servicios públicos pertenecen originariamente al Estado, y bajo ningún concepto podrán ser enajenados o concedidos para su explotación. Los que se hallaran en poder de particulares serán transferidos al Estado, mediante compra o expropiación con indemnización previa, cuando una ley nacional lo determine.” Artículo 40 de la CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA, sancionada por la CONVENCIÓN NACIONAL CONSTITUYENTE el 11 de marzo de 1949. La participación del Estado en los resortes fundamentales de la economía es una de las bases fundantes del kirchnerismo. No siempre esa participación tiene que ver con el control operativo de esas empresas o recursos. El Estado está presente, controla la actividad, y marca las líneas políticas y económicas que debe llevar adelante el sector. Puede ser mediante un marco regulatorio, a partir de la sanción de nuevas leyes. Puede ser mediante un proceso de rescisión de contratos y de expropiación de las empresas. Pude ser a partir de acuerdos en los cuales se fijan las tarifas, y los papeles que cumplirá la parte privada y la estatal. En el caso de los trenes, y específicamente la línea Sarmiento, el acuerdo es de estos últimos. Pero vista la actualidad del servicio de transporte ferroviario metropolitano (y nacional, aunque no tratemos aquí el tema), consideramos que debe ser completamente nacionalizado. Deben dejarse caducas las concesiones, y asumir el Estado su operación. Especialmente en la línea Sarmiento, luego de la tragedia de Once. Por un lado, lo que desnudó la tragedia ocurrida el 22 de Febrero de este año fue la inoperancia del operador privado, quien no sólo no pudo impedir un accidente de tamañas proporciones sino que no estuvo a la altura de la respuesta que exigía. La rápida intervención y suspensión de la concesión por parte del Estado, fue una cabal demostración de estas falencias. Pero por otro lado, demostró que esa respuesta tampoco estuvo a la altura de lo que demandaba la tragedia, y la sociedad que se vió sumamente compungida por el accidente. Que Ferrovías y Metrovías se hagan cargo del Sarmiento y Mitre (ambas eran operadas por TBA), es sólo una salida transitoria para el problema ferroviario. Similar a la aplicada con las líneas San Martín, General Roca y Belgrano Sur, cuando les fue quitada la concesión a la firma Metropolitano y cedida a la Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia (Ugofe). Las responsables de esa empresa eran las compañías Ferrovías, Metrovías y TBA (desplazada luego de la tragedia de Once). Si bien esos servicios vieron una leve mejora, las condiciones en que se trasladan millones de ciudadanos sigue siendo deficiente y peligrosa. Es una solución intermedia entre la privatización y la estatización, que trae consigo las deficiencias de ambas experiencias. No es un detalle menor el problema de los tercerizados en el Roca, donde la Ugofe es la responsable por esta explotación “institucionalizada” de los trabajadores. Una empresa estatal, con un control estricto y eficiente como ha demostrado poder hacer el kirchnerismo, permite conquistar un espíritu de empresa nacional que logra potenciar las capacidades físicas de la empresa. Que los ferrocarriles vuelvan a ser nacionales, no es sólo un pedido de amplios sectores sociales, sino de los mismos trabajadores ferroviarios, que desde sus organizaciones sindicales y su experiencia laboral rememoran esos años como los mejores del sector. La debacle operada por el neoliberalismo sobre nuestros trenes, llevó aparejada tanto la perdida de puestos de trabajo como el atraso en miles de pueblos del país. La desmantelación de los talleres ferroviarios es un ejemplo de ello, donde podemos ver los cementerios de ese monumental trabajo en Liniers, Villa Lynch o Tolosa. Luego de la recuperación de nuestra línea aérea de bandera, fue fundamental la reconstrucción de la empresa como parte de nuestra soberanía y de nuestra identidad. Que tanto los trabajadores como los usuarios reconozcan el esfuerzo que significa para todos esta gesta, y su importancia estratégica. La recuperación de nuestros trenes también va en esa línea. Es un pedazo de nacionalidad, marcada a fuego desde su nacimiento con aquel Ferrocarril Oeste estatal, hasta su nacionalización en 1948 por parte del General Perón. El estado actual del transporte ferroviario es una afrenta a nuestro sentir nacional, una decadencia que presenciamos y nos duele profundamente. Sumado, claro está, a la deplorable manera en que nos acostumbramos a viajar, poniendo en riesgo nuestras vidas. Competitividad sin inversión en infraestructura Durante todos estos años de recuperación económica, la infraestructura del transporte metropolitano no se vió sustancialmente modificada. Y en el caso de los trenes, diríamos que casi no sufrió cambios. Seguimos viajando con los mismos trenes de hace 30 años, y en algunos casos aun más. En gran medida, esto implica un abaratamiento de la mano de obra, a partir de los bajos costos de transporte para la masa trabajadora. No hay dudas que el transporte urbano en la región metropolitana ha sido de los más económicos del mundo. Esto podría significar un avance, o una medida social fundamental en beneficio de los trabajadores. Sin embargo esto beneficia directamente a las empresas productoras, que es decir a la producción del país, en un momento de necesario empuje para salir de una de las crisis más profundas que vivió la Patria. Ese esfuerzo, claro está, lo llevaron adelante los trabajadores, algo no siempre reconocido. Somos quienes utilizamos los transportes públicos quienes soportamos estoicamente estas condiciones perniciosas, en pos de llegar a nuestros trabajos. Hemos comprendido, luego de ver por años cómo se vaciaban los trenes, que viajar peor significaba que cada día éramos más los que teníamos trabajo. Y que esos vagones atestados eran un símbolo de una Argentina que volvía a crecer. Hoy, 8 años después, no podemos seguir pensando lo mismo. Es tiempo que se mejoren las condiciones en que viajamos los trabajadores, que somos la inmensa mayoría de quienes utilizan los transportes públicos. En eso el tren es fundamental, ya que nos permite a quienes habitamos el conurbano bonaerense movilizarnos con rapidez hacia la Capital Federal, centro aglutinador (aun) del empleo. Sólo quienes viajan todos los días hacia la Capital pueden comprender la necesidad de esta mejora, y el hartazgo que experimentan los usuarios de trenes metropolitanos. Convivir con esa decadencia lleva a despreciar esas instalaciones, esos vagones vetustos, que no parecen pertenecernos. Esas empresas que hace años se han adueñado de lo nuestro, son las que nos obligan a transportarnos de manera inhumana, y que nos alejan de la concepción de un ferrocarril nacional. Todo esto no implica desconocer los enormes esfuerzos que el Estado Nacional viene llevando adelante desde 2003 para mejor el transporte ferroviario. Pero creemos necesario remarcar que sin una estatización del ferrocarril, esos esfuerzos terminan siendo vacuos, ante la inoperancia de las empresas privadas. Su única preocupación es por definición su ganancia, por lo que el servicio que prestan al pasajero pasa a un segundo plano. Lo que el Estado invierte, no le llega al usuario sino mediatizado por estos ineficientes concesionarios; llámense TBA, Metrovías o Ferrovías. Todos han demostrado su inoperancia, y su capacidad de dinamitar el sentir ferroviario, de un servicio fundamental de la Nación, parte de nuestro patrimonio y de nuestra soberanía. Estatizarlos significará una mejor utilización de los recursos que el Estado invierte, y permitirá que los trabajadores y los pasajeros podamos recuperar una identificación fundamental con este patrimonio nacional. Eso permitirá que los esfuerzos sean producentes, y que el servicio también sea una responsabilidad social.

LA POLITICA FERROVIARIA.

A 6 meses de la tragedia de Once La política ferroviaria: Subsidios, tarifas populares y baja calidad "La Argentina ganó competitividad con el congelamiento de tarifas", asegura el autor aunque reconoce "altos niveles de precariedad" en el servicio. Por Horacio Bustingorry I ¿Cuáles han sido los rasgos centrales de la política ferroviaria del gobierno? Para sintetizarla es necesario destacar su carácter contradictorio. Por un lado resultó ser un aporte importante en el espectacular proceso de creación de puestos de trabajo desde 2003 a la actualidad. Sin embargo también evidenció los altos niveles de precariedad que todavía mantiene el modelo kirchnerista. Cuando asumió Néstor Kirchner la presidencia de la Nación planteó como uno de los pilares del proyecto la creación de puestos de trabajo. Para lograr ese objetivo una de las políticas implementadas fue el subsidio de los servicios públicos para congelar las tarifas y contribuir a las mejoras económicas, vía disminución de los costos laborales y transferencia de recursos hacia el consumo popular y el mercado interno. El transporte metropolitano de personas no quedó afuera de los nuevos aires. Todas las tarifas fueron congeladas en Capital Federal y Gran Buenos Aires, la principal metrópolis del país, con más de 14 millones de personas habitando este espacio. Diariamente se trasladan en ferrocarriles, colectivos y subtes alrededor de 6,3 millones de personas. En los trenes, lo hacen 1,2 millones. Como mostró una encuesta, los viajantes de los ferrocarriles pertenecen a los sectores medios y medios bajos. ¿Cuál fue la política kirchnerista para el sector ferroviario? Básicamente orientar la intervención del Estado en dos direcciones interrelacionadas. El gobierno mantuvo los ferrocarriles en manos privadas para que operen las diferentes líneas pero sin potestad para manejar el precio del servicio. De esa manera el congelamiento de tarifas permitió establecer los valores más bajos de América Latina y poder garantizar el acceso popular al transporte de personas. Los trenes y colectivos se llenaron de laburantes, muchos de ellos nuevos, situación que no se vía en décadas. En el caso de los ferrocarriles, un estudio realizado por la Secretaría de Transporte, realizado entre 2006 y 2007 arrojó que el 75,7% de los viajantes gana menos de 3000 pesos. Esa decisión sirvió para acompañar/apuntalar los crecientes niveles de actividad y empleo que se dieron desde 2003. La Argentina ganó competitividad porque el congelamiento de tarifas permitió que el aumento del dólar reduzca el costo laboral sin afectar el salario. Al crecer el conjunto de los precios locales, incluido el valor de la fuerza de trabajo, muy por debajo del aumento del dólar, el país pudo competir con países con ventajas comparativas en la producción de bienes industriales. Cabe destacar que la disminución del costo laboral, al estar planchadas las tarifas de los servicios públicos, no significó empeoramiento en las condiciones de vida de la población. Los trabajadores pudieron entonces destinar más dinero para el consumo, incentivar la demanda y fomentar la creación de nuevos puestos de trabajo. Ese ha sido el círculo virtuoso del modelo kirchnerista en el cual la política ferroviaria fue un engranaje no menor. Sin embargo la otra cara de la moneda es que el servicio deja mucho que desear. Las formaciones se encuentran deterioradas, los trenes llegan a destiempo o se paran en cualquier tramo del viaje y los viajes en horas pico son un verdadero infierno para miles de personas. La tragedia de Once mostró además que ese mal estado general del servicio podía concluir con 51 muertes y decenas de heridos. En su carácter precario se encuentra el rasgo contradictorio del modelo kirchnerista en general y de la política ferroviaria en particular. Así como el kirchnerismo derrotó al neoliberalismo creando trabajo y diminuyendo fuertemente el desempleo sin poder eliminar la precariedad laboral, la política ferroviaria garantizó tarifas populares sin modificar la precariedad del servicio. El descarrilamiento de una formación de la línea Mitre en Retiro el lunes pasado vuelve a poner el tema sobre el tapete. La mejora del servicio ferroviario es la gran asignatura pendiente en el sector. Si bien se hicieron inversiones en infraestructura y en renovación de formaciones, que en algunos casos no se hacían desde la década del 60, han sido totalmente insuficientes. El kirchnerismo debe eliminar la precariedad en todas sus formas sea en la calidad del servicio ferroviario o en el mejoramiento de las condiciones de trabajo de la población. El inicio del juicio por el asesinato de Mariano Ferreyra vincula los dos problemas de una manera mucho más profunda que la mera asociación anecdótica de las vías del tren. GB

JUSTICIA Y GEOPOLITICA POR EDGARDO MOCCA

Justicia y geopolítica (A propósito de la discusión del memorando) Por Edgardo Mocca Casi todas las medidas gubernamentales han sido y son procesadas desde la perspectiva de la dialéctica kirchnerismo-antikirchnerismo. De modo que lo que está ocurriendo en estos días con el memorando de entendimiento acordado por los gobiernos de Irán y Argentina no puede sorprender a nadie. A lo sumo podría formularse razonablemente la pregunta sobre cuál es la razón por la cual las oposiciones perseveran dramáticamente en la misma estrategia política que preludió su desastrosa performance en las últimas elecciones presidenciales. Sin duda es una pregunta central cuando estamos a pocos meses de otra elección, en este caso exclusivamente legislativa, pero no será el objeto de esta nota. La cuestión es el contenido concreto, el significado político que en cada ocasión asume el casi incondicional anticristinismo militante. En este caso se trata de establecer la naturaleza del debate abierto en el Congreso, los argumentos que se emplean, la descripción de la situación que cada uno de los actores realiza. El Gobierno se ha empeñado en demostrar que el acuerdo no tiene ningún otro propósito que el intento de destrabar la causa por el atentado en la AMIA de hace casi diecinueve años. Las oposiciones, por su parte, le atribuyen al Gobierno el designio de pactar con el régimen iraní por causas que, según sus expositores, van desde el interés en la ampliación del intercambio comercial con ese país hasta un viraje en la ubicación del Gobierno en el mapa geopolítico mundial. Naturalmente, cualquier defensa de la iniciativa que se esgrima pasa por la afirmación de su utilidad para el alcance de la verdad sobre el atentado y la justicia para sus responsables. Si se demuestra que esa utilidad no existe, difícilmente se podría sostener cualquier objetivo ulterior por plausible que fuese; sería la conversión del deseo de verdad y justicia en un medio para obtener otros fines. De modo que en principio parecería deseable que la dilucidación de ese punto fuera la cuestión central, si no la única, del debate. Si así hubiera sido, los argentinos habríamos tenido la ocasión de acercarnos críticamente al proceso judicial por el atentado. Se habría ampliado el conocimiento social sobre el vergonzoso proceso de ocultamientos y vilezas que caracterizó su primer tramo; nuestra información y nuestra memoria sobre la trama de complicidades dirigidas a llevar la investigación a una vía muerta que atravesaron por dentro al menemismo. Habría sido también la oportunidad de discutir qué otra alternativa, que no sea la del acuerdo con Irán, serviría al avance real de una causa que hace años está totalmente estancada. No ha sido esa la opción estratégica elegida por las oposiciones. El hilo argumentativo opositor, como siempre ocurre, fue trazado por los editorialistas de los grandes medios. Su centro fue el alerta por la gravedad que tiene la firma de un pacto con Irán. Nos vamos del mundo occidental. Sostenemos regímenes teocráticos. Auspiciamos a un gobierno que niega el Holocausto. Nos incorporamos a la lista de países sospechosos de vínculos con el terrorismo. Toda la pirotecnia “occidental-moderna-liberal-democrática” contra el tratado. Es decir, el tema no fue el atentado a la AMIA y el proceso en el que se juzga, sino la naturaleza del régimen iraní y el lugar de nuestro país en el tablero global. No creemos, hay que insistir, que esa sea la discusión central a propósito del memorando, pero creemos que hay que afrontarla. El lugar geopolítico de la Argentina no es un tema menor, demanda salir de los títulos espectaculares y los estereotipos, para pensar la realidad de un mundo en pleno proceso de cambios y discernir sobre el lugar de nuestro país en ese mundo. Las derechas –incluidas las de tradición “progresista”– han asumido como propia una visión del mundo maniquea y extremadamente simple que fue no solamente prestigiosa sino plenamente dominante durante la última década del siglo pasado. A saber, la que clasifica a las naciones del mundo según sea su adhesión a la cultura llamada occidental y a las formas políticas que esa cultura prescribe. Esa cosmovisión tuvo su momento estelar en la primera guerra del Golfo, en la que –no lo olvidemos nunca– participó nuestro país a instancias del entonces presidente Menem. No son pocos los analistas internacionales que ubican en aquella intervención comandada por Estados Unidos el hecho clave para la escalada del crecimiento de las organizaciones terroristas de origen islámico. Lo cierto es que la vieja argumentación colonialista sobre la superioridad cultural y la condición universal de la civilización occidental desembocó a comienzos de este siglo en una doctrina muy curiosa que incluye entre sus preceptos el derecho de Estados Unidos a intervenir en cualquier lugar del mundo en el que esa ideología civilizatoria –en el modo en que la entienden las autoridades de ese país– esté en peligro. Para construir esa doctrina se desempolvó la vieja tradición de la “guerra justa” que acuñaron los monoteísmos, particularmente el catolicismo. El concepto de “Occidente” fue central en el dispositivo ideológico-político de Estados Unidos y sus aliados durante la guerra fría que lo enfrentaba a la Unión Soviética. Trasplantado literariamente por Samuel Huntington a la época posterior al derrumbe de la Unión Soviética y del “campo socialista”, en el nuevo contexto de una “guerra de civilizaciones”, el término “Occidente” es hoy el santo y seña de quienes auspician la visión del mundo predominante en los años noventa. Lo que queda fuera de “Occidente” es un campo caótico de dictadorzuelos que especulan con la ignorancia de sus pueblos, nacionalistas irredentos, nostalgiosos del comunismo y, sobre todo, cómplices actuales o potenciales del “terrorismo”. Una expresión, esta última que carece de definiciones precisas pero no de poder evocativo y capacidad manipuladora. Si se ensaya una definición del tipo “uso indiscriminado de la violencia contra una población civil para obtener fines políticos o militares”, conviene aclarar rápidamente que es así siempre que el acto no haya sido cometido por fuerzas estadounidenses o de sus países aliados. La administración de esas definiciones no está sometida a ningún debate público: son generalmente los documentos del Pentágono o de la OTAN quienes las producen. Irán es hoy uno de los principales Estados incluidos en el llamado “Eje del Mal”, fórmula con la que Bush hijo ordenó el mapa imperial mundial. Las voces nada marginales de la derecha estadounidense no han dejado de presionar a favor de una invasión a ese país, con el pretexto de sus investigaciones en materia nuclear. Por otro lado, sus autoridades hacen gala de un discurso fundamentalista y su régimen político dista de cubrir el más modesto de los cánones de la democracia liberal. Pero lo cierto es que Irán es un Estado soberano que forma parte de los organismos internacionales que dicen preservar el orden mundial. ¿Dónde están los tribunales que juzgan la naturaleza democrática de un régimen concreto? ¿Dónde, los que evalúan la condición “terrorista” de un Estado? El ideal de un mundo reconciliado y universal por fuera de las fronteras internacionales sigue siendo un hermoso sueño kantiano que a veces se reencarna en la pesadilla de un inmenso Leviatán con formas de grupos financieros poderosos y organismos burocráticos supranacionales que organizan la rapiña mundial. Es muy cierto y muy claro que nuestro país ha cambiado su lugar en el tablero mundial. Pero esto no ocurrió cuando el Gobierno firmó el memorando con Irán. Empezó en 2003 cuando el país tuvo que reorganizar sus relaciones con el mundo después del colapso de 2001 que incluyó el más voluminoso default de deuda soberana de la historia. Desde entonces Argentina ha militado a favor del fortalecimiento del proceso de integración regional con Mercosur y Unasur, ha impulsado centralmente su relación con Brasil, intervenido a favor de una recomposición del rol de los organismos internacionales, denunciado la práctica del colonialismo británico en Malvinas, argumentado en contra del unilateralismo estadounidense y la doctrina de las guerras preventivas, auspiciado una política de paz en la región y en el mundo y denunciado el poder de los grandes grupos financieros en el diseño del orden mundial. Al mismo tiempo ha condenado el terrorismo, cualquiera sea el Estado o la fuerza que lo practique. Está claro que entre esta política y la del alineamiento automático con la principal potencia mundial hay una diferencia muy grande. Y la diferencia central está en el esfuerzo por identificar en cada circunstancia el interés nacional, definido en los términos de nuestro sistema democrático y no desde ningún centro de poder internacional. Se podría decir que es este profundo cambio de concepción de nuestro lugar en el mundo el que hace posible una iniciativa como la que está en debate. Nada de esto asegura el éxito en el logro de los objetivos buscados en relación con los hechos de la AMIA. Pero ningún ajedrez geopolítico ajeno condiciona nuestra exploración de las alternativas para evitar la impunidad del bárbaro crimen de la mutual. 24/02/13 Página|12 GB

RAUL CASTRO CRUZ Y EL SOCIALISMO.

“No me eligieron para restaurar el capitalismo sino para continuar perfeccionando el socialismo” Discurso pronunciado por Raúl Castro Ruz en la clausura de la Sesión Constitutiva de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en su Octava Legislatura, y del Consejo de Estado, celebrada en el Palacio de Convenciones de La Habana, el 24 de febrero de 2013. Compañeras y compañeros: En una fecha como hoy, el 24 de febrero de 1895, se reinició la lucha por la independencia con la fusión de los fogueados mambises de la primera guerra y los pinos nuevos, bajo el liderazgo del Partido Revolucionario Cubano y de Martí. Me corresponde asumir nuevamente ante ustedes y todo nuestro pueblo el honor de presidir el Consejo de Estado y el Gobierno. En este sentido, creo que no es ocioso reiterar lo afirmado dos veces en este Parlamento, cito: “A mí no me eligieron Presidente para restaurar el capitalismo en Cuba, ni para entregar la Revolución. Fui elegido para defender, mantener y continuar perfeccionando el socialismo, no para destruirlo”. Fin de la cita. En concordancia con los acuerdos del 6to Congreso, será preciso armonizar los postulados de la Constitución de la República con los cambios asociados a la paulatina implementación de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución. Entre las modificaciones que nos proponemos introducir a la Constitución se encuentra la de limitar a un máximo de dos períodos consecutivos de cinco años el desempeño de los principales cargos del Estado y del Gobierno y establecer edades máximas para ocupar esas responsabilidades. Al propio tiempo, no resulta saludable estar reformulando continuamente la Carta Magna de la Nación y comoquiera que efectuar una reforma constitucional nos tomará necesariamente un tiempo prudencial, ya que si bien algunas cuestiones pueden modificarse por el propio Parlamento, otras más importantes requieren además la ratificación por el voto favorable de la mayoría de los ciudadanos en referendo; deseo esclarecer que en mi caso, con independencia de la fecha en que se perfeccione la Constitución, este será el último mandato. En esta sesión la Asamblea Nacional eligió al compañero Miguel Díaz Canel Bermúdez Primer Vicepresidente del Consejo de Estado y posteriormente aprobó su designación como Primer Vicepresidente del Consejo de Ministros. Consideramos que en las circunstancias que vive el país y se ha visto obligado a desenvolverse durante más de medio siglo de Revolución, debe garantizarse en la cúspide del poder estatal y gubernamental la unidad ejecutiva frente a cualquier contingencia por la pérdida del máximo dirigente, de manera que se preserve, sin interrupciones de ningún tipo, la continuidad y estabilidad de la nación. Esta decisión reviste particular trascendencia histórica porque representa un paso definitorio en la configuración de la dirección futura del país, mediante la transferencia paulatina y ordenada a las nuevas generaciones de los principales cargos, proceso que debemos concretar en un quinquenio y actuar en lo adelante de manera intencionada y previsora, a fin de evitar que se nos repita la situación de no contar oportunamente con suficientes reservas de cuadros preparados para ocupar los puestos superiores del país y asegurar que el relevo de los dirigentes constituya un proceso natural y sistemático. El compañero Díaz Canel no es un advenedizo ni un improvisado. Su trayectoria laboral acumula casi 30 años, comenzando en la base, en la profesión que estudió, y tras haber cumplido el Servicio Militar en unidades coheteriles antiaéreas de las FAR, impartió docencia en la Facultad de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Central de Las Villas, donde se le propuso como cuadro profesional de la Unión de Jóvenes Comunistas y más adelante, considerando los resultados alcanzados, fue promovido al Partido, ascendiendo gradualmente a mayores responsabilidades, entre ellas, Primer Secretario del Comité Provincial en Villa Clara, por espacio de casi una década y después en Holguín durante seis años. Es miembro del Comité Central del Partido desde 1991 y del Buró Político en el 2003. Cumplió misión internacionalista en Nicaragua. Es graduado del Colegio de Defensa Nacional. En el año 2009 pasó a desempeñar funciones gubernamentales, primero como Ministro de Educación Superior y a partir del 2012, Vicepresidente del Consejo de Ministros a cargo de la atención de diferentes organismos vinculados a la educación, la ciencia, el deporte y la cultura. Por otra parte, participa semanalmente en la Comisión Económico Financiera del Gobierno y en la Comisión del Buró Político para el control de la implementación de los acuerdos del 6to Congreso. Mención aparte merece la conducta de los compañeros Machado Ventura y Colomé Ibarra, quienes tuvieron la iniciativa de ofrecer sus cargos en el Consejo de Estado en favor de la promoción de la nueva generación. En el caso de Machado Ventura, con excepcionales cualidades como dirigente y ser humano, modestia y consagración al trabajo, destacada trayectoria revolucionaria por cerca de 60 años, combatiente de la Sierra Maestra y fundador del Segundo Frente Oriental “Frank País”, donde creó y desarrolló 20 hospitales de campaña y 11 dispensarios distribuidos en zonas montañosas en toda la provincia de Guantánamo y en parte de las de Santiago de Cuba y Holguín que abarcaba este frente guerrillero. Participó en múltiples acciones combativas, siendo herido en una de ellas; partiendo también del prestigio, preparación, experiencia y la vitalidad que conserva, así como su capacidad real de continuar aportando en la dirección de decisivas actividades, la Asamblea Nacional lo eligió para ocupar una de las vicepresidencias del Consejo de Estado. Asimismo, se mantiene como miembro del Consejo de Estado el compañero Abelardo Colomé Ibarra, quien desde muy joven se sumó a la lucha revolucionaria en su natal Santiago de Cuba, participando en la sublevación del 30 de noviembre de 1956, bajo las órdenes de Frank País, que lo seleccionó para integrar el primer refuerzo al naciente Ejército Rebelde en la Sierra Maestra. Al igual que Machado Ventura es fundador del Segundo Frente Oriental “Frank País”, herido en dos ocasiones en combate contra las tropas de la tiranía, destacándose por su valor, lo que le mereció ascender desde soldado hasta el grado de Comandante. Luego del triunfo de la Revolución ha ejecutado con éxito, humildad y lealtad las tareas encomendadas, entre las cuales debo resaltar el cumplimiento de delicadas misiones internacionalistas, posteriormente llevó a cabo el desarrollo de la siempre competente Contrainteligencia Militar, contribuyó de manera decisiva a la primera victoria sobre las fuerzas invasoras en Angola, al frente de la Misión Militar Cubana, de 1975 al 1977 y ha desempeñado, entre otros, los cargos de Viceministro Primero del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y Ministro del Interior. La actitud de Machado Ventura y Colomé Ibarra no es casual ni debe sorprender a nadie, es una demostración concreta de su genuina fibra revolucionaria, en la que no hay cabida a la vanidad y el interés personal, ni mucho menos el aferramiento a cargo alguno. Esa es la esencia de la generación fundadora de esta Revolución. Así actuó Fidel hace cinco años, dando un ejemplo enaltecedor. Así confiamos que también sean las nuevas generaciones. Al hablar de estos temas es oportuno recordar lo expresado por Fidel, hace exactamente 15 años, ante la Asamblea Nacional el 24 de febrero de 1998, en cuanto a la primera regla o rasgo que debe caracterizar a un cuadro revolucionario, cito: “No ambicionar nunca cargos, que los hombres lleguen a los cargos que les correspondan por sus méritos, por su trabajo, por sus virtudes, por su patriotismo…”. Fin de la cita. El Consejo de Estado elegido en esta sesión de nuestro Parlamento es un reflejo de cómo comenzamos a hacer realidad los acuerdos del 6to Congreso del Partido en materia de la política de cuadros. De sus 31 miembros el 41,9 por ciento son mujeres y el 38,6 por ciento son negros y mestizos. La edad promedio es de 57 años y el 61.3 por ciento nació después del triunfo de la Revolución. Ya son dos las vicepresidentas del Consejo de Estado y persistiremos en la voluntad de que siga creciendo la representación femenina en este órgano y en todas las instituciones del país. De igual forma, la Asamblea Nacional fue renovada en un 67,26 por ciento, las mujeres elevaron su participación hasta el 48,86 por ciento y los negros y mestizos al 37.9. El 82,68 por ciento de nuestros diputados posee nivel superior de educación y la edad promedio es de 48 años. De las 15 provincias del país, en 10 resultaron electas mujeres para presidir las Asambleas Provinciales del Poder Popular, el promedio de edad en estos cargos es de 47 años y todos poseen nivel universitario. Estos datos corroboran la calidad del proceso electoral cubano y las potencialidades que tienen los órganos del Poder Popular y esta Asamblea como órgano supremo de poder del Estado, para ejecutar las importantes potestades fijadas en la Constitución. Precisamente a esta legislatura le corresponde una fecunda e intensa labor legislativa en el fortalecimiento de nuestra institucionalidad, en especial de cara a la implementación de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, proceso que tiene la primera de las prioridades y en el cual, como expliqué en la pasada sesión de la Asamblea Nacional, nos comenzamos a adentrar en cuestiones de mayor alcance, complejidad y profundidad. Nos llena de sano orgullo y satisfacción que el Parlamento cubano sea encabezado, a partir de hoy, por el compañero Esteban Lazo Hernández, miembro del Buró Político, un negro de origen humilde, cortador de caña desde muy joven, obrero en el molino y secadero de arroz de Jovellanos, municipio donde integró el Comité Municipal del Partido. Con enorme esfuerzo y sin abandonar sus responsabilidades partidistas obtuvo el título de Licenciado en Economía. Posteriormente ocupó el cargo de Primer Secretario del Comité Provincial del PCC en Matanzas y luego en Santiago de Cuba y Ciudad de La Habana. Lo mismo podemos decir en los casos de los nuevos vicepresidentes del Consejo de Estado, Díaz-Canel, de Mercedes López Acea, la eficiente primera secretaria del Partido en la capital y de Salvador Valdés Mesa, representante directo de la clase obrera, quien en su condición de miembro del Buró Político, pasará a atender a la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), además de otras funciones que se le asignarán por la vía partidista. Todos ellos surgieron del pueblo y como el resto de los miembros del Consejo de Estado constituyen un ejemplo fehaciente de cómo se han llevado a la práctica las palabras de Fidel el 16 de abril de 1961, en vísperas de la invasión mercenaria por Playa Girón, cuando dijo: “esta es la Revolución socialista y democrática de los humildes, por los humildes y para los humildes”. Hoy estamos demostrando que así lo seguirá siendo para siempre. Es asimismo motivo de legítima felicidad contar con una juventud identificada con los valores éticos y los principios de justicia social, que está preparada en todos los sentidos, inclusive militarmente, para defender y mantener en alto las banderas de la Revolución y el Socialismo. Ciertamente quienes tuvimos el honor de acompañar a Fidel en los inicios de la gesta revolucionaria y en la lucha insurreccional contra la tiranía, hemos tenido el privilegio, junto al pueblo heroico, de ver con nuestros propios ojos la obra consolidada de la Revolución; sin embargo la mayor satisfacción es la tranquilidad y serena confianza que sentimos al ir entregando a las nuevas generaciones la responsabilidad de continuar construyendo el socialismo y con ello asegurar la independencia y la soberanía nacional. Lo hacemos teniendo definido por el Congreso del Partido el rumbo para actualizar el modelo económico cubano y alcanzar una sociedad socialista próspera y sostenible, una sociedad menos igualitaria, pero más justa, principios estos que sirven de fundamento para la conformación del programa de desarrollo hasta el año 2030, en fase de elaboración. Ello será posible porque los Lineamientos de la Política Económica y Social son fruto, en primer lugar, de los amplios y democráticos intercambios con el pueblo, que los hizo suyos, reformulándose el 68 por ciento de la propuesta inicial como resultado de la consulta popular. De la misma forma fueron respaldados por el Parlamento, en cuyas sesiones ordinarias se rinde cuenta, dos veces al año, sobre la marcha del plan de la economía y del proceso de implementación de los citados lineamientos. Similar análisis se efectúa sistemáticamente en los plenos del Comité Central y de los comités provinciales y municipales del Partido, con la participación de dirigentes administrativos locales. Estos métodos de consulta directa con la población que se han desarrollado en más de 50 años del proceso revolucionario y que proseguirán perfeccionándose antes, durante y después de adoptar las decisiones más trascendentales para el futuro del país, constituyen un factor adicional para la tranquilidad y esperanza hacia el futuro que experimentamos los integrantes de la dirección histórica de la Revolución, ya que además de fortalecer de manera permanente la unidad y apoyo del pueblo, garantizará rectificar oportunamente los errores que podamos cometer. En Cuba nunca a nadie se le permitirá soslayar que tal y como expresa la Constitución en su artículo No. 3, cito: “la soberanía reside en el pueblo, del cual dimana todo el poder del Estado”. Fin de la cita. En virtud de ello, previo a la celebración de los futuros congresos del Partido, deberá llevarse a cabo un proceso de consulta popular, cada vez más profundo y organizado, de modo que el Programa actualizado de la Revolución que se apruebe refleje siempre, en todos los asuntos vitales de la sociedad, la opinión de la población. A aquellos que dentro o fuera del país, con buenas o malas intenciones, nos alientan a ir más rápido, les decimos que continuaremos sin prisa, pero sin pausa, con los pies y los oídos bien pegados a la tierra, sin terapias de choque contra el pueblo y sin dejar a ningún ciudadano desamparado, superando la barrera del inmovilismo y la mentalidad obsoleta en favor de desatar los nudos que frenan el desarrollo de las fuerzas productivas, o sea, el avance de la economía, como cimiento imprescindible para afianzar, entre otras esferas, los logros sociales de la Revolución en la educación, la salud pública, la cultura y el deporte, que debieran ser derechos humanos fundamentales y no un negocio particular. Al mismo tiempo, nos proponemos mantener el enfrentamiento a las indisciplinas e ilegalidades de todo tipo, incluyendo el combate a las manifestaciones de corrupción que atentan contra las bases mismas de nuestro sistema social, partiendo de que sin la conformación de un ambiente de ORDEN, DISCIPLINA Y EXIGENCIA en la sociedad, cualquier resultado será efímero. En la reunión de este Parlamento, en la primera quincena del mes de julio, trataremos a profundidad este bochornoso asunto de las indisciplinas e ilegalidades. Pasando a temas de carácter internacional, no puedo dejar de mencionar que el pasado 28 de enero, en el 160 aniversario del natalicio de José Martí, Cuba asumió la Presidencia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y tendrá la responsabilidad de organizar en nuestro país su próxima Cumbre en el año 2014. Este es un hecho de particular relevancia que reivindica la lucha del pueblo cubano por su soberanía y autodeterminación, demuestra cuánto han avanzado América Latina y el Caribe hacia la definitiva independencia y expone el aislamiento y fracaso de la política de bloqueo económico y mediático de Estados Unidos contra nuestra nación. La Presidencia Cubana de la CELAC actuará con prudencia y determinación para potenciar lo que nos une en el camino común de paz, desarrollo, justicia social, democracia con participación verdadera del pueblo, garantía para el ejercicio de TODOS los derechos humanos por TODAS las personas, soberanía sobre los recursos naturales y disminución de la desigualdad social y la pobreza. Tendremos que cuidar nuestra unidad dentro de la diversidad e impedir que se nos divida. Sabemos que la consolidación de esta organización enfrentará recios obstáculos, derivados del injusto e insostenible orden internacional, la crisis económica global, la agresiva política de la OTAN, las amenazas y consecuencias de sus guerras no convencionales y el intento de un nuevo reparto del mundo; la existencia de enormes arsenales nucleares y novedosas armas, así como el cambio climático. La inequidad en la distribución de la riqueza en el continente es la principal debilidad y a la vez el mayor desafío que enfrentamos. En la América Nuestra con más unidad, integración y justicia social, nada podrá detenernos. Aprovecho la ocasión para reiterar, en nombre de esta Asamblea y del pueblo cubano, la felicitación al Presidente Rafael Correa y la Revolución Ciudadana, que él encabeza, por su resonante victoria electoral el pasado domingo. Llegue al Presidente Hugo Chávez Frías el abrazo fraternal y deseos de recuperación de su salud. A la Revolución Bolivariana, al pueblo venezolano y a sus dirigentes ratificamos toda la solidaridad de esta Asamblea Nacional y de nuestros compatriotas. A más de un mes de su entrada en vigor, las nuevas regulaciones migratorias están en completa aplicación sin contratiempos, con una favorable acogida por parte de la población y la abrumadora mayoría de la emigración cubana. Proseguiremos demandando la liberación y el regreso a la Patria de nuestros Cinco Héroes, a quienes trasmitimos el fraterno saludo, reconocimiento y compromiso de este Parlamento y de todo el pueblo. Para terminar mis palabras y sobre todo pensando en el porvenir de la Patria, creo que la mejor manera de hacerlo es con la brillante definición del concepto Revolución formulado por su Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, el 1º de mayo del año 2000 en la Plaza de la Revolución, cito: “Revolución es sentido del momento histórico; es cambiar todo lo que debe ser cambiado; es igualdad y libertad plenas; es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos; es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos; es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional; es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio; es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo; es luchar con audacia, inteligencia y realismo; es no mentir jamás ni violar principios éticos; es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestros sueños de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo” Fin de la cita ¡Que esta magistral definición sirva para siempre de guía a todas las generaciones de patriotas y revolucionarios cubanos! Muchas gracias. Fuente: Cubadebate GB

LAS IZQUIERDAS LATINOAMERICANAS POR ATILIO BORON

Las izquierdas latinoamericanas, hoy. Por Atilio Boron El panameño Nils Castro es uno de los más agudos observadores de la escena política latinoamericana. Un hombre cuya obra hay que leer, aunque no siempre se esté de acuerdo con sus argumentos. Pero sin duda es la suya una mirada profunda y abarcadora, que alimenta un debate más que necesario y que la izquierda latinoamericana todavía no se decide encarar. Por eso comparto las palabras de presentación del reciente libro de Nils Castro que hiciera en la Feria del Libro de La Habana uno de los más importantes pensadores de Nuestra América, el cubano Fernando Martínez Heredia. Izquierdas latinoamericanas en tiempos de crear Palabras en la presentación de Las izquierdas latinoamericanas en tiempos de crear, de Nils Castro (Editorial de Ciencias Sociales, La Habana) en la XXII Feria Internacional del Libro, en La Cabaña, 16 de febrero de 2013. Fernando Martínez Heredia Este libro de Nils Castro pretende algo muy ambicioso, pero le agradezco mucho hacerlo, porque el problema principal que expone es fundamental para todos los latinoamericanos, incluyendo, naturalmente, a los cubanos. No saldremos adelante si reducimos este problema a las respuestas pragmáticas y fragmentarias que puedan darse frente a sus manifestaciones, ni apelando a ingenierías políticas o administraciones de crisis. Nils ha pensado en grande, pero frente al tema que desarrolla, si tuviera otra posición los resultados serían nulos o inútiles. Hizo muy bien en pedirnos a Germán y a mí que presentáramos este magnífico libro suyo, porque los tres nos hemos pasado la vida pensando y trabajando por la causa de la liberación de nuestro continente. Además de ofrecernos sus comentarios y criterios en una profunda y abarcadora exposición que comparto, Germán nos ha situado a todos respecto a quién es este hermano nuestro. Eso me deja más libre para reaccionar ante una lectura que me ha resultado apasionante, al mismo tiempo que me ha aportado conocimientos y provocado pensamientos que van al encuentro de sus tesis y argumentos. Por eso, y por el breve tiempo que debemos utilizar, partiré de que muy pronto ustedes tendrán el libro en sus manos, para insistir solamente en algunos de sus aspectos y, a la vez, dialogar con él, que me parece una forma válida de honrar mejor sus calidades. (clic abajo para continuar) El planteamiento principal es expuesto con gran claridad y precisión en “Para empezar”, el primero de los 44 breves capítulos que componen la obra. Lo sintetizo a continuación. Las victorias electorales de las izquierdas en un buen número de países en la etapa reciente expresan que la actitud sociopolítica de grandes masas de la población latinoamericana ha cambiado amplia y duraderamente. Pero esto no es consecuencia de revoluciones sociales, y sucede sin que las propuestas políticas y programáticas de las izquierdas hayan tenido tiempo y ocasión para reformularse a la luz de sus experiencias, ni de las necesidades y opciones actuales de los pueblos. Son expresiones de rechazo a las políticas neoliberales y la dedicación principal de los gobiernos ha sido la de reparar los daños heredados de todo el largo período neoliberal, pero no comparten un proyecto común. Es necesario superar la carencia doctrinaria, metodológica y programática, presente desde que han sido descartadas varias de las creencias ideológicas de izquierda; y es urgente construir y desarrollar propuestas teóricas, metodológicas y políticas indispensables para abordar con eficacia los problemas, las necesidades y las incertidumbres de nuevo tipo que han aparecido y se agregan a las existentes. Los principios básicos y los objetivos trascendentes de las izquierdas no han cambiado, y siguen contando con un importante acervo teórico. Pero es preciso renovar los instrumentos culturales, teóricos y prácticos requeridos para implementar esos principios y cumplir dichos objetivos, esto es, para realizarlos efectivamente. Las condiciones llamadas subjetivas aún distan de alcanzar el punto al que habían arribado en los años setenta. No basta demostrar que la izquierda administra lo ya existente mejor que la derecha, sino que hace falta un proyecto estratégico común para transformarlo y remplazarlo. Y ese proyecto debe ser producido por nosotros mismos. Pero el autor a la vez se pregunta si las izquierdas pueden sustraerse al deber inmediato de aliviar las condiciones de vida de los pueblos. Si no deben asumir la oportunidad ‑‑y la responsabilidad‑‑de gobernar el subdesarrollo mejor que las derechas, para aliviar la situación de “los pobres de la tierra”, instruirlos, concientizarlos, ayudarlos a organizarse y proponerse mayores metas y, a la vez, en otro plano, para recuperar autodeterminación nacional, abrir mayores vías al desarrollo de las fuerzas productivas y la integración latinoamericana, profundizar la democratización y reconstruir el entramado social, la identidad, las relaciones de solidaridad y cooperación del sujeto social. Entre tantos aspectos valiosos, la obra contiene una bien meditada y detallada reconstrucción histórica de movimientos y corrientes políticas opuestos a los modos tradicionales de dominación en nuestro continente, de cada época del siglo XX que revisa. Nils parte del José Martí de Nuestra América, pieza maestra de quien a mi juicio es el primer pensador que expuso una interpretación de América y del mundo desde una concepción anticolonialista, moderna e inclusiva del mundo del trabajo. Esta parte es muy sanamente ajena a las distorsiones y prejuicios de tantas interpretaciones del proceso histórico latinoamericano desde las ópticas sucesivas del movimiento comunista internacional, que nos confundieron o perjudicaron durante décadas, y que todavía son consumidas. Haya de la Torre y el aprismo, Trotsky y los trotskismos, el peronismo, el MNR boliviano, el trabalhismo brasileño, y otros, son analizados en sí y en las valoraciones que de ellos tuvieron las izquierdas. Otros capítulos desarrollan en detalle y plantean valoraciones acerca de un gran número de movimientos, ideas, situaciones y procesos de la segunda mitad del siglo XX. A veces quisiera pedirle más datos, o discutir la procedencia de alguna afirmación, aunque Nils ha tenido buen cuidado de exponer siempre matices, ambigüedades y contradicciones. Pero el resultado general es un aporte muy notable al conocimiento de una historia que debe concurrir, como parte de la memoria, a la pugna tremenda que está en curso en la actualidad en América Latina. Nils arguye que los modelos ideológicos estructurados de las izquierdas no nacían de las experiencias y pensamientos latinoamericanos, ni podían expresar nuestros proyectos. Se detiene, con mucha razón, en la cuestión de las relaciones entre emancipación nacional y liberación social. Dedica varios capítulos a los procesos del tercer cuarto del siglo XX, sin descuidar nunca las valoraciones de las relaciones con la izquierda a escala mundial que caracterizan a este libro. Rescato una afirmación suya: en los años sesenta y setenta compartíamos a escala de la región un conjunto de objetivos que tenían puntos en común, aunque es cierto que no se lograron los resultados esperados. Pero en los años noventa, dice, había más razones para levantarse en armas que en los setenta, y sin embargo ya no había un proyecto que impulsara y respaldara la actuación. El tsunami neoliberal, añade, chocó contra un muro que ya se encontraba rajado por dentro. Esa reflexión me recuerda una imagen que utilicé hace tiempo, la del tren de las revoluciones, el que, a diferencia de los usuales, pasa una vez cada veinte años. Hasta el final del siglo pasado, si uno no se había preparado previamente, el tren lo aplastaba, o simplemente se le veía pasar sin poder montarse en él. Y me pregunto: ¿cómo será ahora? Nils dedica el último tercio de la obra a la política reciente. Las izquierdas electorales han obtenido numerosos triunfos o hecho notables papeles, dice, pero también enumera los límites que en numerosos aspectos padecen los gobiernos progresistas que existen en nuestro continente. Entonces inquiere: “¿cómo asegurar la continuidad y profundización de la perspectiva progresista? Esta pregunta obliga a traer a escena otro repertorio de asuntos por considerar, al que paso a paso nos asomaremos a continuación”. En los capítulos siguientes despliega un análisis muy riguroso y rico en detalles, matices y enunciados de posiciones, logros, insuficiencias y conflictos, acerca de estas realidades que constituyen el teatro de los eventos y las posibilidades de la América Latina y el Caribe contemporáneos. En forma telegráfica aludo a algunas de las cuestiones que plantea en esta parte, sólo para ilustrar al futuro lector. Aborda los dilemas de la cuestión democrática: ¿qué tanto de concentración o descentralización del poder, de pluralidad del debate o de autoridad decisoria, de persuasión o de fuerza, se debe ejercer ‑‑y por cuánto tiempo‑‑ para garantizar que los cambios se hagan realidad con la debida eficacia, sin que sus adversarios los puedan revertir? ¿Qué tan pronto el debate se debe abrir a la participación de nuevos actores para estimular que dichos cambios produzcan nuevos desarrollos? El proyecto tiene que ser democrático y lo más participativo posible, al mismo tiempo que debe continuar enfrentando las urgencias y resolver las necesidades sociales principales, como la de igual salud y educación para todos. A partir de ahí es que se podrá rediscutir el concepto mismo de democracia y buscar qué tipo de democracia queremos. El debate se debe trasladar al interior de los partidos. Hay que desarrollar una nueva cultura política. Hoy las izquierdas pueden obtener la mayoría, pero no disponen aún de una hegemonía político‑cultural. El proyecto debe nacer de nuestras aspiraciones y experiencias. Una de las mayores necesidades será tener un buen diálogo entre las distintas corrientes populares y de izquierda. Ningún sectarismo produce un modelo nuevo. Ha emergido otra generación de latinoamericanos y tenemos que hacer un debate más plural; es necesario cambiar el lenguaje. Existe una multitud de jóvenes descontentos con el sistema, pero que no buscan una solución en la actividad política. El Movimiento de los Sin Tierra brasileño ilustra un camino posible, porque cumple su papel de organizador social y cultural. La emergencia de los procesos progresistas ha cambiado la correlación de fuerza norte-sur en el continente. Una vía de acción es recuperar soberanía y también construir mecanismos de colaboración regional, como Unasur y la Celac. Motivado por el reclamo fundamental que nos hace este libro, expreso algunas de mis opiniones. En el pensamiento latinoamericano actual existen varias corrientes y perspectivas diferentes entre los partidarios o simpatizantes de cambios a favor de las mayorías; algunas de aquellas, incluso, se contradicen y polemizan. Esta situación tan positiva parecía imposible hace solo quince años, cuando regía prácticamente a escala mundial un pensamiento al que se solía llamar “único”, aunque lo que pretendían –y siguen pretendiendo--sus impulsores es más bien que no haya ningún pensamiento, que sean olvidados el pasado y el futuro, las ideas de progreso y las de socialismo, y los afanes en busca del desarrollo de los países del que ya no llaman Tercer Mundo. En un mundo unipolar, con los instrumentos económicos, políticos, militares y culturales principales en manos del imperialismo norteamericano, nuestra región debía aceptar como hechos naturales su predominio y su neolengua, el reino del neoliberalismo, los recortes de las soberanías y el empobrecimiento, la pérdida de los avances sociales logrados y la miseria de las mayorías. En cada país, los gobernantes y los poderosos en la economía interna debían ser los cómplices y subalternos de ese orden vigente. Un pensamiento opuesto a ese sistema, o resistente ante sus aspectos más nefastos, se mantuvo en el continente durante aquella etapa tan oscura, hizo análisis y denuncias y acompañó en su brega a movimientos sociales. Pero constituía una minoría cercada por la corriente principal y el control casi totalitario de la información, la opinión y la reproducción de ideas ejercido por los dominantes. En lo que va de este siglo, ha sido el mundo de los hechos el que ha primado en América Latina. No hubo un previo crecimiento brusco de novedades en los contenidos, las teorías, los métodos del pensamiento social, ni hubo una revuelta intelectual. Tampoco el pensamiento social pronosticó que en tan breve plazo podrían salirse países del continente del control tan completo que tenía el imperialismo, e incluso formarse poderes populares en algunos de ellos. Ahora la praxis está requiriendo al pensamiento aprovechar los medios con que cuenta y lanzarse al ruedo del gran laboratorio social que constituyen las realidades, los conflictos, los condicionamientos y los proyectos actuales latinoamericanos. Pero no se trata de una necesidad secundaria, o que pueda posponerse. En las condiciones actuales confluyen dos realidades de gran magnitud e importancia crucial. Por un lado, las enormes insuficiencias, dificultades y enemigos de los que aspiran a la autonomía real, el bienestar de las mayorías o la liberación de las dominaciones. Por otro, los retos gigantescos que confrontan los intentos de lograr, defender, consolidar y hacer avanzar relaciones sociales, motivaciones y conductas individuales, instituciones, estrategias, ideales y proyectos que permitan la emergencia de nuevas sociedades y de vínculos solidarios que vayan desde los interpersonales hasta el ámbito de toda la región. Solamente una praxis intencionada, organizada, capaz de manejar los datos fundamentales, las valoraciones, las opciones, la pluralidad de situaciones, posiciones y objetivos, de condicionantes y de políticas que están en juego, será capaz de enfrentar esos retos con probabilidades de triunfar. Eso hace imprescindible el desarrollo de un pensamiento social que se vuelva apto para ayudar y participar, analizar y elaborar síntesis, contradecir o influir, prever futuros y recuperar legados, desde dentro de los procesos mismos y no como una conciencia crítica externa a ellos. Es decir, un pensamiento social que combine la autonomía y la conciencia de su especificidad con el involucramiento en las causas populares, la creación con la divulgación para concientizar, la independencia con el acompañamiento. Quisiera llamar la atención, por último, a que ya resulta imperativo que nos comuniquemos mucho más, que hagamos sistemática la información a los demás de lo que cada uno hace, y la discusión entre todos de los resultados, las ideas, las diferentes perspectivas y los proyectos. La creación y el desarrollo de instrumentos suficientes para que esa comunicación sea constante y eficaz podría ser decisiva para multiplicar la fuerza, el alcance y la influencia de este movimiento del conocimiento y las ideas, y también podría ser un paso de gran trascendencia hacia la integración continental. Publicado por Con Nuestra América el 23 de Febrero de 2013, 7:06 a.m. http://connuestraamerica.blogspot.com.ar/2013/02/izquierdas-latinoamericanas-en-tiempos.html GB