El Capitán Rafael Acosta Arévalo fue detenido el último 21 de junio sin que se conozcan hasta hoy los cargos. Fue torturado por agentes de la Dirección de Contrainteligencia Militar de la República Bolivariana y falleció por un edema cerebral a causa de los golpes y maltratos recibidos. Los detalles sobre la autopsia han sido motivo de controversia entre oficialistas y opositores, ya que la oposición habla de un supuesto informe filtrado que daría cuenta de huellas de mucho más que golpes, y hablan de tormentos indecibles sobre el detenido capitán. Ciertas o no, las denuncias cobran verosimilitud porque no se permitió el acceso a la autopsia de la defensa ni de observadores internacionales. Hasta hoy, los detenidos son dos jóvenes militares de 22 y 23 años a los que se responsabiliza, hasta ahora exclusivamente, de la muerte y las torturas.
A aquello se suma el caso de Rufo Chacón, un adolescente que quedó ciego tras recibir más de cincuenta disparos de perdigones en el marco de una protesta contra el gobierno, en la que se exigía por la ausencia del servicio de gas. También en este caso, las detenciones están vinculadas a la autoría material, sin que se diga hasta ahora nada sobre responsabilidades en la cadena de mando.
Las noticias recorrieron el mundo pocos días después de la visita de Michelle Bachelet, que había traído esperanzas de una mejora en la situación de Derechos Humanos venezolana, tras conocerse que el órgano correspondiente de Naciones Unidas -aún después de la partida de su Alta Comisionada- tendría acceso irrestricto a las sedes de detención, podría conversar con opositores detenidos y hacer recomendaciones de las que el gobierno prometía tomar nota. Criticada al comienzo por los sectores opositores más duros como una "legitimadora" del gobierno de Maduro, el sábado Bachelet se había convertido en "agente de la CIA" tras conocerse el contenido de su primer informe.
La crisis no es coyuntural
Tomar conciencia de la tragedia venezolana es pensar que los enfrentamientos, la represión y sus muertos no son el problema más grave ni el más difícil de solucionar. Venezuela hoy es uno de los países más violentos del mundo y lo que comenzó como una crisis económica se convirtió en una crisis humanitaria que ya lleva años y no muestra caminos de salida.
Las tasas de homicidio, que no dejaron de crecer siquiera en años en que coincidieron el boom petrolero y la reducción de la desigualdad, hoy duplican las de países como México, Colombia o Brasil sin que aquello derive de una fuerza policial más civilizada o permisiva. El informe de la Comisión de Derechos Humanos da cuenta de que, en el combate a la delincuencia, las fuerzas de seguridad han incurrido en cientos de ejecuciones extrajudiciales. El modo en que estas ejecuciones son presentadas en la prensa más conservadora, junto a los procesos contra opositores, hacen recordar Pinochet o Videla y Massera. Es un enfoque malicioso, aunque en esta área el gobierno socialista no pueda mostrar logros. La policía venezolana se parece en esto a las de sus vecinos latinoamericanos.
La violencia en Venezuela no es nueva ni la inventó el chavismo, es un fenómeno que lo precede, pero que se incrementó en los últimos años. Del mismo modo podría pensarse la crisis económica.
Venezuela transcurrió siempre al ritmo de los precios petroleros. De ser la economía más rica e igualitaria de la región a finales de la década de los setenta a la crisis, con programa con el Fondo Monetario, miseria y ajuste, que provocó el Caracazo y el intento de Golpe de Estado comandado por Hugo Chávez a principios de los noventa. Es difícil entender el país sin sus persistencias. Carlos Andrés Pérez fue en época de vacas gordas, quizás el líder más parecido a Chávez en aquello de distribuir entre la población los beneficios del petróleo, que su gobierno nacionalizó, y en tiempos de vacas flacas, quien explica su emergencia. El chavismo aprendió como lección los peligros del ajuste, y se abocó a profundizar el programa redistributivo. Construir el socialismo, en palabras del líder fallecido. Para conjurar el riesgo de un golpe de estado, el camino fue el adoctrinamiento de las fuerzas armadas y su preeminencia en la política y los negocios. "Comunidad popular militar."
El proyecto chavista fue impotente para reformar el sistema productivo y Venezuela sigue siendo tan dependiente de la economía extractiva como siempre e importa casi todo lo demás. La intervención sobre la empresa estatal de petróleo (forzada, en un principio por un largo paro contra el gobierno que afectó el PBI venezolano) derivó en una politización de la compañía, y su utilización como garantía financiera de variados proyectos oficiales, lo que llevó a una marcada reducción de la capacidad de la empresa, produciéndose eventualmente una merma en su producción a partir de 2013, mucho antes de las sanciones norteamericanas. Las estatizaciones de compañías clave como la acerera Sidor, del Grupo Techint, o las de servicios eléctricos, significaron costos en dólares para el estado, y los resultados productivos fueron negativos. Hoy Sidor produce menos de la décima parte de lo que lo hacía en su apogeo, y los cortes de energía forman parte de la realidad cotidiana para la población venezolana. Mientras otras economías petroleras acumularon reservas durante los años de precios récord del petróleo, el chavismo multiplicó la deuda externa que, según el economista opositor Ricardo Hausmann, pasó de 25.000 millones de dólares en 2005 a 150.000 millones en la actualidad. Las importaciones, en un país que exportaba casi exclusivamente petróleo, e importa mucho de lo que consume, se redujeron drásticamente cuando los precios cambiaron yjunto con ellas el nivel de vida de la población.
Agravar el problema
Ante la crisis, la respuesta fue el recurso al voluntarismo. El sector agrícola, donde el gobierno patrocinó nacionalizaciones y grandes cooperativas, enfrentó caídas significativas en la producción entre 2007 y 2015, y la nacionalización de una de las grandes cadenas de supermercados, culpada por la escasez y los faltantes de productos como el célebre papel higiénico, sólo llevó al colapso de la cadena. Los últimos años de Venezuela fueron de caídas del producto que sólo son comparables con episodios de guerra o sacudones mundiales como la desaparición de la Unión Soviética. Tal como recoge el informe de Naciones Unidas, faltantes de insumos básicos, medicinas y alimentos afectaron dramáticamente las condiciones de vida y supervivencia de la población, y el poder de compra del salario mínimo se redujo hasta la insignificancia.
En estas condiciones, extraña a muchos observadores que no haya habido un levantamiento de masas. Sin embargo, cabe reconocer en este punto la eficacia del Estado que se ocupó siempre de garantizar atender las necesidades de subsistencia en un país en que la oposición es percibida, mayoritariamente, como refractaria a las demandas de los más postergados. Los Comités Locales de Abastecimiento y Producción combinaron asistencia y clientelismo, y garantizaron bienes de primera necesidad entre los más pobres aún en el punto más álgido de la crisis.
Para sectores menos postergados, la crisis no tiene atenuantes. En un país que perdió cerca de la mitad de su riqueza, millones enfrentan por primera vez vivir en la pobreza, con carencia de servicios básicos y expuestos a la inseguridad cotidiana. Como sabe cualquiera que ande por Buenos Aires o cualquier otra capital sudamericana, la emigración venezolana es ubicua. Millones de personas decidieron abandonar el país ante la desesperación por la situación de crisis. Si en tiempos de Hugo Chávez una colectividad opositora había florecido en Miami, compuesta casi exclusivamente por familias ricas, hoy son, de acuerdo al informe de Naciones Unidas, alrededor de cuatro millones de personas que abandonaron Venezuela: más del 10% de la población. Entre los migrantes se encuentran especialmente jóvenes, profesionales y clases medias, lo cual dificultará enormemente cualquier proceso de reconstrucción.
El dilema de la democracia
La oposición venezolana, en este contexto, debería representar una alternativa institucional para la salida de la crisis. Se debate en cambio entre sus propias limitaciones y las que impone el chavismo gobernante.
Es imposible olvidar que casi toda la oposición apoyó el golpe de estado de 2002 que, durante 48 horas, depuso a Hugo Chavez para reemplazarlo, literalmente, por el titular de una organización patronal, que se encolumnó tras el paro petrolero que amenazó a la economía del país al año siguiente, que alternó entre la participación y el boicot a los procesos electorales sin explicar motivos, y que dirigentes como Leopoldo López o María Corina Machado llamaron abiertamente a la insurrección tras la derrota electoral de Henrique Capriles ante Nicolás Maduro en 2013, que la oposición decidió no reconocer. Si ese es el lugar de la oposición, hay que decir que el chavismo nunca le permitió cosechar frutos de ningún triunfo institucional.
El Poder Judicial fue utilizado como herramienta para evitar que, en 2016 *, se convocara un referéndum revocatorio. Henrique Capriles fue inhabilitado electoralmente, sin juicio ni cargos, y varios dirigentes opositores fueron presos tras procesos judiciales que no respetaron las garantías mínimas de derecho de defensa, ni consideraron las pruebas propuestas por los acusados. La victoria opositora en las elecciones legislativas llevó a desconocer la elección de tres diputados para evitar otorgar a la oposición facultades constituyentes, declarando luego a la Asamblea en desacato, para privarla de sus facultades y, finalmente, convocar una Asamblea Constituyente "originaria" apartada del prinicipio democrático de un voto por ciudadano, donde la mitad de los integrantes se componen corporativamente, por estamentos, para garantizar la mayoría chavista. En estas condiciones, la oposición desconoció las elecciones y la Asamblea Constituyente. Esta Asamblea no produjo hasta hoy un sólo artículo para la nueva Constitución, pero reemplazó en sus funciones a la Asamblea Legislativa.
En el período posterior a la elección legislativa que perdió el chavismo hubo procesos electorales, locales y nacionales, con y sin participación opositora. La vergonzosa Asamblea Constituyente, rechazada por el conjunto de la oposición es una. Pero luego hubo elecciones a gobernadores, en las que toda la oposición presentó candidatos, y el chavismo obtuvo una victoria significativa, incluso en bastiones opositores como Lara y Miranda. La falta de unidad de criterios y el miedo a repetir la derrota de los comicios locales llevó a quela elección presidencial de 2018 fuera desconocida por un sector opositor mayoritario, mientras el progresista Henri Falcón y el evangélico Javier Bertucci decidieron participar. En todos estos procesos electorales, incluso en la elección legislativa en la que salió derrotado, el chavismo mantuvo un apoyo significativo, de entre cinco y seis millones de votantes. Muchísimo para un país inmerso en una crisis sin precedentes.
Hasta ahora, el oficialismo se mostró dispuesto a ganar democráticamente, pero no a perder. Cada vez que triunfó en elecciones, contó votos. Cuando perdió, manipuló las instituciones para dejar las derrotas sin efectos. Antes de eso, inclinó la cancha a partir de proscripciones y detenciones. El informe de Naciones Unidas recupera, durante los años de Nicolás Maduro al frente del gobierno testimonios de torturas, amenazas de violencia sexual e intimidaciones contra detenidos políticos o sus familiares. Difícilmente se pueda considerar democrática a una fuerza de esas características. Del lado opositor, la falta de iniciativa para presentar alternativas, mostrarse viable y mostrar sensibilidad hacia los sectores más postergados de la sociedad, que siguen constituyendo la base del chavismo, limita enormemente sus posibilidades. Los pedidos de intervención extranjera, recogidos hasta por Juan Guaido, autoproclamado presidente interino, y refrendado por la Asamblea Legislativa, ponen al país ante el riesgo de un enfrentamiento de imprevisibles consecuencias. El intento de forzar cambios a partir de sanciones económicas norteamericanas vigentes, que afectan las posibilidades de Venezuela de financiarse y vender su petróleo, amenaza agravar la crisis y ahogar económicamente al país, profundizando el drama humanitario. En un país donde la represión de las protestas y la violencia de algunos manifestantes se cobraron decenas de muertos, la perspectiva de un enfrentamiento armado podría traer consecuencias inéditas en el continente, y terminar de convertir a Venezuela en un estado fallido, a imagen de Libia o Siria.
La posibilidad de un progreso
Lejos del show de los presidentes latinoamericanos en la frontera colombiana en febrero, y de las bravuconadas de Donald Trump, Michelle Bachelet demostró que, aún en este marco, se puede contribuir a encontrar soluciones a la crisis venezolana sin resignar compromiso con las víctimas. El informe del órgano de Derechos Humanos que preside es contundente sobre las persecuciones, las torturas, la situación humanitaria, la crisis económica y hasta el gatillo fácil. Aún consciente de las responsabilidades diferentes entre quienes conducen el estado y quienes no lo hacen, la ex presidenta recordó, junto con las violaciones de derechos humanos atribuibles al gobierno, el caso de Orlando Figueroa, quemado vivo en una manifestación opositora, acusado de "chavista".
Desde la visita de Michelle Bachelet, y la publicación de su informe, el gobierno venezolano accedió a liberar a decenas de presos políticos, algunos de ellos de enorme valor simbólico. Aunque los casos de Acosta y Chacón evidencian el descontrol de las fuerzas de seguridad y los aparatos, la gestualidad de abrir procesos en vez de ocultar los hechos hace pensar en la voluntad de que exista un proceso político. Juan Guaido, por su parte, anunció la voluntad de recuperar instancias de diálogo con el chavismo.
En medio de la crisis, y con el pesimismo que hace tiempo prima cuando hablamos de Venezuela, por primera vez hay perspectivas de que una actuación desde el extranjero facilite una solución venezolana para los problemas venezolanos.
*Nota: una versión anterior de este artículo decía que el referéndum había sido realizado en el 2014.
Leticia Martínez 
Venezuela: el origen de la tragedia
