sábado, 30 de marzo de 2019

ESPECIALES DE P12 24 de marzo de 2019 Los textos de los recordatorios acompañaron los cambios del contexto social y político de los últimos 30 años

Luchas de ayer y de hoy
Al principio, las referencias en los textos eran biográficas, luego se agregó la reivindicación de la militancia. Menciones sobre los indultos, juicios y la crisis del 2001.
El movimiento de Derechos Humanos ha encontrado distintas formas de mantener viva la memoria. Las iniciativas que ha impulsado son diversas y todavía hoy siguen apareciendo nuevas propuestas. Los recordatorios publicados por PáginaI12 desde 1988 son una de las formas más emblemáticas que ha asumido la lucha por la memoria en nuestro país. A lo largo de los años, los familiares, amigxs y compañerxs de militancia que los publican se han ido apropiando del espacio y ensayando diferentes variaciones de contenidos y formas. 
Prácticamente la totalidad de los recordatorios incluyen, generalmente como encabezado, el nombre y la fecha de desaparición o asesinato de la persona que homenajean. Algunos consignan más información sobre el hecho como el lugar de detención, las personas o las fuerzas represivas implicadas en el secuestro, los centros clandestinos de detención donde fueron vistos. Pero también es muy común que hagan referencia a otros datos de la biografía de la persona desaparecida: una breve reseña de su vida en la que se resaltan algunos aspectos específicos como su lugar de estudio, su espacio de trabajo, características de su personalidad, su condición de hijo, hermano, tío, madre o padre.
Ana Paoletti, trabajadora de PáginaI12, comenta una transformación interesante que se dio en la información biográfica que se incluye. Indica que en los primeros años “no había una reivindicación de la militancia, era más general, decían algo así como “querían cambiar el mundo”, “lucharon por un mundo diferente”“. Posteriormente, comenzaron a aparecer menciones explícitas de sus militancias: “con los años empezaron a asumir la militancia de su hijo o de su padre o de su hermano, entonces los reivindican como militantes políticos con su identidad polìtica”. Un histórico del diario, Carlos González o “Gandhi”, describe este cambio como un paso de un plano más personal y afectivo a una reivindicación de su lucha, aunque es cierto que muchos de los textos combinan ambos registros.
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En el prólogo del libro Poesía Diaria. Porque el silencio es mortal firmado por Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, las madres refieren a los recordatorios como “el testimonio de la vida y la militancia de nuestros hijos”. Se refieren al rol de estas publicaciones marcando que “se encargan de “decirle” a la sociedad que “ellos son y están”, todos tienen nombre y apellido”. Y agregan: “y los unimos a la exigencia de ‘Juicio y Castigo’”. Así, las referencias biográficas sobre los desaparecidos, destinadas a contar y homenajear sus historias de vida y su militancia, se unen al reclamo de verdad y justicia. El recuerdo de la lucha de los desaparecidos en el pasado se une a la lucha de sus familiares en el presente.
Virginia Giannoni, quien realizó una muestra en el Centro Cultural San Martín de una selección de recordatorios en el año 2005 —muestra a partir de la cual se conforma el libro prologado por Madres— resume desde otra perspectiva cómo se da esta transición en el contenido. Al referirse a los cambios que pudo percibir mientras realizaba el trabajo de curaduría para la muestra, sostiene que “al principio eran más angustiosos, eran más de duelo y después empezó a cambiar, se hicieron más de lucha y también apareció esto de: ‘Te encuentro en las luchas de hoy’”. Lo cierto es que esta conexión se hace presente en algunos de los primeros recordatorios, incluso desde 1988. El recordatorio dedicado a Patricia Dixon, publicado el 6 de septiembre, sólo dos semanas después del primero que apareció, finaliza diciendo: “Igual que vos lo hacías, nosotros exigimos justicia”. Esta idea de la relación entre las luchas de ayer y de hoy atraviesa la historia de los recordatorios, apareciendo desde los primeros hasta la actualidad.
Producto y parte de la lucha de los familiares y organismos, los recordatorios acompañan y dejan testimonio del devenir del proceso de verdad y justicia. Nacidos en tiempos de impunidad, los recordatorios contemporáneos a esa etapa permanentemente exigen la derogación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y, a partir del momento mismo en que son decretados, rechazan los indultos. En 1991, la abuela fundadora Clara Jurado de Roggerone publica un recordatorio en el que se dirige a su hijo Carlos María y se pregunta: “¿Podemos seguir creyendo en la justicia?” y responde: “Yo no lo sé. Si sé que como país, como pueblo, no podemos aceptar el infame indulto a los asesinos de nuestros hijos y expropiadores de nuestros nietos. (…) Por eso, por el resto de mi vida, junto a tantos otros, y hasta el último aliento, seguiré reclamando día tras día”. La denuncia de la impunidad suele estar acompañada por la afirmación de lo inclaudicable de la lucha, como una forma de sostener que la búsqueda de justicia no se termina hasta encontrarla.
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Hacia finales de la década del noventa, vemos aparecer menciones que celebran las distintas iniciativas judiciales como los Juicios por la Verdad o los procesos llevados a cabo en el exterior. Así, por ejemplo, el recordatorio de José Nicasio Fernández Álvarez publicado el 11 de noviembre de 1997, reza hacia el final: “¡Apoyamos al juez Garzón, en el juicio que está llevando a cabo contra LA IMPUNIDAD!”. En muchos casos, el reclamo por justicia y la reivindicación de la lucha de los desaparecidos se entremezclan con otros aspectos del contexto en el que se publica. En este sentido, Gandhi señala que “se fue incorporando mucho la actualidad del momento”.
Hacia el 2001 y 2002, la crisis económica, política y social en la que estaba sumido el país es referida constantemente por los recordatorios, muchas veces relacionada con la impunidad. El texto dedicado a Ana María Woichejosky en 2001 identifica a los responsables de la crisis con los responsables de la impunidad, a la vez que marca la relación entre las políticas económicas de la dictadura y las del presente: “hace 25 años te secuestraba un comando de las ‘fuerzas conjuntas’, que fueron perdonados e indultados por los mismos que continúan aplicando el plan de expoliación de nuestro pueblo, ese que hace que un niño muera cada 45 minutos, ese que no ha dejado conquista obrera en pie, el que aleja al pueblo cada día más de sus representantes”.
Casi un año después, el 29 de agosto de 2002, el recordatorio de Fernando Hallgarten relaciona la situación vivida en ese momento con los crímenes de la dictadura: “Porque la justicia no cumplida es justicia desaparecida. Porque cada desocupado es un desaparecido. Porque cada jubilado es un desaparecido. Porque cada niño hambriento es un desaparecido. Porque cada hospital sin presupuesto es un desaparecido. Porque la educación sin presupuesto es desaparecida”. Ana Paoletti también resalta esta característica y sostiene que “empezó a convertirse en un espacio de reclamo”, “vos ves un recordatorio, y en base a la consigna que tenga, te das cuenta en qué época fue publicado”.
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El 25 de agosto de 2003, a solo cuatro días de que el Senado hiciera ley la derogación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, Estela de Carlotto se dirige a su hija Laura en el texto de su recordatorio para informarle que “Un viento de esperanza despierta en nuestra tierra para dar paso a tus ideales. Un nuevo sol alumbra a los que sobrevivieron para no olvidar las palabras VERDAD y JUSTICIA”. Estela, al evocar cómo fue su experiencia publicando, explica que cada año cambia el texto: “estos recordatorios los fui haciendo año tras año, todos los años con un mensaje distinto, siempre acorde a la situación de nuestro país”.
Con la anulación de las leyes y el comienzo de los juicios, los recordatorios se van a llenar de referencias a los procesos de justicia, de formas muy variadas. Algunos incorporan información sobre los responsables, quiénes fueron condenados y a quiénes falta aún juzgar.  Los familiares de Ernesto Eduardo Berner, secuestrado en enero de 1977, expresan su experiencia en el recordatorio publicado en el 2014: “Compartimos este recordatorio como todos los años, pero nunca es igual. Tu presencia se agranda, este año con la satisfacción de haber declarado en la Causa ESMA”. Un año antes, Aníbal y Mirta, amigos de Adrián Claudio Bogliano y Susana Leiva de Bogliano publican un texto en el que aparecen las sensaciones suscitadas por los juicios y la mención, también muy común, al trabajo del Equipo de Antropología Forense y la identificación de los restos. “(…) en este agosto número ‘36’ desde la trágica noche de la desaparición de ustedes… y número ‘3’ desde que, gracias al trabajo del EAAF para los “Juicios por la verdad y la memoria”, nos entregaron los restos de sus cuerpos… en este agosto nos retroalimentamos en fuerzas y esperanzas de encontrar a los culpables… porque este año asistiremos al “juicio” por ustedes, en el que LAURITA y VERÓNICA, sus hijas amadas, serán las querellantes ante la misma justicia (…)”.
Con la reapertura de los juicios van a ir a emergiendo nuevas reivindicaciones. Se mantiene el pedido de “juicio y castigo” —que se amplía a veces a los cómplices civiles— y aparece la necesidad de “cárcel común” ante las concesiones de prisión domiciliaria para algunos de los condenados.
Es interesante, en este sentido, el pedido que en 2013 realizan los familiares de Juan Carlos Arroyo en cuyo recordatorio exigen, entre otras cosas, “que los crímenes contra la integridad sexual sean considerados como crímenes de lesa humanidad”. En los recordatorios se hará sentir con fuerza la conmoción generada por la desaparición del testigo Jorge Julio López en septiembre de 2006. Las primeras menciones exigiendo su aparición con vida son de los primeros días de noviembre de ese mismo año.  En el 2017, a partir de la desaparición de Santiago Maldonado, se volverá a ver el nombre de una víctima de la democracia acompañando el nombre de desaparecidos en dictadura. Ese mismo año, unos meses antes, los recordatorios se llenaron de pronunciamientos en contra del fallo de la Corte Suprema que habilitaba la aplicación del 2x1 en las penas de los genocidas condenados. Nuevamente, el masivo rechazo que suscitó entre los organismos de Derechos Humanos -así como en la sociedad en su conjunto- se vio plasmado en los textos de los recordatorios, provocando una catarata de publicaciones. Este hecho reforzó una línea que ya venía teniendo presencia dentro de los recordatorios basada en la crítica a las políticas en materia de Derechos Humanos del nuevo gobierno y haciendo alusión al discurso negacionista proclamado por algunos funcionarios. Indudablemente, el conjunto de los recordatorios y el devenir de sus contenidos en el transcurso del tiempo constituyen un singular testimonio de la historia reciente de nuestro país, principalmente en lo relativo al proceso de memoria, verdad y justicia, pero también al contexto político y económico social en general. En algunos casos, también, pueden reconstituir historias familiares. Son muchas las familias que incluyen en el texto, generalmente dirigido a modo de carta a la persona que se quiere recordar, novedades de la familia, como el nacimiento de nuevos miembros o la partida de los más grandes que “van a su encuentro”.
 Gandhi  advierte que no todo en los recordatorios son reivindicaciones políticas: “hay poesías propias de los familiares o tomaban poesías de poetas más conocidos y se ha plasmado en los recordatorios. Así que tienen arte y poesía por todos lados”.
A través de esta combinación en la que la poesía y la literatura se vuelven parte de la lucha y los reclamos y consignas de siempre se resignifican y se vuelven poesía, el espacio de los recordatorios con sus distintas formas y expresiones se fue transformando en una herramienta icónica de los familiares y organismos de Derechos Humanos en Argentina. La entrañable Pepa Noia, madre de Plaza de Mayo, dijo en la inauguración de la muestra montada por Giannoni refiriendo a los recordatorios allí mostrados, “eso es resistencia”. Porque, como nos han enseñado los organismos de derechos humanos, recordar es resistir.

La investigación completa se encuentra en www.recordatorios.com.ar

EL MUNDO 30 de marzo de 2019 La Fiscalía General de Ecuador rechazó una denuncia de financiamiento ilegal Exoneran a Correa de cargos de corrupción


La Fiscalía General de Ecuador descartó tramitar una denuncia sobre la supuesta financiación ilegal del Gobierno de Venezuela a una fundación de pensamiento político vinculada al expresidente ecuatoriano Rafael Correa (foto). En su comunicado oficial, la Fiscalía aseguró que los hechos relatados en la denuncia presentada por el Secretario Anticorrupción del gobierno ecuatoriano, Iván Granda, no configuran indicios de una conducta antijurídica. Además agregó que si la financiación supuestamente ilegal surgió desde Venezuela, debería ser la justicia de ese país la que debería investigarlo. La Fiscalía recordó además que sólo las conductas que se encuentren tipificadas por la ley Penal del Ecuador serán susceptibles de ser perseguidas y castigadas.
La respuesta de la Fiscalía vino después de que el secretario Anticorrupción solicitara a la fiscal general en funciones, Ruth Palacios, la apertura de una indagación preliminar por la supuesta financiación ilegal del gobierno venezolano al instituto de Pensamiento Político y Económico Eloy Alfaro. Según la Presidencia de Ecuador, el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela transfirió 281.000 dólares al Instituto de Pensamiento Político y Económico para “alimentar cuentas personales de exfuncionarios”. “Este Instituto hizo transferencias a cuentas de Rafael Correa por un total de 96.200 dólares y a sus excolaboradores, de entre 34.000 y 6.000 dólares”, precisó el Secretario Granada en su denuncia.

EL MUNDO 30 de marzo de 2019 Pese al cambio de Estados Unidos, Europa mantiene su postura Para la UE, Golán no es de Israel

En una declaración de los 28 miembros del Consejo Europeo, “la UE no reconoce la soberanía israelí sobre los Altos del Golán ocupados”.
Imagen: AFP
Desde Bruselas
Los 28 países miembros de la Unión Europea han declarado por unanimidad que no reconocen la soberanía israelí sobre la región de los Altos del Golán, a pesar de un cambio en la política por parte de los Estados Unidos. Esta semana, Donald Trump firmó una proclamación presidencial que reconoce oficialmente el control de Israel sobre el área, que ha ocupado desde 1967 cuando los Altos del Golán fueron capturados de Siria durante la Guerra de los Seis Días. Pero en una declaración aprobada por los 28 miembros del Consejo Europeo, Federica Mogherini la alta representante de la UE para asuntos exteriores dijo: “La posición de la Unión Europea con respecto al estado de los Altos del Golán no ha cambiado.
“De conformidad con el derecho internacional y las resoluciones 242 y 497 del Consejo de Seguridad de la ONU, la Unión Europea no reconoce la soberanía israelí sobre los Altos del Golán ocupados”.

La movida de Trump

El territorio ocupado es ampliamente reconocido internacionalmente como en disputa con al vecino árabe de Israel. Trump dijo: “Después de 52 años, es hora de que Estados Unidos reconozca plenamente la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán, que es de importancia estratégica y de seguridad crítica para el Estado de Israel y la estabilidad regional”.
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo que el reconocimiento de Trump fue “histórico”, mientras que Siria dijo que fue un “ataque flagrante” a su soberanía y se comprometió a recuperar el territorio por “todos los medios disponibles”. Turquía y Rusia también expresaron su oposición a la medida.
Es probable que el cambio en la política de los Estados Unidos sea un apoyo político interno para Netanyahu, quien enfrenta las elecciones el 9 de abril. El reconocimiento es la última jugada revelada por Trump para romper con la política de larga data sobre Israel. El año pasado, el presidente anunció que estaba trasladando la embajada estadounidense de Tel Aviv a Jerusalén. Israel dice que Jerusalén es su capital, pero la mayoría de las embajadas extranjeras tienen su sede en Tel Aviv debido al estado político en disputa de la ciudad santa.
Esa decisión hizo que Brasil, El Salvador, la República Checa, Hungría y Rumania siguieran el ejemplo de Estados Unidos y anunciaran diversos grados de reconocimiento de Jerusalén como la capital de Israel. Esta semana, Israel lanzó más ataques aéreos en la Franja de Gaza, otra área bajo su ocupación militar, luego de que militantes palestinos lanzaran cohetes al territorio israelí. Las autoridades locales dicen que los ataques hirieran al menos a 15 palestinos, entre ellos dos mujeres y un niño.
* De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Páginal12
Traducción: Celita Doyhambéhère.

EL PAÍS 30 de marzo de 2019 · Actualizado hace 23 min Las únicas tasas que no suben son las laborales

No hace falta ser economista. Basta un discreto anclaje en la realidad para aseverar sin margen de error que el aumento de la tasa de interés, cualquiera que fuere la razón que lo sustente, es nocivo para la economía real del pueblo.
A esta descripción le caben las generales de la ley cuando de intereses moratorios en los créditos laborales se trata. En un reciente fallo (“Bonet, Patricia Gabriela por sí y en rep. Hijos menores v. Experta Aseguradora de Riesgos del Trabajo Sociedad Anónima y otros s/accidente – acción civil”) la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), ha tildado de irrazonable y contraria a la realidad social la tasa de interés escogida por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (CNAT) para preservar de la depreciación del signo monetario en un fallo judicial y ello ha puesto en crisis, también en este lugar de la realidad, un signo determinante de la economía laboral.
Los créditos laborales reconocidos por sentencia no están exentos de los efectos nocivos de la inflación. Muchas veces, esta licuación apareja conductas debidamente enfrentadas con el objetivo de Afianzar la Justicia que posee el Poder Judicial. Dilatar los juicios suele ser una política que ciertos empresarios ensayan para postergar en el tiempo un pago con fines especulativos (la llamada “moneda de juicio devaluada”) y esto, a su vez, es mal utilizado como argumento para presionar a los trabajadores y trabajadoras a aceptar acuerdos conciliatorios que muchas veces no constituyen una verdadera composición de los derechos e intereses de las partes.
Desde la implantación del sistema de convertibilidad (ley 23.928) está prohibida la indexación de las deudas –entre las que se cuentan las laborales– lo que implica que su corrección nominal solo se la puede plasmar aplicando intereses “compensatorios” y “moratorios”. Al abrigo de tal veda, la CNAT ha venido dictando una serie de acordadas indicativas sobre cuál debería ser la tasa de interés aplicable. Desde 1991 hasta el presente (con la ratificación de la prohibición contenida en la ley de emergencia económica Nº 25.561 de 2002), se han seleccionado: a) tasa fija del 12% anual; b) la tasa pasiva promedio del Banco Central de la República Argentina (BCRA); c) la tasa activa del Banco de la Nación Argentina (BNA); d) la tasa nominal anual para préstamos personales libre destino que otorga el BNA con plazo de 49 a 60 meses; e) la tasa activa efectiva anual vencida, cartera general diversa del BNA.
El argumento de la CSJN contra una de estas últimas (la tasa de libre destino) parece demoledor: “…la decisión resulta claramente irrazonable en virtud de la aplicación automática de tasas de interés que arrojan un resultado desproporcionado… que prescinde de la realidad económica existente al momento del pronunciamiento (Fallos: 316:1972; 315:2558)… esa desproporción se comprueba per se dado el empleo de una elevada tasa de interés sin tomarse en consideración que la utilización de intereses constituye solo un arbitrio tendiente a obtener esa ponderación objetiva de la realidad económica a partir de pautas de legítimo resarcimiento… Si ello no opera así, como ocurre en el sub lite, el resultado se vuelve injusto objetivamente y debe ser corregido, en tanto la realidad debe prevalecer sobre las abstractas fórmulas matemáticas (Fallos: 323:2562; 319:351 316:1972; 315:2558; 326:259, entre otros)…”
Lo crucial es que el concepto de irrazonabilidad que se desliza en el fallo es binario. La tasa de interés hoy beneficia a los trabajadores y mañana puede que sea a los empleadores; lo que vincula esta cuestión de modo inevitable con el concepto de arbitrariedad. La respuesta está en otro lado, no precisamente en la “timba financiera”.
El problema (que conduce a este azaroso desfase) se encuentra acentuado por una disposición del Código Civil y Comercial de la Nación (CCyCN) que dispone, en caso de los intereses moratorios, el juez está constreñido a aplicar las “…tasas que se fijen según las reglamentaciones del Banco Central…” (art. 768, inc. c). Es probable que la CNAT intente corregir la situación escogiendo la tasa más reducida (en el caso será la tasa pasiva), pero eso no soluciona la cuestión sino que refleja la impotencia de frenar una inercia pendular donde lo que ayer estuvo en un lado, hoy lo estará en el otro. Una falta de equilibrio incompatible con la labor jurisdiccional.
¿Dónde está la solución? Como suele suceder con los temas “difíciles” en la interpretación y aplicación del Derecho, habrá que buscar un delicado proceso de armonización entre los ribetes político y de principios de la institución bajo análisis. Esto nos conduce a desentrañar cuál es la naturaleza jurídica del crédito cuya cuantía se intenta preservar por los intereses tildados como “irrazonables” por la CSJN. Se trata de un crédito salarial, es decir que desde el lugar de los principios (deontológico) parece lógico afirmar que la fuerza de trabajo es la única capaz de agregar per se valor a los otras fuerzas productivas y que el “salario” intenta significar otro valor que retribuya el tiempo de trabajo socialmente necesario para la producción de bienes y servicios. Para que el producto se valorice, estoy simplificando, es necesario que en algún sentido se trueque el valor de algún medio de producción de manera tal que brote un valor nuevo, un plusvalor. Ese valor no es otro que la fuerza de trabajo devaluada, si se me permite el juego de palabras. De esto el lector, de acuerdo a sus juicios y prejuicios podrá extraer múltiples conclusiones; pero lo que no podrá objetar es que el trabajo es valor. El perfil “político” de esta definición está reiteradamente ratificado por una serie de normas que, en homenaje a la brevedad, invito a consultar con el auxilio de Google. Son ellas, los arts. 4º, 103, 105, 114, 116 de la Leyde Contrato de Trabajo (LCT) y otras de naturaleza internacional y constitucional (art. 14 bis, CN).
Vale la pena recordar que cuando se define al “salario mínimo vital” el Legislador nos está indicando la robustez del concepto de salario como representativo de un “valor”: “Salario mínimo vital, es la menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin cargas de familia, en su jornada legal de trabajo, de modo que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión”. Casi debería leerse como el valor socialmente necesario fijado para que el trabajador recupere su fuerza laboral luego de una jornada de trabajo medida en tiempo de servicio…
Si un crédito laboral fuera una obligación de dar sumas de dinero (como casi toda la Doctrina Laboral lo sostiene) estaríamos constreñidos a aplicar las tasas de interés bancarias, ya lo hemos visto. Pero si se trata de una deuda de valor, el art. 772, CCyCN nos ofrece la solución a aplicar. Dice esta norma: “Si la deuda consiste en cierto valor, el monto resultante debe referirse al valor real al momento que corresponda tomar en cuenta para la evaluación de la deuda. Puede ser expresada en una moneda sin curso legal que sea usada habitualmente en el tráfico. Una vez que el valor es cuantificado en dinero se aplican las disposiciones de esta Sección”.
Aquí hay un signo histórico que no podemos soslayar. La primera vez que se utilizó la teoría “valorista” fue para preservar el valor salarial vilipendiado por el “rodrigazo” (1975), primer ensayo político-económico neoliberal donde se utilizó a la de la inflación como agente de ajuste. No puedo dejar de mencionar en esta “lucha por el derecho”, por la indexación de los créditos laborales en cuanto deuda de valor, la inclaudicable prédica académica y jurisdiccional del abogado Norberto O. Centeno (el Mártir de la LCT) y el juez Rodolfo E. Capón Filas.
Ya señalamos la dificultad de negar que el trabajo sea valor. ¿Será esa negación la razón por la cual es la única variable de la economía que permanece anclada sin una forma indexatoria que la preserve de las corridas cambiarias o de la inflación? Alfredo Zaiat demuestra este aserto con magistral claridad y hasta un dejo de sarcasmo cuando califica la situación actual como “Ozairalas” –salariazo al revés–.
Si el salario es valor, y se lo pretende representar en una suma de dinero, la inflación la deprecia injustamente. No abundaremos en argumentos que están sellados en el conocimiento colectivo: la inflación se ha vuelto un mal endémico que castiga a los últimos deciles de la descripción del ingreso, los más pobres. Los artículos de primera necesidad son los que más consume el Pueblo Trabajador y los que aumentan en mayor medida. Si el salario intenta reproducir el valor de la fuerza laboral, éste debe medirse en litros de leche, kilos de carne y piezas de pan (como lo indica el art. 116, LCT), cuanto más aumentan éstas, más baja aquél.
Tampoco aquí ahondaremos el discurso sobre las causas de la inflación, sobre las que hay un claro consenso. Estoy convencido que no parece serio atribuirle a la “indexación” de una deuda de valor, expresada en términos pretéritos (y en esto quiero ser muy claro) el carácter de “causa” de la inflación. Ello es insostenible; tiene la misma entidad significante que suponer que administrar paracetamol produce al enfermo más fiebre. Que el remedio no baje la fiebre no  significa que sea causa de la fiebre; mucho menos que la aumente. Habrá que buscar otras causas.
Por otra parte, como dramática significación del aludido “ozairalas”, los créditos salariales reconocidos por sentencia judicial son los únicos donde rige en plenitud el tabú de la indexación y eso no es justo. Muchos sectores han instaurado mecanismos que sortean la prohibición de actualización en “defensa propia” frente a la inflación. Citamos como ejemplo el CER, la movilidad jubilatoria (ley 26.417), el RIPTE, los créditos hipotecarios (ley 27.271), la actualización de los alquileres o, incluso, las “cláusulas gatillo por inflación”, que el propio Estado, en tanto empleador, propone a los gremios docentes. Permito especular que si leemos atentamente el mecanismo de “compra a futuro” del dólar, se observa una forma de indexación adelantada.
Creemos que la única forma de mantener con parámetros objetivos la intangibilidad del crédito laboral es considerarlo como deuda de valor y proceder a su corrección como lo disponía el art. 276, LCT, texto según ley 23.615:“Los créditos provenientes de las relaciones individuales de trabajo, serán actualizados, cuando resulten afectados por la depreciación monetaria, teniendo en cuenta la variación que experimente el índice de los precios al consumidor en la Capital Federal, desde la fecha en que debieron haberse abonado hasta el momento del efectivo pago. Dicha actualización será aplicada por los jueces o por la autoridad administrativa de aplicación de oficio o a petición de parte incluso en los casos de concurso del deudor, así como también, después de la declaración de quiebra”. El Índice de Precios al Consumidor tiene anclaje en el Derecho social.
Es sarcástico recordar que hasta la propia CSJN de la dictadura cívico-militar en Fallos: 301:379 ha expresado como doctrina que “El reajuste de los créditos laborales no hace a la deuda más onerosa en su origen, sólo mantiene el valor económico real de la moneda frente a su progresivo envilecimiento”. Habrá que declarar (como lo hago desde 2016) la inconstitucionalidad de las leyes 23.938 y 25.561.
Finalmente, este tema adquiere una doble dimensión que pone a la CNAT en una situación muy delicada frente a la Historia. Por un lado, la prohibición de indexar, lo que significaría, la solución más justa, razonable y anclada en la realidad. La segunda traba está en el CCyCN que solo le permite a los jueces aplicar intereses moratorios bancarizados a las obligaciones de dar sumas de dinero (art. 768). Por tal motivo, la tasa de interés, pensada para otra cosa (el trabajador no le está otorgando un préstamo a su empleador), irradia irracionalidades y arroja resultados irreales cuando se la aplica a otra clase de realidades como las del Mundo del Trabajo.
La práctica de la CNAT y la manda de la CSJN que le ordena bajar la tasa, omite considerar al crédito salarial como deuda de valor y permitir su corrección con la indexación. De este modo se lograría preservar la intangibilidad de los créditos que se reconocen de un modo más adecuado al Derecho internacional de los derechos humanos y principios rectores del Derecho del trabajo. Las tasas bancarias (más o menos altas) no guardan estricta relación con la valorización del crédito laboral. Este debería ligarse al precio de los bienes y servicios que consumen los trabajadores y trabajadoras para reponer su fuerza laboral. Y si a todo ello le añadimos la política económica del BCRA de elevar la tasa de interés para frenar la escalada del dólar estadounidense, los reproches del Fallo “Bonet” se acentuarán. Por eso, y como mientras se escriben estas líneas parecería que esa política se está profundizando, es plausible sostener que la tasa de interés crecerá, incluso, por sobre el índice de precios al consumidor, generándose gravísimas distorsiones que provocarán mayores e injustos daños a los deudores.

(*) Juez nacional.

ECONOMÍA 30 de marzo de 2019 Panorama económico En abril, 5

La última vez que el dólar aumentó cuatro pesos en un mes fue en septiembre del año pasado, cuando la cotización pasó de 38,0 a 41,94 pesos. Esa escalada de la divisa del 10,4 por ciento repercutió de manera directa en la inflación de octubre, que marcó un alza del 5,4 por ciento en el IPC nacional. Ahora la historia vuelve a repetirse. En marzo el dólar se disparó de 40,14 a 44,40 pesos, un 10,6 por ciento, y la inflación de abril apunta a ubicarse más con un piso del 5 por ciento que en el 3,5-4,0 por ciento que venían proyectando las consultoras de la city. Como en aquel antecedente, abril llega con aumentos en las tarifas de gas, subte, combustibles y especialmente en alimentos que empujarán la inflación hacia arriba. Para marzo las estimaciones de precios se ubican entre 3,7 y 4,0 por ciento, con lo cual será el décimo cuarto mes consecutivo con una inflación mayor al 2,0 por ciento, en tanto que abril se descarta que será el mes número quince de ese registro desolador. Para encontrar una situación igual o más grave que la actual hay que remontarse a la hiperinflación de Carlos Menem en 1990. Es un retroceso de 28 años.
La respuesta de la industria de alimentos y bebidas a la nueva aceleración del dólar fue ajustar las listas de precios de manera automática. Pero, además, existen maniobras especulativas de retención de mercaderías a la espera de ver cómo se acomoda la cotización de la divisa. La ortodoxia económica suele resistir cualquier intervención del Estado para regular precios con el argumento de que lleva al desabastecimiento. Sin embargo, la liberalización que rige desde que Cambiemos llegó al poder está provocando exactamente esa situación, con el agravante de que los precios aumentan a la mayor velocidad y por más tiempo en casi tres décadas. Los faltantes de productos no son solo alimenticios. También se produce el retiro de bienes del mercado en otros rubros, en especial artículos importados y los que dependen de insumos dolarizados. Autos y electrodomésticos están a la cabeza de la lista, pero es un fenómeno que se extiende a toda la economía.
Desde que el dólar volvió a los saltos y el Banco Central movió la tasa de interés del 44 al 68 por ciento anual, los empresarios manejan sus stocks con cuidado, porque no saben cuál será el costo de reposición con tanta movida cambiaria y monetaria. La decisión del BCRA de ponerle velas a la bicicleta financiera con la autorización a los bancos de comprar más Leliq generó aún más ruido. Trajo a escena fantasmas del 2001, porque las entidades financieras invierten los pesos que captan de los depositantes para tomar esos títulos, cuyo stock crece como una bola de nieve. La medida exhibe la urgencia de la autoridad monetaria para contener la escalada del dólar, aunque los pasos que va dando expongan al país cada vez a más riesgo. Es lo mismo que ocurre con la suba constante de las tasas de interés. Mientras más altas están más sube la percepción de que la situación se agrava. En resumen, la pérdida es doble: las acciones defensivas del Central empeoran las expectativas, mientras que las tasas de interés por las nubes causan un daño severo a la economía.
Por otra parte, el torniquete monetario que impuso el FMI al Banco Central –que ya nadie se fija si es o no independiente– resultó un fracaso para contener la inflación. En los seis meses que van desde que Guido Sandleris puso en marcha el plan que le pasaron desde Washington, los precios se movieron tanto o más que en los seis meses previos, cuando estaban Federico Sturzenegger con las metas de inflación y Luis Caputo sin metas ni nada.
Con las proyecciones de marzo (3,7 a 4,0 por ciento) y abril (arriba del 5,0 por ciento), la inflación al final del primer cuatrimestre se ubicará por arriba del 55 por ciento interanual, en tanto que las canastas de pobreza e indigencia exhibirán un aumento exorbitante del 65 por ciento. Esas serán las cifras completas de un año de crisis, que arrancó con la corrida cambiaria en los últimos días de abril de 2018. Semejantes aumentos, sin embargo, no despertaron ninguna autocrítica del Gobierno, que se defiende negando la realidad y tratando de convencer a empresas y trabajadores que el camino es el correcto, aunque estén cada vez más hundidos. “Hay que aguantar”, fue el mensaje de Mauricio Macri esta semana, sin precisar cuánta más inflación habrá que soportar. El Presidente llegó a la Casa Rosada con la promesa de terminar rápido con la inflación y transita el último año de mandato con el discurso del aguante, sin asumir la más mínima responsabilidad por el desastre y, lo que es más grave, sin explicar cómo sacará al país de esta situación. ¿Estuvieron mal las metas de inflación, no sirve el torniquete monetario, es un fracaso la desregulación cambiaria y financiera? Ni Macri ni el equipo económico dan respuesta a los interrogantes. Se afirman en que hacen e hicieron todo bien, a pesar de los volantazos, y atribuyen los problemas a la pesada herencia, a la turbulencia del mundo o al peligro de regreso del “populismo”, al que califican como “no racional”. Esa estrategia tal vez sea lo único que le queda al oficialismo de cara a la campaña electoral, pero está claro que no alcanza para cambiar la visión de los actores económicos sobre la gravedad de la crisis ni a recrear su confianza, que se arrastra por pisos históricos.
“Estamos todos como esperando el impacto”, describe un industrial pyme la sensación de angustia y preocupación por el futuro cercano. El impacto sería una devaluación todavía más descontrolada, con mayor explosión inflacionaria y riesgos de default. Son peligros que el Gobierno no logra diluir, sino que semana tras semana parecen tomar más cuerpo. Las promesas de salvación con la cosecha y los dólares del FMI no logran cambiar la dinámica de deterioro financiero y productivo. Y la inflación no baja. En abril, va para 5.