El Gobierno confirmó ayer en audiencia pública la continuidad de su plan de aumentos tarifarios en el gas. El ministro de Energía, Juan José Aranguren, no precisó cuál será el porcentaje promedio de las subas, pero buscó llevar “tranquilidad” al afirmar que habrá un tope de 300 por ciento para los hogares con facturas superiores a los 250 pesos y de 500 por ciento para las empresas, un porcentaje que está muy por encima de los incrementos salariales que busca imponer el gobierno para este año.
“Proponemos en esta audiencia pública aplicar desde abril una reducción del subsidio del Estado en la remuneración del precio del gas” señaló Aranguren en la apertura del evento realizado en el Teatro de la Ribera. Según los datos oficiales, actualmente la demanda abona un promedio ponderado de 3,42 dólares el millón de BTU y desde abril afrontará un valor de 3,77 dólares, lo que implica un incremento del 10,2 por ciento en dólares. El aumento en el gas para los distintos tipos de usuarios continúa de forma semestral hasta octubre de 2019, cuando desaparecerían los subsidios para este servicio. Para los usuarios de la Patagonia, la quita de subsidios es más gradual, atendiendo al mayor nivel de consumo por las bajas temperaturas.
Aranguren informó que el año pasado los subsidios al servicio de gas alcanzaron los 2690 millones de dólares. La demanda pasaría en abril de cubrir el 50 al 45 por ciento del costo del gas (con el incremento de 3,42 a 3,77 dólares el millón de BTU). Pero ese costo del gas no es el actual, que se ubica en 5,64 dólares teniendo en cuenta las diversas fuentes de importaciones y en 5,02 dólares si sólo se analiza el precio de producción de pozos maduros y del nuevo gas extraído. El Ministerio piensa en un precio que equivale a la paridad de importación “a mediano plazo” y que se ubica en 6,80 dólares el millón de BTU. En el plan oficial, las petroleras reciben mejores precios hasta llegar a octubre de 2019 con un valor de 6,80 dólares el millón de BTU. Eso sin contar el plan estímulo específico para alentar las inversiones en no convencionales.
En la audiencia de ayer, las petroleras enfatizaron la necesidad de tener en cuenta el costo de importar gas. En otras palabras, defendieron la paridad de importación, es decir, obtener precios cercanos al costo de importación. “Se necesitan incentivos adecuados para estimular las inversiones”, dijo Patricio Da Re, gerente de Planificación y Desarrollo de Negocios de YPF. “El GNL proveniente de Qatar, Medio Oriente, el sudeste asiático, Estados Unidos y Australia tiene un costo de entre 7 y 8 dólares el millón de BTU. El de- safío es competir con este precio”, dijo Hernán Silva, de Total-Austral. “Con los incentivos de precios correctos, la producción responde adecuadamente”, señaló Rodolfo Freyre, de Panamerican Energy. “A igual precio que su sustituto importado, la producción local tracciona sobre el empleo”, pidió Manuel José García Mansilla, de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos. La gran ventaja que tienen las petroleras con el esquema que plantea el Gobierno es que los precios crecientes se relacionan con la paridad de importación y no con los costos.
Todavía no está claro cómo van a aumentar las boletas en abril. La razón es que la suba para el segmento de la distribución y transporte, que prometía ser violento según lo solicitado por las empresas en la audiencia pública, todavía no está definido y el Gobierno dijo que pretende desdoblarlo en tres etapas: abril, noviembre y abril de 2018. Si sólo se tiene en cuenta el impacto de la suba del precio de generación para los usuarios, el incremento de la boleta para un usuario de consumo medio-bajo es de 30 pesos, alrededor de un 10 por ciento. Pero a eso hay que sumar la porción de distribución y transporte, que por ahora se desconoce. Si el Gobierno aplicara en abril todo lo solicitado por las transportistas y distribuidoras, la suba para ese usuario sería superior a los 350 pesos, el equivalente al 168 por ciento, calculó Bussetti.
Aranguren no arriesgó ningún número para la suba. Apenas atinó, para supuestamente transmitir la preocupación por el “gradualismo”, que las facturas que superen los 250 pesos finales con impuestos incluidos no podrán registrar aumentos superiores al 300, 350, 400 y 500 por ciento según tipo de usuario.
