El primo del presidente Mauricio Macri, Angelo Calcaterra, quedó vinculado con el presunto pago de coimas de la constructora brasileña Odebrecht, a partir de una serie de mails internos de la empresa que fueron difundidos por un diario de Brasil O Estado do Sao Paulo. La publicación incluye un extenso documento vinculado a la investigación de corrupción conocida como Lava Jato. En el texto, se detallan cinco mails obtenidos por la Policía Federal do Brasil donde se involucra a Iecsa, la empresa de Calcaterra, en el pago de coimas que se habría efectuado a funcionarios del Gobierno anterior. La dirigente Margarita Stolbizer, que ampliará hoy su denuncia judicial para incluir a Calcaterra, cuestionó que Macri le haya actualizado el presupuesto de esa licitación a Odebrecht y a la empresa de su primo. Desde la gestión de Macri resolvieron no responder.
El soterramiento del Sarmiento es una obra que comenzó a licitarse en el gobierno de Néstor Kirchner, se adjudicó en el de Cristina Fernández de Kirchner. Hubo postergaciones del inicio de la obra, que fueron atribuidas a las demoras en el financiamiento que Odebrecht había comprometido por parte del Banco de Desarrollo (BNDES) de Brasil. Macri los libró de esa obligación y su presupuesto pasó a ser financiado por el Estado argentino a partir de un DNU que firmó el año pasado.
Lava Iecsa
Cuando estalló el escándalo de pago de coimas a nivel continental de la constructora brasileña, una de las investigaciones que se abrió fue por esa licitación, en la que Odebrecht formó una unión transitoria de empresas (UTE) con la italiana Ghella, la española Comsa y con Iecsa, del primo de Macri. Si bien los macristas siguen insistiendo en que debe investigarse al Gobierno anterior, al que se habrían pagado las coimas, las revelaciones no dejan de salpicar a la gestión actual. El primer caso fue el del titular de la AFI, Gustavo Arribas, quien quedó involucrado en un pago que ascendería a los 500 mil dólares. El funcionario, que fue ratificado por Macri, intentó explicar parte de esos fondos por la venta de un departamento. Luego cambió su versión y habló de la venta de muebles (ver aparte).
La nueva revelación puso en el centro de la escena a Calcaterra, en quien Macri derivó buena parte de los negocios familiares. Según los documentos que difundió el diario de Brasil, la empresa del primo del presidente habría estado involucrada en el pago de coimas por la licitación del Sarmiento. Las pruebas que dio a conocer el diario provienen de correos electrónicos y anotaciones que surgieron de un back up de la computadora de uno de los ejecutivos de Odebrecht en la Argentina, Mauricio Couri Ribeiro.
Entre los datos que figuran allí, aparece el nombre de Sánchez Caballero, como representante de Iecsa vinculado al pago de las coimas. Javier Sánchez Caballero es gerente de esa empresa y virtual mano derecha de Calcaterra.
Hay al menos cinco mensajes que dan cuenta del pago de coimas. En uno de junio de 2010, se menciona una reunión con Sánchez Caballero y entre los items aparece: “DGI’s-Contacto Directo”. En la investigación global del Lava Jato, que incluye pago de sobornos por unos 35 millones de dólares, los ejecutivos arrepentidos que proporcionaron información contaron que Odebrecht usaban el código “DGI” para referirse a pagar sobornos. La misma sigla se repite en otros mails, como el que se titula “Reunión Sarmiento” e indica tres “DGI” por distintas etapas de la obra por un total de 20 millones de dólares. En ese correo electrónico también se menciona a Lourenço Ghella, de la empresa asociada en la obra del Sarmiento, y una reunión en la que se iba a discutir la UTE, el impuesto a los sellos y las “DGI’s”. Los beneficiarios finales de las coimas aparecen con nombres clave, como “Totti”, “Chorao” (llorón, en portugués), “Moreno” y “Big Boss”.
Conexión con el Correo
En los documentos también se menciona a Manuel Vázquez, asesor del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, quien se encuentra detenido y siendo juzgado por diversos casos de corrupción. Una serie de mails dan cuenta del intento de pagar un dinero al asesor de Jaime. Se señala que en febrero de 2010 Vázquez le reclamó a Couri Ribero –que era el principal gerente de Odebrecht en la Argentina– por el pago de 80 mil pesos que, según se puede ver en los mails, le iban a transferir y nunca habían llegado a su cuenta. “Estimado Mauricio, en el extracto de la cuenta no existe ese depósito. Todo este proceso es vergonzoso”, le escribió Vázquez a Couri Ribero. El gerente de Odebrecht se comunicó entonces con otro ejecutivo de Odebrecht, Fernando Migliaccio, para destrabar el pago. El 23 de marzo de 2010, Migliaccio le contestó, reticente a dejar esas cuestiones por escrito: “Querido Mauricio. Ya tengo la respuesta de mi banco para su socio. No me gustaría mandar este material por este mail. Tenés algún otro, por favor. Te busqué varias veces en el día para explicarte la estrategia que pensamos para solucionar este problema”. “Estoy en el teléfono negro con otra persona. Te llamo cuando termino”, le respondió Couri Ribero. Migliaccio fue detenido en Suiza y aceptó colaborar con la Justicia de Brasil.
Ese dinero habría sido transferido a Vázquez desde la empresa offshore Klienfeld a otra offshore, llamada Pribont. En la causa del Lava Jato, el ejecutivo arrepentido Luiz Augusto Franca declaró que Klienfeld era la cuenta que usaban para hacer pagos ilegales. En un banco vinculado a esa offshore se llegó a registrar un total de 15 millones de dólares.
No obstante, en octubre de 2010 Odebrecht cambió su estrategia: Migliaccio fue el encargado de comprar acciones del banco austríaco Meinl en la guarida fiscal de Antigua y Barbuda para pasar a controlar esa sede del banco. Curiosamente, ese banco compró buena parte de la deuda que tenía el Correo Argentino S.A. con otros tres bancos y se presentó como acreedor por 400 millones de pesos para convalidar la propuesta del Grupo Macri en la audiencia judicial en la que se acordó una quita del 98,87 por ciento. Más curiosamente, el Grupo Macri tiene prendada una suma millonaria de acciones en el Meinl Bank, por lo que la fiscal Gabriela Boquin advirtió que se podrían haber manipulado las mayorías para beneficiar al Grupo Macri.
Concretamente, consta en el último balance presentado por Sideco ante la Comisión Nacional de Valores, el 31 de diciembre de 2015, que el Banco Meinl tiene prendadas 93.183.300 acciones de Socma Americana S.A. y 16.626.899 acciones de Inversid S.A., de las cuales 16.471.530 son acciones clase A. Se trata de las empresas controlantes de Sideco y, a su vez, de Correo Argentino S.A. Lo que se sospecha es que el Grupo Macri compró su propia deuda y en la operación aparece, nuevamente, Odebrecht.
Denuncia penal
El caso Odebrecht en la Argentina está fragmentado en una serie de causas. El fiscal Federico Delgado investiga a Arribas, el fiscal Gerardo Pollicita tiene una parte de la investigación del soterramiento, Jaime está denunciado junto con Manuel Vázquez por presuntas coimas, en otra causa que recayó en el juzgado de Rodolfo Canicoba Corral. Stolbizer, en tanto, presentó un pedido al fiscal Carlos Stornelli de que haya una investigación preliminar con la idea de que finalmente todas esas causas se unifiquen.
Hoy Stolbizer y su abogada Silvina Martínez se presentarán ante el fiscal para ampliar el objeto de la investigación e incluir a Calcaterra y, además, para que se investigue el DNU 797/16, por el que el presidente Macri actualizó el presupuesto para las constructoras por 45 mil millones de pesos. Le pedirán al fiscal que requiera al Gobierno toda la información pertinente y le aportarán los documentos publicados por el medio de Brasil.
“La pregunta sería, por qué, a diferencia de lo que se hizo con otras obras, no se decidió hacer una nueva licitación”, advirtió Stolbizer, quien también hará un pedido de informes al Ejecutivo por esta cuestión. La dirigente recordó que, cuando eran opositores, desde el macrismo denunciaban sobreprecios en esa obra. “Había demasiados antecedentes de sospechosa legalidad, con Kirchner, Jaime, y el primo del presidente como adjudicatario de la obra. Otras obras con licitaciones sospechosas y sobreprecios fueron licitadas nuevamente y se logró mejorar la competencia y bajar costos”, recordó la líder del GEN. Desde el Gobierno optaron por no responder, aunque advirtieron que en su momento no había ninguna causa judicial, ni imputaciones que permitieran anular la licitación.
