PREPARANDO EL TERRENO

Triaca pide "esfuerzo y comprensión" a los gremios

El próximo ministro de Trabajo advirtió que pedirá que las paritarias se discutan sobre la base de una inflación futura, así como también que se tenga en cuenta que "hay una buena expectativa del programa económico que, si es exitoso, vamos a poder tender a una discusión más hacia la baja". Sostuvo, además, que le reclamará a los empresarios que "cuiden los precios".

LA JUSTICIA PORTEÑA ORDENO AL GOBIERNO MACRISTA DEVOLVER AL GARRAHAN LO RECORTADO EN 2015 Poner un freno al recorte hospitalario

Por Carlos Rodríguez

“Ni un peso menos” fue la consigna de la movilización que realizaron ayer los trabajadores del Hospital Garrahan, quienes anunciaron que hoy se concentrarán a las 15 frente a la Legislatura porteña, para reclamar la aprobación, sin recortes, de los 1728 millones de pesos que debe aportar el gobierno porteño al presupuesto 2016 del establecimiento. Mientras el Congreso Nacional aprobó el aporte de los 1728 millones, la mitad del presupuesto para el hospital que debe aportar el Ejecutivo nacional, las autoridades del PRO anunciaron que sólo aportarán 1380 millones, lo que representa un recorte de 348 millones de pesos. El recorte significa una reducción del 20 por ciento respecto del presupuesto elevado en su momento por el Consejo de Administración del hospital.

“Este recorte no lo esperábamos y realmente pone en riesgo la calidad de la atención para el próximo año”, aseguró Aldo Haimovich, coordinador de Terapia Intensiva del Garrahan. El presupuesto solicitado por el Consejo de Administración representa un aumento del 40 por ciento respecto del monto fijado en 2015. Haimovich sostuvo que eso se justifica porque “el hospital está creciendo” dado que el año próximo se incorporará “el Centro de Atención al Niño Oncológico” y con el hecho puntual de que “hay obras pendientes que no se pudieron realizar en el 2015 por falta de presupuesto”. Además, hubo equipamiento que “este año no pudo renovarse, a lo que se suma el incremento salarial que tuvimos en agosto”.

Al tratar de justificar el recorte, las autoridades porteñas dijeron que al Garrahan le corresponde el mismo aumento porcentual que a los otros dos pediátricos de la Ciudad, los hospitales Gutiérrez y Elizalde. Como respuesta, Haimovich dijo que el Garrahan cumple “algunas funciones especiales” respecto de los otros pediátricos porteños, aunque aclaró que ellos quieren que “todos los hospitales tengan un presupuesto adecuado” y que sus demandas “no van en desmedro de los otros hospitales que desarrollan una tarea enorme”.

Los profesionales del Garrahan recordaron que en el hospital se realiza “el 60 por ciento de los trasplantes pediátricos del país, el 80 por ciento de los trasplantes hepáticos (este año se llegó a las 700 intervenciones de esa especialidad); se realiza más del 50 por ciento de las cirugías cardiovasculares de alta complejidad, y se brinda atención al 35 por ciento de los niños enfermos de cáncer en el país”.

El Garrahan cuenta con 513 camas, 137 de terapia intensiva y trasplantes, y por año egresan más de 25 mil pacientes. En sus consultorios externos son atendidos, en un año, 534 mil pacientes. Tiene 18 quirófanos en los que se realizan 11.000 cirugías , 800 de las cuales son cardiovasculares y una 900 neurocirugías. El hospital opera al 50 por ciento de los niños, de todo el país, que nacen con malformaciones cardíacas. También se producen 140 trasplantes de médula ósea, hepáticos, cardíacos, renales y pulmonares.

Haimovich resaltó que la incorporación del Centro de Atención al Niño Oncológico, significará que se duplicarán las camas de internación para trasplante de médula ósea, “lo que permitiría que la lista de espera se reduzca notablemente”. Al mismo tiempo, aumentarán en un centenar las camas para niños inmunosuprimidos que necesitan recibir quimioterapia.

El vocero de los profesionales del Garrahan recordó que “no es la primera vez que la Legislatura porteña aprueba un presupuesto recortado para el Hospital Garrahan respecto del aprobado por el Congreso Nacional: en 2014 la reducción fue de 113 millones y en 2015, de 226”. En este sentido, el juez subrogante del Fuero Contencioso Administrativo Tributario Francisco Ferrer dictó ayer una medida cautelar para que el gobierno porteño asigne al hospital la suma de dinero correspondiente a los recortes aplicados este año, en respuesta al amparo presentado en octubre pasado, como ciudadano, por Bernardo Fischberg.

“La medida cautelar ordena al gobierno porteño restituir al Hospital de Pediatría Juan Garrahan la diferencia entre la partida destinada para 2015 y la suma que le hubiera correspondido asignar según el decreto ley 815, aprobado en 1989.” La cédula del juzgado notifica al Gobierno de la Ciudad “su obligación de asignar la partida correspondiente al Hospital Garrahan, tanto el monto destinado a las obras de infraestructura como a los acuerdos paritarios de salarios”.

Durante la manifestación de ayer, los y las profesionales de distintos servicios del Garrahan fueron acompañados por los legisladores porteños Marcelo Ramal (FIT) y Juan Cruz Campagnoli (Nuevo Encuentro-FpV), quien declaró que “una vez más, con esta asignación presupuestaria se ratifica un nuevo recorte que confirma la desvalorización que tiene la administración de Macri por el sistema de salud público”.

OPINION Mensaje múltiple

Por Martín Granovsky

El anuncio de que Martín Lousteau será embajador en Washington del futuro presidente revela tres cosas.

Una es de política interna. La embajada en los Estados Unidos no es el mejor lugar desde donde desarrollar una fuerza política propia. Exige por lo menos dos años, si no cuatro, de dedicación intensa. Y por definición es un puesto donde el embajador representa al presidente. O sea que Mauricio Macri parece decidido a avanzar, también con la designación de Lousteau, en una alianza con el radicalismo y el pan-radicalismo mientras trata de comerse sus votos y sus bases para que remitan al PRO sin intermediaciones.

La segunda conclusión es diplomática. Lousteau no formó parte de los economistas que en los últimos años propusieron arreglar con los buitres a cualquier precio. Incluso como diputado de Unen integró una comitiva multipartidaria junto con el Gobierno cuando faltaba poco tiempo para saber si la Corte Suprema tomaría o no el caso argentino a mediados de 2014. Al final, como se sabe, no lo tomó y los buitres aumentaron su poder de fuego. Por ese entonces Lousteau criticaba al Gobierno por lo que juzgaba como un tono desafiante y proponía buscar el modo de que alguien comprara el juicio y lo metiera dentro del canje. Lo decía en público y lo repetía ante funcionarios del Ejecutivo y del Congreso. El ex técnico de la Fundación Sophia que dirigió Horacio Rodríguez Larreta tejió buenas relaciones con los Estados Unidos, las mantuvo mientras fue ministro de Economía de Cristina Fernández de Kirchner, hasta el 2008, y las continuó después.

La tercera conclusión sobre Lousteau es una paradoja histórica. La conflictiva resolución 125 sobre retenciones móviles fue una causa y un instrumento de polarización tanto para el oficialismo como para los opositores pero no calcinó a su autor, Lousteau, que sigue en carrera.

La designación de Lousteau no cambiará por sí sola la realidad pero puede completar lo que por el momento es una estrategia de mensaje múltiple por parte del presidente electo. El mensaje podría leerse así: “Soy pro-mercado, soy la primera esperanza no populista en los últimos 12 años de Sudamérica, me gusta la oposición venezolana, el Memorándum de Entendimiento con Irán es una catástrofe y quiero mejores relaciones con los Estados Unidos y con Israel”.

Ayer la canciller designada, Susana Malcorra, completó ese mensaje con un ajuste fino, ya se verá si definitivo o con vistas a mejorar el entorno para la reunión entre Macri y la presidenta Dilma Rousseff mañana mismo. Malcorra no insistió en el anuncio del presidente electo de que en la próxima cumbre del Mercosur pedirá el retiro de Venezuela sino que puso la lupa más cerca, en las elecciones parlamentarias venezolanas de este domingo.

“Desde una posición de principios firme, hay que encontrar mecanismos de diálogo con Brasil pero sobre todo alentar a Venezuela a que lo que viene se maneje en un marco democrático”, dijo en el Botánico porteño. Sobre las elecciones afirmó: “Queremos ver cómo se reacciona ante el resultado de las elecciones y como se instaura, si la hubiera, una transición de manera democrática”.

El domingo 19 millones de electores protagonizarán el comicio número 20 desde que Hugo Chávez asumió el mando en 1999.

Tanto Brasil como Uruguay pidieron a Venezuela respeto por los resultados electorales, aun si llegasen a mostrar una ventaja neta de la oposición, pero no se enrolaron junto con la oposición a Nicolás Maduro. El mensaje explícito y tácito de los socios del Mercosur es distinto al de Macri, lo cual no significa en absoluto que desprecien la convivencia con un vecino diferente. Por eso el boliviano Evo Morales, presidente de un país que ya fue aceptado para ser miembro del bloque, anunció que vendrá al traspaso del mando.

martin.granovsky@gmail.com

› FORMAS MODERNAS DE ESCLAVITUD EN EL MERCADO LABORAL. LA OIT PROPONE UN PROTOCOLO PARA COMBATIRLAS El negocio de la sobreexplotación

Por Javier Lewkowicz

En la actualidad hay como mínimo entre 20 y 30 millones de personas en el mundo que sufren las “formas modernas de esclavitud”, es decir, paga por debajo del nivel de subsistencia, violencia física y retención de documentos. La extrema explotación laboral genera ganancias por 150 mil millones de dólares al año, el negocio ilegal más lucrativo después del narcotráfico. Las formas modernas de esclavitud tienen estrecho vínculo con la vida urbana a través del consumo de prendas de vestir, alimentos y productos electrónicos, entre otros, fabricados por empresas globales, y de la explotación sexual de mujeres y niñas fundamentalmente. Con la excusa del Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud que se conmemoró ayer, Página/12 dialogó con Pedro Furtado de Oliveira, director de la Oficina Argentina de la OIT, especialista en el tema.

–El Día Internacional contra la Esclavitud parece de antemano algo extemporáneo, la esclavitud en teoría se abolió hace tiempo. ¿Cuál es la situación actual?

–La idea de esclavitud que tenemos en América latina es distinta de la situación que existe en el mundo. Hay que mirar el problema de otra manera. Es necesario emprender un proceso de sensibilización alrededor de este tema. Hoy en día hay elementos a partir de los cuales se configuró lo que se llama esclavitud moderna, que es esclavitud al fin.

–¿Cuáles son esos elementos?

–La retención de documentos de identidad del empleador al trabajador, la deuda en favor del empleador, el miedo, el acoso. La creación del protocolo legalmente vinculante que hemos desarrollado el año pasado en la OIT muestra que tenemos evaluar el problema con los parámetros de nuestra época, no con los anteojos de hace 300 años.

–Igualmente hay cierto debate alrededor del término “esclavitud”.

–Sí, también se ha adoptado el concepto de trabajo forzoso. Se trata de situaciones laborales en donde hay retención de documentos, que equivale a la pérdida de la condición de identidad, algo que también caracterizó a la esclavitud “clásica”. La esclavitud actual además supone el engaño sobre mejores condiciones de vida para el trabajador y su familia, la posibilidad de obtener buenos ingresos. Como se trata muchas veces de trabajadores migrantes, se contrae una deuda por el viaje y la manutención inicial, eso genera una suerte de relación de dependencia bajo condiciones de trabajo abusivas, violencia física e intimidación psicológica. Todos esos elementos definen lo que podemos llamar una situación de esclavización, sin comillas.

–¿La esclavitud moderna tiene especial presencia en el sudeste asiático?

–Nosotros consideramos que está en todos lados, especialmente en la agricultura, la pesca, la construcción, la confección y las armadurías de electrónica. Pudimos constatar que existen al menos 21 millones de personas explotadas de esta forma en los cinco continentes. Del total, una cuarta parte son mujeres explotadas sexualmente. Y eso es sólo lo que pudimos ver. Claro que en términos absolutos, en el sudeste asiático hay mucha más gente y por lo tanto mayor cantidad de personas en esta situación. En términos generales, las formas de esclavitud afectan a comunidades pobres, a personas en situaciones de extrema debilidad en contextos de falta de regulación del Estado.

–En el Area Metropolitana existe un problema en relación con los talleres clandestinos de confección. ¿Qué evaluación hace de este fenómeno?

–En muchos casos no existe suficiente información sobre los derechos laborales, especialmente en la comunidad boliviana. Por eso es necesario que los líderes comunitarios difundan la información, también hay que trabajar con los países de origen. Otro ejemplo es el de las trabajadoras domésticas. La OIT junto al gobierno de Paraguay y el de Argentina, los sindicatos y las carteras de Trabajo están realizando acciones para visibilizar los derechos laborales de estas mujeres, para que no se expongan a la situación de explotación. La información es la parte más importante. Argentina tiene todo para ser el primer país en ratificar el protocolo de la OIT de combatir el trabajo esclavo.

–¿Qué implica la adhesión al protocolo?

–Implica el compromiso del país de garantizar la liberación, recuperación y la readaptación de las víctimas. En Brasil, por ejemplo, muchos trabajadores esclavizados fueron recuperados pero luego volvían a ser víctimas porque el sistema no les permitía reinsertarse. Este protocolo considera eso y también el acceso a la Justicia y una adecuada indemnización. Es una mirada ampliada de protección. En la Argentina existe consenso entre gremios, los empresarios y funcionarios de que este protocolo es relevante, de hecho fue apoyado el año pasado en Ginebra. Ahora tendría que ser tratado por el Congreso. También sería bueno que se conforme alguna comisión nacional que pueda discutir políticas coordinadas de las dependencias involucradas, como los ministerios de Trabajo a nivel nacional y provincial, la Anses, la AFIP, Justicia y Migraciones.

HUNGRIA CUESTIONA EL PACTO EUROPEO SOBRE REFUGIADOS La letra chica de un acuerdo

Por Leo Cendrowicz y Tony Paterson *

Alemania hizo un pacto secreto con Turquía para que la Unión Europea acepte hasta medio millón de sirios que viven actualmente en campos de refugiados de Turquía, afirmó ayer el primer ministro húngaro, Viktor Orban.

Mientras que los funcionarios de la UE estaban anoche negando a gritos las sugerencias de un acuerdo secreto con Ankara, no se discutía que se están haciendo esfuerzos para gestionar el reasentamiento de los sirios en Europa de forma más eficiente. Hablando en Budapest, Orban dijo que un acuerdo de la UE sobre la transferencia de refugiados de Turquía sería anunciada en Berlín hoy o mañana. “Una sorpresa desagradable le espera a Europa”, dijo. Orban afirmó que el acuerdo fue aprobado justo antes de la cumbre UE-Turquía del domingo pasado en Bruselas, cuando la canciller alemana, Angela Merkel, fue anfitriona de una minicumbre con otros siete líderes de la UE preparada para reasentar el año que viene a los refugiados de los campamentos turcos.

Mientras que los funcionarios de la UE dijeron que los ocho dirigentes –de Alemania, Austria, Bélgica, Finlandia, Grecia, Luxemburgo, los Países Bajos y Suecia– discutieron el reasentamiento en la UE de alrededor de 400.000 refugiados sirios en Turquía, e insistieron en que no había nada secreto o nuevo acerca de las propuestas. Merkel dijo el domingo que la idea era “reemplazar la migración ilegal con la inmigración legal, es una lucha cuesta arriba, pero el esfuerzo bien vale la pena”.

El reasentamiento se mencionan específicamente en el acuerdo por 3 mil millones de euros que hizo la UE con Turquía el domingo para ayudar a que los 2,5 millones de sirios que viven actualmente en campamentos de refugiados turcos no lleguen a la UE.

Funcionarios de la Comisión Europea dijeron que la idea era llevar finalmente a los refugiados a Europa en un proceso gestionado abierto y voluntario –y que los países recalcitrantes como Hungría no estarían obligados a participar–. “Aquellos estados miembros dispuestos a unirse a esta empresa común nos dirán si les gustaría ser parte de esto”, dijo un funcionario.

No obstante, Orban, quien se opuso a la idea de las cuotas de refugiados de la UE desde el principio, dijo que Hungría, Polonia, Eslovaquia y la República Checa se enfrentarían a una intensa presión de la UE para tomar más refugiados. “No podemos aceptar esto”, insistió.

Elizabeth Collett, directora del Instituto de Políticas de Migración de Europa dijo que la iniciativa tenía sentido después de los argumentos de la UE en septiembre sobre las cuotas de reubicación. “Alemania está pensando con toda razón, que no quiere un tortuoso proceso de pasar por los 28 países”, dijo. “Esto sería un acuerdo que funciona tanto para la UE como para Turquía: cuando se reasienta, se hace en una forma pragmática, humana, que prioriza a los más vulnerables.”

Collett dijo que Orban estaba deliberadamente promoviendo resentimiento tanto contra los refugiados como contra la propia UE.

* De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Página/12.

Traducción: Celita Doyhambéhère

NUEVA DECLARACION DE SOLEDAD CASTRO, SECRETARIA DE ALBERTO NISMAN Pelea, acusaciones y llanto

Por Irina Hauser

La declaración testimonial de Soledad Castro, una secretaria de Alberto Nisman, se convirtió en una pelea de tono escandaloso entre los abogados de las querellas y el secretario de la fiscalía, que terminó con acusaciones cruzadas y la mujer llorando. Castro ya había declarado en los inicios del expediente, pero los letrados que representan a Sandra Arroyo Salgado y a la madre de Nisman, Sara Garfunkel, pidieron que lo hiciera otra vez. En esta ocasión agregó detalles que apuntarían, acorde con los intentos que sostiene la querella, a poner en cuestión el procedimiento en el departamento del fiscal cuando fue hallado sin vida y sugerir una relación entre su muerte y la denuncia que hizo contra Cristina Kirchner por encubrimiento en la causa AMIA. Por ejemplo, contó que ella estuvo parada en la puerta del Le Parc el domingo 18 de enero, dado que no encontraba a Nisman y debía reunirse con él, y que hubo agentes de Prefectura que habrían ido a inspeccionar antes de la llegada de cualquier autoridad judicial.

Castro era una de las secretarias letradas de mayor confianza de Nisman y una de las que más estuvieron en contacto con él los días previos a su muerte. Una parte de su nueva declaración se enfocó en la denuncia contra la Presidenta y otros funcionarios por el supuesto encubrimiento de los iraníes acusados del atentado, en la que ella explicó que participó. Según su relato, no fue una presentación armada a último momento y Nisman supervisaba todo el trabajo. Ella la llevó a Comodoro Py el miércoles 14 de enero a la mañana y dijo que parte de la prueba se incorporó después. Cuando el fiscal fue convocado para ir a explicarla al Congreso el lunes 19, Castro se puso a trabajar con él para esa exposición. El viernes 16 fue a su casa a dejarle documentos. Contó que no paraba de pedir cosas. El sábado estuvieron en contacto todo el día, hasta cerca de las 19, y el fiscal le pidió que fuera el domingo.

El domingo 18, Castro lo buscó todo el día sin suerte y terminó apostada al anochecer en la puerta del edificio. De los custodios que había, sólo hablaba con Luis Miño, sin saber que la madre estaba allí. Miño fue quien le dijo que parecía que Nisman había muerto y ella declaró que vio entrar agentes de Prefectura antes que cualquier autoridad judicial, un comentario que vuelve a cuestionar el procedimiento.

La mujer insistió en decir que la denuncia resultó de muchos meses de trabajo. Si bien no señaló que Nisman estuviera amenazado o que comentara tener miedo, el relato se enfilaba a asociar la muerte con la presentación judicial. Fue, de hecho, el argumento del abogado de Garfunkel, Pablo Lanusse, para pedir que la pesquisa pase al fuero federal, donde abundan jueces y fiscales del “18F”, aunque hay excepciones. Castro fue crítica con el juez federal Daniel Rafecas, a quien le endilgó haber valorado parcialmente las pruebas al archivar la denuncia de Nisman por inexistencia de delito.

En un momento del testimonio el secretario Bernardo Chirichella deslizó que Castro se iba por las ramas y que no aportaba al esclarecimiento de la muerte. Lanusse montó en cólera y pidió que quedara constancia de lo que había dicho el secretario, a quien Fein respaldó. Lo acusó de condicionarla, coartar su libertad al declarar y no querer investigar la hipótesis de asesinato. Castro dijo que sus nuevos dichos se deben a que la primera vez no le preguntaron demasiado. En medio de la alta tensión, Castro empezó a leer apuntes al declarar. Fein la frenó y le dijo que ella, como funcionaria, sabía que eso no se podía. Luego le preguntó con ironía si se sentía amedrentada porque le impedían leer. La mujer rompió en llanto. Uno de los abogados de Arroyo Salgado, Federico Casal, le sacó fotos entre lágrimas para dejar constancia de supuesto maltrato.

La declaración, que había empezado a la mañana, terminó pasadas las cinco de la tarde y quedó interrumpida y postergada para el 9 de diciembre.

Ayer volvió a declarar un ex agente de la ex SIDE, Alberto Mazzino, citado porque se detectó intenso flujo de comunicaciones con otro agente, Fernando Pocino, y a la vez con el jefe de operaciones Antonio Jaime Stiuso, durante el domingo 18. Se suponía que era infrecuente contactarse un domingo, pero Mazzino dijo que era lo más normal y que hablaba todo el tiempo con Pocino, a quien conoce hace 12 años. Ese día, señaló, posiblemente mencionaran el tema de Nisman. Pocino, ya relevado de secreto, declara el 15.

EL JUICIO POR LA REPRESION DE 2001 Pedido de condenas

 Por Ailín Bullentini

El CELS solicitó al Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 6 que condene al ex secretario de Seguridad, Enrique Mathov, y los ex jefes de la Policía Federal Rubén Santos, Raúl Andreozzi y Norberto Gaudiero a entre 4 y 5 años de cárcel por considerarlos “responsables de la conducción, coordinación e implementación de la represión policial que el 20 de diciembre de 2001 mató a cinco personas e hirió a otro centenar en los alrededores de la Plaza de Mayo. En nombre del organismo que encabeza la querella unificada de las víctimas, el abogado Rodrigo Borda los acusó de ser autores penalmente responsables del homicidio culposo de Gastón Riva y Diego Lamagna, así como de las heridas de una decena de sobrevivientes. Tras el pedido de condenas de la querella, la fiscalía comenzó ayer el propio.

El CELS enmarcó los pedidos de condena en la hipótesis con la que comenzó y culminó su participación en la investigación judicial sobre los hechos represivos de 2001: la declaración de estado de sitio de parte del entonces presidente Fernando de la Rúa como un “cheque en blanco” para que la policía reprimiera “sin control”. Para el organismo de derechos humanos, los cuatro ex funcionarios nacionales son autores de los homicidios culposos de Riva y Lamagna y de las heridas ocasionadas durante el operativo represivo a una decena de personas. “No los acusamos de ordenar a la policía que mate y hiera, sino de no prevenir las consecuencias nefastas de la represión que no solo no controlaron, sino que aplicaron e incrementaron durante ese día”, explicó Borda a Página/12. En el alegato, el CELS señaló que aquella jornada, el objetivo del Ejecutivo, desalojar la Plaza de Mayo y alrededores, “se mantuvo todo el día sin reparar en la forma desmedida en que las fuerzas de seguridad le dieron cumplimiento”. Sobre Santos, concluyó que “ordenó a sus subalternos montar el operativo de represión y se mantuvo informado de lo que sucedía, por lo que corresponde reprocharle el no haber hecho nada para restablecer el orden y hacer cesar las brutales agresiones de los agentes de la policía contra civiles desarmados”. Para la querella unificada, Andreozzi y Gaudiero “tampoco cumplieron un rol pasivo” en los ataques. Aunque las acusaciones fueron iguales para los cuatro, las penas variaron en relación con la posición que cada uno ocupó en la línea jerárquica. Para Andreozzi, a cargo entonces de la Superintendencia de la Federal, y Gaudiero, titular de la Dirección General de Operaciones (DGO), Borda solicitó cuatro años y seis meses de prisión, para el primero, y cuatro años y tres meses, para el segundo. La DGO integra la estructura de la Superintendencia; en la pirámide de responsabilidades, Gaudiero respondía a Andreozzi. El CELS solicitó, además, que se los inhabilite para ejercer cargos públicos durante ocho años.

Lo mismo ocurría con Santos y Mathov: el segundo era el jefe político del primero. Sin embargo, las penas solicitadas para ambos fueron iguales, cinco años de cárcel y diez de inhabilitación para ejercer cargos públicos. “Su rol determinante en la represión impedía hacer cualquier tipo de ponderación en su beneficio”, puntualizó el abogado del CELS.

Al cierre del alegato, Borda aseguró que las penas solicitadas fueron “las más altas que permite” el Código Penal, y criticó a la normativa por “no discernir entre diferentes deberes incumplidos: para nuestro código, una persona que mata a otra al cruzar un semáforo en rojo y otra que lo hace al incumplir sus deberes como funcionarios público nacional, en este caso el de velar por la seguridad de los ciudadanos, reciben la misma pena”, explicó. La exposición del CELS fue la última del grupo de las querellas que participan del juicio. Ayer comenzó su alegato la Fiscalía y se espera que la sentencia llegue recién el año próximo.