RUBIA MORENO - JORGE CACRUNE

MUJERES HEROICAS

Desde antes de la Independencia, las mujeres sirvieron a la Patria en diversas actividades, en la milicia o el ejército. Como apoyo desde la ciudad o acompañando a las tropas en campaña, hasta con niños y ancianos. Actuaron como guerreras, enfermeras, cocineras, pulperas, cantineras y “bomberas”, y siguieron a las milicias como guerreras o de apoyo a sus maridos y tropa en general, y hasta infiltradas en el enemigo para fomentar de deserción.

Algunas más conocidas, como Manuela Pedraza,Juana Azurduy, Macacha Güemes, La Delfina, Juana Moro, Carmen Funes ( “la Pasto Verde”), Santos Moreno ( "La Rubia Moreno" ) o Martina Céspedes y otras, rescatadas por pasajes de la historia, por el folclore y la tradición oral. Otras menos conocidas o ignoradas, cuyo hechos heroicos se han perdido en el tiempo, pero que vale la pena rescatar.


Relatos y tesimonios

Tres chiripá,   
Óleo de Juan Manuel Blanes     

Alfredo Ebelot, en su libro “La Pampa, Costumbres Argentinas” (1) nos deja un interesante relato sobre al actuación de las mujeres en las milicias. Nos perece interesante transcribir este relato proveniente de un testigo directo:

Grande fue mi sorpresa, en los comienzos de mi vida de frontera, cuando por primera vez me encontré en marcha con un destacamento que cambiaba de guarnición. Había dejado partir la tropa con mi equipaje y mis carros, que eran muy pesados, y detúveme a conversar, amigablemente retenido por el jefe de frontera, que no todos los días tenía ocasión de entablar diálogos. Era en la Blanca Grande, en donde ahora hay estancias muy hermosas, y que en aquella época era una madriguera famosa.

Cuando monté a caballo para alcanzar a la columna, ésta estaba ya muy lejos. Después de haber galopado un buen rato, vi asomar primero una nube de polvo. Eran los caballos de repuesto, la caballada, primera sorpresa para un novicio; tenía yo dos días de campaña.

Luego apareció otro grupo, considerable y en desorden, y por fin, allá en el extremo, pequeña, ocupando nada más que el espacio indispensable, una tropa que marchaba en formación. El grupo intermediario eran las mujeres y los niños. Había una caterva. Todas las edades estaban representadas en ella: desde los niños de pecho, que mamaban sin desconcertarse al trote duro de los caballos, hasta las viejas cuyos cuellos semejaban un manojo de culebras, y que mascaban un cigarro en sus encías desprovistas de dientes. También estaban representados todos los matices, excepto el blanco. La escala de tonos empezaba en el agamuzado claro y terminaba en el chocolate. Todo esto estaba encaramado sobre pilas de ropas, utensilios de cocina, cafeteras y maletas que desbordaban por ambos lados del recado en extravagantes protuberancias.

Cuando había que mudar de caballo, era de ver el trabajo que demandaba esta operación. El arreglo de todos los bultos en el suelo y su colocación en el nuevo animal, la acción de izar a la propietaria encima, constituían tareas graves y minuciosas; pero todos los soldados disponibles se prestaban a ellas, con la mejor voluntad, y en suma la cosa andaba con más prontitud que la que se hubiera podido suponer. No conozco gente tan diestra como los indios y las indias para estas instalaciones de un ajuar ambulante y complicado en el lomo de un caballo.

Cuando llegamos el día siguiente al fortín Sanquilcó, cuya guarnición íbamos a relevar, presencié el espectáculo de la recepción hecha por la guarnición femenina que lo ocupaba a la guarnición femenina que iba a reemplazarla: los grandes saludos, el mate y las conversaciones.

Imagínense ustedes un reducto de tierra, de una cuadra de superficie, franqueado por chozas de juncos, algo más grandes que tiendas, y más pequeñas que los ranchos más exiguos, dejando en el medio un sitio cuadrado en cuyo centro está el pozo, e inundado de criaturas que chillan, de perros que retozan, de avestruces, de ratas de agua domesticadas que allá se llaman nutrias, de mulitas, de peludos que trotan y cavan la tierra, de harapos que secan en cuerdas, de fogones de estiércol en los que canturrea la pava del mate y se asa el alimento al aire libre; figúrense ustedes en torno la pampa desierta, chata y amenazante, que el centinela apostado en una torrecilla de césped, interroga día y noche, y tendrán el cuadro, a la vez pintoresco y monótono, en medio del cual transcurría la vida de la mujer del soldado en la frontera.

¿De dónde han venido y qué ha podido vincularlas a esa existencia? Vienen, ¡vive Dios!, de esos ranchos aislados que han encontrado ustedes al paso, allá, allá en aquellas llanuras que enfáticamente se dicen pobladas, cuando contienen mucho ganado y encierran pocos seres humanos. La vida de esas mujeres era allá poco más o menos lo que es aquí, y tenían de menos la variedad, la sociedad, lo imprevisto. Han ganado en el cambio. Por eso adquieren rápidamente el espíritu de cuerpo. Es muy raro que una mujer cambie de batallón. Si reemplaza a su marido por otro, lo que acontece con menos frecuencia de lo que se cree, el nuevo titular llevará en el kepi el mismo número que el antiguo.

¡A fe mía, sí! son casamientos inestables; pero, vean ustedes, sucede con esta inestabilidad lo que con los objetos amontonados sobre un recado; se mueven de un lado para otro; no sabemos cómo no se desprenden, y sin embargo ruedan rara vez.

Reflexionando un poco, pues todo tiene una explicación en este mundo, aun la anomalía de estas fidelidades relativas, se descubre la razón. He dicho que ellas vienen de los ranchos; son gauchos con faldas. Tienen todas las cualidades y todos los defectos de los gauchos; la vida es siempre soportable al lado de personas que piensan y sienten como uno. Los defectos compartidos forman, como las virtudes, un vínculo.

A veces, les gusta la bebida, es su pecado venial; pero uno se pregunta si ello no contribuye a la buena armonía del hogar. He visto parejas de mala bebida, cubiertas aun de magulladuras y moretones después de una pequeña fiesta que acabó mal, redoblar los cariños y atenciones recíprocas una vez disipada la embriaguez.

En esas peloteras íntimas y en esas reconciliaciones, más que nunca frecuentes en las visitas de los comisarios pagadores, todo el dinero que recibe el soldado pasa a empilchar a su compañera. Es el momento en que aparecen los botines de colores chillones, los fulares amarillos y violetas, y en que chorrean perfumes las espesas cabelleras negras, semejantes a colas de caballos, lacias o rizadas, según que la propietaria tenga sangre india o sangre negra en las venas.

No hay que concluir de aquí que la mujer del soldado sea interesada. Gusta de las atenciones, no del dinero: como que generalmente tiene más que su dueño. El soldado sólo tiene su sueldo; la mujer, planchadora, encargada de la ropa de los oficiales, o pastelera, vendedora de tortas a los soldados, suele tener más que su hombre, cuando llega el comisario, y recurre a sus deudores bien provistos entonces.

Amanecer,   
Óleo de Juan Manuel Blanes     

Como condiciones militares, puede decirse que son veteranos, verdaderos veteranos. Muchas veces se les ha visto hacer fuego, y en las sorpresas tienen la sangre fría y el arranque de un soldado viejo. En 1874, una mujer de la artillería fue hecha subteniente en el campo de batalla. He aquí otro ejemplo más original.

Cuando ocupamos Guaminí, no habíamos llevado las mujeres de la división. No sabíamos lo que íbamos a encontrar y no queríamos tener ese estorbo, en el caso en que tuviéramos que librar batalla en campo raso con enjambres de indios, que fue al fin lo que nos cupo en suerte.

Pronto nos apercibimos de que habíamos hecho mal en dejarlas; los soldados las extrañaban amargamente, languidecían, desertaban, no lavaban su ropa ni soportaban la campaña con buen humor.

Al cabo de tres meses y, como se enviara a la antigua frontera un destacamento encargado de escoltar un convoy de uniformes, se decidió que al mismo tiempo condujera a las mujeres. El destacamento fue atacado a la vuelta por una gran invasión. Era mandada por un oficial perspicaz que, desde que avistó a los indios, se dio cuenta de su número considerable, reunió su escuadrón femenino y le dirigió el siguiente discurso:

- "Téngo bastante gente para resistir, pero esos demonios me van a quitar la caballada. Muchachas, a ustedes se la confío. Rodéenla y no dejen que nadie se aproxime".

- Está bien, teniente respondieron.

Una de ellas pidió un revólver.

- Un momento -dijo el teniente-. Si ustedes se presentan en ese traje, los salvajes se van a encarnizar en robar la caballada. Hay que evitarlo. Hay uniformes en los cargueros; con que así, ¡faldas abajo y a vestirse de reclutas! ¡Sobre todo, hagan honor al glorioso uniforme que les confío!

Los indios coronaban ya las alturas y tornaban sus disposiciones de combate. Era un espectáculo característico, en ese momento siempre solemne que precede a una carga, ver a las mujeres, faldas abajo, como les dijo el teniente, poniéndose la bombacha y la chaquetilla azul, ocultando sus largas cabelleras bajo el kepi y saltando sobre el caballo, mientras que los soldados con el arma pronta y el ojo atento, pero no del lado de los indios, se cambiaban dicharachos fuertemente condimentados sobre las formas más o menos redondeadas que las indiscreciones de esa rápida toilette dejaban en descubierto por un momento.

La carga fue brillantemente rechazada y la caballada se salvó. Los indios llegaron sin embargo muy cerca. Sólo un año después vinieron a saber, cuando los hicimos prisioneros, que ese día se las habían visto con mujeres. Ellas habían enarbolado cuchillos que en nada se parecían al curioso puñal de la liga.

Una de las mujeres más interesantes que he encontrado en la frontera era una antigua acompañante de las hordas del Chacho. Ya no tenía sino tres dientes, y los más viejos apenas recordaban el momento en que entró en el tercero de caballería, primeramente como prisionera y luego como uno de los adornos del regimiento. Era espantosamente fea, pero la rodeaban los respetos a que la hacían acreedora sus aventuras y la manera como las refería.

Iba yo siempre a tornar mate con ella, cuando pasaba por la comandancia "General Mansilla”, frontera de Trenquelauquen. He leído las hazañas del Chacho en Sarmiento. A decir verdad, ella las refería mejor. Hubo sobre todo una circunstancia en que llevó cartuchos al Chacho acorralado, sin munición, perdido. Atravesó las líneas nacionales, disfrazada de mujer encinta de ocho meses y medio, con un vientre de hojalata lleno de municiones. Ya me daba por degollada, decía, pero nunca me hubiera consolado de que me tomaran los cartuchos. Las municiones llegaron y el Chacho salió del paso.

He ahí los aspectos brillantes y atrayentes de la vida militar, el peligro. En cuanto a las privaciones y a las fatigas de todos los días, las mujeres muestran una resistencia que asombra. Viajaba yo un día a caballo de Patagones a Bahía Blanca, sesenta leguas, en una estación fría y desagradable. Volvíamos de Chocle Choel.

Había una mujer en la partida, lo que no me sorprendió. En el primer lugar que acampamos, me apercibí de que daba de mamar a un niño cuya edad le pregunté. Había salido de ChoeleChocl al día siguiente del parto, e iba al Azul a donde era llamado su marido, asistente de un oficial. He ahí un nene que antes de tener un mes se hacía doscientas leguas, dormía al aire libre en invierno y en los brazos de su madre recién parida.

La madre y el niño llegaron bien; tuve después noticias. ¡Esos muchachos de cuartel! ¡Ésa sí que es semilla de soldados, si se ocuparan un poco más de su instrucción! Sarmiento pensó en ello y fundó escuelas de regimiento. Después de él marcharon como Dios quiso y acabaron por desaparecer. Esos hijos del Estado, que le han de dar trabajo si los descuidan, merecerían sin embargo la pena de que se ocuparan de ellos.

Hoy, en Buenos Aires, al pasar en tranvía por los cuarteles, se puede comprobar que los cuerpos de tropa de línea han incorporado muchas indias. En el patio del cuartel es siempre el mismo cuadro que hemos esbozado al principio; sólo que los cuartos son de ladrillo, hay menos perros, menos animales y más mujeres pampas, de ésas que en los cuerpos llaman pata ancha, porque, a decir verdad, no tienen el pie muy breve.

Se adaptan muy pronto a su nuevo medio.

La paraguaya,   
Óleo de Juan Manuel Blanes     

Un día que tomamos las tres cuartas partes de la tribu de Catriel, encontré en la plaza del fortín de Puán a una india muy emperifollada que había caído prisionera unos meses antes.

- Y bien le dije , ¿has ido a ver a tus compatriotas?
- Yo no pampa -me contestó con orgullo-, yo 11 de caballería.

Por su parte Ramos Mejia, en su libro Rosas y su tiempo, nos deja el siguiente relato sobre la mujer soldado:

“La mujer de la plebe tenía en los ejércitos federales su parte de afecto oficial y en el reparto del rancho, porque alegraba al soldado; y a ciertas horas los encantos de la familia, para los unos, y los alicientes de la orgía para otros, derramaba calor y fuerza en aquellos pechos que tanto lo necesitaban. El más experto espía o «bombero», en el orden militar como en el otro, fueron estas mujeres, negras y mulatas especialmente, que metiéndose en las filas de los ejércitos enemigos y bajo el imperio de las necesidades físicas que afluían a su carne, seducían la tropa y provocaban la deserción o se apoderaban de todos los secretos que podían pispar en las intimidades de sus rápidas excursiones".

Y más adelante agrega el mismo autor:

“Las negras servían para todo: mucamas, bailarinas, vivanderas y hasta soldados".


Pepa la Federala

El siguiente documento de 1844, da cuenta de las acciones y vicisitudes de Pepa la Federala:

¡VIVA LA CONFEDERACIÓN ARGENTINA! ¡MUERAN LOS SALVAJES UNITARIOS!

Buenos Aires, Marzo 19 de 1844. Año 35 de la Libertad, 29 de la Independencia y 15 de la Confederación Argentina.

La alférez graduada de Caballería, doña Pepa la Federala: Solicita el ajuste de sus sueldos, haciendo una breve reseña de sus servicios y acciones de guerra en que se ha hallado, citando varios jefes para los efectos consiguientes y obtención á las gracias que la munificencia de S. E. ha sabido acordar al ejército,

Excmo. señor:

Doña Josefa la Federala, Alférez graduado de Caballería, ante la justificada integridad de V. E., con mi mayor respeto digo: Que habiéndome hallado en la acción de Chascomús á las órdenes del señor General don Prudencío Ortiz de Rosas, y de allí en Marzo de 1840 en Entre Ríos a las órdenes de aquel General en jefe don Pascual Echagüe, llevando en mi compañía 26 hombres voluntarios á mis órdenes, vecinos de Ranchos Blancos; que en mi marcha tomé un bombero de los salvajes, que presenté al gobernador, salvaje hoy día Mascarilla, y de allí me incorporé al mencionado ejército de Entre Ríos, habiendo sido agregados dichos 26 hombres al núm. 2 de Caballería de Buenos Aires, quedando yo en la escolta de aquel General en Jefe. Fuí bombera voluntaria y entré en la trinchera del salvaje Lavalle, donde fuí tusada del salvaje Benaventos y sentenciada á muerte por el de igual clase Pedro Díaz, teniendo la suerte de escapar y reunirme al Ejército Confederado, hallándome en seguida en la batalla de Sauce Grande, cuyos testigos cito en esta Capital, que pido á V. E. certifiquen: el Coronel graduado don Antonio Félix de Meneses, y el que era comandante del Batallón Entre Riano, sargento mayor don jacinto Maroto, hallándome desempeñando las funciones de Posta, quedé herida en la batalla, y salvé por una partida del núm. 2 en comisión, recogiendo heridos, que como yo, éramos 70 ú 80, y conduciéndonos a la Capital del Paraná, a las órdenes de Don José M. Echagüe, quien me prodigó todos los auxilios necesarios; cumplidos diez días supliqué al Excmo. señor Presidente Oribe se dignase llevarme en su compañia, aunque muriese en el camino, lo que conseguí y fui conducida a San Nicolás, dejándome dicho Excmo. señor en casa del comandante Garretón para curar de mis heridas, pero sabiendo que mi Coronel Don Vicente González se hallaba acampado en el Arroyo del Medio, me olvidé de mis heridas y haciendo un carguero de jabón conchavando dos peones envié innumerables partidas de salvajes que salían de San Pedro, teniendo la dicha de incorporarme a mi coronel, el que siguió con el Presidente Oribe y por consiguiente me hallé en la acción de Quebracho Herrado y sin sanar de las heridas me hice cargo del Hospital de Sangre, y sucesivamente en todas las demás acciones cual fue la del Monte Grande en Tucumán; y por último, de regreso, en la de Coronda y Santa Fe; siendo después nombrada por el señor Presidente Oribe ayudante 149 del Hospital de Sangre, hasta que vine a esta Capital.

Excmo. señor, desde el año 1810 sirvo a la Patria con el mayor desinterés.

Viuda del Sargento Mayor Don Raymundo Rosa, que murió de diez y ocho heridas en el campo de batalla en la Cañada de la Cruz a las órdenes del Señor General Soler, la posición triste en que me encuentro, de tantas vicisitudes de la guerra, me pone en la precisión de implorar del Padre de mi Patria, por lo que humilde suplico se digne ordenar sean hechos mis ajustes por la contaduría y opción a los premios que V. E. tiene conferidos al Ejército, para poderme reponer de mi salud y estar pronto y de centinela contra todos los salvajes que quieran envolvernos en su inmunda rebeldía a cuya gracia quedaré eternamente reconocida.
Referencias:

(1) Alfredo Ebelot: Escritor, periodista e ingeniero, nacido en Francia en 1839. Se educó en Toulouse y se graduó de ingeniero en la Escuela de Artes y Manufactura de París, participando además como redactor en importantes publicaciones de la época.
En 1870 emigra a la Argentina donde colabora en distintos periódicos.
Contratado por Sarmiento para distintos estudios sobre la línea de frontera, participa en con el grado militar de Sargento Mayor en la conquista del desierto. Como ingeniero codirigió los llamados “trabajos de defensa contra el indio”, entre ellos la construcción de la zanja de Alsina. Como testigo directo nos deja interesantes testimonios en “Relatos de la frontera” y en “La pampa. Costumbres argentinas”.
Regresó a Francia en 1908 y murió en Toulouse, en 1920.


Fuentes:

- Ebelot, Alfredo. La Pampa, Costumbres argentinas.Edit.Taurus, 2001.
- Ramos Mejia, José María. Rosas y su tiempo.Orient.Cultural Editores,1952.
- Chavez, Fermín. Juan Manuel de Rosas. Su iconografía.Edit.Oriente, 1970.
- La Gazeta Federal www.lagazeta.com.ar

Complicidades y resistencias judiciales

Entrevista a Lucía Castro Feijóo, autora junto a Sofía Lanzilotta del artículo Tipologías de la complicidad y su contratara: la resistencia, del libro ¿Usted también, doctor?.  “Los testigos durante juicio identificaron al ex juex federal de Santa Fe Victor Hermes Brusa como el "karateka", porque dicen que propinaba patadas de karate a los detenidos para que hablaran”.

Por Juan Ciucci

APU: ¿Qué prácticas cómplices con la dictadura cívico-militar llevaban adelantemiembros del Poder Judicial y del Ministerio Público?

Lucía Castro Feijóo: Nosotras hablamos de dos grandes categorías. Por un lado, los operadores jurídicos que participaban de manera activa/comisiva en las torturas. En términos jurídico-penales, diríamos que fueron autores directos (o coautores), como dueños y señores de la acción desplegada –ya fuera tortura, apremios, vejaciones u homicidio, con dominio y voluntad. Por otro lado, advertimos que en el contexto del terrorismo de Estado el campo de actuación (facultades/obligaciones) de los funcionarios judiciales, es más difícil de identificar con tipos activos comisivos. De esta manera, encontramos operadores jurídicos que por una omisión de los deberes a su cargo, provocaron el mismo resultado de manera indirecta.
Respecto de un funcionario judicial existe un marco de “conductas profesionales esperadas/debidas” que, al ser omitidas, podrían ser reprochadas. Por ejemplo, frente al deber de investigar (art. 274 del Código Penal) esa falta se materializó en el rechazo de hábeas corpus sin las correspondientes investigaciones, así como también al archivar denuncias que se hacían en instancia policial por secuestros, torturas, robos y allanamientos ilegales. Otro ejemplo es la utilización de las declaraciones autoincriminatorias obtenidas bajo torturas en el marco de expedientes judiciales.
Otra de las modalidades que podrían englobarse dentro de las comisivas es la que se estructuró a partir del ingreso de niños apropiados al sistema judicial de minoridad mediante la adulteración de las condiciones de ese ingreso. Sobre este tipo de conductas, trabajan más a fondo Carla Villalta y Sabina Regueiro en el cap. 8 del libro.

APU: ¿Qué casos han relevado de quienes participaban de manera activa/comitiva en las torturas?

LCF: El caso más emblemático del tipo comitivo por las acciones llevadas a cabo es el del ex juex federal de Santa Fe Victor Hermes Brusa, que inclusive es la única condena a la fecha contra miembros del poder judicial por su accionar durante la dictadura. Se lo condeno en 2009 (la sentencia quedo firme el año pasado) por apremios ilegales, por haber torturado y haber obtenido declaraciones bajo tortura en el centro clandestino que funcionaba en su jurisdicción, como empleado y luego como Secretario del Juzgado Federal de Santa Fe, cuyo titular era el –ahora fallecido juez Fernando Mántaras. Los testigos durante juicio lo identificaron como el "karateka", porque dicen que propinaba patadas de karate a los detenidos para que hablaran. Otro caso que podría encuadrarse en estas acciones es el del ex fiscal de la Cámara de Casación Penal Juan Martín Romero Victorica. Además de la denuncia en su contra por obstaculizar causas en que se investigaban delitos de lesa humanidad, Victoria Montenegro (nieta recuperada) denunció que el fiscal, mientras la justicia investigaba al coronel Herman Tetzlaff, su apropiador y asesino de su padre biológico, le transmitía información sobre la causa.
En la jurisdicción de Chaco el ex secretario del juzgado federal de Resistencia, Carlos Flores Leyes, también presenciaba las torturas “en forma intimidatoria, y exhibiendo armas de fuego” a fin de procurar declaraciones forzadas, conforme lo declararan los testigos en la causa “Caballero residual”.

Luis Ángel Córdoba, juez federal de Resistencia entre enero de 1976 y 1982, se encuentra sometido a proceso por su actuar durante la dictadura. El ex fiscal Roberto Mazzoni fue acusado de haber obtenido declaraciones por medio de apremios y torturas (golpes de puño, quemaduras de cigarrillo, aplicación de instrumento eléctrico y tentativa de abuso sexual). En el caso de Chaco, este conjunto de operadores, de algún modo relacionados entre si por sus funciones en la jurisdicción, y que se apañaban mutuamente en el marco de los expedientes judiciales, es representativo de lo que sucede en muchas provincias del país con la denominada "familia judicial" (una elite históricamente intocable). Inclusive varias de estas acusaciones ya figuraban en un informe elaborado  por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de Chaco en 1984, pero recién hace algunos años las causas logran tener movimiento.

APU: ¿Cuál fue el accionar del fiscal Julio César Strassera durante la dictadura?

LCF: Es paradójico, pero Strassera no presento mucha resistencia a ejercer -como fiscal- la persecución formal y legal de la militancia política valiéndose de la famosa Ley de Represión de Actividades Políticas. Carlos Zamorano relata en su libro que ejerciendo la defensa de Rabinovich, quien estaba acusado de realizar “tareas de organización o de difusión ideológica-partidaria” y “tenencia de bibliografía político-partidaria”, resultó también imputado, persiguiendo del mismo modo su propia filiación política.

APU: En este marco, ¿han podido relevar acciones de independencia y resistencia de algunos miembros del Poder Judicial?

LCF: Sí, en este artículo tuvimos la oportunidad de profundizar sobre las prácticas contrahegemónicas, las de resistencia de algunos operadores jurídicos. En especial en este punto se advierte el caso de algunos que, inclusive antes del inicio formal de la dictadura, sufrieron amenazas y persecuciones. Luego del golpe de 1976 hubo algunos pocos funcionarios judiciales que, ya fuera dentro de la jurisdicción o del ministerio público, llevaron a la práctica diversas vías para garantizar alguna forma de debido proceso y derecho de defensa. Tal fue el caso, por ejemplo, de Eugenio Raúl Zaffaroni, quien como juez tramitó extensamente el hábeas corpus de Inés Ollero, disponiendo de los medios de investigación al servicio de encontrar a quien se buscaba.
Otro ejemplo es el del abogado Guillermo Díaz Lestrem había sido subsecretario de Gobierno de Tierra del Fuego, secretario del Juzgado Federal 19 y defensor de la Defensoría Ordinaria nº 1 hasta abril de 1975, momento en que fue suspendido. Luego fue secuestrado, el 24 de marzo de 1976, sufriendo detención clandestina y posterior tortura. Más tarde fue puesto a disposición del Poder Ejecutivo y liberado en 1977. Su esposa Nelly Esther Ortiz, quien se desempeñaba como fiscal en lo penal económico hasta el mes de diciembre de 1975, también fue secuestrada en los meses posteriores al golpe del 24 de marzo de 1976, y continúa desaparecida.

Solo para homenajearlos, también podemos mencionar a los ex jueces  Carlos Molteni y Carlos Pagliere. También al actual Juez de la Camara Nacional de Casacion Penal Luis Niño que en su momento era secretario del Juez Olivieri, y a la actual Defensora General de la Nación Stella Maris Martinez, en su momento Secretaria de un Juzgado de Instrucción.

APU: En el final del artículo remiten al fallo del Tribunal Oral Criminal de La Plata en la sentencia Von Wernich, donde por primera vez se utilizó el concepto genocidio. ¿Cómo analizan esto y las polémicas en torno a esta caracterización?

LCF: La importancia de esa sentencia fue empezar a mostrar la pata civil de la dictadura. La caracterización de genocidio fue también adoptada por primera vez. En el Proyecto de Código Penal de la Nación que aun no prospero, se incluía este delito, puesto que Argentina suscribió la Convención y a la fecha no esta prevista esta figura en el orden interno. De todas maneras, lo interesante es que el número de investigaciones en curso abarcan un abanico muy amplio de conductas que efectivamente se llevaron a la práctica, y que entendemos deben ser entendidas a la luz del plan común que se devela en la sentencia Von Wernich.

Hoy en día la jurisprudencia es la que va marcando de alguna manera el encuadre jurídico específico que corresponde a la conducta de cada miembro de la justicia que esta siendo investigado. Puesto que en cada caso es necesario determinar la vinculación de su acción u omisión con el resultado causal final. Por ejemplo en el caso “Lona”, se determino que: "Lo que resulta relevante en orden a la caracterización de un hecho como de lesa humanidad no es el nomen iuris bajo el que las legislaciones internas encuadran los eventos investigados sino si fueron cometidos en el marco y como parte del denominado elemento de contexto, es decir de un ataque generalizado y sistemático contra la población." Este es un buen criterio para ser tomado por los distintos tribunales que están investigando funcionarios judiciales de la dictadura cívico-militar.

“Hubo contribuciones directas de jueces o fiscales para no avanzar en los juicios de lesa humanidad”

Entrevista a Carolina Varsky y Lorena Balardini, autoras del artículo El blindaje judicial, obstáculos a la investigación de crímenes de lesa humanidad, del libro ¿Usted también, doctor?.“Sin duda el desmantelamiento de la amnistía por la vía parlamentaria y judicial fue clave pero la respuesta de los sectores contrarios a los juicios dentro del Poder Judicial no se hizo esperar”.

Por Juan Ciucci

APU: ¿Por qué puede hablarse de la contribución de funcionarios judiciales para impedir la investigación de los crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar? ¿Cómo se dio esta obstaculización?

Carolina Varsky/ Lorena Balardini: Nosotras hemos identificado una serie de acciones de determinados miembros de Poder Judicial que hemos denominado "blindaje", en tanto implicó una serie de medidas para consolidar la amnistía primero, y para obstaculizar el avance de los juicios después. Durante la etapa de impunidad, cuando el juzgamiento estaba limitado a causas por apropiación de menores, el blindaje operó a partir de fallos adversos a la prueba por la identidad, a la vez que rechazando las presentaciones por el derecho a la verdad. Durante la etapa de juicios que comenzó con el desmantelamiento de las leyes de impunidad del 2001 en adelante, los elementos aún vigentes de ese blindaje buscaron que operara como un muro de contención, especialmente a partir de estrategias procesales dilatorias que impedían que los casos lleguen a juicio. Hubo contribuciones directas de jueces o fiscales para no avanzar, en algunos casos hasta se manifestaron a favor del Terrorismo de Estado.

APU: ¿Cuándo comienzan a aparecer las fisuras al blindaje del Poder judicial? ¿Cuál fue la importancia en ese marco de los Juicios por la verdad?

CV/LB: Identificamos la decisión de la CIDH en el caso Lapacó y la prerrogativa tomada por las Cámaras Federales de varias ciudades del país como uno de los primeros elementos que contribuyó a las fisuras en el blindaje, también los juicios en el exterior y la reactivación de algunos casos a partir de la "nueva ola de rendición de cuentas" que tiene un claro impulso a partir de la detención de Augusto Pinochet en Londres en 1998. Sin duda el desmantelamiento de la amnistía por la vía parlamentaria y judicial fue clave pero la respuesta de los sectores contrarios a los juicios dentro del Poder Judicial no se hizo esperar. También contribuyeron los juicios realizados en el exterior contra represores argentinos, tanto por ciudadanos de países europeos como ejerciendo la jurisdicción universal

APU: ¿Cuáles son las acciones que les permiten hablar de un “embate directo contra la continuidad de los juicios?

CV/LB: En el capítulo identificamos las demoras de la Corte Suprema de Justicia en declarar la inconstitucionalidad de la amnistía, y que una vez declarada la Cámara Nacional de Casación Penal protagonizó una serie de medidas que desdelo procesal buscaban impedir el avance de los juicios. Desde cuestiones de forma, como la composición de tribunales, como de fondo, como la declaración de inconstitucionalidad de los indultos a los acusados de las causas ESMA y Primer Cuerpo, que se demoró entre tres y cuatro años.

Siempre discutimos desde las herramientas que los integrantes del campo jurídico tienen, en este caso aprovechar las limitaciones propias del sistema penal para casos complejos y llevarlas a extremos de demoras y parálisis injustificadas. Es interesante ver que aún con la amnistía (el principal elemento del blindaje) fuera del juego, existían aún estrategias a la mano de los jueces contrarios a que se active el juzgamiento para impedir el avance de los juicios. Fue necesario un cambio nodal al interior de dicha Cámara y la implementación de diversas estrategias de reactivación para subsanar los obstáculos impuestos. Una situación similar se vive en la actualidad en tanto hay varias jurisdicciones con problemas de integración de Tribunales o juzgados.

El papel del Poder Judicial en la apropiación de menores

Entrevista a Carla Villalta y Sabina Regueiro, autoras del capítulo El circuito institucional de la apropiació crimianl de niños, del libro ¿Usted también, doctor?. “La justicia de menores y el entramado jurídico-burocrático de la minoridad constituyeron un campo sumamente propicio para el desarrollo de las apropiaciones y fundamentalmente para darles un halo de pseudo-legalidad”.

Por Juan Ciucci

APU: ¿Cuáles fueron las modalidades de actuación del Poder Judicial en el marco del secuestro y apropiación de los hijos de detenidos-desaparecidos?

Carla Villalta/Sabina Regueiro : Las formas en las que actuaron los agentes del Poder Judicial fueron diversas. Hubo desde un apoyo explícito y entusiasta y una actuación decisiva en la apropiación de los niños hijos de desaparecidos, ya que en algunos casos los chicos fueron dados en adopción a sabiendas de que eran niños desaparecidos; pasando por una participación un tanto más velada pero igual de efectiva para consumar el robo y el borramiento de la identidad de los chicos, en tanto esos chicos fueron convertidos en “menores abandonados” o sin “filiación conocida” y así ingresados al circuito jurídico-burocrático de la minoridad. También hubo algunos casos en los que parece haber existido una suerte de indolencia burocrática y una omisión en la investigación de hechos que, como mínimo, eran bastante fuera de lo común (como por ejemplo, niños supuestamente “abandonados en la vía pública” que hablaban de soldados que destruyeron su casa), o bien casos de jueces que convalidaron adopciones efectuadas por personas que se presentaban con un niño que decían “haber encontrado” o que “les habían dejado en la puerta de su casa”. Pero también existieron algunos magistrados y funcionarios (pocos, pero los hubo) que procuraron por todos los medios posibles hallar alguna información sobre las familias de los niños y que en algunos casos, su actuación ayudó a que los familiares recuperaran a los niños relativamente rápido. Lo cierto es que el Poder Judicial no fue ajeno a estos hechos ni los desconocía, en efecto en una gran cantidad de casos la justicia de menores y el entramado jurídico-burocrático de la minoridad constituyeron un campo sumamente propicio para el desarrollo de las apropiaciones y fundamentalmente para darles un halo de pseudo-legalidad.

APU: ¿Cómo funcionaron en ese entramado las casas cunas y los hogares religiosos?

CV/SR: Ese entramado jurídico-burocrático de la minoridad del que hablaba estaba compuesto por casas cunas, institutos u hogares de menores, hogares religiosos y también equipos de adopción, que se relacionaban asidua y cotidianamente con la policía o con los magistrados de menores y con otros funcionarios de esa justicia. Lo que sucedió es que en muchos casos fueron estos los lugares adonde la policía llevó a los chicos que habían quedado solos luego del operativo de secuestro de sus padres o a chicos que fueron secuestrados con sus padres, y que luego de permanecer algunos días en los centros clandestinos de detención fueron llevados a alguna institución de este tipo. De hecho, es verificable el paso de muchos niños por este tipo de instituciones –que tradicionalmente fueron administradas por órdenes religiosas- o también por brigadas policiales femeninas. En definitiva, en relación con los niños las fuerzas represivas en muchos casos hicieron uso de lo existente dando así lugar a una suerte de “circuito institucional de la apropiación”. ¿En qué consistió eso? Se trató de un circuito en el que esos hechos fuera de lo común, ciertamente excepcionales, intentaron ser normalizados porque fueron engarzados en una “normalidad admitida”, llevando al paroxismo una creencia común y bastante extendida en aquellos momentos “¿qué mejor para un niño abandonado que ser dado en adopción?” , “ser educado por una buena familia”. Porque si bien en ocasiones los familiares de los chicos pudieron recuperarlos, en otros casos el ingreso a este tipo de instituciones fue el prolegómeno que aseguró el despojo de la identidad de los niños, en la medida en que siguieron el camino que era habitual para los “menores” en este ámbito: su encaminamiento a la adopción. Además, en otros casos este tipo de instituciones se sujetaron al poder dictatorial y les negaron a los familiares toda posibilidad de reclamo. También en este caso, merece destacarse el papel que tuvo el equipo de adopción del Movimiento Familiar Cristiano que participó en la adopción de dos niñas que nacieron en el Hospital Militar de Campo de Mayo durante el cautiverio de sus madres, y que fueron dadas “legalmente” en adopción a través de esta institución que se trataba –y hasta no hace mucho tiempo atrás lo siguió siendo- era una institución muy confiable y prestigiosa para muchos magistrados de menores, en tanto aseguraba que los menores serían criados por “buenas familias”. Y aquí también hay que notar que si la utilización de ese circuito fue “exitosa”, en tanto en muchos casos eso aseguró la apropiación, y pudo ser posible, lo fue no sólo por la adhesión que muchos profesaron a la dictadura, sino también por características propias y previas de ese ámbito institucional que bajo los eufemísticos términos de la caridad, la compasión y la salvación de los niños que, se conjeturaba, provenían de “medios nocivos e inmorales” poco se preocupaba por la familia de origen de esos niños y niñas.

APU: ¿Cómo participaron en las adopciones fraudulentas los magistrados?

CV/SR: En verdad, a partir de las localizaciones realizadas hasta el presente lo que se puede establecer es que hubo al menos 3 grandes modalidades de participación. En un extremo, aquellos magistrados que explícitamente apoyaron a la dictadura y que compartían su visión. El caso paradigmático en la justicia de menores es el de la jueza de Lomas de Zamora, Delia Pons, quien fue una colaboradora entusiasta de la dictadura. De hecho, por su juzgado pasaron al menos 9 niños desaparecidos, a quienes internó en hogares para menores o dio en guarda para adopción. Esta magistrada no sólo se comunicaba asiduamente con Ibérico Saint Jean, sino que también abiertamente les decía a las abuelas –que iban a su juzgado con datos ciertos de niños desaparecidos que podrían haber pasado por allí- que los “subversivos” no tenían derecho a criar a sus hijos. Cercanos a ese extremo, están los casos de otros magistrados que a sabiendas de que los niños que eran derivados a sus juzgados habían quedado solos luego del operativo en el que habían secuestrado a sus padres, los dieron en adopción aduciendo que eran niños sin filiación conocida (por ejemplo, el juez Juan Carlos Marchetti quien dio en adopción a Manuel Gonçalves Granada). Incluso hubo otros que impidieron a sus familiares toda posibilidad de reclamo, tal el caso del Juez Müller que dio en adopción a Emiliano Castro Tortrino, quien fue derivado a la Casa Cuna luego de la detención-desaparición de su mamá, mientras que a su abuelo (que se presentó en el juzgado al poco tiempo y presentó una fotografía y los documentos del niño) lo desconoció en su carácter de tal y le cerró la posibilidad de reclamar al pequeño, que fue adoptado por un prestigioso abogado conocido suyo. El caso de Luis María Vera Candioti también es cercano a estos. Este magistrado –que actualmente está procesado y a la espera del juicio oral– dio en adopción a dos niñas, hijas de desaparecidos, y no sólo no investigó de dónde provenían y si había familiares que las estaban buscando –de hecho contaba con información respecto del secuestro de sus padres en un caso y en el otro de la intervención de las fuerzas represivas- sino que además sus adopciones presentan distintas irregularidades.

Por otro lado, hubo magistrados que también tuvieron una participación decisiva en la hechura de las adopciones fraudulentas, en tanto omitieron investigar y actuaron burocráticamente. Es el caso, por ejemplo, de juzgados de menores de San Martín y de San Isidro que participaron en la adopción de Andrés La Blunda, Juan Pablo Moyano, Tatiana Ruarte Britos, Laura Jotar Britos, y Ramón Angel Pintos. No obstante más allá de los matices que presentaron, y aun cuando la actuación de los jueces no haya sido homogénea, ya que en algunos casos los niños fueron devueltos a las familias que los estaban buscando o incluso hubo funcionarios judiciales que proporcionaron información a las abuelas, en otros casos la actuación de los jueces se transformó en una acción indispensable para dar un halo de “legalidad” a la apropiación de los niños. En tanto a partir de sus acciones y omisiones los niños ingresados en el circuito de instituciones destinadas a la minoridad fueron convertidos en “menores abandonados” o en “NN” y fueron así desprovistos de su identidad, del contacto con su familia que los estaba buscando y entregados en adopción. Esto es, en esos casos la intervención judicial hizo posible que la apropiación se consumara, ya que los jueces de menores certificaron que se trataba de menores “abandonados”, “sin filiación conocida” y por ello esos niños fueron sometidos a seguir el camino habitual reservado a los “menores” en esas circunstancias.

APU: ¿Cuál fue la contribución del trabajo de Abuelas para demostrar el papel del Poder Judicial en el marco del plan sistemático de apropiación de menores?

CV/SR: El trabajo de Abuelas fue esencial para demostrar ese papel, y lo fue muy tempranamente. De hecho, en abril de 1978 presentaron un escrito a la Corte Suprema de  Justicia solicitando que se suspendiera la entrega en guarda para adopción de menores NN por parte de los distintos juzgados de todo el país, ya que intuían claramente lo que años después pudieron probar: que el ámbito judicial participó y en algunos casos activamente en la sustitución de identidad de sus nietos. De hecho, desde sus primeras búsquedas tuvieron que enfrentarse con un mundo con reglas propias y peculiares rutinas burocráticas, y así en muchos casos tuvieron que pedir la externación de sus nietos, tuvieron que demostrar que sus nietos no habían sido abandonados sino robados, debieron esforzarse por establecer las diferencias entre lo que debería ser la “adopción” y lo que había sido la apropiación, porque justamente habían sido esas categorías y esos dispositivos los que, en este circuito, se utilizaron para consumar el despojo de la identidad de sus nietos. En otras palabras, tempranamente pudieron identificar que el ámbito judicial era uno de los escenarios en los que la apropiación y sustitución de identidad de sus nietos se estaba materializando. Y su incesante lucha fue crucial para poder demostrar que este ámbito fue un campo propicio para consumar algunas de estas prácticas criminales, y que bien por la indolencia de algunos o ya por el convencimiento y la activa complicidad de otros se transformó en funcional al plan sistemático de la dictadura.

Además, en los años subsiguientes el sostenido activismo político y legal de Abuelas también fue fundamental para demostrar el papel jugado por algunos magistrados y por distintos funcionarios del Poder Judicial, ya fuera porque dieron a niños hijos de detenidos-desaparecidos en adopción o porque les negaron sistemáticamente información sobre el paradero de los niños, obstaculizaron su búsqueda y encubrieron a los apropiadores de los niños. Y ello no sólo permitió localizar a más de un centenar de jóvenes que fueron apropiados siendo pequeños, llevar a la cárcel a los responsables del plan sistemático de apropiación de niños aun en los escenarios más sombríos para el movimiento de derechos humanos –cuando las leyes de impunidad todavía estaban vigentes–, y realizar en los últimos años numerosos juicios a quienes fueron apropiadores de niños y cómplices de éstos, sino que también a partir de las distintas estrategias que desplegaron en todos estos años de búsqueda contribuyeron activamente a discutir y problematizar el rol que distintos funcionarios judiciales y administrativos tuvieron en la apropiación de sus nietos.

“A los jueces en un contexto autoritario se les debe exigir que estén del lado de las víctimas”

Entrevista a Juan Pablo Bohoslavsky, editor del libro ¿Usted también, Doctor? Complicidad de jueces, fiscales y abogados durante la dictadura (Siglo XXI). “La Corte Suprema y el Poder Judicial no han hecho ese ejercicio de reflexionar acerca de cuál fue su contribución al proceso y eventualmente pedir disculpas a la sociedad en general pero a las víctimas en particular”.

Por Juan Ciucci

APU: ¿Cómo se puede analizar la dimensión civil de la dictadura?

Juan Pablo Bohoslavsky: Hay información pública disponible y otra más o menos disponible, hay que ir a las fuentes, recolectar información, sistematizarla. Por ejemplo la jurisprudencia de la Corte es conocida, fácilmente accesible. Pero un tema que hasta ahora no se había investigado es el rol que tuvo la Procuración del Tesoro de la Nación y en general el servicio civil en asistencia jurídica del Poder Ejecutivo y ahí se tuvo que hacer un mayor esfuerzo a la hora de investigar. Esto en lo fáctico, en lo empírico. En la cuestión conceptual este tema en particular está muy subdesarrollado, no solamente en Argentina sino a nivel internacional: el rol de los jueces en contextos autoritarios. Así que de alguna manera fue un gran  desafío tratar de construir el marco jurídico que nos permitiera entender cuál era la relevancia real del poder judicial en el proceso.

APU: Incluso en el libro, Alegre y Franzki discuten el concepto del golpe cívico-militar.

JPB: Sí, el libro plantea preguntas crudamente y es muy plural en ese sentido. Por ejemplo los dos capítulos que examinan la jurisprudencia de la Corte Suprema no tienen el mismo punto de vista, hay un capítulo que le da mayor importancia a las disidencias internas que había en la Corte. Con esto quiero decir que el fenómeno de investigar es muy complejo y puede ser interpretado y mirado de diferentes perspectivas. Particularmente la sección final que mencionabas antes Hannah Franzky que es una jurista alemana y Mariano Alegre que es profesor de la UBA y yo discutimos acerca del concepto mismo de dictadura cívico-militar. Marcelo Alegre hace una pregunta muy provocativa que es muy interesante ¿estamos seguros que los jueces, hoy, asumirían una posición muy diferente a la que tomaron la mayoría en 1976 si hubiera un golpe de estado? Es una pregunta interesante y abierta, si los jueces de hoy son intrínsecamente distintos a los del 76.

APU: En relación con eso también plantean la pregunta sobre lo que podrían haber hecho los jueces en ese contexto.

JPB: Esta es una pregunta que también trata de contestarse el derecho internacional, qué se les debe exigir a los jueces en un contexto autoritario. Se les debe exigir que, al igual que en democracia, estén del lado de las víctimas, de los débiles, de los grupos vulnerables. Esto significaba, en el caso concreto de Argentina, hacer indagaciones acerca de los desaparecidos, cosa que no sucedió en la inmensa mayoría de los casos. Esa es una opción que algunos, que un puñado de funcionarios judiciales decidieron transitar. Otra opción es renunciar, cuando los jueces no pueden resistir la presión omnímoda de parte del Estado para poder ejercer libremente, de manera independiente sus funciones básicas, existe la obligación de renunciar y esto no sucedió. Es un ejercicio contrafáctico pero no deja de ser interesante ¿qué hubiese sucedido si el 25 de marzo del ´76 todos los funcionarios judiciales hubieran renunciado porque se subvirtió el orden constitucional y ya no son más jueces de la Constitución? Es muy difícil saber qué hubiera pasado, pero no tengo duda que la Junta, que le daba mucha importancia a la pantomima de mantener en pie algo más o menos parecido a un estado de derecho, la junta difícilmente hubiera podido resistir el costo de reputación que eso hubiera implicado; tanto para conseguir apoyo político y social interno como frente a su imagen ante la comunidad internacional. Con seguridad, si todos los funcionarios hubieran renunciado el 25 de marzo del ´76, el final de esta historia hubiera sido un poco menos trágico.

APU: ¿Por qué se puede hablar de una colaboración activa del Poder Judicial con la dictadura?

JPB: El libro trata de hacer justicia en el examen o en el estudio de los funcionarios que actuaron durante esa época. Así no hubo una capitulación generalizada pero al mismo tiempo hace un examen microscópico de qué hizo cada uno, por lo menos de cada uno de los que decidimos investigar. En la introducción se plantea que hubo tres grande grupos.

El primero que se denomina cómplices militantes, es decir, funcionarios que estaban comprometidos ideológicamente con la Junta, que tenían una animadversión especial contra las víctimas. En esta categoría se ubican los casos de complicidad más extremos: desde participar en indagatorias a prisioneros ilegales que fueron torturados, participar en consejos de guerra juzgando civiles, manipulación de expedientes judiciales para dar en adopción chicos cuyos padres habían sido desaparecidos, maniobras para disimular las causas de muerte, de cadáveres que llegaban a la morgue con veinte disparos y que eran despachados como muerte natural.

Luego la inmensa mayoría de los funcionarios se ubica en lo que la introducción denomina comocómplices banales: no tenían una especial animadversión o un compromiso contra las víctimas o con la Junta pero por una serie de motivos banales, por acción u omisión, eran funcionales a la Junta. Por temor a la represalia, porque tenían interés profesional en ser promovidos, porque creían que estaban en algo parecido a un estado de derecho, porque había una Corte Suprema que estaba formalmente funcionando. Esta complacencia banal se manifestaba, en términos judiciales, en indagaciones superficiales, tramitar un habeas corpus pidiendo informes a un comando y frente a la información de que esa persona no está cerrar los expedientes, son cómplices en el sentido de que fueron funcionales.

Y por otro lado, un puñado, por lo menos lo que pudimos investigar nosotros, de funcionarios judiciales que cumplieron con su rol, estar de lado de las víctimas, indagar, hacer allanamientos, insisto en que se trató de un puñado de éstos en todo el país.

APU: También se habla de la función que puede cumplir el Poder Judicial dentro de una dictadura: control social y legitimación.

JPB: Por un lado la Corte convalidó las normas represivas, la regulación del derecho a salir del país en un estadio de sitio, convalidó también el rechazo de los habeas corpus confirmados por las cámaras, en general convalidó las políticas represivas de la dictadura. Lo que pasa es que facilitó el control social de la población mediante métodos criminales y, por otro lado, prestaba legitimidad a la Junta mediante un uso cínico del Poder Judicial como institución. Por un lado la Corte Suprema nunca puso de manifiesto la dimensión sistemática de la violación de derechos humanos, a pesar de haber tomado conocimiento formal a través de los casos. Claramente acompañaba por omisión, es decir no exigiendo a los jueces de instancias inferiores investigar  la política represiva, pero al mismo tiempo la Junta y la propia Corte entendían que la imagen de independencia judicial era muy importante.

En algunos pocos casos la Corte hizo algunas correcciones de excesos de la Junta, por ejemplo cuando se había regulado el derecho a la opción de salir del país y quedaba a discreción total de la Junta, ahí hizo unos pequeños ajustes, siempre sin mostrar la dimensión sistémica del terrorismo de estado. En uno de esos casos, de esta corrección ornamental que hizo la jurisprudencia, hay una anécdota que contamos en un capítulo: Videla recibe de manos del presidente de la Corte una sentencia ordenándole la liberación de una persona (esto es un caso de cada cinco mil habeas corpus) y Videla le dice “lo felicito doctor, en Argentina hay justicia”. Esto da la pauta que tanto para la Junta como para la Corte la imagen de independencia era importante, porque implicaba, de alguna manera, legitimar a la Junta y su política represiva. En ese sentido, la Corte también cumplió con el rol que esperaba la Junta, por supuesto, porque todos los miembros de la Corte fueron designados por la Junta Militar a pocos días del golpe.

APU: En cuanto a la Corte, remarcan que hay una complicidad especial en lo que es la legislación laboral.

JPB: Hay un capítulo muy interesante de un jurista cordobés, Horacio Chicuri, que se tomó e trabajo de analizar específicamente la jurisprudencia en materia laboral e, invariablemente, la Corte le recortó derechos individuales y colectivos a los trabajadores, esto era consistente también con la política económica de la dictadura.

APU: También está mencionado el papel de los abogados de parte de la familia judicial.

JPB: Hubo complicidad en dos planos: uno gremial, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires explícita y públicamente apoya el régimen con solicitadas. Y por otro lado los abogados se dedicaron a la actividad académica, el capítulo se concentra en qué pasó en la Facultad de Derecho en la UBA durante el proceso. Y, mientras hubo algunas pocas voces que alertaban acerca de la subversión  del orden constitucional, hubo muchos jueces y muchos juristas y profesores que tuvieron un espacio protagónico en las editoriales jurídicas de la época que elaboraban argumentos acerca de la corrección desde el punto de vista jurídico del nuevo esquema Constitucional en la Argentina, donde el estatuto de la Junta se ubicaba al mismo nivel o por encima de la Constitución.

APU: ¿Por qué se tardó tanto en investigar esta parte de la complicidad civil?

JPB: Eso no lo sé. Sí tengo algunas pistas de por qué la sociedad argentina haya tardado tanto en procesar la dimensión judicial, lo mismo ha sucedido con la económica del proceso. La primera es que ha habido una información bastante limitada y dispersa acerca de lo que  hicieron los funcionarios judiciales, entonces es difícil entender que hay un sistema, una lógica, una racionalidad atrás del funcionamiento de la Corte, de los tribunales inferiores. Por otro lado es reciente que en Argentina, pero también en otros países, que la agenda de Verdad Memoria y Justicia pone el foco, no solamente en los actores represivos y militares, sino que también amplía su radar para entender el rol de los actores económicos, los medios de comunicación y también el Poder Judicial.

APU: El libro sale en un contexto en donde se discute el rol de la Justicia, ¿qué impacto cree que va a tener en esta discusión del presente?

JPB: Espero que enriquezca la discusión, que el Poder Judicial se mire al espejo, con respecto a lo que sucedió durante el proceso para contrastar fortalezas y sobre todo debilidades, de ese entonces y de ahora también. Es un ejercicio que no es estrictamente académico, es un ejercicio cívico. En la parte final del libro se propone la conformación de una comisión que debería estar conformada, no solo por miembros del Poder Judicial, para evitar corporativismo, que sea plural, con integrantes del poder ejecutivo, legislativo, sociedad civil, víctimas, académicos. Para indagar acerca de las puertas que este libro abre, y esto es sólo la punta del iceberg, queda mucho por saber y por entender acerca de cómo funcionaba el Poder Judicial como sistema y cuál era la contribución que le daba a la Junta. También hay una propuesta concreta para la Corte Suprema actual para que como cabeza institucional del Poder Judicial reflexione sobre el rol que tuvo en aquellos años; así como lo ha hecho el Estado Nacional cuando en los noventa se recompensó a las víctimas reconociendo la responsabilidad y desde 2003 a la fecha a habido muchos reconocimientos en lo simbólico.

La Corte Suprema y el Poder Judicial no han hecho ese ejercicio de reflexionar acerca de cuál fue su contribución al proceso y eventualmente pedir disculpas a la sociedad en general pero a las víctimas en particular. Esto puede tener un efecto de sanación importante para las víctimas, se trata de miles y miles de personas que presentaron habeas corpus, y en pocas horas en algunos casos fueron rechazados. No sería algo inédito en Argentina, en el 2013 la Asociación Nacional de Magistrados chilenos y la propia Corte chilena hicieron este ejercicio de reflexión pidiendo disculpas  por la capitulación colosal del poder judicial durante el pinochetismo. Sería sano que lo haga también la Corte Suprema porque sería una buena oportunidad para enviar un mensaje a toda la sociedad, pero sobre todo al Poder Judicial acerca de la importancia que tiene que los funcionarios judiciales siempre deben estar del lado del más débil, más desprotegido y más vulnerable, sea en contexto democrático o autoritario.

APU: Parte de esto sucede, como en el caso de los jueces de Mendoza. ¿Cómo analiza eso, cómo reacciona la familia judicial?

JPB: Yo tengo dificultades con el concepto de familia judicial porque dentro del Poder Judicial hay funcionarios con diferentes visiones acerca de cómo interpretar la promesa ínsita que trae el derecho. Con lo cual habría que analizar caso por caso, al igual que intentamos hacerlo en otros casos del proceso, había jueces verdaderamente heroicos y otros que eran sus propias victimas prisioneros de las mesas de tortura y otros que no indagaban porque esperaban un ascenso como camaristas.

APU: ¿Cómo cree que se realizan los juicios?

JPB: Hay mucha expectativa con el juicio en Mendoza, después de los tribunales militares de Núremberg donde se juzgaron a varios jueces alemanes que habían contribuido al régimen nazi, incluso algunos funcionarios del ministerio de justicia, fueron efectivamente condenados. Desde ese juicio que terminó en el 48 hasta el día de hoy no ha habido en el mundo un caso en el que se haya investigado e imputado concretamente, que yo sepa, un sistema judicial, por su actuación en un estado de autoritarismo. Con lo cual, este juicio en Mendoza, es, desde todo punto de vista, único en cómo poner en acción los conceptos jurídicos, sociológicos, desarrollados en el libro. Y como el movimiento de derechos humanos puede materializar esta idea de que los anillos de responsabilidad pueden ampliarse para comprender los actores que tuvieron un papel notable durante el proceso, creo que hay mucha expectativa y es muy interesante como se está dando este porceso.

APU: Para terminar, ¿cómo surge el libro? ¿Cómo fue la convocatoria a los autores?

JPB: Tendría que hacer memoria, ya van dos años y medio aproximadamente desde que empecé a diseñar los posibles autores, que somos 28 personas. Supongo que es una progresión académica natural de la ampliación de la agenda de Memoria, Verdad y Justicia que, no solamente en Argentina sino a nivel internacional, focaliza más en el rol que juegan los actores no militares o policiales en contextos autoritarios. Se ha trabajado mucho el rol de los medios de comunicación, o los actores económicos en el libro Cuentas pendientes de 2013. Percibíamos que había un espacio que debía ser llenado en materia de investigación sobre el rol de los funcionarios judiciales y los abogado durante el proceso; y eso es lo que he intentamos hacer. No conocía a todos los autores, a algunos jamás los he visto, solamente por mail, espero conocerlos pronto en la presentación. Pero cada una de las personas que convoqué son especialistas, expertos investigadores de los temas sobre los cuales han escrito.

El rol del partido judicial en la dictadura

Uno de los aspectos menos abordados en relación a la última dictadura tiene que ver con la complicidad de jueces, fiscales y abogados. Las opiniones de los especialistas Juan Pablo Bohoslavsky, Carla Villalta, Sabina Regueiro, Carolina Varsky, Lucía Castro Feijóo, Lorena Balardini y Virginia Vecchioli.