viernes, 6 de marzo de 2015

"PRIMER ACERCAMIENTO" La UFI-AMIA recibe a los familiares de las víctimas

Por otra parte, informaron que colaboraron con Gerardo Pollicita brindandole recursos humanos en la causa por el presunto delito de encubrimiento, a partir de la denuncia de Alberto Nisman.
El equipo integrado por Juan Murray, Sabrina Namer, Roberto Salum y Patricio Sabadini indicaron, además, que solicitaron a la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, que incluya a la "gran mayoría del personal contratado" en la unidad a cargos de planta.
Página 12

Canicoba Corral: "Si soy fiscal y pido justicia, tengo que irme a mi casa"

Rodolfo Canicoba Corral cuestionó la convocatoria hecha al mes de la muerte de Alberto Nisman, sobre cuya denuncia evitó opinar: "Las denuncias contra los funcionarios públicos son bastante habituales en un año electoral", dijo y añadió: "Está venciendo un mandato y es un año electoral, hay algunas circunstancias que ponen de relieve cosas que no hubieran sido. Las denuncias contra los funcionarios son bastante habituales".
En tanto, al ser consultado sobre la investigación que se lleva adelante por la muerte del fiscal especial de la causa AMIA, el magistrado opinó que "va a haber posiciones encontradas por los próximos 20 años" y consideró que "va a ser muy difícil que la sociedad mayoritariamente acepte" una versión de los hechos, ya que "hay instalada una duda y hay mezclados factores políticos en la investigación".
En tanto, sobre la investigación del atentado a la AMIA contó que estuvo reunido esta semana con el nuevo equipo de fiscales nombrados por la Procuración General de la Nación para seguir la causa. "Noté con muchas ganas a esta gente que viene sin preconceptos. Para mí, todas las pistas están abiertas; todas las hipótesis merecen ser investigadas", señaló y agregó que también es importante que sean un grupo, porque "podrán confrontar entre ellos y eso podría redundar en beneficios" para la investigación.
Página 12

TRAS LAS CRITICAS DE FAMILIARES DE LA AMIA Y VARIOS DIRIGENTES Una recusación contra Moldes

La recusación fue presentada ante la Cámara Federal, cuya Sala I definirá la apelación de Pollicita. En los fundamentos del texto elaborado por el diputado del Frente para la Victoria, a la que accedió Télam, se detallan reiteradas manifestaciones públicas de Moldes respecto de la culpabilidad de los denunciados, así como también valoraciones positivas hacia la propia denuncia presentada por Nisman.
Ayer, varios dirigentes y familiares de las víctimas del atentado a la AMIA señalaron que Moldes tiene una posición tomada de antemano, alguna de las cuales fueron hechas públicas en el marco de la convocatoria a la marcha del 18 de febrero, de la que él fue uno de los organizadores.
Página 12

jueves, 5 de marzo de 2015

Las 9 claves del informe de Arroyo Salgado

Sandra Arroyo Salgado, jueza federal de San Isidro y ex esposa de Alberto Nisman, brindó una conferencia de prensa en la que dio a conocer los resultados de los peritajes de la querella en la causa por la muerte del ex fiscal del caso AMIA. 
"El informe descarta con contundencia las hipótesis del accidente y del suicidio. Alberto Nisman fue víctima de un homicidio", resumió la jueza durante la presentación en la que detalló las “principales conclusiones arribadas en este extenso e intenso informe de casi 100 hojas”.
Según explicó, los peritos de la querella analizaron la autopsia, además de las computadoras y los teléfonos de Nisman. También analizaron las fotos y videos tomados al cuerpo en el baño del departamento de Le Parc.
EL ARMA. La pericia indica que el arma secuestrada (la Bersa calibre 22 que apareció junto al cuerpo de Alberto Nisman) fue el arma del hecho. 
LAS MANOSSegún explicó la jueza, las manos de Nisman no tienen rastros de haber disparado el arma. El análisis a los residuos de disparo dieron resultados negativos.
INGESTA DE ALCOHOL. El cuerpo presentaba presencia no determinada de cafeína y alcohol en contenido gástrico compatible con baja ingesta de alcohol. "No se demostró la presencia de alcohol en sangre y orina. Los trascendidos públicos que afirman que estaba alcoholizado, no son certeros. Nisman no estaba alcoholizado", enfatizó la jueza en referencia a lo difundido por el portal del Ministerio de Justicia, respecto a que el ex fiscal tenía 1,73 de alcohol en sangre. Básicamente, las diferencias con el peritaje oficial radican en que se trata de alcohol en "contenido gástrico" y no en sangre. Por eso, los resultados no son comparables con los estudios de alcoholemia.
"Los trascendidos públicos que afirman que estaba alcoholizado, no son certeros", enfatizó la jueza

ESPASMO CADAVÉRICO. El cuerpo no presentaba signo de espasmo cadavérico en la mano derecha, un signo que demostraría que fue sucidio. Esta es una diferencia importante entre Fein y la querella ya que el informe oficial afirmó que presentó espasmo.
HUBO AGONÍA. Nisman tuvo agonía, algo que está demostrada por la copiosa hemorragia externa que se pudo ver en la escena. "Podemos afirmar con certeza que no existió el espasmo cadavérico porque la agonía es incompatible con la aparición de ese signo", enfatizó.
EL CUERPO FUE MOVIDO. Según afirmó Arroyo Salgado, la posición del cuerpo no fue la final: "El cuerpo ha sido movido. La posición en la que fue encontrada el cuerpo no fue la que tenía al momento de la muerte".
DATA DE MUERTE. Es de 36 horas +/- cuatro horas de la operación de la autopsia.
DISTANCIA DEL DISPARO. El orificio de entrada es a centímetros del pabellón auricular y fue no más allá de un centímetro. La trayectoria fue de derecha a izquierda, de abajo hacia arriba y de atrás hacia adelante.
ESCENA. El análisis del lugar del hecho descarta que la muerte haya sido accidental.

Por Ana Vainman La última palabra la tiene Cristina

El Impuesto a las Ganancias volvió a estar en el centro de la escena del mundo sindical. Varios dirigentes guardaban la secreta esperanza de que la presidenta Cristina Fernández realizara algún anuncio referido a ese gravamen, que se convirtió en denominador común de la agenda de reclamos de las cinco centrales obreras. Pero eso no ocurrió.
La primera mandataria sí se refirió a logros de la gestión kirchnerista en materia laboral –la reactivación y vigencia de la negociación colectiva, las leyes que ampliaron derechos laborales y la recuperación de los niveles de empleo– pero del Impuesto a las Ganancias, nada. A decir verdad, no hubo anuncios de proyectos de ley, salvo el que atañe a la estatización de los ferrocarriles.
Y también era previsible que Ganancias no estuviera en la agenda del discurso presidencial. Son muchos los funcionarios que vienen repitiendo una y otra vez que no está previsto modificar Ganancias y que, en última instancia, es una decisión que tomará exclusivamente la presidenta. Por ejemplo, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, afirmó que es la primera mandataria quien "tiene el joystick" para determinar modificaciones en el mínimo no imponible.
Además, durante el anuncio de la recaudación de febrero, el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, volvió a rechazar una futuramodificación de Ganancias. "Está la modificación de 2013 y, al igual que ese año, ahora hay 1.098.000 personas que tributan el impuesto, no hay más gente pagando, más allá de la preocupación entendible de los sindicatos."
Si bien desde septiembre de 2013 –en función de lo dispuesto por el decreto que fijó el último mínimo no imponible en 15 mil pesos– no ingresan nuevos aportantes a Ganancias, la falta de modificaciones en las escalas hace que los trabajadores que sí pagan lleguen muy fácilmente a las alícuotas más altas. Eso explica que la presión tributaria sobre el salario haya aumentado considerablemente en los últimos años.
Según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) que analiza la evolución de la presión de Ganancias entre 2001 y 2014, para los casados con 2 hijos, la tasa efectiva tuvo un incremento de entre el 68% (para los salarios más altos) y 224% (para los sueldos medios). Esto se debió al "insuficiente ajuste de mínimos y deducciones y del congelamiento desde 2000 de los tramos de escala, en un contexto de alta inflación".
Las alícuotas del gravamen van del 9 al 35% del salario. En 2001 había que ganar 6,5 veces el mínimo no imponible para tributar la alícuota mayor (35%), pero según el documento de IARAF "en la actualidad se comienza a tributar con un ingreso neto equivalente a solamente dos veces los mínimos vigentes." Pero además, el informe señala que un trabajador de sueldo medio que "en 2001 destinaba solamente un 30% de su ingreso mensual al pago de Ganancias, en 2014 debió destinar un salario mensual completo (100%)". Este punto es uno de los más esgrimidos por el sector sindical para cuestionar el impuesto. El argumento es que "Ganancias se comió el aguinaldo."
El Impuesto a las Ganancias fue concebido como un gravamen progresivo. Quienes lo pagan son quienes más ganan (los perciben salarios más bajos que el mínimo no imponible no tributan). Además, cuanto más se gana, más se paga (hay una serie de escalas que establecen la alícuota que se descuenta, que va del 9 al 35 por ciento). Con esa recaudación, el Estado redistribuye la riqueza y realiza reinversión social.
Pero desde 2000 a esta parte el impuesto se fue distorsionando. Las modificaciones, tanto del piso como de las escalas, están sujetas a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo y hubo muchos años en los que el mínimo no imponible no se tocó, a pesar de la inflación, por lo que muchos más trabajadores fueron alcanzados por el impuesto. Las escalas directamente no se modifican desde 2000.
El Impuesto a las Ganancias a la cuarta categoría (la que comprende a los trabajadores) es fundamental dentro del esquema recaudatorio y eso, en parte, explica la resistencia oficial a modificarlo. Sin embargo, hay especialistas que aseguran que elevando el mínimo no imponible, cambiando las escalas y modificando la tabla de deducciones, Ganancias podría volverse más progresivo y recaudar un monto similar.
Pero más allá de la cuestión tributaria, la discusión para modificar Ganancias parece ser política. Por un lado, hay varios funcionarios del Poder Ejecutivo y legisladores del Frente para la Victoria que elaboran informes, acercan documentos y presentan proyectos al ministro de Economía, Axel Kicillof o al flamante jefe de Gabinete para intentar llegar a la presidenta y convencerla de los beneficios de lanzar una reforma del impuesto antes de dejar el poder en diciembre próximo.
Por un lado, se argumenta que no hacerlo ofrece a la oposición la posibilidad de utilizar los cambios en ganancias como parte de su plataforma electoral de cara a las presidenciales de octubre. Tanto Mauricio Macri como Sergio Massa prometieron modificar y hasta eliminar el gravamen de llegar a la primera magistratura. Hace sólo unos días, el tigrense "exigió" al gobierno nacional "que suspenda el cobro del impuesto a las ganancias porque si no lo que los trabajadores ganen en las paritarias, lo van a perder porque se lo va a robar la AFIP". Y agregó: "Creemos que es muy importante terminar con esta manía de que les roben desde el Estado a los trabajadores, con esta aspiradora de impuestos que tenemos en marcha."
Por otro lado, aceptar que es necesario modificar Ganancias –aun cuando sea con el envío de un proyecto de ley al Congreso, cosa que no implicaría una complicación inmediata en la recaudación– desarticularía la demanda sindical que, en un año electoral, podría complicar el panorama de conflictividad.
De hecho, los gremios del transporte están organizando un paro para el 31 de marzo próximo con Ganancias como principal reclamo y buscan sumar sindicatos que no sean del transporte pero que estén afectados por Ganancias, como el caso de La Bancaria. De todos modos, esa huelga podría perder fuerza si el titular de la CGT Azopardo, Hugo Moyano ratifica la suspensión que dio a la participación de la central obrera.
Quienes promueven la modificación al impuesto dentro del gobierno, no lo hacen como una concesión a los reclamos de los trabajadores, ya que estiman que ese no puede ser el principal pedido del sindicalismo.
Tiempo consultó a varios sindicalistas sobre este cuestionamiento y todos coincidieron en que Ganancias no es el único reclamo.
"Hay otros pedidos", dijo un dirigente que integra la CGT de Antonio Caló y detalló: "Que se vayan actualizando las asignaciones, pedimos por el trabajo en negro aunque no es una responsabilidad del sindicalismo."
"Ganancias está muy deformado como impuesto. Modificarlo es algo que subsanaría el malestar, ambicionamos a que haya una reformulación por ley que cambie la estructura actual", indicó el dirigente, quien remarcó: "Hay otras cuestiones que son importantes, pero este tema no se ha resuelto y viene acumulando tensión."
Desde el sector moyanista rechazan la hipótesis oficial de que el sindicalismo carece de una agenda de reclamos por fuera de Ganancias. Un dirigente cercano al líder camionero ensayó una explicación para el excesivo protagonismo de Ganancias entre los reclamos gremiales: "No creo que Ganancias sea el único reclamo. También se critican cuestiones de la política económica en general: la inflación, la falta de inversión, la pérdida de poder adquisitivo, etcétera. Pero todos esos temas se corrigen desde la política económica y hay muchos factores políticos involucrados para resolverlos. Ganancias, en cambio, depende solo de una medida. Es más cercana la solución."
El Impuesto a las Ganancias sigue encabezando la lista de reclamos de sindicalistas opositores y oficialistas. El gobierno, por ahora, no hará modificaciones aunque admite beneficios en hacerlo. La última palabra la tiene Cristina Fernández. 

Por Demetrio Iramain Prestigio y comodidad

El pretendido golpe judicial terminó en contragolpe popular. La contundencia del dictamen de Rafecas y la demostración en las calles de la fuerza social organizada que sostiene y protagoniza el gobierno del proyecto nacional, alteraron sensiblemente el escenario.
El rotundo cambio en el teatro de operaciones forzó algunos errores muy sintomáticos en el ámbito local. Y no sólo: si el discurso del premier israelí en Washington, en el que culpó sin ambages a Irán, quiso ser una ofensiva contra el gobierno argentino, terminó siendo una desmentida al presidente de nuestra Corte Suprema, para quien el atentado de 1992 es "cosa juzgada".
"¿Para qué quieren un juicio, si los diarios de todo el mundo ya publicaron que fue Irán?", transcribió Horacio Verbitsky la objeción del canciller de Israel, Avigdor Lieberman, a Héctor Timerman, en Naciones Unidas. La verdad, la memoria y la justicia merecen, sin dudas, otra respuesta.
El día después del discurso presidencial ante la Asamblea Legislativa, el columnista mayor del diario La Nación, Carlos Pagni, afirmó que "los tribunales de Comodoro Py y la Casa Rosada están embarcados en una negociación". La "prueba" de su tesis sería el propio discurso de Cristina, en el que "no habló de un golpe judicial" y le rebajó la gravedad al Partido de los Jueces porque "estaba integrado sólo por algunos".
Evidentemente, no piensa lo mismo el editor general del diario, en cuya portada del lunes 2 de marzo calificó el discurso de la mandataria de "durísimo ataque de la Presidenta al Poder Judicial y a Nisman".
Peor el juez Ricardo Lorenzetti: en su disertación durante el acto de apertura del Año Judicial, el presidente de la incompleta Corte Suprema repitió su habitual performance discursiva. Su oratoria plagada de ambigüedades y construcciones lingüísticas huecas, les dio títulos a los clientes mediáticos de ambos lados del mostrador.
Según Télam, "Hay que respetar las instituciones y la figura presidencial"; para Clarín, el juez de Rafaela le contestó a Cristina cuando dijo "No hay poderes ilimitados". Aunque, ¿no podría un distraído interpretar que estaba refiriéndose a los jueces que creen ilimitado su poder y cruzan sin ningún permiso constitucional la frontera de sus facultades, asumiendo para sí competencias políticas, impropias para el Poder Judicial y naturales de los otros dos poderes?
Los solemnes actos de inauguración del Año Judicial comenzaron en 2008, tras una Acordada del máximo tribunal que estableció retomar esa antigua práctica institucional del Poder Judicial, interrumpida en diciembre de 1955, tras el golpe de Estado que derrocó a Juan Domingo Perón. Se trata de actos públicos, con claro sentido político, y que contienen mensajes elípticos a los demás poderes de la democracia. Resulta un contrasentido que Lorenzetti reclame para los jueces su ajenidad de la política, su imparcialidad, el ascetismo de los poderes, y se mande estos actos, en los que la Corte confirma su intencionalidad política y pasa en limpio sus objetivos tácticos.
A propósito, a través de la Acordada 2/08, suscripta el 18 de febrero de 2008, la Corte decretó que los actos de Apertura del Año Judicial debían hacerse con posterioridad a la feria de enero y dentro de los primeros diez días hábiles de retomada la actividad, en febrero de cada año. ¿Por qué Lorenzetti, a contramano de su propia Acordada, hizo el acto el 3 de marzo y no durante las dos primeras semanas de febrero? ¿Será que el Partido Judicial creyó conveniente demorar el acto protocolar para que oficie de retruco al discurso de la presidenta ante la Asamblea Legislativa? ¿Qué dirían los defensores de la "calidad institucional" si Cristina hubiera adelantado para el 19 o 20 de febrero el acto de inicio de la actividad parlamentaria, y contrarrestara de hecho y en forma urgente la valoración política de la marcha de la mímica?
En rigor, Lorenzetti no respondió a la presidenta, sino que apenas se defendió con argumentaciones que sonaron a excusa. El juez evitó olímpicamente referirse al fallo de la Corte que una semana atrás había dejado impunes las torturas y vejámenes cometidos por jefes del Ejército en Malvinas, contra los soldados de la propia tropa, y en el que resultó beneficiado un oscuro subteniente del Ejército, vinculado a agentes de inteligencia. En cambio, abundó sobre la causa por la voladura de la embajada de Israel, de la que dijo que no podía intervenir debido a que era "cosa juzgada". Lo mismo argumentan los genocidas que resisten los procesos penales por delitos de lesa humanidad. Imposible que un hecho criminal de semejante envergadura pueda ser considerado "cosa juzgada" si aún no tiene un culpable, ni una declaración indagatoria, muchos menos una condena firme. Y si así fuera, ¿no correspondería reabrir la investigación, para aclarar los puntos todavía oscuros? Lo poco que avanzó la causa no logró determinar dónde fue escondida en los días previos al atentando la camioneta utilizada en la voladura (si es que la hubo, porque una pericia incorporada en la causa instruida por la Corte sostenía la teoría de la implosión), dónde fueron acondicionados sus explosivos, quién fue el supuesto suicida, cómo entró al país y quiénes volvieron operativo el plan terrorista.
Por lo demás, la perla negra del discurso de Lorenzetti ante la comunidad judicial fue cuando dijo que "los jueces nunca van a ser populares" porque los magistrados "no deben perseguir la aprobación de las mayorías momentáneas, sino el prestigio".
Sin embargo, ¿Por qué no pueden ser populares los jueces? ¿Quién lo dijo? ¿Dónde está escrito? ¿Por qué no deben proponerse ser como su pueblo, parecerse a él, interpretar sus frustraciones históricas y sus esperanzas colectivas? ¿Por qué sólo deben buscar el "prestigio"? ¿Cuál prestigio? ¿El de la academia? ¿El que prestan o alquilan los grupos de poder que tutelan desde hace décadas, la cultura, las ciencias, los premios, los congresos y seminarios que dan puntos a la hora de concursar por los cargos de juez o fiscal, los medios de comunicación, el mundo de las finanzas, la economía toda? ¿Por qué las mayorías populares pueden ser "momentáneas" y los cargos de los jueces y la composición societaria del gran capital, vitalicios?
Una tensión explica el presente de los argentinos: el "prestigio" que reclama para los jueces Lorenzetti no puede convivir con la "incomodidad" que a Cristina no le preocupa dejar como único legado al dirigente político que la suceda.  

EL GOBIERNO E INDUSTRIALES ARGENTINOS ATENTOS A LA DEVALUACION DE LA MONEDA BRASILEÑA Luces de alerta por la caída del real

Por Javier Lewkowicz
Cualquier novedad económica en Brasil también lo es en Argentina. Mucho más cuando se trata del valor del real, que es el precio de todos los bienes brasileños y de sus pares argentinos colocados en ese mercado. Por eso, la devaluación de la moneda del país vecino no pasa inadvertida para los industriales nacionales. Página/12 consultó a varios de ellos y la situación parece ser todavía de cautela y expectativa en función de que el movimiento cambiario no luce hasta ahora desmedido y por el efecto de protección que les brinda la administración de las importaciones.
El dólar en Brasil alcanzó ayer los tres reales. Desde fines de agosto, cuando el dólar estaba 2,24 reales, la depreciación fue del 34 por ciento. En los seis meses anteriores había experimentado una apreciación del 4 por ciento, lo que expone con claridad el cambio de tendencia. En tanto, la actividad industrial en el país vecino registró en enero una caída de 5,2 por ciento en la comparación anual y acumula en los últimos doce meses una baja de 3,5. El dato positivo es que frente a diciembre se verificó una suba de 2 por ciento. La situación cambiaria y de demanda de Brasil preocupa al gobierno nacional. En los próximos días viajará el secretario de Planeamiento Estratégico Industrial, Horacio Cepeda, para analizar los hechos con funcionarios brasileños.
Los industriales argentinos que venden en Brasil enfrentan el riesgo de perder competitividad y ser desplazados, mientras que los que atienden el mercado local observan qué pasa con las importaciones. Este último grupo, de todos modos, tiene la ventaja de contar con las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI), que en el mismo acto por el cual dificultan en el país conseguir un producto final importado, protegen a los trabajadores que se desempeñan en la producción local de ese bien.
“En el sector textil, Brasil tiene un PBI diez veces más grande que el nuestro. O sea que si quiere colocar acá el 10 por ciento de lo que produce, nos quedamos sin industria nacional”, explicó el presidente de ProTejer y director de la firma TN&Platex, Jorge Sorabilla. “Por un lado, Brasil en los últimos años estuvo perdiendo participación en el mercado local a manos de China, de modo que el efecto de la modificación cambiaria no es tan fuerte como era antes. Pero las DJAI, que administran el comercio importado, están siendo filtradas por medidas cautelares que otorga la Justicia. El Gobierno trata de utilizar las divisas, que son escasas, para traer lo que el país no produce y necesita para generar más trabajo, e intenta no importar cosas que generan desempleo. Las cautelares producen un efecto distorsivo importante, que sumado a la devaluación de Brasil puede ser una tormenta perfecta”, agregó Sorabilla.
Uno de los sectores más integrados a Brasil es el autopartista. Fabio Rozenblum, titular de AFAC, que nuclea a las empresas argentinas del rubro, aclara que “lo que pasa en Brasil siempre tiene impacto, pero las decisiones en el sector automotor no se toman de un día para el otro, y no se modifican por cuestiones cambiarias que se dan en un período tan corto. Hay inversiones ya realizadas, modelos exclusivos en cada país, cuestiones que dan estabilidad. Igualmente, si la tendencia se profundiza y termina impactando en el precio comparado de los autos, tendrá efecto sobre la demanda y, en última instancia, sobre los autopartistas”. En el mercado de reposición, advirtió, el efecto del tipo de cambio es más rápido. “De cualquier manera, hay que ver si la devaluación cambia los precios relativos o si, como sucede acá, genera rápidas subas de costos que impiden que el efecto se sienta en la competitividad”, advirtió.
“Brasil es nuestro primer origen de importación, el año pasado entraron cerca de 7 a 8 millones de pares de calzado. Todavía no advertimos algo que nos alarme, pero lo vemos con cuidado”, dijo Horacio Moschetto, de la Cámara de la Industria del Calzado (CIC). “Su devaluación todavía no los hace tan competitivos, están más o menos igual que nosotros, también han tenido inflación interna. Pero si esta tendencia se siguiera acentuando, lo veríamos con preocupación. También hay que aclarar que el control del comercio funciona, que el año pasado la entrada de calzado brasileño fue importante pero pareja, sin sobresaltos”, agregó el empresario.
Gerardo Venutolo, presidente de Adimra, explicó el efecto para las pymes con filial en Brasil. “Si la competencia allí es con empresas de otros lugares, estamos en igualdad de condiciones. En caso de que haya producción brasileña en el rubro, hay complicaciones. Pero sobre todo hay un efecto financiero: desde acá se hace la factura en dólares, se vende en reales y se cobra de vuelta con varios meses de atraso en divisas, ahora con una diferencia negativa por la devaluación del real. Es decir que las empresas pierden capital de trabajo por sus filiales en Brasil”, indicó el metalúrgico.