La supremacía de la Constitución Por Eduardo Barcesat

El último tramo del discurso presidencial estuvo destinado a la cuestión del Poder Judicial, la división de poderes y la supremacía de la Constitución Nacional, precedido por un examen de la actuación de la justicia nacional en el conocimiento y decisión –palabras con que el art. 116 de la C.N. define la función jurisdiccional–, en lo que atañe al juzgamiento de los dos atentados terroristas genocidas que ensombrecieron la vida institucional argentina: la voladura de la Embajada del Estado de Israel y la voladura de la sede de la AMIA, con sus muertos, heridos y daños materiales.

"El mérito mayor de los jueces es saber mantenerse en los límites de sus potestades regladas por la Constitución Nacional".

El primer mérito de este enfoque es haber incorporado el atentado contra la sede de la Embajada de Israel, hecho que lleva 23 años y cuya investigación, a cargo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no ha arrojado la más mínima luz sobre los autores materiales y de escritorio del atentado terrorista genocida. Dicho del modo más simple, un fracaso jurisdiccional y del que –pareciera– nadie se ocupa ni hace cargo. 

El tramo de la alocución presidencial institucionalmente más valioso, destinado a la actuación del Poder (¿o partido?) Judicial, fue encabezado por la mención a la doctrina de la división de poderes, a los pesos y contrapesos entre las incumbencias constitucionales de los tres poderes, el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, poniendo de relieve que no es la función de los jueces el sustituirse en las decisiones de los otros poderes sobre la conveniencia y oportunidad de las leyes y decretos que emiten el Congreso y la Presidencia de la Nación, sino que el mérito mayor de los jueces es saber mantenerse en los límites de sus potestades regladas por la Constitución Nacional.

No se cuestiona la facultad, última razón de la función judicial, de controlar la constitucionalidad de los actos de los otros poderes, sino el desborde usurpativo de hacer prevalecer sus intereses propios, o de los sectores de poder económico y comunicacional que integran y representan, sustituyendo a las autoridades electas por la voluntad popular. Está en juego el deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional (art. 36, C.N.), que no sólo puede ser afectada por un golpe de Estado militar, sino también por trasgredir el Poder Judicial los límites reglados de sus potestades constitucionales, asumiendo decisiones político-institucionales de mayor envergadura, para llevar a un "gobierno de los jueces" no votado por nadie.

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EL GOBIERNO ENVIA AL CONGRESO UN PROYECTO PARA VOLVER A CREAR LA EMPRESA FERROCARRILES ARGENTINOS Trenes que van camino a ser de nuevo estatales

Por Sebastián Premici

El gobierno nacional enviará al Congreso un proyecto de ley para (re)crear la empresa Ferrocarriles Argentinos, Sociedad del Estado, que tendrá a su cargo la gestión del transporte de pasajeros de corta, media y larga distancia, como también el manejo de toda la infraestructura del transporte de carga. La iniciativa parlamentaria representará el último eslabón dentro de una serie de decisiones administrativas cuyo objetivo último ha sido la estatización del sistema ferroviario, luego de ocurrida la tragedia de Once. El primer paso se dará hoy con la publicación en el Boletín Oficial de una resolución del Ministerio de Interior y Transporte a partir de la cual las operaciones del Mitre, San Martín, Belgrano Sur y Roca, que están en manos de los privados Roggio y Emepa, pasarán al Estado nacional. A su vez, en los próximos días, el Poder Ejecutivo firmará un decreto a través del cual recuperará toda la infraestructura de carga privatizada en la década del ’90.

“¿Sabén qué día es hoy?”, preguntó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner durante su discurso en la apertura de las Sesiones Ordinarias del Congreso. La respuesta vino desde uno de lo palcos. “¡Es el Día del Ferroviario!”, gritó un trabajador. “Es verdad, es el Día del Ferroviario –retomó su discurso CFK–. También hace 67 años Juan Domingo Perón tomaba la decisión de nacionalizar los ferrocarriles. Por eso enviaré al Congreso un proyecto de ley para recuperar la administración de los ferrocarriles argentinos”, sostuvo la mandataria, interrumpida luego por los aplausos de la bancada del Frente para la Victoria y los militantes ubicados en los distintos palcos del Palacio.

Luego de la tragedia ferroviaria en la que murieron 51 personas, el Gobierno decidió romper la inercia en el manejo de los ferrocarriles, caracterizada por la falta de inversiones por parte de las empresas privadas y la ausencia de controles por parte del mismo Estado. La recuperación del sistema ferroviario fue paulatina. A través de la Sociedad Operadora Ferroviaria (Sofse) y la Administración de Infraestructura Ferroviaria (ADIF), el Gobierno comenzó a invertir en nuevas vías, trenes, señalamiento, medidas de seguridad. A su vez se hizo cargo de los sueldos de los trabajadores de las líneas metropolitanas.

El rol de los privados quedó circunscripto a la operación diaria. Desde febrero del año pasado, el grupo Roggio había quedado a cargo del Urquiza, San Martín y el Mitre, mientras que Emepa quedó a cargo del Belgrano Norte, el Roca y el Belgrano Sur. “Establecimos reglas claras para las empresas operadoras y ahora van a tener que demostrar que son eficientes. Cuando no cumplan serán sancionadas y, de ser necesario, el Estado se hará cargo del servicio”, había reconocido a este diario un colaborador cercano de Florencio Randazzo, ministro de Interior y Transporte.

El caso del Sarmiento es paradigmático, no sólo porque fue la línea donde ocurrió la tragedia de Once, sino porque sirve para explicar los pasos paulatinos del Estado hasta llegar a la recuperación total del sistema ferroviario. Tras la salida del Grupo Cirigliano, el Gobierno le otorgó la operación al consorcio de empresas formado por el Grupo Roggio y Emepa, bajo el paraguas de la Sofse. Sin embargo, tras un nuevo accidente en ese ramal, en octubre de 2013, el Estado les quitó la operación a los dos privados y tomó el control completo de la operación. Pero las empresas Metrovías (Roggio) y Ferrovías (Emepa) continuaron con la gestión del Mitre, San Martín, Belgrano Sur y Roca. Hasta hoy.

“La línea San Martín tuvo un incremento de gastos en 2014 –que cubre el Estado– de 77 por ciento, el Roca, un 27 por ciento, el Belgrano Sur, un 56 por ciento y el Mitre, un 51 por ciento. ¿Saben cuánto aumentó el costo del Sarmiento, que es manejado por el Estado? Un 17 por ciento. El ahorro con la eventual estatización de las líneas aún administradas por el sector privado será de 415 millones de pesos adicionales”, explicó la Presidenta. La renovación de las flotas que circulan por el área metropolitana le insumió al Estado una inversión de 1200 millones de dólares. “Un candidato presidencial salió a decir que compartía todas las banderas del justicialismo. Si comparte esos principios, calculo que su bancada acompañará el proyecto de ley”, agregó CFK. Estaba hablando de Mauricio Macri. El diputado Federico Pinedo (PRO) respondió a la ironía de la mandataria con el gesto de los dedos en V. El senador Diego Santilli, de historia peronista, reía.

La empresa Ferrocarriles Argentinos, Sociedad del Estado, será el nuevo paraguas legal y operativo para la gestión de las líneas metropolitanas y también el manejo de la infraestructura del transporte de cargas. Las privatizaciones de la década del ’90 también significaron la entrega de la infraestructura básica de esos servicios, como, por ejemplo, las vías. En este sentido, el Ejecutivo dictará un decreto para recuperar esa infraestructura con el objetivo de tomar decisiones estratégicas sobre el transporte de carga. La operación diaria seguirá en manos de los privados, pero el Estado tendrá un mayor control.

Es decir, el proceso llevado adelante por el Gobierno en el transporte de pasajeros será replicado ahora para el transporte de carga. “El Belgrano Cargas volverá a circular por todo el interior del país, lo cual permitirá mejorar la economía de los productores argentinos”, concluyó Fernández de Kirchner.

spremici@pagina12.com.ar

A TODO TREN El Gobierno ordenó rescindir los contratos de explotación de los ferrocarriles

En los considerandos de la resolución de la cartera de Interior y Transporte se destaca que la medida se adoptó "teniendo en cuenta la mejora notable en la calidad del servicio prestado en la línea Sarmiento desde que el propio Estado Nacional asumió la prestación directa de dicho servicio, a través de la sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado, habiendo entonces demostrado el gobierno nacional que el Estado puede gestionar de manera eficiente".

También se indica que la decisión fue tomada debido a que "los operadores de las líneas Mitre, General San Martín, Belgrano Sur y General Roca no han prestado un servicio acorde a los objetivos previstos en los Acuerdos de Operación suscriptos oportunamente".

Ayer, en su último discurso ante la Asamblea Legislativa, Cristina afirmó que la medida es para "mejorar la eficiencia" del servicio y no está motivada "por ningún afán estatizador".

EL FALLO DE RAFECAS, LA MUERTE DE NISMAN Y EL ACTO DE HOY DE CFK La escena invertida

Por Horacio Verbitsky

Al desestimar la denuncia del extinto fiscal Natalio Alberto Nisman contra la presidente CFK, su canciller Héctor Timerman y el diputado nacional Andrés Larroque, el juez Daniel Rafecas desconcertó a tirios y troyanos, que no esperaban un pronunciamiento tan rápido y categórico. El editor general de Clarín, Ricardo Kirschbaum, cuestionó que Rafecas sólo hubiera encuadrado al falso agente de inteligencia Allan Bogado y por “tráfico de influencias”. Le pareció “poco para tanto revuelo”. ¿No será al revés, que se había armado un enorme revuelo en torno de tan poco? Esa inversión de los términos fue el concepto central de una columna publicada aquí el martes, por Verónica Torras, quien llegó al hueso de la operación en desarrollo desde el 14 de enero: inculpar por la muerte del fiscal al gobierno que asumió las consignas del movimiento por los derechos humanos y reclamarle justicia contra la impunidad, incluso con la movilización en las calles. Recomiendo leer ese texto porque es la reflexión más profunda vertida hasta el presente sobre el tema, y para compensar que le tomo prestado el título (http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/266790-71676-2015-02-24.html).

Para el sin duda bien intencionado columnista Alberto Amato, “en la Argentina, cuando un crimen roza al poder, queda impune”. ¿Sí? En pocos países más que en la Argentina los crímenes del poder están siendo castigados: desde Videla a Pedraza, de María Soledad a Cabezas y Marita Verón, de Río Tercero a Once y Cromañón. La única excepción han sido los crímenes del poder permanente, económico, eclesiástico, judicial o de Inteligencia. Hasta eso comenzó a cambiar, con el enjuiciamiento de Martínez de Hoz, Carlos Pedro Blaquier, Jimmy Smart, Oscar Justo Laguna u Otilio Romano, las sanciones al Banco Macro, las investigaciones sobre el HSBC, la disolución y la purga en la SI. Entonces todas las furias se desataron sobre el gobierno que lo consintió o lo impulsó. Además es asediado desde afuera por su posición inédita frente a los acreedores externos y los auditores financieros, su independencia en las relaciones internacionales que va desde el eje en el bloque sudamericano a la alianza estratégica con China y la búsqueda de acuerdos con Rusia.

La resolución del juez Rafecas comienza a poner en orden la escena que en los últimos cuarenta y cinco días se trastocó en forma brutal. El Gobierno no esperaba este desenlace porque maltrató a Rafecas cuando con la misma independencia aceptó la solicitud del fiscal Carlos Rívolo de allanar una propiedad del vicepresidente Amado Boudou. Un sector del radicalismo tampoco le perdona la investigación sobre la ley Banelco. En cambio lo respaldaron los organismos defensores de los derechos humanos, que lo reconocen por su tesis de doctorado sobre la tortura y por sus sistemáticas investigaciones sobre los crímenes cometidos en la Zona de Seguridad del Cuerpo de Ejército I, y las organizaciones de las colectividades armenia y judía, por sus estudios y libros sobre ambos genocidios. Eso frustró su destitución y no el presunto negociado con Eduardo de Pedro que le atribuyó Elisa Carrió, quien sustituye con tales ensueños la carencia cada día más evidente de buena información sobre lo que sucede, hasta llegar a la fantasía de un autogolpe que se daría hoy en el Congreso con apoyo militar. Al mismo tiempo que procuraba expulsar a Rafecas, el Gobierno propuso la designación como juez federal del coleccionista de parafernalia nazi Luis Osvaldo Rodríguez, para lo cual desdeñó la muy fundada impugnación del CELS. Integrante de la escudería Stiuso que administra Javier Fernández, Rodríguez es uno de los jueces que hoy acosan al Gobierno con causas disparatadas, como la imputación contra la procuradora del Tesoro de la Nación, Angelina Abbona, por cumplir con su deber de abogada del Poder Ejecutivo, que es defender a quien lo ejerce, ante la acusación de Nisman por un acto de gobierno. Peor aún, en torno de Rodríguez gira la maniobra en curso para desplazar a la fiscal Viviana Fein de la investigación por la muerte del fiscal y enfangar el expediente en el fuero federal, a partir de una causa previa por amenazas que está radicada en su juzgado. Rodríguez también tiene un expediente contra el propio Rafecas, por haberse atrevido a investigar el uso de los dineros de la ex SIDE para pagar los votos que hicieron ley la precarización laboral, y que el actual gobierno derogó. Rafecas se enterará hoy de que su resolución postergó una conferencia de prensa de los peritos designados por la exposa de Nisman, Sandra Arroyo Salgado, para la que los policías bonaerenses Osvaldo Raffo y Daniel Salcedo ya habían comenzado los contactos con periodistas. Raffo fue el perito forense que en 1977 certificó que ni Jacobo Timerman ni Jorge Rubinstein habían sido torturados y en 1984 declaró ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas que quienes torturaban a sus víctimas no eran los policías sino los guerrilleros, de lo cual no recordó ni un ejemplo. El informe que ambos pensaban entregar a la prensa aseguraba que la escena de la muerte fue adulterada para ocultar que a Nisman lo asesinaron. Sobre esa base, el juez federal Rodríguez pediría la inhibición de su colega del fuero ordinario Fabiana Palmaghini. Máximo Rosconi, defensor de Diego Cerebrito Lagomarsino, el acompañante de los tours internacionales de compras electrónicas de Nisman en Chile, con ingreso sin aduana garantizado por Antonio Stiuso, participó en forma inusualmente activa en la declaración testimonial de Sergio Berni. Lo interrogó como si fuera un imputado, con repreguntas impertinentes para un testigo. Estuvieron cerca de pasar a los golpes. En apariencia buscaba la declaración de nulidad del primer tramo del expediente. Pero en su infatigable recorrida de medios, el también defensor de Carlos Menem insiste en que no se trató de un suicidio. Esa hipótesis no necesariamente favorece a su cliente (que se convertiría en sospechoso de un crimen) pero encaja con el operativo de traspaso al fuero federal. “Rafecas no sabe que los partió al medio. Por eso lo único que se veía el viernes en televisión y en los portales de noticias era la fiesta de Boca con el debut del otro Daniel Osvaldo y si el vestidito es crudo y dorado o azul y negro”, ironiza desde su despacho judicial alguien que ni forma parte de Justicia Legítima ni se resfrió el jueves 18. “Ahora están pendientes de cualquier cosa que diga CFK sobre el fallo, para volver a la carga”, agrega.

Nunca es demasiado tarde para que los gobernantes aprendan que un juez serio y decente como Rafecas es algo que no tiene precio.

Sobres lacrados

Alberto Adrian María Gentili, el amigo que Nisman proponía todos los años para cubrir sus licencias, quedó a cargo en forma interina hasta la designación del equipo que lo reemplazaría. Los empleados de la fiscalía le informaron que Nisman había dejado dos versiones de un mismo escrito, listo para su presentación. Después de leerlo, Gentili ordenó guardarlo dentro de un sobre lacrado en la caja fuerte y entregárselo a quien o quienes se hicieran cargo de la fiscalía especial. Se trata de la solicitud al Poder Ejecutivo para que pidiera la intervención del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Así esperaba conseguir la cooperación judicial que la República Islámica de Irán se negaba a prestar para que pudieran ser indagados sus nacionales, cuya captura el propio Nisman había pedido en 2006 y que fue el origen de las famosas alertas rojas de Interpol. La secretaria de la Unidad Fiscal, Soledad Castro, certificó en un acta del 20 de febrero que el fiscal había firmado esos documentos en diciembre de 2014 y rubricado sus últimas fojas en enero de 2015 “sin precisar el día”. Rafecas consignó en su resolución el asombro que le produjo constatar que Nisman formula allí una valoración positiva de los pasos que la presidente dio en el tema hasta septiembre del año pasado, es decir un año y nueve meses después de la firma del Memorando de Entendimiento. Si bien Nisman entendía que, a raíz de la negativa iraní a la extradición y al juicio en un tercer país, ese tratado bajaba las exigencias iniciales, no consideraba que su firma constituyera un crimen tipificado en el Código Penal, según sostendría pocos días después, el 14 de enero de este año. “Ante lo expuesto, estimo prudente no formular aquí comentarios” escribió con cierto pudor Rafecas.

Este mecanismo se repite varias veces a lo largo de su resolución: para Rafecas la prueba de que no hay delito en el accionar oficial la suministra el propio Nisman, en “una suerte de refutación a sí mismo”. El juez cita por lo menos tres veces en las que Nisman afirma que el Acuerdo no entró en vigor, por lo cual no tuvo efectos jurídicos, “incluyendo los efectos penales”: en las fojas 16, 121 y 180 de su autocontradictoria acusación.

De frente y de perfil

Del mismo modo, el testimonio de José Ricardo Eliaschev ante Nisman refuta la nota periodística por la que fue citado. En el diario Perfil escribió haber visto un documento interno del gobierno persa en el que se afirmaba que la Argentina había perdido interés en el esclarecimiento de los atentados y prefería mejorar sus relaciones económicas con Irán. Pero como testigo dijo algo “claramente distinto”. En “esta declaración juramentada, de ser cierto lo que el ‘paper’ decía, de haber sido correctamente interpretado por el funcionario iraní de su contraparte argentina y de haber sido correctamente traducido del farsí al inglés, el contenido del mismo no revela nada en sí mismo sustancial: la Argentina querría ‘dar vuelta de página’ en las relaciones bilaterales, y para ello, correspondería –dice el “paper”– avanzar en un acuerdo importante”. Nada más que eso.

Basado en la denuncia de Nisman, el fiscal Gerardo Pollicita presentó el requerimiento de instrucción. Rafecas dejó constancia de que Pollicita se basó pura y exclusivamente en la denuncia de Nisman, lo cual puede ser una manera sutil de señalarle que con una simple instrucción preliminar hubiera podido arribar a la misma desestimación que él. Parte de ese camino lo recorrió el propio Rafecas. En una de las escuchas, el falso influyente Bogado se jacta ante su interlocutor musulmán de haber participado en las negociaciones sobre el Memorando de Entendimiento en Ginebra y de haberse reunido por la misma razón con personas de la colectividad judía en Nueva York. Pero “este personaje no registra una sola salida del país en los últimos diez años”, dice Rafecas. El juez también señaló un aspecto menos conocido del dictamen del fiscal Pollicita: “La claridad expositiva y la precisión en la definición de la hipótesis que ha delimitado en su escrito” fijó “el núcleo de la imputación”, lo que permite “despejar cualquier tipo de especulación y conjetura en este punto, sobre todo atendiendo la resonancia e implicancias que la denuncia ha concitado en la opinión pública nacional e internacional”. Pollicita circunscribió la investigación del presunto plan delictivo al señalar acciones concretas que habrían realizado la presidente y los demás imputados para “liberar de responsabilidad a los iraníes”. Una es la creación de una denominada Comisión de la Verdad, según Nisman “con facultades para asumir funciones de carácter estrictamente judicial en reemplazo del juez natural de la causa y del representante del Ministerio Público Fiscal”. Otra, la notificación a Interpol para que levantara “las circulares rojas”. Como la Comisión nunca se creó, las alertas rojas no se levantaron y la Argentina hizo todo lo que estuvo a su alcance para que siguieran en efecto, no hay delito, ni siquiera en grado de tentativa, concluye el juez.

Gente de palabra

Si Pollicita apela la resolución de Rafecas, la decisión quedará en manos de una de las dos salas de la Cámara Federal: la I, integrada por Eduardo Farah, Jorge Ballesteros (quienes sin mencionar un solo precedente consideraron inconstitucional el Memorando de Entendimiento con Irán) y Eduardo Freiler, o la II, que integran Horacio Cattani, Martín Irurzun y el mismo Farah, a quien la escudería Stiuso colocó sobre el filo de ambas salas para que tenga una visión más completa del panorama. En forma paralela proseguirá la investigación sobre la muerte de Nisman. A 45 días del disparo, no hay evidencias irrefutables de que se haya suicidado, pero menos aún de que lo hayan muerto. Sin embargo, buena parte de la oposición judicial y mediática afirma sin dudar que se trató de un asesinato y atribuye la responsabilidad al gobierno. “Magnicidio institucional”, sentenció Nelson Castro, quien el jueves agregó que si Nisman estuviera vivo, Rafecas no hubiera cerrado tan pronto el caso contra la presidente, lo cual a su juicio prueba a quién le convino la muerte del fiscal. Su colega Eduardo Van der Kooy fue más allá: sin molestarse por las fuentes ni por el encadenamiento lógico, atribuyó el hecho a “un comando venezolano-iraní (con adiestramiento cubano)”. Joaquín Morales Solá esboza dos interpretaciones: o “sicarios iraníes” o “una dramática conclusión de su denuncia contra el gobierno argentino”, en cuyo caso la “eventual lista” de víctimas adicionales “podría ser más extensa aún y no agotarse ni siquiera en funcionarios judiciales”. El ex procurador fiscal ante la Corte Suprema desde el menemismo hasta su reciente jubilación, Luis Santiago González Warcalde, afirmó que fue “un crimen” en razón del trabajo de un hombre al que el gobierno nacional dejó “abandonado y solo”. Para el sociólogo Marcos Novaro la marcha del 18 de febrero “despertó el rechazo compartido a que la política recurra a la muerte de los adversarios”. La indiferencia por los hechos define los alcances de una neurosis colectiva que afecta al sector de la sociedad que ellos representan o del que provienen.

Otra voz muy distinta se escuchará hoy cuando la presidente inaugure el último período de sesiones de su segundo mandato, acompañada por una movilización que se preparó con esmero. La sanción durante el período de sesiones extraordinarias de la nueva ley de Inteligencia que ilumina uno de los sectores más oscuros del Estado, invierte el principio de secreto por el de transparencia y procura obstruir la relación promiscua entre los servicios y la justicia; la reformulación ministerial ya sin el irresponsable triturador de papel impreso; la incorporación de dos militantes de distintas generaciones como Daniel Gollán y Eduardo De Pedro y la revalorización de la eficiencia en la jefatura de gabinete; la apertura de los concursos públicos para 82 frecuencias de televisión digital en la Zona Metropolitana de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Tucumán, Resistencia, Formosa, Comodoro Rivadavia y Santa Fe, postergada desde el alejamiento de Gabriel Mariotto de la autoridad regulatoria, muestran la decisión de gobernar hasta el último día del mandato presidencial. Además de los anuncios de políticas sociales se esperan también definiciones políticas de la presidente, en una escena que vuelve a su normalidad luego de un mes y medio de desquicio. El martes, dirá lo suyo el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, sobre quien arrecian las presiones para que arroje nafta al fuego con un pronunciamiento recondiano sobre la independencia judicial. El mismo día, el primer ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, hablará en el Congreso de Estados Unidos. En 2012, Netanyahu formuló una dramática declaración ante las Naciones Unidas, ilustrada con el rústico dibujo de una bomba, según la cual Irán estaba a sólo un año de construir su primer explosivo nuclear y reclamó acciones para impedirlo. Pero un documento secreto del Mossad, filtrado a la cadena de televisión Al Jazeera y al diario inglés The Guardian lo desmiente. Pocas semanas después del mensaje de Netanyahu, la propia Inteligencia israelí informó a Sudáfrica (de donde proviene la filtración) que Irán “no está realizando las acciones necesarias para producir armas”. El 17 de marzo Netanyahu arriesgará su cargo en las primeras elecciones en muchos años que pueden poner límite a la derechización total del “Estado Nacional Judío”, según la ley que priva de derechos a la minoría árabe, cuya sanción hace cien días hizo trizas la coalición gobernante y forzó la convocatoria electoral. En su mensaje del martes en el Capitolio Netanhayu cuestionará al presidente Barak Obama y la negociación nuclear del grupo 5+1 con Irán, que debe culminar con un acuerdo final en junio. Nisman no ignoraba estos cambios en el escenario internacional, que ya no es el de sus años de gloria.

EL PAIS El mito de las escuchas

Por Irina Hauser & Raúl Kollmann

Las escuchas telefónicas que parecían la prueba clave y más alarmante de Alberto Nisman en la teoría del encubrimiento del caso AMIA resultaron un fiasco. Así se deduce del fallo de Daniel Rafecas que desestimó la denuncia del fiscal por inexistencia de delito. Las escuchas habían sido presentadas para justificar la imputación a Cristina Kirchner, Héctor Timerman y un grupo de operadores en una supuesta maniobra para dejar impunes a los iraníes sospechosos de participar en el atentado. Pero lo que muestran esas conversaciones es que ése era sólo un deseo de Irán y sus cultores, que algunos de los que hablan no son lo que dicen ser, y que los funcionarios acusados no sólo no participan de las llamadas sino que son aludidos de las formas más disparatadas pero ninguna que los señale cometiendo un delito.

Quizá el ejemplo más nítido sea la forma en que el operador islámico Yussef Khalil y el falso espía Allan Bogado hablan de Timerman, a quien se refieren como “este ruso de mierda se mandó alguna”, “no cumplió”, “imaginate cómo está tu amigo Timerman ahora con su comunidad (...) no la entiende” (esto, el día después de la firma del Memorándum para sentar a los iraníes ante el juez). O sea, el canciller para ellos era un obstáculo, no una ayuda. Bogado, que se presentaba como hombre de la Secretaría de Inteligencia con capacidad de hacer gestiones, proveer información y viajar al exterior para investigar el caso AMIA, no era agente ni había salido del país en la última década. Tanto Khalil como otro de los interlocutores, Fernando Esteche, hablan sabiendo que tienen el teléfono intervenido, por lo tanto es dudoso que hablen muy en serio.

La denuncia original de Nisman, impulsada por Gerardo Pollicita, planteaba la existencia de una supuesta maniobra para dar impunidad a los iraníes en la causa AMIA motorizada por la Presidenta y el canciller Timerman, con la colaboración del operador pro iraní Khalil, el dirigente de Miles Luis D’Elía, el de Quebracho Fernando Esteche, el diputado Andrés Larroque, el ex juez Héctor Yrimia y el espía trucho Bogado. Nisman presentaba a estos dos últimos como agentes de la S. I., lo que el organismo desmintió. Decía que todo ese grupo urdió gestiones para la creación de un órgano llamado “Comisión de la Verdad” en la aplicación del Memorándum de Entendimiento, que según Nisman buscaba impunidad y no indagar a los iraníes; y que el gobierno argentino intentó que Interpol diera de baja a las circulares rojas que disponían la captura. Para Rafecas no hay delito porque el Memorándum nunca se aplicó, Irán nunca lo firmó ni existió la Comisión de la Verdad. Y que todas las gestiones argentinas ante Interpol fueron, al revés, para aclarar que las circulares rojas estaban vigentes.

¿Qué papel tenían las famosas escuchas? Para Rafecas, por su contenido, ni siquiera se puede decir que sus protagonistas estuvieran urdiendo un acuerdo y menos que respondieran a un plan criminal desde el Gobierno. A lo sumo, plantea, había deseos de operadores pro iraníes de que no avanzara el juicio contra los sospechosos. Y aun suponiendo que estuvieran tramando algo –como deducía Nisman– en “un sistema democrático” esos “eventuales actos de ideación” “no resultan punibles”. Rafecas igual analiza las conversaciones y sus aspectos más disparatados para mostrar la endeblez de la acusación. De los imputados por Nisman algunos ni siquiera aparecen hablando: ni Timerman, menos la Presidenta, y tampoco Larroque. El resto parecen personas que hablan en nombre de otros, en defensa del régimen iraní y/o del gobierno nacional, a veces devanean sobre cuestiones que nada tienen que ver con el caso AMIA, siempre jactándose de cargos o funciones de fantasía.

Los diálogos fueron tomados por Nisman de intervenciones a teléfonos de Khalil en el expediente del atentado a la AMIA. Khalil, un argentino de origen chiíta, tiene –según describe Rafecas– “una dependencia funcional” con Moshen Rabbani, el ex agregado cultural de Teherán en Argentina, con pedido de captura por el ataque. Khalil habla sabiendo que lo están escuchando y dice que su teléfono es “un colador” o “no me hagas hablar tanto por teléfono, boludo”. En noviembre de 2012 ironiza con Esteche: “Servicios de Inteligencia, Mossad, CIA, todos, déjenme hablar tranquilo con mi amigo Fernando Esteche, soy Yussef Khalil por favor les pido, no me corten el teléfono”. Todo esto, explica Rafecas, ya de por sí obliga a relativizar lo que Khalil habla.

Las charlas en las que es aludida Cristina Kirchner son tres, a partir la firma del Memorándum, el 27 de enero de 2013. Según la lectura de Rafecas, son comentarios “inocuos” que tienen algo que Nisman no dice: que los iraníes querían hacer negocios y el gobierno argentino “se mantenía inflexible” y sostenía las alertas rojas. La Presidenta es mencionada por Bogado, que se mueve como un proveedor de datos y gestiones a Khalil. Cuando hablan del acuerdo con Irán, Bogado dice que Timerman cumplía órdenes, obviamente de la jefa de Estado. “Orden, orden, orden, orden”, enfatiza. En el segundo diálogo con alguna referencia a ella, el 6 de febrero de 2013, Khalil le dice sobre el Memorándum: “Seguilo de cerca eso”. Bogado responde “sí, pero tranquilo, está cerrado muy arriba”. Khalil: “Seguilo igual yo sé por qué te digo... porque yo escucho del otro lado también vos escuchas de un lado”. Hay una llamada con D’Elía –quien hace gala pública de su apoyo a Irán– donde le dice a Khalil que había hablado con el ministro Julio De Vido y que había predisposición para “mandar a la gente de YPF” y que estarían “muy interesados en intercambiar lo de aquello por granos y carne”. Pero le habla de un problema político, en alusión al Memorándum y las órdenes de captura. Rafecas concluye que no existe ni la menor explicación sobre cómo se pide la indagatoria a la Presidenta, un delito tan grave como el de encubrimiento o su instigación.

Lo que se ve en las escuchas donde se habla de Timerman es sorprendente, porque se nota que a los operadores proiraníes les causa problemas, es una traba para ellos. Sobre un encuentro que Nisman le adjudica con su par iraní no surge de ningún lado que haya sido para negociar impunidad. Al revés, Timerman fue el que advirtió varias veces a Interpol que las circulares rojas sólo podía levantarlas su oficina local por orden judicial. Nisman lo ubica en una “diplomacia paralela”, Rafecas en una “diplomacia real”. Tras la firma del Memorándum Bogado le dice a Khalil: “Vos imaginate cómo está tu amigo Timerman ahora con su comunidad (...) no la entiende”. Khalil, en mayo, se refiere al canciller: “Hay un poco de desazón allá. No gustó algunas palabras que se dijeron eh, me parece que el ruso este de mierda se mandó alguna”. Rafecas remata que “no surge una sola mención, una sola referencia, una sola gestión, una sola participación, ni del canciller argentino ni de absolutamente nadie de la cartera que conduce”. En el caso de Larroque, explica que sólo lo mencionan en el contexto del conflicto palestino-israelí en noviembre de 2012. Ahí se reúne con Khalil y D’Elía, y según lo que surge de las escuchas es para pedir que no se sumaran a las marchas contra Israel. Pero Nisman entreveía un plan para exculpar a los iraníes.

Rafecas explica que D’Elía, aunque no era funcionario desde 2006, tenía acceso a despachos oficiales y era nexo con la comunidad islámica frente al conflicto palestino-israelí. En una llamada le dice a Khalil que tenía un mensaje urgente del Gobierno “muy grosso”. Por otra charla el juez deduce que pedía en una reunión de cancilleres que Irán se aveniera al anuncio de la Comisión de la Verdad y a poner fecha para que viaje el juez a Teherán. Pero Khalil ni siquiera lo toma en serio, además los iraníes querían levantar las capturas. Rafecas no le da relevancia. Al que también relaciona con la comunidad islámica es a Esteche. “Recibía un pago mensual desde la comunidad, por sus servicios.” Lo describe como una figura “polémica” que cumplió una condena recientemente y que, igual que Khalil, habla de que tiene intervenido el teléfono. Hay una sola conversación en la que le dice a Khalil: “Quieren construir un nuevo enemigo de la AMIA ... no van a poder decir que fueron los israelíes”. Para Rafecas son “afirmaciones falsas y delirantes”.

Esteche aparece como nexo de Khalil con el ex juez Yrimia, que fue fiscal adjunto del caso AMIA cuando fue el atentado. Khalil le cuenta a otro dirigente iraní que le dijo “quién es amigo de La Casa (en alusión a la ex SIDE) y quién no”. Pero el tema de la reunión parece que era otro: “recomponer la relación con la Iglesia Católica” y alude a Yrimia como el “operador político que tiene Francisco acá”. Nisman lo denunció como espía y la SI le dijo que era ajeno a ella.

Bogado, el otro falso espía, dice el juez que se mostraba como “alguien influyente con contactos en las más altas esferas del gobierno nacional”. Uno de los ejemplos más grotescos de sus llamadas es cuando quiere impresionar a Khalil y le habla de la salud de la Presidenta: “Tiene un coágulo, viste... casi seguro la operan (...) le cuesta reírse, viste, pero lo demás lo tiene controlado”. Era información ya vieja que había salido publicada en medios y portales con partes médicos. Bogado también hablaba de viajes a la Triple Frontera y negociaciones en Ginebra, pero Migraciones no registra su salida del país en la última década.

"DERECHO CAUTELAR DELIVERY" CFK: "El Partido Judicial se ha independizado de la Constitución"

La jefa de Estado hizo un apartado de su discurso para referirse a la "división de poderes" y en un tono similar al de la carta pública del 21 de febrero, en la que sostuvo que la marcha del 18 de febrero fue "la aparición inocultable del partido judicial", criticó la nueva medida judicial que impide el cumplimiento de la Ley de Medios "votada hace años por este Congreso".

"Se ha creado un derecho cautelar delivery en un sector del poder judicial, que se ha convertido en un partido. Hay que ser independiente del poder político, de los poderes concentrados, de lo que no puede ser nunca independiente el Poder Judicial es de la Constitución, de los código de forma y de los códigos de fondo", describió la mandataria y sentenció: "Últimamente el Partido Judicial se ha independizado de la Constitución, de las leyes, de los códigos y de todo el sistema de normas vigente".

La jefa de Estado señaló que de esta manera el "Partido Judicial sustituye lo que es una función específica del poder Ejecutivo y Legislativo", elegidos por la "voluntad popular". "Lo que se está pidiendo es que no se cree un forum shopping para impedir que se gobierne y que se cumplan leyes", sostuvo e insistió: "Las leyes tienen que poder aplicarse a los medios concentrados, esos que señalan lo que está bien y lo que está mal".

NISMAN VERSUS NISMAN "La denuncia de encubrimiento es un verdadero bochorno"

"¿Con cuál Nisman me quedo? ¿Con el que nos acusa de encubrimiento o con el que se dirigía a mí reconociendo todo lo que habíamos hecho?", se preguntó la mandataria en su último discurso ante la Asamblea Legislativa.