jueves, 19 de febrero de 2015

19 de Febrero de 2015 una marcha sin jóvenes

Anoche hubo bastante gente, y aunque es cierto que, sin el aguacero, los asistentes podrían haberse duplicado o triplicado, a nadie puede sorprender seriamente la masividad de una marcha opositora en un distrito donde el 70 % de la gente vota habitualmente alternativas antikirchneristas. 
En el pasado reciente, cuando esta misma oposición se recostó en consignas difusas o silencios abarcadores y descansó sobre el fabuloso aparato de agitación y propaganda provisto por el monopolio mediático, demostró que era capaz de sacar a la calle hasta medio millón de personas. No hay novedad en eso. 
Pero sí llamó la atención el corte generacional de los manifestantes. Prácticamente no hubo jóvenes. O, si estuvieron, fueron un porcentaje insignificante. La verdad es que la mayoría eran personas que superaban los 50 años. De allí para arriba. Este detalle, aunque desde la óptica de algunos analistas oficialistas se enfatice en el nivel socioeconómico de los movilizados, tratando de trazar analogías con hechos de la prehistoria nacional, es para tener en cuenta.
Porque la clase media no es un bloque homogéneo, como se pretende. Hay una porción de ella que apoya al gobierno y otro tanto que no lo hace. Sin embargo, la ausencia de jóvenes en la marcha que encabezó la "famiglia judicial" envalentonada en un intento por desestabilizar el gobierno democrático, es un dato político de enorme relevancia para comprender en profundidad lo que se jugó durante la jornada de ayer.
Decir que el país joven –conformado por los que lo son y los que se siente como tales– ha decidido desoír los mandatos conservadores, quizá sea exagerado. 
No lo es tanto afirmar que el kirchnerismo es más un proyecto político y cultural transformador que un programa clasista con aires redentores. 
Su prédica de todos estos años ha sido enfocada hacia esa franja juvenil como depositaria de valores que contradigan generacionalmente, con su frescura y vitalidad desprejuiciada, el sistema preestablecido por los poderes fácticos. 
La de anoche pudo hacer sido una escena catártica más de la oposición que no encuentra representación partidaria; pide libertad de expresión expresándose libremente en los medios de comunicación y “justicia” marchando con los fiscales reaccionarios del Poder Judicial que, cuando debieron impartirla en la causa AMIA y otras tantas, no lo hicieron. 
Pero habría que animarse a pensar también otra cosa: que haya sido una de las últimas fotos de la pelea entre lo que resiste a irse y lo que empuja por nacer.

ESQUIVANDO LA CÁRCEL María Julia sumó su cuarta condena

justicia justicia !!! Argentina! Argentina!!!

La exsecretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano durante el gobierno de Carlos Menem, María Julia Alsogaray, fue condenada a tres años y medio de prisión por realizar contrataciones irregulares para refaccionar el edifico donde funcionaba la secretaría, que encabezó entre 1995 y 1998. Fue el sexto proceso que enfrentó por corrupción y su cuarta condena, con una pena total de 14 años y medio de cárcel. Seguirá libre porque las condenas no están firmes.

Ah no, esto no importa no me dí cuenta....
GB

EL PAIS › OPINION Derechos, legitimidades y política

Por Mario Wainfeld
La jueza Sandra Arroyo Salgado, madre de las hijas de Alberto Nisman, encabezó la marcha. La acompañaron su hija mayor y Sara Garfunkel, la madre del fiscal cuya muerte violenta cambió el escenario y seguramente la historia por venir. Arroyo Salgado cree que fue un asesinato: intenta encaminar al juicio en ese rumbo. De momento las pruebas apuntan al suicidio, pero la instrucción dista de estar terminada o redonda.
Más allá de esa cuestión, que ojalá pueda develarse con pruebas rotundas, las familiares sufrieron una pérdida irreparable y atraviesan su duelo. Su padecimiento es genuino, su dolor digno de respeto. Ellas los creen causados por terceros: son víctimas.
La presencia al frente de los manifestantes repite una larga tradición argentina, cruel por cierto. Su costado valorable, que debe respetarse siempre, es el reconocimiento social a la especial legitimidad de las víctimas. En medio del furor polémico que rodea al 18F, sería injusto o algo peor valorar sus decisiones en base a criterios políticos convencionales, algo que sí les cabe a los promotores de la marcha y a quienes la fogonearon.
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Todo acto es seguido de una disputa por su interpretación, que incluye la del número de asistentes. Esta nota prescinde de intervenir, dando por hecho que fue una concurrencia masiva. Tal vez la lluvia pudo incidir algo, será materia de análisis contrafactuales. La marcha fue exitosa ya que cumplió con sus objetivos, tanto como con el ritual previsto: silencio, mechado solo con aplausos y entonaciones del himno nacional. Las figuras políticas participaron “mezcladas con la gente”, según el gracejo de la tele. No se dejaron ver pancartas partidarias.
Cada sector estimará un número, concordante con sus alineamientos y previsiones. Los concurrentes se habrán sentido multitud, complacidos y motivados. La cantidad desde ya excede en varios ceros a la que podrían interpelar los fiscales que la lanzaron.
Fue un acto opositor que eligió una modalidad serena y un estandarte común para aglutinar personas (un poco) diferentes.
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La presencia ciudadana en el espacio público es siempre política, amén de un derecho constitucional. Suponer que se puede movilizar, cortar calles o rutas o entrar en huelga sin “hacer política” es un sinsentido. Las movilizaciones forman parte del juego democrático, hacen a su esencia.
La intensidad de la participación no electoral es en promedio un gran activo de nuestro régimen político, aunque desde luego puede tener bemoles y contrapartidas.
Se congregó una multitud, el 18F dominó la agenda pública, “coleará” a futuro. Seguramente crecerán las demandas y presiones para la unidad de una fracción del espectro opositor, la que tiene mayor potencial de votos y hasta perspectivas para ganar en octubre. Ese reclamo, en parte ciudadano y en gran parte del establishment, será una cuestión cotidiana para los dirigentes y candidatos.
Clarín se jugó entero en la parada. Puso garra, corazón y aparato mediático, es uno de los promotores de la unidad. Como corporación, juega también en otro tablero, que es de la desestabilización lisa y llana. Ese cargo no debe trasladarse livianamente a la dirigencia política ni, mucho menos, a todos los manifestantes o a su mayoría.
Los protagonistas que se exponen ante las urnas recibirán un asedio formidable, que acaso les complique obrar en base a las reglas de su actividad, que deberían ser competir en buena ley, tratar de ganar y procurar revalidarse luego en las urnas.
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Los fiscales federales que gozaron su ratito de fama se leerán fortificados o hasta blindados. Jamás los ovacionaron así, jamás lo merecieron. Uno de sus primeros objetivos tácticos es conseguir que la causa que investiga la muerte dudosa de Nisman pase de la Justicia de instrucción a la federal. Lloverán presiones y descalificaciones sobre la fiscal Viviana Fein.
Otro dilema en ciernes es “cómo sigue” el 18F. Una experiencia autopercibida como exitosa “llama” a otra. Claro que no es fácil repetir una manifestación, sostener las mismas consignas y rituales. Nisman usado como estandarte opositor puede propiciar la idea de un 18M, pero hay que ver quién convoca, y si se sostiene el nivel de la concurrencia.
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En la intensa previa del 18F fue muy peculiar (el cronista no osa decir única, acaso haya algún precedente) la moción universalista de los que adhirieron. Proclamaron que “todos debían asistir”. Hubo una enorme cantidad de pronunciamientos a favor y en contra. Se polemizó en los medios, en las redes sociales, en Tribunales, aun en ciudades de países extranjeros. El reclamo de unanimidad es chocante o paradójico, para una mirada crítica o apenas sensata. Cuando hay política median, casi siempre, posiciones diferentes.
Se arguye que, dados los motivos proclamados del encuentro, nadie podía rehusarse. Es un simplismo o una tergiversación. La marcha construye su narrativa, pero se define especialmente por sus vanguardias y los ciudadanos que adhieren. Si hay política, hay quien gana terreno y quien lo pierde. Quien “pone el cuerpo” beneficia o damnifica objetivamente a protagonistas o actores políticos... incluso aunque no lo busque o no se percate.
Este cronista confía en la inteligencia de los ciudadanos, como tendencia. Imagina que el número de incautos o manipulados es mínimo: los que van saben por qué lo hacen. En esta Plaza o en cualquier otra.
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En ese sentido, interesa también la nómina de los que decidieron no marchar y lo difundieron. Dejamos de lado, pues, a los indiferentes o “no alineados”.
El oficialismo se negó, de cajón, porque sus oposiciones políticas y corporativas estaban al frente.
Los jueces y fiscales ajenos al cardumen avieso de Comodoro Py fueron muy sensibles a la trayectoria de los contados fiscales-vanguardia. Muchos se retrajeron. Justicia Legítima hizo punta a la hora de diferenciarse con buenos argumentos.
La izquierda sindical y política no aceptó el convite. Eligió, si nos permiten la licencia poética, una tercera posición. Diseñó su propio mapa, cuestionando al oficialismo ausente y a la oposición en marcha. Englobándolos.
También se definieron por la negativa personalidades críticas del Gobierno, pero muy sensibles al tufillo destituyente como el Premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel.
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Las agrupaciones de familiares de víctimas del atentado a la AMIA, que son las portadoras cabales del respectivo reclamo de memoria y justicia, volvieron a enfrentar a la dirigencia de la DAIA y la AMIA. La bifurcación es crucial, son legitimidades diferentes.
Memoria Activa, 18J y Apemia luchan contra el encubrimiento con congruencia y valor. Su constancia forzó el juicio oral que, por ahí, comenzará en julio. Ese encubrimiento, que incluyó pruebas sembradas y pago a declarantes falsos y otras lindezas, es un factor olvidado en los discursos de hoy. Puede decirse que a partir del dictamen de Nisman cunde una corriente para “indultar” tácitamente a los procesados, con Carlos Menem, Hugo Anzorreguy, Rubén Beraja y Jorge “Fino” Palacios a la cabeza. Y sobre todo para blanquear a sus aliados políticos o de organización. Las conexiones entre estos personajes y la oposición son patentes. La responsabilidad de la DAIA arde como una brasa.
A treinta días de la trágica muerte de Nisman ya se levantan quejas por la morosidad de la pesquisa judicial. Cuando se habla de la voladura de la AMIA a veces da la impresión de que todo empezó con el Memorándum de Entendimiento con Irán. Da bronca tener que reiterar que no es así, que la historia comenzó antes. La impunidad de un crimen se construye en los primeros días, meses, años como mucho.
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Una cantidad apreciable de los dirigentes que hicieron gala de su perfil bajo ayer (el oxímoron es válido porque denuncia hipocresía) jamás participaron en movilizaciones de repudio al atentado. Y menos en reclamo por el avance de la causa, pongámosle, avanzada por encubrimiento. Los archivos no macanean aunque la memoria flaquee.
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Los miles de ciudadanos que se congregaron ejercitaron sus derechos, que incluyen tener cualquier preferencia política. Las imágenes de ayer componen el repertorio democrático y así deben percibirse. Todo estará bien mientras la disputa transite por los carriles institucionales, aun con toda la sal gruesa del estilo criollo. Descifrar cómo impactó la marcha en otros sectores de opinión pública es un desafío para el Gobierno, que no debe descansar en prejuicios o lecturas simplistas.
Lo mismo vale para la oposición, que hasta ahora funge de furgón de cola: de las corporaciones o de una convocatoria que plasmaron un puñado de fiscales demasiado junados y los medios dominantes. Que, dicho sea de paso, ayer demostraron, sin querer queriendo, los altísimos niveles de libertad de expresión que hay en la Argentina.

CONTINUA LA ACCION PENAL CONTRA LA EX JUEZA PEREZ VARA Aunque ya sea una jubilada

 Por Lorena Panzerini
La Cámara Penal ratificó la continuidad de la acción penal contra la ex jueza de instrucción María Luisa Pérez Vara, quien antes de jubilarse quedó bajo la lupa por su "mal desempeño" en los inicios de la causa por el doble homicidio del empresario, sindicado narco, Luis Medina y su novia Justina Pérez Castelli, a fines de 2013. La decisión del juez Carlos Carbone llegó dos semanas después de que se realizara una audiencia oral y pública, a la que la magistrada jubilada no asistió por encontrarse "deprimida", según expresa el fallo. Allí, su abogado, Jorge Bedouret, apeló el rechazo a su pedido de que se extinga la acción penal por el pago voluntario de la multa que le impuso la Corte Suprema a la acusada, hace un año. Sin embargo, el camarista confirmó el fallo de primera instancia y la investigación sobre el accionar de Pérez Vara seguirá su marcha.
Su inesperada ausencia como jueza de turno, para iniciar las medidas investigativas tras el doble crimen cometido la madrugada del 29 de diciembre de 2013, en Circunvalación y Ayolas, generó la investigación sobre su accionar. Primero, fue en el marco administrativo, durante los primeros meses de 2014. En ese sumario, el máximo tribunal provincial resolvió sancionar a Pérez Vara con una multa que, tras ser apelada, fue ratificada por la Justicia. El 28 de febrero de 2014, la Corte le impuso una multa de casi 3 mil pesos, por no hacerse presente en la escena del crimen. Ella ya estaba jubilada. El pago, según el fallo de la Alzada, se efectivizó el 30 de octubre de 2014.
La causa llegó luego a la instancia penal. Pese a que debía declarar el 1º de octubre pasado ante el juez Correccional Héctor Nuñez Cartelle, por pedido de la fiscal Nº 4 Ana Rabín, lo hizo recién el 3 de noviembre. Allí, quedó imputada por "haber omitido cumplir con las obligaciones propias de la función de magistrada, generando inactividad en la producción de directivas y medidas de investigación específicas necesarias e imprescindibles para la elucidación, encontrándose de turno del 23 al 29 de diciembre inclusive". El delito que le cabe es el de "incumplimiento de deberes de funcionario público".
Frente a ello, su defensa pidió que se extinga la acción penal, ya que fue abonada dicha multa. En primera instancia se le negó el planteo, por lo que Bedouret apeló en la audiencia del 5 de enero pasado. Así, en un fallo del 11 de febrero pasado, el juez Carbone confirmó aquella resolución, por lo que la causa seguirá su curso.
El domingo que mataron a Medina y su novia, la entonces magistrada no respondió los teléfonos en horas de la mañana, apenas sucedido el hecho, ni en las horas siguientes. Por entonces, funcionarios policiales y un fiscal intentaron informarle del hecho pero no la encontraron. Luego, sus superiores del fuero penal intentaron contactarla y la magistrada alegó un problema de salud. Eso obligó a dejar la causa por el doble crimen en manos de Raquel Cosgaya, primero, y luego en el juzgado de Alejandra Rodenas.
El lunes 30 de diciembre, los camaristas Carina Lurati y Ernesto Pangia intentaron sin éxito ubicarla. "No ha sido posible contactarse. Siendo las 11.40 no ha concurrido al juzgado, como tampoco se ha podido establecer contacto telefónico", rezaba parte del informe de la Cámara. Más tarde, Pérez Vara se comunicó con la camarista Carina Lurati para informarle que "el celular de turno desde el sábado estaba en el juzgado, que no lo tenía consigo y que estaba enferma". Lurati le ofreció enviarle un médico a su casa para que tomara licencia por enfermedad, pero ella se negó. En su despacho, sólo se encontró la caja con el cargador del celula

ATENAS PIDIO PRORROGAR EL CREDITO, PERO SIN AJUSTE La propuesta griega no conformó a Berlín

"La carta procedente de Atenas no es una propuesta sustancial de solución", comentó el portavoz del ministerio de Finanzas alemán, Martin Jäger, en un breve comunicado. "En realidad, pretende obtener una financiación-puente, sin cumplir con las exigencias del programa" dijo. "La carta no responde a los criterios definidos por el Eurogrupo", añadió el vocero.
Grecia propuso a Bruselas una extensión de seis meses del "acuerdo de préstamo" europeo, que no incluye la prórroga del "memorando" en curso, sinónimo de austeridad, pero prometió un "equilibrio presupuestario" durante ese período.
El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, se mostró mucho más conciliador que el ministerio alemán respecto a la propuesta griega, a la que calificó como una "señal positiva" que "abre la vía a un compromiso" .
"Juncker tuvo numerosos contactos toda la noche y ve señales positivas esta mañana en la carta que abre la vía a un compromiso razonable" indicó uno de sus portavoces. Una nueva reunión del Eurogrupo (ministros de Finanzas de la zona euro) se celebrará el viernes en Bruselas para estudiar la propuesta griega.
El documento con la petición formal de prórroga -denominado "Acuerdo máster para facilitar asistencia financiera"- fue enviado hoy por el gobierno heleno, según confirmó el ministro de Estado griego, Alekos Flambouraris, en declaraciones a la radio griega.
La negociación sobre la extensión de su financiamiento es uno de los puntos de mayor fricción entre el nuevo gobierno izquierdista griego y el resto de los 19 países de la eurozona, y de ella podría depender la permanencia de Grecia en la moneda común, el euro.
Atenas precisó que no pidió una prórroga del programa de rescate al Eurogrupo, sino una extensión del crédito de seis meses que "respeta las líneas rojas de Atenas" y, al tiempo, puede ser aceptada por los socios. "El Gobierno, fiel a sus compromisos, no ha solicitado una prórroga del memorando. Hemos presentado una propuesta que respeta el veredicto popular, defiende la dignidad de la sociedad y, al mismo tiempo, puede ser aceptada por nuestros socios", afirmaron hoy fuentes del Ejecutivo en un comunicado distribuido a la prensa local.
El objetivo de Grecia es obtener una extensión de los créditos de ayuda pero no del programa de austeridad vinculado a los dos rescates internacionales que recibió desde 2010 por un total de 240.000 millones de euros. Grecia tiene por delante diferentes pagos a realizar. Hasta junio debe devolver 5200 millones de euros al FMI y en todo el año ha de afrontar pagos a esa institución y al BCE, así como a otros acreedores por unos 17.000 millones de euros, según los cálculos del gobierno heleno.

Página 12

MIRTA DIXIT

La testigo Natalia Fernández tiene domicilio, según su DNI, en un local del PRO

testigo

Agencia El Vigía descubrió que el domicilio legal, es decir el que figura en el DNI y no el fiscal que es de Burzaco, de Natalia Gimena Fernández, la testigo inesperada del caso Nisman, es el mismo que el de un local del PRO.
En la madrugada del 19 de enero, se llevó a cabo el operativo en el edificio Le Parc, para lo cual es necesario que las autoridades vayan acompañadas de testigos imparciales.
Natalia Fernández, de 26 años, camarera en un restaurante de la zona, caminaba por el lugar junto a una amiga, cuando fue abordada por personal de Prefectura e invitada a servir de testigo en el operativo.
Fernández, en la nota que dio al diario Clarín, relató que tras permanecer varias horas en el departamento de Nisman en tanto se procesaba la escena del crimen, pidió que dejaran retirarse a su amiga, de 21 años, porque tenía que viajar y llamaron como segundo testigo al encargado del edificio.
La joven manifestó en la entrevista que “una de las cosas más locas” que presenció fue que, “en un momento, apareció un tipo vestido de astronauta (por un perito), con otro que traía un polvo negro de huellas que había marcado”. “Los ‘astronautas’ traían el celular del fiscal que no paraba de vibrar. Dijeron que nadie lo tocara y que era prueba. Lo pusieron ahí nomás y una mina de Prefectura lo agarró como si nada porque no paraba de sonar”, relató.
Ahora, seguramente inducida por Clarín, sostuvo que “en la casa de Nisman no se cuidaron las pruebas”, como resume el diario sus dichos, apuntando como responsable a la fiscal del caso.
“Es una vergüenza lo que hizo esta chica”, expresó Fein y  añadió que Fernández “se va a tener que hacer cargo ante la Justicia de lo que dijo. Ningún profesional puede en ninguna escena del crimen hablar de distancia de un arma, parece una novela de mal gusto”, agregó.
A partir de esto, la nueva testido dijo: “Vivo asustada”, luego de denunciar numerosas irregularidades en el procedimiento.
Fernández, quien  fue duramente cuestionada por Fein, reconoció tener “miedo” y que le “gustaría tener algún tipo de protección”, tras lo cual reveló haber sufrido episodios “extraños” en los últimos días en su trabajo como camarera.
“Me ha pasado estar trabajando y que me digan: ‘¿Vos sos Natalia, la testigo?’” en dos ocasiones en su lugar de trabajo de parte de dos hombres distintos de alrededor 40 años.
En el marco de la estrategia encabezada por medios opositores, diputados y fiscales para ensuciar la investigación y, como se dice habitualmente, “embarrar la cancha”, la diputada de Unión PRO, Patricia Bullrich envió a su abogado personal para asesorar a la “testigo ocasional”, antes de comparecer  frente a la Fiscalía General de la Ciudad para ratificar sus dichos.
Llamativamente, el defensor legal de Natalia Fernández será un hombre de confianza de Bullrich, la diputada que insistió con vehemencia para que Nisman concurriera al Congreso Nacional y una de las principales funcionarias en convocar a la marcha de jueces, fiscales y políticos opositores.
Fernández precisó en diálogo con Mitre que alguien de Amnistía Internacional “se me apareció en mi trabajo” una semana y media después del hallazgo del cadáver de Nisman y le mostró “una credencial amarilla”, al tiempo que le dijo que “me iba a dar protección pero le tenía que dar todos los detalles de lo que estaba pasando”.
Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional (AI), negó en declaraciones a radio Mitre y a TN que la organización que dirije le haya ofrecido ayuda a la joven Natalia Fernández.
Fernández había asegurado que alguien que decía pertenecer a AI le sugirió la asistencia legal del abogado Fernando Burlando.
A todo esto, vaya sorpresa, ¿cuál es el domicilio legal y fiscal de  la “nueva y protegida” testigo? …
Según publicó el portal Agencia El Vigía que dirige el periodista Dante López Foresi, pueden observarse la copia de la constancia judicial publicada por el Diario Clarín, los datos que se obtienen consultando el Padrón Electoral de la Ciudad de Buenos Aires y el mensaje en Twitter del espacio de Diego Santilli (PRO) mencionando ese domicilio.
El mencionado diario Clarín publicó el 24 de Julio 2010 un episodio de inseguridad “en las oficinas de Diego Santilli”, en ese mismo domicilio.
Si bien los datos no demuestran una relación directa entre el partido de Mauricio Macri y la testigo, es curioso que el domicilio legal, es decir, el que figura en el DNI y no el fiscal que es de Burzaco, de Natalia Gimena Fernández coincida con un local partidario opositor.
No todos, pero al menos un camino nos lleva al PRO,,,y el resto queda en manos del gran diario argentino, para que nada quede claro.
Infobaires24