› LOS PADRES DE LOS 43 JOVENES MEXICANOS DESAPARECIDOS EXIGIERON PROTECCION PARA LOS ANTROPOLOGOS Respaldo a los peritos argentinos

Por Gerardo Albarrán de Alba

Página/12 En México

Desde México DF

Los padres de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, desaparecidos desde hace ya casi cuatro meses y medio, exigieron protección y seguridad para el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) que participa en las investigaciones del caso, luego de que ayer por la mañana la Procuraduría General de la República (PGR) descalificara las conclusiones de los científicos de ocho países. “Tememos por el equipo argentino”, dijeron.

La noche del sábado, el EAAF puso en duda la “verdad histórica” con que el procurador Jesús Murillo Karam intentó dar carpetazo al caso, el pasado 27 de septiembre. Según los forenses, existen demasiados hechos que restan rigor a la investigación de la PGR, la cual ayer mismo delimitó el alcance del trabajo de los peritos extranjeros: ellos sólo son expertos en antropología forense, no en las otras 26 disciplinas aplicadas en 487 peritajes realizados, de los cuales han resultado 487 dictámenes que “son válidos”.

La PGR desestimó el informe divulgado el fin de semana por el EAAF: “sus opiniones respecto a otras disciplinas parecerías más especulaciones que certezas”. Más aún, advirtió que la institución “no acepta duda alguna en que la diligencia practicada y los indicios encontrados tienen validez jurídica dentro de la investigación, a pesar de no haber estado presente el EAAF”.

Ayer mismo por la mañana, uno de los expertos del EAAF respondió en declaraciones a la prensa mexicana: “Forzar la evidencia para que encaje con el testimonio, eso no es ciencia”.

En un comunicado, la PGR aprovechó para desmentir que el EAAF actúe como perito independiente de las familias de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos desde el 25 de septiembre pasado, luego de ser atacados por policías de Iguala y Cocula, en el estado de Guerrero. Por el contrario, la Procuraduría sostuvo que “desde el primer momento se les incorporó a la investigación como peritos habilitados de esta institución, a pesar de que solamente dominaban las disciplinas de antropología, criminalística y genética, por lo que sus alcances en conocimiento de otros dictámenes no son válidos como expertos”. En cualquier caso, según las autoridades mexicanas, se les ha entregado los dictámenes, diligencias y evidencias “de todas las actuaciones practicadas en el caso”.

Para los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, la postura de la PGR es intimidante. “Sabemos que cuando al gobierno las cosas no les salen como quiere toma represalias. Tememos por el equipo argentino”, dijeron la tarde de ayer en una conferencia de prensa en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. “A la PGR no le creemos, no le tenemos confianza. La PGR siembra evidencias, la PGR cuadra sus hipótesis, y el EAAF no. Respaldamos a los expertos argentinos y pedimos al gobierno protección para ellos”, expuso el vocero de los padres de los estudiantes, Felipe de la Cruz.

“Hoy más que nunca tenemos la certeza de que nuestros hijos están vivos. No nos equivocamos al seguir nuestra búsqueda, nos da la razón el informe del Equipo Argentino de Antropología Forense”, que coordina el trabajo de 30 científicos de México, Argentina, Uruguay, Colombia, Canadá, Estados Unidos, Francia y España.

Además pidieron que la PGR “haga pública la investigación, que permita que los expertos y académicos la revisen. Le exigimos que nos entregue los expedientes completos, porque sólo ha proporcionado 20 y no están completos. ¿A qué le temen?”, cuestionaron.

Los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos anunciaron que visitarán los cuarteles del ejército en Guerrero. “Les avisaremos cuando estemos afuera de las instalaciones militares para que no hagan lo que están acostumbrados a hacer: limpiar las evidencias.”

Y ante el anunciado arribo a México de los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a finales de este mes, exigieron al gobierno que respete las evidencias para que los nuevos peritos internacionales puedan realizar su investigación.

REUNION DE LA CAMARA DE IMPORTADORES CON AUTORIDADES DEL BANCO CENTRAL POR EL ACCESO A DIVISAS Gradual apertura del grifo de dólares

El Banco Central informó que “ampliará gradualmente” la posibilidad de acceso de los importadores al mercado cambiario. Desde ayer algunas empresas que la semana pasada no pudieron adquirir divisas comenzaron a obtener los dólares necesarios para cancelar sus compras al exterior. La decisión se efectivizó luego de un encuentro entre las autoridades del BCRA con directivos de la cámara de importadores CIRA que nuclea a pequeñas y medianas empresas del sector. La normalización será más sensible a partir de hoy. El BCRA advirtió que profundizará los controles sobre las operaciones del sector. La decisión se tomó luego de detectar un conjunto de firmas que fraccionaban abusivamente sus compras de divisas en el mercado en montos inferiores al piso establecido para informar al organismo.

“La ampliación del abastecimiento de divisas a importadores se concretará de manera gradual, teniendo en cuenta el objetivo de preservación de la estabilidad cambiaria y financiera y el incremento del ingreso de divisas proveniente de liquidaciones por parte de los exportadores”, comunicó ayer el BCRA al finalizar el encuentro con los importadores. La delegación de CIRA encabezada por el presidente de la cámara, Diego Santisteban, fue recibida en la entidad por el gerente general del banco, Jorge Rodríguez, y el subgerente general de operaciones, Juan Basco. Como el titular de la autoridad monetaria, Alejandro Vanoli, se encuentra en Estambul participando de una del G-20 el funcionario intervino en el convite por teleconferencia.

Entre el miércoles y viernes de la semana pasada, el Banco Central restringió la venta de divisas al segmento de importadores que por su volumen –operaciones por debajo de los 150 mil dólares– no están alcanzadas por el esquema de administración del mercado cambiario del organismo. El BCRA tomó esa decisión financiera transitoria para prevenir una merma en sus reservas internacionales ya que en la actualidad el mercado cambiario no atraviesa una situación holgada. Estacionalmente, los ingresos de divisas por exportaciones a lo largo del primer trimestre son escasos. El flujo de dólares se reactiva recién en marzoabril con la liquidación de la cosecha gruesa. Si en enero ingresaron 70 millones de dólares diarios, la cifra cedió hasta 40 millones por día en febrero. La cámara empresaria estimó que la semana pasada no recibieron la autorización para acceder al mercado de cambios alrededor de 6000 firmas que buscaban adquirir 360 millones de dólares.

Desde CIRA indicaron que ayer por la tarde, previo al cierre del mercado, algunas empresas ya habían obtenido las divisas solicitadas la semana pasada. Si bien se mostraron tolerantes a la “gradualidad” dispuesta por la autoridad monetaria, reclamaron celeridad en la regularización de la situación para evitar problemas con sus proveedores. En el equipo de Vanoli aseguraron a los importadores que la ampliación del acceso a las divisas para pagar las importaciones será más tangible a partir de hoy.

Luego de la reunión la autoridad monetaria informó que tomó “los recaudos pertinentes para evitar maniobras especulativas, como algunas que se detectaron recientemente en la demanda de divisas por parte de sectores vinculados con la importación”.

El sistema de administración del comercio tiene dos etapas. Cuando una empresa quiere realizar una importación debe obtener primero el permiso de la Secretaría de Comercio. Con la declaración jurada anticipada (DJAI) autorizada, la firma puede concretar la operación con su proveedor ya que está habilitada para acceder al mercado cambiario. Cuando el pago es superior a los 150 mil dólares, las empresas deben informarlo previamente al BCRA para diseñar un cronograma de desembolsos que no sume presiones adicionales en el mercado cambiario. A lo largo de las últimas semanas, la autoridad monetaria detectó maniobras de fraccionamiento de operaciones en montos inferiores al piso establecido para informar que “impedía una adecuada administración de las necesidades en el mercado de cambios”, expresaron en el BCRA. Por esa razón la supervisión será más puntillosa a partir de ahora.

El BCRA identificó además irregularidades con un mecanismo de financiamiento llamado “cartas de crédito de importación”. Para controlar esas acciones abusivas, los bancos deberán informar cada uno de esos instrumentos indicando empresa, plazo y monto. “Estos compromisos y acciones permitirán asegurar la evolución regular en el acceso al mercado de cambios para sectores vinculados con el comercio exterior”, concluyó el Banco Central.

› PARTICIPACION ARGENTINA EN LA REUNION DEL G-20 Pedido de mayor regulación financiera

El presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli, pidió ayer, durante su participación en el encuentro del Grupo de los 20 en Estambul, Turquía, el apoyo de todos los participantes en la instrumentación de medidas de regulación financiera en los mercados globales. El tema de la supervisión a las entidades financieras volvió a ser, a propuesta de Argentina, uno de los ejes en esta nueva reunión de ministros de Economía y jefes de bancos centrales. El representante argentino, quien estuvo acompañado del secretario de Finanzas, Pablo López, sostuvo también la necesidad de una amplia coordinación entre diversos organismos de cada país para afianzar los controles sobre el sistema financiero.

La cuestión de la regulación coordinada sobre el sector bancario, los mercados de valores, mercados de seguros y fondos de pensiones ocupó un capítulo importante en la exposición de Vanoli. La vinculación entre las políticas crediticias orientadas a la estimulación de la economía y la prevención de las crisis también fue abordado por el presidente del Banco Central de la República Argentina, quien enfatizó en la responsabilidad compartida de la autoridad monetaria de cada país, el Ministerio de Economía y los organismos reguladores en el combate al delito económico y la reducción de la desigualdad en la sociedad.

La postura argentina, y en particular la de Vanoli, había generado muchas expectativas en esta reunión del G-20 dada la particular situación del país en relación a la disputa de soberanía económica frente al ataque de los fondos buitres, y la forma en la que el país logró sobrellevar sucesivos ataques especulativos sobre su moneda en el transcurso de los últimos años.

Dentro de la agenda que llevó Vanoli al G-20, está contemplado que exponga sobre:

- La importancia de abordar políticas orientadas a enfrentar los efectos de los desequilibrios a nivel global;

- La necesidad de implementar un marco jurídico global para la reestructuración de deudas soberanas que reduzca los riesgos asociados a los crecientes litigios judiciales;

- La relevancia de la utilización de swaps de monedas como mecanismo para construir una “red de seguridad global financiera”.

Vanoli y López participaron, además, de un encuentro organizado por el Banco Internacional de Pagos de Basilea, en el cual se debatieron aspectos vinculados con las políticas macroprudenciales.

RETROCESO DE LA COTIZACION DEL DOLAR PARALELO, Y LA OFICIAL, ESTABLE La city se tomó vacaciones

Por Federico Kucher

Las presiones del mercado cambiario continúan mostrando un firme retroceso. La cotización del paralelo se ubicó ayer en 13,18 pesos, con una caída de 2 centavos respecto del viernes, de 62 centavos en relación con la primera semana del año y de casi 3 pesos contra octubre del 2014, cuando el blue anotó un pico de 16 pesos. El dólar oficial, en tanto, cerró sin cambios en 8,68 pesos, al tiempo que el contado con liquidación se ubicó en 12,20 pesos, lo que implicó una merma de 0,7 por ciento. A diferencia de la estabilidad del tipo de cambio oficial en el mercado local, Brasil continúa devaluando la moneda. El billete brasileño se ubicó en 2,78 reales por dólar, cuando era de 2,60 reales a fines de enero y de 2,20 reales en abril del año pasado. La economía de Brasil tiene perspectivas de recesión para 2015, debido al anuncio de recorte fiscal y de menor consumo de la población por la devaluación. Economistas indicaron a este diario que la menor actividad brasileña puede generar tensiones en el país por una contracción de las exportaciones.

La especulación de la plaza financiera respecto del tipo de cambio registró una fuerte caída en los últimos cuatro meses, cuando las reservas internacionales empezaron a incrementarse, la autoridad monetaria reforzó medidas de control a los bancos y casas de cambio y el equipo económico se concentró en la promoción de mecanismos no convencionales de financiamiento a partir de acuerdos con China y Rusia. Desde octubre, el dólar paralelo pasó de 15,95 a 13,18 pesos, una caída de 17,3 por ciento, mientras que la cotización oficial ascendió de 8,52 a 8,68 pesos, una suba de 1,8 por ciento. A su vez, el stock de divisas del Banco Central avanzó de 27.711 a 31.281 millones de dólares, con un alza de 3570 millones, cuando analistas de la city pronosticaban que las reservas empezarían 2015 en 20.000 millones.

Entre las estrategias centrales del Gobierno para disminuir las expectativas de devaluación a partir del ingreso de divisas a la economía local se destacó la firma de distintos convenios financieros y productivos con China. En los últimos cinco meses se terminó de definir el acuerdo de intercambio de monedas con el gigante asiático por 11.000 millones de dólares, de los cuales el país ya recibió más de 3100 millones. Además, ingresaron cerca de 300 millones de dólares para el financiamiento de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, obras de infraestructura estratégica para potenciar la matriz energética. En la reciente visita de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se firmaron además casi una veintena de convenios para potenciar la alianza estratégica.

Un dato clave de estos préstamos para la Argentina es que, a diferencia de los condicionamientos impuestos por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional respecto de la estabilidad fiscal y monetaria, no implican la pérdida de autonomía en decisiones clave de la política económica (incrementar el gasto y modificar la tasa de interés).

En cuanto a la cotización de las empresas líderes de la Bolsa, se registró que el MerVal anotó un incremento del 1,2 por ciento respecto del viernes. Algunas de las subas más fuertes fueron las del 2,8 por ciento en Petrobras, del 3,3 por ciento en Tenaris, del 2,5 en Siderar y del 2,5 en Aluar. Otras su-bas fueron la del 0,2 por ciento en Pampa Energía, del 0,7 por ciento en Banco Francés, del 0,5 en Grupo Financiero Galicia y del 0,5 en Banco Macro. A diferencia de este desempeño, YPF anotó una contracción del 0,2 por ciento, mientras que la energética Transener retrocedió 0,5 por ciento. Por su parte, los bonos públicos registraron una merma del 0,2 por ciento en el Boden 2015, del 0,2 por ciento en el Bonar 2024, del 0,04 en el Bonar 2024 y del 0,5 en el Cupón vinculado al PBI bajo legislación extranjera.

APOYANDO EL DESFILE

MOYANO, BARRIONUEVO Y CECILIA PANDO FUERON ALGUNOS DE LOS QUE AYER SUMARON SUS APOYOS

Una marcha que gana en pesos pesado

¿Qué tienen en común el dirigente camionero Hugo Moyano, el gastronómico Luis Barrionuevo y la militante pro represores Cecilia Pando? Que los tres anunciaron que irán a la marcha del silencio del 18 de febrero. La CGT que conduce Moyano anunció que marchará sin banderas identificatorias y que lo harán “también por la verdad y la justicia”, mientras que Barrionuevo afirmó que irá “para que no vuelva el miedo y los muertos políticos a la Argentina”. En tanto, Pando colgó en su cuenta de Twitter uno de los carteles convocando a la marcha. Los partidos de izquierda, por su parte, anunciaron que no participarán de la movilización a la que ya confirmaron que asistirán Mauricio Macri, Sergio Ma-ssa, Elisa Carrió, Julio Cobos, Hermes Binner y José Manuel de la Sota, entre otros.

Los sindicalistas opositores anunciaron que le pondrán músculo a la convocatoria a marchar a un mes de la muerte de Nisman. Moyano afirmó, a través de un comunicado: “El 18 también marchamos por la verdad y la justicia, sin identificaciones gremiales ni partidarias, tal como lo solicitaron los organizadores para que resuene a través de la contundencia del silencio, el significado más importante de la convocatoria”. Moyano no detalló cuál sería ese significado, pero remarcó que la muerte del fiscal Alberto Nisman “más allá de cualquier consideración personal, es de una alta gravedad social e institucional”. “Como trabajadores sabemos lo que significa que no haya justicia. A lo largo de la historia hemos sufrido en numerosas ocasiones las consecuencias de una justicia que no llega, que mira para otro lado o que se comporta directamente cómplice de los poderes de turno. También conocemos lo que provoca la violencia en una sociedad como lo nuestra. Se sabe cuándo comienza pero no dónde termina”, advirtió el comunicado de la CGT-Azopardo.

Por su parte, Barrionuevo también anunció que se hará presente en la marcha “en homenaje al fiscal Nisman, para exigir verdad y justicia independiente y para que no vuelva el miedo ni los muertos políticos a la Argentina”. “El consejo directivo de la CGT Azul y Blanca avala la convocatoria lanzada por la sociedad y los fiscales colegas de Alberto Nisman en homenaje a su persona y trabajo, que no fue jamás cuidada ni honrada por el Estado nacional. Como, así también, para que en la Argentina deje de imperar la impunidad para la corrupción ejercida desde el poder, y prevalezca la verdad mediante una justicia independiente”, señala el comunicado de la central que conduce el autor de la frase: “Hay que dejar de robar por lo menos por dos años”.

Desde el massismo, el dirigente de la UIA José Ignacio de Mendiguren advirtió que irá a la marcha porque “la gente tiene miedo. Está asustada”. No explicó a qué le tiene miedo “la gente”, pero terminó comparando la movilización con un rito católico: “Uno se da la paz cuando está junto a otros. Soy católico, voy a misa los domingos y allí uno se da la paz”, comparó en diálogo con Nacional Rock. Al pelotón de dirigentes opositores se sumó Cecilia Pando, quien conduce una de las organizaciones que llama “presos políticos” a los represores condenados por delitos de lesa humanidad. Desde su cuenta de Twitter, convocó a participar de la marcha con uno de los afiches que circulan por las redes sociales.

Por su parte, los partidos de izquierda anunciaron que no serán parte de la marcha. El legislador del MST, Alejandro Bodart, afirmó que “reclamar justicia es legítimo, pero los convocantes defienden el sistema judicial actual que no garantiza verdad ni justicia. Además, al 18F se montan personajes políticos que ya gobernaron y junto al gobierno K son responsables de la impunidad. Nosotros, en cambio, venimos proponiendo formar una nueva Conadep, una comisión investigadora independiente”.

El Frente de Izquierda tampoco participará. “Ninguno de estos jueces y fiscales denunció el maridaje de los gobiernos de turno y el Poder Judicial al que servían con los servicios de espionaje. La llamada oposición quiere sustituir un Milani por otro”, indicó el Partido Obrero en un comunicado. El diputado del PTS Nicolás del Caño, por su parte, indicó que “la marcha, presentada como ‘una marcha del silencio por Nisman’, está convocada por una fracción no menos reaccionaria de la casta judicial, con la adhesión de la oposición patronal, tan cómplice de los servicios, el espionaje y la impunidad como el Gobierno”. “La izquierda no debe participar de esa movilización reaccionaria”, indicó Del Caño.

“Varios de los fiscales convocantes están acusados de encubridores en la causa AMIA”, recordó el legislador bonaerense del Frente de Izquierda, Christian “Chipi” Castillo, quien recordó que “se sumaron Mauricio Macri, procesado por escuchas telefónicas de la mano de Ciro James a su cuñado y a familiares de la AMIA, y Massa tiene como jefe de campaña a un reconocido agente de la ex SIDE como Juan José Alvarez”.

LA CANCILLERIA DESCLASIFICO LOS EXPEDIENTES SOBRE LA DESAPARICION DE LA JOVEN SUECA Tras el rastro de Dagmar Hagelin

Por Ailín Bullentini

Ragnar Hagelin buscó mucho a su hija, Dagmar, quien de-sapareció en la Argentina en enero de 1977. Solo, primero. Luego, a través de las instituciones diplomáticas de su país de origen, Suecia. Así consta en dos expedientes que fueron recientemente desclasificados por la Cancillería argentina y que contienen informes, notas, cartas, telegramas, resúmenes y reseñas en los que altos funcionarios suecos –ministerios de Relaciones Exteriores e incluso el presidente de aquel país entonces reclamaban a la Argentina por información sobre el paradero de la joven y las autoridades de facto argentinas y los jueces que intervinieron en la investigación sobre lo ocurrido negaron los hechos.

“El gobierno argentino sabe quiénes son los responsables de la detención de Dagmar Hagelin y de su posterior destino. Sin embargo, prefiere hacer caso omiso del asunto y negar que lo conoce. Esto es indigno e inaceptable.” La sentencia pertenece a quien fue el primer ministro sueco Thorbjorn Falldin; fue emitida en diciembre de 1979. Llegó vía correo epistolar a quien era dirigida, el entonces presidente de facto argentino Jorge Rafael Videla. Para entonces, Suecia se había hartado de las evasivas de la dictadura militar nacional ante sus consultas y pedidos insistentes por el esclarecimiento del hecho.

La “suequita” cayó en manos del grupo de tareas 3.3.2. de la Armada el mediodía del 26 de enero de 1977 en El Palomar, provincia de Buenos Aires. Estaba llegando a la casa de Norma Burgos, su amiga, cuando miembros de la patota dirigida por el genocida Alfredo Astiz la hirieron a tiros, la encerraron en el baúl de un auto y se la llevaron. Los hechos fueron reconstruidos por vecinos y sobrevivientes, incluida Burgos, que por entonces era la compañera de Carlos Caride, dirigente de Montoneros. Los testimonios la ubicaron con vida en la ex ESMA, en donde habría permanecido unos diez días y luego en las filas de de-saparecidos que los torturadores de la última dictadura cívico-militar argentina subían a aviones para arrojarlos al mar o al Río de la Plata. Ragnar Hagelin buscó a su hija desde aquel mediodía. Fue a la comisaría de Morón y allí supo que el secuestro de su hija había sido obra de la Armada. Cuando los caminos se le cerraron, algunos días después, acudió a Suecia. El había nacido en Chile, pero tenía ciudadanía sueca, al igual que Dagmar. El caso llegó a la Justicia a través de un hábeas corpus presentado por Ragnar. En 1979, la Cámara Nacional de Apelaciones rechazó el recurso. En 1980, el entonces juez federal Luis Rabellini se declaró incompetente.

La mayoría de los datos fácticos de la desaparición de Dagmar integran aquella dura carta enviada a Videla por Falldin, que integra el intercambio diplomático que compartieron el reino sueco y la dictadura argentina entre 1977 y 1986, y que quedó registrado en dos expedientes archivados en la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Cancillería. Esas dos carpetas, con decenas de órdenes, mensajes y pedidos –también judiciales– realizados y respondidos por funcionarios de los gobiernos, fueron desclasificadas y publicadas ayer en el sitio web en el que el ministerio dirigido por Héctor Timerman vuelca archivos relacionados con la actividad de la última dictadura.

“La embajada se permite recordar que las numerosas presentaciones realizadas con este asunto hasta la fecha no han recibido respuesta por parte argentina, excepto que la investigación continúa”, insistió en mayo de 1978 la Embajada de Suecia en Buenos Aires en una carta enviada a la Cancillería. Por si fallaba la memoria de los funcionarios locales, los suecos acompañaban el cordial reclamo con una minuta fechada de todos los encuentros, intercambios, reclamos y peticiones que diferentes funcionarios de ese país europeo habían emitido a las autoridades militares argentinas entre la fecha de desaparición de Hagelin y septiembre de 1977. El punteo incluyó encuentros personales con Videla.

La respuesta argentina no superaba aquello de “la investigación continúa”. Aunque alguna ofrecía virulencia entre líneas. En septiembre de 1977, por ejemplo, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores le respondieron a la Embajada de Suecia que Dagmar era argentina y que la información que seguía en ese texto era brindada por pura “cortesía”. Allí, el organismo de gabinete de facto también comentó que “el gobierno argentino está empeñado en la tarea de erradicar el terrorismo y la subversión”, que “los procedimientos antisubversivos son efectuados por fuerzas conjuntas perfectamente controladas... (que) llevan un registro oficial de aquellos detenidos por vinculaciones con la guerrilla y la subversión, así como también de aquellos casos de denuncias de desapariciones” y que tales registros “son claros, precisos y permanentemente actualizados, lo que da como resultado un conocimiento exacto de la situación de cada detención”. “En cuanto al caso de la señorita Hagelin, no existen constancias oficiales de que hubiera sido detenida por fuerzas de seguridad”, descartó por último ese comunicado. Las listas allí mencionadas, en tanto, nunca aparecieron.

El país europeo y el padre de Dagmar decidieron reconstruir los últimos días de la joven a través de los testimonios de sobrevivientes de las violaciones a los derechos humanos cometidas por el terrorismo de Estado gobernante. Fue útil la declaración de la propia Norma Burgos, también de Martín Grass. Meses antes de que la dictadura se diluyera en la democracia que persiste desde entonces, el entonces ministro de Relaciones Exteriores sueco Lennard Bodstrom le escribió a su par argentino Juan Ramón Aguirre Lanari. Allí le contaba sobre la “decepción” de su gobierno frente a las evasivas argentinas, le informaba que las autoridades suecas habían continuado investigando, y que habían encontrado más testimonios de sobrevivientes de la ex ESMA, un “material” que “parece no dejar dudas sobre la participación de las Fuerzas Armadas argentinas en la desaparición de Dagmar y por ende del conocimiento que se tenía sobre ésta”. Por último advirtió que “la parte argentina no ha alegado que existieran fundamentos legales para tener prisionera en la Argentina a Dagmar o para entablarle juicio”, y que el gobierno sueco “supone que Dagmar está viva y que la Argentina hará todo lo que esté a su alcance para presentar un informe ampliamente clarificador de lo que le sucedió”.

Facsímiles pertenecientes a los dos expedientes desclasificados.

COSA DE LOCOS La Metropolitana reprimió, pero dicen que nadie se lo ordenó

Los camaristas Carlos González y Alberto Seijas, integrantes de la Sala Cuarta del Tribunal, también ratificaron los sobreseimientos de los ministros de Seguridad y Justicia, Guillermo Montenegro, y de Salud, Graciela Reybaud, ante la "inexistencia de elementos mínimos objetivos, concretos y directos que conlleven a atribuirles algún tipo de participación en el suceso".

"Aún cuando estos funcionarios estuvieran al tanto de los acontecimientos, ello no los vincula o compromete con los excesos de un efectivo policial en el operativo, al punto de considerarlos ejecutores de órdenes abusivas o aquiescentes con el comportamiento desviado de algún subalterno como el que evidenciara el ya sujeto a proceso", agregaron.

Distinto es el caso de Chain respecto de quien la Cámara solicitó que se lo continúe investigado en relación al trámite administrativo por el cual el funcionario ordenó demoler el Taller Protegido Nº 19 del neuropsiquiátrico a pesar de que existía una medida cautelar que impedía tirar abajo esa instalación.

Trabajadores, pacientes, médicos y legisladores se concentraron en abril 2013 en oposición a la demolición y en defensa de la salud pública, y la respuesta fue una fuerte represión por parte de la Policía Metropolitana en el interior del centro de salud del barrio porteño de Barracas.

El 23 de octubre de 2014, en la causa "Macri, Mauricio y otros. S/ Vejaciones y Apremios Ilegales" (Expte. Nº27.116/2013) el juez Adolfo López decretó el procesamiento del comisario Horacio Giménez, jefe actual de la Policía Metropolitana, y el sobreseimiento "en forma arbitraria e infundada a los funcionarios políticos responsables de la brutal represión en el Hospital Borda el 26 de abril del año pasado".

Tras este nuevo fallo de la Cámara sólo permanecen procesados el comisionado de la Policía Metropolitana Martín Roth por el delito de "lesiones leves" y cinco empleados del Borda por "atentado y resistencia a la autoridad".