› OPINION Cuando el Estado pierde el control...

 Por Mario Ranalletti *

Los debates en curso y las propuestas que se están conociendo en torno del reemplazo de la Secretaría de Informaciones por una nueva estructura, más eficiente y más al servicio del interés común y las necesidades de los argentinos, muestran, una vez más, que los resabios del autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional” están aún vivitos y coleando. Desgraciadamente, no es el único signo de la relativa vitalidad de dicho legado. Se nota también en las asociaciones de abogados que claman “justicia” para los mal llamados “presos políticos” y los profesores universitarios que reclaman hacerle sentir el rigor al gobierno nacional en sus emisiones por canales de cable. Qué decir de las carreras de Derecho o de Relaciones Internacionales de universidades privadas que aún incluyen en sus bibliografías obligatorias a autores “faro” de la justificación del terrorismo de Estado.

Tomar el control en el área de la Inteligencia del Estado es un paso para desembarazarse de este legado.

Para pensar que tenemos y que falta en materia del servicio estatal de Inteligencia, veamos un ejemplo actual y traumático, ocurrido en el Viejo Mundo. Los recientes atentados en Francia (Dammartin-en-Goële y Porte de Vincennes, 8 y 9 de enero de 2015) pusieron en evidencia las deficiencias del sistema de informaciones francés en materia de prevención del terrorismo. Los debates y las informaciones que se produjeron después de estos atentados mostraron que uno de los autores –fichado por los servicios antiterroristas– fue multado durante un control de tránsito un mes antes de que cometiera los asesinatos en el Hyper Casher de la Porte de Vincennes, sin que nadie reaccionara. Por otro lado, estos atentados se produjeron dos años después que un hecho similar hubiera ocurrido en el sur de Francia (asesinatos cometidos por Mohamed Merah en Toulouse y Montauban, marzo de 2012). En este caso, la Inspección General de la Policía Nacional francesa (la policía de la policía) presentó en marzo de 2013 un informe donde señalaba deficiencias en la investigación previa sobre el autor de los crímenes, ya identificado como un sujeto en proceso de radicalización.

Estas deficiencias no son anodinas. La sociedad civil francesa se enfrenta a un dilema que se anuncia difícil de dilucidar: mientras una marea humana desfiló por distintas ciudades del país en homenaje a las víctimas de los atentados y como reafirmación de la libertad de expresión en tanto valor republicano intocable, en varias escuelas se vivieron momentos de tensión cuando varios niños se negaron a guardar el minuto de silencio declarado obligatorio por el Ministerio de Educación con los mismos objetivos que las marchas; iguales situaciones se vivieron en el mismo ámbito cuando se organizaron jornadas escolares de debate y reflexión en torno de la matanza producida en la redacción del seminario Charlie Hebdo. Mientras esto sucede, la extrema derecha local (institucional e informal) sigue su avance reptil –lento y por lo bajo– en diferentes frentes y la Policía Nacional de Niza entiende que debe interrogar en la comisaría a un niño francés de ocho años que le espetó a su maestra y a sus compañeros “Yo estoy con los terroristas” y “hay que matar a todos los franceses” en medio de un debate sobre laicismo y libertad de expresión. La pregunta sería: Inteligencia sobre qué y para qué. La respuesta no está clara aún en Francia, si nos guiamos por las medidas adoptadas por el gobierno socialista, más preocupado por reforzar el valor de la laicidad que por enfrentar la radicalización de ciertos sectores juveniles en un contexto de pobreza, islamismo radical, exclusión social y delincuencia.

En nuestro país, las necesidades en estas cuestiones son diferentes, pero no menos urgentes. Sobre todo, porque esta autonomía de los Servicios de Inteligencia estatales, señalada claramente por el CELS en su reciente documento “Avances y retrocesos en la Ley de Inteligencia”, viene acompañando a la democracia desde su regreso en 1983. Las experiencias contemporáneas no indican que esto sea intrínseco a la naturaleza del Estado capitalista, como parece ser el caso en Argentina. Es, en realidad, otra herencia del último gobierno de facto, que mostró una gran capacidad para crear unidades especiales, entes autárquicos y otros engendros paraestatales que sólo profundizaron el debilitamiento del Estado y la corrupción de sus funciones. Los “grupos de tareas” mostraron una capacidad de operar de manera autónoma en relación con la planificación centralizada de la masacre que fue el terrorismo de Estado. Las trayectorias de los perpetradores Hoya (Causa Batallón 601) o Acosta (Megacausa ESMA y otras), reconstruidas por sus víctimas, y también por investigadores como Rita Rosemberg, Horacio Verbitsky, Patricia Marchak, Leigh Payne o Jorge Camarassa, muestran esta autonomización para matar y delinquir en beneficio propio y en nombre de la “defensa de la civilización occidental y cristiana”. Este maridaje sigue existiendo en el servicio de informaciones estatal. Hemos transitado hasta ahora por este esquema: laissez-faire en lugar del control político que se requiere en una democracia del siglo XXI. El ejemplo de la reforma de los planes de estudio de los institutos de enseñanza pertenecientes al ámbito castrense debería servir de ejemplo para las medidas a tomar en relación con esta urgente necesidad de tomar el control de esta área vital del Estado argentino. El ejercicio efectivo y político de este control es uno de los aspectos que diferencia a un Estado fuerte y democrático de un Estado débil. Los últimos tres gobiernos argentinos han dado muestras de querer ubicarse preferentemente en el primer modelo: es importante seguir en esa dirección empezando a desarticular la unión “natural” entre Servicios de Inteligencia y delito.

Cuando el Estado pierde el control, debe recuperarlo. Esperamos que los cambios que parecen anunciarse sean el preanuncio de la recuperación del control sobre una de las áreas que aún no ha sido reformada y actualizada después del retorno al estado de libertades.

* Instituto de estudios históricos de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (Untref), Centre d’études et de recherches internationales (CAF/CERI Fellowship 2014) y Centro de estudios sobre memoria e historia del tiempo presente (CCM Haroldo Conti - Untref).

FISCALES OPOSITORES LLAMARON A UNA MOVILIZACION EL 18 DE FEBRERO POR LA MUERTE DE NISMAN Una marcha de la gran familia judicial

Por Nicolás Lantos

Una manifestación de un sector del Poder Judicial para pedir Justicia. Aunque suene contradictorio, eso fue lo que anunciaron ayer cuatro fiscales opositores y el dirigente sindical Julio Piumato, al convocar a una Marcha de Silencio para el 18 de febrero, cuando se cumpla un mes de la muerte de Alberto Nisman. En conferencia de prensa, llamaron a marchar “sin identificaciones partidarias” entre la Plaza Congreso y las oficinas donde funciona la UFI-AMIA, donde trabajaba Nisman, a pocos metros de Plaza de Mayo. La cita obtuvo rápidamente el apoyo de dirigentes y medios de comunicación opositores y se viralizó en las redes sociales gracias a las mismas cuentas que estuvieron detrás de las convocatorias “espontáneas” de cacerolazos contra el gobierno nacional. Desde el kirchnerismo se mostraron respetuosos del derecho a manifestarse, aunque salieron a responder. El secretario general de la presidencia, Aníbal Fernández, señaló que entre los convocantes “hay gente que no se movió por otros argentinos en los momentos más duros”.

Aunque la cara visible son los fiscales Guillermo Marijuán, Carlos Stornelli, José María Campagnoli y Ricardo Sáenz, la convocatoria cuenta con el apoyo desembozado de la Asociación de Magistrados y de dirigentes de la oposición. Otros fiscales, como Cristina Caamaño, rechazaron la propuesta y hay sectores del Poder Judicial que tampoco la acompañan. Desde el Gobierno le atribuyen la intención de sacar rédito político de la muerte del responsable de la investigación sobre el atentado contra la sede de la mutual judía y de buscar la renuncia o destitución de la procuradora Alejandra Gils Carbó.

“Dada la consternación que nos ha causado la muerte trágica de nuestro compañero Alberto Nisman, los empleados, funcionarios y magistrados del Ministerio Público Fiscal y también del Poder Judicial Nacional, le rendiremos homenaje con una marcha en silencio y con total tranquilidad”, anunció Marijuán, que aclaró que la convocatoria “no es en contra de nadie, sino por respeto”, a pesar de que fue refrendada por dirigentes de la oposición como Elisa Carrió, Graciela Ocaña y Laura Alonso, y, en las redes, por los organizadores de anteriores cacerolazos.

Aunque alegan marchar por la independencia del Poder Judicial, entre los que pusieron la cara para la convocatoria está el fiscal Campagnoli, quien investigó de forma irregular a la familia Kirchner, por lo que estuvo al borde de ser destituido por mal desempeño el año pasado, y sobre el que pesan denuncias por violencia institucional. También Stornelli, de fluidos vínculos con el PRO y con un sector de la barra brava de Boca Juniors, club donde actúa como jefe de Seguridad. Por su parte, Sáenz es vicepresidente de la opositora Asociación de Magistrados que preside el camarista radical Ricardo Recondo y fue denunciado por realizar “forum shopping”. Tanto Sáenz como Recondo participaron de viajes y programas financiados por la fundación Certal, vinculada a Clarín.

“Debemos hacer esta tarea de trabajar e investigar con libertad e independencia, porque sin investigadores independientes, la Justicia no suele actuar”, dijo Campagnoli en la conferencia de prensa. Stornelli, por su parte, advirtió que el caso de Nisman “es el primero de estas características, pero podría no ser el último”. Ambos estuvieron escoltados por Piumato, secretario general de la Unión de Empleados Judiciales, quien pidió que “quienes tienen las responsabilidades de investigar la muerte de Nisman y de seguir sus investigaciones, y quienes tienen en sus manos causas trascendentes para el futuro de la Nación, deben sentir que están acompañados por la comunidad judicial y el conjunto del pueblo argentino”.

Sin embargo, no toda la “comunidad judicial” concuerda con la protesta: la fiscal federal en lo criminal Cristina Caamaño calificó ayer la marcha como “una puesta en escena para victimizarse” y denunció que “los fiscales que convocan están operando políticamente” (ver aparte). Desde el gobierno nacional, si bien recalcaron el derecho a manifestarse y a expresarse de quienes organizan la protesta, pusieron la lupa en su legitimidad y cuestionaron los antecedentes de quienes la convocan.

“Creemos firmemente en la libertad de expresión, en la libertad de reunión, en la libertad de opinión, y creemos que la democracia debe ser plena e intensa. Somos extremadamente respetuosos de todas las manifestaciones, pero también creemos que es necesario tener un nivel de evaluación de por qué se realiza una marcha de esta naturaleza”, dijo el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, que destacó que “quien tiene que investigar” la muerte de Nisman “es el Poder Judicial” y “nadie puede decir que existe intromisión e interferencia por parte del Ejecutivo” en esa investigación.

Por su parte, el secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández, aseguró que la posibilidad de marchar “forma parte de los derechos conquistados por todos los argentinos”, pero advirtió que entre quienes le dan apoyo “hay gente que no se movió por otros argentinos en los momentos más duros” del país, y mencionó en ese sentido al ex fiscal general Strassera.

PANORAMA POLITICO Peligros

Por Luis Bruschtein

Aunque la investigación concluyera de manera terminante que el fiscal Nisman se suicidó, muchos no lo creerían. Es una muerte que se prestará siempre para la especulación y el juego político. La manera en que el fiscal Ricardo Sáenz o su colega Carlos Rívolo usaron este suceso trágico para influir en su interna profesional es apenas una demostración. ¿Qué es más importante: dilucidar esa muerte o utilizarla para saldar cuentas con la procuradora Alejandra Gils Carbó y desgastar la figura presidencial?

La “amenaza” que recibió el polémico juez Claudio Bonadio subraya el sentido que se les quiere dar a estos hechos: “La yegua ya dio la orden de tu muerte”, dice el mensaje, escrito novelescamente con letras de diario recortadas. Este juez es el que lleva una investigación de la empresa Hotesur, de las que una de las propietarias es Cristina Kirchner. Justamente por esa razón, Cristina Kirchner es la más interesada en que no le pase nada. La misma situación se planteaba con Alberto Nisman, que había presentado una denuncia contra ella.

Las dos acusaciones tienen poca consistencia y forman parte de la ofensiva judicial contra el Gobierno en un año electoral. Sobre todo es endeble jurídicamente y sin pruebas la denuncia que presentó el fiscal Nisman. Por esa debilidad de la denuncia, el oficialismo necesitaba que el fiscal se presentara en el Congreso para ponerlo en evidencia. La falta de pruebas es tan obvia que su posición hubiera sido pulverizada en la reunión parlamentaria que se había convocado para el lunes posterior al hallazgo de su cuerpo. Con sus años como fiscal, Nisman tenía que saber el desastre al que se dirigía. El borrador que se encontró es todavía más flojo. Su muerte en esas circunstancias fue la peor noticia para el oficialismo, que ya consideraba que la reunión del lunes sería un paseo. Nadie fue más afectado por la muerte de Nisman en ese contexto que el Gobierno.

La situación es tan extrema y compleja que induce al temor y a una fuerte inquietud, tanto porque se afecta la suerte de la República y sus instituciones como porque en ese cuadro destemplado pesa ahora la vida de una persona. ¿Cualquier fiscal puede deponer a un presidente con una acusación sin sustento? ¿Cualquier fiscal puede intervenir en el proceso electoral ciudadano con acusaciones insustentables que puedan incluir pedidos de allanamientos, de detención o de indagatorias? ¿Puede hacerlo si una buena parte de los funcionarios judiciales que intervendrían respalda esas acusaciones porque está contra de ese gobierno? Los mensajes de odio en Facebook contra Cristina Kirchner, por parte de la jueza Fabiana Palmaghini, producen escalofríos por sus augurios de parcialidad, y son apenas otra muestra de la actitud politizada y tan embanderada de gran parte de los miembros del Poder Judicial, como quedará demostrado también en el acto que se convocó para el próximo jueves. El peligro más grande de la investigación son estas presiones.

Toda la investigación que realizó Nisman del atentado a la AMIA fue alimentada por el director de Operaciones de la Secretaría de Inteligencia, Antonio “Jaime” Stiuso, quien, a su vez, recibía los aportes de la CIA y el Mossad. Los Servicios de Inteligencia descartaron otras pistas y eligieron la llamada pista iraní. Fue así durante la investigación del juez Juan José Galeano y se mantuvo después con la del fiscal Nisman. Pero hacía varios años que Nisman no aportaba nuevas pruebas. Como sucedió con el ex embajador de Irán en la Argentina, Hadi Soleimanpour, que fue detenido en Londres por Interpol y liberado por falta de pruebas, si otros acusados hubieran sido detenidos, habría sido muy difícil condenarlos con las pruebas que había reunido Nisman. ¿Por qué los Servicios de Inteligencia (SIDE, CIA, Mossad) no aportaron más pruebas a la investigación de Nisman? ¿Por qué lo dejaron solo con su acusación?

La denuncia del memorándum de acuerdo con Irán se produjo cuando el gobierno de Israel se manifestó en su contra. Dos periodistas argentinos dijeron bajo juramento que les habían mostrado una comunicación interna de la Cancillería iraní donde se afirmaba que el gobierno argentino podía dejar de perseguir a los acusados por el atentado a la AMIA a cambio de acuerdos económicos. Nadie más que algún funcionario de la embajada israelí o del Mossad podría haber mostrado un documento de esas características. Ese documento, que estaba escrito en inglés, cuando en Irán se habla el idioma farsi, fue una piedra basal de la denuncia contra el memorándum.

De ese documento, lo único que hay es la palabra de los dos periodistas, uno de los cuales reveló que supo de él por “fuentes oficiosas de la Cancillería de Israel que ni siquiera hubieran podido asegurar que no era falso. Nadie más lo vio. En todo caso, el Mossad nunca se lo facilitó a Nisman. Aunque nada de lo supuestamente acordado se verificó en la realidad, Nisman formuló su denuncia contra la Presidenta y el canciller sobre esa hipótesis. Está comprobado que nada de lo que dice es cierto. Los jefes de Interpol aclararon que el gobierno argentino insistió en que no se levantaran las alertas rojas, está demostrado que el comercio con Irán disminuyó en vez de aumentar y que el famoso petróleo iraní –que según Nisman fue el motivo de esta supuesta traición– no se puede refinar en la Argentina por su alto contenido de azufre.

La razón por la que Nisman creyó más en los Servicios de Inteligencia que en los hechos crudos todavía es una incógnita. Sobre esas patrañas pretendía acciones legales contra una presidenta de la República y un canciller. Pero los Servicios de Inteligencia no le proveyeron de prueba concreta, también lo dejaron solo, más interesados en las repercusiones políticas de la denuncia que en el esclarecimiento de las mismas. Es probable que el fiscal también persiguiera un efecto político, pero sin pruebas quedaba muy expuesto desde el punto de vista legal, y su trabajo como fiscal en las dos investigaciones –AMIA y memorándum– quedaba marcado por el fracaso, como sucedió. Entre las miles de versiones sobre estos sucesos, se habló de que al fiscal le habían prometido dos testigos para apuntalar su denuncia, y que a último momento le avisaron que no los tendría.

Toda la guerra contra el gobierno argentino por el memorándum de acuerdo con Irán partió de los Servicios de Inteligencia, en especial el israelí, que aportó ese famoso documento interno de la Cancillería iraní, nunca presentado en la causa y cuyo contenido se demostró que era falso. Una operación del servicio secreto de un país extranjero pudo movilizar a la oposición interna contra el memorándum. Todas las instancias por las que transitan estos gravísimos hechos –el atentado a la AMIA y la muerte del fiscal que lo investigaba– están conmocionadas a su vez por problemáticas concretas de los que tratan de usarlos en provecho propio: los sectores más conservadores del estamento judicial se resisten a introducir los cambios propuestos por el oficialismo; la corporación mediática se resiste a la desmonopolización que requiere la nueva ley de medios; los Servicios de Inteligencia buscan venganza por los desplazamientos internos y la reorganización que se impulsa desde el Congreso; y la oposición está en un año electoral. Para todos ellos, el Gobierno es el único responsable de todos sus males. No es la mejor combinación para esclarecer ninguno de los hechos investigados.

Los Servicios de Inteligencia y la corporación de medios están tan mezclados con estos hechos, que es inevitable que el acto que se anuncia para el próximo jueves en homenaje al fiscal sea usado políticamente como se hizo con la ceremonia de su entierro. No por la actitud de la familia, que en todo momento trató de preservar el sentido de ese acto en un marco respetuoso, sino por la intervención de grupos de activistas que provocaron los desmanes. Desde el punto de vista granmediático, estos desmanes constituyeron lo más trascendente de la ceremonia. Y a los activistas los pusieron los servicios.

El jueves también estarán los que, al igual que en el entierro, tratarán de usar en provecho propio la muerte del fiscal. Estarán los dirigentes de la oposición como Elisa Carrió, que ya trató de opacar al fiscal Nisman con su propia denuncia contra la Presidenta. A cada quien le interesa su parte del botín sin que les importen mucho los 85 asesinados en la AMIA o el mismo fiscal homenajeado. La demagogia es más visible y ruidosa que la discreción de los que están más preocupados por el esclarecimiento de esas muertes. Son situaciones en las que la política muestra su costado más oscuro, donde la vida de las personas se convierte en meras fichas de un juego de poder que circula por rincones que nunca salen a la luz.

FEIN TOMO DOS NUEVAS DECLARACIONES Alonso y Gentili

La diputada de PRO Laura Alonso declaró como testigo ante la fiscal Viviana Fein. Había tenido un encuentro con Alberto Nisman el día que presentó la denuncia por encubrimiento contra la Presidenta, el canciller y otras personas, además de que hablaba por teléfono con él. Al salir, Alonso relató que el fiscal le había dicho que “Cristina Kirchner ordenó todo”, que es el concepto que –en efecto– había puesto en la denuncia, cuestionada por algunos jueces del propio fuero federal por falta de pruebas o algún sustento que indicara la gravedad o urgencia de presentarla en medio de la feria judicial. Alonso relató ante la prensa que Nisman le dijo: “No tengo miedo por mí, tengo miedo por mis hijas”. Y que desde la Procuración General querían apartarlo del cargo en el caso AMIA. El organismo tenía un pedido de Memoria Activa para que eso sucediera, pero no había avanzado. También declaró Alberto Gentili, el actual titular de la unidad dedicada a investigar el atentado a la mutual judía. Desde la fiscalía les restaron trascendencia a ambas declaraciones.

Alonso fue interrogada sobre las circunstancias que estaba viviendo Nisman. Describió que el fiscal “no tenía dudas” sobre el contenido de la denuncia que había presentado, donde señalaba un supuesto acuerdo para encubrir a los iraníes con pedido de captura por el atentado con el levantamiento de las credenciales rojas que implican la búsqueda de Interpol. Aunque el ex secretario de esa agencia internacional, Roland Noble, negó gestiones en ese sentido y que el juez del caso AMIA, Rodolfo Canicoba Corral, cuestionó la denuncia, Alonso dice que Nisman se mostraba convencido de lo que decía y que le dijo que al Congreso iba a ir “con todo”. Otras versiones señalan que Alonso dijo que lo vio atemorizado y expectante respecto de la presentación que debía hacer en el Congreso un día después de ser hallado muerto.

“No tengo dudas de que no se suicidó”, aventuró la diputada, que fue la única integrante del PRO que se comunicó con Nisman en los días previos a su muerte. El resto de las personas que hablaron con él están siendo citadas también a declarar.

El otro testimonio de ayer fue el del fiscal Gentili, quien al parecer era de confianza de Nisman. El contenido de su relato no trascendió. Lo que él había expresado en la Procuración fue que Nisman, varios meses atrás, le había pedido que lo reemplazara en enero. Lo pensó y le habría dicho que no, pero terminó firmando igual una resolución designándolo y era quien estaba el mes pasado a cargo de la UFI AMIA, como subrogante, al momento del regreso del fiscal desde Europa, que tomó por sorpresa a algunos de sus empleados, aunque no a todos: los dos más cercanos sabían, según declararon, que pese a que originalmente programó el regreso para el 23 de enero, luego lo adelantó.

La gran expectativa está puesta ahora en la declaración del ex jefe de operaciones de la Secretaría de Inteligencia, Antonio “Jaime” Stiuso, ya que un celular a su nombre mantiene una comunicación con el Nextel de Nisman el día previo a su muerte, por la tarde, y también los días anteriores. Su abogado, el ex agente Santiago Blanco Bermúdez, dijo que está dispuesto a hablarcuriosamente y que acordó con la fiscalía que declarará con la mayor confidencialidad posible, de incógnito, “por seguridad”. Está relevado del secreto de todo lo que tenga conocimiento en su trayectoria en la ex SIDE desde 1972 y que pueda servir para esclarecer la muerte.

EL REEMPLAZANTE DE NISMAN PIDIO A LA PROCURACION QUE RESCINDA EL CONTRATO DE LAGOMARSINO Un técnico para nada imprescindible

Por Raúl Kollmann e Irina Hauser

La Procuración General rescindirá la semana que viene el contrato del técnico informático Diego Lagomarsino, en base a un pedido del fiscal Alberto Gentili, quien reemplazó a Alberto Nisman en la Unidad Especial AMIA. Lagomarsino fue la última persona que vio con vida a Nisman y fue el que le prestó la pistola Bersa 22 con la que se produjo el disparo mortal. Ganaba una cifra sideral, 41.000 pesos mensuales, el contrato más alto que se registre en cualquier fiscalía del país. La mayoría de los empleados de la Unidad AMIA testimoniaron que no concurría a la fiscalía y él mismo afirmó que trabajaba de forma remota y que solía ver a Nisman en el edificio Le Parc, muchas veces en horarios inhabituales, como las dos de la mañana de un feriado. Gentili, designado por Nisman para reemplazarlo en enero, señaló en un escrito que el informático no se presentaba a trabajar y que lo mismo ocurrió con otro contratado, el abogado Claudio Rabinovich, que percibía 31.000 pesos mensuales y que será igualmente dado de baja.

La fiscal Viviana Fein investiga qué papel tenían ambos, qué trabajos hacían y la relación con Nisman. Sus legajos son los únicos dos que hasta ahora pidió a la Procuración, aunque había otros ocho contratados que tampoco asistían a las dependencias de la unidad, según las declaraciones del resto de los empleados ante la fiscalía, que dijeron que sabían de su existencia, pero no conocen qué tareas cumplían. Tanto Lagomarsino como Rabinovich habían firmado sus contratos en 2008. Los papeles definían en forma genérica sus supuestas tareas. En el caso del primero, se hablaba de servicios informáticos, y en el del segundo, jurídicos. Gentili, a cargo transitoriamente de la UFI AMIA, pidió rescindirlos por ser una suerte de empleados o asesores fantasma. Este fiscal declaró ayer en la causa sobre la muerte (ver aparte).

Fein analiza en particular una serie de empresas que figuran a nombre de Lagomarsino, de 35 años, y unos treinta viajes al exterior que hizo en los últimos tres años. Intenta verificar en cuáles de ellos estuvo con Nisman. Se sabe que fueron a Chile juntos y también a alguna provincia.

Lagomarsino es un protagonista enigmático de las últimas 24 horas de la vida de Nisman. Parece claro que no tuvo que ver directamente con la muerte del fiscal porque no estaba en el edificio entre las 11 y las 15 del domingo 18 de enero, el día que fue hallado sin vida. Este último dato habrá que comprobarlo: en los registros de Le Parc figura que entró el sábado a las 20 y que salió recién el lunes a la madrugada, 0.53 hora. Pero da la impresión de que es un registro equivocado. Habitualmente el personal de seguridad no anotaba las salidas en el momento. Por otro lado, la fiscal informó esta semana que había formas de entrar o salir del edificio sin ser captado por cámaras, de las cuales –además– pocas funcionaban, como lo confirmó el director de la empresa a cargo de la seguridad.

Lo que es todavía más oscuro es el trabajo de Lagomarsino con Nisman. El dice que se dedicaba a la seguridad informática, pero es una versión difícil de creer:

- La Procuración tiene un equipo informático, especializado, que es usado por buena parte de las fiscalías del país.

- Hay algunas fiscalías que tienen su propio equipo informático. Entre ellas está la Unidad AMIA.

- Lagomarsino ni siquiera estaba en el equipo de la Unidad AMIA propiamente dicho, funcionaba por afuera.

En una versión que hizo llegar a este diario, Lagomarsino contó –a través de una jueza– que le prestó el arma a Nisman porque éste fue advertido por el espía Antonio “Jaime” Stiuso de que desconfiara de la custodia y que les pusiera seguridad a sus hijas. Esta explicación no la dio en la Justicia y ahora la niega. No se entiende por qué razón esquiva nombrar al otrora poderoso hombre de la ex SIDE. La obligación de guardar secreto es de por vida, pero se lo releva para un caso concreto, como cuando el mismos Stiuso declaró en el juicio por atentado a la AMIA, igual que otros agentes. En ese caso, por ejemplo, el relevo del secreto a un grupo de agentes permitió establecer el pago ilegal de 400 mil dólares con fondos de Inteligencia al desarmador de autos Carlos Telleldín, para que diera una versión inventada que inculpara a los policías bonaerenses.

Hasta ahora la evidencia científica no indica rastros de la presencia de terceras personas en el baño donde Nisman apareció muerto, ni en su ropa ni en el arma que le prestó Lagomarsino. Ese préstamo es el único hecho formal por el que hasta ahora está implicado, lo demás es un misterio a desentrañar.

Su abogado Maximiliano Rusconi lo hizo hablar y dar su versión de los encuentros que tuvo con Nisman el sábado 17 de enero, el día previo a su muerte, pero no respondió preguntas. En ese contexto fue que contó que el fiscal lo había convocado para que fuera a su departamento y que allí le preguntó si tenía un arma para prestarle. Dijo que le preguntó al fiscal si creía que la denuncia por encubrimiento contra la presidenta Cristina Kirchner había tenido más repercusión de la que esperaba, y que le dijo que sí, que tenía miedo por sus hijas y que no confiaba en la custodia. Según Lagomarsino, le dijo a Nisman que la pistola era vieja y que no le iba a servir para defenderse, y que le contestó que la quería para llevar en la guantera. Según su relato, volvió a su casa, buscó el arma y se la llevó cerca de las 20. Le explicó, relató entonces, cómo usarla y que la respuesta de Nisman fue que no se preocupara porque no la iba a usar. ¿De dónde se conocían? Según el joven informático, de arreglar las computadoras cuando todavía vivía con la jueza Sandra Arroyo Salgado.

La fiscal Fein también mandó a investigar las llamadas de Lagomarsino, que es una de las cuestiones que están pendientes. Por ahora, aunque él no lo nombró en su declaración inicial y pública –pero sí ante la jueza que acercó su relato a este diario– ya se corroboró que Stiuso fue una de las últimas personas que hablaron con Nisman antes de su muerte. La última llamada habría sido cerca de las cinco de la tarde, un horario cercano al que el fiscal habló con Lagomarsino para citarlo en su casa. El ex jefe de operaciones de la SI tendrá que declarar pronto, aunque se mantiene en secreto cuándo y dónde.

ay la ucr....de ayer de hoy de siempre...

El 28 de mayo del año 1946, tras las elecciones del mes de febrero que dijeron como amplio ganador a Juan D. Perón acompañado por Hortensio Quijano,; en el Congreso se reúnene ambas Cámaras para proclamar la fórmula antes de su asunción formal prevista para el 4 de junio.
La bancada opositora, encabezada por al Unión Cívica Radical, integrante de al Unión Democrática, esgrime que, al haber sido Juan D. Perón, vice presidente de la Junta Militar que gobernó hasta ese día, y, al prohibir en aquél momento la Constitución de 1853, la reelección del presidente y vice, declaró ilegal a la fórmula, no le reconoció el triunfo electoral y se abstuvo de proclamarla.
Sí los mismos que apoyaron el fraude eletoral entre 1935 y 1943, y mas luego el golpe de estado de setiembre de 1955, se bañaban en democracia y república, les suena?.

Como verán, la UCR  de ayer es la UCR de hoy que rehúsa debates cosntitucionales.

Prof GB

ECONOMIA Créditos para infraestructura

El Gobierno acordó ayer con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo el desembolso de financiamiento por 1200 millones de dólares durante 2015. Los préstamos forman parte del plan acordado con esos organismos para los próximos tres años. El plan de ingreso de los créditos fue terminado de negociar durante un encuentro en la Casa Rosada entre el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y las autoridades de los organismos internacionales de crédito. Durante el encuentro con el BID, el funcionario se reunió con Alexandre Meira da Rosa, vicepresidenta de países del BID. En tanto, la reunión de Capitanich con el Banco Mundial contó con la presencia del director del organismo para Argentina, Paraguay y Uruguay, Jesko Hentschel. Durante los encuentros, la Jefatura de Gabinete intentó avanzar en la aprobación de financiamiento adicional para distintas iniciativas por un monto de 750 millones de dólares. Los fondos serán destinados a proyectos de infraestructura.

El juicio de la Rural

El Tribunal Oral Federal número 2, a cargo de Rodrigo Giménez Uriburu, llevará adelante el juicio oral por la venta del Predio Ferial de Palermo durante el menemismo. En total hay 12 imputados entre los que se encuentran el ex presidente Carlos Menem, el ex ministro de Economía Domingo Cavallo y el ex titular de la Sociedad Rural Eduardo de Zavalía. Ahora las partes deberán ratificar las pruebas presentadas o poner a disposición del TOF nuevas pruebas. Una vez concluido este proceso, se fijará la fecha del juicio oral. La SRA recibió el predio por 30 millones de dólares, cuando la Corte Suprema dictaminó que valía 130 millones.

Record para la soja

La cosecha de soja para el período 2014-2015 podría alcanzar las 57 millones de toneladas, lo que marcaría un nuevo record histórico. Así lo informó ayer la consultora norteamericana Informa Economics. A su vez, la producción de maíz alcanzará este año las 23 millones de toneladas, mientras que la de trigo se ubicará en las 12,5 millones. En su última campaña, la oleaginosa alcanzó las 55,6 millones de toneladas. La cotización en el mercado de Chicago cerró en 361 dólares. Este año, Brasil producirá 93,5 millones de toneladas.

ECONOMIA

Escrituras en baja

La compra-venta de inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires anotó 3889 operaciones, con un retroceso del 11,2 por ciento respecto del mismo mes del año pasado, mientas que acumuló en todo 2014 33.694 escrituras, con una contracción del 6,2 por ciento respecto de 2013. Medida en montos, en diciembre se efectuaron transacciones por 6024 millones de pesos, para incrementarse 124,7 por ciento respecto del mismo mes del año pasado, mientras que en el acumulado de 2014 se computaron operaciones por 30.668 millones de pesos, un alza del 55,1 por ciento.

    Jueves, 05 de febrero de 2015