Desde el oficialismo cuestionaron la decisión de los opositores de bloquear cualquier nombramiento en el máximo Tribunal. Advirtieron que va en contra de la Constitución.
Por Miguel Jorquera
El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y legisladores del oficialismo cruzaron duramente la decisión de los senadores opositores que acordaron bloquear en la Cámara alta la designación de cualquier reemplazante de Raúl Zaffaroni en la Corte Suprema de Justicia. “Es una contradicción inexplicable que el arco opositor se niegue a cumplir con la Constitución”, sostuvo el ministro coordinador. “Hacen un pacto de modo de impedir que la Presidenta cumpla con su facultad y obligación constitucional de cubrir la vacancia que se produzca en la Corte durante su mandato”, agregó la diputada Diana Conti. Para el senador Aníbal Fernández el argumento con que la oposición justifica su postura “es estúpido, de un análisis paupérrimo. Pero como creo que se trata de personas con formación me tengo que ir al otro extremo y creer que es sólo la intención de sacar una ventaja politiquera, exigua, de gente de dudoso bien”. “Comenzó a funcionar la máquina de impedir”, sostuvo el diputado y consejero de la Magistratura Héctor Recalde.
“Lamentamos esas expresiones porque son contradictorias con lo que siempre han pregonado, que es la defensa de la calidad institucional”, dijo Capitanich sobre el documento que el miércoles firmaron 29 senadores opositores –UCR, FA-Unen, PRO y Peronismo Federal– para bloquear a cualquier postulante a la Corte para reemplazar a Zaffaroni, que presentó su renuncia ajustándose a la edad que fija la Constitución.
“Es una contradicción inexplicable que el arco opositor se niegue a cumplir con la Constitución”, afirmó el ministro en su habitual rueda de prensa en Casa Rosada. “No pueden y no deben tener una conducta especulativa”, ya que “está establecido el procedimiento que se debe seguir para el nombramiento de un nuevo miembro” de la Corte, agregó.
Capitanich también replicó los argumentos opositores de supuesta “cooptación del Poder Judicial”. “El pueblo argentino se merece conductas coherentes, pero no me cabe la menor duda de que cuando uno observa la experiencia de sus gobiernos, en las distintas provincias, todo lo que dicen lo desmienten ahí, porque violan cualquier indicio de calidad institucional”, remarcó el ministro.
“Es una vergüenza, dan vergüenza ajena. El artículo 99, inciso 4, de la Constitución dice que se necesitan dos tercios de los senadores presentes en el Senado para poder dar el aval. El nombramiento no lo puedo hacer sólo (el oficialismo), es una decisión común, entre los dos (oficialismo y oposición), donde ellos tienen una parte importante para tomar la decisión”, dijo el senador Fernández a Página/12.
“Es un argumento estúpido, de un análisis paupérrimo”, continuó y señaló que “lo que quieren es tratar de deslucir la tarea del Ejecutivo, como cuando en 2010 negaron que se sancione el Presupuesto. Fue un papelón y esto también lo es”, agregó.
“La misma oposición que habla de república ante un hecho concreto se comporta de la manera menos republicana que conozco: hacen un pacto de modo de impedir que la Presidenta cumpla con su facultad y obligación constitucional de cubrir la vacancia que se produzca durante su mandato”, sostuvo Conti ante este diario y rebatió las acusaciones opositoras: “La Corte es independiente, lo ha demostrado. De qué manera llenar una vacancia puede producir lo que llaman ‘cooptación de la Justicia’. Es una barbaridad. El Gobierno no pretende cooptar sino democratizar la Justicia, que esté al servicio del pueblo y que sea eficiente y eficaz. Y la Justicia sigue en deuda sobre estos puntos”, sentenció.
“No necesitan ir a una escribanía ni firmar un compromiso, se supone que tienen convicciones”, afirmó Recalde a Página/12 sobre los opositores, a quienes le reprochó que “siempre hablan de diálogo y consenso pero nunca van al consenso”. Luego preguntó: “¿Negarse a qué? ¿Negarse a una propuesta que no existe? ¿Se negarían igual si fuera Germán Bidart Campos?”, en referencia al fallecido y reconocido constitucionalista. “Yo no soy pro pero esto es muy anti”, sumó con un dejo de humor. También explicó que “una Corte de cuatro integrantes genera complicaciones. Sus fallos generan jurisprudencia. Con un quinto componente como subrogante no va a haber seguridad jurídica. Uno dirá blanco y otro subrogante dirá negro”.
21/11/14 Página|12
viernes, 21 de noviembre de 2014
ENTREVISTA A GABRIELA VAZQUEZ, LA PRIMERA MUJER ELECTA PARA PRESIDIR EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA “Yo voy a votar siempre de acuerdo a mis convicciones”
Fue electa para el Consejo por la lista que representa al sector más progresista. Con los votos del kirchnerismo llegó a la presidencia.
Por Irina Hauser
Gabriela Vázquez dice que tiene imágenes de su niñez en la que visitaba con su papá, un médico socialista, a Alicia Moreau de Justo. Se le mezclan los recuerdos y lo que le contaron. En una de esas alquimias se ve jugando con ella. En otras puede ver aquella mujer a la que admiró en una cama de hospital, bromeándole a su padre. “¿Hoy vino solo no? Ah, nooo”, decía como quien juega a que descubre a la niña escondida. “Esa chica sí que pisa fuerte”, vaticinaba.
A los 51 años, Vázquez es jueza laboral, tiene una larga historia de militancia en la lista Celeste en la Asociación de Magistrados –la más progresista, dentro de lo que ese concepto puede significar en el mundo judicial– y en las costumbres de la familia judicial se muestra más conservadora que reformista. Se despega de Justicia Legítima y afirma que no hace falta democratizar la Justicia.
Dice que sólo no milita partidariamente porque como jueza está impedida. “Mi papá pasó del socialismo al peronismo y yo de chica lo acompañaba a todas partes. Estaban en la CGT de los Argentinos.” Estaba convencida de que quería ser la primera mujer en presidir el Consejo de la Magistratura. Ayer, en el primer plenario, cuenta, se sintió un poco atacada como tal. Por eso dijo: “No les voy a permitir como primera presidenta mujer que pongan obstáculos a través de triquiñuelas paralicen el Consejo”. “Me pareció que me subestimaban, como mujer, rubia, menudita”, dice de sí misma, ya de noche, quejándose de un gran agotamiento.
“Luis Cabral me sobraba, por momentos se hacía el dormido cuando yo hablaba. No quiere que yo haga una buena presidencia, no está contento con mi designación, quería ser él presidente”, regaña “Quiere manejar los recursos con gente que le responde. Para mí es básico poder administrar de manera transparente los recursos del Poder Judicial”, insiste. Cabral es su oponente en la Asociación de Magistrados.
–Como presidenta mujer, ¿qué le puede aportar de novedoso al Consejo?
–Soy la primera y somos dos mujeres en todo el organismo. Voy a impulsar la formación en trata de personas y género para los jueces en todo el país y también en la inversión de todo lo que necesitan los juzgados para abordar por ejemplo la trata, como las cámaras Gesell. Quiero hacer una evaluación de los reglamentos de acceso a los cargos desde la perspectiva de género. Y revisar la cuestión de los cuidados: las mujeres seguimos siendo las que cuidamos de los niños y a toda la familia, y eso hace probable que se proyecte en los concursos, donde los reglamentos se exigen diez puntos para doctorado, diez para docencia, diez para libros, cosas difíciles para una mujer en edad reproductiva. Todavía no se ha democratizado hacia adentro del Poder Judicial en la cuestión de los cuidados.
–¿Qué significa para usted que sólo la haya votado para presidenta el kirchnerismo, sin otros jueces ni abogados, ni radicales?
–No importa quién me votó. Yo evalué que para cumplir las promesas que hice en la campaña, necesito ser presidenta. Propuse a Leónidas Moldes como vice y no quiso.
–Dijo que había un acuerdo político del que no participó, ¿los jueces no hacen política?
–Los jueces no hacen política partidaria. Pero sí ejercemos la jurisdicción y aplicamos políticas. Políticas públicas y de Estado. En el Consejo hay que hacer políticas de consenso. Yo prometí tres objetivos esenciales y los quiero cumplir: una administración guiada por austeridad y transparencia; la selección de jueces en tiempos breves, y me gustaría que no duren más de seis meses los expedientes contra jueces y que se desestimen las denuncias por el contenido de las sentencias.
–¿Usted se imagina votando con el kirchnerismo y evitando los históricos empates?
–Voy a votar siempre lo que concuerde con mis convicciones. No creo que se vaya a empantanar el Consejo y voy a hacer todo lo posible para que eso no suceda.
–¿Le hubiera gustado una reforma del organismo?
–Claramente no. De hecho, acompañé la demanda de la Asociación de Magistrados que cuestionó la validez constitucional de la ley.
–¿Qué falta para democratizar la Justicia?
–La Justicia ya es uno de los tres poderes previstos en la Constitución y no me parece que le falte nada para democratizarla.
–En su campaña dijo que las declaraciones juradas de los jueces no deben ser públicas. ¿Por qué?
–Los jueces a veces tienen funciones peligrosas por lo que investigan y no pueden estar sobreexpuestos. A su vez, si alguien fundamenta su solicitud de ver una declaración el sistema funcionó y da acceso a las declaraciones juradas.
–¿Cuál es su relación con Justicia Legítima?
–No pertenezco a la organización, pertenezco a un espacio de la asociación que es la lista Celeste.
–¿Qué hará para evitar fraudes en la selección de jueces?
–Trabajar como presidenta de manera concreta a intensa al igual que lo he hecho toda mi vida como jueza.
DISCUSION SOBRE LOS FONDOS JUDICIALES
La primera pulseada
Por Irina Hauser
Gabriela Vázquez, camarista laboral, peronista de origen, oriunda de Lanús, opositora al oficialismo conservador de la Asociación de Magistrados, igualmente defensora de algunos principios corporativos, será la primera mujer en presidir el Consejo de la Magistratura. La eligieron para ocupar ese lugar todos los consejeros kirchneristas, aunque necesitó de su propio voto para ser consagrada. Ese resultado, diría la jueza al rato, “es parte de nuestra lucha como mujeres para perforar el techo de cristal en el que estamos hace años”. Prometió que su gestión será de “austeridad y transparencia” y, no bien se desató en el plenario una discusión sobre el dinero disponible para el Poder Judicial y las dudas sobre su manejo, convocó a una reunión extraordinaria unas horas más tarde en la que se terminó votando un cambio de administrador: fue desplazado Germán Krieger y asumió el abogado Claudio Cholakian. Sucedió ante la ausencia rabiosa del bloque opositor, que acusó al oficialismo de querer apoderarse de la administración de los fondos.
En un solo día, el oficialismo consiguió poner en la presidencia a la candidata que quería y de la que espera un apoyo más o menos constante para tener la mayoría necesaria para las decisiones importantes y logró también designar como administrador a alguien que considera idóneo y afín. Si bien la Corte Suprema no administra hace tiempo el dinero de la Justicia, siempre tuvo influencia en el asunto. Cholakian fue asesor de Diana Conti en el Consejo, ahora integra el cuerpo de auditores y la comisión directiva de Justicia Legítima. El santafesino Krieger, el hombre desplazado, aunque nombrado por el Ejecutivo, reportaba al alto tribunal.
La disputa de ayer por el sillón presidencial parecía una interna de la asociación de jueces, ya que Vázquez peleaba el cargo con su colega Luis Cabral. Ella es histórica de la Lista Celeste de la entidad y Cabral, de la Bordó, icono de la familia judicial. A la camarista la postuló el representante académico Jorge Candis. La consagraron los votos de su impulsor, de los cuatro legisladores del FpV, del representante del Ejecutivo, Julián Alvarez, y el de ella misma. Otro juez, Leónidas Moldes, apoyó a Cabral junto con los dos radicales y los dos abogados. La definición fue ajustada, lo que revela que aún está por verse si el Consejo logrará salir de su situación de empate casi permanente y que, por ahora, sólo podría hacer variar la fidelidad de Vázquez al oficialismo.
Consagrada Vázquez, Cabral propuso para la vicepresidencia a Moldes, conocido como antikirchnerista, quien con ademán protocolar rechazó el ofrecimiento: no quería –dijo– legitimar un acuerdo político del que no había sido parte. El plenario empezó a levantar temperatura cuando el santacruceño Pablo González comentó, irónico, que le llamaba la atención que los jueces hablaran de acuerdo político si después dicen que no hacen política. Al final, el número dos fue Candis.
El plenario había sido convocado para las 9.30. Pero desde antes y hasta las 14 todo se negoció entre bambalinas. El oficialismo aceptó desistir de su plan de someter a ratificación o reemplazo a nueve funcionarios clave y limitar el plenario a elegir autoridades. Pero la cuestión de los fondos del Poder Judicial y del administrador estalló rápidamente. Cabral, con gestos ampulosos, se quejó de que el Poder Ejecutivo le debe mucho dinero al Judicial y que este mes tuvieron que retrasar el pago de sueldos. “Nos deben 1200 millones de pesos. No hay plata para nada”, enfatizó ante Página/12. Alvarez le respondió que la demora en salarios fue una maniobra sólo lucubrada por el Poder Judicial para salir a cuestionar al Gobierno, que les había concedido 138 millones para eso. Los judiciales alegaban un error en el rubro en el que había sido depositado. Según el funcionario camporista, lo sabían desde 25 días antes y, aun así, no era un problema. Alvarez advirtió que no se conocen los números reales de la Justicia ni cómo se administran.
Candis pidió un informe sobre la administración de los fondos judiciales y aludió a presuntas irregularidades por las que al administrador finalmente desplazado, Krieger, lo rozan cinco causas penales por posibles desvíos de fondos, locaciones dudosas e incluso por la validez de su nombramiento. Krieger, recordaban en el Consejo, fue designado a instancias de Cabral, quien ya presidió el organismo en 2010.
Junto con el ajedrez político, quienes conocen la interna judicial saben que todo lo que los jueces que son dirigentes de la Asociación de Magistrados hacen y dicen en estos días está teñido por una pelea electoral: la semana próxima hay elecciones en la entidad, donde se juegan beneficios corporativos, viajes, ascendencia en los nombramientos y denuncias, y toda una tradición. Cabral –presidente saliente– está en una carrera por recuperar apoyos perdidos tras su acercamiento, este año, a la Casa Rosada. Su lista, la Bordó, entró en pánico de seguir perdiendo poder, ya que la Asociación está fragmentada ahora en cuatro listas.
En cuanto creció la polémica por el dinero, Vázquez se puso en guardia. “No les voy a permitir, como primera presidenta mujer, que pongan obstáculos a través de triquiñuelas que paralicen el Consejo”, se despachó. “El tema de los salarios es fundamental para todos los trabajadores judiciales”, dijo. Entonces convocó a una sesión extraordinaria, basándose en un artículo del reglamento que prevé esa opción ante “circunstancias urgentes”. “Estamos a 20 de noviembre y vamos a tener que pagar salarios”, enfatizó.
La convocatoria se fijó para las seis de la tarde. De a poco se sentaron los legisladores kirchneristas, Candis y Vázquez en la cabecera. Pero ni los otros dos jueces ni los abogados ni los radicales volvieron a aparecer. “Es irregular, no pueden llamar a una sesión extraordinaria en medio de un plenario”, pataleó Cabral. Dijo que si querían votar la cuestión de la administración, había que juntar diez votos e incorporarlo al temario. “No fuimos ninguno de los que entendíamos que era una burla al reglamento”, sostuvo Cabral. “Es todo un capricho adolescente para tomar por asalto la administración del Poder Judicial, en una alianza del oficialismo con la Lista Celeste. Estamos analizando impugnar la validez del plenario”, gruñó el juez, que subroga en la Cámara de Casación, donde se le cuestiona que llegó sin sorteo.
Así, en el segundo encuentro del día, Alvarez propuso tomar “medidas urgentes”, porque “estamos hablando del pago de salarios”. Recalde apoyó medidas “tomadas a tiempo” en ese terreno. Entonces Alvarez fue al grano y planteó “reasignar” a Krieger. Vázquez señaló una “gran demanda de infraestructura” para el Poder Judicial y prometió un “eficaz manejo de los recursos”. Los camporistas querían nombrar a Juan Massolo, cercano al ministro Axel Kicillof. Vázquez retrucó con Cholakian porque “hace falta alguien que desarrolle funciones en el Consejo”. A los pocos minutos ya le estaban tomando juramento.
La designación de Godoy
Uno de los momentos de mayor tensión en el plenario de ayer se vivió cuando el juez Leónidas Moldes pidió tratar la designación como consejero del senador del FpV Ruperto Godoy. Su nombramiento fue especialmente señalado en estos días porque es el primer integrante del Consejo de la Magistratura que no tiene título de abogado, una posibilidad que habilitó la ley de reforma del organismo que elige y sanciona jueces. Lo que sucede es que un ex consejero, Alejandro Fargosi, había conseguido una medida cautelar para frenar los cambios en el Consejo, y abarcaba la designación de consejeros sin título de abogado. Fargosi difundió ayer que la medida tiene confirmación de la Cámara. Moldes pidió ratificar o no el juramento de Godoy en una votación, pero no consiguió los diez votos necesarios. El oficialista Pablo González se enojó y dijo que era un “avasallamiento”. El kirchnerismo y el radicalismo acordaron posponer el tema.
21/11/14 Página|12
Por Irina Hauser
Gabriela Vázquez dice que tiene imágenes de su niñez en la que visitaba con su papá, un médico socialista, a Alicia Moreau de Justo. Se le mezclan los recuerdos y lo que le contaron. En una de esas alquimias se ve jugando con ella. En otras puede ver aquella mujer a la que admiró en una cama de hospital, bromeándole a su padre. “¿Hoy vino solo no? Ah, nooo”, decía como quien juega a que descubre a la niña escondida. “Esa chica sí que pisa fuerte”, vaticinaba.
A los 51 años, Vázquez es jueza laboral, tiene una larga historia de militancia en la lista Celeste en la Asociación de Magistrados –la más progresista, dentro de lo que ese concepto puede significar en el mundo judicial– y en las costumbres de la familia judicial se muestra más conservadora que reformista. Se despega de Justicia Legítima y afirma que no hace falta democratizar la Justicia.
Dice que sólo no milita partidariamente porque como jueza está impedida. “Mi papá pasó del socialismo al peronismo y yo de chica lo acompañaba a todas partes. Estaban en la CGT de los Argentinos.” Estaba convencida de que quería ser la primera mujer en presidir el Consejo de la Magistratura. Ayer, en el primer plenario, cuenta, se sintió un poco atacada como tal. Por eso dijo: “No les voy a permitir como primera presidenta mujer que pongan obstáculos a través de triquiñuelas paralicen el Consejo”. “Me pareció que me subestimaban, como mujer, rubia, menudita”, dice de sí misma, ya de noche, quejándose de un gran agotamiento.
“Luis Cabral me sobraba, por momentos se hacía el dormido cuando yo hablaba. No quiere que yo haga una buena presidencia, no está contento con mi designación, quería ser él presidente”, regaña “Quiere manejar los recursos con gente que le responde. Para mí es básico poder administrar de manera transparente los recursos del Poder Judicial”, insiste. Cabral es su oponente en la Asociación de Magistrados.
–Como presidenta mujer, ¿qué le puede aportar de novedoso al Consejo?
–Soy la primera y somos dos mujeres en todo el organismo. Voy a impulsar la formación en trata de personas y género para los jueces en todo el país y también en la inversión de todo lo que necesitan los juzgados para abordar por ejemplo la trata, como las cámaras Gesell. Quiero hacer una evaluación de los reglamentos de acceso a los cargos desde la perspectiva de género. Y revisar la cuestión de los cuidados: las mujeres seguimos siendo las que cuidamos de los niños y a toda la familia, y eso hace probable que se proyecte en los concursos, donde los reglamentos se exigen diez puntos para doctorado, diez para docencia, diez para libros, cosas difíciles para una mujer en edad reproductiva. Todavía no se ha democratizado hacia adentro del Poder Judicial en la cuestión de los cuidados.
–¿Qué significa para usted que sólo la haya votado para presidenta el kirchnerismo, sin otros jueces ni abogados, ni radicales?
–No importa quién me votó. Yo evalué que para cumplir las promesas que hice en la campaña, necesito ser presidenta. Propuse a Leónidas Moldes como vice y no quiso.
–Dijo que había un acuerdo político del que no participó, ¿los jueces no hacen política?
–Los jueces no hacen política partidaria. Pero sí ejercemos la jurisdicción y aplicamos políticas. Políticas públicas y de Estado. En el Consejo hay que hacer políticas de consenso. Yo prometí tres objetivos esenciales y los quiero cumplir: una administración guiada por austeridad y transparencia; la selección de jueces en tiempos breves, y me gustaría que no duren más de seis meses los expedientes contra jueces y que se desestimen las denuncias por el contenido de las sentencias.
–¿Usted se imagina votando con el kirchnerismo y evitando los históricos empates?
–Voy a votar siempre lo que concuerde con mis convicciones. No creo que se vaya a empantanar el Consejo y voy a hacer todo lo posible para que eso no suceda.
–¿Le hubiera gustado una reforma del organismo?
–Claramente no. De hecho, acompañé la demanda de la Asociación de Magistrados que cuestionó la validez constitucional de la ley.
–¿Qué falta para democratizar la Justicia?
–La Justicia ya es uno de los tres poderes previstos en la Constitución y no me parece que le falte nada para democratizarla.
–En su campaña dijo que las declaraciones juradas de los jueces no deben ser públicas. ¿Por qué?
–Los jueces a veces tienen funciones peligrosas por lo que investigan y no pueden estar sobreexpuestos. A su vez, si alguien fundamenta su solicitud de ver una declaración el sistema funcionó y da acceso a las declaraciones juradas.
–¿Cuál es su relación con Justicia Legítima?
–No pertenezco a la organización, pertenezco a un espacio de la asociación que es la lista Celeste.
–¿Qué hará para evitar fraudes en la selección de jueces?
–Trabajar como presidenta de manera concreta a intensa al igual que lo he hecho toda mi vida como jueza.
DISCUSION SOBRE LOS FONDOS JUDICIALES
La primera pulseada
Por Irina Hauser
Gabriela Vázquez, camarista laboral, peronista de origen, oriunda de Lanús, opositora al oficialismo conservador de la Asociación de Magistrados, igualmente defensora de algunos principios corporativos, será la primera mujer en presidir el Consejo de la Magistratura. La eligieron para ocupar ese lugar todos los consejeros kirchneristas, aunque necesitó de su propio voto para ser consagrada. Ese resultado, diría la jueza al rato, “es parte de nuestra lucha como mujeres para perforar el techo de cristal en el que estamos hace años”. Prometió que su gestión será de “austeridad y transparencia” y, no bien se desató en el plenario una discusión sobre el dinero disponible para el Poder Judicial y las dudas sobre su manejo, convocó a una reunión extraordinaria unas horas más tarde en la que se terminó votando un cambio de administrador: fue desplazado Germán Krieger y asumió el abogado Claudio Cholakian. Sucedió ante la ausencia rabiosa del bloque opositor, que acusó al oficialismo de querer apoderarse de la administración de los fondos.
En un solo día, el oficialismo consiguió poner en la presidencia a la candidata que quería y de la que espera un apoyo más o menos constante para tener la mayoría necesaria para las decisiones importantes y logró también designar como administrador a alguien que considera idóneo y afín. Si bien la Corte Suprema no administra hace tiempo el dinero de la Justicia, siempre tuvo influencia en el asunto. Cholakian fue asesor de Diana Conti en el Consejo, ahora integra el cuerpo de auditores y la comisión directiva de Justicia Legítima. El santafesino Krieger, el hombre desplazado, aunque nombrado por el Ejecutivo, reportaba al alto tribunal.
La disputa de ayer por el sillón presidencial parecía una interna de la asociación de jueces, ya que Vázquez peleaba el cargo con su colega Luis Cabral. Ella es histórica de la Lista Celeste de la entidad y Cabral, de la Bordó, icono de la familia judicial. A la camarista la postuló el representante académico Jorge Candis. La consagraron los votos de su impulsor, de los cuatro legisladores del FpV, del representante del Ejecutivo, Julián Alvarez, y el de ella misma. Otro juez, Leónidas Moldes, apoyó a Cabral junto con los dos radicales y los dos abogados. La definición fue ajustada, lo que revela que aún está por verse si el Consejo logrará salir de su situación de empate casi permanente y que, por ahora, sólo podría hacer variar la fidelidad de Vázquez al oficialismo.
Consagrada Vázquez, Cabral propuso para la vicepresidencia a Moldes, conocido como antikirchnerista, quien con ademán protocolar rechazó el ofrecimiento: no quería –dijo– legitimar un acuerdo político del que no había sido parte. El plenario empezó a levantar temperatura cuando el santacruceño Pablo González comentó, irónico, que le llamaba la atención que los jueces hablaran de acuerdo político si después dicen que no hacen política. Al final, el número dos fue Candis.
El plenario había sido convocado para las 9.30. Pero desde antes y hasta las 14 todo se negoció entre bambalinas. El oficialismo aceptó desistir de su plan de someter a ratificación o reemplazo a nueve funcionarios clave y limitar el plenario a elegir autoridades. Pero la cuestión de los fondos del Poder Judicial y del administrador estalló rápidamente. Cabral, con gestos ampulosos, se quejó de que el Poder Ejecutivo le debe mucho dinero al Judicial y que este mes tuvieron que retrasar el pago de sueldos. “Nos deben 1200 millones de pesos. No hay plata para nada”, enfatizó ante Página/12. Alvarez le respondió que la demora en salarios fue una maniobra sólo lucubrada por el Poder Judicial para salir a cuestionar al Gobierno, que les había concedido 138 millones para eso. Los judiciales alegaban un error en el rubro en el que había sido depositado. Según el funcionario camporista, lo sabían desde 25 días antes y, aun así, no era un problema. Alvarez advirtió que no se conocen los números reales de la Justicia ni cómo se administran.
Candis pidió un informe sobre la administración de los fondos judiciales y aludió a presuntas irregularidades por las que al administrador finalmente desplazado, Krieger, lo rozan cinco causas penales por posibles desvíos de fondos, locaciones dudosas e incluso por la validez de su nombramiento. Krieger, recordaban en el Consejo, fue designado a instancias de Cabral, quien ya presidió el organismo en 2010.
Junto con el ajedrez político, quienes conocen la interna judicial saben que todo lo que los jueces que son dirigentes de la Asociación de Magistrados hacen y dicen en estos días está teñido por una pelea electoral: la semana próxima hay elecciones en la entidad, donde se juegan beneficios corporativos, viajes, ascendencia en los nombramientos y denuncias, y toda una tradición. Cabral –presidente saliente– está en una carrera por recuperar apoyos perdidos tras su acercamiento, este año, a la Casa Rosada. Su lista, la Bordó, entró en pánico de seguir perdiendo poder, ya que la Asociación está fragmentada ahora en cuatro listas.
En cuanto creció la polémica por el dinero, Vázquez se puso en guardia. “No les voy a permitir, como primera presidenta mujer, que pongan obstáculos a través de triquiñuelas que paralicen el Consejo”, se despachó. “El tema de los salarios es fundamental para todos los trabajadores judiciales”, dijo. Entonces convocó a una sesión extraordinaria, basándose en un artículo del reglamento que prevé esa opción ante “circunstancias urgentes”. “Estamos a 20 de noviembre y vamos a tener que pagar salarios”, enfatizó.
La convocatoria se fijó para las seis de la tarde. De a poco se sentaron los legisladores kirchneristas, Candis y Vázquez en la cabecera. Pero ni los otros dos jueces ni los abogados ni los radicales volvieron a aparecer. “Es irregular, no pueden llamar a una sesión extraordinaria en medio de un plenario”, pataleó Cabral. Dijo que si querían votar la cuestión de la administración, había que juntar diez votos e incorporarlo al temario. “No fuimos ninguno de los que entendíamos que era una burla al reglamento”, sostuvo Cabral. “Es todo un capricho adolescente para tomar por asalto la administración del Poder Judicial, en una alianza del oficialismo con la Lista Celeste. Estamos analizando impugnar la validez del plenario”, gruñó el juez, que subroga en la Cámara de Casación, donde se le cuestiona que llegó sin sorteo.
Así, en el segundo encuentro del día, Alvarez propuso tomar “medidas urgentes”, porque “estamos hablando del pago de salarios”. Recalde apoyó medidas “tomadas a tiempo” en ese terreno. Entonces Alvarez fue al grano y planteó “reasignar” a Krieger. Vázquez señaló una “gran demanda de infraestructura” para el Poder Judicial y prometió un “eficaz manejo de los recursos”. Los camporistas querían nombrar a Juan Massolo, cercano al ministro Axel Kicillof. Vázquez retrucó con Cholakian porque “hace falta alguien que desarrolle funciones en el Consejo”. A los pocos minutos ya le estaban tomando juramento.
La designación de Godoy
Uno de los momentos de mayor tensión en el plenario de ayer se vivió cuando el juez Leónidas Moldes pidió tratar la designación como consejero del senador del FpV Ruperto Godoy. Su nombramiento fue especialmente señalado en estos días porque es el primer integrante del Consejo de la Magistratura que no tiene título de abogado, una posibilidad que habilitó la ley de reforma del organismo que elige y sanciona jueces. Lo que sucede es que un ex consejero, Alejandro Fargosi, había conseguido una medida cautelar para frenar los cambios en el Consejo, y abarcaba la designación de consejeros sin título de abogado. Fargosi difundió ayer que la medida tiene confirmación de la Cámara. Moldes pidió ratificar o no el juramento de Godoy en una votación, pero no consiguió los diez votos necesarios. El oficialista Pablo González se enojó y dijo que era un “avasallamiento”. El kirchnerismo y el radicalismo acordaron posponer el tema.
21/11/14 Página|12
Fue abogado querellante en uno de los juicios en los que se condenó a Videla Asumió Vaca Narvaja, el juez federal que fue víctima del terrorismo de Estado
"Tengo absolutas convicciones de que se puede tener una justicia más igualitaria, más equitativa y que la gente sienta como más justa", dijo a Infojus Noticias luego de asumir acompañado por representantes de organismos de derechos humanos. Juró por “la patria y el honor”, ante un centenar de funcionarios y militantes.
Por Waldo Cebrero
Fotos Sebastián Salguero
No quedó un rincón sin ocupar en el piso diez de la Torre de los Tribunales Federales de Córdoba. Hasta el hall de espera estaba repleto. Nunca la asunción de un magistrado fue tan concurrida y popular como la de Miguel Hugo Vaca Narvaja, que se convirtió en el nuevo titular del Juzgado Federal N°3, vacante desde 2009.
A sus 47 años, es el primer juez que fue víctima del terrorismo de Estado: hijo y nieto de fusilados, exiliado en México a los 9 años, sobrino de uno de los fundadores de Montoneros e integrante de una familia diezmada por la dictadura cívico militar. De impecable traje gris y corbata rojo punzó, el rubio de metro noventa juró por “la patria y el honor”, ante un centenar de funcionarios y militantes de derechos humanos. Los empleados más viejos de tribunales no recordaban ningún otro caso de otro juez que no haya jurado “por Dios”. El acto estuvo plagado de escenas que hace años hubieran parecido surrealistas.
–Tengo absolutas convicciones de que se puede tener una justicia más igualitaria, más equitativa y que la gente sienta como más justa –dijo a Infojus Noticias luego de asumir.
–Ahora, por expreso pedido del juez federal, invitamos a firmar el acta de asunción a la señora Sonia Torres, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo –dijo Ignacio Vélez Funes, vicepresidente de la Cámara Federal de Córdoba.
La abuela pasó entre la gente y estampó su firma junto a la de los camaristas. Luego siguió el turno de Emilia D’Ambra, presidenta de Familiares de Desaparecidos, y de Luis “Vitin” Baronetto, ex preso político de la UP1, el penal del barrio San Martín. Baronetto firmó y luego miró al juez.
–Por los fusilados. Por tu papá y mi esposa –le dijo.
Cuando llegó el turno de Luis Vásquez, ex dirigente de Obras Sanitarias y amigo de Miguel Hugo, el hombre gritó de entre la multitud:
–Yo soy Luis Vásquez, pero no firmo nada –el vicepresidente de la Cámara quiso protestar, pero Vásquez siguió: “Eso sí: por Huguito pongo las manos en el fuego”.
Miguel Hugo eligió asumir esta fecha por el Día de la Soberanía Nacional y porque un 20 de noviembre, hace 39 años, su padre fue detenido en las escalinatas de Tribunales Federales y cuatro meses después, fusilado por la dictadura. Entre los presos políticos fusilados estaba también Marta González de Baronetto.
Hasta un día antes de asumir como juez, Vaca Narvaja representó a los familiares de 50 víctimas del centro clandestino La Perla, en el megajuicio que empezó hace dos años. En el 2010 fue querellante en el juicio donde se condenó a Jorge Rafael Videla y otros 13 represores, por los crímenes de 31 presos políticos de la UP1. Entre esos fusilados estaba su padre, abogado de 35 años y apoderado del Peronismo Autentico, que fue sacado de su celda y acribillado junto a otros tres presos, el 10 de marzo de 1976. Diez días antes, había sido secuestrado y asesinado su abuelo. Ambos –padre y abuelo– se llamaban Miguel Hugo y el heredó sus nombres por ser primogénito.
–Yo decidí cortar con la estirpe. Era mucha carga –cuenta a Infojus Noticias–. A mi hijo le puse Emiliano, como Zapata, el revolucionario mexicano.
El 1° de marzo de 1976, con su marido muerto y un hijo preso, Susana “Tuntuna” Yofre, abuela de Hugo, juntó a su prole integrada por 26 personas e invadió el consulado mexicano pidiendo asilo político. Hugo tenía 9 años. Volvió recién con la democracia.
La paradoja es desgarradora y simbólica. Hugo Vaca Narvaja (padre) había sido detenido en 1975 por orden del Poder Ejecutivo Nacional en las escalinatas de los tribunales federales de Córdoba cuando salía de hacer una presentación a favor de su cliente, Miguel Ángel “Chicato” Moze, preso político. Aunque el edificio no es el mismo, ahora su hijo ocupará un cargo en esa institución tan anquilosada.
“Esto solo es posible gracias todos cambios que vivimos en estos últimos once años. Los derechos ganados, la inclusión, la igualdad, la equidad, son las bases para que yo pueda llegar a ser juez”, dice Miguel Hugo. No le gusta anteponer su historia personal a todo. Es perfil bajo, sereno y afectuoso. Responde con evasivas a las preguntas que buscan sacarle una frase impactante sobre su historia. Dice, por ejemplo:
–También es revolucionario que un abogado de calle como yo llegue a ser juez federal.
En 2010, durante el juicio UP1, uno abogado defensor recusó a uno de los magistrados porque se tomó una foto frente a un ex centro clandestino mientras marchaba un 24 de marzo. Aquel incidente demoró el juicio y abrió un debate anacrónico en medio del proceso. Con la asunción de Vaca Narvaja en el juzgado, aquel momento tan cercano en el tiempo parece remoto.
“Yo voy a ser un juez que va a ir a todas las marchas”, dice. “Quién te va a decir que no podes ir porque sos juez. La marcha del 24 es un compromiso con los derechos humanos y la democracia, se marcha para repudiar la abominación que fue la dictadora. Lo que sería normal es que todos los jueces, los gobernadores, los legisladores tuvieran ese compromiso”.
–¿Cómo se ve dentro de la justicia cordobesa, tan corporativa y conservadora?
-Sobre todo hay una cuestión generacional. Yo tengo 47 años, varios menos que muchos jueces de Córdoba. Mi formación arranca con la nueva Constitución Nacional del ‘94, con el ingreso de los tratados internacionales. Es otro Derecho, más moderno si se quiere. Además fui durante 20 años abogado de la calle, por lo que conozco bien cuáles son las demoras y falencias de la justicia.
–¿Qué opina de las reformas judiciales que impulsa el gobierno nacional?
–Es acorde a las políticas de los últimos años. Es muy importante que las personas puedan acercarse la justicia, entender que no es algo ajeno y lejano. Por ejemplo, como abogado, yo ahora estoy terminado un juicio por daños y perjuicios que empezó hace 17 años. ¿Cuál es la reparación después de haber trascurrido tanto tiempo? Eso no puede seguir pasando.
–¿Qué cosas de ser juez le provocan temor?
-Me da miedo a equivocarme. Como abogado he visto sentencias muy injustas. En el fueron provincial de Córdoba todavía se mete presa a gente porque tiene un porro encima, a pesar del fallo de la Corte Suprema que sostiene que son cuestiones privadas que no deben penarse. Eso sucede en Córdoba porque se desfederalizó la persecución del narcomenudeo. Pero es un dispendio jurisdiccional innecesario e inútil. Porque el problema no es ni la droga ni el consumidor, el problema es el tráfico. El gran negocio. Y hay que discutir qué hacer con él. Si lo atacamos o lo regulamos.
Miguel Hugo era hasta ayer procurador del Tesoro de Córdoba y asesor letrado de la seccional Córdoba de ANSES. En el Juzgado Federal de primera instancia N°3 reemplazará a la jubilada Cristina Garzón de Lascano. Su nombramiento se oficializó el 13 de noviembre mediante la publicación en el Boletín Oficial de la Nación del decreto 2060, firmado por la presidenta Cristina Fernández desde Olivos, cuando se reponía su licencia médica. En el orden de mérito quedó tercero.
En esa dependencia recaen las causas por terrorismo de Estado. Pero cuando se supo que el cargo sería ocupado por Vaca Narvaja, muchos especularon con lo que pasaría si él –con su historia personal– debe instruir esas causas.
-¿Se apartará de las causas de lesa humanidad?
–Solo me apartaría contra las personas a las que he acusado como querellante. Pero apartarme solo por mi historia personal no me parece que sea correcto. No es motivo de recusación. El motivo es el interés en el pleito y yo demostré que no lo tengo porque, en el juicio de mi padre, cuando la prueba no fue suficiente para pedir la condena de una persona, pedimos la absolución. Además cada uno tiene su historia persona, su carga. Que la de unos sea más o menos conocida o más o menos dolorosa, no tiene que ser motivo.
Por Waldo Cebrero
Fotos Sebastián Salguero
No quedó un rincón sin ocupar en el piso diez de la Torre de los Tribunales Federales de Córdoba. Hasta el hall de espera estaba repleto. Nunca la asunción de un magistrado fue tan concurrida y popular como la de Miguel Hugo Vaca Narvaja, que se convirtió en el nuevo titular del Juzgado Federal N°3, vacante desde 2009.
A sus 47 años, es el primer juez que fue víctima del terrorismo de Estado: hijo y nieto de fusilados, exiliado en México a los 9 años, sobrino de uno de los fundadores de Montoneros e integrante de una familia diezmada por la dictadura cívico militar. De impecable traje gris y corbata rojo punzó, el rubio de metro noventa juró por “la patria y el honor”, ante un centenar de funcionarios y militantes de derechos humanos. Los empleados más viejos de tribunales no recordaban ningún otro caso de otro juez que no haya jurado “por Dios”. El acto estuvo plagado de escenas que hace años hubieran parecido surrealistas.
–Tengo absolutas convicciones de que se puede tener una justicia más igualitaria, más equitativa y que la gente sienta como más justa –dijo a Infojus Noticias luego de asumir.
–Ahora, por expreso pedido del juez federal, invitamos a firmar el acta de asunción a la señora Sonia Torres, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo –dijo Ignacio Vélez Funes, vicepresidente de la Cámara Federal de Córdoba.
La abuela pasó entre la gente y estampó su firma junto a la de los camaristas. Luego siguió el turno de Emilia D’Ambra, presidenta de Familiares de Desaparecidos, y de Luis “Vitin” Baronetto, ex preso político de la UP1, el penal del barrio San Martín. Baronetto firmó y luego miró al juez.
–Por los fusilados. Por tu papá y mi esposa –le dijo.
Cuando llegó el turno de Luis Vásquez, ex dirigente de Obras Sanitarias y amigo de Miguel Hugo, el hombre gritó de entre la multitud:
–Yo soy Luis Vásquez, pero no firmo nada –el vicepresidente de la Cámara quiso protestar, pero Vásquez siguió: “Eso sí: por Huguito pongo las manos en el fuego”.
Miguel Hugo eligió asumir esta fecha por el Día de la Soberanía Nacional y porque un 20 de noviembre, hace 39 años, su padre fue detenido en las escalinatas de Tribunales Federales y cuatro meses después, fusilado por la dictadura. Entre los presos políticos fusilados estaba también Marta González de Baronetto.
Hasta un día antes de asumir como juez, Vaca Narvaja representó a los familiares de 50 víctimas del centro clandestino La Perla, en el megajuicio que empezó hace dos años. En el 2010 fue querellante en el juicio donde se condenó a Jorge Rafael Videla y otros 13 represores, por los crímenes de 31 presos políticos de la UP1. Entre esos fusilados estaba su padre, abogado de 35 años y apoderado del Peronismo Autentico, que fue sacado de su celda y acribillado junto a otros tres presos, el 10 de marzo de 1976. Diez días antes, había sido secuestrado y asesinado su abuelo. Ambos –padre y abuelo– se llamaban Miguel Hugo y el heredó sus nombres por ser primogénito.
–Yo decidí cortar con la estirpe. Era mucha carga –cuenta a Infojus Noticias–. A mi hijo le puse Emiliano, como Zapata, el revolucionario mexicano.
El 1° de marzo de 1976, con su marido muerto y un hijo preso, Susana “Tuntuna” Yofre, abuela de Hugo, juntó a su prole integrada por 26 personas e invadió el consulado mexicano pidiendo asilo político. Hugo tenía 9 años. Volvió recién con la democracia.
La paradoja es desgarradora y simbólica. Hugo Vaca Narvaja (padre) había sido detenido en 1975 por orden del Poder Ejecutivo Nacional en las escalinatas de los tribunales federales de Córdoba cuando salía de hacer una presentación a favor de su cliente, Miguel Ángel “Chicato” Moze, preso político. Aunque el edificio no es el mismo, ahora su hijo ocupará un cargo en esa institución tan anquilosada.
“Esto solo es posible gracias todos cambios que vivimos en estos últimos once años. Los derechos ganados, la inclusión, la igualdad, la equidad, son las bases para que yo pueda llegar a ser juez”, dice Miguel Hugo. No le gusta anteponer su historia personal a todo. Es perfil bajo, sereno y afectuoso. Responde con evasivas a las preguntas que buscan sacarle una frase impactante sobre su historia. Dice, por ejemplo:
–También es revolucionario que un abogado de calle como yo llegue a ser juez federal.
En 2010, durante el juicio UP1, uno abogado defensor recusó a uno de los magistrados porque se tomó una foto frente a un ex centro clandestino mientras marchaba un 24 de marzo. Aquel incidente demoró el juicio y abrió un debate anacrónico en medio del proceso. Con la asunción de Vaca Narvaja en el juzgado, aquel momento tan cercano en el tiempo parece remoto.
“Yo voy a ser un juez que va a ir a todas las marchas”, dice. “Quién te va a decir que no podes ir porque sos juez. La marcha del 24 es un compromiso con los derechos humanos y la democracia, se marcha para repudiar la abominación que fue la dictadora. Lo que sería normal es que todos los jueces, los gobernadores, los legisladores tuvieran ese compromiso”.
–¿Cómo se ve dentro de la justicia cordobesa, tan corporativa y conservadora?
-Sobre todo hay una cuestión generacional. Yo tengo 47 años, varios menos que muchos jueces de Córdoba. Mi formación arranca con la nueva Constitución Nacional del ‘94, con el ingreso de los tratados internacionales. Es otro Derecho, más moderno si se quiere. Además fui durante 20 años abogado de la calle, por lo que conozco bien cuáles son las demoras y falencias de la justicia.
–¿Qué opina de las reformas judiciales que impulsa el gobierno nacional?
–Es acorde a las políticas de los últimos años. Es muy importante que las personas puedan acercarse la justicia, entender que no es algo ajeno y lejano. Por ejemplo, como abogado, yo ahora estoy terminado un juicio por daños y perjuicios que empezó hace 17 años. ¿Cuál es la reparación después de haber trascurrido tanto tiempo? Eso no puede seguir pasando.
–¿Qué cosas de ser juez le provocan temor?
-Me da miedo a equivocarme. Como abogado he visto sentencias muy injustas. En el fueron provincial de Córdoba todavía se mete presa a gente porque tiene un porro encima, a pesar del fallo de la Corte Suprema que sostiene que son cuestiones privadas que no deben penarse. Eso sucede en Córdoba porque se desfederalizó la persecución del narcomenudeo. Pero es un dispendio jurisdiccional innecesario e inútil. Porque el problema no es ni la droga ni el consumidor, el problema es el tráfico. El gran negocio. Y hay que discutir qué hacer con él. Si lo atacamos o lo regulamos.
Miguel Hugo era hasta ayer procurador del Tesoro de Córdoba y asesor letrado de la seccional Córdoba de ANSES. En el Juzgado Federal de primera instancia N°3 reemplazará a la jubilada Cristina Garzón de Lascano. Su nombramiento se oficializó el 13 de noviembre mediante la publicación en el Boletín Oficial de la Nación del decreto 2060, firmado por la presidenta Cristina Fernández desde Olivos, cuando se reponía su licencia médica. En el orden de mérito quedó tercero.
En esa dependencia recaen las causas por terrorismo de Estado. Pero cuando se supo que el cargo sería ocupado por Vaca Narvaja, muchos especularon con lo que pasaría si él –con su historia personal– debe instruir esas causas.
-¿Se apartará de las causas de lesa humanidad?
–Solo me apartaría contra las personas a las que he acusado como querellante. Pero apartarme solo por mi historia personal no me parece que sea correcto. No es motivo de recusación. El motivo es el interés en el pleito y yo demostré que no lo tengo porque, en el juicio de mi padre, cuando la prueba no fue suficiente para pedir la condena de una persona, pedimos la absolución. Además cada uno tiene su historia persona, su carga. Que la de unos sea más o menos conocida o más o menos dolorosa, no tiene que ser motivo.
20/11/14 Infojus Noticias
El eterno retorno de una oposición sin memoria Por Alejandro Horowicz
Mientras el oficialismo ve venir el 2015 entre Scioli y el dedo de Cristina, en otra vereda sigue siendo alarmante el déficit de las lecturas políticas.
El déficit de las lecturas políticas de la oposición no por sabido resulta menos alarmante. A tal punto, que es posible sistematizar el dislate. El ciclo atraviesa dos fases. En la primera, el oficialismo está a punto de derrumbarse y si se le pegara un empujón terminaría cayéndose. Nunca se entiende el motivo, pero la pérfida aptitud K finalmente desbarata la acometida. El ejemplo más notorio de ese modelo de fracaso puede ubicarse en derredor de la victoria opositora en las elecciones del medio tiempo (2009, 2013). Sirvió para que tras la batalla campera de 2008 las presidencias de las comisiones del Congreso Nacional cambiaran de mano, y en ese punto concluyó el cambio. Es la cara eufórica.
En la segunda, el oficialismo gana la primera vuelta y sólo una sofisticada ingeniería política impediría la victoria definitiva en el balotaje. De modo que el acuerdo previo termina siendo el instrumento eficaz consensuado. A caballo de los argumentos de sus dadores de sangre intelectual, sólo es un modo de contarlo, se reúnen los líderes con alguna chance y producen un documento para salvar la república. Los grandes medios comerciales explican la significación del texto, la divisoria de aguas que organiza, pero todos saben o al menos sospechan que se trata de retórica vacía. Es la fase depresiva. En ese punto del ciclo nos encontramos hoy, sólo falta el documento republicano. Están quienes sostienen que el acuerdo para debatir en TN es esta vez el dichoso manifiesto.
Una observación elemental permite comprobar que el oficialismo, en las tres elecciones nacionales (2003, 2007, 2011) jamás tuvo que ir a segunda vuelta. Sin embargo, como si se tratara de una gramática imposible de evitar, el panorama electoral de 2015 repite el corralito. Eso si, los protagonistas difieren. El cambio generacional –no se me ocurre una caracterización mejor– pareciera todo el cambio. Vale la pena observar la estructura posicional, los lugares que las distintas tolderías políticas ocupan en el tablero.
Del enfrentamiento entre Néstor Kirchner y Eduardo Duhalde surgió el peronismo federal. En principio se trataba de los restos no K del peronismo bonaerense, y del intento de articularlos, junto con aliados del interior, en derredor de una dirección unificada. Todos los candidatos presidenciales del espacio decidieron civilizadamente dirimir en una interna el reparto de las achuras. En teoría esa posibilidad existía, pero como para ganar era y es preciso hacer pie en la CABA, Mauricio Macri fue invitado a sumarse; durante un breve lapso pareció que el acuerdo avanzaba, hasta que Macri dijo nones y la interna terminó en bochorno. Es decir, los desgastados participantes ni siquiera pudieron concluirla en medio de acusaciones cruzadas de fraude.
Francisco de Narváez, primero, y Sergio Massa, después, heredaron esa tradición. El colorado volcó tras su acuerdo electoral con Ricardo Alfonsín, y ese arreglo no sólo no los potenció en el cuarto oscuro sino que terminó destruyendo la trabajosa recomposición que la UCR pergeñara tras la debacle de 2003. Sin olvidar que el proyecto de Santa Fe, la confluencia del socialismo de Hermes Binner con la UCR, terminó en aborto. Ricardito hizo la autocrítica y ambos juraron que esa desagradable experiencia no se volvería a repetir. Y no cabe duda de que estamos presenciando la misma versión de la misma historieta.
Massa, en tanto, heredero directo del cabezón Duhalde, esta parado en el mismo lugar que su antecesor, y tiene que enfrentar sus mismos dilemas. No me propongo hacer comparaciones odiosas entre ambos, pero basta observar las dificultades del diputado de Tigre con la Santa Madre para entender la diferencia. La idea de intervenir en la interna católica, creer que desde afuera es posible volcar relaciones de fuerza como si de tratara de un debate entre punteros e intendentes, forma parte de una lectura excesivamente simplota; en otros tramos de la historia nacional, cuando la Iglesia todavía no estaba directamente colonizada por el juego global porque resultaba de menor densidad, pienso en el enfrentamiento entre el presidente Julio A. Roca y el nuncio apostólico de su tiempo; el Ejecutivo podía pagarse el lujo de expulsar al representante vaticano sin muchos miramientos. No es esa la situación actual.
Para un conocedor de la tradición del primer peronismo ese enfrentamiento, si se recuerda la experiencia de 1954-1955 del General Perón, está contraindicado. Cierto es que Massa, en tanto jefe de Gabinete de Cristina Fernández en ese entonces, paga pecados ajenos como si fueran propios. No menos cierto es que actuó acicateado por Néstor Kirchner, pero Jorge Bergoglio pareciera desconsiderar estas sutiles diferencias. Después de todo Cristina conserva el timón del poder en sus manos, y Sergio no es más que una promesa de los encuestadores.
Retomemos el hilo. El lugar electoral de Macri está determinado por la degradación de la UCR. Un segmento decisivo de su electorado proviene del viejo tronco radical, no es casual que el grueso de los cuadros del Movimiento de Integración y Desarrollo haya regresado a sus fuentes. El radicalismo lo sabe; pero la feroz lógica de los intendentes, la que necesita subirse a los faldones de un candidato presidencial roncador, sólo se preocupa por la próxima elección. El futuro se conjuga en la primera persona del singular en el modo indicativo. Esto es, un futuro partidario que no incluya al intendente en cuestión lo tiene completamente sin cuidado. Por eso, el partido de Alem e Yrigoyen no para de desangrase.
Así como el acuerdo político entre Macri y Massa es ideológicamente posible, pero nadie propicia una construcción que no esté al servicio de su carrera política, por tanto cada participante espera que el otro le ceda el turno. Invariablemente tal cosa no sucede, y todos alucinan que la próxima encuesta permita dirimir el entuerto. Cosa que tampoco sucede. En ese punto Lanata los carajea y todos mansamente bajan la cabeza sin cambiar de posición. Y el juego vuelve a reiniciarse.
El problema es otro. Los vaivenes de la imagen positiva de la presidenta sólo afectan el nivel de respaldo oficial. Si Cristina baja en las encuestas, no sube la oposición. Es como si el mercado electoral tuviera tres segmentos diferenciados. Cristina no sólo conserva la delantera, la segunda fuerza está conformada por los que no votan, y entre ambos totalizan el 65% del padrón. En el tercer segmento los votos no resultan tan sencillamente agrupables. Y los candidatos no muestran la menor aptitud para acceder a la rica cantera de los despolitizados. Sin esa llave ganar se hace cuesta arriba.
Para el oficialismo las cosas presentan otras dificultades. Pocos dudan de que el candidato que mejor mide es Daniel Scioli. En ese punto se visualiza un corte. Están los candidatos que atraen activos militantes, y Scioli. Los primeros no miden como para garantizar el resultado, y muy pocos creen que Cristina esté dispuesta a jugar la carta de 2015 al estilo Lula. Para que se entienda. Santificar un candidato, recorrer todo el país apoyándolo, apostar todo el caudal de su prestigio a sus patas, hasta que pueda ganar las PASO primero, y la nacional, después. Por cierto no es nada fácil, pero quién dijo que defender un proyecto lo fuera. Si la decisión presidencial no terminara siendo esa, la bendición de las huestes del gobernador bonaerense sería la otra opción. En la tradición peronista el líder solo muy excepcionalmente distingue a uno de sus segundos hasta ese punto. En el segundo peronismo el General Perón, tras el atentado contra su vida en Caracas, optó por John William Cooke. No faltan los maliciosos que explican la decisión como una garantía de sobrevivencia. El izquierdismo de Cooke, que nadie ignoraba, funcionaba a modo de disuasivo. De modo que Perón hacía saber que matarlo no era gratis. Esa vez no se repitió; en su último discurso en la Plaza de Mayo su único heredero ya era el pueblo. Si se tiene en cuenta que la vicepresidenta era su mujer, el General no dijo poco. Se trata de saber si Cristina dirá algo distinto.
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El déficit de las lecturas políticas de la oposición no por sabido resulta menos alarmante. A tal punto, que es posible sistematizar el dislate. El ciclo atraviesa dos fases. En la primera, el oficialismo está a punto de derrumbarse y si se le pegara un empujón terminaría cayéndose. Nunca se entiende el motivo, pero la pérfida aptitud K finalmente desbarata la acometida. El ejemplo más notorio de ese modelo de fracaso puede ubicarse en derredor de la victoria opositora en las elecciones del medio tiempo (2009, 2013). Sirvió para que tras la batalla campera de 2008 las presidencias de las comisiones del Congreso Nacional cambiaran de mano, y en ese punto concluyó el cambio. Es la cara eufórica.
En la segunda, el oficialismo gana la primera vuelta y sólo una sofisticada ingeniería política impediría la victoria definitiva en el balotaje. De modo que el acuerdo previo termina siendo el instrumento eficaz consensuado. A caballo de los argumentos de sus dadores de sangre intelectual, sólo es un modo de contarlo, se reúnen los líderes con alguna chance y producen un documento para salvar la república. Los grandes medios comerciales explican la significación del texto, la divisoria de aguas que organiza, pero todos saben o al menos sospechan que se trata de retórica vacía. Es la fase depresiva. En ese punto del ciclo nos encontramos hoy, sólo falta el documento republicano. Están quienes sostienen que el acuerdo para debatir en TN es esta vez el dichoso manifiesto.
Una observación elemental permite comprobar que el oficialismo, en las tres elecciones nacionales (2003, 2007, 2011) jamás tuvo que ir a segunda vuelta. Sin embargo, como si se tratara de una gramática imposible de evitar, el panorama electoral de 2015 repite el corralito. Eso si, los protagonistas difieren. El cambio generacional –no se me ocurre una caracterización mejor– pareciera todo el cambio. Vale la pena observar la estructura posicional, los lugares que las distintas tolderías políticas ocupan en el tablero.
Del enfrentamiento entre Néstor Kirchner y Eduardo Duhalde surgió el peronismo federal. En principio se trataba de los restos no K del peronismo bonaerense, y del intento de articularlos, junto con aliados del interior, en derredor de una dirección unificada. Todos los candidatos presidenciales del espacio decidieron civilizadamente dirimir en una interna el reparto de las achuras. En teoría esa posibilidad existía, pero como para ganar era y es preciso hacer pie en la CABA, Mauricio Macri fue invitado a sumarse; durante un breve lapso pareció que el acuerdo avanzaba, hasta que Macri dijo nones y la interna terminó en bochorno. Es decir, los desgastados participantes ni siquiera pudieron concluirla en medio de acusaciones cruzadas de fraude.
Francisco de Narváez, primero, y Sergio Massa, después, heredaron esa tradición. El colorado volcó tras su acuerdo electoral con Ricardo Alfonsín, y ese arreglo no sólo no los potenció en el cuarto oscuro sino que terminó destruyendo la trabajosa recomposición que la UCR pergeñara tras la debacle de 2003. Sin olvidar que el proyecto de Santa Fe, la confluencia del socialismo de Hermes Binner con la UCR, terminó en aborto. Ricardito hizo la autocrítica y ambos juraron que esa desagradable experiencia no se volvería a repetir. Y no cabe duda de que estamos presenciando la misma versión de la misma historieta.
Massa, en tanto, heredero directo del cabezón Duhalde, esta parado en el mismo lugar que su antecesor, y tiene que enfrentar sus mismos dilemas. No me propongo hacer comparaciones odiosas entre ambos, pero basta observar las dificultades del diputado de Tigre con la Santa Madre para entender la diferencia. La idea de intervenir en la interna católica, creer que desde afuera es posible volcar relaciones de fuerza como si de tratara de un debate entre punteros e intendentes, forma parte de una lectura excesivamente simplota; en otros tramos de la historia nacional, cuando la Iglesia todavía no estaba directamente colonizada por el juego global porque resultaba de menor densidad, pienso en el enfrentamiento entre el presidente Julio A. Roca y el nuncio apostólico de su tiempo; el Ejecutivo podía pagarse el lujo de expulsar al representante vaticano sin muchos miramientos. No es esa la situación actual.
Para un conocedor de la tradición del primer peronismo ese enfrentamiento, si se recuerda la experiencia de 1954-1955 del General Perón, está contraindicado. Cierto es que Massa, en tanto jefe de Gabinete de Cristina Fernández en ese entonces, paga pecados ajenos como si fueran propios. No menos cierto es que actuó acicateado por Néstor Kirchner, pero Jorge Bergoglio pareciera desconsiderar estas sutiles diferencias. Después de todo Cristina conserva el timón del poder en sus manos, y Sergio no es más que una promesa de los encuestadores.
Retomemos el hilo. El lugar electoral de Macri está determinado por la degradación de la UCR. Un segmento decisivo de su electorado proviene del viejo tronco radical, no es casual que el grueso de los cuadros del Movimiento de Integración y Desarrollo haya regresado a sus fuentes. El radicalismo lo sabe; pero la feroz lógica de los intendentes, la que necesita subirse a los faldones de un candidato presidencial roncador, sólo se preocupa por la próxima elección. El futuro se conjuga en la primera persona del singular en el modo indicativo. Esto es, un futuro partidario que no incluya al intendente en cuestión lo tiene completamente sin cuidado. Por eso, el partido de Alem e Yrigoyen no para de desangrase.
Así como el acuerdo político entre Macri y Massa es ideológicamente posible, pero nadie propicia una construcción que no esté al servicio de su carrera política, por tanto cada participante espera que el otro le ceda el turno. Invariablemente tal cosa no sucede, y todos alucinan que la próxima encuesta permita dirimir el entuerto. Cosa que tampoco sucede. En ese punto Lanata los carajea y todos mansamente bajan la cabeza sin cambiar de posición. Y el juego vuelve a reiniciarse.
El problema es otro. Los vaivenes de la imagen positiva de la presidenta sólo afectan el nivel de respaldo oficial. Si Cristina baja en las encuestas, no sube la oposición. Es como si el mercado electoral tuviera tres segmentos diferenciados. Cristina no sólo conserva la delantera, la segunda fuerza está conformada por los que no votan, y entre ambos totalizan el 65% del padrón. En el tercer segmento los votos no resultan tan sencillamente agrupables. Y los candidatos no muestran la menor aptitud para acceder a la rica cantera de los despolitizados. Sin esa llave ganar se hace cuesta arriba.
Para el oficialismo las cosas presentan otras dificultades. Pocos dudan de que el candidato que mejor mide es Daniel Scioli. En ese punto se visualiza un corte. Están los candidatos que atraen activos militantes, y Scioli. Los primeros no miden como para garantizar el resultado, y muy pocos creen que Cristina esté dispuesta a jugar la carta de 2015 al estilo Lula. Para que se entienda. Santificar un candidato, recorrer todo el país apoyándolo, apostar todo el caudal de su prestigio a sus patas, hasta que pueda ganar las PASO primero, y la nacional, después. Por cierto no es nada fácil, pero quién dijo que defender un proyecto lo fuera. Si la decisión presidencial no terminara siendo esa, la bendición de las huestes del gobernador bonaerense sería la otra opción. En la tradición peronista el líder solo muy excepcionalmente distingue a uno de sus segundos hasta ese punto. En el segundo peronismo el General Perón, tras el atentado contra su vida en Caracas, optó por John William Cooke. No faltan los maliciosos que explican la decisión como una garantía de sobrevivencia. El izquierdismo de Cooke, que nadie ignoraba, funcionaba a modo de disuasivo. De modo que Perón hacía saber que matarlo no era gratis. Esa vez no se repitió; en su último discurso en la Plaza de Mayo su único heredero ya era el pueblo. Si se tiene en cuenta que la vicepresidenta era su mujer, el General no dijo poco. Se trata de saber si Cristina dirá algo distinto.
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La filosofía de la praxis La lucha debe ser colectiva
A 35 años de la visita de la Comisión Internacional de Derechos Humanos a la Argentina y de la ocupación política de la Plaza de Mayo de parte de las Madres.
Demetrio Iramain
En septiembre pasado se cumplieron 35 años de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, realizada al país en pleno terror dictatorial. El hecho marcó un momento importante en la lucha por denunciar el horror ante el mundo, y exponerlo con toda su crudeza ante los ojos de la sociedad argentina. Sin embargo, resulta conveniente señalar un aspecto particular de ese acontecimiento, no siempre destacado: el singular aporte de las Madres de Plaza de Mayo.
La visita de la CIDH se produjo tras la repercusión internacional alcanzada por las denuncias formuladas por los familiares de desaparecidos, encabezados por las Madres y grupos de exiliados, especialmente durante el Mundial de Fútbol de 1978. Entre los efectos de esa campaña hubo dos muy significativos, y de carga inversa: por un lado, aumentó la represión sobre las Madres, que durante el año 1979 casi no pudieron marchar en la Plaza de Mayo. Y por el otro, la visita de la Comisión de la OEA, anunciada públicamente en mayo, con el objeto de recibir denuncias de los familiares de los secuestrados y comprobar su grado de verosimilitud.
La llegada de la Comisión se produjo recién el 6 de septiembre de 1979. A la dictadura no le quedó más remedio que aceptar la venida, lo que provocó una crisis al interior de la Junta, entre sectores que no querían consensuar absolutamente nada "con la subversión" (el comandante del III Cuerpo de Ejército con asiento en Córdoba, Benjamín Menéndez, llegó a declarar su "dolor al tener que hablar temas argentinos con extranjeros"), y el dictador Jorge Videla, quien veía en el manejo diplomático de las presiones por los Derechos Humanos la posibilidad de mejorar ante el mundo la imagen de su gobierno, y favorecer su política económica.
Las Madres, si bien veían con agrado la llegada de la CIDH y se preparaban para brindar testimonio, sabían que entre la fecha del anuncio y el día del arribo al país, los militares se darían a la tarea de desmantelar campos de concentración, asesinar desaparecidos, y alterar pruebas de sus crímenes.
El mismo día que la Comisión empezó a recibir declaraciones, la Selección juvenil de fútbol obtuvo el título mundial en Japón. La dictadura, entonces, volvió a viciar el sentimiento futbolero y las creencias nacionalistas que afloran con los éxitos deportivos, para desvirtuar las denuncias. A través del relator José María Muñoz se convocó al pueblo a festejar el triunfo, no en el Obelisco, sino en la Avenida de Mayo, donde la misión internacional había instalado transitoriamente sus oficinas, para mostrarles "a esos señores de la Comisión cuál es la verdadera cara de la Argentina".
La provocación no surtió efecto. Mucha gente que se acercó hasta la Avenida de Mayo, lugar no habitual de festejos populares por hazañas deportivas, se enteró sin mediaciones periodísticas, del drama que miles de familias argentinas estaban sufriendo. Tras la partida de la Comisión, las Madres se propusieron, con éxito, recuperar la ocupación política de la Plaza de Mayo, que mantuvieron hasta hoy. Las Madres, por su parte, fueron recibidas por la Comisión Interamericana en forma separada del resto de los grupos de familiares. En el primer tomo de su libro de investigación sobre la Historia de las Madres, el periodista Ulises Gorini afirma que "de algún modo, ese gesto fue evaluado por ellas como una especie de reconocimiento a su propia identidad, y efectivamente lo era". Las Madres ingresaron todas juntas a dar su testimonio, no individualmente. Como lo hacían a los patrulleros o las comisarías toda vez que eran detenidas, las Madres ingresaron a las oficinas de la CIDH de a muchas. Ese gesto de las Madres y ese reconocimiento por parte de la Comisión, eran reveladores del éxito de sus primeros pasos en la lucha: tenían ya su propia identidad. Eran todas o ninguna. A las Madres había que aceptarlas como eran. Distintas. Únicas. Originales. Producto de las circunstancias particulares de la represión y las formas de resistencia creadas por el pueblo.
Según el testimonio de Hebe de Bonafini recogido en el libro de Gorini, "quisimos que nos recibiera a todas y fuimos 150 porque ése era el límite de las que podrían entrar en el lugar. Los demás organismos iban de a dos o tres, solamente los dirigentes. Nosotras no queríamos eso. Queríamos que nos reciban a todas y no a una por una sino juntas, y ellos lo aceptaron. Eso fue muy importante para nosotras, que nos gustaba hacer las cosas colectivamente". Esa condición colectiva, ese antiburocratismo, esa horizontalidad que con el tiempo, fruto de su praxis, consolidó una sólida representación que aún hoy sintetiza Hebe, son constitutivas en las Madres. Están con ellas desde el 30 de abril de 1977. Fue esa necesidad la que las empujó a la Plaza. Entre otras enseñanzas, las Madres dejan una muy sencilla y a la vez definitoria: al capitalismo no se lo puede enfrentar de a uno. La lucha es colectiva. Y es de clase.
El recorrido de las Madres es testimonio de esa certidumbre. Ellas le pusieron el cuerpo a esa síntesis ideológica y subjetiva. No lo teorizaron a la distancia, cómodas en su singularidad. En el camino aprendieron a rechazar todas las trampas tendidas por el sistema: la impunidad a cambio de la exhumación de los cadáveres de sus hijos, las indemnizaciones económicas y la memoria impolítica del llanto y la capitulación de los ideales de revolución. En un gesto conmovedor, de desprendimiento y generosidad absolutos, las Madres socializaron la maternidad. Convirtieron el lazo filial que los unía con sus seres más preciados, con su máxima creación como mujeres, en un vital vínculo político. De a poco se fueron desprendiendo públicamente de las fotografías de cada uno de sus hijos o hijas, de sus fechas de desaparición, de sus historias individuales, de sus nombres. Desbordaron de sus pañuelos blancos las señas de sus hijos, para coser en punto cruz una única consigna, común para todas: "Aparición con vida de los desaparecidos". Demostraron que la única memoria posible, aquí en el Sur, es política, recuerda la vida, reivindica la lucha, y se niega a aceptar la muerte en cualquiera de sus manifestaciones.
Su único misterio es no querer nada para ellas, sino hacerlo todo en función de un interés mucho más amplio, generoso: el pueblo, sus iguales de clase. He ahí su garantía, su ADN revolucionario.
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Demetrio Iramain
En septiembre pasado se cumplieron 35 años de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, realizada al país en pleno terror dictatorial. El hecho marcó un momento importante en la lucha por denunciar el horror ante el mundo, y exponerlo con toda su crudeza ante los ojos de la sociedad argentina. Sin embargo, resulta conveniente señalar un aspecto particular de ese acontecimiento, no siempre destacado: el singular aporte de las Madres de Plaza de Mayo.
La visita de la CIDH se produjo tras la repercusión internacional alcanzada por las denuncias formuladas por los familiares de desaparecidos, encabezados por las Madres y grupos de exiliados, especialmente durante el Mundial de Fútbol de 1978. Entre los efectos de esa campaña hubo dos muy significativos, y de carga inversa: por un lado, aumentó la represión sobre las Madres, que durante el año 1979 casi no pudieron marchar en la Plaza de Mayo. Y por el otro, la visita de la Comisión de la OEA, anunciada públicamente en mayo, con el objeto de recibir denuncias de los familiares de los secuestrados y comprobar su grado de verosimilitud.
La llegada de la Comisión se produjo recién el 6 de septiembre de 1979. A la dictadura no le quedó más remedio que aceptar la venida, lo que provocó una crisis al interior de la Junta, entre sectores que no querían consensuar absolutamente nada "con la subversión" (el comandante del III Cuerpo de Ejército con asiento en Córdoba, Benjamín Menéndez, llegó a declarar su "dolor al tener que hablar temas argentinos con extranjeros"), y el dictador Jorge Videla, quien veía en el manejo diplomático de las presiones por los Derechos Humanos la posibilidad de mejorar ante el mundo la imagen de su gobierno, y favorecer su política económica.
Las Madres, si bien veían con agrado la llegada de la CIDH y se preparaban para brindar testimonio, sabían que entre la fecha del anuncio y el día del arribo al país, los militares se darían a la tarea de desmantelar campos de concentración, asesinar desaparecidos, y alterar pruebas de sus crímenes.
El mismo día que la Comisión empezó a recibir declaraciones, la Selección juvenil de fútbol obtuvo el título mundial en Japón. La dictadura, entonces, volvió a viciar el sentimiento futbolero y las creencias nacionalistas que afloran con los éxitos deportivos, para desvirtuar las denuncias. A través del relator José María Muñoz se convocó al pueblo a festejar el triunfo, no en el Obelisco, sino en la Avenida de Mayo, donde la misión internacional había instalado transitoriamente sus oficinas, para mostrarles "a esos señores de la Comisión cuál es la verdadera cara de la Argentina".
La provocación no surtió efecto. Mucha gente que se acercó hasta la Avenida de Mayo, lugar no habitual de festejos populares por hazañas deportivas, se enteró sin mediaciones periodísticas, del drama que miles de familias argentinas estaban sufriendo. Tras la partida de la Comisión, las Madres se propusieron, con éxito, recuperar la ocupación política de la Plaza de Mayo, que mantuvieron hasta hoy. Las Madres, por su parte, fueron recibidas por la Comisión Interamericana en forma separada del resto de los grupos de familiares. En el primer tomo de su libro de investigación sobre la Historia de las Madres, el periodista Ulises Gorini afirma que "de algún modo, ese gesto fue evaluado por ellas como una especie de reconocimiento a su propia identidad, y efectivamente lo era". Las Madres ingresaron todas juntas a dar su testimonio, no individualmente. Como lo hacían a los patrulleros o las comisarías toda vez que eran detenidas, las Madres ingresaron a las oficinas de la CIDH de a muchas. Ese gesto de las Madres y ese reconocimiento por parte de la Comisión, eran reveladores del éxito de sus primeros pasos en la lucha: tenían ya su propia identidad. Eran todas o ninguna. A las Madres había que aceptarlas como eran. Distintas. Únicas. Originales. Producto de las circunstancias particulares de la represión y las formas de resistencia creadas por el pueblo.
Según el testimonio de Hebe de Bonafini recogido en el libro de Gorini, "quisimos que nos recibiera a todas y fuimos 150 porque ése era el límite de las que podrían entrar en el lugar. Los demás organismos iban de a dos o tres, solamente los dirigentes. Nosotras no queríamos eso. Queríamos que nos reciban a todas y no a una por una sino juntas, y ellos lo aceptaron. Eso fue muy importante para nosotras, que nos gustaba hacer las cosas colectivamente". Esa condición colectiva, ese antiburocratismo, esa horizontalidad que con el tiempo, fruto de su praxis, consolidó una sólida representación que aún hoy sintetiza Hebe, son constitutivas en las Madres. Están con ellas desde el 30 de abril de 1977. Fue esa necesidad la que las empujó a la Plaza. Entre otras enseñanzas, las Madres dejan una muy sencilla y a la vez definitoria: al capitalismo no se lo puede enfrentar de a uno. La lucha es colectiva. Y es de clase.
El recorrido de las Madres es testimonio de esa certidumbre. Ellas le pusieron el cuerpo a esa síntesis ideológica y subjetiva. No lo teorizaron a la distancia, cómodas en su singularidad. En el camino aprendieron a rechazar todas las trampas tendidas por el sistema: la impunidad a cambio de la exhumación de los cadáveres de sus hijos, las indemnizaciones económicas y la memoria impolítica del llanto y la capitulación de los ideales de revolución. En un gesto conmovedor, de desprendimiento y generosidad absolutos, las Madres socializaron la maternidad. Convirtieron el lazo filial que los unía con sus seres más preciados, con su máxima creación como mujeres, en un vital vínculo político. De a poco se fueron desprendiendo públicamente de las fotografías de cada uno de sus hijos o hijas, de sus fechas de desaparición, de sus historias individuales, de sus nombres. Desbordaron de sus pañuelos blancos las señas de sus hijos, para coser en punto cruz una única consigna, común para todas: "Aparición con vida de los desaparecidos". Demostraron que la única memoria posible, aquí en el Sur, es política, recuerda la vida, reivindica la lucha, y se niega a aceptar la muerte en cualquiera de sus manifestaciones.
Su único misterio es no querer nada para ellas, sino hacerlo todo en función de un interés mucho más amplio, generoso: el pueblo, sus iguales de clase. He ahí su garantía, su ADN revolucionario.
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CURIOSA CAMPAÑA DE BODEGUEROS CONTRA LA LEY VIAL Le dicen no a la tolerancia cero
“Nosotros creemos que el alcohol al volante mata. Si prohibimos el consumo del que tiene que manejar, seguramente vamos a bajar sustancialmente la percepción de riesgo. Para seguir mejorando en materia vial es importante prohibir el consumo de alcohol para quien va a manejar.” Las declaraciones son del ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, impulsor del proyecto de reforma de la Ley de Tránsito para establecer la “tolerancia cero” en el consumo de alcohol de conductores particulares en rutas nacionales, que anteayer obtuvo dictamen favorable del plenario de las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte, de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda del Senado. La iniciativa tiene consenso político y parecería raro que algún sector de la oposición o actor de la sociedad civil se oponga. Sin embargo, en cualquier tipo de propuesta política hay sectores que se sienten afectados. En este caso, los productores de vino lanzaron una curiosa campaña llamada “No a la tolerancia cero”.
El Gobierno cita datos duros: una ingesta mínima del alcohol triplica el riesgo de sufrir un siniestro vial. En los fundamentos de la iniciativa recuerda que los accidentes de tránsito ocupan el tercer lugar entre los motivos de ingreso por guardia en hospitales y el 23 por ciento de los pacientes asistidos por esa razón se vinculan directamente con el consumo de alcohol mientras están al volante. En los casos de alcoholemia positiva detectados en 2013, el 80 por ciento de los infractores tenía entre 18 y 44 años, mientras que el 20 por ciento eran personas mayores de 45 años. Por eso propone “tolerancia cero” para todos los que conduzcan camiones, micros, autos particulares, motos y ciclomotores en rutas nacionales, donde la velocidad es mayor y la visibilidad más baja.
Este tema fue uno de los ejes centrales del Congreso Mundial del Vino que se realizó días atrás en Mendoza. Los bodegueros, en defensa de su negocio y embanderados en una supuesta “naturalidad” de tomar alcohol cuando se maneja por una ruta nacional, presentaron oposición a la iniciativa. “Hay que repensar el programa de tolerancia cero. El vino es la bebida nacional y ese tipo de iniciativas tiene impacto sobre los productores”, dijo el presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura, Guillermo García. “Son medidas que tienen que ver con el marketing, se marca no el momento del disfrute, sino el del exceso. Para nosotros se pierde un mercado importante, no nos da lo mismo”, agregó.
El lobby del vino advierte que cayó la demanda desde Brasil y Chile y que en ese contexto aparece la idea de la tolerancia cero en el país, que reduciría, según sus datos, un 10 por ciento el nivel de consumo interno. La intención de la industria es que “no se alteren los valores de tolerancia cero para profesionales, de 0,2 gramos por litro para motociclistas y 0,5 para particulares”. Citan el caso de Córdoba, “donde rige tolerancia cero desde junio y el consumo de botella abierta (restaurantes y degustaciones) cayó un 20 por ciento en los últimos meses”, según Juan Carlos Pina, gerente de Bodegas de Argentina.
A cambio, los bodegueros proponen que se mantenga el límite vigente para los autos particulares en rutas nacionales y que en el lapso de dos o tres años se instalen en todo el parque automotor unas pipetas que impiden arrancar el auto cuando la persona supera ese límite. Sostienen que esta es la mejor solución.
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