Por Martín Granovsky
Los tiempos son rápidos. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU condenó hace 10 días a los fondos buitre y ordenó una investigación. El último jueves ya había designado al jefe del grupo de trabajo formado por cinco de los 18 miembros de su Comité Consultivo. Es Jean Ziegler, el jurista, sociólogo y político suizo que alcanzó un gran prestigio en todo el mundo cuando denunció los negocios de la banca de su país con dinero y bienes robados por los nazis a los judíos.
Experto en lavado, denunciante del secreto bancario suizo en favor de dictadores como el zaireño Mobutu, Ziegler tiene 80 años cumplidos en abril. Siempre estuvo vinculado a trabajos en favor de los derechos humanos en la ONU y entre 2000 y 2008 fue relator especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación.
Página/12 lo entrevistó telefónicamente cuando en Ginebra ya era la noche del viernes.
–El sobreendeudamiento de muchos países del Hemisferio Sur hace que periódicamente deban renegociar su deuda pública –comentó Ziegler sobre los fondos buitre–. La banca mundial incluso creó mecanismos de negociación colectiva. Pero siempre en estos casos de deuda soberana hay un actor que rechaza negociar y luego plantea la urgencia por cobrar. Son fondos y grupos financieros y especulativos.
–¿Los fondos compran antes por sistema?
–Sí. Siempre compran antes.
–Pero con el arreglo casi terminado, como para estar seguros de tener un caso.
–Y después piden el 100 por ciento de la acreencia en las condiciones en las que ellos fijen, más allá del acuerdo colectivo que haya alcanzado el país deudor.
–Así funcionan. Pero el punto ahora es que se convirtieron en un asunto para el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. ¿Cuál sería la violación de los derechos humanos?
–Producen de manera directa o indirecta la vulneración de derechos sociales y culturales de los países. A la Argentina la afectan los fondos buitre, y eso que es un país relativamente grande y está en condiciones de defenderse. Imagínese lo que les ocurriría a países más débiles. Una catástrofe. Pero incluso para la Argentina, si después de los fallos de la Justicia norteamericana pagara todo tal cual quieren los buitres, significaría que debería compensarlo con la reducción de gastos del Estado. ¿De dónde saca los fondos, sea cual sea el monto? ¿De las escuelas? ¿Del sistema de salud? ¿De los planes de vivienda? La población sufrirá en alguna medida, de modo más severo o menos severo, cualquier reducción provocada por el ataque de los fondos buitre, más aún cuando no se trata solo del pago sino de la cifra que podría acarrear ese pago en términos de violación del acuerdo con la mayoría de los bonistas que sí acordaron con el Estado argentino. No es una nimiedad que el Consejo de Derechos Humanos haya decidido condenar e investigar a los fondos buitre.
–¿Por qué?
–Son 47 Estados miembro designados por la Asamblea General. Y el propio Consejo tiene la misión de analizar situaciones de violación de los derechos humanos y de hacer recomendaciones. En el fondo el objetivo siempre es velar por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y su vigencia en los 193 Estados de la ONU. En este marco es muy importante que, por primera vez, el tema de los fondos buitre sea tratado no solo desde el punto de vista de las finanzas internacionales, donde los Estados Unidos tienen un gran peso, sino desde el ángulo de los derechos humanos. Es un gran avance consolidar el principio de que cualquier reducción de recursos estatales debida a la acción de fondos especulativos como los buitres atenta contra el desarrollo y supone un sufrimiento para los trabajadores del país endeudado. ¿Acaso ese sufrimiento no es una violación de los derechos del hombre? La Argentina es un país con experiencia en la cuestión de los derechos humanos. Hoy su país ejerce la vicepresidencia del Consejo. Pero además la Argentina tiene en Ginebra un representante que es un hombre extraordinario y de gran prestigio. Coordina también el grupo de Estados latinoamericanos. Es verdad que el canciller Héctor Timerman vino a Ginebra para el debate y la votación de condena a los fondos buitre. Sin embargo, nada de eso hubiera sido posible sin el trabajo de formación de alianzas que consiguió sobre la base de su prestigio el embajador Alberto D`Alotto. Recuerde que de 47 Estados votaron a favor los países árabes, los africanos, los latinoamericanos y prácticamente todos los países asiáticos. Para todos ellos, la economía no termina, ni mucho menos, con el principio de libertad de comercio. También recuerde que votaron en contra solo cinco países: los EE.UU., Gran Bretaña, Alemania, Japón y la República Checa, que es un país pronorteamericano habitual en la ONU. Mire, conozco estos temas. No empecé ayer.
–Usted fue diputado federal suizo hasta 1999.
–Mucho tiempo, sí. Presidí la Comisión de Asuntos Exteriores. E investigué mucho el sistema financiero y conozco la corrupción de los bandidos bancarios helvéticos.
–¿Los fondos buitre son parte del corazón bancario o un fenómeno externo?
–Dicho sin ninguna hipocresía, los fondos buitre son grupos financieros que constituyen el punto más alto y la quintaesencia del bandidismo bancario. No son fondos de inversión ni están sujetos a reglamentos internacionales. Son fondos no registrados, fuera de la legalidad internacional, multilateral, binacional y en muchos casos fuera de la legalidad nacional. Todo lo que le digo naturalmente deberemos probarlo, y me propongo hacerlo. Deberemos contar cómo los fondos toman sus riesgos y asumen la posibilidad de perder centenas de millones porque trabajan con la seguridad de que habitualmente terminan con un triunfo. El asunto es quién está detrás de ellos.
–¿Quién está detrás de los fondos buitre, en su opinión?
–Es muy probable que detrás de ellos esté la gran banca, como Goldman Sachs o la Unión de Bancos Suizos. Tal vez quieran presionar sin aparecer.
–¿Por qué motivo piensa en una hipótesis como esa?
–Porque es obvio que ante un país como la Argentina, los grandes bancos quieren seguir participando de las relaciones comerciales, del negocio financiero y de las inversiones. Es un país potencialmente poderoso dentro de una región que creció mucho. Como en todo, existe una división del trabajo.
–¿Qué hacen los fondos buitre dentro de la división del trabajo?
–El trabajo sucio. Por ejemplo, combatir al Estado argentino en la Justicia norteamericana. Estoy convencido de que no son especuladores aislados sino una creación de las oligarquías financieras. Son parte importante del capitalismo financiero mundial. Asumen la tarea específica de combatir a los Estados soberanos en las reestructuraciones de deuda. Pero, le repito, los grandes bancos no quieren abandonar el negocio habitual. Desean seguir operando. Investigaremos todo lo que le estoy diciendo. Por eso fue tan importante no solo que la resolución fuese aprobada por la mayoría del Consejo sino por una mayoría importante. La condena fue fundamental.
–Y la resolución también incluyó el mandato de investigar.
–Claro. Recayó en el Comité Consultivo que yo integro. Su función se entiende de manera muy sencilla. Los embajadores y embajadoras en Ginebra no tienen la especialización en derechos humanos de Alberto D’Alotto. Vienen de otros destinos y quizás no estudiaron algunos temas en profundidad. Por ese motivo se apoyan en quienes sí somos especialistas, por nuestra formación y nuestra experiencia. Somos 18 personas de distinto origen universitario y nacional. El Comité Consultivo actualmente lo preside un argentino, Mario Coriolano. Ahora debemos organizar la investigación y ponerla en marcha pero el poder final siempre lo tendrá el Consejo de Derechos Humanos integrado por los embajadores y embajadoras.
–¿Cuáles serán los pasos de la investigación?
–El Comité Consultivo me designó jefe a mí y yo convocaré un pequeño grupo de trabajo de expertos. Cada uno tiene sus ideas políticas, y me incluyo, pero el informe será científico. No estamos frente a una investigación política. Deberemos profundizar una investigación de las consecuencias que tuvo el accionar de los fondos buitres sobre la Argentina, claro, pero también sobre Grecia o sobre el Congo. Tendremos que investigar la estrategia de esos fondos y su posible efecto de vulneración de los derechos económicos, sociales y culturales.
–Una vez que el Comité Consultivo aprueba el informe del grupo de trabajo que usted encabeza, deberá aprobarlo el Consejo de Derechos Humanos.
–Ellos tienen la última palabra, por supuesto. Examinarán nuestro informe y aceptarán o no las conclusiones. O pedirán, si lo creen conveniente, una investigación suplementaria. Cuando el informe final sea aceptado estaremos frente a una nueva batalla en el Consejo de Derechos Humanos. Hay que estar preparados porque las presiones serán muy fuertes y la pelea será mayor que cuando el Consejo votó la condena en septiembre.
–¿Cómo se desplegaría esa disputa?
–Discutirá cada término del informe y en ese momento cada país tendrá en cuenta su visión de qué puede suceder en caso de que sea aprobado. No olvidemos que la investigación puede demostrar que la acción de los fondos buitre provoca violaciones a los derechos humanos o viola la autodeterminación de los pueblos y su derecho al desarrollo. Si eso queda constatado los fondos podrían ser condenados por su ilegalidad y combatidos por el Derecho Internacional. El Consejo podría sugerir, por ejemplo, la disolución de los fondos buitre o, como mínimo, el establecimiento de un registro sujeto a reglas internacionales.
–¿Cuál sería el nivel de aplicabilidad?
–Lo ideal sería que el Consejo de Seguridad asumiera el tema como propio, porque el capítulo 7 de la Carta de la ONU examina qué hacer frente a amenazas contra la paz y contra la seguridad internacional.
–Supongamos que, eventualmente, los Estados Unidos o el Reino Unido ejercen su poder de veto.
–Entonces quedarán en pie tanto la resolución de la Asamblea General como la denuncia pública, y fundamentada, del Consejo de Derechos Humanos. Alguno dirá: “Solo tiene poder moral”. ¿Pero sabe qué sucede? El poder moral es muy grande en estos casos, porque la ONU no suele discutir temas financieros, de modo que cuando los discute es que ya se alcanzó un nivel de intensidad muy alto. Y una condena tiene influencia no solo en la FAO sino en organismos como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y otras instancias multilaterales. Por eso le decía que la batalla que vendrá cuando terminemos el informe será dura. Para ese momento sería bueno que en el mundo hubiera comenzado una movilización de organizaciones no gubernamentales y una expresión de intelectuales de peso. El caso argentino debe producir un fenómeno pionero y ejemplar. Es un tema de principios. Los derechos colectivos y los derechos humanos individuales son prioritarios frente al salvajismo del mercado. Finalmente es una cuestión de civilización, ¿no le parece?
martin.granovsky@gmail.com