La embajada de EE.UU. en Libia, centro de diversión de milicias Oriente Medio Washington retiró a su personal hace un mes. Un grupo islamista ocupó parte de la sede.

LAS PATAS EN LA FUENTE....

Un grupo de milicianos libios tomó ayer una parte de la embajada de Estados Unidos en Trípoli y usó sus instalaciones como un sector de esparcimiento. Según mostró la cadena de noticias norteamericanaCNN, muchos de los insurgentes aprovecharon la toma para lanzarse de clavado en la lujosa pileta de la residencia. Todo ocurrió poco más de un mes después de que Washington ordenara la salida de todo su personal por el vacío de poder que vive el país africano.

La toma fue realizada por miembros del Atardecer de Libia –una coalición que aglutina a varias milicias islamistas libias–, que se adueñaron de uno de los edificios del enorme complejo de la embajada en Trípoli y del parque que lo rodea. Las imágenes de CNN muestran a los hombres rodeando la pileta y tirándose desde el balcón de la residencia que está al lado.

Desde su cuenta de Twitter, la embajadora norteamericana en Libia, Deborah Jones, aseguró que, por lo que veía en las fotos y en el video, la embajada no ha sido tomada sino que se ocupó solamente “un anexo del complejo”.

“Hasta lo que sé y por las últimas fotos, el complejo de la embajada de Estados Unidos en Trípoli está siendo algo protegido y no ha sido saqueado ”, agregó la diplomática, que hace más de un mes dejó el país por la creciente violencia provocada por la guerra de milicias.

Otras potencias occidentales tomaron la misma decisión de retirar a su personal diplomático y cerrar sus embajadas en Trípoli en los últimos meses.

Tres años después de la intervención de la OTAN que permitió el derrocamiento de Muammar Kaddafi y la victoria de un heterogéneo frente de milicias insurgentes, armados por las potencias occidentales y sus aliados en la región, el país norafricano está sumergido en un caos y quedó al borde de la desintegración territorial en virtud de disputas entre clanes rivales.

Además, Trípoli y parte de la costa mediterránea libia se convirtieron en los últimos años en un cementerio de miles de refugiados de África y Medio Oriente, que intentan escapar de la violencia en sus países, cruzar el mar y llegar a Europa. Sólo ayer por la mañana, más de un centenar de cadáveres fueron hallados por el Ejército libio frente a las costas de la Al Garbuli, a sólo 50 kilómetros al este de Trípoli. Abdelatif Ibrahim, de la Marina Libia, explicó que los inmigrantes viajaban en una embarcación neumática que naufragó con 105 personas a bordo, entre ellas mujeres y niños.

No hubo sobrevivientes. Hace una semana, una embarcación similar se hundió cerca del área con 250 inmigrantes sirios y africanos a bordo.

OPINION Los años que se perdieron

Por Eduardo Toniolli *

El gobierno provincial primero pretendió esconder el escenario complejo que vivíamos en la provincia con el crecimiento de la violencia y de la tasa de homicidios subsumiendo todo a la dinámica de los "ajustes de cuenta"; luego ﷓caso Hugo Tognoli mediante﷓ pasó a denunciar una supuesta ofensiva del gobierno nacional contra las autoridades locales. El próximo paso fue el de instalar públicamente que el gobierno provincial era víctima del accionar de las bandas a las que supuestamente combatía con eficacia, y para ello explotaron mediáticamente escuchas telefónicas entre integrantes de esas bandas, aunque de forma parcial, ocultando prolijamente los extractos en los que se involucraba a funcionarios políticos y judiciales.

Finalmente, los voceros oficiales y oficiosos del gobierno de Bonfatti se desayunaron con que tenían un problema dentro de las fuerzas de seguridad, que había connivencia con el delito, y asumieron retóricamente la necesidad de una reforma policial tan promocionada como inexistente.

Hoy escuchamos a la diputada Alicia Ciciliani, y a otros legisladores y funcionarios de la alianza radical socialista, denunciar reacciones corporativas contra esas supuestas reformas, cuando fue este gobierno el que pactó con la corporación policial vetando la Ley de Policía Judicial, reglamentando los concursos para ascensos pero sin cupos (incumpliendo una vez más la Ley 12521), entre otras decisiones políticas que nos hicieron perder años en materia de cambios profundos en la fuerza.

La oposición en el plano legislativo denunció este estado de cosas en las conclusiones de la comisión investigadora por el triple crimen de Villa Moreno y propuso ﷓por ejemplo﷓ herramientas virtuosas como los filtros que incluía la Ley de emergencia en seguridad, impidiendo el ascenso a lugares de conducción de agentes cuestionados judicialmente, o como la Ley de creación del Organismo de Investigaciones. Ambas iniciativas fueron vetadas por el Ejecutivo.

* Diputado provincial, presidente de la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara baja.

CIUDAD › ARMAS PLANTADAS Y UN PEDIDO DE COIMA DE LA SECCION HOMICIDIOS DE LA POLICIA Un operativo cargado de irregularidades

 Por Sonia Tessa

El juez Hernán Postma absolvió a Emanuel Lator, conocido como "Ema Caravana", en el juicio por abuso de armas, resistencia a la autoridad agravada y portación de arma de guerra. El magistrado remitió copias al Ministerio Público Fiscal para que investigue profusas irregularidades en el accionar policial que quedaron al descubierto en las audiencias. A Ema lo detuvieron efectivos de la Sección Homicidios el 12 de marzo pasado, tras una persecución de diez cuadras que comenzó en Juan B. Justo al 8700 y terminó en Juan B. Justo y Donado. Durante ese raid, hubo disparos policiales. Si bien los efectivos arguyeron que el primer tiro había salido del Peugeot 206 en el que viajaba Ema, eso no fue probado en las audiencias. Armas plantadas, detención sin orden del juez, el pedido de 30 mil pesos a la mujer del imputado para retirar la acusación y una actuación en el terreno que, incluso, omitió a una oficial en el acta policial, forman parte de la seguidilla de ilegalidades policial que detalla la resolución de 23 páginas.

A Ema Caravana lo buscaban --ese fue el principal argumento de Homicidios-- por el asesinato de Matías Cano, ocurrido el 14 de noviembre de 2013, que investiga el juzgado de instrucción 11, en el antiguo sistema penal. Pero en las audiencias se develó que la única orden de allanamiento para encontrarlo --en dos domicilios-- tenía una vigencia de 48 horas, en noviembre. De hecho, el imputado se había presentado espontáneamente en el juzgado el 6 de diciembre pasado. "Surge claramente que al momento de la detención no existía una previa orden escrita de autoridad competente vigente", dice Postma.

La persecución la iniciaron el oficial principal Osvaldo Miranda y el sargento ayudante Marcelo Rodríguez, los dos de Homicidios. "A través de sus integrantes, Miranda, Rodríguez, Cimino, Rivas, Acosta y Aranda, estaban en el lugar de los hechos, siendo que Miranda y Rodríguez habían realizado la persecución y habían efectuado disparos", dice el fallo. El titular de la Sección, Flavio Aranda, declaró que no pidió órdenes de allanamiento y no recordó el horario del procedimiento. "Todos los integrantes de la Sección declaran que tienen más de diez años de antigüedad en la fuerza", recuerda el juez para quien resulta "por lo menos ilógico --o bien irregular-- que una dependencia de la policía que realiza un operativo en donde personal policial mantiene un 'enfrentamiento' y realiza disparos resulte la autoridad prevencional de dicho hecho, labre las actuaciones y efectúe la cautela probatoria sin esperar al gabinete criminalístico especializado". En el lugar, los mismos efectivos de Homicidios levantaron el arma que atribuyeron al imputado.

Yamila, la mujer de Ema, contó en las audiencias que salieron de su casa con su marido y sus hijos y en un semáforo de Juan B. Justo y Colectora aparecen dos personas, que habían tirado muchos tiros y les pusieron dos revólveres en la cabeza. "Con los chicos nos llevaron a Homicidios, había dos testigos que había puesto la policía -siguió el relato-. Emanuel le dijo que le habían puesto un revólver, los chicos que estaban ahí le dijeron lo mismo. Una vez allí, la policía le pidió dinero, mucha plata, le decían que si les daba plata le daban el revólver que pusieron".

"Me dejaron ir a condición de que les lleve la plata. Estaba asustada. Llamaron once veces al número de mi suegra para que lleve la plata a la puerta de la Jefatura. Me dijeron que vaya a una estación de servicio y que había dos hombres de traje esperándome. Fui y era verdad, me pidieron 30.000 pesos", relató la mujer en las audiencias. Ya lo había hecho ante un fiscal, al denunciar la extorsión.

Si bien los testigos afirman que todo el procedimiento policial fue a las 14, el acta consigna el horario de las 15.30. Y Postma subraya que "la consulta efectuada al magistrado competente se realiza ese día, a las 18, es decir, con posterioridad a la detención del acusado".

› LA OTAN CREARA UNA FUERZA FRENTE A RUSIA Unidad de acción rápida

 Por Kim Sengupta *

Desde Bruselas

La OTAN formará una gran fuerza punta de lanza de 4000 soldados capaz de entrar en acción en 48 horas en respuesta a la intervención rusa en Ucrania. El arsenal de equipo militar se almacenará en bases en Europa del Este para que lo puedan usar las tropas cuando entren en operación. La misión, que se espera que tenga un considerable contingente británico, será dada a conocer en la cumbre de la OTAN en Gales a fines de esta semana. Incluirán fuerzas especiales, destacamentos de aire, navales y de inteligencia que se desplegará junto a los soldados de la nación anfitriona contra una amenaza externa.

La Alianza no nombró a Rusia como la amenaza contra quien se están tomando las medidas e insistió en que se puede implementar en cualquier lugar del mundo. Pero va a estar trabajando junto con el Plan de Acción de Preparación que tendrá bases, se cree, en Estonia, Letonia, Lituania, Polonia y Rumania.

El Kremlin seguramente verá el despliegue como una provocación. Bajo el Acta de Fundación de 1997, que fue considerado como el fin a la Guerra Fría, la OTAN se comprometió con el gobierno de Boris Yeltsin que no iba a tener una presencia militar permanente en ninguno de los antiguos Estados del Pacto de Varsovia. La OTAN insiste en que las bases no rompen el pacto, ya que no son permanentes, pero estarán allí “durante el tiempo que sea necesario”. Un alto funcionario declaró: “Hemos estudiado esto cuidadosamente, nos hemos asesorado legalmente y esto no viola la ley. No habrá presencia permanente en estas bases, no habrá, por ejemplo, personal destacado allí con sus familias”.

La fuerza es parte de una serie de medidas adoptadas por la OTAN para afinar su reacción desde que comenzó la crisis de Ucrania en febrero. Desde entonces, Crimea fue anexada por el gobierno de Vladimir Putin y las fuerzas separatistas con el apoyo de Rusia, y están comprometidos en una guerra civil cada vez más violenta en el este del país.

Anders Fogh Rasmussen (foto), el secretario general de la OTAN, dijo ayer: “Esta es una época de múltiples crisis en varios frentes. Hacia el este, Rusia está interviniendo abiertamente en Ucrania; al sur, vemos una creciente inestabilidad, con estados frágiles, el aumento del extremismo y la lucha sectaria. Estas crisis pueden surgir casi sin advertencia, se mueven a gran velocidad y todas afectan nuestra seguridad de diferentes maneras”. Y continuó: “Vamos a desarrollar una punta de lanza dentro de nuestra fuerza de respuesta. Esto requerirá instalaciones en el territorio de la OTAN, equipo preposicionado y suministros, comando y control y expertos en logística. Así que esta fuerza puede viajar sin equipaje, pero golpear duro si es necesario. “Eso también significa la presencia más visible de la OTAN en el este por el tiempo que sea necesario, no porque la OTAN quiere atacar a nadie, sino porque los peligros y las amenazas están más presentes y más visibles y vamos a hacer lo que sea necesario para defender a nuestros aliados.”

Según fuentes diplomáticas, Polonia, los Estados bálticos y Canadá piden la derogación del Acta de Fundación, tras acusar a los rusos de enviar tropas regulares, tanques y artillería a Ucrania. Las fuerzas de Kiev, después de una serie de éxitos en los últimos meses, ahora están a la defensiva, mientras las fuerzas separatistas logran ganancias en el sudeste y tratan de forzar a un corredor a Crimea.

* De The Independent de Gran Bretaña.

Especial para Página/12

Traducción: Celita Doyhambéhère

› IMPULSAN LA INVESTIGACION JUDICIAL CONTRA TRES DELEGADOS FERROVIARIOS Una causa por daño agravado

El fiscal federal de Morón Leonel Gómez Barbella pidió imputar e investigar a tres dirigentes ferroviarios que responden a Rubén “Pollo” Sobrero por haber dañado trenes nuevos de la línea Sarmiento en medio del paro convocado por sindicatos opositores. La denuncia fue impulsada la semana pasada por el ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo, quien mostró filmaciones de las formaciones, en las que se veía a los delegados llevando basura adentro de los vagones.

La presentación judicial fue hecha por la Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado, que está a cargo del servicio del tren Sarmiento. Los delegados ferroviarios imputados por el fiscal Gómez Barbella son Mónica Schlottauer (de la Unión Ferroviaria Bordó), Edgardo Reynoso, quien es miembro de la Comisión de Reclamos de la línea, y Julio Kapelinsky, empleado de limpieza y hermano de un delegado suplente de la boletería. Los tres habían sido mencionados por su nombre por Randazzo al mostrar públicamente las imágenes. En ellas se veían personas subiendo bolsas de basura al tren, estacionado en el área de limpieza de Castelar.

El fiscal sostuvo que “el accionar desplegado y puesto en evidencia sobre las formaciones chinas RC16 y RC22, que se ve a través de las fotografías adjuntadas a la denuncia, en donde se observa basura desparramada por el piso de una de las formaciones férreas, se relaciona con bienes del Estado que se encuentran bajo la esfera de la cosa pública y conciernen al mantenimiento, ordenación, supervisión y ejecución de las obras vinculadas con el ferrocarril Sarmiento”. El dictamen que impulsa la acción penal dice que no descarta que se puedan identificar otros responsables y que habrá que identificar autores o partícipes, ya sean funcionarios, delegados, sindicalistas o empleados.

El juez federal de la causa es Juan Pablo Salas. Gómez Barbella le pidió algunas medidas para iniciar la pesquisa, empezando por citar a la empresa denunciante para que aporte “mayores descripciones de lo ocurrido e individualice a los autores del hecho”. También requirió la nómina del personal asignado para trabajar ese día, así como qué tareas se cumplieron y cuáles no. Quiere aclarar, incluso, si estos trenes debían funcionar el día del paro. Como testigos pidió que se cite a la coordinadora de limpieza, su supervisor, el subgerente de material rodante y el de personal de recursos humanos. La denuncia relata que la coordinadora avisó a recursos humanos que Schlottauer había amenazado al personal de limpieza con que si continuaban la jornada laboral tirarían basura y harían graffitis.

La fiscalía también pidió filmaciones de las cámaras de seguridad de adentro de las formaciones. Por lo pronto, el jefe de material rodante habría informado que no existen por un “impedimento técnico”, del que no hay precisión. Sólo habría registro del momento en que los delegados entran con la basura. La Policía Federal, además, deberá aportar un acta que labró.

“Lo que han hecho es indignante (...), con esto luchamos todos los días desde que nos hicimos cargo del transporte”, dijo la semana pasada el ministro Randazzo, al anunciar que se haría una presentación en Tribunales contra los delegados por daños e interrupción del servicio y que pediría el desafuero. El objetivo de los delegados –sostuvo– fue “impedir que los vagones comenzaran sus tareas, amenazándolos con que iban a dañar las formaciones, cosa que posteriormente hicieron”. El delito de daño agravado, como en este caso en que afecta bienes públicos, prevé penas que pueden variar de tres meses a cuatro años de prisión.

Página 12

LA INVESTIGACION JUDICIAL SOBRE LA IMPORTACION DE EFEDRINA El Gobierno respondió a Servini

Por Raúl Kollmann

El secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, le contestó ayer el oficio que le envió la jueza María Romilda Servini de Cubría en el marco de la causa en la que se investiga el desvío de efedrina –un precursor para fabricar pastillas consideradas estupefacientes– hacia narcos mexicanos. Parrilli le hizo saber a la magistrada que tiene que especificarle el día y la hora de las llamadas que está analizando, porque las comunicaciones entraron a un conmutador y para identificar a qué interno fueron derivados es necesario saber con precisión cuándo se hicieron. La respuesta de Parrilli fue esencialmente técnica, aunque en el diálogo con los periodistas el funcionario mencionó que “las declaraciones de la jueza el viernes fueron inadecuadas”. Es que Servini había dicho que narcos llamaron a la Casa Rosada. Es cierto que segundos después, en la misma entrevista, precisó que se refería a los hermanos Zacarías, dos de los cuales –que trabajaban en la Sedronar y el PAMI– están siendo investigados por la efedrina.

El choque entre la magistrada y la Casa de Gobierno es llamativo. Servini de Cubría mandó un oficio a Parrilli el viernes a la mañana, preguntándole quiénes eran los responsables de determinadas líneas telefónicas de la Rosada entre 2004 y 2008. Muy pocas horas después, tras el mediodía, habló por la radio y dijo que si no le mandaban la información, allanaría la Casa de Gobierno. La amenaza no se producía ante un incumplimiento oficial, ya que es lógico que cualquier administración tarde cuatro o cinco días hábiles en responder un oficio judicial. Parrilli le contestó ayer, el primer día hábil posterior al requerimiento.

Las respuestas no deben haber dejado muy conforme a la jueza: es que Parrilli le pidió más datos para poder identificar quién atendió el llamado.

- El secretario general de la Presidencia consignó en su contestación que hay dos de las líneas que nunca pertenecieron a la Casa Rosada.

- Respecto del resto, señaló que las llamadas entraban o salían del conmutador de la Casa Rosada y se iban asignando de acuerdo con la línea que quedara libre. Como las líneas se compartían, el funcionario le mencionó a todos los responsables de las distintas áreas en esos años: el propio Parrilli en Secretaría General, Carlos Zannini en Legal y Técnica; Daniel Scioli y después Julio Cobos en vicepresidencia; Aníbal Fernández y luego Florencio Randazzo en Interior; Alberto Fernández y luego Sergio Massa en Jefatura de Gabinete, y así sucesivamente, agregándose otras dependencias como la Secretaría de Medios, la de Coordinación de Presidencia o la de Coordinación de Asuntos Políticos.

Parrilli sostiene que es posible determinar a qué interno de la Casa Rosada entró una llamada, pero que se necesitan datos precisos: día y hora exacta, teléfono desde el que se hizo o al que se hizo esa llamada. A partir de esos elementos, el secretario puede establecer quién recibió o hizo la comunicación.

La propia Servini mencionó el viernes a los hermanos Zacarías, que están siendo investigados en el expediente en el que ya fueron procesados el ex titular de la Sedronar José Ramón Granero y su segundo, Gabriel Abboud. Es que en aquellos años se pasó de una importación de unas pocas toneladas de efedrina a 47, y se sospecha que las 41 toneladas agregadas a la importación normal se desviaron hacia dueños de droguerías que luego, a su vez, desviaron el precursor a personas sospechadas de participar en maniobras de narcotráfico. Uno de esos titulares de droguerías, Alfredo Abraham, fue condenado el viernes a 11 años de prisión por el delito de participación en operaciones de narcotráfico.

Servini de Cubría parte de varios elementos que fueron consignados por el periodista de Página/12, Horacio Verbitsky ya en 2009. Quien debía controlar el ingreso de efedrina era la Sedronar, y Verbitsky no sólo se refirió en ese momento al ingreso irregular del precursor, sino que mencionó al propio Abraham como una de las personas que entraba y salía sin problemas de la Sedronar. Cinco años más tarde, Servini procesó a la cabeza de la Sedronar de aquella época y ahora está poniendo la lupa sobre uno de los hermanos Zacarías, Miguel, que era mano derecha de Granero en esa secretaría, y otro hermano, Máximo, que se interesó por una importación de mil kilos, según un testimonio que consta en la causa. Hay otros dos hermanos: Rubén, que trabajaba en Ceremonial de la Casa Rosada, y Luis, que es personal de planta desde 1991, que perfectamente podrían ser receptores de llamadas familiares en la Casa de Gobierno. Pero eso lo determinará la investigación.

La jueza ha hecho trascender que Abraham hizo tres llamadas al conmutador de la Casa Rosada en 2007. Habrá que determinar si esas comunicaciones se hicieron o no y a qué internos. Seguramente la hora de esas llamadas está en las sábanas de entrecruzamientos que tiene la magistrada y, con los datos más precisos, Parrilli podrá contestar sobre los internos.

Verbitsky contó a principios de este mes que el desvío de efedrina se interrumpió a raíz de un decreto de la Presidenta que laudó en el tema. Había presiones de la DEA y de la SIDE para que el control siguiera en manos de la Sedronar, mientras que el ministro del Interior, Aníbal Fernández, designó una comisión de notables –entre ellos el camarista Horacio Cattani, la psicóloga Eva Giberti y la fiscal Mónica Cuñarro– que recomendaron que el control sobre la efedrina pase a la Administración Nacional de Medicamentos (Anmat). Tras el decreto presidencial que se inclinó por esta última variante, se estima que el desvío de efedrina pasó de 41 toneladas a una cantidad ínfima de 26 kilos.

raulkollmann@hotmail.com

LA INVESTIGACION POR KOSTEKI Y SANTILLAN A desempolvar el expediente

Por Adriana Meyer

Son 14 cuerpos de expediente los que hay que estudiar a fondo antes de hacer el pedido formal de desarchivo de la causa por las responsabilidades políticas de la masacre de Avellaneda. Y a esa tarea están dedicados los familiares y compañeros de Darío Santillán, junto a su abogado, dado que la Justicia autorizó la vista del caso y la extracción de copias. Aunque ya tienen una clara visión del enfoque que tendrá la solicitud para que sea reabierta la investigación sobre los autores intelectuales del asesinato de Santillán y Maximiliano Kosteki, ocurrida el 26 de junio de 2002, consideran imprescindible tomar conocimiento de los fundamentos por los cuales el juez federal Ariel Lijo la archivó.

En su momento, el fiscal federal Miguel Angel Osorio había requerido a ese magistrado el allanamiento de la dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense y el entrecruzamiento de las casi 300 mil llamadas telefónicas realizadas en la zona del procedimiento represivo que culminó con la muerte de los piqueteros, realizadas durante las horas del mediodía de aquella jornada. Esa medida se concretó y la Gendarmería concluyó que no había existido ningún vínculo entre las comunicaciones y las líneas de los funcionarios sospechados por haber dado las órdenes de la represión. Sin embargo, los investigadores no descartan que sea posible hacer un nuevo análisis más preciso sobre la maraña que implica el entrecruzamiento de las llamadas. Lo que nunca se realizó, por la negativa del juzgado, es el allanamiento a la Bonaerense. Tras aquella negativa, Osorio había solicitado el archivo del expediente. Sin embargo, según pudo saber Página/12 de fuentes judiciales, ahora estaría dispuesto a acompañar el pedido de desarchivo que presentará la querella, con el fundamento de que “no se hicieron todas las medidas que se deberían haber hecho porque el juzgado no quiso”. La fuente comentó que nunca se averiguó la existencia de las órdenes sobre cómo tenían que movilizarse los efectivos o cuál fue el esquema de conducción que utilizaron. Y el “peine fino” sobre las llamadas tendría que ver con incluir otros números, por ejemplo de secretarios privados y hasta personas del círculo íntimo de la mitad de los funcionarios del gabinete del ex presidente Eduardo Duhalde.