Opinión Relatos Salvajes: el lado latente del sistema

Ariel Fernández reflexiona sobre la película dirigida por Damián Szifrón. "Los personajes no se resignan a soportar esa impunidad y actúan, reaccionan frente a la violencia que padecen".

Por Ariel Fernández
La película del director Damián Szifrón,  Relatos salvajes exhibe a través de la exposición de varias historias un desmontaje de la hipocresía y la impunidad reinante en la sociedad argentina contemporánea. Más allá de la calidad de los planos y la edición, la tensión principal se produce en el reconocimiento, en la exposición descarada de los entramados de poder burocráticos y económicos que rigen las relaciones de la humanidad.
Como bien sabemos y así lo plantea la psicoanalista Ana María Fernández, “las dosis de sufrimiento y la vulnerabilidad de gran parte de la población se han multiplicado de manera exponencial en las últimas décadas”. ¿Por qué? El eje que une cada una de los relatos del film intenta dar una compleja respuesta a la pregunta que se instala ante cualquier injusticia, desnudando los hilos de un sistema que se oculta en personajes miserables.
La oleada neoliberal instaurada desde mediados de los años ´70, con su culto del “éxito a cualquier precio”, sin evaluar los daños ocasionados en el prójimo se instalaron como moneda corriente corroyendo las subjetividades, dejando de lado cualquier conducta asociada al análisis o la reflexión y sobre todo postergando al Otro como una posible competencia que es necesario eliminar, o al menos mantenerlo en un estado de opresión constante.
En este escenario social, aparecen estigmatizados como violentos e irracionales quienes deben padecer la violencia, la incomprensión y el escarnio de psicópatas entronizados en espacios de poder, funcionarios públicos y privados y hasta en las relaciones familiares e interpersonales.
Szifrón ha logrado pintar un cuadro de época que nos recuerda a algunos de los Caprichos del célebre aragonés Francisco de Goya y Lucientes: “El sueño de la razón engendra monstruos” y la escena contemporánea pretende imponernos que convivamos con ellos, sea de manera explícita como (lo que es peor) de manera implícita.
Pero los personajes de Relatos salvajes no se resignan a soportar esa impunidad y actúan, reaccionan frente a la violencia que padecen: la obscena exhibición de poder de un usurero aspirante a trepar en la pirámide como político, la soberbia de un privilegiado insultando gratuitamente a un trabajador de la construcción, la reacción de un hombre que gracias a la corrupta empresa de control de tránsito arruina sus relaciones familiares, la hipocresía patriarcal de un joven que engaña a su pareja ponen en evidencia el resultado de aquellas emociones (por qué no instintivas) que los mecanismos de la sociedad suele mantener en un estado de latencia.
Relatos salvajes deja varios elementos para la reflexión acerca del malestar en la cultura en términos de Sigmund Freud y a la vez muestra como el “todo vale” rige las relaciones sociales, en las que el dinero puede comprarlo todo hasta la vida misma de una madre embarazada y su criatura aniquiladas por un muchacho “descontrolado” por el alcohol al volante de un vehículo de alta gama.

Luego de la visualización de las imágenes de Relatos salvajes salimos a las calles y observamos la delgada línea que separa a la patética realidad social con sus anuncios y su apología del consumo y el éxito cotidiana que vivenciamos y las historias contenidas en esta excelente película más alejada de la ficción de lo que podemos imaginar.

A su hijo lo secuestraron en 1977 Las fotos de Adelina, la Madre que documentó la búsqueda de su hijo

Con una Kodak escondida entre sus ropas Adelina Dematti registró cada paso que dio para buscar a su hijo. En plena dictadura, cuando usar la cámara era un riesgo, fotografió las primeras rondas como Madres de Plaza de Mayo, los encuentros en Buenos Aires y en La Plata, las marchas de la resistencia y las pancartas donde reclamaron “los queremos con vida”.

Por Milva Benitez

"Vaya 5” escribió Adelina Dematti en una carta que no pudo enviar. Tenía motivos para detenerse en el número: fechada el 5 de octubre de 1977, la carta está dirigida a su hijo Carlos Esteban Alaye, secuestrado por un grupo de tareas cinco meses antes, el 5 de mayo de ese año en Ensenada. Carlos tenía 21 años y militaba en la JUP Montoneros, con su madre –entre otras cosas– compartía el día en el que cumplían años: él cada 5 de diciembre, ella cada 5 de junio.

Con una Kodak escondida entre sus ropas, apuntando “desde acá” - dice y se señala la cintura- Adelina documentó cada paso que dio para que Carlos “vea que no estuvo solo, que lo buscamos”. En plena dictadura, cuando usar la cámara era un riesgo, fotografió las primeras rondas como Madres de Plaza de Mayo, los encuentros en Buenos Aires y en La Plata, las marchas de la Resistencia y las pancartas donde reclamaron “los queremos con vida”.

Con esmero de madre, docente, fotógrafa e investigadora, guardó todas las pistas recogidas para acercarse a Carlos; son cientos, miles de documentos y fotografías, cartas, expedientes judiciales y recortes periodísticos que generosamente donó y hoy se pueden consultar en el Archivo Histórico de la provincia de Buenos Aires Ricardo Levene, en La Plata.

“Resultó porque lo hicimos por amor; eran nuestros hijos los que necesitaban auxilio”, dice a Infojus Noticias con los ojos nublados. "Sigo sin saber qué hicieron con mi hijo”.Toma otra foto y se sumerge en los recuerdos.

“El primer cartel lo levantamos el 28 de diciembre de 1979, lo trajo la muchacha que está acá”, dice y señala el rostro que aparece recortado pero en primer plano. “Ese día hicimos correr la noticia de que nos iban a recibir en la Casa de Gobierno. Pero los tipos se prepararon muy bien –recuerda Adelina. Y sonríe: –nos arrinconaron en la Catedral, cuando cortaba el semáforo venían corriendo y nos frenaban. Las compañeras arrancaron charreteras, una gorra quedó en el piso y yo hasta me encontré empujando a uno en el suelo. Así estuvimos un par de horas y después nos fuimos. Yo estaba con la cámara y la escondía porque si me la sacaban: ¡chau!”.

En 1983, la tercera Marcha de la Resistencia marcó un hito en las formas que adquirió las movilizaciones urbanas: el siluetazo. “Eso que estás arrancando es mi hijo”, gritó una mujer cuando un grupo de policías empezó a las siluetas del tamaño de una persona que estaban en el microcentro porteño. De ese día, Adelina recuerda a la mujer que fotografió: “era española, había empezado a venir los jueves a la plaza y se definía contra Franco. Hasta que un día, una de mis hermanas y su hija me estaban esperando y vinieron a llevarnos. Ella no las conocía y cuando se acercaron a detenerlas gritó: ¡no, esas no son! Ahí nos dimos cuenta que era ella la que ponía el dedo para señalarnos”.

El recuerdo de esa mujer la lleva a las historias sobre las “entradas” en comisarías. “A mí me llevaron dos veces. La primera cuando fuimos a entregar dos mil denuncias en el Congreso, con la APDH, familiares y ex presos políticos. Cuando salimos nos encerraron en una de las calles laterales y nos obligaron a subir a una cantidad de micros 60 que nos cortaban el paso. Nos llevaron a nosotras, a unos jóvenes que nos acompañaban y a otras cinco o seis personas, elegantemente vestidas con sobretodo y portafolios que resultaron ser periodistas extranjeros. A la hora explotaban los teléfonos, Harguindeguy (el entonces ministro del Interior de facto) ordenó que nos liberen. Salí a la madrugada, habían puesto a diez tipos con máquinas de escribir para que nos tomaran lo datos y nos largaron”.

Anhelo y tradición familiar

Adelina es la última de los nuevos hijos que Clementina Maggi y José Dematti criaron en Chivilcoy, provincia de Buenos Aires. “Los días de lluvia agarrábamos las cajas de fotografías y era una locura de risas: ‘¡mirá las polleras como se usaban!’, repetíamos cada vez”. “Había una tradición de fotografía en mi familia: tengo fotos de mi bautismo, con el delantal de primer grado, en unas chatas inmensas en el campo donde trabajaba un primo de papá y sentada con mi sobrina (que llegó cuando yo tenía cinco años) en unas sillitas celestes en la galería”, repasa Adelina.

Después de la desaparición de Carlos la movilizó el deseo de mostrarle cuánto y cómo lo buscó. Por eso fotografió los encuentros con Adolfo Pérez Esquivel, con otras madres y abuelas, como Hebe de Bonafini y Alicia “Licha” Zubasnabar de la Cuadra (la primera presidenta de Abuelas). Y con el escritor Julio Cortázar y su compañera la fotógrafa y activista Carol Dunlop.

Cuando mira esa foto, Adelina recuerda que a Cortázar lo conoció en Chivilcoy, cuando fue su profesor de historia en el tercer año de la Escuela Normal. Lo volvió a ver en París, cuando le contó que buscaba a Carlos, que era una Madre de Plaza de Mayo y no tardaron en encontrarse. En 1981, Cortázar leyó “Negación del olvido" en la apertura del Coloquio de Abogados en el senado francés y Adelina le pidió una copia. “Me la mandó hecha en su máquina, con los errores corregidos. Y me agregó un papelito, de su puño y letra, donde dice: ‘con el afecto de siempre’. Está en el archivo”, agrega para guiar al lector interesado.

En los pliegues

Como muestra de la sabiduría política y social con la que leyeron la realidad Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, las fotos de Adelina reflejan los matices –con riesgo de vida– a los que se enfrentaron.

En una procesión por Corpus Christi se las ve con sus pañuelos blancos frente a la catedral de La Plata. Peregrinaron hasta la puerta pero no entraron. “La misa la daba monseñor (Antonio) Plaza, no íbamos a entrar”, se planta Adelina y recuerda la procesión como un acto de denuncia. Bien conocido fue el rol de Plaza en el entramado represivo que en la provincia de Buenos Aires montó la policía del general Ramón Camps.

En 1981, la contracara de una foto que sacó Adelina muestra al padre Antonio Puigjané durmiendo en el piso de la catedral de Quilmes para acompañar a las Madres en el ayuno que iniciaron después de la primera marcha de la Resistencia. “Estuvimos desde el 11 hasta el 23 de diciembre. Los tres primeros días pasaron políticos, pasaron familiares y ex detenidos, pero después nos encerraron y nos impidieron todo contacto. El padre nos ayudaba, nos organizaba cantos y rezos para vencer el miedo y el cansancio”.

Para estar allí, porque se le vencía la licencia en la escuela donde trabajaba, Adelina intentó quebrarse un brazo. “No es posible, dicen que solamente un loco puede y yo no había enloquecido todavía. Pero me golpee en el lavabo y me fui a un sanatorio. No me quebré, pero igual me enyesaron”, repasa mirando la foto que le sacaron con su cámara y se ríe: “debe ser de día, porque a la noche me lo sacaba”.

La cámara sigue acompañado a Adelina a todos lados y la usa sin restricciones. “En 2006 estábamos, por primera vez, en una celebración en la vereda de la Casa Rosada cuando el presidente Kirchner nos invitó a pasar para saludarnos. Cuando salimos nos acompañó y yo opté por tomar el ascensor. Entré y me encontré con un sofá, un asiento entero de terciopelo rojo y me dije ¡esto no me lo pierdo! Me senté y cuando lo veo entrar con otras Madres, entonces hice clic y también tengo esa foto”, dice Adelina consciente de la magia que lleva siempre a mano y del compromiso que asumió con Carlos: “por amor”, como sintetiza ella y porque –como escribió en esa carta, hace 37 años– “con cada amanecer te espero, con cada atardecer te pierdo…”.

Infojus Noticias

La decadencia opositora Por Jorge Giles

Si debemos elegir una imagen para mostrar con elocuencia la impotencia que generan los fracasos en algunas minorías, allí está el flamante vagón del Ferrocarril Sarmiento, vandalizado, saqueado, ensuciado, ultrajado.

Es uno de los vagones recién comprados y ya estrenados por decenas de miles de trabajadores que van y que vienen a diario en un país que hace rato empezó la recuperación de la dignidad del trabajo y la justicia social.

El fracaso estrepitoso del paro de este jueves es el rostro más patético de la decadencia opositora.

Ávidos por torcer el rumbo del proyecto de país que nos gobierna, los verdaderos titulares del poder económico concentrado acudieron nuevamente a los sindicatos “amigos” para intentar reeditar imágenes de un país y un gobierno vencidos por la crisis.

Y no pudieron.

Un paro efectivo es aquel que conmueve en algún punto, los cimientos sociales de la moral pública, más allá y más acá del porcentaje de acatamiento; que desestabiliza el orden del Estado, lo zarandea, lo provoca, lo conmueve, lo hace trastabillar ante los ojos de todos.

Y nada de eso ocurrió.

En consecuencia, el paro fue un fracaso no sólo por su escaso volumen de adhesión, sino porque no pudo mover el amperímetro de las relaciones de fuerza entre el polo representado por el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el de sus más acérrimos enemigos, que son los fondos buitre y ese poder financiero global que, cual piromaníaco serial, sigue incendiando las praderas del mundo.

En esa contradicción sigue afincada la puja principal de estos tiempos. De tal manera que las fuerzas políticas, empresariales y mediáticas que detentan aquí el poder de los buitres de afuera, usaron al sindicalismo opositor en beneficio de sus propios intereses.

Vamos mejorando: antes usaban los cuarteles.

Situar el análisis del paro en el marco de la razonabilidad y la legitimidad de los intereses de la clase trabajadora es no entender la complejidad de las fuerzas dispares que confrontan en esta coyuntura nacional e internacional.

No vayamos por ahí porque le estaríamos errando el vizcachazo.

Tampoco se trata de la chicana fácil contra una burocracia sindical que, de tan anacrónica, se ha quedado sin tono muscular siquiera para sostener un pliego de reclamos laborales.

La decisión de parar el país no está en las terminales de los sindicatos involucrados, sino en las guaridas financieras del poder real. Son ellos los que fracasaron. Los dirigentes sindicales de la oposición, como sus pares partidarios, hace rato que se vaciaron de alma y de sentido. No tienen propuestas porque no tienen un proyecto de país propio. No brindan alternativas y mucho menos alternativas superadoras al actual proceso político, porque no tienen voluntad de pensar por sí mismos. Actúan por reflejo lector. Ni siquiera hace falta que los llame Magnetto o Paul Singer para bajarles línea. Con sólo leer los titulares de Clarín o La Nación arman su hoja de ruta para el próximo día.

Como desarrolló magistralmente el ministro Axel Kicillof en el Consejo de las Américas ese mismo jueves, la Argentina debate su destino de libre o colonizado en un mundo en crisis permanente desde el 2008.

Hace mucho frío afuera. Llueve y graniza. Soplan vientos huracanados de un confín al otro con la velocidad de un rayo. La desesperanza y el pesimismo están de moda en la vieja Europa. No hay salidas. No hay vías de escapes. Sólo hay resignación para seguir alimentando la crisis con más crisis.

Si esto sigue así, habrá que pensar seriamente en mudarnos de planeta.

Sólo queremos subrayar que a diferencia de otras épocas doradas, nuestro país no puede ni debe hacerse los rulos pensando que con su sola voluntad será suficiente para torcer los términos de intercambio con el mundo. Hay que mirar y cuidar más que nunca lo que tenemos adentro de nuestras fronteras, no para aislarnos de nada ni de nadie, sino para fortalecernos en el capital acumulado por el pueblo y el Estado en estos últimos años.

Miremos sobre un planisferio la ubicación de Argentina para ubicarnos mejor en el análisis de perspectiva que estamos proponiendo “para la cartera de la dama y el bolsillo del caballero”.

Al norte final del continente y a la derecha de la pantalla, la antigüedad del Atlántico que nos compraba, que nos esquilmaba, que nos invadía, que nos colonizaba, que nos vendía baratijas por unas monedas.

Más abajo y a la izquierda del mapa, el nuevo mundo de la América latina y el Pacífico que nos espera para las próximas centurias junto a China, Rusia, India y los países emergentes.

El temblor actual se explica justamente por el corrimiento de los océanos en la nueva distribución del poder mundial.

La Argentina ya eligió su destino y su lugar es ese mundo que llega.

La oposición, decíamos, es tan patética que, al no comprender estos cambios profundos en el devenir histórico, descarrila de la historia y en su decadencia hace descarrilar a todos sus vagones.

Allá ellos. Pero que no se metan con nuestros vagones recién comprados para bienestar del pueblo.

Atrás de todo esto asoma otro fracaso aún mayor para el poder colonial: el de los fondos buitre y el juez Griesa ante el orgullo nacional de la Argentina.

El gobierno de Cristina logró parar la ofensiva de esos fondos que venían invictos de otras partes del mundo. Y éste no es un dato menor.

¿Somos conscientes de que el gobierno de los argentinos se enfrenta al más malo del barrio y de la aldea global?

¿Somos conscientes de que venimos de enfrentar al ALCA y a la ominosa deuda externa manejada por los organismos financieros internacionales tan poderosos como el FMI y plantar bandera frente al acoso de un default prefabricado como el que sufrimos en el 2001?

Lejos de dormirnos en los laureles habrá que armarse de convicción y optimismo porque la patria, cuando amanece, nos precisa alegres y esperanzados.

Habrá que recordar también, para ajustar las flojeras y evitar la desmemoria, que el kirchnerismo es hijo del 19 y 20 de diciembre de 2001.

Y que a ese país ya no queremos volver nunca más.

Infonew

Clarín y una nueva pelea en puertas Por Eduardo Anguita argentina@miradasalsur.com

No faltaron quienes, tras la declaración de constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual por parte de la Corte Suprema, creyeron que se terminaba la guerra entre Clarín y el Estado. La ley había transitado cinco años por los tres poderes hasta que parecían cerradas todas las instancias para eludir la concentración de tanto poder mediático en manos de una sola empresa. Es más, eran sólo dos los artículos de esa ley que impedían el camino necesario para que un grupo con posiciones dominantes se convirtiera en una serie de compañías. Es más, hace mucho que los diarios no hablan de la guerra entre el Gobierno y Clarín. Las aguas parecían haberse aquietado desde que el grupo de Héctor Magnetto presentara una propuesta de adecuación “voluntaria” en noviembre de 2013, y la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) la declaró “admisible” en febrero de 2014. Sin embargo, en estos días volverá al rojo vivo este tema a la agenda periodística. Aquel era un primer paso de entendimiento que requiere de un segundo paso mucho más preciso. Esta segunda etapa, llamada de “transferencia de licencias”, parece ingresar en un terreno pantanoso. En efecto, el pasado miércoles 20 de agosto, cinco de los siete integrantes del directorio del Afsca recibieron una carta documento firmada por Damián Cassino, abogado del Grupo. Da la coincidencia de que esos cinco destinatarios están de acuerdo con la necesidad de terminar con las posiciones dominantes de Clarín. Lo que “el grupo” llamaría “los K”: Martín Sabbatella e Ignacio Saavedra –presidente y vice–, Ignacio Avalle y Eduardo Rinesi –directores propuestos por el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual– y Claudio Schifer –propuesto por la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Ley de Medios–. Los otros dos directores, Marcelo Stubrin y Gerardo Milman –directores propuestos por la segunda y tercera minorías parlamentarias de la comisión bicameral– no recibieron la carta documento.

El extenso texto de Cassino sostiene que “en forma sistemática se discrimina al Grupo Clarín S.A. y se favorece a los medios competidores de mi representada”. Afirma que DirecTV, América, Telefónica y Prisa presentan diversas incompatibilidades y que “para agravar este cuadro de arbitrariedades y desigualdades en la aplicación de la ley, el Afsca tampoco controla el cumplimiento de la grilla a los competidores de Cablevisión, a la vez que formula improcedentes denuncias penales a mi representada por esta cuestión”.
La realidad es que todos los grupos de comunicación audiovisual están en diálogo respecto de si sus propuestas de “adecuación voluntaria” son aceptadas o no. De modo que la queja de Cassino por las incompatibilidades se anticipa a una decisión que todavía no se tomó. Respecto de la grilla de canales, Cablevisión, que es el principal cableoperador del país, fue denunciado penalmente por Sabbatella ante el Juzgado Federal Nº 9 de la Capital cinco días antes de la mencionada carta documento. En efecto, el presidente del Afsca solicitó que Clarín acate “totalmente” la obligación de incluir en la grilla algunos canales de noticias –CN23, QM Noticias y 360, entre otros– que sólo ofrece para los abonados a Cablevisión digital.

La carta documento se convierte en una virtual ruptura del diálogo cuando menciona una resolución (la número 902, del miércoles 13 de agosto) en la que “se intima a que en el plazo de 10 días ratifique el cumplimiento del plan de adecuación bajo apercibimiento de comenzar el procedimiento de adecuación de oficio”. Más adelante, Cassino agrega que esa adecuación de oficio “tal como se amenaza, más allá de su improcedencia jurídica, ocasionará gravísimos daños económicos que le serán reclamados directamente a usted (a cada uno de los cinco directores del Afsca al que Cassino considera de filiación K) como corresponsable de dicha maniobra”. Por último, advierte que “la presente intimación se realiza bajo apercibimiento de iniciar las eventuales acciones penales por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad”.

La mecha encendida. Las preguntas son: ¿qué pasó entre febrero y agosto de este año para que Clarín esté a las puertas de una adecuación de oficio y se desvanezca la posibilidad de la llamada adecuación voluntaria? ¿Qué preludia esta nada velada amenaza del abogado de Héctor Magnetto a cinco funcionarios públicos?
El primer paso dado en febrero –la llamada admisibilidad– no significó un compromiso por parte del Afsca con la propuesta de Clarín. Sin embargo, el expediente estuvo tres meses en manos de la autoridad de aplicación y fue el tiempo suficiente para no rechazarlo. Recordemos: el Grupo Clarín propuso crear seis unidades, completamente independientes unas de otras. El organigrama presentado creaba dos unidades poderosas y cuatro de mucho menor porte.

-El primer grupo conservaría Artear (Canal 13 de Buenos Aires, Canal 12 de Córdoba y Canal 6 de Bariloche), más varias licencias de radio (con Radio Mitre a la cabeza) y 24 licencias de televisión que se desprenderían de Cablevisión, por supuesto en los lugares donde fueran compatibles para evitar las posiciones dominantes. Cabe aclarar que el mismo grupo advertía que Lucio Pagliaro y José Aranda quedaban como accionistas principales y que el diario Clarín formaría parte de ese poderoso conglomerado. El único –y no menor– problema es que la financiación de esas empresas debería hacerse por cuenta propia y no podrían contar con el auxilio de Cablevisión.

-El segundo grupo precisamente sería Cablevisión, que quedaría con 24 licencias. Como se sabe, el 40% de esa empresa de cable está en manos del fondo Fintech, del mexicano David Martínez, que recientemente fue entrevistado por Horacio Verbitsky para declarar que es tenedor de mil millones de títulos de deuda –que entraron en el canje– y que aceptará la jurisdicción argentina cuando se vote. Es un fondo buitre, pero tiene fuertes intereses en la Argentina, al punto tal que es adjudicatario de Telecom argentina. Como las leyes no permiten ser titular de licencias de televisión y telefonía, David Martínez deberá contar con una medida de dudosa legalidad que le permita mantener las dos actividades o deberá vender sus acciones de Cablevisión. Una situación no muy diferente tiene Telefe desde hace años en relación con Telefónica. Tema que también deberá resolver el Afsca en el expediente de esa empresa a la hora de su plan de adecuación. Volviendo a Clarín, este grupo dos quedaría con Héctor Magnetto y Ernestina Herrera de Noble como principales accionistas.

-El tercer grupo estaría conformado por 18 licencias de cable que podrían extenderse a 24, también escindidas de Cablevisión. Se trataría de licencias donde Clarín participa como accionista no controlante y quedarían como principales accionistas el grupo Padula (TeleRed) y Aldrey Iglesias (La Capital Cable).

-El cuarto grupo sería el de varias señales del Grupo Clarín (TyC Sports, TyC Max, El Trece Satelital, etc.).

-El quinto grupo estaría constituido por licencias de televisión abierta como Canal 7 de Bahía Blanca y Canal 9 de Mendoza.

Esa propuesta, que fue hecha en noviembre de 2013 y considerada admisible en febrero de 2014, pasados cinco meses, parece que no será aceptada por el Afsca. En la primera etapa, se presentan organigramas mientras que en la segunda, cada empresa, en este caso el Grupo Clarín, debe decir a quiénes les transfiere las licencias y cómo quedan constituidas las sociedades que quedan a cargo de la operación y la titularidad. A tal efecto, y antes de hacer la presentación formal de quiénes son esas personas físicas y jurídicas, el pasado viernes 15 de agosto –con la firma de su apoderada, María de los Milagros Páez–, el Grupo Clarín mandó una extensa carta para agregar al expediente en la que pide que se den por aceptados todos los pasos legales. El encabezamiento dice: “Se presenta. Informa cumplimiento en tiempo y forma de la propuesta de adecuación considerada admisible mediante resolución 193 y solicita a esa autoridad ordene e inste a las restantes autoridades intervinientes a emitir los actos administrativos necesarios que permitan concluir el proceso”. Es decir, piden pasar a la fase dos, la de transferencias de licencias. La carta ingresó a la Mesa de Entradas de la Afsca el martes 19. Apenas un día después, Clarín despachaba la carta documento mencionada más arriba. Dicho en lenguaje simple: o pasamos a la segunda etapa o vamos a enjuiciar a los directivos. La zanahoria y el garrote.

Algunas aclaraciones importantes. La primera es que Clarín partía de unas 280 licencias que convirtió en 90 por un proceso de absorción y extensiones que lo beneficia mucho. Hay una serie de mecanismos administrativos que permiten que en una misma localidad haya tres licencias que operan de modo independiente o que en alguna localidad opere una extensión de una licencia dada en otra localidad. Es decir, ante un proceso de adecuación, depende del interés que esté en juego, puede aceptarse o no. Lo cierto es que el Gobierno lo consideró “admisible” y que Clarín se apoyaba en decisiones tomadas en la gestión anterior a la que encabeza Martín Sabbatella y que se le dieron a Telecentro, el grupo empresarial de Alberto Pierri.

La segunda cuestión es que se le dio admisibilidad a una propuesta en la cual el 90% de la actual facturación del Grupo Clarín queda en las dos primeras unidades mientras que las otras cuatro propuestas son compañías de mediano porte. Es decir, aunque entre las unidades uno y dos no podría haber ningún tipo de auxilio financiero (para evitar maniobras monopólicas), los directivos de Clarín se ingeniaron para mantenerse dentro de la nueva ley conservando un alto poder real.

La tercera cuestión es que el Grupo Clarín manda unas cartas documento de declaración de guerra porque sus propios directivos cuentan con información de que, pese a haberse declarado admisible su propuesta, el Afsca tiene decidido avanzar con la “adecuación de oficio”.

¿Qué motivos necesita esgrimir el Afsca para no aceptar la adecuación voluntaria? En realidad, como la admisibilidad no es más que una carta de intención, no hay ningún compromiso formal. Sin embargo, en la percepción oficial hay conciencia de que su misión es tratar de analizar al máximo la propuesta “voluntaria” y sólo pasar a la “adecuación de oficio” si hay maniobras que violen la ley, sobre todo si hay presunción clara de que Clarín –o cualquier otro grupo de medios– pretenda burlar la división económico-financiera de las nuevas empresas. Es decir, si pretenden disfrazar el monopolio.

¿Judicialización en puertas? El Grupo Clarín mostró un clima de diálogo con el Afsca desde noviembre en que presentó su propuesta de adecuación voluntaria. Sin embargo, hubo un mensaje de poder que puso en evidencia de que, al mismo tiempo que el diálogo, Héctor Magnetto preparaba la ofensiva. A principios de junio pasado, con la excusa de la realización de un ciclo sobre Democracia y Desarrollo realizado en el Malba, el CEO de Clarín juntó a varias de las figuras relevantes de la política (Daniel Scioli, Sergio Massa, Ernesto Sanz y Hermes Binner, entre otros) como para buscar un respaldo a su lucha por evitar que se aplique la ley.

En caso de que se estanque el proceso de adecuación voluntaria y se concretara el proceso de adecuación de oficio, el Afsca debería cumplir con todos los pasos para llamar a concursos para la compra de las licencias que excedan los límites autorizados por la Ley 26.522 (de Servicios de Comunicación Audiovisual). Pero nada de esto es sencillo, porque de inmediato Clarín se presentaría a la Justicia. Y no sólo reclamaría que la Justicia dictamine que la propuesta admitida a trámite sea dada por válida. Hay otro tema más delicado: en caso de ponerse a la venta las licencias, deberían estar acompañadas por los bienes físicos así como el traspaso de los planteles de trabajadores de las empresas operadoras y de los abonados, en caso de ser cableoperadores. Pero Clarín, como cualquier empresa, reclamaría que esos activos son propiedad privada y que el Estado no puede disponer de ellos. Se sabe, en el capitalismo, para la Justicia la propiedad privada suele ser el bien más protegido. Es fácil tirar abajo con una topadora una vivienda precaria en un asentamiento porque esa casilla, hecha con el trabajo humano, no tiene un título de propiedad que la defienda. Otra cosa es intervenir donde hay papeles que protejan a quien tiene el usufructo de una empresa.

Es decir, si el Afsca decide ir por la adecuación de oficio, habrá infinidad de idas y venidas judiciales que, por supuesto, no se resolverán antes del 10 de diciembre de 2015. El gobierno de Cristina habrá cumplido con el espíritu de una ley que atravesó muchas peripecias y que llegó a un punto clave. No sólo hubo un debate sobre el rol de las empresas con posiciones dominantes o monopólicas, sino que se transitó un camino donde participaron los tres poderes del Estado y dieron como resultado que los dueños de los medios audiovisuales –y no sólo Clarín– deben adecuarse a la ley.

Más allá de este logro, que contribuye a la democratización de la vida política y económica de la Argentina, queda también planteada la pregunta inicial, ¿qué pasó entre febrero y agosto, cuando se dio por admisible la propuesta de Clarín, y este escenario, en el que es posible que no se pase a la fase de las transferencias de licencias tal como lo propuso ese grupo? Hubo un cambio en el contexto político y en el rumbo de las decisiones del Gobierno. En febrero, el Gobierno avanzaba con decisión hacia la negociación con el Club de París y con Repsol, así como avanzaba la asociación con Chevron en Vaca Muerta. Las previsiones oficiales iban de la mano de poder pasar el examen de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos en el juicio con los fondos buitres. Con ese plafón, se esperaba un segundo semestre donde los indicadores económicos internos mostraran mejores signos y donde se pudiera acceder al crédito internacional e ingresaran los dólares necesarios para equilibrar el frente externo. Pero las cosas se complicaron: la Corte norteamericana no dio curso al pedido argentino y el gobierno de ese país se desentendió, los signos de retracción económica se agudizaron y la pelea con los buitres se puso en el centro de la escena en un momento complejo, de difícil pronóstico sobre cómo pueden aquietarse los precios y el dólar, al tiempo que algunas medidas anticíclicas buscan que la demanda no caiga. Pero no crece la inversión, caen las reservas al tiempo que el clima social y político también se agita. El probable que, además de las consideraciones específicas, técnicas, que puedan llevarlo a no admitir la propuesta de Clarín, el Gobierno considere que es un momento de no transigir, de no bajarse de un logro de estos años. Que sea, en todo caso, la Justicia la que deba encauzarlo y que el próximo gobierno tome la responsabilidad de no bajar la guardia con el poder corporativo.

Miradas al Sur
 

LOS NEGOCIOS DE MONSANTO Tentáculos del pulpo

Por Sebastián Premici

La sojización del país, impulsada por productores y empresas agropecuarias, y no regulada por los estados provinciales ni el nacional, salvo cuando este último intentó aplicar la resolución 125 para desincentivar su siembra a favor de otros cultivos, resultó funcional a la posición dominante de Monsanto, que se extiende a todas partes del mundo. Esta empresa posee a nivel mundial más de 1600 patentes en biotecnología y suministra semillas en más de 150 millones de hectáreas en todo el planeta. En Estados Unidos, el 93 por ciento de la soja transgénica pertenece a esta multinacional, que tiene su sede central en el estado de Delaware, el paraíso fiscal estadounidense.

La mayoría de los “competidores” dentro del mercado mundial son licenciatarios de la tecnología de Monsanto. En el mercado local tiene presencia en casi el ciento por ciento del suministro de semillas destinadas al cultivo de soja modificada genéticamente, que actualmente alcanza al 50 por ciento de la producción total de granos del país. A medida que Monsanto extendió su hegemonía en la agricultura mundial, también buscó imponer sus propias reglas de juego. No sólo creó una soja que rinde mejor asociada a un glifosato de su marca, cuestionado en el mundo y la Argentina por sus efectos en la salud humana, sino que ha intentado imponer reglas comerciales abusivas, bajo el concepto de regalías extendidas.

En 2006, la empresa inició un litigio en Europa para intentar cobrar regalías por la producción de harina de soja de la Argentina, cuya patente sólo se había concretado en Europa y no en la Argentina. Monsanto quería cobrar entre 15 y 18 dólares la tonelada de regalías por la harina producida en el país, a pesar de no contar con una patente para ello. La multinacional logró frenar en Europa cuatro contenedores con la harina de soja cuestionada, hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) resolvió que la compañía no podía prohibir la comercialización de ese producto en aquel continente. “Una patente europea es sólo efectiva cuando el producto protegido es utilizado con la misma función con la que está registrado. Esta función ya no puede ejercerse cuando la secuencia de ADN se encuentra en estado residual en la harina de soja, que es una materia inerte obtenida tras varias operaciones de transformación”, sostenía el fallo del tribunal de la UE.

La denuncia que realizarán esta semana la Federación de Cooperativas Federadas (Fecofe), la Cámara Argentina de Semilleros Multiplicadores (Casem), la Federación Argentina de Ingeniería Agronómica, y probablemente se sume la Federación Agraria, también cuestiona la legitimidad de la compañía para imponer sus propias reglas de juego. Pero, sobre todo, su objetivo político es llamar la atención de los reguladores argentinos para que en la nueva ley de semillas, en proceso de elaboración, no queden resquicios que avalen una posición dominante de Monsanto y se defiendan los derechos de los agricultores y las empresas locales multiplicadoras de semillas, para evitar que la renta del sector quede en manos de unas pocas multinacionales.

01/09/14 Página|12

Productores de soja denunciarán a Monsanto ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Organizaciones de productores, multiplicadores y acopiadores de soja presentarán una denuncia contra la multinacional Monsanto por entender que la empresa impone exigencias en sus contratos de venta de semillas, que pueden constituir potenciales herramientas de concentración del sector en toda la cadena de producción y comercialización.

Las organizaciones denunciantes son la Cámara Argentina de Semilleros Multiplicadores (Casem),la Federación de Cooperativas Federadas (Fecofe), las Cooperativas Agropecuarias Federdas de entre Ríos (Cafer), la Federación Argentina de Ingeniería Agronómica (Fadia) y la Federación Argentina de Cooperativas Apícolas y Agropecuarias Limitada (Facal), las que alegan prácticas “discriminatorias y que dificultan la permanencia en el mercado de múltiples actores”.

Las observaciones se centran sobre los contratos para la adquisición y utilización de semillas con tecnología RR2Y y RR2YBt, en los que se establecen exigencias que condicionan la venta de la variedad de semilla de soja por parte de la empresa Monsanto, a la que le atribuyen “conductas que restringen la competencia en perjuicio para el interés económico general”.

El tipo de semillas Intacta RR2 Pro es presentada por Monsanto como la nueva biotecnología que provee a las variedades de soja incremento en el rendimiento, reducción de costos y simplicidad de manejo, y que permite la menor utilización de insecticidas.

Para las entidades agrarias, los contratos que Monsanto exige firmar con los compradores de este tipo de semillas “condicionan a los adquirientes y a sus posteriores acciones o ventas, interviniendo así en toda la cadena de producción y comercialización”.

En particular, consideran que en los contratos se restringe la venta de la producción sólo a los comercializadores autorizados por Monsanto, que son tres Asociados Don Mario S.A., Nidera S.A. y la Asociación de Cooperativas Argentinas, y se restringe geográficamente la siembra de las semillas a algunas provincias del territorio nacional.

También se entiende que se acota la comercialización del grano obtenido exclusivamente a los exportadores o elevadores participantes del sistema y se obliga al comprador a pagar la regalía por este tipo de tecnología por cada uso de la misma: al momento de la compra, al momento de la declaración y siembra para uso propio o al momento de la entrega al elevador o exportador.

“El sistema de comercialización de estas tecnologías es establecido por Monsanto, quien determina quiénes pueden comprar y acopiar el grano y quiénes no y regula así la totalidad de la cadena productiva”, denunciaron las entidades al agregar que “se le concede el derecho de inspeccionar los lotes de los productores y los cargamentos”.

Al respecto Esteban Motta, de Fecofe, manifestó que “la biotecnología debe ser parte de un proceso de desarrollo nacional inclusivo y con accesibilidad a los distintos sectores de la cadena. Los contratos que promueve Monsanto son una herramienta que avanza en la concentración, no solamente para quedarse con el control de la tecnología y el desarrollo tecnológico sino también con el control de la comercialización y del desarrollo del sector agropecuario de la Argentina.”

Por su parte, Raúl Pagnoni, presidente de Cámara Argentina de Semilleros Multiplicadores, señaló que “complementariamente a la presentación de la denuncia contra Monsanto se solicitó a la Comisión de Defensa de la Competencia que adopte medidas de carácter provisional previstas en el artículo 35 de la ley 25.126 a fin de ordenar el cese de la conducta lesiva durante la tramitación del procedimiento”.

La multinacional Monsanto, en tanto, explicó ante una consulta de Télam “que la denuncia de concretarse quedará desfasada de la realidad tras la presentación que hizo la semana pasada la empresa respecto a la flexibilización de las condiciones comerciales y el acceso de los productores a las semillas de soja con tecnología Intacta RR2 PRO”.

La empresa explicó que dispuso “una campaña comercial más adaptada a la realidad actual del productor” que permite ampliar las condiciones de pago con alternativas de financiación, adapta los tiempos de pre campaña otorgando mayor flexibilidad y reduce el precio a pagar al momento de la entrega del grano a 15 dólares por tonelada.

Monsanto aseguró que las nuevas condiciones comerciales permiten el “desarrollo de alternativas de pago adicionales para esta y futuras campañas, que permiten a los productores pagar por hectárea, independientemente de su productividad”.

Además, aclaró que el pago de la tecnología se realizará cuando se adquiere la bolsa de semilla certificada, dando al productor una cantidad de kilogramos libres para entregar su producción, al tiempo que se desarrollan alternativas de pago de la tecnología por hectárea sembrada con semilla certificada o de uso propio, que libera al productor del control en la entrega del grano y evita la segregación de tecnologías.

Más allá de las aclaraciones de la multinacional, los distintos sectores de la cadena que resultan denunciantes anticiparon que solicitarán a la Comisión de Defensa de la Competencia “que adopte medidas para el cese de prácticas discriminatorias y que dificultan la permanencia en el mercado de múltiples actores, generando una situación de dependencia comercial”.

En ese sentido, consideraron que esta situación permite “el aumento unilateral de costos” y en consecuencia “una limitación de la capacidad productiva de las empresas que operan en la cadena”, al ser Monsanto -según la denuncia- la que “selecciona los eslabones actuantes en cada eslabón, y desplaza al resto de los competidores”.

También aseguraron que “no se pudo comprobar que el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual haya concedido a Monsanto el derecho de patente sobre la construcción genética que rinda resistencia al glifosato y sobre la nueva tecnología Intacta RR2 Pro, a pesar de que la empresa lo dice públicamente”.

Télam

Las necrológicas de La Nación Por Eric y Alfredo Calcagno

Una de las secciones del diario La Nación con poco margen para la mentira es la de necrológicas. Hasta es probable que algún dinosaurio político la consulte todos los días para confirmar que está vivo. Pero deben diferenciarse las informaciones individuales acerca de los fallecimientos pasados con las que vaticinan muertes futuras.

Aquí el diario reincide en su táctica habitual: “Se dice que”, “fuentes bien informadas”, “alguien cercano a la Casa de Gobierno”; todo matizado con el abuso de condicionales. Así se configura más que información, la expresión de deseos de los periodistas involucrados, que a su vez difunden la línea editorial.

La muerte de movimientos históricos. Dentro de esta tendencia existen dos casos dignos de destacarse. El primero es la profecía fracasada de Claudio Escribano, entonces secretario de Redacción de La Nación, quien tal vez contagiado por la tradición de golpes militares y de mercado, afirmó, poco tiempo después de la asunción del mando de Néstor Kirchner, que su Presidencia terminaría en menos de un año. Se equivocó.

Ahora reincide un colega suyo, quien en su nota del domingo pasado (Joaquín Morales Solá, La Nación, 24/08/2014) enuncia dos profecías: la primera es la destrucción de todo lo realizado desde 2003; y la segunda, el comienzo de una nueva etapa por quienes después tomen el gobierno. Afirma categórico: “Nada habrá quedado después de Cristina Kirchner. Los próximos tendrán que empezar de nuevo”. Es decir, habrá tierra arrasada y gobernará otra vez el establishment; el proyecto nacional está muerto y se restablecerá el neoliberalismo.

Profecías como éstas se han repetido, y cuando se pretendieron realizarlas, han sido trágicas en la historia argentina. Después del golpe de Estado de 1956, se derogó la Constitución Nacional de 1949 por el bando militar del 27 de abril de 1956. Días antes, el 5 de marzo de 1956, se había dictado el decreto-ley 4161, que prohibía en todo el territorio de la Nación “la utilización, con fines de afirmación ideológica peronista, efectuada públicamente, o propaganda peronista, por cualquier persona, ya se trate de individuos aislados o grupos de individuos, asociaciones, sindicatos, partidos políticos, sociedades, personas jurídicas públicas o privadas de las imágenes, símbolos, signos, expresiones significativas, doctrinas, artículos y obras artísticas, que pretendan tal carácter o pudieran ser tenidas por alguien como tales pertenecientes o empleados por los individuos representativos u organismos del peronismo”. Después vino la brutal represión de los gobiernos cívico-militares.

El establishment creía que así borraba de la historia argentina al peronismo y que sobre ese campo devastado vendría la restauración oligárquica. Tuvieron éxito durante algún tiempo, pero al final se derrumbó el neoliberalismo y resurgió el peronismo, que nunca había muerto. Los movimientos históricos no se suprimen por decreto, ni por golpes de Estado, ni por la violencia.

En qué consiste la “tierra arrasada”. ¿En qué se basa La Nación para afirmar que “nada habrá quedado después de Cristina Kirchner”? Esta frase sostiene que se destruirá todo lo conseguido, en especial con respecto al crecimiento y –sobre todo– a la inclusión social. Para fundamentarlo, se basa en algunas cifras que marcan un estancamiento a principios de 2014, como si esto borrara los 10 años del mayor crecimiento económico de la Argentina, esta vez con inclusión social. Pero al final prevalecen los hechos: por desgracia para el arco opositor, no pueden negarse las cifras objetivas. Veamos.

El ciclo neoliberal argentino duró un cuarto de siglo (1976-2002). El Producto Bruto Interno anual por habitante (PBI) era de 8000 dólares internacionales en 1976, y se redujo a 7200 dólares en 2002; es decir, que los argentinos tenían 800 dólares menos por habitante que 26 años atrás. Esta fue la época del oro del neoliberalismo. En cambio, en 2013 el PBI era de 13.500 dólares: en 10 años, casi se duplicó. Para borrar lo obtenido y volver a la nada, como vaticina La Nación, cada argentino debería rebajar su ingreso anual por habitante de 13.500 dólares a 7.200 dólares. Es una tarea imposible, aun cuando para cumplirla llamaran a los fondos buitre, a De la Rúa y Cavallo, o se actualizaran con los aspirantes a sucesores, que ahora están apareciendo.

Los progresos realizados en la “década ganada” muestran una diferencia abismal entre los principales indicadores económicos y sociales entre 2002 y 2012/13: la inversión bruta interna pasó del 11 al 21%; las exportaciones, de 25.000 millones de dólares a 84.000 millones; la desocupación, de 21,5 a 7,3%; la participación de los asalariados en el ingreso, de 34 a 49%; la cobertura de la seguridad social, de 65 a 95%; la inversión estatal global, de 1,1 al 4,3 del PBI. Sólo quienes niegan la realidad, pueden afirmar que no existió la década ganada.

Pero para valorar la profecía periodística es útil enumerar algunas de las consecuencias físicas de la “tierra arrasada” que promete el principal vocero del establishment.

1. Caída de la ocupación y de los salarios, como consecuencia de los programas de ajuste neoliberales, en especial la reducción drástica del gasto público y la supresión de los Convenios Colectivos de Trabajo (la mejor forma de bajar salarios es crear desempleo). Pérdida de las conquistas que llevaron a la inclusión social de gran parte de los excluidos (Asignación por Hijo y planes sociales).

2. Retorno de la hegemonía del sector financiero por sobre el productivo, con la desindustrialización que generaría la revaluación del peso y la apertura de las importaciones (era más barato importar que producir, como se comprobó en la década de 1990). Fuerte endeudamiento externo y auge de la especulación financiera.

3. Destrucción del sistema jubilatorio estatal y vuelta al negocio financiero. Además sería fácil “desjubilar” a los 2,4 millones que se jubilaron sin aportes aumentándole desmesuradamente los reintegros mensuales por los aportes no pagados.

4. Renuncia a la soberanía nacional: vuelta al predominio de Estados Unidos (tal vez, generalizar el “sentarse con Griesa y hacer lo que él quiera”) y ejecutar la política económica que decida el Fondo Monetario Internacional (FMI). Reprivatización de las empresas recuperadas para el Estado argentino.

Para entender lo que intentan, es necesario tener en claro que no tratan de proponer un poskirchnerismo, sino de reimplantar el prekirchnerismo. Uno de sus dramas es que no tienen programa económico propio. En lo cotidiano, lo único que se les ocurre ahora es oponerse a todo lo que haga el Gobierno. Y si debieran plantear medidas concretas para el futuro, sólo tienen las del FMI.

Integrantes nativos del establishment. Existe además otro hecho: en el interior de la Argentina existen grupos que integran el establishment como socios menores. Estos grupos históricamente han tenido la particularidad de unirse a los miembros extranjeros del establishment para conseguir ventajas, en particular, compartir el gobierno y los negocios. Basta con citar a los argentinos que tripulaban la flota anglo-francesa durante la Vuelta de Obligado, la alianza con Brasil para derrocar a Rosas, los gobiernos de la oligarquía instalados por los británicos, la confabulación con Braden en 1945, el actual apoyo a los fondos buitre. La antítesis de esos lamentables antecedentes la ofrece Japón: nunca en su larga historia, “ningún japonés pensó por un momento en apoyar a una potencia extranjera contra los intereses de sus propios ciudadanos” (Edwin Reischauer, El Japón, Historia de una Nación, Fondo de Cultura Económica, pág. 122).

Para finalizar, tenemos dos malas noticias para el establishment y sus voceros.

La primera se refiere al peronismo al que dieron por muerto varias veces. La relectura del decreto 4161/56 resulta patética: cómo pudo creerse que un movimiento histórico se eliminaba por decreto, y cómo casi 60 años después vuelve a imaginarse lo mismo. No han entendido ni aprendido nada.

La segunda, es que no han advertido que éste es un país muy diferente al de hace una década. Ha llegado a niveles jamás conseguidos de inclusión social, duplicó su Producto Interno Bruto, reanudó el proceso de industrialización, se desendeudó y está en vías del autoabastecimiento energético. Frente a esta realidad insistir con el planteo neoliberal –como hacen varios precandidatos presidenciales de la oposición– significa algo parecido a proponer la restauración del feudalismo en pleno renacimiento.

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