En estos días, las resonancias de la ultraderecha recorrieron distintas
expresiones de manera encubierta o desembozada, revelando su naturaleza
autoritaria.
El 9 de mayo se recuerda en todo el planeta el 69 aniversario de la derrota del
nazismo. Ese día, las tropas soviéticas tomaron el Reichstag en su ofensiva
desde el este, uniéndose en Berlín con los ejércitos aliados. La barbarie
hitleriana, el genocidio y la muerte de 60 millones de seres humanos llegaban a
su fin. La Escuela de Frankfurt fue la primera en señalar que los crímenes
contra millones de judíos, gitanos, y otros grupos humanos caracterizados por el
fascismo como objetos eliminables, no hubiesen sido posibles sin la previa
experiencia histórica del genocidio en tierras de América. Los 300 años de
colonialismo iniciados con la conquista del continente sumaron –en la trágica
contabilidad de vidas humanas– 80 millones de habitantes originarios. Fueron
masacrados en los campos de batalla, por la explotación sin límite o por
enfermedades importadas desde la Europa medieval. Además, resulta imprescindible
sumar a millones de africanos muertos en el tráfico humano que circulaba desde
el Continente Negro hasta el mítico Dorado Americano. Un gran genocidio de dos
continentes.
El colonialismo desplegó con todas sus energías una cultura del sometimiento y
la desigualdad étnica y social, decretando la inferioridad del indio y del
negro, materializando una clasificación de mixturas que definían rangos
jerárquicos entre "razas" y justificaban los más diversos mecanismos de
explotación, exclusión y segregación. La Santa Inquisición inició en nuestro
continente la quema de herejes, principalmente judíos, hace más de cuatro
siglos, constituyendo un importante antecedente de racismo, fanatismo y muerte.
Volviendo al siglo XX, resulta oportuno ponderar una serie de dimensiones de la
ideología nazi, que expresa una concepción cultural fundada en el principio de
la fuerza como vector de dominación, la segregación de los más vulnerables y la
idea de que el fin (el ejercicio del dominio) justifica los medios. Incluso el
uso sistemático de la mentira es ensalzado como instrumento legítimo para el
gobierno de la sociedad.
En estos días, las resonancias de la ultraderecha, ahora mutada en la "nueva
derecha" han recorrido distintas expresiones de manera encubierta o desembozada,
revelando su naturaleza autoritaria.
Un ejemplo en el primer sentido fue la convocatoria del jefe de Gobierno de la
Ciudad, Mauricio Macri, a un grupo de ex combatientes a propósito de la
conmemoración de la Guerra de Malvinas. Esos personajes militan activamente en
la reivindicación del genocidio cometido en Argentina, en la defensa de asesinos
y torturadores e inclusive en la reivindicación del nazismo. Vaya como ejemplo
la crónica que realizó este mismo diario el 4 de mayo del corriente año al
describir a los convocados por Macri. Uno de ellos, Carlos Szyrkoviec, es
descripto como "suboficial del Ejército retirado, quien fue invitado a la
actividad como 'dibujante'." En su cuenta de Facebook, Szyrkoviec no esconde su
adoración por el nazismo. Públicamente, el 20 de abril, el ex combatiente
celebró el 125º aniversario del nacimiento de Adolf Hitler a quien 'saludó' por
su cumpleaños. 'Feliz cumpleaños Adolf..!!!', escribió sin tapujos. Incluso,
añadió un link en el que le rinde honor y loas a uno de los mayores asesinos de
la historia. Hay más, pero para muestra basta un botón. No es el primer gesto
que tiene el alcalde en este sentido. Está presente en nuestra memoria la
entrevista en la que declaró que su intendente predilecto –en la historia de la
Ciudad– es Osvaldo Cacciatore, delegado de la dictadura genocida entre 1976 y
1982. Este brigadier ostentaba el "mérito" de su participación, en 1955,en el
bombardeo sobre la Plaza de Mayo, un crimen de Estado que se cobró centenares de
víctimas. El Jefe de Gobierno además nombró al apologista de la dictadura Abel
Posse como Ministro de Educación de la Ciudad. Es sintomático también que los
dos primeros jefes de la Policía Metropolitana estén procesados, y no resulta
extraño oír de la boca de Macri que los sucesos del Indoamericano, que
terminaron con tres muertes y decenas de heridos, se debieron a la "inmigración
descontrolada". Racismo puro.
Otra muestra patente de la "nueva derecha" fue la publicación, en el matutino La
Nación, de una columna de Mario Vargas Llosa, quien está en Venezuela apoyando
la estrategia fascista de violencia callejera. En su titulada columna "La gesta
libertaria de los estudiantes venezolanos", Vargas Llosa sitúa el origen del
conflicto en el intento de violación de una estudiante universitaria que "llevó
a los estudiantes a convocar una gran marcha contra la inseguridad, la falta de
alimentos, los secuestros, los desmanes de los sicarios y la sistemática
restricción de las libertades ciudadanas".
El literato, devenido en fiscal de la libertad y la democracia, critica las
detenciones de "presos políticos" como la del golpista Leopoldo López, y
reivindica a quienes están "en la vanguardia de la batalla pacífica que da la
oposición para impedir la desaparición de los últimos resquicios de libertad que
aún quedan en Venezuela". Su descripción fantástica no resiste el análisis de
los hechos. La oposición venezolana ha sido derrotada en las urnas en 18 de las
19 elecciones ocurridas en ese país.
Vargas Llosa revela su verdadera crítica al modelo bolivariano cuando afirma su
perspectiva, sus intenciones y sus objetivos: "Mientras más pronto se vaya, será
mejor para Venezuela y para América Latina. La manera como el régimen, en su
empeño frenético de colectivizar y estatizar la nación, ha empobrecido y
destruido a uno de los países potencialmente más ricos del mundo, quedará como
un caso emblemático de los desvaríos a que puede conducir la ceguera ideológica
en nuestro tiempo". El escritor exhibe su anacrónico macartismo y un renovado
antipopulismo. El texto destila odio y está cargado de flagrantes omisiones y
contradicciones.
Celebramos el fin de la Segunda Guerra Mundial, seguramente el acontecimiento
más dramático y doloroso del la historia humana. Resulta obligatorio señalar a
sus epígonos modernos que "valoran" y exhiben a racistas xenófobos y adoradores
de Hitler como luchadores por la democracia. La "nueva derecha" intelectual y
política muestra su verdadero rostro en Argentina y en la región. Tras las
brumas del modernismo, esconde su anclaje en viejas ideas antidemocráticas.
Infonews
A propósito de una reciente tapa de la revista Noticias, Marcelo Tedesco plantea
una reflexión sobre la ética periodística y el papel político de los medios de
comunicación.
Por Marcelo C. Tedesco *
Una reciente tapa de la revista Noticias, de editorial Perfil, es pretexto para
reflexionar nuevamente sobre cuáles son los límites éticos que la profesión
periodística no debería transigir bajo ningún pretexto. En la pieza en cuestión
se aprecia un fotomontaje de la Presidenta de la Nación crucificada. Sin entrar
en consideraciones semiológicas, varias cuestiones se pueden desprender del
análisis de tal imagen, pero inevitablemente –en mi caso particular– todas
llevan del asombro al repudio desde todos los ejes de reflexión que se intenten.
Cabe aclarar aquí que no se trata de una meditación sobre el uso de la imagen
presidencial. Las mismas emociones me despertaría la imagen de cualquier otra
mujer crucificada.
El enfrentamiento económico y político de la editorial de Fontevecchia con el
gobierno nacional es sobradamente conocido. Por ello, el uso de un elemento de
tortura y muerte para un adversario político no deja más que lugar al recuerdo
de las etapas más negras de la historia argentina. Como dice Ricardo Sidicaro,
“comprar un diario, acto ritual, es adquirir una matriz de decodificación de los
hechos sociales que organiza el conocimiento sobre una realidad que al mismo
tiempo construye. Mediante él se le ofrecen al lector formas de ver el mundo
(...) adquirir un diario es como votar por él en un mercado de opciones que
ofrece miradas alternativas sobre la sociedad y sus problemas”. Desde el
funcionalismo al pos estructuralismo, desde Paul Lázarsfeld a Pierre Bourdieu,
todos los investigadores dedicados al tema reconocen que los medios contribuyen
a construir e instalar pautas de conducta socialmente aceptadas. Decodificar los
hechos sociales en términos de crucificar a una mujer (en primer lugar) y a un
adversario político (luego) significa la construcción de una matriz peligrosa,
que tiende a legitimar –a entender de quien escribe– una conducta que en la
última dictadura cívico-militar se cobró la vida de miles de seres humanos.
El papel de un medio, implícito o explícito, es dotar a los sujetos sociales de
categorías interpretativas cuyo efecto es hacer ver la realidad de un modo
determinado y movilizarlos en grados diversos a la acción. La relación entre los
medios y otros actores políticos se puede analizar sistémicamente. Como indica
Héctor Borrat: “Si por actor político se entiende todo actor colectivo o
individual capaz de afectar el proceso de toma de decisiones en el sistema
político, el periódico (extensible a todos los medios masivos de comunicación)
independiente de información general ha de ser considerado como un verdadero
actor político. Su ámbito de actuación es el de la influencia, no el de la
conquista del poder institucional o la permanencia en él”. Al igual que otros
actores políticos, los medios actúan a partir del conflicto como categoría clave
para comprender los procesos sociales, movilizan recursos para competir con
otros actores y operan en el espacio público para ganar adhesión e influencia.
Desde un enfoque religioso, la utilización de la cruz con fines
propagandístico-políticos no puede más que ofender la sensibilidad de aquellos
millones de cristianos que ven en éste a un símbolo de redención, algo que a
juicio de quien escribe no forma parte del mensaje que quiere construir el medio
en cuestión con dicha tapa. Considerando un análisis de género, la crucifixión
de una mujer impone una reflexión sobre la violencia de género implícita en tal
imagen, que lamentablemente parece sintomática en una revista que ha publicado
otras piezas periodísticas similares, como una en la cual mediante photoshop se
presenta a Cristina Fernández de Kirchner desnuda.
Históricamente, dentro de las democracias liberales se ha asignado a la prensa
la función del “watchdog” o perro guardián de las actividades del gobierno,
colocándola en un lugar de “cuarto poder” junto a los tres establecidos por el
constitucionalismo moderno. Sin embargo, este control y las funciones de
promover el debate, circular ideas, etc. tienen limitaciones reales propias de
su estructura económica y su actuación dentro de un sistema. El peligro es
cuando las ambiciones económicas y el papel que buscan cumplir como actores
políticos están por encima de la función informativa. Allí es cuando se difumina
el límite de la ética que debe guiar al periodismo y allí es cuando –para
quienes desde jóvenes abrazamos “el mejor oficio del mundo”– determinadas
acciones dan vergüenza ajena.
* Licenciado en Historia y periodista. Profesor adjunto de Fundamentos del
Periodismo en la Universidad Provincial del Sudoeste.
07/05/14 Página|12
A pocos días de haber enfrentado con éxito la séptima corrida contra el peso,
que las reservas del BCRA volvieran a crecer, que la inflación comenzara una
dinámica bajista, que se sellara el acuerdo YPF-Repsol con la emisión esta
semana de los bonos para el pago del resarcimiento por la expropiación, y que,
en definitiva, quedara completamente desacreditada la operación "Chau Cristina",
el nuevo artilugio para limar al gobierno es probar que después de once años de
kirchnerismo explícito, estamos igual que a fines del 2001.
No hace falta abundar sobre que este será un año difícil, de crecimiento menor
al que veníamos acostumbrados y que la devaluación y la suba de tasas de interés
que pararon la corrida tendrán efectos adversos sobre el nivel de actividad y
los precios de estos meses.
En efecto, el primer trimestre cerró con una caída del sector industrial del
3,1% y bajas del salario real privado del orden del 5 por ciento. Pero afirmar
que la situación social es similar a la del fin del modelo de la
convertibilidad, sólo puede instalarse como una verdad por el poder de los
medios de comunicación hegemónicos para marcar la agenda. En efecto, los
inconsistentes datos del Observatorio de la Deuda Social de la UCA no tendrían
ningún valor si no fueran propalados por los diarios opositores, que los
utilizan hasta el infinito, torturando esas cifras hasta afirmar lo que el mismo
organismo no dice. Pero nadie que no sea un manipulador serial puede decir que
la pobreza a fines de 2013 está en los niveles de 2001.
Quien viene batallando casi en soledad contra los datos de la UCA es el titular
de la Consultora Equis, Artemio López, que certeramente desnuda esas
contradicciones. Ya en un informe del año 2012 señalaba que para ese serio e
imparcial observatorio, la pobreza del Área Metropolitana de Buenos Aires había
descendido del 34,9% al 22% en seis meses. Según López, "no existía ningún
ejemplo planetario de reducción tan drástica de la pobreza en tan corto lapso",
12 puntos porcentuales en seis meses. Por mucho menos que ese desaguisado se
ponen en duda los datos del INDEC desde hace años y, por el contrario, nadie
duda de la verosimilitud de tales eclesiásticas cifras de la UCA. Por lo menos,
el instituto oficial de estadística ha recogido el guante, y actualizó
recientemente las bases de cálculo y la cobertura del índice de precios. Para
rematarla, ese Observatorio no sólo tiene una muestra pequeña del año del jopo,
sino que está sesgada hacia sectores pobres, es decir mide entre pobres, lo que
obviamente le da más pobreza que en la realidad. Además, y en una actitud de
mala praxis, no publica los datos de esa misma encuesta que concluyen que
Argentina tiene niveles de desigualdad de países como Suecia o Noruega. En
definitiva, no tiene el menor rigor metodológico: mide subas y bajas de pobreza
inexistentes, sobreestima la cantidad de pobres y estima que Argentina tiene
niveles de equidad distributiva similares a los países escandinavos. ¿Alguien
publicó estas deficiencias? Nadie. Se las toma como verdad revelada. Así las
cosas, la universidad privada sigue sin tener que dar explicaciones, gracias a
la cobertura y complicidad mediática.
Ya ni el sentido común tiene cabida cuando el bombardeo es constante. Un país
que ha reducido el desempleo, el trabajo informal y ha incorporado millones de
jubilados, pensionados y perceptores de ingresos de diferentes políticas de
protección social, no podría nunca mantener actualmente los mismos indicadores
socioeconómicos que hace diez años atrás.
Veamos fuentes alternativas. La FAO (Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la agricultura), conocida agrupación ultrakirchnerista, en su
último informe "Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en América
Latina y el Caribe 2013", afirma que la Argentina ha erradicado el flagelo del
hambre. Por su parte, el Informe sobre Desarrollo Humano 2013 del Programa de
Naciones Unidad para el Desarrollo (PNUD) relativo al Índice de Desarrollo
Humano (IDH) no sólo destaca que la Argentina ocupa uno de los primeros puestos
en la reducción de ese índice, sino que incluye a nuestro país en la categoría
más alta posible de desarrollo humano, el de los países con “Desarrollo Humano
Muy Alto”. Otra organización camporista como el BID (Banco Interamericano de
Desarrollo) en su informe “Mejores pensiones, mejores trabajos, hacia la
cobertura universal en América Latina y el Caribe” destaca que en la Argentina
no sólo la cobertura es casi total para los adultos mayores de 65 años, sino que
además es el único país de la región con ingresos superiores a 10 dólares
diarios para casi toda la nómina de beneficiarios. Adicionalmente, la CEPAL y el
Banco Mundial, periódicamente informan niveles de pobreza e indigencia más bajos
de los que ha informado el INDEC.
Se menciona la situación argentina como de preocupante pobreza o con riesgo
alimentario, brindando datos que nos ubicarían por arriba de países vecinos, que
son señalados por los organismos internacionales como atravesados por fuertes
desigualdades y asimetrías sociales. En efecto, en nuestro país se dan cifras de
incidencia de pobreza que, por ejemplo, superan al 16,6%, dato que el Instituto
de Estadística de Perú estimó para sus áreas urbanas en 2012, al 17% de pobreza
urbana medida en Paraguay en 2013 y hasta superan también a las mediciones del
año 2001 para nuestro país. En mayo de 2001, la pobreza se estimó en 35,9%
mientras que la indigencia era del 26,2 por ciento. En aquellos días la
desocupación alcanzaba al 16,4%, los salarios llevaban más de un lustro
congelados, la tasa de cobertura de jubilaciones y pensiones rondaba el 70% con
una percepción mínima inferior a $150, las asignaciones familiares llegaban a
muy pocos hogares (ya que no sólo faltaba trabajo sino que más del 40% de los
empleos era informal), y no existían programas como la Asignación Universal por
Hijo o el Progresar.
El año 2013 terminó con 6,4% de desocupación y 5 millones más de empleos
registrados en la AFIP que los que había en 2003. A la cantidad de trabajadores
que recibe las asignaciones familiares se suman 3,5 millones de perceptores de
la Asignación Universal por hijo y centenares de miles se están anotando en el
PROGRESAR; la tasa de cobertura de jubilaciones y pensiones supera el 93% con
jubilaciones mínimas de casi $2800.
Para estos analistas, la indiscutible universalidad en el sistema de protección
social y los altos niveles de empleo parecieran entonces haber incrementado la
pobreza en lugar de haberla disminuido.
En definitiva, en nuestro país cualquier "especialista" que revolee datos sin
ningún rigor es subido a la posición de ídolo y paladín de la justicia social
por los medios opositores y con esto bastaría para reanudar la serie
interminable de operaciones mediáticas. Pero también los medios son selectivos a
la hora de buscar información del CONICET. Nunca van a levantar los rigurosos
informes sobre condiciones sociales en Argentina de los investigadores Demian
Panigo o Andrés Asiain, porque tienen posturas cercanas a las del gobierno, sino
que prefieren darle espacio a una nueva estrella como Tamara Seiffer, que acaba
de argumentar livianamente que "lo que hizo Menem en términos de gasto social no
es muy distinto de lo hecho por el kirchnerismo". Luego continúa con que "en
relación a los 90 estamos más o menos iguales en términos de pobreza y de
salario". Con sólo tomar los salarios de los investigadores del CONICET de esos
años y los actuales, se podría dar por cerrada esta discusión pero con el
agravante de que en esos años no sólo los salarios eran bajos, sino que el
presupuesto de Ciencia y Técnica era inexistente, tanto así que esta
investigadora y sus colegas eran habitualmente invitados a "ir a lavar los
platos" cuando hacían notar sus reclamos. Por esa razón los científicos se
fueron del país. Ciertamente, ahora regresan porque este es un país muy
diferente al de Menem-Cavallo, donde los platos estaban limpios, pero las
bibliotecas, los claustros y los lugares de estudios, se encontraban vacíos.
Infonews
Estaban procesados como integrantes de ese grupo parapolicial organizado por
José López Rega. Siguen bajo investigación los
casos de asesinatos atribuidos a la banda, como el del sacerdote
Carlos Mugica.
El juez federal Norberto Oyarbide dio por cerrada la instrucción y envió a
juicio a cinco detenidos por integrar una "asociación ilícita", la Triple A, en
una parte de la causa que no investigó cada caso de asesinato sino el accionar
de la organización en general, explicaron fuentes tribunalicias. Este juicio se
realizará por el antiguo Código Procesal Penal, es decir por escrito, y quedó a
cargo de la juez federal María Servini de Cubría, quien ya abrió la etapa de
prueba, recibió la acusación de la querella y aguarda la de la fiscalía.
Paralelamente, la sala I de la Cámara Federal porteña resolverá en los próximos
días un planteo de "excepción por falta de acción por inexistencia de delito"
hecho por uno de los acusados, Rubén Pascuzzi, quien pide ser sobreseído.
El mismo tribunal de apelaciones negó en enero pasado la excarcelación a
Pascuzzi y recordó que ya estaban ratificadas las prisiones preventivas dictadas
para todos los acusados por Oyarbide en 2012.
El tribunal entendió que "más allá de la gravedad de los hechos investigados,
hay que tener en cuenta la naturaleza de los crímenes por los que se persigue a
los encausados y, en especial, su anclaje en el marco de estructuras de poder,
lo cual determinó una larga historia de impunidad."
La investigación relativa a los asesinatos del padre Carlos Mugica y otros
perpetrados por la organización sigue en manos del juez Oyarbide y está en etapa
de instrucción desde el 2006, cuando se reabrió la causa.
En esa causa la querellante Liga Argentina por los Derechos del Hombre pidió al
juez que se acuse a ocho detenidos por "homicidio, tormentos y privación
ilegítima de la libertad".
En cuanto al crimen de Mugica, quien estaba sindicado como el autor material del
asesinato y jefe operativo de la Triple A Juan Carlos Almirón, fue extraditado
desde España y murió en Argentina en 2009, tras haber pasado detenido en prisión
un breve lapso y ser beneficiado con el arresto domiciliario.
Los procesados con prisión preventiva y detenidos en la cárcel bonaerense de
Marcos Paz son el ex periodista Jorge Héctor Conti, yerno del fundador de la
Triple A López Rega; su ex secretario privado Carlos Alejandro Gustavo Villone,
el ex jefe de la Juventud Peronista Julio Yessi.
También están con prisión preventiva Rodolfo Alberto Roballos, Carlos Jorge
Duarte, Raúl Ricardo Arias, Norberto Cozzani y Rubén Pascuzzi.
Todos están imputados por los asesinatos de Mugica, del diputado
Rodolfo Ortega Peña, del ex subjefe de la Policía
Bonaerense Julio Troxler, entre otros.
Los delitos de la organización fueron declarados de "lesa humanidad" y por ende
imprescriptibles.
Por esta causa, Oyarbide había reclamado a España la extradición de la ex
presidenta María Estela Martínez de Perón, pero fue rechazada.
Télam
Quienes baten el parche con un supuesto aumento de la pobreza, apuntan en
realidad a desprestigiar el modelo.
La última encuesta sobre pobreza difundida por el Observatorio de la Deuda
Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) y el hecho de que el gobierno
discontinuara la difusión del índice oficial de pobreza del Indec sirvieron para
que la oposición desatara una campaña que no apunta sólo a un eventual
empeoramiento de la situación social, sino a cuestionar el corazón del modelo
kirchnerista.
En principio, cabe señalar que el indicador difundido por la universidad privada
fue severamente cuestionado, debido a oscilaciones un tanto incongruentes en la
secuencia histórica. Y que el gobierno anunció que la no publicación del índice
oficial de pobreza obedece al cambio de metodología en la medición de los
precios minoristas, cuyos valores sirven para establecer la línea de pobreza. La
modificación del IPC –tan reclamada por la oposición– impide comparar ahora dos
series distintas.
Pero más allá de estas cuestiones es necesario puntualizar que una medición
posterior a la devaluación y anterior a los aumentos de salarios, puede revelar
un empeoramiento coyuntural de la situación social, que obedece a la
deflagración de la modificación de la paridad cambiaria y la consecuente alza de
precios posterior.
Sin embargo, si se mide la variación de la pobreza en un período más prolongado,
se advierte obviamente que desde 2003 a la fecha se redujo, que aumentó la clase
media, que bajó la desigualdad y que creció la participación de los asalariados
en el PBI.
El Banco Mundial –insospechado de aportar a lo que la oposición llama el relato
K– sostuvo que durante la década que va de 2003 a 2013 se duplicó la clase media
con más de 9 millones de personas, las cuales abandonaron la situación de
pobreza para ascender un escaloncito. La Comisión Económica para Latinoamérica y
el Caribe (CEPAL), así como el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) también vienen midiendo la mejora social en la Argentina en
sucesivos informes.
Por supuesto que si se aborda la cuestión inmediatamente después del pico
inflacionario del primer trimestre del año y no se tienen en cuenta los aumentos
salariales que se van logrando en las paritarias tendientes a corregir el
desfasaje, las cifras pueden señalar un desmejoramiento o un aumento de las
personas que se encuentran por debajo de la línea de la pobreza.
Pero si se advierte con buena leche que las paritarias han corregido en general
las pérdidas del poder adquisitivo de los salarios, medido por los índices de
precios más opositores, se concluirá que no existe tal aumento de la pobreza.
Sobre todo si se tiene en cuenta que en las negociaciones colectivas, casi
siempre se agregaron puntos por encima de la inflación.
Algo parecido ocurre con las jubilaciones, en las que el mecanismo de
actualización automática viene cubriendo en general los aumentos de precios. Por
supuesto que el punto de partida de una jubilación mínima, sobre el cual se
aplica el porcentaje de aumento, es siempre bajo. Pero en general, el ajuste
cubrió el alza de precios medido por los opositores. Resta saber cómo quedarán
los haberes previsionales luego del pico inflacionario generado por la
devaluación y también cómo se corregirá el salario mínimo y la Asignación
Universal.
Sin embargo, es difícil entender cómo puede incrementarse sensiblemente la
pobreza si no se han producido despidos masivos, más allá de algunas
suspensiones, si se ajustan los ingresos del modo señalado y si el gobierno no
da marcha atrás con los planes sociales. Con un desempleo en alrededor del 6% y
el consumo en niveles algo más moderados que antes de diciembre pasado, pero aún
en buenos registros, no existe posibilidad de que aumente la cantidad de
personas que viven en la pobreza o en la indigencia.
Está claro que hay millones de argentinos que integran el nucleo duro de
pobreza, que no ha podido acceder a la bonanza generada desde 2003 a la fecha.
Son personas que no integran la enorme masa de 6 millones de seres que
consiguieron empleo a partir de 2003. Cientos de funcionarios de gobierno
pertenecen a organizaciones políticas que denunciaron permanentemente la
desigualdad social en sus respectivas militancias. De modo que resulta
paradójico que quienes en el pasado integraron gobiernos que fabricaron pobreza
al por mayor, sean ahora los que apestillen a un gobierno que puso a la pobreza
en el centro de sus decisiones. Y no sólo por una cuestión de justicia social, o
por vocación igualitaria, sino porque el modelo económico se fundó precisamente
en el empleo y el consumo interno, al cual se alimentó con salarios para mover
la rueda. Parece injusto que quienes redujeron salarios en términos relativos y
absolutos cuestionen por la pobreza a quienes restablecieron las paritarias y la
fijación del salario mínimo desde 2004, dos costumbres que habían caído en
desuso.
No parece congruente que aumente la pobreza en un país donde el gobierno tiró un
salvavidas a dos millones de personas que pudieron ingresar al sistema
previsional de mayor cobertura en América Latina, sin haber cumplido los
requisitos de un país que despedía y negaba trabajo. No se trata de desconocer
las vicisitudes que afrontan los viejos para llegar a fin de mes, pero de
aquellos casi 3 millones de jubilados, entre los que muchos ganaban apenas 150
pesos convertibles, a los casi 6 millones de hoy, en los que un 40% subsiste con
la mínima de 2757 pesos, hay una distancia considerable.
¿Cómo sería la Argentina si 1,7 millones de familias no recibieran la Asignación
Universal por Hijo para atender a 3,3 millones de chicos, cuyos padres no
trabajan o sólo changuean? ¿O sin las más de 6000 cooperativas del plan
Argentina Trabaja? ¿Cómo sería la fotografía si el gobierno decidiera reducir la
inversión social por la estrechez del sector externo?
En principio, estas preguntas tienen una respuesta: el kirchnerismo no hubiera
podido gobernar 11 años si no hubiera llevado adelante esta política de
crecimiento con inclusión social. Como contrapartida, puede concluirse que la
campaña por el supuesto aumento de la pobreza apunta en realidad a cuestionar el
corazón del modelo, la razón de ser del gobierno. Eso es lo que hacen quienes
llegaron a comparar la situación social con la existente en los '90. Es como
afirmar "con Menem estábamos mejor". Por supuesto que no pueden decirlo
taxativamente, porque saben que el neoliberalismo dejó a una cuarta parte del
población económicamente activa en el desempleo y que cuando Néstor Kichner
entró a la Casa Rosada como presidente de la Nación el país ardía con la mitad
de los argentinos en la pobreza. Pero el cuestionamiento al corazón del modelo
apunta precisamente a desprestigiar la estrategia de desarrollo con inclusión,
para proponer a cambio un retorno a aquellos tiempos en los que el Estado no
garantizaba cierta protección a los más débiles ni se atrevía a cuestionar o
pellizcarles ganancias a las corporaciones. Porque cualquiera que observe la
realidad objetivamente, sin mala leche, que perciba empíricamente el nivel de
empleo y de consumo, no puede creer de ningún modo que la pobreza haya
aumentado.
Infonews
La asamblea plenaria episcopal reunió a más de un centenar de integrantes de la
jerarquía eclesiástica católica.
Imagen: DyN
Los obispos abordaron una larga lista de temas. Advirtieron sobre las “numerosas
formas de violencia” e hicieron un llamado “a todos” a respetar la ley. Entre
otras cosas, se refirieron a la droga, la corrupción, la exclusión social y el
comportamiento de los medios.
Por Washington Uranga
La violencia, la droga, la corrupción, la exclusión social y el comportamiento
de los medios de comunicación frente a todas estas cuestiones forman parte de
una larga lista de temas abordados por los obispos católicos argentinos en un
documento de poco más de dos carillas dado a conocer como resultado de las
deliberaciones de la primera asamblea plenaria episcopal de este año, que
finalizará hoy en Pilar (Buenos Aires) y de la que participó más de un centenar
de miembros de la jerarquía eclesiástica. El texto, que también critica el
funcionamiento de la Justicia y hace un llamado “a todos” a respetar la ley,
dice además que en la sociedad existen los “recursos” para “afrontar el camino
de la recuperación”. El título del trabajo es “Felices los que trabajan por la
paz”.
En su pronunciamiento, los obispos decidieron abordar la mayoría de los temas
instalados en los últimos meses en la agenda mediática, sin un análisis
particular sobre los mismos, dando por ciertas gran parte de las afirmaciones
que se hacen en los medios y aportando su mirada crítica sobre el particular.
Los presididos por el arzobispo santafesino José María Arancedo dicen que
“constatamos con dolor y preocupación que la Argentina está enferma de
violencia”, resultando que “algunos de los síntomas son evidentes” y “otros más
sutiles” pero que, sin embargo, “de una forma o de otra todos nos sentimos
afectados”. La jerarquía católica asegura también que reflexiona sobre “este
drama” porque “creemos que el amor vence al odio y que nuestro pueblo anhela la
paz”.
Según entienden los obispos, “son numerosas las formas de violencia que la
sociedad padece a diario”, que los hechos delictivos “no solamente han aumentado
en cantidad sino también en agresividad” y que eso se traduce en “una violencia
cada vez más feroz y despiadada (que) provoca lesiones graves y llega en muchos
casos al homicidio”. Agregan que “es evidente la incidencia de la droga en
algunas conductas violentas y en el descontrol de los que delinquen, en quienes
se percibe escasa y casi nula valoración de la vida propia y ajena”. Advierten,
no obstante, que “la reiteración de estas situaciones alimenta en la población
el enojo y la indignación” pero que “de ninguna manera se justifican respuestas
de venganza o de la mal llamada ‘justicia por mano propia’”. Luego viene una
observación sobre la manera en que los medios de comunicación abordan el tema.
“La creciente ola de delitos ha ganado espacio en los diversos medios de
comunicación, que no siempre informan con objetividad y respeto la privacidad y
el dolor”, advierten.
Desde otra perspectiva se señala también que “no se puede responsabilizar y
estigmatizar a los pobres por ser tales”, dado que ellos “sufren de manera
particular la violencia y son víctimas de robos y asesinatos, aunque no
aparezcan de modo destacado en las noticias”. Los obispos aseguran además que
“también son violencia las situaciones de exclusión social, de privación de
oportunidades, de hambre y de marginación, de precariedad laboral, de
empobrecimiento estructural de muchos, que contrastan con la insultante
ostentación de riqueza de parte de otros”. Subrayando además el riesgo de
“habituarnos sin que nos duela el sufrimiento de los hermanos”. Luego sigue una
larga lista de otras violencias entre las que se incluye hacinamiento y abuso,
violencia doméstica, abandono del sistema educativo, peleas entre “barrabravas”
a veces ligadas a dirigentes políticos y sociales, niños limpiando parabrisas de
los autos, migrantes no acogidos e, incluso, la destrucción de la naturaleza.
Según los obispos católicos, los argentinos estamos “acostumbrándonos a la
injusticia y relativizando el bien y el mal”.
Hay un párrafo también sobre la corrupción “tanto pública como privada”,
catalogada como un “cáncer social” y a la que se atribuye ser “causante de
injusticia y muerte”. Se habla de “desvío de dineros”, de “impunidad”, “estafas
económicas y morales” que “corroen la confianza del pueblo en las instituciones
de la República, y sientan las bases de un estilo de vida caracterizado por la
falta de respeto a la ley”.
Un poco más adelante los obispos piden respeto a la ley y la Constitución pero
también señalan que aun los reclamos “por nuestros derechos deben ser firmes
pero pacíficos, sin amenazas ni restricciones injustas a los derechos de los
demás”, en lo que parece ser una alusión a los piquetes y cortes de vías. Hay
luego una referencia a los jueces para los que solicitan “independencia,
estabilidad y tranquilidad” pero a quienes se les reclama por la “lentitud de la
Justicia (que) deteriora la confianza de los ciudadanos en su eficacia”.
En el documento hay también críticas al sistema carcelario y a la violencia
verbal, y denuncia de las calumnias y las mentiras, tras lo cual la jerarquía
católica solicita “recuperar el compromiso con la verdad, en todas sus
dimensiones”.
A pesar del diagnóstico pesimista, los obispos creen que en “nuestra sociedad se
encuentran también los recursos para afrontar el paciente camino de la
recuperación” y sostienen que “todos estamos llamados a la tarea de educarnos
para la paz”. Al defender la vida, en términos generales, se usa la ya
tradicional fórmula “desde la concepción hasta la muerte natural”, con la cual
la Iglesia se opone a la interrupción del embarazo y a la eutanasia”.
El documento finaliza con una exhortación, “particularmente a la dirigencia”,
para que desarrolle “un diálogo que genere consensos y políticas de Estado para
superar la situación actual”.
¿Y
por casa...?
Por Washington Uranga
El documento de los obispos conocido ayer reúne un largo listado de quejas y
denuncias que, en términos generales, son las mismas que ha recitado en los
últimos tiempos tanto la oposición política como el frente de la oposición
mediática. Los jerarcas de la Iglesia –que tienen todo el derecho como
ciudadanos y como dirigentes a pronunciarse sobre la vida social y política del
país– decidieron sin más dar por cierta esa letanía de lamentos, muchos de los
cuales toman la forma de veladas acusaciones hacia el Gobierno. No es una
novedad en el estilo episcopal.
Si se les reclama que además de denuncias hagan propuestas, la respuesta será,
palabra más o menos, que “no somos técnicos”, con lo cual se preservan de toda
crítica. Es verdad en todos los sentidos. Que los obispos no son técnicos queda
en evidencia por el tratamiento que le otorgan a ciertos temas. Pero lo grave no
es eso, sino que reclamando ellos mismos “objetividad” y “compromiso con la
verdad” no se esmeren algo más en ahondar en el diagnóstico, trabajando las
causas y, sobre todo, recurriendo a quienes, desde miradas plurales, pueden
inspirarle aportes a la situación. Contribuciones estas que seguramente serían
bienvenidas, no sólo por los fieles católicos, sino por una parte importante de
la sociedad que aún escucha con respeto las palabras episcopales.
De más está decir que pronunciarse a modo de queja sobre la situación actual de
la Argentina usando y haciendo suyos sólo los argumentos de una parte de la
sociedad, no constituye una buena contribución de los obispos que ponderan a
quienes “trabajan por la paz”.
Pero, sumando a lo anterior, sería también oportuno que la jerarquía
eclesiástica mire un poco más hacia sus propias filas y, en busca de mayor
coherencia que reafirme su credibilidad ante quienes aún se la dispensan o le
devuelva el crédito ante aquellos que se muestran escépticos frente a sus
declaraciones, se pronuncie también sobre otros temas que directamente le
afectan. Sólo a modo de recordatorio habría sido sumamente interesante escuchar
a los obispos dando explicaciones sobre la forma como la Iglesia afronta la
situación del cura Aldo Vara (foto), acusado por delitos
de lesa humanidad y encubierto por la propia institución. O que, como se lo han
pedido reiteradamente las Abuelas de Plaza de Mayo, digan qué están haciendo
para aportar documentación que está en poder de la Iglesia y que podría ser
sumamente útil para clarificar la suerte de desaparecidos y niños nacidos en
cautiverio. Y que a todo ello agregaran, en un acto de justicia interna, pero
también ciudadana, el reconocimiento de la condición martirial de muchos
cristianos que murieron en la Argentina defendiendo sus ideas de justicia
social, comenzando por el cura Carlos Mugica y el obispo Enrique Angelelli. Esto
último también sería una forma de dar respuesta a múltiples reclamos que
provienen de las propias filas católicas.
Los obispos, sin ninguna duda, cumplen su misión haciendo los llamados de
atención que crean necesarios, convencidos de que con ello ayudan a la paz
social. Están en su derecho. Pero no estaría de más que, también en vista de la
integralidad de su servicio pastoral, abran su mirada para recibir otras
perspectivas, atiendan la integralidad y la complejidad de los problemas y, al
mismo tiempo, miren hacia adentro para contemplar también cómo estamos por casa.
Réplica de Capitanich
El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, cuestionó a los que “pretenden dar
lecciones” sobre seguridad, y en el caso particular de los precandidatos
presidenciales aseguró que muchos de ellos fueron “un desastre” cuando les tocó
gestionar en esa materia. En su habitual conferencia de prensa en Casa de
Gobierno, el chaqueño destacó el rol del Estado nacional en la asistencia a las
provincias en la materia. “Si no hubiese existido la asistencia del Estado
nacional, muchos delitos no hubieran sido esclarecidos”, aseguró, sin distinguir
entre oficialistas y opositores. “Muchos de los que pretenden ser candidatos
presidenciales, en sus distritos tuvieron problemas severos en esta materia y
fueron un desastre en las políticas para prevenir o combatir delitos”, agregó
Capitanich, que consideró que “existe un sesgo desde el punto de vista de la
comunicación” respecto de estos sucesos. “Me parece muy bien que se opine sobre
las responsabilidades que a cada uno le competen. El gobierno nacional dio pasos
necesarios y sería bueno que se divulgue”, concluyó.
LA REACCION DE LOS POLITICOS FRENTE AL TEXTO DEL EPISCOPADO
De la crítica al respaldo
Desde el Frente para la Victoria cuestionaron el pronunciamiento de los obispos.
Dijeron que el país estuvo “enfermo de violencia” en otros momentos, como en
1955, en 1976 o en 2001. Los opositores apoyaron el documento de la jerarquía
católica.
El documento de la Iglesia Católica, que aseguró que “la Argentina está enferma
de violencia”, dividió las aguas entre los políticos. Los dirigentes del
oficialismo rechazaron en general el pronunciamiento de los obispos, aunque
algunos destacaban algunos de sus puntos como el que refiere a la violencia que
desatan las mentiras en los medios. Los opositores, por su lado,
mayoritariamente se sumaron a sus expresiones.
Desde el Frente para la Victoria, el dirigente de La Cámpora José Ottavis
criticó el texto del Episcopado: “Creemos, y estamos contentos, que es una
Argentina que no está enferma. Seguramente es una Argentina que puede estar
mucho mejor o que le pueden faltar algunas cosas para que tenga una salud
completa, como le puede pasar a cualquier país que está avanzando. Pero creemos
que una Argentina enferma de violencia sí vivimos en el ’55, y la Plaza de Mayo
fue un testigo fundamental; sí la vivimos en el ’76, y nuestro pueblo
lamentablemente fue testigo fundamental, sí vivimos en el ’89 y también lo
vivimos en el 2001, en la Plaza de Mayo”, recordó Ottavis.
Por su parte, Eduardo “Wado” de Pedro dijo que “no se puede decir que la
Argentina está enferma de violencia, como si esto fuera el ’55 o el 2001, cuando
estábamos todos en la calle”. El diputado apuntó que “la asignación universal,
como otras medidas, son para que nuestro pueblo sea más digno. Hay cuestiones
que faltan, pero la violencia tiene que ver con un montón de cosas, como ocurre
en Estados Unidos”.
Luis D’Elía, en tanto, recordó: “Menem, De la Rúa y otros dejaron 8 millones de
desocupados y 185 mil fábricas cerradas, la Iglesia Católica y Quarracino
bendijeron todos sus actos”.
Además, la embajadora argentina en México, Patricia Vaca Narvaja, dijo no
recordar “un pronunciamiento del Episcopado en la época de la dictadura ni en la
época del auge neoliberal, ni en la crisis del 2001”. A su criterio, la Iglesia
“debería estar más cerca del pueblo que de lo que dicen los medios hegemónicos”,
y añadió que esa institución “necesita escuchar más a los millones de argentinos
que trabajan y viven en paz, respetarlos y reconocerlos”.
Desde la oposición, el radical Mario Negri aseguró que le pone “la firma al
lado, comparto totalmente lo que dice la Iglesia”, y opinó que “a veces, el
valor agregado de su voz (por el de la Iglesia) puede tener un impacto que
despierta las conciencias para luchar contra la corrupción, la violencia”. El
cordobés agregó “así como cuando la Iglesia convocó a la Multipartidaria para
luchar contra el narcotráfico, nosotros (por los radicales) acompañamos, vamos a
acompañarla si nos convoca para enfrentar cuestiones como la corrupción, la
violencia y las drogas”.
El socialista Roy Cortina coincidió con el documento y remarcó que “la
inseguridad está determinada por la grieta de la desigualdad, la corrupción y la
impunidad”. Según declaró, “la situación está complicada, el documento de la
Iglesia es correcto, hay una cultura de la violencia que se ha instalado muy
fuerte y es producto de la exclusión”.
El ex ladero de Elisa Carrió devenido massista Adrián Pérez se alineó con los
obispos y declaró que “la Iglesia pone el eje en dos temas muy importantes.
Obviamente que la corrupción es un gran problema que hay en la Argentina, que
tenemos que afrontarlo con decisión política, con independencia del Poder
Judicial. Pero el otro tema fuerte que se plantea tiene que ver con los últimos
años en la Argentina y una práctica de mucha intolerancia y violencia”.
Desde el PRO, Laura Alonso señaló que “se necesita un amplio acuerdo político y
social para saber la verdad sobre la corrupción, por eso desde Unión PRO
queremos sumar nuestra propuesta”, de crear una comisión bicameral investigadora
de la corrupción.
10/05/14 Página|12
El documento de la Iglesia sobre inseguridad, el griterío en el Congreso porque
no se publicaron los índices, los linchamientos, las promesas de arreglar todo
con camaritas y el debate mezquino contra la reforma del Código Penal demuestran
que hay un tema del que se habla mucho con más demagogia que interés por
abordarlo. Nadie dice lo más importante porque gran parte de la sociedad se
enojaría con el que lo hiciera. Es un tema que sirve para atraer voluntades y no
para alejarlas. El que dijera que no existen soluciones mágicas, que no es un
tema que se arregla de la noche a la mañana, perdería popularidad. Por el
contrario, los que se rasgan las vestiduras y claman públicamente dan a entender
que ellos lo arreglarían fácil y rápido.
Los índices no son desconocidos. Las últimas estadísticas de Naciones Unidas, de
diciembre del año pasado, ubicaban a la Argentina como el país latinoamericano
con menor cantidad de homicidios por cada cien mil habitantes. En el continente,
esa marca solamente es superada por Canadá y Estados Unidos, con sistemas
estadísticos similares, y Chile con un sistema particular y cuestionado. Al
mismo tiempo, aparece como el país de la región que tiene mayor cantidad de
robos y otros delitos por cada cien mil habitantes.
Los datos para estos índices son provistos por los sistemas de Justicia de cada
país, menos en Chile, donde los encargados de hacerlo son los mismos
Carabineros, razón por la cual son muy cuestionados ya que les da por debajo,
incluso, que los de Canadá. Argentina está en 5,4 (2160 homicidios en el año) y
Uruguay un poco por encima de 6 asesinatos cada cien mil personas por año. Para
los Carabineros, Chile apenas supera el 1,4 de homicidios por cada cien mil
personas al año.
Los índices sobre robos y otros delitos se elaboran sólo con los que son
denunciados. Se trata de una limitación, porque la acción de denunciar depende
mucho de cómo la comunidad valora las fuerzas de seguridad en cada país. México,
Centroamérica o Brasil son países con muy altos niveles de delincuencia
organizada, con bandas de maras y verdaderos ejércitos de narcos, y sin embargo
sus índices aparecen casi con la mitad de delitos que Argentina.
Las estadísticas en relación con homicidios que difundió el Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) tienen cifras del año 2008 de Argentina, son
viejas. Pero un relevamiento realizado el año pasado con mucho rigor por la
Corte Suprema en la Ciudad de Buenos Aires dio índices similares.
Para las matemáticas, 5,4 homicidios cada cien mil personas por año quiere decir
que en Argentina son asesinadas alrededor de seis personas por día. En 20 años
son más de cuarenta mil muertes. El diario La Nación tituló con ese cálculo. Y a
los familiares de las víctimas no les importa el porcentaje, para ellos en
particular es como si fuera el ciento por ciento. Sin embargo, para los que
trabajan el tema de la inseguridad, para los que tratan de resolver este
problema dramático de las sociedades humanas, se trata de una cifra baja. Mejor
sería que no se produjera ninguno, pero lamentablemente eso no sucede en ningún
rincón del mundo.
En Argentina, estas cifras tuvieron un pico alto en 2002 y un descenso abrupto
en 2003. Después siguieron en general con leves declives y ascensos, aunque con
marcas más altas que en décadas anteriores.
La Iglesia y la oposición conocen estas cifras. Las estadísticas que se reclaman
son conocidas. Porque el reclamo responde más al clima que se creó con la
epidemia de linchamientos que al interés por esos datos. Un sector de la
política se apropió del impulso de una parte de la sociedad de hacer justicia
por mano propia y, para contenerla, la justificó. Pero cuando se justifica la
violencia, no se la contiene, sino que se la estimula.
La violencia de la justicia por mano propia aparece como opuesta a la violencia
delictiva, pero tienen raíces parecidas, igual que las consecuencias, porque los
linchadores se convierten automáticamente en delincuentes como los que quieren
exterminar. No son situaciones nuevas. Ya se verificaron cuando una parte de la
sociedad justificó el terror desatado por la dictadura.
Sin importar el monto, esas cifras siempre estarán expresando una problemática
que interpela en forma dramática a la sociedad. Se puede responder de diferentes
maneras: como son bajas, el problema es menor; como son altas, hay que poner
bajo control y vigilancia a toda la sociedad. La mano dura policial y judicial
es la historia de la seguridad en este país. Es una opción que no ofrece más
posibilidades. En general, daría la impresión de que las miradas tradicionales
sobre la problemática de la inseguridad han perdido actualidad.
Daría la impresión de que el delito pasó a ocupar un lugar en la sociedad
diferente al que tenía en otras décadas. El crecimiento de los robos y otros
delitos constituye en todo el mundo un fenómeno de las nuevas sociedades, donde
la familia y la educación fueron desplazados a otros roles que los
tradicionales, donde los medios, desde la televisión hasta Internet y los
videojuegos, han transformado hábitos y valores, construyen nuevos sentidos,
generan necesidades y establecen parámetros. Son sociedades donde el consumo de
drogas duras como la cocaína, la heroína o el paco se ha masificado, atraviesa a
todas las clases sociales y trastoca a su vez comportamientos y reglas de juego
y produce nuevos fenómenos delictivos. Son sociedades con una composición
diferente a las del viejo capitalismo industrial con sus clases estructuradas.
Estas son sociedades más bien fragmentadas en múltiples experiencias, con
aportes entrecruzados, donde los conceptos de obrero o de desocupado tienen
connotaciones culturales ideológicas muy diferentes a las del siglo pasado. El
obrero de una línea de producción fordista del siglo pasado no tiene nada que
ver con el que ahora maneja la computadora en una fábrica de automóviles. Son
experiencias concretas y saberes que producen relacionamientos muy diferentes.
Lo mismo sucede en otros grupos sociales. Son sociedades donde las fuerzas
policiales son elefantiásicas, superiores a las Fuerzas Armadas, y tienden a
autonomizarse como un territorio aparte y fronterizo entre lo legal y lo ilegal
con sus propias reglas de juego de poder, punitivas, supralegales e impunes, con
formas paralelas, ajenas y desconocidas para el resto de la sociedad.
En esa maraña de cambios profundos están las causas y motivaciones que todavía
apenas se vislumbran, están las explicaciones de que una persona, muchas veces
chicos que ni han llegado a adolescentes, dejen correr sus vidas hacia la
destrucción propia y de otros. Son sociedades que han logrado avances, pero que
nunca podrán ofrecerles lo que les da el narcotráfico, que es lo que requieren
para consumir o para existir según los valores que reciben de la sociedad o para
construir prestigio según esos mismos valores. Son pautas de vida establecidas
por determinados consumos que establecen lo que es vida y lo que no. Son pautas
altísimas y elitistas, excluyentes, que presionan por un consumo que ni las
clases medias pueden sostener. Esos bombardeos para poseer y sobresalir
promueven una forma de “éxito” individualista y antisocial y han desplazado a la
familia y a la educación en muchos planos.
Ese bombardeo cultural ya muy extendido, pero esencialmente mediático,
triunfante en el neoliberalismo, se origina en la misma sociedad que a la vez
estigmatiza a los jóvenes y a los pobres que son el blanco de esa descarga. Es
un bombardeo que establece superioridades y jerarquías que reaccionan con
violencia cuando se sienten cuestionadas. Eso genera violencia política, como
los insultos casi permanentes contra la Presidenta. Todos los han escuchado.
Violencia no es disentir con un periodista, sino difundir su dirección para que
lo vayan a agredir como hicieron con Víctor Hugo Morales. Cada discurso de Elisa
Carrió es una convocatoria a la violencia, es un estilo que llena de odio al que
lo escucha, sea opositor u oficialista. Las descripciones exageradamente
apocalípticas de la Argentina crean angustia y violencia porque esencialmente
son falsas. La corrupción crea violencia, y más cuando es impune, pero la misma
o más violencia generan las acusaciones generalizadas que, como todas las
generalizaciones, crean falsas imágenes que enfurecen a la gente, o las
acusaciones infundadas y demagógicas que producen impactos mediáticos que
alimentan esa violencia, aunque después se sepa que son falsas.
El fenómeno de la inseguridad se manifiesta y redimensiona en todo el mundo y
por su complejidad solamente puede ser encarado desde muchos enfoques al mismo
tiempo. No existen soluciones mágicas ni puede llevar a las sociedades a dar
respuestas que las equiparen con los delincuentes. En el caso argentino, esa
problemática no llega a extremos de gravedad como en la mayoría de los demás
países de América latina, pero se articula con un alto nivel de tensión y
violencia política verbal que es amplificada por una poderosa corporación de
medios que al mismo tiempo exacerba, repite y multiplica los casos de
inseguridad. El origen de esa tensión es la reacción conservadora contra
cualquier medida de justicia social.
10/05/14 Página|12
