sábado, 1 de marzo de 2014

Empleos y salarios

 Por Alfredo Zaiat
El mercado laboral argentino ofrece suficientes señales para analizar con signo positivo su recorrido en los últimos diez años respecto de las dos décadas previas, como también para evaluarlo en forma negativa cuando se observan las deficiencias que aún persisten. Incorporar ambos aspectos facilita la comprensión de la situación, permitiendo un abordaje dinámico y no estático. Concentrar la atención sólo en uno de ellos expone una debilidad conceptual que algunos lo hacen por distraídos, otros por intereses inconfesables y no pocos por estar enemistados con la realidad en términos políticos. Observar los aspectos favorables y pendientes del mercado de trabajo, definiendo el sendero transitado, la agenda abierta en ese frente y el horizonte inmediato, brinda un marco analítico más riguroso para la negociación paritaria en un año económico de más tensión.
La actual estructura del mercado laboral tiene como característica la fragmentación y heterogeneidad, desplegada en una importante disparidad salarial entre trabajadores formales según actividad, y entre formales e informales. Esto implica una pronunciada diferencia de calidad y protección social entre el empleo registrado y el no registrado. En los últimos diez años, década definida como “ganada” por el kirchnerismo y “desperdiciada” por opositores, la desocupación descendió fuerte. En este relevante indicador sociolaboral, la balanza se inclina hacia la primera calificación. De todos modos, aún se mantiene una elevada tasa de informalidad (32 por ciento), aunque desde 2005 se ha quebrado el ciclo ascendente iniciado a mediados de la década del ’70.
En ese contexto general, la tasa de desempleo alcanzó al 6,4 por ciento en el último trimestre de 2013, el registro más bajo desde 2003 de la misma serie estadística, y el menor nivel desde octubre de 1991, cuando se utilizaba otra metodología de medición. Es una cifra notable, teniendo en cuenta que el mercado laboral mundial está siendo muy castigado, con desocupación de más de un cuarto de la población económicamente activa en España y Grecia, con más del 50 por ciento de los jóvenes sin empleo, y con la explosión del empleo precario en las potencias Alemania y Estados Unidos.
Los resultados de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) de los últimos tres meses del año pasado muestran que la cantidad de personas ocupadas se mantuvo constante, disminuyó la de subocupados en 128 mil y mejoró la proporción de quienes están ocupados en forma plena (aumentó 1,5 por ciento). La reducción del desempleo en 0,5 punto porcentual con respecto al cuarto trimestre de 2012, con una caída de la tasa de actividad de 0,7 punto porcentual (la relación entre la población económicamente activa y la total), significó que 59 mil personas menos estén desocupadas. De esto se deduce que, analizando el desempeño de las tasas de desempleo y de la población activa, algunas personas, antes desocupadas, se retiraron del mercado de trabajo (unas 66 mil). De ese modo se mantuvo constante la cantidad de ocupados en alrededor de 11,1 millones de personas. Entre los cuartos trimestres de 2012 y 2013 no hubo entonces destrucción de puestos de trabajo, en el total de aglomerados urbanos relevados por la EPH.
El Ministerio de Trabajo menciona en un reciente informe que, si bien el descenso de la tasa de desempleo del cuarto trimestre de 2013 (6,4 por ciento) es resultado de la reducción de la tasa de actividad (de 46,3 a 45,6 por ciento), ésta igual sigue siendo mucho más alta que la registrada en 1991 (39,5 por ciento), año al que hay que remitirse para encontrar un nivel de desempleo menor al actual. “Esto implica que el mercado de trabajo logra, en el presente, absorber a una población que presiona en mayor medida sobre el mercado de trabajo”, explica. Especialistas en materia laboral señalan que ese incremento de la tasa de actividad, o sea las personas empleadas o que buscan un empleo, es una tendencia que comenzó en los ’70 con la creciente incorporación de las mujeres al mercado laboral, al aumento de la esperanza de vida que ha extendido el período de actividad laboral y al insuficiente salario del jefe de hogar que impulsa a otros miembros de la familia a buscar empleo.
El último informe del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (Cifra-CTA), coordinado por Eduardo Basualdo y con Mariano Barrera y Pablo Manzanelli en el equipo de investigación, también observan el recorrido de la tasa de actividad para el análisis de la evolución de la desocupación. Indica que en el acumulado del año, la tasa de desempleo se ubicó en 7,1 por ciento, nivel similar a 2012 (7,2 por ciento) y 2011 (7,1 por ciento), destacando que ese porcentaje es considerablemente menor al de 2007, cuando alcanzó el 8,5 por ciento, con una tasa de actividad casi igual a la de 2013. Esto significa que en los gobiernos de CFK ha habido creación neta de empleo. De todos modos advierte para este año la perspectiva de un impacto negativo en el empleo por la reciente devaluación. Lo dice del siguiente modo: “Si bien las expansivas políticas de ingresos pueden compensar parcialmente algunos de los efectos regresivos de la fuerte devaluación y el alza en las tasas de interés, es esperable que, dadas las características estructurales de la economía argentina, estas medidas tengan consecuencias negativas sobre el nivel de actividad y el consumo, y, posiblemente, sobre los niveles de empleo”.
La heterogeneidad en el mercado laboral es desarrollada en el informe de Cifra. Precisa que, después de dos años consecutivos de ligero crecimiento del salario real, el poder adquisitivo del salario cayó 0,4 por ciento en 2013, calculado con el IPC-9 provincias. Con ese criterio estadístico, los asalariados registrados del sector privado mostraron una merma de 0,6 por ciento, en tanto que los asalariados no registrados experimentaron un aumento del salario real del 3 por ciento. Menciona que los más perjudicados fueron los trabajadores del sector público, con una caída de 1,8 por ciento. “Las brechas salariales son significativas, favoreciendo, como es obvio, a los trabajadores registrados en el sistema formal”, apunta, para precisar que esa brecha se acentuó en los años de la posconvertibilidad: “El poder adquisitivo de los asalariados registrados fue en 2013 un 32,4 por ciento más elevada que el vigente en el último trimestre de 2001, en tanto que el de los trabajadores informales fue apenas un 9,8 por ciento superior”.
En ese marco, los economistas de Cifra-CTA sugieren que es imprescindible que la actual política de precios esté acompañada por políticas sociales significativas. Sugieren, además del Progresar, instrumentar un importante aumento de la Asignación Universal por Hijo, del salario mínimo y de los haberes jubilatorios, “tendientes a mitigar el impacto recesivo de la devaluación”. Además de esas iniciativas de coyuntura, proponen que “deberían impulsarse políticas industriales activas que promuevan la creación de empleo y tiendan a revertir los condicionantes estructurales de la economía argentina”.
El debate sobre el empleo tiene las mismas características que el resto de los temas económicos y sociales en los últimos años. Pronósticos fatalistas, interpretaciones erróneas a partir de comparar diferentes trimestres cuando lo correcto es hacerlo en forma interanual para neutralizar la estacionalidad, y datos estrujados para forzar la realidad con el objetivo de confirmar hipótesis previamente elaboradas. La situación laboral requiere entonces ordenar el diagnóstico para eludir análisis dramáticos y precisar así que, si bien se ha avanzado al disminuir la desocupación del 24,3 al 6,4 por ciento en diez años, todavía falta para reconstruir un sólido mercado laboral.
azaiat@pagina12.com.ar

LA CAPITAL DE ITALIA DEBE MAS DE 20 MIL MILLONES DE EUROS

Se tiene una sensación de que uno tiene su vida en sus manos al andar en bicicleta en Roma a la noche. Es posible que te pise un taxi a toda velocidad. Pero el mayor peligro son los baches en las rutas, algunos del tamaño de aljibes pequeños, que por propia admisión del alcalde se hacen más grandes porque la ciudad sólo los rellena dos veces por siglo.
“Con el dinero que tenemos actualmente, soy capaz de realizar el mantenimiento de rutas cada 52 años y limpiar 500.000 alcantarillas de la ciudad cada 24 años. Esto no es realmente el mantenimiento”, dijo el alcalde Ignazio Marino, esta semana en su enfrentamiento con el gobierno nacional y, en especial, con el nuevo primer ministro de Italia, Matteo Renzi. En el corazón de la crisis hay un agujero por 20 mil millones de euros que se abrió en las cuentas de la ciudad, después de décadas de incompetencia, corrupción y negación.
Pero el déficit financiero de Roma se está acelerando. En una repetición de los enfrentamientos de la ciudad versus Estado vistos en Estados Unidos –en especial en Detroit y en 1970 Nueva York–, Marino le dijo a Renzi en términos muy claros, la semana pasada, que el gobierno nacional debe proveer los fondos de emergencia necesarios para pagar los servicios vitales y los salarios de los funcionarios públicos, o la ciudad se apagaría desde la mañana del lunes.
Sin la inyección de un rescate de 500 millones de euros, Marino predijo que sobrevendría el caos. “En marzo no habrá dinero para pagar a 25 mil empleados de la ciudad, para pagar el combustible para los autobuses, para mantener los jardines de infantes de la ciudad, para recoger la basura o para organizar la canonización de los dos papas, un evento de escala planetaria”, dijo. Presumiblemente, Renzi pensaba que ser culpado por llevar a la capital del país al default no se vería bien en su primera semana en el gobierno. Respondió ayer al firmar un decreto de fondos de emergencia para pagar 500 millones de euros a las arcas de la ciudad, a pesar de que no estaba contento con la actitud del alcalde.
“Me gustaría invitar a todos a moderar su lenguaje. Los motivos de Marino son comprensibles. Su tono no lo era”, dijo el primer ministro irritado, quien renunció a su propia oficina de alcalde de Florencia hace poco más de una semana. El decreto de emergencia va a pagar los sueldos de los trabajadores municipales y asegurar que servicios como el transporte público y la recolección de basura continuarán, pero de ninguna manera solucionará los problemas financieros crónicos de Roma. Roma planea pagar sus deudas de casi 14 mil millones de euros en 2048. Pero la ciudad de unos 2,6 millones de personas es rescatada por el gobierno central cada año desde 2008.
Las deudas se han ido acumulando durante medio siglo, pero se dispararon de manera alarmante en los últimos diez años. De acuerdo con un reciente informe de Ernst & Young, el déficit de Roma –el exceso de gasto anual– llega a más de 800 millones de euros.
* De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Página/12.
Traducción: Celita Doyhambéhère.

Algo de justicia

Por Eric Nepomuceno
Desde Río de Janeiro En la secuencia del más mediático juicio de la historia reciente de Brasil, y también uno de los más torcidos en décadas, el Supremo Tribunal Federal –la Corte máxima de Justicia en Brasil– aceptó los recursos presentados por ocho de los condenados. Luego de una votación apretada, seis de los integrantes de la Corte decidieron que en el caso de corrupción denunciado en 2005 contra el gobierno de Lula da Silva no hubo asociación ilícita, mientras que cinco decidían por el contrario. De esa forma, las penas a los dos condenados más importantes y simbólicos, José Genoino, el ex guerrillero y ex preso político que presidía el PT cuando estalló el escándalo, y José Dirceu, también ex preso político y hombre fuerte del primer mandato presidencial de Lula da Silva, tuvieron sus penas reducidas. Cumplirán sus condenas en régimen semiabierto, es decir, podrán trabajar durante el día, volviendo a la cárcel para dormir.
En términos efectivos, al menos por ahora, nada cambia para Dirceu y Genoino. Víctima de la saña obsesiva del presidente de la Corte suprema, Joaquim Barbosa, y blanco prioritario de los conglomerados de comunicaciones, Dirceu todavía no obtuvo permiso judicial para trabajar, aunque exista una oferta en firme y un contrato formal. Así, continúa cumpliendo condena en régimen cerrado, pese a que la pena determina otra cosa. Genoino, que padece una enfermedad cardíaca crónica, sigue –al menos hasta que el emocionalmente inestable Barbosa determine lo contrario– en prisión domiciliaria.
En términos jurídicos –y morales–, la decisión de la Corte Suprema significa algo más importante: la denuncia presentada por el procurador general de la Unión tenía como centro de argumentación que durante el primer gobierno de Lula da Silva se formó una asociación ilícita, encabezada y dirigida por José Dirceu, con el objetivo de desviar recursos públicos para pagar mensualidades a parlamentarios que votarían a favor de proyectos del Poder Ejecutivo enviados al Congreso Nacional.
Jamás se presentó una mísera prueba de que ese mecanismo haya existido, y mucho menos de que una asociación ilícita hubiese sido formada bajo órdenes y liderazgo de Dirceu. Lo que sí existió, y los acusados admitieron, fue el uso de dinero no declarado, y por lo tanto ilegal, para pagar deudas de la campaña electoral de algunos partidos aliados, práctica absolutamente común en todas –todas– las elecciones realizadas en Brasil.
En realidad, ha sido un juicio de excepción, con los magistrados juzgando bajo intensísima presión mediática e introduciendo una serie de innovaciones jurídicas, empezando por la distribución de condenas dispensando la presentación de pruebas, especialmente en el caso de José Dirceu, o desconociendo pruebas de la defensa, como en el caso de José Genoino. Con la jubilación de dos de los ministros que integraron la Corte en la etapa anterior, los dos nuevos que llegaron dieron un vuelco a las condenas, aceptando los argumentos de la defensa. Algo de justicia se hizo, por fin.
Los abogados de defensa de Dirceu, Genoino y otros integrantes del PT que fueron condenados están estudiando la posibilidad de ingresar en la Corte Suprema con otro pedido, ahora para que se revise todo el juicio, buscando que se declare su nulidad. Las chances son mínimas, pero al negar el argumento central de la acusación, los integrantes del tribunal máximo abrieron esa posibilidad.
Mientras, si se respetan las normas penales brasileñas, Dirceu podrá recibir, a principios del año que viene, el beneficio de cumplir el resto de su pena de siete años en régimen abierto, que muy posiblemente sea transformado en prisión domiciliaria.
Todo dependerá de los humores de Joaquim Barbosa, que presidirá el Supremo Tribunal Federal hasta noviembre. Y los humores de Barbosa, quien otra vez protagonizó episodios de prepotencia, grosería y desequilibrio emocional en la sesión que el pasado jueves cambió las penas de algunos condenados, suelen tender, en once de cada diez ocasiones, a llevar a cabo una persecución implacable a Dirceu.
Es decir: al mismo Dirceu a quien él recurrió cuando era un aspirante a la Corte máxima del país. En esa época, Dirceu era el hombre fuerte del gobierno de Lula. Barbosa le pidió que intercediese ante el presidente para ser nombrado. Dirceu lo hizo, pero antes le comentó a Barbosa: “Ojalá llegue el día en que usted no tenga que pedir apoyo político para el puesto que pretende ocupar”. Y esa frase es algo que, más allá de cualquier justicia, Barbosa no le perdona.

ECONOMIA › KICILLOF EXPLICA LA IMPORTANCIA DEL ACUERDO ALCANZADO Y ANALIZA EL PRECIO PAGADO A REPSOL

Por Tomás Lukin y
Raúl Dellatorre
“Hemos recuperado un activo estratégico que les cambia el futuro a los argentinos”, afirma el ministro de Economía, Axel Kicillof. Todavía resta que el Congreso ratifique el acuerdo y habilite la emisión de 5000 millones de dólares en bonos que podrían ascender hasta 6000 millones, dependiendo del precio de mercado de esos títulos, pero el funcionario no oculta su satisfacción por el resultado de las negociaciones. El titular del Palacio de Hacienda defendió, en la entrevista que concedió a Página/12, el valor acordado como compensación a Repsol por la expropiación de YPF. “Desde que se recuperó el control estatal, al frenar la caída en la producción de gas el país se ahorró 1120 millones de dólares en importaciones de GNL, y también evitó la remisión de utilidades por aproximadamente 2000 millones de dólares. Son algunos números que ponen en perspectiva el acuerdo”, explicó Kicillof en su despacho del Palacio de Hacienda el jueves por la tarde, justo antes de la firma definitiva a la solución “amistosa” con los representantes de la petrolera española. “La YPF estatal empezó la revolución de los recursos no convencionales en la Argentina”, afirma seguro al trazar las perspectivas tras el acuerdo.
–¿Cómo fueron las negociaciones previas al cierre del acuerdo?
–Originalmente, Repsol parecía haber adoptado la vía del litigio, no para recuperar YPF, sino para obtener un resarcimiento mayor. Básicamente, no había voluntad para discutir. Nunca fue nuestro objetivo perjudicar a Repsol. Ibamos a pagar un precio justo y razonable. No el que ellos querían, sino el que marca la ley y, en el medio de eso, se abrió la negociación. Intervinieron dueños de la empresa, accionistas importantes, y se evaluaron diferentes posibilidades. De nuestro lado teníamos el camino marcado por la ley de la expropiación. De acuerdo con el procedimiento tradicional, en aproximadamente dos años tenía que estar lista la tasación y había que depositar el dinero en efectivo, a menos que existiera conformidad del expropiado para que el pago se hiciera en otra especie de valor. Como no iba a existir esa conformidad, lo que dijera el Tribunal de Tasaciones tendría que haber sido depositado a nombre de Repsol en moneda dura.
–¿Así se hubiera cerrado el proceso?
–No. Por el contrario, eso hubiera mantenido abierto el diferendo como sucedió en el caso de Aerolíneas Argentinas. Era una situación inconclusa y hostil frente a la solución “amigable y acordada” que encontramos. Como sucede cuando le expropian a alguien la casa porque va a pasar una autopista: se expropia, se toma la ocupación temporaria, la tasan, te depositan los que dicen que vale y te demuelen la casa. Pero a partir de ahí, vos podés objetar en sede judicial el monto que te pagaron. Eso sucede en el caso de Aerolíneas, algunos de los dueños anteriores están muertos y otros presos, pero objetan el valor. Según la tasación, el patrimonio neto de la empresa era negativo en 900 millones de dólares y, según la que hacían ellos, 1500 millones positivo. Iniciaron un juicio y trajeron bancos que evalúan el valor de la empresa. Aerolíneas venía muy mal, pero ellos decían que el año de la expropiación fue el último malo y después venía un futuro buenísimo, que iban a hacer todas las inversiones y cambiar la flota. Hicieron la tasación a valor presente de la ganancia futura así calculada, y eso reclamaron ante un juez local.
–¿Eso iba suceder necesariamente en el caso de YPF?
–Se habla de lo que les dejamos a los gobiernos venideros en materia de vencimientos, por el acuerdo con Repsol, que será pagado con bonos. Pero si se concluía la expropiación con los procedimientos de ley y ellos objetaban la tasación, cosa que probablemente pasara porque reclamaban muchísimo más, se hubiera abierto una vía judicial que podía durar entre cinco y diez años. Mientras tanto, la expropiación no está perfeccionada y la empresa no es completamente propiedad del Estado, ya que las acciones quedan en manos de ellos y sujeto a que se termine el proceso. La vía del Tribunal de Tasación no daba por terminados todos los diferendos judiciales, sino que agregaba nuevos. Ibamos a dejar la indemnización pagada en el banco, Repsol con la plata, pero litigando por la diferencia y la vía judicial activa en todos los frentes.
–¿El Tribunal de Tasaciones llegó a establecer un valor por las acciones?
–El Tribunal de Tasaciones intervino en el acuerdo y en el número que se alcanzó. En este caso, lo que correspondía tasar era todo el acuerdo, que implicaba la entrega de bonos y el desistimiento de las acciones legales, además de los activos y pasivos de la compañía. Lo que se le pidió al Tribunal es que emitiera su opinión sobre el acuerdo. El Congreso va a poder acceder a la evaluación del Tribunal.
–¿Cómo fue el proceso para acordar un mecanismo de compensación diferente al procedimiento tradicional?
–Nuestra impresión es que Repsol había tomado una vía judicial y política, por eso fue tan hostil. Reclamó en el Ciadi, el tribunal arbitral del Banco Mundial, 10.500 millones de dólares en efectivo e inició acciones legales contra YPF, el Estado nacional y los potenciales asociados a la nueva firma estatal, como sucedió con las demandas iniciadas en Nueva York a Chevron y Bridas, de Bulgheroni, que firmó una carta de intención para una inversión muy grande en Vaca Muerta que probablemente se concrete ahora. Repsol fue y atacó. No parecía haber mucho ánimo de negociación.
Entonces, se intentaron otras vías: directas, indirectas, a través de gobiernos y también con otros dueños de Repsol, como se sabe. Porque es una empresa que cotiza en Bolsa sin un accionista controlante. La constructora española Sacyr, la Caixa Bank, donde está Isidoro Fainé, y la petrolera mexicana Pemex son los principales. Llegó un momento en el que todos los interlocutores que se nos acercaban estaban a favor de una solución acordada. El Gobierno argentino está muy satisfecho con esta salida, porque es un acuerdo de partes y amigable.
–¿Había otra alternativa?
–El Gobierno argentino tenía que cumplir la ley y pagar por el 51 por ciento de las acciones de Repsol. Siempre estuvimos abiertos a una negociación, porque nuestro objetivo no era no pagar, sino que YPF tuviera un control del Estado nacional, de forma tal que su orientación en el negocio petrolero estuviera conforme a las necesidades del modelo de crecimiento que llevamos adelante. Es muy raro que la principal petrolera del país tenga una política en abierta contradicción con las necesidades del país. Eso es lo que acusamos en su momento y por eso se tomó la decisión de expropiar el 51 por ciento con el objetivo de ser los accionistas controlantes. No nos ensañamos con Repsol, ellos siguen conservando una parte de la empresa. Fue una expropiación quirúrgica, no la sacamos de la Bolsa de Buenos Aires o de Nueva York, sigue siendo una compañía abierta que cotiza en Bolsa por su tamaño y en Estados Unidos por la lógica de captación de inversiones.
–¿Los 5000 millones de dólares no son una cifra exagerada para recuperar el control de la empresa?
–Como toda solución acordada, alguno va a decir que es buena, otros que es mala, mejor o peor. Todo eso es relativo, pero nosotros creemos que hay muchos motivos para ponderar el acuerdo y estar conformes. Repsol reclamaba 10.500 millones y en su balance la valuaba en 7053 millones de dólares. Suena raro que si Repsol tuvo que mandar a pérdida y deponer una demanda por mucho más, uno pueda decir que se pagó caro. Por lo menos, está debajo de las pretensiones de Repsol: las públicas, las judiciales y las contables. Pero yo creo que el acuerdo también fue favorable para ellos, porque era equivocada y ruinosa la vía del reclamo judicial. La mejor solución era la acordada.
–¿Y desde el punto de vista del objetivo del Estado nacional?
–Nosotros nos hemos quedado con un activo estratégico que les cambia el futuro a los argentinos. YPF en manos del Estado nacional es un hecho histórico y haberlo terminado tan prolijamente y de común acuerdo es lo que cierra esta historia con final feliz. La verdad es que nos quedamos con el control de la compañía y, pese a los intentos que hubo para embarrar la cancha, recibe inversiones extranjeras y tuvo en dos años un desempeño que alcanza para decir que pagamos barato. No porque hayamos perjudicado a Repsol, sino porque YPF, bajo control de Repsol, en 2011 invirtió 3000 millones de dólares en la Argentina; y en 2013, bajo control del Estado, invirtió el doble, 6000 millones, que es como decir el día y la noche. YPF estaba perforando con 20 equipos y hoy tiene más de 60. Cambió el país petrolero. Cambió nuestro futuro y la posibilidad de lograr el autoabastecimiento en materia de hidrocarburos. Ahora ya no es una entelequia. El control de YPF es uno de los resortes centrales para conseguir el autoabastecimiento.
También son relevantes los 1120 millones de dólares en importaciones de GNL que ahorró el Estado por el incremento de la producción de gas de YPF en relación con la tendencia que tenía bajo control privado. Eso es simplemente detener la declinación que llevaba en reservas y producción. Además, en los últimos dos años de gestión de Repsol, se distribuyeron dividendos por 2000 millones de dólares, que se giraban al exterior, y eso también se frenó. Iba a seguir así porque había un acuerdo de accionistas que obligaba a remitir el 80 por ciento de las utilidades. Pero además está la valorización de las acciones, el 51 por ciento de YPF permitió ganancias de capital desde la expropiación por 1700 millones de dólares. Son algunos números para poner en perspectiva los 5000 millones.
–El cuestionamiento al comportamiento de la administración de Repsol que se lee en el Informe Mosconi, elaborado por ustedes, hacía prever que el Gobierno exhibiría una posición más dura en la negociación y valuación de la empresa.
–Hay diferentes métodos de valuación y perspectivas con respecto a qué es lo que expropiamos y cómo deberíamos pagarlo. Creo que YPF era una empresa que en manos de Repsol tenía mucho menos potencial que el actual. Pero, básicamente, el Tribunal de Tasaciones tomó los datos objetivos sobre la empresa, sus activos físicos y los pasivos. Esos pasivos tienen que ver con las deudas comerciales, financieras y las previsiones por juicios en materia ambiental en las provincias y en el exterior. Que la empresa no valía lo que reclamaba Repsol es clarísimo, no valía eso en Bolsa, ni en balance, ni por los ingresos futuros sobre la base de su política. Yo creo que hoy vale mucho más por la potencialidad que le estamos dando.
–¿Hay un cambio de imagen de YPF también para el resto del sector petrolero? ¿Cómo se puede llegar a ver reflejado eso en las inversiones y asociaciones?
–La principal acción de la nueva gestión fue la duplicación del volumen de la inversión. YPF era una empresa que no exploraba y perforaba poco. Perdía reservas todos los años, eso en el mundo petrolero está muy mal visto, es una empresa moribunda. En cambio, ahora YPF se dedicó a explorar y ha trabajado muy fuerte en los yacimientos maduros que estaban prácticamente abandonados. Se trabajó en exploración para delinear yacimientos ya conocidos, aunque podían tener más potencial. Se trabajó muy fuerte con los recursos convencionales, pero se realizó un trabajo contrarreloj y estupendo con los recursos no convencionales. Hay diecinueve equipos trabajando en Vaca Muerta, hemos perforado 100 pozos el año pasado y serán 300 pozos este año, aprendiendo cuál es el mejor modelo de producción y consiguiendo socios nacionales y extranjeros. La YPF estatal empezó la revolución de los recursos no convencionales en la Argentina.
–¿Emitir deuda en bonos, que será pagada con reservas, no dificulta el cronograma de pagos en el futuro más cercano?
–Una de las cuestiones principales para el gobierno argentino es lograr el autoabastecimiento energético, estrechamente vinculado a nuestra política de reservas y desendeudamiento. La recuperación de un activo estratégico, como YPF, es parte de un proyecto de largo plazo como la explotación masiva del segundo yacimiento de gas no convencional en importancia en el mundo. Entonces, sería ridículo que la compra se hiciera al contado efectivo.
Pero, además, el acuerdo logrado fue una carambola a tres bandas. La solución amistosa consensuada termina con toda la litigiosidad: las 31 causas judiciales abiertas por Repsol. En segundo lugar, se puso a trabajar a YPF con resultados y ya es una empresa distinta. El acuerdo probablemente destape vías de acceso a financiamiento y asociaciones que, si bien no estaban obturadas, sí entorpecidas por acción del diferendo. YPF va a tener un año extraordinario y va a ser uno de los sectores que empuje la economía. En tercer lugar, la Argentina volvió a los mercados voluntarios de deuda, porque se pagó con títulos a una tasa de interés de mercado y a plazos muy largos. Lo que hubiera sido muy oneroso es pagar 5000 millones en efectivo.
Con respecto a los vencimientos de la deuda, este año tiene pagos relevantes, el que viene también y después, como resultado de la política de desendeudamiento, nuestros vencimientos con acreedores privados caen. El peso de los servicios de deuda contra el PBI es irrisorio en relación con la historia argentina. Si llegamos al peor escenario de emitir 6000 millones, supongamos que rinden 10 por ciento anual, serán entre 600 y 800 millones adicionales. Para un país como la Argentina, con un PBI como el que tiene, no le hace mella. Sí podía hacerlo pagar los 5000 millones de una vez.

EN DEFENSA DEL CAPITALISMO NACIONAL

En materia económica sostuvo que en la actualidad hay “un fin de ciclo (de un relato neoliberal) en el que nos quisieron convencer de que el Estado es un mal administrador y en el que los argentinos tenemos que admitir que no hay soberanía posible si no tenemos energía para solventar nuestras industrias”, tanto para la promoción de la producción nacional como “para que venga la inversión extranjera

En otro tramo de su discurso, la Presidenta se dirigió a los empresarios de todos los sectores pero "fundamentalmente a aquellos que en estos años intentaron inexplicablemente torcer el rumbo” del modelo económico vigente: “Es inexplicable que intenten matar a la gallina de los huevos de oro", advirtió y enfatizó que “hoy estamos frente a una posibilidad única: tener soberanía energética y precios competitivos”.
Por otra parte volvió a exhortar al gobierno de Gran Bretaña a dialogar por la soberanía de las Islas Malvinas: “Estoy convencida de que a la mayoría del pueblo inglés no le interesa que los llamen colonizadores”, opinó y aseguró que “más temprano que tarde vamos a discutir la soberanía” tal como lo pidieron la ONU y distintos organismos internacionales.
La Presidenta, por último, citó párrafos del discurso de asunción de Néstor Kirchner, el 25 de mayo de 2003, oportunidad en que el exmandatario se refirió del desprestigio de la política: “Por aquel entonces, él dijo: 'Concluye en la Argentina una forma de hacer política y de gestionar el Estado. Colapsó el ciclo de anuncios grandilocuetes seguidos de la desilusión (…) y para esto tiene que haber un compromiso activo de la sociedad en ese cambio'. Ese es el empoderamiento del que hablo”, remarcó la mandataria.
Por último destacó que en los últimos diez años “ubicamos en un lugar central la idea de construir un capitalismo nacional” y pidió a los empresarios que defiendan esa idea y que comprendan que “van a ser fuertes en la medida que el país sea fuerte; si no, no van a ser ni cola de león, sino cola de ratón”.

Página 12

Obama advierte sobre "costos" contra Rusia

El vicepresidente del Senado ruso, Yuri Vorobiov, consideró que Moscú debe retirar a su embajador en Washington en protesta por la "amenaza" de Estados Unidos de reaccionar ante una intervención militar rusa en la república autónoma de Crimea, en Ucrania
Vorobiov hizo esas declaraciones en la reunión de urgencia que celebró el Consejo de la Federación (Senado) ruso para autorizar el empleo de tropas con el fin anunciado de estabilizar la situación en Crimea, región ucraniana mayormente rusoparlante. El número dos de la Cámara alta rusa consideró que las palabras de Obama suponen una "amenaza directa" contra Rusia, lo que justificaría la retirada del embajador, ya que "traspasó la línea roja".
"Ayer, en distintos medios de comunicación escuchamos que el presidente de Estados Unidos señalaba que Rusia pagará caro por su política", recordó Vorobiov citado por la agencia de noticias Efe. El parlamentario aseguró que los "guerrilleros del Maidán que actuaron en Kiev y en otras ciudades fueron entrenados en Lituania y Polonia. Ahora quieren extender su influencia a las regiones occidentales de Ucrania y a Crimea", sostuvo.
En tanto, Obama se reunió en la Casa Blanca con el jefe del Pentágono, Chuck Hagel, el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Martin Dempsey, y otros asesores de seguridad nacional para analizar las consecuencias y la respuesta a la intervención militar de Rusia en Ucrania. El mandatario norteamericano habló de "costos" para Moscú pero no especificó cuáles.

"La economía ha vuelto a crecer

La Presidenta, Cristina Kirchner, comenzó su discurso frente a la Asamblea Legislativa recordando que su antecesor Néstor Kirchner en 2003 había anunciado “nuevos paradigmas de gestión”, y ratificó que “la economía ha vuelto a crecer y ha completado el ciclo más virtuoso de nuestros 200 años de historia”. Más adelante repasó el informe del Banco Mundial, que elogió “la reducción de la pobreza y resaltó el rol del ‘gasto público y social’ y las transferencias monetarias dirigidas a los sectores de menores ingresos”, y el reconocimiento de la FAO al programa de Precios Cuidados, pero resaltó que “el mayor elemento para reducir la pobreza no ha sido la transferencia de recursos sino el surgimiento del trabajo, legal y registrado, la creación de más de 6 millones de puestos de trabajo y el retorno de las convenciones colectivas de trabajo”.
Antes de comenzar con el repaso de su gestión, la mandataria aludió al expresidente Kirchner, quien hace once años "se sentó en este mismo lugar y anunció al pueblo de la Nación nuevos paradigmas en materia de política y gestión de Estado, ya no en función de lo que dictaran los grandes grupos económicos sino lo que dictara el pueblo en elecciones libres, populares y democráticas".
"Ratificamos que la economía ha vuelto a crecer y que volvemos a concretar el período de crecimiento económico con incusión social más virtuoso de los últimos 200 años de historia", agregó Cristina. Al citar el informe del Banco Mundial aclaró que "nosotros llamamos inversión pública social" lo que ellos consideran gastos, que ubica a la Argentina "como el país que destina el mayor porcentaje del PBI al sector social".
Más adelante, Cristina convocó a funcionarios y legisladores a impulsar "leyes que protejan a los usuarios y a los consumidores de los abusos de los sectores concentrados y monopólicos, dando cumplimento al artículo 42 de la Constitución". "Hay que ponerle el hombro al país para continuar con este modelo de crecimiento", reclamó la mandataria, y ratificó la "importancia de mantener el consumo para seguir sosteniendo el mercado interno (...) a partir de ingresos (salarios) sostenibles". Destacó el "crecimiento inédito" del turismo, precisó que la balanza en ese sector "tuvo un saldo positivo de 71 millones de dólares" y, en ese contexto, reivindicó la nacionalización de Aerolíneas Argentinas: "Esto no hubiera sido posible sin la recuperación de AA y sin la renovación de su flota, que al momento de su recuperación valía 300 millones de dólares y hoy es de más de 1300 millones de dólares".
La Presidenta celebró que la Argentina sea el país "que más se ha desendeudado en el mundo", dijo que actualmente su deuda externa sea "el 10 por ciento del PBI (antes era del 8 pero cambió producto de la variación del dólar)", y recordó que este "es el gobierno que más corridas bancarias soportó, en las que 60.700 millones de dólares se fueron del país. Para graficar el crecimiento, explicó que "en materia de deuda pública per cápita, medida en Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM), en el año '99 cada argentino debía 6,9 SMVM de deuda externa, en 2003 debía 23 y en junio de 2013, 1,9 SMVM". Esto fue posible, entre otras variables, por la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que permitió "un grado de flexibilización de la autoridad monetaria que (...) acomoda la política monetaria no a un dogma sino a las necesidades de un país".
Cristina Kirchner advirtió, también, que "no hay justificativo para un aumento de precios que no se corresponde con la realidad" y exhortó a los empresarios a que "valoren el enorme esfuerzo que estamos haciendo". Señaló que "a excepción del sector automotriz, la capacidad instalada del país de los doce bloques productivos (más importantes), no se ha modificado con respecto a diciembre de 2012, por lo que no hay justificativo para un aumento de precios que no se corresponde con la realidad y saquea el bolsillo de los argentinos".
Respecto del sector farmacéutico, la Presidenta resaltó que "hemos firmado un acuerdo (con los laboratorios) que no solo esperamos que se respete sino que se mantenga", y recordó que "el Estado es el primer comprador" de remedios, "ya que absorbe el 55 por ciento" de los medicamentos que se consumen.
En materia energética, destacó que Estados Unidos ubica a la Argentina en cuarto lugar en materia de reservas, con 27 mil millones de barriles que garantizarían 143 años de provisión de petróleo, y 145 mil millones de barriles de energía no convencional que abastecerían gas durante 410 años. Se refirió a la "revolución energética" que lidera YPF mientras el país se encamina hacia el "autoabastecimiento". Por último, aseguró que es "una falacia hablar de autoabastecimiento energético antes de 2003" porque en aquel entonces el consumo, en plena bancarrota industrial, no existía, "la gente no consumía porque no tenía cosas para enchufar: ahora sí".
Luego hizo un repaso por el área de salud, en la cual destacó la ampliación del calendario de vacunación obligatorio, la construcción de nuevos hospitales y centros de atención, pero reconoció que hay un problema: "Tenemos una buena cantidad de médicos, pero el problema es su distribución". Ponderó que en la Argentina el 64 por ciento del gasto de salud corresponda al sector público, mientras que en Estados Unidos solo el 48 por ciento de esa inversión es estatal.