Cárcel para otros 87 Hermanos Musulmanes

La Justicia egipcia de primera instancia condenó a tres años de prisión a los miembros de la hermandad declarada desde hace dos semanas como "terrorista", tras encontrarlos culpables de participar en movilizaciones "ilegales y violentas". A 63 de ellos se los sentenció, además, a pagar 7200 dólares por manifestarse "sin previo aviso", causar daños materiales y agredir a policías. Los islamitas fueron sentenciados en dos tribunales de El Cairo. Uno de ellos juzgó a 63, mientras que otro hizo lo mismo con 24 militantes que participaron en una protesta en noviembre en la zona cairota de Hadaiq al Quba. Los dos fallos de primera instancia permitirá tener suspendida la aplicación de la pena hasta que haya una sentencia definitiva. Los acusados participaron en manifestaciones a favor del depuesto presidente Mohamed Mursi. Desde el golpe militar del pasado 3 de julio, que depuso al mandatario islamita, las autoridades del gobierno civil con amparo de los golpistas militares reprimieron duramente las protestas de los seguidores de los Hermanos y detuvieron a sus principales líderes, a los que acusan de incitar a la violencia. El pasado 30 de diciembre, un tribunal condenó a 139 partidarios de la cofradía a dos años de cárcel por cometer actos violentos durante una protesta en julio en apoyo a Mursi.

A Rosario y Mardel sobre rieles nuevos

El Ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, recibió en el Puerto de Buenos Aires 10 mil toneladas de rieles comprados por la Administradora de Infraestructura Ferroviaria (ADIF) que se destinarán a la renovación de los ramales Buenos Aires-Rosario y Buenos Aires-Mar del Plata. "Es el primer envío de las 120 mil toneladas de rieles que hemos comprado y que ingresarán este año para encarar la renovación de vías más ambiciosa de los últimos 50 años", resaltó el ministro. Durante la recorrida por el puerto, en la que estuvo acompañado por Ariel Franetovich, presidente de ADIF, Randazzo destacó poder estar "mostrando hechos concretos, como es la llegada del primer buque con los rieles con los que renovaremos kilómetros de vía de los principales ramales de larga distancia del país". El titular de la cartera sostuvo que "el recambio de vías se complementa con las 22 locomotoras y 220 coches nuevos que ya están en el país, con los que renovaremos integralmente los servicios a Rosario y Mar del Plata". "De este primer envío destinaremos 7 mil toneladas a los once obradores del ramal Buenos Aires-Rosario y otros 1.500 a los cinco obradores del ramal a Mar del Plata, incluyendo la concreción de la obra de cambio de traza en Chascomús que es algo planificado desde 1985 y que nosotros lo estamos ejecutando", detalló.

Por una "justa" reparación económica

La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Alicia Pierini, demandó por daños a las proveedoras eléctricas Edesur y Edenor y reclamó una reparación económica "justa y equitativa" para los damnificados por los cortes de suministro. Pierini presentó las denuncias que se hicieron ante el organismo y solicitó al juzgado que permite que terceros pueden ampliar la demanda. La defensora del Pueblo se presentó "en representación de los intereses individuales y colectivos que le otorga la Constitución de la Ciudad" para que las dos empresas se apresten a dar una reparación por los daños ocasionados, previa mediación. Según informó el sitio Infojus, en su escrito Pierini agregó la lista de damnificados que se presentaron en la Defensoría en las últimas semanas a plantear su queja y solicitó al juzgado que convoque a los otros damnificados para que se presenten como terceros en el mismo procedimiento. La Defensoría del Pueblo porteña cuenta con jurisprudencia anterior favorable en el mismo fuero contra Edesur a raíz de otras presentaciones de reparación integral contra los damnificados de cortes.

Kicillof: "El objetivo es que los precios sean respetados"

El ministro de Economía afirmó que "si hubiese problemas estacionales" con productos de la lista de Precios Cuidados "y no hubiera otra solución, vamos a permitir la importación" de algunos de ellos, pero aclaró que antes se analizarán las variables con los productores a fin de evitar "movimientos especulativos". También se adelantó que al plan se incorporarán útiles escolares y se ratificó que su aplicación se extenderá a todo el país. Axel Kicillof adelantó también que la Secretaría de Comercio citará esta tarde a a los productores" de tomate, uno de los productos que el Gobierno anticipó que importará desde Brasil, debido a los altos precios de la producción local por tratarse de un producto estacional. "Hemos pedido al Mercado Central que evalúe los precios del tomate pero pondremos las cosas en su lugar, cuando el tomate sale 40 pesos, nadie se pregunta cómo se genera ese excedente; hoy vemos que hay patrañas al interior de la cadena y estamos trabajando también con alertas tempranas", agregó el ministro en una charla con periodistas en el Palacio de Hacienda. "El principal objetivo es que los precios sean respetados y cuidar el bolsillo de los consumidores", subrayó el funcionario, para quien los ciudadanos "muchas veces ha sido vapuleado por aumentos muy altos". "Si hubiera problemas estacionales y no hubiera otra solución, vamos a permitir importación para que los precios sean respetados", insistió. Por otra parte, Kicillof señaló, además, que si bien "puede haber diferentes puntos de vista" entre algunos funcionarios, "hay un equipo que está trabajando" con "una sola cabeza que tomas las decisiones: Cristina Kirchner", quien "sigue trabajando como lo ha hecho". "Se carga tanto las tintas y se intenta generar fricciones y trascendidos" pero "la gente tampoco es tonta", concluyó.

SE CAYO EL ACUERDO CON LA POLICIA ENTRERRIANA Una prueba de extorsión

Por Raúl Kollmann El gobierno de Entre Ríos, que encabeza Sergio Urribarri, dio por caído el acta-acuerdo que se firmó con los policías de esa provincia el 9 de diciembre y que significaba un aumento en el básico de más del 60 por ciento. La administración entrerriana tomó el camino adoptado por el procurador provincial, Jorge Amílcar García, que consideró el acta como prueba de una extorsión. Entre Ríos pagó ayer los salarios de los estatales, con un leve aumento a los policías, y cualquier otro cambio en la remuneración de los efectivos provendrá de la paritaria que todos los años se hace en marzo con los gremios estatales. La movida de Urribarri provocó pequeños remezones, el viernes, de 20 efectivos en Paraná, 40 en Gualeguaychú y cien en Concordia, pero ayer las cosas habían vuelto a la normalidad y comenzaba el carnaval centrado en Gualeguaychú. El gobierno de Entre Ríos firmó aquel acta en una situación dramática originada en la rebelión policial de Córdoba. Los hechos más graves se produjeron en Concordia, donde los efectivos decidieron abandonar el servicio, tomaron el Departamento Central de la fuerza y golpearon al jefe. A continuación se produjo una oleada de saqueos y los propios vecinos, armados, establecieron piquetes en numerosas esquinas, por lo que los enfrentamientos parecían inminentes. En ese marco, el gobierno entrerriano pactó el 9 de diciembre con los policías para evitar un baño de sangre. El acuerdo debía ser refrendado por un decreto que Urribarri terminó no firmando. Enseguida se concretaron unos 600 allanamientos que no sólo permitieron recuperar una parte de lo saqueado, sino que demostraron vínculos entre los saqueadores y los policías. El paso clave lo dio el procurador García, que la semana pasada dictaminó que el acta-acuerdo es la prueba de una extorsión y que por lo tanto es ilegal e inválido. García dijo que presentaría la denuncia contra los cabecillas de la rebelión ni bien finalizara la feria judicial, pero durante el fin de semana resolvió que la presentará mañana en el juzgado que esté de turno. Los delitos por los que imputará a los policías son graves: robo calificado reiterado, sedición, inacción deliberada en situación de calamidad, lesiones graves y, por supuesto, extorsión. La prueba que presentará será el acta, pero también la foto del momento de la firma en que se ve al gobernador Urribarri rodeado por efectivos exhibiendo armas. En forma paralela, la administración entrerriana dio por caída el acta. Durante la jornada de ayer, los estatales y entre ellos los policías, cobraron sus sueldos de diciembre. En el caso de los efectivos se dio un aumento que no es el pactado, sino 2000 pesos, y se resolvió que no habrá ningún otro incremento hasta que no se realice la paritaria con todos los estatales en marzo. De esa negociación participan ATE, UPCN y los gremios de docentes, pero no hay ni efectivos ni delegados de los policías. Lo que habitualmente se hace es que se le otorga a los uniformados el mismo aumento o uno o dos puntos más que lo acordado con los gremios. El gobierno de Urribarri anunció que repetirá esa práctica. Ante las novedades, durante el viernes hubo algunos conatos protagonizados por policías en Paraná, Gualeguaychú y Concordia. Según señaló ayer el gobierno entrerriano, lo más significativo fue el movimiento en Concordia, con 100 personas, de las cuales 50 eran policías. Las autoridades provinciales afirman que se trata de efectivos con legajos conflictivos. raulkollmann@hotmail.com

EL TITULAR DEL PJ BONAERENSE, FERNANDO ESPINOZA, CRITICO A LAS DISTRIBUIDORAS ELECTRICAS POR LOS CORTES DE LUZ “Si no cumplen, habrá que tomar otras medidas”

El intendente de La Matanza culpó a las empresas por la falta de inversión. Además, en diálogo con Página/12, ratificó el liderazgo de Cristina Fernández, cuestionó tácitamente a Massa y Moyano, y responsabilizó a sectores policiales por los saqueos. Por Nicolás Lantos Intendente del municipio más poblado del país y flamante titular del influyente Partido Justicialista bonaerense, el matancero Fernando Espinoza comienza el año 2014 posicionado como una de las figuras a tener en cuenta para comprender el peronismo y el país que se viene en los próximos dos años. En diálogo con Página/12, el jefe comunal criticó duramente a las empresas de electricidad, a quienes responsabilizó por los cortes de energía de las últimas semanas y, en línea con lo que ya manifestaron funcionarios del gobierno nacional, dejó abierta la puerta a una eventual estatización en caso de que se reiteren los problemas. Además, ratificó la conducción de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, pidió por la unidad de la CGT, criticó sin mencionarlos a Hugo Moyano y a Sergio Massa, y sostuvo que con las policías comunales no alcanza para solucionar el problema del delito en el conurbano sino que hace falta “una reforma integral de la policía bonaerense”. –¿Cómo se vivieron en La Matanza los saqueos y los cortes de energía del último mes? ¿Cómo está la situación actualmente? –Respecto del tema de los saqueos y el acuartelamiento de la policía, en La Matanza no tuvimos absolutamente ningún inconveniente, la policía no paró de trabajar ni un solo minuto, gracias a un trabajo articulado entre la sociedad civil, la policía, la Gendarmería y los gobiernos municipal, provincial y nacional. Durante diciembre se vivieron momentos de mucha incertidumbre y sin embargo puedo asegurar que no tuvimos ningún problema. Respecto de los cortes de luz, desde el primer momento estuvimos trabajando en forma conjunta con Edenor, colaborando con móviles, con la operatividad, aportando personal del municipio y estructura logística para estar enseguida donde surgieran problemas. Sobre 552 mil viviendas que tiene La Matanza, nosotros tuvimos unas tres mil familias sin luz y hoy ya está regularizada la situación, a diferencia de lo que ocurrió y sigue ocurriendo en otros distritos vecinos como la Ciudad de Buenos Aires, sin ir más lejos. –¿A quién le cabe la responsabilidad por los cortes? –Claramente acá hay un problema de desinversión de las empresas. En La Matanza, hace un año, previendo que habría un mayor consumo eléctrico, por la expansión industrial y por el boom comercial, la Presidenta tomó la decisión de invertir cien millones de pesos en tendido eléctrico y potencia. Eso se ve reflejado en cómo los cortes aquí fueron menos y por menos tiempo. Ese dinero no tiene que ponerlo el Estado sino las empresas. Después de haber visto lo de las últimas semanas, queda claro que así no se puede seguir. Si no cumplen con el servicio habrá que tomar otras medidas. Esto no puede suceder nunca más. –¿Y en el caso de los saqueos? –Esto que pasó yo no lo llamaría saqueos. Vos no podés pensar que gente que anda en una 4x4 necesita robar alimentos. Esta Argentina no es la del 2001. Lo que pasó no tiene que ver con necesidades sino que tiene que ver con los vestigios que aún quedan en algunas fuerzas policiales de esos sectores minúsculos de la derecha que guardan constumbres de la dictadura. En algún caso también tiene que ver con algún tipo de connivencia entre los sectores policiales con el narcotráfico, como en los casos de Córdoba y Santa Fe. En la provincia de Buenos Aires fue muy menor lo que sucedió, y tiene que ver con el control del Estado sobre las fuerzas de seguridad. Ahora, también es hora de que la Justicia, ante estos hechos, tome las decisiones que hacen falta y se castigue con toda la fuerza de la ley a esos grupos que fomentaron o llevaron a cabo esto. –Antes de los incidentes con las fuerzas de seguridad provinciales, parecía un hecho que se aprobaría antes de fin de año la ley de policías municipales. ¿Los acontecimientos echaron para atrás esta medida? –La discusión sobre las policías municipales tiene que ser parte de una discusión más amplia para ir hacia una nueva policía que tenga que ver con el mundo y con la Argentina del siglo XXI. Hay que trabajar en la formación, en la Universidad de La Matanza formamos oficiales de la policía bonaerense, por ejemplo. Y ahí puede verse cómo la educación termina haciendo que tengan otra mirada y hagan mejor su trabajo. En las grandes democracias del mundo la policía se forma en universidades. Respecto de la policía comunal, en muchos lugares ya está funcionando, porque cada municipio tiene patrullas de proximidad con el vecino, que ayudan con la prevención, que se sostienen comprando los móviles y pagando los sueldos. Es necesario que haya una gran reforma en la bonaerense, que implique una gran descentralización, con una gran planificación integral en toda la provincia, para que las nuevas fuerzas que se formen trabajen igual en todos los municipios. Incluso se podría plantear la elección por elecciones de un comisionado policial. Son muchos los temas que hay que debatir y son muy delicados. –Sin embargo, durante la campaña tanto el oficialismo como la oposición habían prometido avanzar... –Hablar y hacer marketing publicitario con las policías comunales es fácil y vende. Pero en el trabajo diario tenemos que discutir con mucha responsabilidad. La mejor política de prevención la viene llevando a cabo el gobierno nacional y es la inclusión social, seguir logrando derechos, seguir educando y seguir generando y cuidando el trabajo de los argentinos. –Se dice que el peronismo acompaña “hasta la puerta del cementerio”. ¿Cree que al gobierno nacional va a costarle mantener disciplinado al PJ estos dos años de mandato que quedan? –El congreso del justicialismo bonaerense sacó un documento aprobado por unanimidad con una manifestación de apoyo incondicional a la Presidenta y reafirmando su liderazgo indiscutido. Ahora tenemos dos años para gobernar, para seguir cambiando la Argentina y seguir haciendo un país para 40 millones y no para unos pocos. El peronismo nació para darle voz a sectores populares que hasta entonces no la tenían y fue único en ese sentido. Hoy, de la mano de Néstor y Cristina, vivimos los segundos diez mejores años que tuvimos en la historia argentina, continuando con las banderas históricas del peronismo. No hay otro espacio para quienes somos peronistas. –Como titular del PJ bonaerense, ¿qué piensa hacer con aquellos que abandonaron ese espacio en los últimos años? –Tenemos que trabajar por la unidad de todos los sectores del movimiento nacional y popular, no solamente del justicialismo, que es la columna vertebral de un gran frente que encabeza la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. También es necesario pensar en reunificar a la CGT. A veces me parece que hay que volver a leer a Perón. El decía que primero estaba la patria, después el movimiento y por último los hombres, pero hay algunos dirigentes que parecen haber entendido la lección al revés. –¿En qué rol la ve a la Presidenta después del 2015? –Para el 2015 falta un siglo, pero la Presidenta va a tener un rol fundamental en la elección del candidato y también después de las elecciones, desde el lugar que ella elija. Cristina va a ser siempre la líder indiscutida de este modelo de país que queremos que siga adelante. –¿El candidato del oficialismo debe definirse a través de las PASO? –No importa tanto quién es el candidato sino asegurar la continuidad del modelo. Vemos que España va a necesitar 20 años para recuperar su estructura productiva, que Estados Unidos se está recuperando recién ahora de una crisis de hace seis años, que Europa sigue al borde, y acá la Argentina en cambio sigue avanzando y eso es lo que tenemos que cuidar. Compartir: Twitter

POR LO MENOS OTROS 105 REPRESORES SERAN JUZGADOS EN 2014 Once juicios en gateras

Los primeros tres juicios comenzarán en Buenos Aires, Santa Fe y Mendoza. Este último tendrá 41 imputados, entre ellos cinco ex miembros del Poder Judicial. Los juicios orales que se realizarán este año incluirán delitos contra un total de 663 víctimas. Consolidado el proceso de justicia a ejecutores directos y a militares que integraron cadenas de mando durante la última dictadura, con más de 500 condenados y más de un millar de procesados que continúan desfilando por tribunales de todo el país, 2014 podría quedar en la historia como el año en que los ex funcionarios del Poder Judicial que aportaron sus servicios al terrorismo de Estado se sentaron en el banquillo de los acusados. Mientras hasta el momento el santafesino Víctor Hermes Brusa es el único magistrado condenado, en el año que comienza al menos otros seis serán juzgados. El epicentro estará en Mendoza, donde el 17 de febrero, junto con militares y policías, comenzará a rendir cuentas Otilio Roque Romano, el ex hombre fuerte de la familia judicial cuyana que se fugó a Chile para burlar a la Justicia y que debió volver, extraditado, en agosto último. Pero más allá del caso de los magistrados, según datos de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad de la Procuración General de la Nación, en 2014 serán juzgados al menos otros 105 imputados (al margen de quienes son juzgados por segunda o tercera vez) por delitos contra un total de 663 víctimas, en once juicios que tienen fecha de inicio confirmada. En la segunda semana de febrero comenzará en la ciudad de Buenos Aires el segundo proceso por secuestros, tormentos y homicidios en el centro clandestino Vesubio, con cinco acusados por delitos contra más de doscientas víctimas. En Rosario, en tanto, arrancará el juicio Feced II, nombre que recuerda al ex jefe de la policía provincial Agustín Feced, quien murió antes de que se reabrieran las causas pero quedará en la memoria de los santafesinos como símbolo local del terrorismo de Estado. Ese juicio tendrá diez acusados, que rendirán cuentas por 43 víctimas. El 17 de febrero arrancará en Mendoza un megajuicio con 41 imputados, incluidos cinco ex miembros del Poder Judicial. Además de Romano, serán de la partida los ex jueces Luis Francisco Miret, Guillermo Petra Recabarren y Rolando Evaristo Carrizo, los tres por omitir investigar delitos de lesa humanidad. Romano y Gabriel Guzzo están acusados como partícipes necesarios en homicidios calificados. El juicio cuyano, por más de 200 víctimas, es producto de la unificación de causas que durante años se instruyeron atomizadas, con el visto bueno de quienes hoy son acusados, como Romano o Miret. El mismo día comenzará en Tucumán el juicio por el asesinato de Osvaldo De Benedetti, con siete represores imputados. Para marzo hay previstos al menos otros cuatro juicios. El 14, en Rosario, comenzará el proceso por la causa “Saint Amant, Manuel Fernando”, quien ya fue condenado a prisión perpetua en 2012 y volverá a ser juzgado, ahora junto a otros 14 represores y por delitos contra 70 víctimas. En Santa Fe, un día antes, se inicará otro juicio por una sola víctima y con tres imputados, incluidas dos mujeres. El 26 de septiembre, en la localidad bonaerense de San Martín, comenzará el segundo juicio por los crímenes en Mansión Seré, el centro clandestino de la Fuerza Aérea que funcionó en Morón. Volverán a ser juzgados los ex jefes de área César Comes e Hipólito Mariani, esta vez con otros seis acusados, incluidos ejecutores directos de secuestros y tormentos como Daniel Alfredo Scali. El 31 de marzo, en Salta, comenzará un juicio con seis acusados, incluidos Miguel Gentil y Carlos Mulhall, que ya fueron condenados por la Masacre de Palomitas. El 3 de abril, en Jujuy, el ex agente penitenciario Horacio Marengo será juzgado por las torturas a trabajadores de Ledesma y de Mina El Aguilar mientras los trasladaban desde el penal de Gorriti hasta la Unidad 9 de La Plata. Los otros dos juicios confirmados, ambos en Santa Fe, también tienen a ex magistrados entre sus acusados. Para el 8 de mayo está previsto el comienzo de la causa que lleva el nombre de Víctor Brusa, el único ex juez condenado hasta ahora por delitos de lesa humanidad. El 11 de agosto seguirá sus pasos Luis María Vera Candioti, ex juez federal de Santa Fe. Al margen de quienes sean juzgados en 2014, ya hay otros cinco magistrados con procesamiento confirmado y otros once procesados en primera instancia. Del informe sobre los juicios que no tienen fecha de inicio confirmada pero ya llegaron a los tribunales orales se destacan dos con oficiales de la Armada como imputados. En Bahía Blanca, 24 marinos y prefectos rendirán cuentas por secuestros, tormentos y homicidios en la base naval Puerto Belgrano, proceso que incluirá el asesinato de los obreros gráficos y delegados del diario La Nueva Provincia, Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola. En La Plata, que no logra poner segunda, esperan turno diez represores de la ex Fuerza de Tareas 5 de la Armada Argentina.