Alcances y límites en la distribución de energía

El colapso de las empresas concesionarias eléctricas motivó diferentes propuestas de acción que fueron desde la estatización a la aplicación de multas y las presiones para aumentar las tarifas. Cuáles son los márgenes de acción y la viabilidad que hay detrás de las posibles medidas. En los momentos de mayor tensión social por los prolongados cortes eléctricos, tanto el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, como el ministro de Planificación, Julio de Vido, vertieron la amenaza de una posible estatización de las distribuidoras. Esta advertencia fue replicada el pasado viernes por De Vido, quien afirmó que “no estamos analizando ahora la rescisión, sino la posibilidad de hacerlo en función de la gravísima situación”. Sin embargo, parece ser muy poco factible que el Gobierno avance en esta dirección, ya que una medida semejante iría a contramano del esfuerzo que desde fines del año pasado se encuentra realizando por restablecer vínculos con el mercado de crédito internacional, un espacio refractario a cualquier posibilidad de estatización, por justificada que esta sea. En efecto, si bien hasta el momento el Ejecutivo se mantiene firme en su política de no renovar deuda financiera, durante los últimos meses desarrolló una serie de iniciativas para lograr créditos productivos que, además impulsar obras de infraestructura –fundamentalmente energéticas– y planes de desarrollo social, permitan ingresar divisas para frenar el continuo drenaje de las reservas del Banco Central –que durante el año pasado se redujeron de 43.000 a 30.500 millones de dólares–, así como también facilitar y abaratar el crédito privado que muchas empresas argentinas aspiran a tomar en el exterior. Así, en octubre del año anterior el gobierno logró un acuerdo de indemnización por 500 millones de dólares con cinco multinacionales que prestaban servicios públicos a las que se les había rescindido unilateralmente los contratos. Si bien el Gobierno argumentaba severas falencias en los servicios prestados, dichas empresas habían obtenido sentencias favorables, tanto de los tribunales del Ciadi dependiente del Banco Mundial como del Cnudmi (Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional) asistido por el FMI, cuyos jueces suelen ser proclives a los intereses empresariales. Un detalle no menor y adicional, es que serían justamente estos tribunales quienes deberían efectuar una sentencia en el caso de que se estaticen las empresas distribuidoras de energía. La estrategia de acercamiento a los mercados de crédito internacional implicó, también, el preacuerdo de compensación con Repsol por sus acciones estatizadas en YPF, que posibilitará mayores inversiones a la petrolera estatal, y los anuncios de Capitanich sobre las negociaciones para acordar el pago de la deuda de 8.900 millones de dólares que desde 2001 se mantiene con diversos países nucleados en el Club de París. Queda claro, entonces, que más allá de las razones objetivas que podrían llegar a existir para la estatización de las distribuidoras eléctricas, una acción de esta envergadura iría a contramano de una estrategia que ya se vislumbra de forma clara. Por eso, suenan como más factibles las últimas propuestas del gobierno, orientadas a multar con 17,8 millones de pesos a Edesur y 8 millones a Edenor por su falta de inversión, así como obligarlas a efectuar una compensación a los usuarios de entre 490 y 870 pesos dependiendo el lapso de corte, la cual se realizará por medio de descuentos en las próximas facturas, en una medida que, de acuerdo al Gobierno, totalizará 221 millones de pesos para Edesur, y 77 millones de para Edenor. Con todo, en relación con las multas por parte del Estado, queda por saberse si estas medidas empezarán a cumplir su objetivo de efectuar una real sanción a las empresas, o si seguirán siendo cosméticas. Sucede que, según se informa desde el sitio Chequeado.com, un informe de la Auditoría General de la Nación expresa que “no surge con claridad el criterio adoptado por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) para disponer o no el cobro de las sanciones impuestas a las distribuidoras”, ya que desde el mismo ENRE señalan que entre 2007 y 2011 se aplicaron 4.074 sanciones a Edenor, Edesur y Edelap por más de 820 millones de pesos, pero con un “saldo pendiente” de cobro de 629 millones, pues las empresas “han recurrido la mayor parte de las sanciones aplicadas por el ENRE”. Quienes sí parecen ser contundentes en su propuesta para salir de la crisis, son los voceros de la firma Edesur y ex funcionarios energéticos del menemismo, como Carlos Bastos y de la Alianza, como Daniel Montamat, quienes encuentran fuerte acogida en diversos medios hegemónicos. Desde allí se asegura que la crisis se debe a las severas dificultades económicas que atravesaban las empresas producto de la regulación gubernamental que impide elevar las tarifas a los consumidores. Sin embargo, no se aclaran las razones por las que entre enero y septiembre de ese año Edesur fue una de las 10 empresas que más dinero ganó en la Argentina, totalizando 1.123, millones de pesos. Tampoco las razones por las que Edenor, con los mismos ingresos relativos, tuvo una proporción de cortes cinco veces menor a la Edesur, y obtuvo también ganancias por 791 millones de pesos con acciones que fueron las que mayor rendimiento obtuvieron en la Bolsa argentina 2013, con una valorización del 234% (la justificación basada en el rumor de actualización de tarifas es, cuanto menos, inconsistente). Incluso, en una solicitada publicada el pasado viernes, esta última a empresa, además de pedir disculpas por los cortes “generados en la mayor ola de calor en 100 años”, aseguró inversiones por 1.970 millones de pesos para este año. Por eso, la idea de “compañías quebradas” que desde estos espacios se logró instalar, puede ser cuanto menos puesta en duda. No existen suspicacias, en cambio, sobre otra definición que lograron difundir en la opinión pública, la de “tarifas congeladas”. En efecto, tanto en 2007 (retroactivo a 2005) como en 2008 y en 2011 se les otorgó a las distribuidoras aumentos tarifarios parciales. A esto debe sumársele una mayor facturación producto del crecimiento en el consumo eléctrico, que de acuerdo a la Fundación para el Desarrollo Eléctrico (Fundelec) fue de un 80% entre 2002 y 2011, y el aporte que desde el año pasado Edenor y Edesur comenzaron a recibir por parte de los consumidores, a través de un cargo fijo bimestral en las facturas conformaron el Fondo para Obras de Consolidación y Expansión de Distribución Eléctrica (Focede) que en 2013 totalizó mil millones de pesos. Sí es cierto, en cambio, que estas actualizaciones fueron menores a la de la inflación, pero la tarea de un ENRE competente sería determinar y expresar públicamente si esta modificación en las ecuaciones de ingresos les impide prestar un normal servicio, o bien sólo redujo un formidable negocio. De acuerdo al trabajo “Las privatizaciones en la Argentina. Génesis, desarrollo y principales impactos estructurales”, de los investigadores de Flacso Daniel Azpiazu y Eduardo Basualdo, las empresas de distribución de energía eléctrica presentaron una rentabilidad media sobre patrimonio del 5,6% en franco y sistemático ascenso hasta 1998 (tras ese año, Edesur sufrió severas multas por provocar el mayor apagón en la historia argentina). Y de acuerdo a su Memoria y Estados Contables de esta empresa para Diciembre de 2002, sus utilidades netas durante el último año de la convertibilidad (2001) totalizaron 215 millones de pesos convertibles a dólares. Quien al igual que los voceros de Edesur y los ex secretarios de Energía durante el neoliberalismo fue contundente en adjudicar las causas de la crisis a las bajas tarifas abonadas por los usuarios, fue el referente económico del PRO, Federico Sturzenegger. En diálogo con el programa La Vuelta de Radio Continental, el actual diputado, afirmó que era “fácil” comenzar a resolver la crisis de distribución energética. En efecto, señaló que, además de modificar el uso horario, bastaba con incrementar las tarifas “en un promedio de 80 pesos por cliente”.

La oposición hace futuro con el pasado

En los últimos días de diciembre, los principales referentes opositores reaparecieron insistiendo con la única propuesta política que sostuvieron durante la campaña electoral previa a octubre: criticar obstinadamente todo tipo de medida del Gobierno Nacional. Allá lejos y hace tiempo en la Argentina hubo elecciones legislativas. Fue un 27 de octubre del año 2013. Ese día, un intendente de la zona norte de la provincia de Buenos Aires se alzaba con el 43% de los votos luego de conformar un frente electoral de último momento. El triunfo, decían los principales medios de comunicación, sería la antesala de su llegada a la presidencia de la Nación en el lejanísimo y casi futurista año 2015. También triunfaron, aquel día, referentes opositores en importantes provincias y distritos del país. Todos ellos auguraban en una novedosa consigna nunca antes mencionada que a partir de entonces “el oficialismo llegaría a su fin de ciclo”. Aunque el calendario indica que solamente trascurrieron dos meses y una semana desde aquella elección, la sensación del paso del tiempo, medido al ritmo de la actualidad política argentina, podría parecerse al de una película rusa de Andrei Tarkovsky, de la década del ’60, en cámara lenta. Cada imagen, cada secuencia que se intente recordar de aquella elección y, más aún, de su agitada campaña electoral ubicada en la prehistoria del año 2013 remite a un pasado que, en los últimos 70 días, lo devoró todo, incluido a sus principales protagonistas, a las encuestas y a las propuestas que proponían nada y –al mismo tiempo– la solución de todos los problemas del país y de su historia (tal vez de eso, en definitiva, se traten los campañas electorales cuando toca ser oposición). Sin embargo, como traídos a la actualidad por la máquina del tiempo, los protagonistas de ese lejano ayer volvieron al futuro. Al menos así parece a partir de lo que dan cuenta los medios de comunicación que tienen la capacidad de administrar la sensación del paso del tiempo a partir de la aceleración o desaceleración de sus partículas hechas de noticias y análisis cotidianos. Cuestión de panes. En el último fin de semana de diciembre –bajo el calor agobiante y en medio de los cortes de luz y el colapso de las distribuidoras de energía–, el arco pan-opositor que, cual mamushkas, encierran las diferentes vertientes que conforman el panperonismo, el pan-radicalismo, el pan-progresismo, y el pan-de-derecha- comenzó a dar señales con vistas al nuevo año. 2014. Por un lado, en la ciudad de Rosario, el domingo 29 de diciembre se reunió el pan-progresismo que vendría a representar a la Unión Cívica Radical de Ernesto Sanz; al socialismo santafesino de Hermes Binner; al juecismo de Luis Juez, de Córdoba, y al GEN de la provincia de Buenos Aires de Margarita Stolbitzer. Aunque no fueron de la partida, debería incluirse en este potencial armado al pan-UNEN porteño que conforman Carrió, Solanas, Lousteau, Donda, Tumini, Prat Gay, Gil Lavedra, Vera y Terragno, entre otros. A la finalización del encuentro, dieron a conocer un documento denominado Declaración de Rosario, en el que acordaron “trabajar en conjunto para construir una propuesta de gobierno junto a la sociedad civil, y buscar solución a los problemas del país” con vistas a las elecciones presidenciales del año 2015. Los ejes de la declaración no ahondaron en ningún diagnóstico serio sobre las dificultades que enfrenta el país, ni tampoco se anunciaron propuestas concretas: solamente la decisión de conformar una opción de gobierno opositora tanto al kirchnerismo como al pan-peronismo. Por otro lado, un día antes, el sábado 28 de diciembre, una parte del pan-peronismo, encabezado por Sergio Massa, reunió en un almuerzo en el Barrio Náutico Alba Nueva, en Tigre, a Martín Redrado, Jorge Busti, Mario Das Neves, Carlos Reutemann, Alberto Fernández, Roberto Lavagna, Facundo Moyano, Graciela Camaño, Felipe Solá y José de Mendiguren, entre otras firmas. El objetivo de la reunión fue marcar el comienzo de la actividad que el Frente Renovador llevará adelante en 2014 con vistas a ampliar su presencia territorial en el resto del país. Durante el verano, haciendo pie en Pinamar, Sergio Massa realizará el habitual recorrido de campaña por los balnearios del partido de la Costa. En marzo, promete desembarcar en la amarilla ciudad de Buenos Aires que gobierna cómodamente el PRO para debilitar el único bastión de peso que dispone la fuerza de Mauricio Macri en el todo el país. En cuanto a Macri, obligado a suspender sus vacaciones por los cortes de electricidad en varios barrios porteños, aprovechó su breve regreso para hacer lo único que aprendió mas o menos bien y que tanto gusta entre su electorado: responsabilizar al gobierno nacional de todos los males que padece el país desde 1810. Luego de siete años de gobernar la ciudad, y de ser el niño mimado de los medios opositores y del establishment, su partido no logró trascender a nivel nacional. En las principales provincias obtuvo apoyos escuálidos como quedó reflejado en las elecciones de octubre. Cuenta con la simpatía del muy golpeado gobernador de Córdoba José Manuel De La Sota y de varios dirigentes de la UCR, entre ellos del también cordobés Oscar Aguad. Habría que sumarle algún apoyo del electorado que votó a Unen a través del puente que le facilita Gabriela Michetti con ese sector. La apuesta de jugar en la provincia de Buenos Aires con la vice jefa de Gobierno María Eugenia Vidal, solo le serviría para una eventual prenda de negociación con Massa. Su principal estrategia, por ahora, es la de insistir en marcar diferencias con todo lo que provenga del peronismo, sea el Frente Renovador o el gobernador Daniel Scioli. Comprobada la escasa capacidad de construcción política del PRO, más allá de la General Paz, las expectativas de aquí a 2015 se apoyan en presentarse como el sector opositor más duro al kirchnerismo, a las otras opciones que surjan del pan-peronismo y a cualquier proyecto que se diferencie de los postulados duros de la derecha tradicional argentina. Pero el tiempo les demostró que con eso no alcanza para jugar en las grandes ligas. El dilema opositor. Las reuniones que realizaron los pan-opositores, en el marco de un fin de año caliente, no arrojaron ni propuestas ni pronunciamientos, de manera concreta, respecto a los problemas planteados en las últimas semanas del año. La sociedad, fundamentalmente quienes votaron a la oposición en octubre, también espera una actitud que deje atrás los slogans vacíos y los discursos de campaña, tampoco quiere seguir escuchándolos como comentaristas de la realidad. El accionar extorsivo de las policías provinciales tocó de cerca a muchos de ellos, y la respuesta fue optar por repudios a media voz, o al de apelar al infalible recurso de responsabilizar de todo, únicamente, al gobierno nacional. En cuanto a las distribuidoras de energía eléctrica y los cortes de luz, la ambigüedad fue aun mayor, dividida entre quienes apuntaban a la falta de inversión a causa de las bajas tarifas, a la eliminación de los subsidios y a la responsabilidad del gobierno nacional en no controlar a las empresas concesionarias, o pasar a estatizar las empresas. En ningún caso hubo un pronunciamiento serio, producido por sus equipos técnicos que tanto promocionaron en sus campañas. Los riesgos de parecerse y la necesidad de diferenciarse del Ejecutivo nacional y de lo hecho durante estos diez años por los gobiernos kirchneristas son las dos caras del mismo dilema que comparten los dos grandes bloques opositores que conforman el pan-peronismo y el pan-progresismo. Reconocer los logros y avances obtenidos les implica ser tildados como una versión light del kirchnerismo. Como ejemplo, basta con recordar la estrategia de Sergio Massa cuando al comienzo de la campaña de octubre sostenía que de lo realizado por el kirchnerismo en estos diez años había que mantener lo que estaba bien y corregir lo que estaba mal. Por esa definición, por demás ambigua, fue corrido por las voces que lo ensalzaban para terminar mostrándose como férreo opositor. Empujados por las demandas destempladas de una franja de la sociedad y por los intereses del poder económico, motorizados por la cerril prensa opositora, hasta ahora los llevó a radicalizar su enfrentamiento con el Gobierno hasta niveles grotescos e irresponsables. Determinar hasta dónde la actitud complaciente con los sectores del poder empresarial concentrado les rinde réditos, es el otro desafío que tienen por delante a riesgo de quedar atrapados en futuras alianzas condicionantes. Oponerse a todo intento oficialista y no reconocer nada al adversario cotiza bien alto en elecciones legislativas, donde el poder central no está en juego. Es natural que las demandas y exigencias sociales deban dirigirse en primer lugar al gobierno nacional por su responsabilidad en la conducción de los destinos del país. Relegar a la oposición a la comodidad denunciadora y comentarista de la realidad, sin más exigencia, es demasiado simplista: abona a la inconsistencia política y le resta a la misma oposición generar un proyecto creíble. El ámbito parlamentario en 2014 servirá para que demuestren más que lo poco que dijeron en las campañas publicitarias y sostener, de alguna manera, los votos obtenidos. Las iniciativas y el papel que tendrán los nuevos diputados electos permitirán ver cómo juegan sus fichas y cotejar la consistencia de eventuales alianzas entre los diferentes bloques opositores. Los desafíos que la oposición presenta como del Gobierno Nacional para los dos próximos años son también los suyos propios: dar cuenta de cómo resolverlos y transformase en una opción superadora. Combatir la concentración de la economía, revertir el proceso de transnacionalización, recrear una burguesía nacional, discutir la cadena de valor de los sectores monopólicos alimenticios, dar solución al déficit energético, reducir el trabajo informal, disminuir la inflación con sostenimiento del poder adquisitivo sin perder puestos de trabajo, incrementar las reservas del Banco Central, aumentar las exportaciones y la inversión privada, controlar la emisión monetaria y disminuir el gasto público, reducir la restricción externa, avanzar en un proceso de sustitución de importaciones, volver a los mercados de capitales sin perder autonomía en materia económica, otorgar el 82% móvil a los jubilados y profundizar la integración regional son, entre tantos, los ejes con los que habitualmente la oposición apunta al kirchnerismo como incapaz o sin voluntad de resolver. En contrapartida, el común denominador de las propuestas que surgen de los pan-opositores para encarar los problemas estructurales gira en torno a las previsibles medidas con las que se enfrentaron crisis estructurales en el pasado. Si la acción de los sectores del pan-progresismo o pan-peronismo queda reducida solamente a ejercer una oposición cerril al oficialismo y no surgen propuestas claras respecto a cómo dar solución a los problemas antes mencionados, lo que queda por esperar es muy poco. Los tiempos de la dinámica de la política argentina, la fiebre informativa que todo lo devora y confunde – omo se señalara al comienzo de esta nota– y los impacientes y reduccionistas análisis de coyunturas que mañana serán sólo eso, suelen concluir en soluciones desesperadas. Y de ellas surgieron los mayores fracasos y las mayores desilusiones.

› OPINION La cuestión Milani Por Ricardo Forster

Es ésta una discusión –la que ha surgido a partir del nombramiento de César Milani como jefe del Ejército– que toca la médula de la política, que pone en evidencia las tensiones continuas entre la trama de valores y las demandas implacables e impiadosas de una realidad carente de sutilezas a la hora de exigir pronunciamientos y, sobre todo, acciones afirmativas que, en algunos casos, chocan de frente con la estructura ética de un pensamiento crítico que se mueve entre los territorios del compromiso político, la dura lucha por el poder y el debate de ideas liberado del día a día de las exigencias que emanan de una actualidad compleja, complicada y difícil para un proyecto gubernamental de por sí atravesado por sus propias demandas y debilidades. En el reino de las ideas no existen límites argumentativos ni se rechazan las tensiones, contradicciones y/o ambigüedades que no suelen encontrar un lugar legítimo en el espacio de la política, un espacio que exige aserción y contundencia. Lo difícil es entremezclar fortaleza y fragilidad. Siempre resulta ardua la búsqueda de vasos comunicantes entre estos territorios tan disímiles que, sin embargo, constituyen la trama de nuestras acciones y de nuestras preocupaciones de ayer y de hoy aunque, en este tramo de la vida histórica argentina, nos han colocado en un extraño y novedoso lugar que no imaginábamos. El camino recorrido desde el 2003 –incluso si retrasásemos la fecha a diciembre de 2001– no sólo ha redefinido dramáticamente la marcha del país sino que nos ha interpelado de un modo como ya no parecía posible. De la desilusión y el escepticismo, de la profunda crisis de las ideologías progresistas y populares a una visión pesimista de la época dominada por un capitalismo hegemónico y despiadado, hemos pasado, con sus más y sus menos, a una intensa repolitización acompañada por la reaparición del entusiasmo y de la fuerza del pensamiento crítico asociado a prácticas políticas que desafían, en Sudamérica, el orden neoliberal hegemónico a nivel global. Es en este contexto en el que hay que intentar situar y comprender el debate alrededor de Milani y la política de derechos humanos. No somos los jóvenes revolucionarios de los ’70 que pensábamos la política como instrumento para la creación de una nueva sociedad y que soñábamos –bajo la lógica de lo absoluto e innegociable– tomar el cielo por asalto llevando adelante nuestros ideales blindados e implacables con nuestras debilidades y/o contradicciones; tampoco somos, por suerte, los escépticos contempladores de una sociedad devastada que parecía haberse tragado ideales y posibilidades de habitar la política desde la perspectiva de una incidencia efectiva sobre una realidad viscosa; tampoco somos, estrictamente, aquellos intelectuales que, con nuestras revistas a cuestas y a contracorriente de las hegemonías culturales de los ’90, insistíamos con la crítica del mundo sabiendo de la corrosión de nuestras propias tradiciones político-intelectuales o, para decirlo casulleanamente, de una crítica capturada, ella también, por un sistema voraz que ni siquiera dejaba lugar para imaginarnos fuera de sus tenazas y de su fuerza de absorción cuando todo discurso, por más radical que pareciese o fuera, quedaba como “un florero en el living del burgués”; tampoco somos, después de diez años de kirchnerismo, los portadores de los mismos entusiasmos que, principalmente, nos conmovieron desde el 2008, pero tenemos (tengo) la certeza de seguir viviendo los mejores años de la democracia argentina, años de profunda reparación no sólo del país sino, fundamentalmente, de nosotros mismos, de nuestra manera de estar en la escena nacional y de repensar muchas cosas. Sin la marca que en nosotros han dejado estos años sorprendentes, sin lo que he denominado en otro lugar “el nombre de Kirchner”, su tremenda interpelación a una sociedad incrédula, nada de lo que ha ocurrido hubiese sucedido del modo como sucedió. El giro de la materialidad histórica habilitó el advenimiento, bajo nuevas condiciones, de esa relación siempre tensa y compleja entre intervención política y mundo de ideas. Lo que parecía desahuciado por la inclemencia de hegemonías pospolíticas y poshistóricas, un abigarrado mundo de tradiciones intelectuales que por comodidad llamo de “izquierda”, pudo regresar sobre la escena de otra realidad para intervenir sobre esa misma realidad. Estos diez años también han rescatado de sus confusiones y crisis, de sus imposibilidades y estrecheces, de sus dogmatismos y sus parálisis, a esas tradiciones nacidas de ideales emancipatorios e igualitaristas. Inclusive ha posibilitado un salto cualitativo para los propios movimientos de derechos humanos, que han visto cómo se concretaban sus demandas cuando nada parecía abrir esa posibilidad en un país dominado por la impunidad y el cinismo. Se pasó de lo testimonial a una política de Estado. Y se lo hizo tanto para reparar una deuda con la memoria de los desaparecidos como para dotar de legitimidad ética a una reconstrucción de la política y de la sociedad. El kirchnerismo conmovió creencias, certezas, sospechas, olvidos, negaciones y, también, nos permitió ser más generosos con los ideales de antaño al mismo tiempo que, para nuestra sorpresa, nos puso en el centro de la escena para disputar una pelea que ya no soñábamos. No nos prometió las certezas de ayer ni sus blindajes ideológicos (por suerte); tampoco nos aseguró que su marcha por el tiempo iba a ser impoluta. Todo lo contrario. Siempre supimos de las contaminaciones, de la resaca, de los límites y de las tramas canallas que se encierran en el peronismo (y que por extensión podríamos ampliar a las experiencias de izquierda que recorrieron el siglo pasado). Sabíamos que íbamos a incursionar en la política desde un lugar insólito para la mayoría de nosotros: defendiendo al gobierno nacional, siendo “oficialistas” y, claro, poniendo en debate, otra vez, la relación entre ideales y política en la época en la que se acabaron las certezas que cobijaron nuestra comprensión de la historia y de su marcha triunfal hacia el socialismo o lo que fuera su equivalente argentino. Vamos en gran medida avanzando sin brújula y casi a ciegas por el escenario de un mundo dominado por un capitalismo implacable que seguirá intentando arrasar con esta anomalía sudamericana que tiene uno de sus enclaves más provocadores en la Argentina (eso sería bueno siempre recordarlo a la hora de ser duros con las políticas oficialistas, es decir, no subestimar lo que significan las ofensivas brutales de la derecha contra nosotros, ofensivas, como ya se ha señalado insistentemente, que ponen en evidencia la enorme provocación que el kirchnerismo le ha hecho al poder real). Pero, sobre todo, no podremos dejar de sentir las tensiones entre las exigencias de la política como lenguaje positivo –seguro de sí mismo y sin fisuras ni ambigüedades– y las demandas de la lengua crítico-intelectual (esto no significa que deba leerse la política sólo desde la linealidad afirmativa y a la crítica como deudora de instancias no políticas o definidas bajo la lógica de una negatividad libertaria). Habitamos esta tensión. Carta Abierta, su especificidad, tiene que ver con esta problemática a la hora de intervenir en la disputa política. Nada nos es fácil ni lineal porque intentamos conjugar sensibilidades distintas, lenguas que no reconocen el mismo origen ni los mismos énfasis. Y sin embargo, Carta Abierta es ambas cosas y debe seguir siéndolo si es que quiere insistir con su contribución (que creo sustantiva) al proyecto emancipatorio que, recuerdo, se inició inesperadamente en mayo de 2003. 2Milani, su ascenso y su nombramiento tienen que ver directamente con estas preocupaciones y con estas contradicciones, nuestras y del proyecto. Lo inmediato, no sé si lo más sencillo, es responder bajo la exclusiva demanda de los principios y de la actividad crítica y, claro, desprendernos de las exigencias de la razón política a la hora de rechazar a quien, supuestamente, está manchado por los crímenes de la dictadura (no es difícil hacer lo que hace el CELS, y eso independientemente de que admire y valore su enorme trabajo en defensa de los derechos humanos, porque su lógica es otra y su manera de colocarse ante las demandas de la feroz disputa política es inversamente proporcional a la nuestra, que no somos una ONG ni un centro de investigaciones que se deben a sus fundamentos normativos y a sus protocolos. Nosotros somos un extraño y algo extravagante colectivo político que navega por aguas tormentosas y para nada cristalinas y que debe asumir posiciones sabiendo que, del otro lado, hay un enemigo dispuesto a aprovechar absolutamente todo lo que digamos y hagamos, pero sabiendo también que no se contribuye a avanzar bajo la lógica de la complacencia y el seguidismo acrítico. Esta tensión nos atormenta y nos enriquece). Un difícil y a veces imposible equilibrio entre las demandas implacables de la lucha política y las demandas, distintas y complementarias, que nacen del ámbito de las ideas y de los dispositivos éticos. Una vieja y siempre renovada controversia que viene acompañando, al menos desde la Revolución Francesa y pasando por todas las experiencias revolucionarias del siglo veinte, cualquier intento de avanzar en una línea popular enmarcada en el interior de la vida democrática. El debate que ha suscitado el ascenso y el nombramiento del general Milani debe inscribirse en esta larga y no saldada tradición, que sólo habita el universo de los proyectos progresistas. A la derecha jamás la desveló este tipo de polémicas (salvando excepcionales reticencias morales de algunos escasos intelectuales provenientes de ese sector). Seguramente es esa condición la que ha sostenido moralmente –tanto en la victoria como en la derrota– a las tradiciones de izquierda y nacional populares. Para ellas nada es lineal ni se resuelve bajo la exclusiva lógica de la razón de Estado. Por eso nos preocupa y nos ocupa la “cuestión Milani”. Horacio González ha escrito un texto importante que nos exige reflexionar sobre nosotros mismos. El, eso creo, está convencido de la opción, voy a llamarla por comodidad, “ética” que, no por ser tal, deja de ser política. Su planteo, complejo y profundo, nos lleva a debates que no pueden resolverse en algunas líneas o de manera unívoca. Es el debate de la decisión moral, de la permanencia de los principios y de la capacidad de todo individuo de elegir, inclusive en las peores circunstancias, si hacer el mal o no. Pero es también la discusión, nada menor, de los cambios en la vida de una persona (los ejemplos que ha dado Horacio, igual que otros que han intervenido en el debate, son multiplicables e involucran muchas experiencias –incluyo acá al ejército israelí, como para complicar todavía más la cuestión–. Siguen siendo indispensables, eso creo, las tremendas reflexiones de Dostoievski en Los demonios para también incorporar no sólo a quienes cometieron actos repudiables desde una maquinaria de derecha sino también para interpelar las prácticas revolucionarias y sus violencias). Y, surge con fuerza irrecusable, la cuestión de la culpa y de la responsabilidad. Vale, eso creo, seguir estas discusiones, que son imprescindibles. Pero también vale establecer las sutiles, y no tanto, diferencias entre un debate crítico-intelectual, ese mismo que puede recorrer argumentaciones difícilmente asimilables por el sentido común, y la controversia política atravesada por las demandas de una realidad implacable. Vivo esas tensiones, no las rechazo. De la misma manera, y de eso estoy convencido, de que no se trata de una involución del Gobierno ni de un cuestionamiento a la política de derechos humanos que ha sido y sigue siendo extraordinaria, única en el mundo (por eso mismo no se la puede debilitar ni supeditar a “otras” exigencias de la hora, pero tampoco se puede cuestionar, corriendo por izquierda, a quienes han encabezado un proceso de reparación que sigue avanzando sin dejar de lado a los responsables civiles y eclesiásticos –recuerdo la condena a Von Wernich y el procesamiento de Blaquier–). Sigo teniendo una confianza última y profunda en quien lidera el proyecto, al mismo tiempo que reconozco las grandes dificultades que nos seguirán desafiando en estos dos años. No haría de la “cuestión Milani” el centro de lo que hoy necesitamos disputar políticamente, aunque considero que no debemos ni podemos eludir lo que su emergencia ha suscitado entre no- sotros, al precio de arrojar por la borda una parte sustancial de nuestras herencias ideológicas y de los valores que ellas contienen. Es un debate que nos incumbe y nos exige. Sus consecuencias no son ni podrán ser unívocas allí donde arrastran logros y virtudes indudables, oscuridades y ambigüedades. Lo sabemos.

ECONOMIA › OPINION Cuidado con los formadores Por Raúl Dellatorre

Entre la política de administración de precios de la gestión anterior de la Secretaría de Comercio (congelamiento y acuerdos parciales de Guillermo Moreno) y la que acaba de lanzar el actual equipo económico, se escucha y lee en estos días que las principales diferencias son “de estilo” y “un poco más de prolijidad” ahora que antes, pero no mucho más. Por eso, quienes así analizan la cuestión no le asignan gran futuro al actual ensayo, porque no ataca “las causas reales”, que no serían otras que un excesivo gasto público y una emisión monetaria descontrolada. Traducido en términos simples: proponen resolver la inflación con una brutal recesión, que en definitiva convalide la transferencia de ingresos en favor de quienes abusaron en estos últimos meses de su posición dominante en los mercados y se favorecieron en su rol de “formadores de precios”. La conducción económica (y sobre todo la política) del Gobierno rechaza esta receta, asumiendo todos los riesgos que ello implica. Lo hizo con el intento de administración acordada de Moreno y vuelve a rechazarlo con el nuevo ensayo. El anterior fracasó. El plan actual muestra diferencias importantes con la estrategia de su precedente. Parte de un diagnóstico diferente: reconoce la existencia de una concentración excesiva en mercados fundamentales, presencia de formadores de precios capaces de controlar las cadenas respectivas de producción y comercialización, y de conductas comerciales abusivas y engañosas, que desprotegen a consumidores que terminan sin saber qué vale cada cosa ni cómo defenderse. Consumidores que sospechan que les están robando, pero tampoco saben quién lo hace. Tras reconocer esas falencias, la nueva política de precios ensaya algunos intentos de revertirlas. Pone en manos de los consumidores un listado importante de artículos y precios (la información, como herramienta defensiva), con el compromiso de las grandes cadenas de ofrecerlos en esas condiciones (acuerdo con los oferentes). El acuerdo debería funcionar por tres meses (una especie de tregua), tras lo cual se podrían revisar los precios. Antes de que eso ocurra, el Gobierno se propone hacer un seguimiento de la cadena de producción y comercialización para verificar potenciales nudos u obstáculos que afecten el abastecimiento o la estructura de precios (atacar las causas estructurales, los cuellos de botella, oferta no competitiva). Quienes afirman que los acuerdos de precios fracasan indefectiblemente porque atacan sólo las consecuencias pero no las causas deberían prestar alguna atención a este aspecto de la propuesta. Los análisis de mercado en los despachos de los actuales ocupantes del Palacio de Hacienda indican que no son más de 80 proveedores los que controlan el 75 por ciento de los productos que componen la canasta básica de consumo de la población. Siendo tan pocos, ostentan un enorme poder. Pero también al ser menos, constituyen un objetivo más preciso para su control. En ellos, y en las 20 o 30 grandes cadenas que ocupan una proporción similar de la comercialización, está centrada la actual etapa de la batalla contra la inflación. Estos mismos grandes actores fueron los que hicieron fracasar el plan anterior, de Guillermo Moreno, traicionándolo: pergeñaron maniobras de cambios de packaging (presentación de envases) o directamente sustitución de productos acordados por otros ajenos al acuerdo, que viabilizaron aumentos en las góndolas del 185 por ciento (lavandina de la marca líder) o el 244 por ciento (yogures de la primera marca del rubro) tan sólo en los nueve meses de vigencia del acuerdo (abril a diciembre de 2013). Esos mismos actores vuelven a estar dentro del nuevo acuerdo. El que cambió es el actor del otro lado del mostrador: el Estado. Al menos, en su actitud de control y seguimiento. Nadie puede garantizar un resultado exitoso, pero habrá que reconocer lo promisorio del cambio. El planteo del conflicto por parte de las actuales autoridades muestra, también, el reconocimiento de un aumento en el precio de bolsillo para muchos artículos de primera necesidad muy por encima del índice oficial de precios al consumidor. Algunos de los promotores de los índices alternativos opositores, inclusive desde el Congreso, lo festejaron. Pero también deberían pronunciarse sobre la responsabilidad de los grandes formadores de precios, que aplicaron aumentos desorbitantes e injustificados hasta diciembre, que los “relevamientos privados” computaban pero no denunciaban. Esas actitudes, ahora conocidas con nombre y apellido, merecerían algún tipo de pronunciamiento público de quienes vienen ocupándose insistentemente del “flagelo de la inflación”. Sería interesante que se pronuncien sobre este nuevo y diferente intento oficial de controlarlos, y hasta que se sumen a la convocatoria de un control popular de precios. Si no, correrían el riesgo de que alguien confunda su silencio con una actitud cómplice hacia los grupos dominantes.

Cuando los reyes no son magos

Qué épocas. Entonces no había cortes de luz y Viena brillaba como el nuevo faro de Europa. Corría 1814 y este año se cumplen dos siglos de aquel encuentro de la realeza. Magnífico. Como Marx sentenció años después, Napoleón, en su afán de poder imperial, había paseado las ideas de la burguesía por todo el continente. Los reyes, príncipes y princesas veían temblar los cimientos de su poder. Vivían de guerra en guerra pero también de intriga en intriga y de componenda en componenda. El gran arquitecto de aquel Congreso de Viena había sido el elegante Klemens Von Metternich, el mismo que había convencido al emperador Francisco I unos años antes de que entregara a su hija María Luisa al lecho del pequeño corso. Sí, aquella princesa, con sus 19 añitos, entraba en las grandes ligas francesas al casarse con un veterano Napoleón Bonaparte que a sus 41 ya se había convencido de que Europa era suya. Sí, la austríaca María Luisa se convertía emperatriz consorte de los franceses en 1810, justo cuando los españoles veían a su rey Fernando VII preso del pequeño José, el hermano borrachín del emperador. Un Fernando VII al que el visionario Bernardo de Monteagudo veía dialogando nada menos que con el inca Atahualpa y daba fundamentos para convencerse –y convencer a otros– de que el contrato social entre el monarca y los súbditos americanos se había hecho pedazos. Monteagudo, San Martín, O’Higgins, Bolívar y otros muchos fueron por las armas, de frente. No tenían la pericia política del noble Metternich, visionario de la restauración monárquica. Podría pensarse al austríaco como un mago. Tan mago como muchos futbolistas en el siglo XX: el Mago Helenio Herrera, el Mago Rubén Capria, también el venezolano Jorge el Mago Valdivia y el paraguayo Roberto Cabañas. Metternich la tuvo muy clara: había que aliarse con Napoleón para luego destruir a Napoleón. O acaso el noble austríaco no era un apasionado de Nicolás Maquiavelo. O acaso esa aristocracia de sangre azul no podía ser la mejor representante de la burguesía europea. Metternich estaba convencido de que lo haría mucho mejor que ese corso resentido que conducía un ejército de campesinos también resentidos, conducidos por una oficialidad formada en las mejores academias de los luises. Qué momento. Tanto temor y tanta astucia al mismo tiempo. Esos eran reyes magos. El corso volvía a medir apenas uno cincuenta cuando intentó llevarse puestos a los zares. Napoleón tendría que haber leído anticipadamente a Tolstoi que contó en Guerra y paz cómo era esa mezcla de espíritu nacionalista patriótico y devoción por los zares. Pero claro, Tolstoi escribiría esa obra mayor medio siglo después, mientras que Napoleón cruzaba con sus ejércitos hacia Moscú hacia 1812, cuando la austríaca María Luisa le mandaba cartas a su papá Francisco I contándole lo chic que era vivir en París. Todo llegaba: Napoleón volvía, con la frente marchita, y los nobles del mundo se unían mucho antes de que Marx les pidiera a los proletarios que hicieran lo propio. Así, en tierras prusianas, una coalición de ingleses, austríacos, húngaros, polacos, prusianos y hasta nobles franceses exiliados batió a los napoleónicos en Leipzig. El Mago Metternich desplegó la diplomacia y dijo que era hora de jugar de local: Viena fue, entre octubre del 14 y junio del 15, la sede de la restauración, donde volvían a tomar fuerza las aduanas interiores, los impuestos reales, los banqueros y, por supuesto, los religiosos católicos del Vaticano y protestantes anglicanos. Todos juntos, carajo, unidos y vigilantes para evitar a los liberales. Muchos críticos de Napoleón decían en la prensa parisina que el emperador se había pasado de listo, que había ido demasiado lejos, que había permitido que se le juntaran tantos enemigos. Los nobles europeos ya tenían preparado el reemplazo: no podía ser otro que un Luis auténtico, un Borbón de pura cepa, un nieto de Luis XV, porque de restaurar la monarquía se trataba. El Congreso festejó en Viena cuando Napoleón abdicaba y respiraba tranquilo cuando lo aislaban en Santa Elena. Pero el emperador escapó y, sin redes sociales ni prensa adicta, logró juntar de nuevo la grande armée. Hay que leer la prosa romántica de Víctor Hugo cuando cuenta la rentrée de la caballería napoleónica llenando de merde las calles de París y la infantería desfilando por el Sena metiendo miedo a la canalla monarquía. Por un momento, el Congreso de Viena pensó que se quedaba a oscuras, como muchos barrios porteños dos siglos después. Pero la luz monárquica volvía. ¡Ay!, hay que volver a Víctor Hugo, cuando cuenta la versión francesa y napoleónica de Waterloo, ese campo belga donde Wellington esperaba con flema inglesa al ejército más temido. Hay que leer cómo fue la mala suerte de ese día caluroso y brumoso del 18 de junio de 1815. Waterloo precedió por tres días al verano europeo. Da la coincidencia de que, apenas 10 días antes, los nobles habían levantado el Congreso. Sabía que, de nuevo, los generales nobles del mundo unidos iban a presentarle batalla al pequeño corso. Sabían que eran tiempos, irremediables, de restauración. Como diría muchos años después un restaurador argentino, en 1955: vinimos a hacernos cargo del poder para que el hijo del portero siga siendo portero. Allí, en las humedades de Waterloo, cuenta Víctor Hugo, ni la guardia de coraceros de Napoleón funcionó. Todo se había coaligado, mágicamente según el relato romántico victorhuguista, para que la burguesía se fuera a pasear de ahí en más en las bayonetas de los reyes y zares. Así, en esa desafortunada mañana belga, los caballos normandos, imponentes, de los coraceros, se desbarrancaban en ese pequeño monte erigido en unos inmensos trigales que solían bañar de amarillo la campiña belga. Napoleón caía y María Luisa, esa señora de sangre azul austríaca, dejaba de ser emperatriz de todos los franceses para seguir siendo lo que siempre era: una Habsburgo, hija del emperador de Austria, heredera de las galas del Sacro Imperio Romano Germánico. Volvió a Viena con el niño que había tenido con Napoleón y que también se llamaba Napoleón y que, a los tres añitos, no le quedó otra opción que la educación restauradora. Dos siglos después, la realeza europea todavía está viva. Cayeron los socialdemócratas y hasta los bufones como Il Cavaliere, pero siguen en pie Juan Carlos I de España, Guillermo de Holanda y por supuesto la porteñísima y realísima Máxima Zorraguieta. También sigue en pie, aunque con paso lento, doña Isabel de Inglaterra. Y muchísimos más. Como hace dos siglos, tienen banqueros que se ocupan del menudeo, y también variopintos presidentes y primeros ministros elegidos para hacer frente a las zozobras del Estado. Siempre es tentador decir que les falta un Metternich, un mago capaz de poner a una María Luisa en el sillón del imperio adversario, para luego sacarla con honores. Lo que pasa es que los reyes magos no existen. Fueron las barricadas de París, las de 1848, cuando había hambre en Europa, sí, aquellas barricadas de Los miserables de Víctor Hugo (y dale con Víctor Hugo) las que hicieron temblar los cimientos del Congreso de Viena. Sí, en ese 1848 que llevó a Marx y a Engels a escribir eso de que un fantasma –y no un mago– recorría Europa.

ECONOMIA › FRENAR LOS AUMENTOS FIJANDO LIMITES A LOS FORMADORES DE PRECIOS, LA ESTRATEGIA DE AUGUSTO COSTA El consumidor de aliado contra la inflación

En esta entrevista, el flamante secretario de Comercio explicó el nuevo acuerdo de precios, que apuesta a un rol activo del consumidor en el control. Por Javier Lewkowicz “La lógica empresarial maximizadora de beneficios pone ciertos límites a la justicia redistributiva. Estamos apuntando a limitar la capacidad de los formadores de precios de apropiarse de lo que no les toca”, consideró el secretario de Comercio, Augusto Costa. El funcionario dialogó con Página/12 y otros medios sobre su visión acerca del nuevo acuerdo de precios, pero también analizó aspectos de la inflación y la dispersión de precios en la economía local, la concentración de mercado en sectores clave y los objetivos que se trazó para su gestión, que comenzó a principios de diciembre. Adelantó próximos pasos que tomará el acuerdo de precios y apuntó a los analistas que critican la medida: “Buscan confundir para vetar todas las iniciativas del Gobierno”. –El Gobierno afirma que la lista del acuerdo de precios refleja precios transparentes, vinculados con costos reales. ¿Eso quiere decir que el diagnóstico que subyace es que existe una parte del componente inflacionario en la economía local que tiene que ver con situaciones estructurales de abuso de las empresas? –Es un hecho que el patrón de crecimiento argentino tiene una lógica en la cual el Estado, mediante todas sus herramientas de incentivo a la demanda, a la industria y con su política de ingreso, dinamiza el mercado interno, genera condiciones para el crecimiento, para la obtención de rentabilidad en muchos sectores y para la mejora en las condiciones de vida de la población. Pero nuestra economía en el último cuarto del siglo XX se concentró de una manera alarmante. Eso se da en muchos sectores, como productores de bienes de consumo masivo, insumos difundidos y también las ventas minoristas. Entonces el Estado, pendiente de dinamizar la demanda, se encuentra con esta estructura heterogénea y concentrada en algunos sectores. Es nuestro punto de partida. Cuando uno fomenta la demanda bajo las condiciones de mercado descriptas, los actores que tienen capacidad de formar precios pueden apropiarse de rentabilidad extraordinaria. La política macroeconómica entonces apunta en una dirección, pero la lógica empresarial maximizadora de beneficios pone ciertos límites a la justicia redistributiva. Formadores de precios hubo siempre, es cierto, pero un proceso de crecimiento sostenido como el argentino hoy exige restablecer pautas en materia de precios. Desde la Secretaría de Comercio buscamos que los precios y el abastecimiento sean consistentes con la política macroeconómica. Identificamos que a lo largo de algunas cadenas de valor existe una apropiación de la renta que penaliza a los actores más débiles, ya sean consumidores o pequeños productores. Con las distintas políticas que estamos llevando a cabo desde varias dependencias, estamos apuntando a limitar la capacidad de los formadores de precios de apropiarse de lo que no les toca. Esto es un objetivo central de nuestra política. –¿El alto grado de concentración es un hecho irreversible? ¿El Gobierno ve como un objetivo saludable modificar ese esquema? –La concentración en cualquier economía es algo natural y propio de la dinámica del capitalismo. En la Argentina, la voluntad del Gobierno es generar las condiciones para que haya oportunidad de negocios, para que se incorporen nuevos actores, para que haya posibilidad de competir en mercados que hoy están concentrados. En ese sentido está el impulso a las pymes, a la industria local. Dependiendo del mercado, es más fácil o no avanzar en ese objetivo. Pero el Gobierno tiene una política clara de impulso a las pymes. –¿Cómo impacta la concentración del mercado en la falta de referencia de precios? –El objetivo con esta canasta es atacar un problema que se deriva de la estructura de mercado oligopólica, que tiene que ver con la pérdida de referencia de los consumidores sobre precios relativos y de determinados productos de consumo diario. La dispersión de precios responde a la capacidad para fijar condiciones de mercado por parte de los actores concentrados. Yo insisto mucho en este punto. El café La Morenita en el Coto de Monroe está 18,26 pesos, y en el Coto de Avenida San Martín, 15,80 pesos. El Shampoo Plusbelle en el Carrefour (de la calle) Almafuerte, 19,76 pesos, en el (supermercado de descuentos) Dia de (avenida) Boedo, 20,49, y en el Disco (de avenida) Entre Ríos, 21,19 pesos. ¿Cuánto salen los bienes? Depende de dónde los compre. Hubo abusos, se perdió referencia en precios clave por la capacidad de discriminar que tienen los supermercados, de decidir qué cobrarle a cada consumidor, que ahora se quedó con menos herramientas para tomar decisiones. –¿Cómo se realizará la difusión de los precios de referencia? –Esta política exige un conocimiento profundo por parte de cada argentino de la canasta de referencia y eso no se conseguirá en forma pasiva. El consumidor también tendrá que moverse, informarse, conocer. La gente va a tener que empezar a cuidar los precios junto al Gobierno. El problema es que hoy informarse es muy caro: tengo que recorrer 20 supermercados para encontrar una referencia. Es un imposible en términos de información. Los productos y los precios del acuerdo ahora tienen que grabarse en la cabeza de los consumidores. Si cada uno lo incorpora, va a poder poner un límite a los formadores de precios. Para eso los productos en las góndolas también tienen que estar muy bien señalados. Por eso desarrollamos una marca, que se llama Precios Cuidados. La señalización va a ser homogénea en todos los supermercados, al igual que los precios, que serán uniformes. Esto no funcionará sin una comunicación efectiva. Y el que pretenda que el lunes esté todo brillante, no está tomando el tema con seriedad. Irá tomando forma y mejorando con el correr de los días. –¿Por qué la canasta elegida puede ocupar el papel de “disciplinador de precios”? –Yo confío en que la canasta va a tener un efecto económico muy importante. Los consumidores no van a validar precios que no tienen relación con los de la canasta de referencia. Estoy convencido de eso. Sólo se validan precios desproporcionados cuando no hay suficiente información. La política consiste en tener información para tomar decisiones. Si uno sabe que la gaseosa cola está en el supermercado 12,50 pesos, cuando va a al kiosco puede y debe pagar más. Pero cuánto más, dependerá de cada uno, porque la referencia del precio de supermercado estará clara. Si no conozco cuánto sale en el supermercado, por ahí pago 20 pesos en el kiosco. Pero si estoy al tanto de que está 12,50 pesos, por ahí no lo haga. La canasta de referencia permite brindar señales a los consumidores para que puedan tomar decisiones informados. –¿Cómo se va a trabajar en la revisión de los precios del acuerdo cuando haya variación de los costos, por ejemplo, cuando llegue el momento de las paritarias? –Las grandes empresas proveedoras de consumo masivo y los supermercados saben que los salarios no sólo son un costo, sino que también son un factor de demanda. Tuvieron un crecimiento explosivo de las ventas y posibilidad de mejora de la rentabilidad a raíz del dinamismo del mercado interno, impulsado por la política expansiva del Gobierno. En general, todos los factores que hacen a los costos van a estar sobre la mesa. En el caso de las paritarias, habrá que evaluar el impacto real en el costo. También puede suceder que una empresa argumente que se aceleró la tasa de devaluación y diga que tiene que subir los precios en la misma magnitud. Bueno, ahí hay que ver cuánto es el componente importado. Vamos a identificar el impacto real del cambio en cualquier circunstancia económica. Con esta revisión evitaremos que las empresas trasladen aumentos de costos desproporcionados. Y también cabe aclarar: los precios van a subir y bajar. Cuando hay formadores de precios, los precios suben y después no bajan. Con este mecanismo vamos a lograr que los precios bajen cuando deban hacerlo. También trabajaremos sobre otros costos, como la logística. –¿En qué consistirá ese trabajo? –Depende del factor del costo que se trate. Si hay problemas de logística por algún limitante en las rutas, por el financiamiento de las empresas o por falta de infraestructura, el Estado estará presente con líneas de crédito e inversión pública. Cualquier factor que limite la capacidad de expansión de la oferta intentaremos subsanarlo. Estamos incorporando empresas de segundas marcas a la canasta que sabemos que si sube la demanda, se puede complicar su capacidad productiva. Entonces vamos a trabajar para que inviertan. Si no garantizamos que la capacidad de oferta responda a la demanda incremental, no sirve. –Este acuerdo de precios involucró un grado más alto de formalidad en relación con iniciativas anteriores en materia de precios. ¿Es una característica que quiere imprimirle a su gestión en la Secretaría? –Inicialmente fue un reclamo de los propios autores, ellos pedían formalidad, lo cual me parece que es una buena señal. Después dependerá de las circunstancias de cada iniciativa. Cabe aclarar que en esta primera instancia incorporamos a los supermercados y a su proveedor inmediatamente anterior. Pero nuestro objetivo es ir revisando los márgenes en toda la cadena y abarcar a todos los eslabones. Es una política progresiva. No nos podemos proponer en un mes llegar al tambero. Esto se va a ir desarrollando, avanzaremos en la cadena de valor de manera coordinada con otras dependencias para identificar qué políticas hay que aplicar para mejorar la productividad y evitar los cuellos de botella. Compartir: Twitter

ARRANCÓ 2014 Precios y salarios en el ring

ARRANCÓ 2014 Precios y salarios en el ring POLÍTICA / (Por Eduardo Anguita) Las declaraciones de Roberto Baradel y María Laura Torre, dirigentes del gremio más numeroso de los 300.000 docentes bonaerenses, a Miradas al Sur, son una muestra del escenario que se avecina: la lucha salarial de los maestros no es comparable con los reclamos extorsivos de la Policía. El solo hecho de despegarse del piso del 35% obtenido por las revueltas de los uniformados no quita lo que estos dirigentes gremiales afirmaron: “Nos asombra cuando el gobernador se reúne con los representantes de la renta ganadera más grande del país para ceder beneficios impositivos que deberían volcarse a la población”. 2014 arrancó caliente, no solamente por las altas temperaturas y los cortes eléctricos, sino por los significativos aumentos de precios y tarifas que impactan en el bolsillo popular: los aumentos de la harina y el azúcar –sumados a los del transporte colectivo, los combustibles, los peajes y el anunciado del subte– son apenas unos ejemplos. En cuanto a la canasta familiar, el plan Mirar para cuidar contemplaba 500 productos y ahora son menos de doscientos. Aquellos precios eran congelados voluntariamente, mientras que éstos serán flexibles. En la perspectiva de las discusiones paritarias, la dirigencia gremial en sus cúpulas está atomizada. En cuanto a los empresarios, tienen un espejo para ver lo que no deben hacer: los comportamientos de Edenor y Edesur. Mientras tanto, la oposición política está haciendo los primeros pininos para buscar candidaturas para 2015, y en el oficialismo todos se preguntan qué hará Cristina.