EL ESTADO DE LOS EXPEDIENTES QUE INVOLUCRAN GRUPOS ECONOMICOS Responsabilidad empresaria

El año pasado se confirmaron los procesamientos del dueño del Ingenio Ledesma, Carlos Blaquier, de tres directivos de Ford y del ex titular de la Comisión Nacional de Valores. Pero en muchas causas hay demoras. Por Alejandra Dandan Las investigaciones sobre la responsabilidad empresaria en crímenes de la dictadura avanzaron lentamente durante 2013. El dato más significativo fue la confirmación de la Cámara Federal de Salta de los dos procesamientos del dueño del Ingenio Ledesma, Carlos Blaquier, y de su administrador Alberto Lemos, por su participación en 29 secuestros. Otro dato fue la confirmación de la Cámara Federal de San Martín del procesamiento de tres directivos de Ford por el secuestro de 24 obreros ocurridos durante 1976. Hubo también otros avances. El procesamiento con prisión preventiva dictado por Daniel Rafecas y confirmado por la Cámara de Casación del ex titular de la Comisión Nacional de Valores, Juan Etchebarne, amigo íntimo de Alfredo Martínez de Hoz, por su rol en la organización de un grupo de tareas destinado al secuestro del grupo empresario Grassi-Chavanne. En el contexto de las investigaciones a empresarios por su rol durante la última dictadura, este año, en la causa Papel Prensa, el Ministerio de Defensa aportó las actas de la Junta Militar halladas en el edificio Cóndor. También fueron importantes los allanamientos promovidos por el juez Norberto Oyarbide a la empresa Acindar, la apertura de una causa para investigar la responsabilidad de Bunge y Born en la desaparición de un grupo de trabajadores de la planta Avellaneda de Molinos Río de la Plata y el informe publicado por la Comisión Nacional de Valores en marzo del año pasado. Entre los avances, hubo procesamientos para los directivos de la empresa Mina el Aguilar de Jujuy, muchos de cuyos trabajadores pudieron declarar este año en el juicio oral que se llevó a cabo en esa provincia. También hubo un impulso para la investigación por los desaparecidos y secuestrados del INTA. Pablo Llonto es abogado querellante de algunas causas emblemáticas que involucran a grupos empresarios. En su balance hay cuestiones positivas, pero también mucho pendiente: “Se avanzó en los casos de civiles con dos agregados importantes: la confirmación de los procesamientos de Blaquier y la resolución de Casación, que establece la citación a indagatoria del primer periodista en causas de lesa humanidad por hechos cometidos desde una acción periodística, como fue usar un reportaje a una secuestrada para encubrir los delitos que se cometían en la ESMA. El caso es el del periodista Agustín Botinelli, de la revista Para Ti, en el secuestro de Thelma Jara de Cabezas”. Pero todavía en materia de civiles, dice, “queda mucho por hacer con los directivos de las empresas que fueron partícipes de los secuestros de sus trabajadores y delegados. En el juzgado federal de San Martín se avanzó con los directivos de la Ford, pero hay que lograr que ello se extienda a toda la Argentina”. Una Conadep económica Otro dato significativo de 2013 fue la propuesta que hicieron Horacio Verbitsky y Juan Pablo Bohoslavsky en el marco de la presentación del libro Cuentas pendientes: crear una Conadep que analice e investigue las causas de responsabilidad empresaria. En ese sentido, hubo un proyecto en la Legislatura de Río Negro que fue firmado por todos los legisladores del bloque del FpV. Y otro proyecto que elaboró el diputado Hector Recalde y que impulsa la creación “en el ámbito del Congreso de la Nación de una Comisión Bicameral de Identificación de las Complicidades Económicas durante la última dictadura militar para la búsqueda de la Verdad, la Memoria, la Justicia, la Reparación y el Fortalecimiento de las Instituciones de la Democracia”. En lógica de balance, Bohoslavsky señala que durante 2013 hubo “avances judiciales, administrativos, informativos, simbólicos y académicos en materia de responsabilidad por complicidad civil”. El mayor logro, sin embargo, “ha sido la consolidación de la narrativa que explica con argumentos racionales el involucramiento planificado y sistemático de los actores económicos en el plan criminal de la dictadura. También la disposición a pensar la responsabilidad por complicidad desde mecanismos de verdad, justicia y memoria que exceden largamente la reacción penal. Una explicación más amplia de lo que sucedió permite ubicar en un marco general piezas de información que han permanecido sueltas”. Y en ese sentido da un ejemplo que entendió cuando presentó el libro en Río Negro: “La represión de los chacareros cooperativistas de Río Negro, la sucesiva concentración de los negocios de la fruta en esa provincia y el terrorismo de Estado pueden pensarse ahora como engranajes de una misma maquinaria”. La importancia de los megajuicios En este momento hay 12 juicios orales en curso. En ellos, se juzga a 219 imputados por unas 2000 víctimas. Esto muestra que hay un promedio de 166 víctimas por cada juicio. Pero el “promedio” no refleja la situación real. Aún hay juicios fragmentados y pequeños, pero la política que se profundizó este año va hacia otro lugar. En la Ciudad de Buenos Aires se están haciendo dos debates, ambos con características de megajuicio: Plan Cóndor, con 24 imputados por 106 víctimas y el juicio unificado de la ESMA, por 66 imputados y por casi 800 víctimas. En Córdoba sucede lo mismo: el juicio por los crímenes de La Perla tiene en el banquillo a 44 imputados por un total de 417 víctimas. Y juicios que terminaron este año con las mismas características alimentaron las estadísticas de condenas. Entre ellos estuvo el juicio de Tucumán con 41 acusados por 234 víctimas. Carolina Varsky, de la Procuración, señala que “a través de estos números ahora pueden verse los resultados de las políticas que viene impulsando la Procuración desde hace años con el pedido de unificación de las causas y también muestran el efecto, la importancia y el impacto que tienen los grandes juicios. Lo que se vio este año es la maduración del proceso. Y también el resultado del uso de las reglas de la Cámara de Casación, que no es menor”, agrega. Se refiere, por ejemplo, a las reglas que permiten a los testigos que ya declararon no tener que volver a hacerlo. “Esto permite aprovechar los días de audiencia, no repetir prueba que ya se obtuvo en juicios anteriores y ayuda a evitar que el testigo no se revictimice al tener que volver a actualizar todo”. Demoras en la Corte La demora en la confirmación de las sentencias por parte de la Corte Suprema es un tema que preocupa a los organismos de derechos humanos. Uno de los problemas que genera es que trunca el proceso de justicia. Los acusados que mueren antes de esa última confirmación, por ejemplo, no terminan jurídicamente condenados sino “sobreseídos por muerte”. Uno de los ejemplos fue el del dictador Jorge Rafael Videla. Tenía una sentencia firme del Juicio a las Juntas. Pero murió este año sin tener ninguna sentencia firme como producto de este nuevo proceso de justicia, apunta en este caso Lorena Balardini, del CELS. Otro dato paradigmático es el suboficial Gregorio Medina. Medina fue el primer condenado por una violación sexual como delito de lesa humanidad. La condena fue del año 2010. La dictó un tribunal de Mar del Plata. Casación confirmó ese fallo con una resolución muy importante, pero Medina quedó “sobreseído” porque murió antes de que la Corte confirmara la condena. “Llegamos al final 2013 con tan sólo 28 condenas firmes a genocidas desde la apertura de los juicios en 2006”, dice la abogada Liliana Alaniz, militante de Apel, representante de Justicia Ya! en el juicio ESMA. 02/01/14 Página|12

EL 2013 TERMINO CON 520 CONDENADOS Y 927 PRESOS POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD DURANTE EL TERRORISMO DE ESTADO La hora de revisar el rol de la Justicia

Hay 272 civiles involucrados en causas que tuvieron un movimiento significativo el año que terminó y seguirán avanzando en el que empieza. Cincuenta y tres entre esos acusados están vinculados con el Poder Judicial. Por Alejandra Dandan El 2013 concluyó con varios datos significativos en las causas de lesa humanidad. Hubo un aumento de 144 detenidos: pasaron de 593 en 2011 a 813 en 2012 y ahora son 927 en 2013. Y no hay en este momento constancias de detenidos en dependencias del personal militar. El año terminó con 520 condenados: 142 más que en 2012, que representa un aumento del 27 por ciento. Los números pertenecen a las últimas estadísticas de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. Pero el año tuvo otros datos significativos. Hay 272 civiles involucrados en distintas causas, sobre un universo de 2335 imputados. La información surge de un relevamiento hecho por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y muestra otro de los efectos de las políticas de persecución penal de este año. Entre los civiles acusados –conjunto que incluye a hombres de la Iglesia y empresarios– sobresalen los funcionarios del Poder Judicial: son 53 casos, 32 de ellos son jueces. El número es elocuente si se tiene en cuenta que hasta aquí hay un solo juez condenado. Los civiles y el Poder Judicial Según datos del CELS, a diciembre de 2013 son 272 los civiles registrados en distintas causas, lo que representa el 12 por ciento de los 2335 imputados. Es significativa la presencia del personal civil de Inteligencia, de sacerdotes o profesionales de salud, entre los que hay médicos, varios de los cuales están afectados a causas de robo de niños. Pero el dato más relevante es el del Poder Judicial. Hay 53 personas mencionadas en distintos procesos. Entre ellas hay fiscales, asesores de menores, defensores, secretarios y jueces. Los datos de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, que encabezan Jorge Auat y Carolina Varsky, indican que las causas en la que estas personas están involucradas tuvieron movimientos importantes durante este año. En esta línea, Varsky destaca que este año quedó firme la condena impuesta al ex juez Víctor Hermes Brusa. Brusa es hasta ahora el único juez condenado –la sentencia fue en 2009–, aunque cuando cometió los crímenes era secretario de juzgado. Este año también se elevaron a juicio dos causas que involucran a seis ex funcionarios judiciales: Rolando Evaristo Carrizo Elst, Gabriel Francisco Guzzo, Luis Francisco Miret, Guillermo Max Petra Recabarren y Otilio Ireneo Roque Romano Ruiz en Mendoza y Luis María Vera Candioti en Santa Fe. Y distintas Cámaras Federales confirmaron procesamientos de cinco imputados: Roberto Catalán (La Rioja), Roberto Mazzoni (Resistencia), Luis Angel Córdoba (Resistencia), Gustavo Modesto Demarchi (Mar del Plata) y Manlio Torcuato Martínez (Tucumán). Detrás de los datos El movimiento en torno de los funcionarios judiciales implica una revisión sobre el rol de la Justicia durante la última dictadura. Un rol que durante años se vio como “inactivo” y ahora se lo entiende como “activo”, aun en su supuesta inactividad. Dos resoluciones consolidaron esa línea de interpretación. Una de Omar Palermo, ahora integrante de la Corte Suprema de Justicia de Mendoza, cuando era fiscal y tuvo que pensar responsabilidades de imputados en una provincia paradigmática en ese sentido. Y otra de la Cámara de Casación en marzo de 2013, en la que se revocó el sobreseimiento del ex juez salteño Ricardo Lona. Allí se señaló: “Con tristeza estamos descubriendo que esos abogados fueron nombrados jueces federales para cumplir el rol de denegar justicia a cualquiera que mediante su reclamo cuestionara o revelara el plan sistemático de eliminación de oponentes políticos”. Lorena Balardini, coordinadora del área Memoria, Verdad y Justicia del CELS, sostiene: “Las responsabilidades empresariales y judiciales están tematizadas desde la época de la Conadep. Siempre hubo menciones a los distintos poderes del Estado, pero eso no se había traducido en persecución penal. La hipótesis que tenemos es evidentemente que toda la cuestión civil estuvo presente en la transición democrática, pero lógicamente no hubo un foco en esa cuestión, salvo en el tema de la Iglesia. Ese tema estuvo muy presente, y sigue estando. Lo trabajó desde Emilio Mignone a Horacio Verbitsky. Pero sin embargo no tuvo su correlato en la persecución penal. Con los jueces existe un solo caso hasta ahora de una persona condenada. En ese sentido está todo por venir.” Brusa visitaba los centros clandestinos de detención. Su caso es paradigmático, pero “no todos los jueces fueron Brusa”, dice Balardini. El juicio que comenzará en febrero en Mendoza va a ser importante, entre otras cosas, porque permitirá ver las distintas dimensiones en las que se está pensando la intervención de la Justicia. “No todo accionar fue visitar centros clandestinos. También son ejemplos de aquello no investigar, cajonear, no citar testigos, rechazar sistemáticamente hábeas corpus o dar la espalda a familiares”, señala. “Durante mucho tiempo se discutió este tema y se decía que los jueces estaban atados de pies y manos. O que estuvieron ‘inactivos’. Lo que ahora se ve es que los jueces o integrantes del Poder Judicial tuvieron un rol ‘activo’ a su modo. Porque su rol no era picanear, sino, por ejemplo, impedir el acceso a la justicia.” Juan Pablo Bohoslavsky trabaja en la edición de un libro de varios expertos sobre la complicidad de funcionarios judiciales y abogados durante la dictadura. “Contra lo que sugiere la literatura comparada en la ciencia política, el Poder Judicial durante la dictadura en Argentina fue activo –no sólo complaciente o apolítico– en su colaboración con el régimen, cubriendo una amplia y variada gama de conductas”, dice uno de los párrafos de presentación del proyecto. “Desde la denegación sistemática (tanto de la Corte Suprema como de tribunales inferiores) de hábeas corpus interpuestos por los familiares de las víctimas, la confirmación de la validez de las normas de facto represivas, la participación en maniobras de ocultamiento de cadáveres y las razones de esas muertes, así como en la apropiación ilegal de niños, la intervención en tribunales militares para juzgar civiles, la ayuda prestada para interrogar e incluso torturar a detenidos ilegalmente, y la delación de abogados comprometidos con los reclamos de las víctimas a fin de que fueran disciplinados por las fuerzas represivas –señala–. Se debe tener en cuenta que al día de la fecha ha habido, por lo menos, 129 acusaciones contra funcionarios judiciales por su complicidad durante la dictadura. La mitad se desvinculó voluntariamente de sus cargos, otros fueron destituidos y una tercera parte aún continúa en funciones”. Auat reflexiona sobre este movimiento en un año en el que estuvo de fondo el debate de Justicia Legítima. Dice que después de la caída de las leyes de impunidad, el avance de estos expedientes se vio trabado por un segundo cerco de impunidad promovido por los propios jueces y operadores que debían investigar. Unos eran jueces, fiscales y operadores del sistema judicial que habían cumplido funciones durante la dictadura y aún ocupaban puestos. Otros habían ingresado después, pero estaban imbuidos por una misma matriz cultural. “Al no haber sido alcanzado por la democracia, ese Poder Judicial siguió funcionando con los mismos paradigmas y los mismos operadores de entonces, así se retroalimentó hacia adentro. Esos nuevos funcionarios ingresaron al abrigo de los viejos paradigmas con apoyo y padrinazgos, familiares o de amistad y evidentemente se generaron anticuerpos para investigar a sus propios miembros y no sólo los de esa época. Ellos encontraban el manto de impunidad porque las propias estructuras se encargaban de generar esa situación. El hecho de que pertenezcan a la misma comunidad, en ciudades chicas, hace que se inhiban de actuar por distintas razones, se excusan, en un trámite que lleva muchísimo tiempo. Y la demora se paga con monedas de impunidad, no hay otro costo y es el costo más grave que tenemos”. Aunque estos 53 casos no son todos, ni muchos, en ellos puede verse cierto quiebre de esa lógica de clan. Las razones son muchas. Los juicios orales, por ejemplo, suelen hacerse con jueces que se movilizan desde otras provincias porque no hay magistrados del lugar disponibles. Eso llevó jueces de Tucumán a Santiago del Estero, de Buenos Aires a Santiago o Jujuy, de Santiago a Salta y de Catamarca a La Rioja. A la vez, eso impide la consolidación en cada lugar de una estructura judicial que se haga cargo de avanzar con estos ejes y lentifica las causas con audiencias que se hacen una o dos veces por semana. Pero mirados en conjunto generaron algunas sacudidas interesantes en los principados territoriales.

2014 justo libre y soberano.

Que todos sean un poquito feliz cada día, lo demás se hace despacito y de a poco...solía decír el General Perón en su regreso definitivo a la Patria. La felicidad fue siempre un tema recurrente en el Líder...humanista, al fin y al cabo, preocupado por la Juventud en su otoño, por la ecología, el universalismo, el agua, los alimentos, preveía un mundo global y complejo. No era adivino, no, solo leía estratégicamente la realidad. En el 2014, mas Unidos que Dominados, avanzamos a pesar de trenes desquiciados con motormans ídem. LEVANTAMIENTOS POLICIALES, NARCOS,CORTES PORGRAMADOS Y DESPROGRAMADOS. Con un Estado soñado y cumplido en los '40 y los '50. Vilipendiado durante décadas y resarcido en el último decenio. Con una Juventud recuperada, soñadora, callejera,plena. Con desocupación en baja, mercado interno, industrias,energía, alimentos, y liderazgo de una mujer,esa mujer, que es pura doctrina por donde se la escuche y observe. El 2000 llegó, y el 2014 nos encontró con profecías casi cumplidas. El vaso de leche, los juguetes de la Fundación, y hoy las netbooks, la AUH, y por sobre todas las cosas, algo que me alivia, los mismo enemigos con las mismas taras de siempre pero sin las bombas ni los tanques de siempre. Gran parte de ellos están presos. Despacito y de a poco, la Revolución en paz, con mucho por hacer, por construir, por responder. La palabra, la militancia,el movimiento nacional y popular recuperados. Andando por Latinoamérica,insertos en un mundo multipolar, siendo. Con la maza y la cantera, y las banderas, que el niño y la niña sigan yendo felices a la escuela. Feliz Año, compañeros y compañeras, justo libre y soberano en cada uno y en todos y todas, en una Comunidad que se realiza digan y plena de paz pan y trabajo. GB

EL GOBIERNO DE BRASIL MEJORO Y AUMENTO LOS PROGRAMAS SOCIALES La política social de Dilma

Por Eric Nepomuceno Desde Río de Janeiro Mañana, 1o de enero de 2014, Dilma Rousseff celebra tres años cumplidos desde que se convirtió en la primera mujer en asumir la presidencia de Brasil, y a la vez empieza el último año de su mandato. Es, al menos por ahora, la favorita absoluta para ser reelecta en octubre de este año que empieza. En muy buena parte, por sus méritos y por los méritos de la herencia –dudosa herencia, en el aspecto económico, pero robusta herencia en el aspecto social– que recibió de su antecesor, Lula da Silva. E igualmente en parte considerable, ese favoritismo se debe a la ineptitud y a la inconsistencia de los postulantes de la oposición. El balance de esos tres primeros años del período de Dilma presidenta es complejo y un tanto confuso. Una vez más –y a ejemplo de lo que ocurrió en las dos presidencias de su antecesor– la cuestión social ha dominado la pauta política nacional. Brasil es hoy, sin dudas, un país más igual o, mejor dicho, menos desigual. La inclusión social de millones y millones de brasileños se incrementó en esos tres primeros años de Dilma como presidenta. Y más: los programas sociales lanzados por Lula fueron mejorados y crecieron. La construcción de viviendas populares, por ejemplo, está a punto de superar las promesas de campaña electoral. Y como sabemos todos los ciudadanos del mundo, promesas electorales no van más allá de eso: promesas. Esta vez, en Brasil, ocurrió el increíble cumplimiento. Otro de los agujeros sin fondo –la salud pública– sigue siendo un desastre ofensivo. Pero algo se avanzó: al constatar que los profesionales brasileños se resistían a trabajar en sitios inhóspitos y miserables, Dilma lanzó el programa Más Médicos, que literalmente importó doctores, en su mayoría cubanos. Otros programas, como el que ofrece estudios de grado técnico, avanzaron mucho. Se retomaron las licitaciones para concesión de servicios públicos, básicamente en estructura (rutas y aeropuertos, que son una vergüenza nacional). O sea, mucho se hizo. El país sigue a miles de millas marítimas (que son las más largas) de llegar a un grado mínimo de desarrollo y civilización y democracia real, pero algo importante se avanzó. Pero hubo y hay una batalla –e importante batalla– que Dilma perdió, y no hay indicio alguno de que ese cuadro pueda ser revertido a corto plazo. Se trata de la batalla contra esa sacrosanta y poderosísima figura abstracta, que todo puede y todo determina, llamada Mercado. Uno de los economistas más respetados del país, y que además fue profesor de Dilma en su maestría, Luiz Gonzaga Belluzzo, lo expuso de manera muy clara en una entrevista concedida al diario Folha de São Paulo el pasado domingo. Belluzzo advierte que los efectos de la crisis internacional fueron mayores y más duraderos de lo que se pensó en un principio. Llama la atención para la cuestión del cambio. En 2013, el real se devaluó 15,5 por ciento frente al dólar, exactamente la proporción de la caída de la Bolsa de Valores de San Pablo. El desfasaje del cambio sería hoy, según Belluzzo y buena parte de los economistas respetables de Brasil, de alrededor de 30 por ciento. O sea, en lugar de los 2,35 reales por dólar, el cambio debería ser de 3,00 reales por dólar. Hay, de manera muy evidente, un embate entre el gobierno de Dilma y el sacrosanto señor Mercado. Y, advierte Belluzzo, a ejemplo de lo que se observa en todo el mundo –basta con lanzar una mirada a Europa–, lo que pasa es que cuando hay un embate entre gobierno y Mercado, el gobierno –los gobiernos– pierde siempre. Los señores del dinero son los señores el mundo, y ni modo. Esa, quizá, haya sido la gran batalla –política, administrativa e ideológica– perdida por Dilma. Se podría hablar de muchos otros equívocos, como el de concentrar los esfuerzos para mantener el crecimiento económico en el consumo. Los brasileños tienen hoy, gracias a los créditos ofrecidos por la banca pública, oportunidades inéditas de comprar heladeras, televisores y automóviles. Resultado: las calles atiborradas, el tránsito caótico, la polución atmosférica en grados alarmantes. Y, claro, un 54 por ciento de las familias brasileñas con más del 43 por ciento de la renta comprometidas con deudas. Además, está el problemazo – para Dilma y para cualquier otro que se presente– del sistema político, que exige alianzas que no sólo son inexplicables, como son responsables por buena parte de los desmandres de este país que es el mío. ¿Cómo aceptar que la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados haya tenido como presidente a un pastor evangélico homofóbico y fundamentalista, cuando justamente debería defender los derechos de las minorías? ¿Cómo entender que en la Comisión de Etica del Congreso figuren políticos cuyo pasado más pertenece a una crónica policial que a la historia política? ¿Cómo aceptar que el presidente del Senado, el tercer hombre en la jerarquía constitucional –luego del presidente y del vicepresidente–, haya utilizado un avión del gobierno para un viaje cuyo destino único era implantar diez mil hilos de cabello para suplantar su calvicie? ¿Cómo reconocer a una Corte Suprema que hace un juicio mediático y condena sin pruebas a figuras de primer nivel del mismo gobierno que nombró a la mayoría de sus integrantes? Hay mucho, muy mucho, como dicen en mis pagos, camino por delante. Dilma será reelecta. Tendrá entonces lo que García Márquez reivindicaba en Cien años de soledad: una segunda oportunidad en esta tierra. Ojalá logre merecerla.

OPINION En Estado de Perplejidad

Por Jorge Halperín Los medios de información, además de ofrecer noticias, operan como máquinas de olvidar. La propia información también produce desinformación. El tratamiento de noticias, aun en los casos en que no hay mala fe ni operaciones, desplaza otra información, la debilita, cuando no la barre de la agenda. Esto es más drástico aún con ciertas noticias que coagulan toda la atención. Así, la rebelión policial y los saqueos del 3 y 4 de diciembre borraron de la agenda el anuncio de que no habrá bono navideño y las consiguientes reacciones sindicales. Y los cortes de luz a mediados del mes borraron de la agenda a los saqueos. Pero no sólo barren de la agenda la gran noticia excluyente anterior. Modifican el paisaje anímico hasta un punto en que la realidad toda es observada desde el prisma y el tono de la noticia del momento. Esto sólo habla de una deformación “natural” del sistema informativo, si no le agregamos el enorme trabajo de amplificación que realizan los grandes conglomerados mediáticos opositores. Para decirlo en otras palabras, no hubo en la última semana en TN, la señal informativa más vista las 24 horas del día, un instante en que los piquetes por los cortes de luz dejaran paso a otra noticia. Sobre un problema que es dramático de por sí, el medio concentrado opera para que los ciudadanos lleguen a obsesionarse. No hay nada más que cortes de luz y descontrol en la realidad de TN, que es la que muchos ven. Pero sí que pasan otras cosas fuera de los cortes de luz: justamente, se nos escapa algo que en los últimos meses nos viene afectando a todos y que comenzó el 7 de octubre, con la noticia de que la presidenta Cristina Fernández debería ser operada por un hematoma cerebral. Mi humilde hipótesis es que en los últimos tres meses estamos capturados por una transición que, aunque no lo percibamos en toda su magnitud, está afectando la percepción colectiva de lo que pasa. Empezó, como señalé, desde el momento en que se nos anunció que había un quiebre en la salud de la Presidenta, que debía ser intervenida en una zona delicada y que estaría alejada más de un mes. Desde luego que la sobreactuación de los grandes medios, sugiriendo que la gravedad del problema era mucho mayor que la informada, y, luego, que no había timón en la Casa Rosada, impactó en los ciudadanos. Se propagaron rumores tremendistas y declaraciones estúpidas e irresponsables, como la de Victoria Donda, conjeturando que la Presidenta podría regresar “como una plantita”. Aun cuando muchos ciudadanos están prevenidos frente a tanta operación mediática, es indudable que el repliegue de la Presidenta, una líder de absoluto protagonismo en los últimos años, generó un estado de perplejidad. “¿Quién está al mando?” fue, por un tiempo una pregunta no fácil de responder, aunque no hubieran signos preocupantes, como pretendía la prensa opositora. El regreso de Cristina con una imagen verdaderamente radiante produjo un gran alivio general. La Presidenta ejecutó de inmediato cambios profundos con el nombramiento de los nuevos ministros, y, particularmente, dejando que el centro de la escena lo ocupara el ex gobernador del Chaco, y ahora jefe de Gabinete, Jorge Capitanich. Cristina dejó dos figuras fuertes a cargo, y, tanto por razones de salud como por una decisión política inteligente que desplace el foco y abra el juego a potenciales sucesores, nos parece un criterio lúcido para encarar el tramo que viene hasta 2015. Pero no se procesa tan fácilmente el paso de una líder excluyente a un esquema más repartido, cuando menos de exposición. De hecho, en plena convalecencia de Cristina, el 20 de octubre ocurrió el último de los choques de trenes de la línea Sarmiento –llamativamente protagonizado por un motorman dado a la provocación–, y a los tres días el ministro Randazzo dijo haber tomado por su cuenta la decisión de estatizar esa línea. A poco de andar la nueva conducción ministerial, las sublevaciones de policías y los saqueos, si bien estallaron a nivel de las provincias y no en el área metropolitana donde está concentrado el poder nacional, otra vez golpearon sobre la imagen de la autoridad central, como lo hacen ahora, con más lógica, los cortes de luz. No es descabellado preguntarse si en algunos sectores estos sentimientos de cierta mudanza de la autoridad no contribuyeron a cebarlos, intuyendo que era el momento de golpear. Lo cierto es que se percibe todavía la trabajosa adaptación colectiva al nuevo esquema de gobierno y la ansiedad acerca de cómo y con qué estilo seguirá conduciendo la Presidenta. Los medios opositores dan a conocer encuestas que dicen que habría caído la imagen de Cristina a causa de los últimos episodios, y la sitúan entre el 45 y el 50 por ciento de aprobación. No pueden disimular que nadie consigue capitalizar los momentos difíciles del Gobierno ni desplazar un liderazgo que permitirá por primera vez en la historia a una misma fuerza política completar tres mandatos continuados. Véase, si no, en qué forma se desinfló el supuesto líder emergente, Sergio Massa, tan pronto como logró el importante triunfo en la provincia de Buenos Aires. Hay, sí, desde el poder y la oposición expectativas análogas pero bien opuestas de que otras noticias licuen las de hoy. En este rincón, la esperanza de que concluyan los cortes y traiga alivio a todos. En la vereda mediática de enfrente, algo que suba la apuesta catastrofista. Es razonable esperar que el Gobierno ejecute uno de sus clásicos golpes de iniciativa.

› OPINION El año en que la historia se puso a rodar

Por Telma Luzzani * Acciones visibles y fuerzas subterráneas se preparaban, hace 20 años, para retomar el camino de la liberación americana. Ya entonces, tres escenas adelantaban el siglo XXI. Escena 1: 1º de enero de 1994, México, tierra de resistencias milenarias. Mientras en la capital se celebraba la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Nafta, en inglés), un acuerdo con Estados Unidos y Canadá que traería a México, supuestamente, bienestar y riqueza, en Chiapas, un grupo de encapuchados, alzados en armas, le aguaba la fiesta al presidente Carlos Salinas de Gortari. Al mando del Subcomandante Marcos, el autodenominado Ejército Zapatista de Liberación Nacional declaró la guerra al gobierno; advirtió sobre el peligro de la globalización –la nueva corriente lanzada por la Casa Blanca como etapa superadora de la Guerra Fría–, reivindicó los derechos de los pueblos indígenas y proyectó la construcción de un nuevo modelo democrático anticapitalista y antineoliberal. En esos años, la ortodoxia del libre mercado y el Consenso de Washington venían marchado firmes por América latina. El EZLN significó una fuerza transformadora fenomenal, pero insuficiente para frenar ese alud que avanzaba sobre México. Junto con el Nafta –y con total independencia de la insurgencia zapatista–, Washington implementó la Operación Guardián –la militarización de su frontera con México– y el establecimiento de tres Fuerza de Tarea Conjunta para todo el continente. ¿Podía saber la Casa Blanca lo desastroso que iba resultar para México el tratado de libre comercio y lo que esto podía significar, en cifras de migrantes económicos hacia EE.UU.? Imposible saberlo, pero lo cierto es que, en la primera década del Nafta, quebraron en México 28.000 empresas chicas y medianas y sólo uno de cada tres mexicanos tenía trabajo formal, lo que significaba 75 millones de personas sin prestaciones y excluidas del sistema. El país perdió además la soberanía alimentaria. Con el campo quebrado en 2004 tuvieron que importar el 95 por ciento de la soja, 59 por ciento de arroz, 49 por ciento de trigo y 25 por ciento de maíz. Hoy, 20 años después, la promesa de reducir la pobreza no se cumplió y México es además uno de los países más violentos del mundo, con zonas extremas donde los ciudadanos pueden toparse con matanzas entre narcos y decapitados por las calles. El ex presidente Felipe Calderón admitió que en 5 años hubo más de 60.000 asesinatos. En cuanto a la pobreza, según el Banco Mundial, el 52,3 por ciento de los mexicanos vive hoy en esa situación y no puede comer lo suficiente para tener una vida sana. Escena 2: 11 de diciembre de 1994, Primera Cumbre de las Américas, Miami. Triunfador de la Guerra Fría, dueño del mundo, EE.UU. decidió llevar a cabo, ese año, su plan más ambicioso: convertir a todo el continente en un solo mercado sin fronteras bajo el control norteamericano. La Doctrina Monroe. Con ese fin, inventó las Cumbres de la Américas. Bill Clinton, que encabezó la primera, propuso allí en forma unilateral la formación de la Asociación de Libre Comercio de las Américas (ALCA) entre las 34 naciones americanas (menos Cuba). En plena ola neoliberal, con Estados reducidos al mínimo y agobiados por deudas impagables, nuestros países eran incapaces de defender su soberanía, sus recursos naturales y hasta la legitimidad de su Poder Judicial, transfiriendo a una comisión internacional de arbitraje el poder de decidir los litigios entre un Estado nacional y las transnacionales. Escena 3: 26 de marzo de 1994, cárcel de Yare, cerca de Caracas. Nadie podía saberlo todavía, pero el No al Alca y el freno al neoliberalismo ya están en marcha. Ese día de marzo de 1994, Hugo Chávez salió de prisión. Desde que estuvo allí, en castigo por el intento de derrocar el gobierno de Carlos Andrés Pérez (1992), miles de personas peregrinaron para verlo. Ante la presión popular, el presidente Rafael Caldera tuvo que amnistiarlo y dejarlo en libertad. Chávez, que en la cárcel había madurado su plan de acción para ser presidente, empezó ese mismo día su campaña. * Autora de Territorios Vigilados. Cómo operan las bases militares norteamericanas en Sudamérica.

EL SALDO ECONOMICO Y LABORAL 2013 MUESTRA UN ALZA DE 5,4 POR CIENTO DEL PBI Y DESOCUPACION DE 6,6 Elevado crecimiento y bajo desempleo

Pese a las tensiones económicas locales e internacionales durante este año, subió el nivel de actividad y el empleo. Un informe del Ministerio de Trabajo revela que el dinamismo del mercado interno permitió mejorar los indicadores laborales. Por Tomás Lukin El desempleo retrocedió hasta 6,6 por ciento en el tercer trimestre, cuando en el mismo período de 2012 se había ubicado en 7,4 por ciento, según un informe del Ministerio de Trabajo. Estos datos fueron destacados ayer por el Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, al mencionar que el crecimiento de este año terminaría en 5,4 por ciento con el desempleo más bajo de la década. La economía local mostró un intenso nivel de actividad dinamizada por el mercado interno y el gasto público, pero el empleo registrado del sector privado creció solamente 0,3 por ciento. Frente a la persistencia de la informalidad, la cartera laboral anunció un conjunto de medidas para abordar integralmente la problemática. El Gobierno se puso como objetivo reducir el empleo no registrado de 34,6 a menos del 30 por ciento a lo largo de los próximos dos años. “A pesar de los condicionamientos y restricciones que el país debió enfrentar en los últimos tiempos, en 2013 la situación del mercado de trabajo se ha mantenido estable”, sostiene un informe del Ministerio de Trabajo que será difundido en los próximos días. Los resultados de la Encuesta Anual de Hogares Urbanos (EAHU, releva una vez al año una población más amplia que la encuesta permanente de hogares) correspondiente al tercer trimestre de 2013 muestran que en el total urbano nacional, la tasa de desocupación alcanzó al 6,6 por ciento. La leve mejora en el nivel de desempleo se produjo como consecuencia de un pequeño incremento en la tasa de empleo que pasó de 42 a 42,2 por ciento. Por su parte, se registró una leve reducción de la tasa de actividad de 0,2 puntos porcentuales. Así, sobre una población económicamente activa estimada en 17,1 millones de personas, 1.130.000 individuos se encuentran desocupados. “La cantidad de ocupados se incrementó en 259 mil trabajadores en el año, absorbiendo a 148 mil personas que no se encontraban en el mercado de trabajo e incorporando a 111 mil desocupados. De este modo, la población ocupada creció un 1,6 por ciento y el número de desocupados cayó un 8,9 por ciento. Con respecto a la población económicamente activa, se verifica que en el total urbano nacional, creció en 148 mil personas”, sostiene el documento de la cartera laboral. La política fiscal expansiva desplegada por el Estado permitió dinamizar la actividad económica durante este año. El gasto público resultó clave para sostener y fomentar el nivel de empleo. A pesar del esfuerzo inversor del sector público, el empleo en la construcción descendió. La Encuesta de Indicadores Laborales que realiza el Ministerio de Trabajo exhibió, durante el tercer trimestre, una caída del seis por ciento interanual en el empleo registrado en esa actividad. Desde el equipo económico advierten que sin el impulso del gasto público, la caída en los niveles de empleo de la construcción hubiera sido mayor. El Gobierno apostó entonces a relanzar la construcción, un sector fundamental en el comportamiento del empleo, a través del programa de créditos hipotecarios Pro.Cre.Ar, que junto con las obras públicas reactivadas éste año jugaron un rol significativo para defender el empleo sectorial. A su vez, el desempeño de la industria manufacturera a lo largo del año limitó la creación de puestos de trabajo en el ámbito privado. De todas formas, el Gobierno considera que 2013 fue un año positivo en materia laboral. “La situación del mercado de trabajo de nuestro país cierra el año, con buenos indicadores, especialmente teniendo en cuenta el recrudecimiento de la crisis internacional que impera en el mundo y más concretamente en muchos de los países con los cuales Argentina mantiene un importante intercambio comercial.” Las condiciones externas necesarias para reactivar el mercado laboral no presentaron la magnitud deseada durante 2013. El estancamiento económico en Brasil y, en menor medida, la ralentización en el crecimiento de China afectaron la economía argentina. La recuperación en la actividad económica –hasta octubre se acumuló un crecimiento de 5,4 por ciento– estuvo impulsada por el mercado interno. Los niveles de consumo se mantuvieron elevados en sintonía con la mejora de los ingresos de los trabajadores registrados y la actualización de las prestaciones de la seguridad social y la Asignación Universal por Hijo. “Es posible estimar que en este año, la remuneración promedio de los asalariados registrados del sector privado crecerá en términos reales, más allá del Indice de Precios al Consumidor que se utilice como referencia. Esto implica que, en promedio, los salarios nominales mantendrán su capacidad adquisitiva en relación con los precios de los bienes y servicios que consumen las familias”, afirma el informe de Trabajo. Compartir: Twitter