Hasta ahora, cada uno por su lado Mauricio Macri, Francisco de Narváez, José Manuel de la Sota y Sergio Massa, por ahora cada uno por su lado.

En la Ciudad y en la provincia de Buenos Aires y en Córdoba, el partido de Macri no pudo hasta ahora armar coaliciones con el PJ disidente, como sí hará en otros distritos. Expectativa por la decisión de Massa, que hoy se reúne con intendentes afines. Por Werner Pertot El cierre de alianzas del macrismo viene con menos peronismo del que esperaban. Los operadores de Mauricio Macri negocian acuerdos distrito por distrito que no presentan grandes novedades en materia de aliados. En Capital, el acuerdo con Roberto Lavagna parece muerto y enterrado, aunque en el PRO no se animan a abandonarlo del todo. En la provincia de Buenos Aires, la negociación con Francisco de Narváez está trabada y no parece haber plan B, salvo que se lance Sergio Massa, a quien en el PRO esperan como a la segunda venida de Jesucristo. En Córdoba no hay acuerdo con José Manuel de la Sota. Las principales innovaciones de este año surgen de sumar figuras como el ruralista Alfredo de Angeli en Entre Ríos, el ex árbitro Héctor Baldassi en Córdoba y el armado del comediante Miguel del Sel en Santa Fe. En el PRO no descartan cambios de último momento. No hay un patrón único para las alianzas del PRO en el país. Se distribuyeron según las conveniencias locales, con peronistas o radicales. En Salta irán con el ex gobernador Juan Carlos Romero. En Tucumán, con el senador radical José Cano. En San Luis, con el espacio de los Rodríguez Saá, mientras que Alberto Rodríguez Saá intentará competir por su lado en Capital. En Corrientes están cerca de cerrar con el gobernador radical Ricardo Colombi. En San Juan armaron con el senador Roberto Basualdo, que cerró con el partido de Hugo Moyano, a quien los macristas quieren bien lejos en la Ciudad. En Misiones irán con el amigo de Macri, Ramón Puerta. En Entre Ríos, los macristas llevarán como candidato a senador a De Angeli, pero no consiguieron cerrar un acuerdo ni con el ex gobernador peronista Jorge Busti ni con el radicalismo local. En Mendoza, en tanto, continúan negociando con el Partido Demócrata y con el Peronismo Federal, pero si Omar de Marchi no va como candidato, el PRO se abstendría de participar en ese distrito. CABA La ciudad de Buenos Aires es el distrito fuerte del PRO, donde vienen ganando elecciones legislativas desde 2003. Las negociaciones con Lavagna avanzaron hasta que se les atragantó la foto del ex ministro de Economía junto con De la Sota, Moyano y De Narváez. Luego, todo fue marcha atrás. Hace más de una semana, los negociadores del PRO Emilio Monzó y Humberto Schiavoni tuvieron un último encuentro con el operador de Lavagna, Rodolfo Gil. Le hicieron una generosa oferta: además de la cabeza de la lista de senadores, Lavagna ubicaba a dos diputados. Gil pidió, además, tres legisladores porteños. Todo terminó allí. Ahora en el PRO hay quienes dan por terminadas las negociaciones y otros que las quieren reflotar, pero la oferta de acuerdo sería mucho menos generosa (el cargo de senador). La discusión de las listas no estará cerrada esta semana en Capital, sino que seguirá hasta el 22 de junio. Sin Lavagna, es seguro que Gabriela Michetti encabezará la lista del Senado y su posible compañero de fórmula es Martín Lousteau. Sin embargo, el ex ministro de Economía tiene una fuerte resistencia dentro del PRO. Con él están conversando tanto Monzó como el secretario general Marcos Peña. Pero ayer trascendió que Lousteau también se acercó a Rodolfo Terragno, quien competirá en la interna de FAP-UCR (ver página 8). Buenos Aires La provincia es uno de los principales problemas del macrismo. Se puede decir que hicieron todo lo posible para no tener que ir a una negociación con su ex aliado De Narváez: intentaron llevar a Michetti a la provincia, ella se negó; probaron con la idea de que Macri renunciara a la Jefatura de Gobierno y fuera candidato, Macri lo descartó; midieron a Carlos Melconian y Gustavo Posse, pero las encuestas no los ayudaron. Finalmente, Macri tuvo una conversación con De Narváez esta semana y les dio luz verde a sus dirigentes territoriales para negociar. Es así como se reunieron en San Isidro Jorge Macri, Posse y Jesús Cariglino con De Narváez, Gustavo Ferrari y José “Pepe” Scioli. Según los macristas, la discusión se empantanó por la actitud del hermano del gobernador bonaerense, quien exigió que el apoderado fuera de Unión Celeste y Blanco (lo que implicaba que tenían la potestad de hacer cambios de último momento en las listas). También les cuestionó que Macri lleve candidatos propios en Córdoba. “¿Y qué querés? Yo a Córdoba fui de vacaciones cuando tenía tres años. Acá discutamos la provincia de Buenos Aires”, le propuso Posse. La negociación con el Colorado seguía trabada ayer y los macristas amenazaban con ir con candidatos propios: Posse o Melconian. Efecto Massa “Lo único que puede cambiar el estado de las negociaciones es que se lance Massa”, dicen en el PRO, desde donde tienen varias líneas tendidas con el intendente de Tigre: tanto Jorge Macri como Horacio Rodríguez Larreta tienen frecuentes conversaciones con él. Si el intendente jugara en las elecciones, los macristas harían fuerza para unificar todo detrás de su candidatura. Por lo pronto, Massa se reunirá con 17 intendentes a comer un asado mañana. Puede ser en Olavarría o en General Villegas. Allí conversarán sobre la posibilidad de que se presente. A favor se muestran Luis Andreotti (San Fernando), Luis Acuña (Hurlingham) y Carlos Selva (Mercedes). En contra están Joaquín de la Torre (San Miguel), Gilberto Alegre (Villegas) y José Eseverri (Olavarría). El secretario de Gobierno de Tigre, Eduardo Cergnul, está explorando la posibilidad de inscribir el sello del Frente Renovador, pero la incógnita sobre Massa seguramente se extienda hasta el 22 de junio, cuando cierran las listas de candidatos. Córdoba y Santa Fe Como armador nacional del PRO, Monzó gestionó la foto de Macri con De la Sota e intentó iniciar una negociación electoral, que el espacio del gobernador nunca habilitó. Macri viajó el viernes a la provincia y ratificó que su candidato será Baldassi, quien –según las estimaciones del PRO– le come 12 o 13 puntos a la candidatura de Juan Schiaretti, el delfín de De la Sota. Aunque no descartan negociaciones de último momento, lo más probable era un cierre sin un acuerdo entre el PRO y el peronismo cordobés. En Santa Fe, en cambio, la figura de Miguel del Sel resultó atractiva para el peronismo disidente. Los dirigentes que provienen del espacio de Carlos Reutemann cerraron un acuerdo con el PRO, y Ricardo Spinozzi será tercero en la lista de diputados, mientras que Diego Giuliano irá como primer candidato a concejal en Rosario. Los macristas habían tanteado a Reutemann, que les dijo que no tenía problema mientras no lo implicaran a él. Los títulos de los diarios lo obligaron a tener que aclarar que con Macri no está yendo ni a tomar un helado. 09/06/13 Página|12

Inés Weinberg de Roca, nueva integrante del Tribunal Superior de Justicia La jueza favorita Por Tali Goldman

Preferida. Inés Weinberg de Roca está denunciada por cobrar doble sueldo como jueza. Protege al Pro. Imaginarse a un hombre en el gimnasio no resulta tarea difícil. Musculosa, pantalones cortos, toalla atada al cuello y una botella de agua en la mano. El sudor, en esos ámbitos, es moneda corriente y no espanta a nadie. Ahora, hay que agregarle a ese sujeto nombre y apellido: Mauricio Macri. El jefe de gobierno suele llevar adelante lo que se conoce como “rosca política” nada menos que en el gimnasio “Ocampo Wellnes Club”, ubicado en el exclusivo Barrio Parque. Allí no sólo conoció a Juliana Awada, su esposa, sino que entre cinta y bicicleta fija también se topó con otra mujer, la entonces camarista del fuero Contencioso Administrativo porteño, Inés Weinberg de Roca, hoy flamante integrante del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la ciudad, que fue recientemente electa en una votación express en la Legislatura, con votos del Pro, Proyecto Sur y Buenos Aires para Todos. Luego de tres años de estar vacante el puesto, se incorpora como quinta integrante del máximo ente jurídico de la ciudad autónoma una mujer que no proviene del mundillo político, sino del ámbito privado y que a principio de los ’90 ingresó en la carrera judicial. Además, entre 2003 y 2008, fue miembro del Tribunal Penal Internacional para Ruanda por la Asamblea General de las Naciones Unidas, motivo por el cual se despertaron varias sospechas en torno al cobro de sus honorarios. Desde que es camarista, tuvo algunas actitudes favorables para con el equipo amarillo. Una de ellas fue en el medio del conflicto por el traspaso del subte. Cuando quedaban pocos meses para que se acabara con la transferencia de subsidios del Estado nacional al porteño, muchas medidas cautelares frenaban las maniobras del Pro, por ejemplo, para que no subiera la tarifa. Todas caían en manos de la jueza Patricia López Vergara, titular del 6º Juzgado Contencioso Administrativo de la ciudad, que venía fallando en contra del equipo amarillo. Por lo tanto y pese a que Mauricio Macri sostenía públicamente que iba a actuar conforme a lo que dictara la jueza, lo cierto es que por abajo su único objetivo era correr a López Vergara del medio. Una de esas ayudas provino de la mano de Weinberg de Roca. Mientras la titular del juzgado número 6 estaba de licencia y en medio de algunas quejas, la entonces presidenta de la Sala y actual jueza del TSJ pidió los originales de una de las causas con el objetivo de desviarla del caso. Ese pedido causó cierto asombro en el tribunal, que le recordó a Weinberg que ya tenía una copia en su poder y que no era necesario que se llevara esos originales. Otra de las causas en las que Weinberg también le quitó un dolor de cabeza al jefe de gobierno porteño fue cuando se desató la polémica por la suspensión del aborto no punible en la CABA. La Cámara que ella comanda resolvió por unanimidad “no hacer lugar a la apelación interpuesta por la Asociación Civil Pro Familia con el fin de que el Gobierno de la Ciudad se abstenga de realizar un aborto en un hospital porteño (…) La decisión depende, entonces, de un juicio médico debidamente fundado en criterios científicos admisibles, sobre la base de las circunstancias objetivas”. Es decir, la camarista corrió del eje la discusión política, sacando del medio al Pro, para que sean los médicos los que tengan que decidir sobre el aborto ya pautado y pese a que había una ley votada por la Legislatura porteña en ese mismo sentido. Por eso, Mauricio Macri pensó en ella a la hora de ocupar la silla vacante dentro del TSJ, aunque sabía que se venía una batalla complicada dentro de su propio bloque, encabezada por Daniel “Tano” Angelici, el presidente de Boca y principal operador de su partido en el ámbito de la Justicia. El “Tano” cuenta con dos aliados en el Consejo de la Magistratura: Ricardo Félix Baldomar y Juan Sebastián De Steffano y, además, con tres legisladores porteños: Martín Ocampo (presidente de la Comisión de Justicia), Oscar Zago y María Raquel Herrero. Si bien Angelici es orgánico y se reunió en varias oportunidades con Weinberg de Roca, fue claro: “Si Mauricio insiste, yo no me voy a oponer, pero no soy yo el que voy a hacer lobby para juntar los votos que usted necesite, tiene que buscárselos sola”, le aclaró el radical-Pro. Por caso, cuando la magistrada fue como invitada especial a un almuerzo del bloque comandado por Cristian Ritondo, no vino de la mano de Ocampo –que es quien lleva a los personajes vinculados a la Justicia– sino que la trajeron Lidia Saya y de Carmen Polledo, dos legisladoras del Pro, que la conocen a la jueza de círculos de la alta sociedad. En ese sentido, no sorprendió que la votación en el recinto de Perú al 100 se cayera dos veces en varias semanas, ya que el Pro no había conseguido los votos necesarios para aprobar el pliego. Pero casualmente –o no– la votación para nombrar a Weinberg de Roca se realizó en una sesión especial, el mismo día (30 de mayo) en el que también se votaba el proyecto de ley que modificaba (casi de modo irrelevante) el DNU presentado por Macri a favor de Clarín para “defender la libertad de expresión”. Alrededor de las 16 horas y en veinte minutos, el bloque del Pro junto a los legisladores de Proyecto Sur, UCR y Buenos Aires para Todos juntaron 40 votos positivos y así se elevó a cinco la nómina de magistrados del alto tribunal. El único que se abstuvo, junto al bloque kirchnerista, fue Rafael Gentili, que pertenece al espacio que comanda Pino Solanas, ya que había realizado varias denuncias en contra de la jueza. Según argumentó, Weinberg cobraba paralelamente su sueldo como camarista (pese a que estaba de licencia), así como también el sueldo del tribunal especial de Naciones Unidas, algo que por ley es incompatible. En su breve discurso, Gentili sostuvo que “en el año 2010, primer año de funcionamiento de ese tribunal (de la ONU), la doctora Weinberg de Roca cobró 63.600 dólares; en el año 2011, cobró 55.200 dólares; en el año 2012, 54-000; y en lo que va de este año va a cobrar 9.000 dólares. Se ha ausentado aproximadamente un mes y medio por año del país, con el sueldo pago por todos nosotros por su cargo de jueza camarista de la ciudad de Buenos Aires, y terminó cobrando en total 181.000 dólares”. Pocas horas después, y casi con la misma nómina de diputados –salvo algunas excepciones–, se convertía en ley el proyecto (impulsado por Proyecto Sur y la Coalición Cívica basado en el DNU original de Macri), tras el rumor de una “posible intervención a Clarín”. Pero la política y la casualidad no son atributos complementarios. Los artículos 30 y 31 establecen la creación de un “Tribunal de Defensa de la Libertad de Expresión de la Ciudad” que regule el accionar del proyecto. Pero hasta que se constituya este tribunal, el órgano encargado de esa tarea es el Tribunal Superior de Justicia que ya tiene nueva jueza y se llama Inés Weinberg de Roca, la elegida de Mauricio Macri. Revista Veintitrés

La crisis del sistema capitalista Los valores de la igualdad o los del establishment Por Juan Carlos Junio*

El agravamiento de la crisis global constituye un golpe al corazón del enfoque ideológico del establishment. La crisis de los países centrales refleja con claridad la lógica capitalista predadora que, sobre la base de privilegiar ciertos intereses particulares y de las corporaciones, se manifiesta con especial crudeza en épocas de fuertes turbulencias, como ocurre actualmente en Europa. Se trata de una crisis que abarca múltiples aristas y que, en lo económico, se expresa en una severa caída de la actividad en la Eurozona, que no da muestras de revertirse, y en la actualidad con Alemania a punto de entrar en recesión. Lo más grave son sus consecuencias en el plano social. España, ejemplo clarísimo del dramatismo que traen aparejados estos envejecidos dogmas, ya tiene un nivel de desempleo que ronda el 27 por ciento. La ya tristemente célebre troika persevera con pertinacia en el recetario neoliberal y en sus agrias medicinas intentando –infructuosamente– una salida a la crisis, privilegiando la salvación de sus banqueros. En estos días el Banco Central español llegó a recomendar que para estimular el empleo se permita contratar trabajadores con un sueldo inferior al mínimo de convenio. Esta propuesta, de llevarse a cabo, echaría por tierra una de las conquistas históricas más importantes de los trabajadores españoles. A nivel de la Unión Europea, se reabrió la puerta para que los miembros del bloque puedan establecer controles en las fronteras, con la autorización de los demás países. Es este otro claro avance del establishment en contra de uno de los logros más mentados del largo proceso de integración europea. La idea central integradora comienza así a fracturarse avanzando hacia un sistema que impone barreras para frenar la movilidad de los ciudadanos en busca de trabajo. El agravamiento de la actual crisis global constituye un golpe directo al corazón del enfoque ideológico del establishment, constituyendo una crisis de valores en la que se sustenta y reproduce el neoliberalismo, como fase decadente del sistema capitalista. No dejan de resultar anacrónicos ciertos análisis y declaraciones que crecieron en intensidad mediática en nuestro país en los últimos días, tratando de instalar la idea de que es necesario reducir el gasto público, recurrir al endeudamiento externo, o realizar una devaluación abrupta del tipo de cambio. La presidenta Cristina Fernández ratificó una vez más que esa línea no era una opción para el actual gobierno, contrariando los reclamos del establishment local. En ese sentido, días atrás se anunciaron medidas que producirán mejoras significativas en los ingresos de los sectores populares. Se estableció que la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo aumentará a partir de junio un 35,3%, lo cual, sumado al anterior incremento de septiembre, deriva en una suba acumulada del 70% en un año, muy por encima de cualquier índice de inflación. También se incrementaron los valores para los distintos tramos de las Asignaciones Familiares y se estableció un pago adicional por Ayuda Escolar, por única vez, que se suma al del mes de marzo. En esta temática, es dable destacar un informe reciente de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el que se valoran los logros de la Argentina en materia de reducción de las desigualdades. Estas mejoras fueron relativizadas o directamente ninguneadas desde los medios de comunicación hegemónicos, lo cual cobra mayor relevancia aún en una fecha como la de hoy, en la que conmemoramos un nuevo Día del Periodista. La efeméride simboliza el espíritu del primer número de La Gaceta, en 1810, inspirada en el pensamiento y las plumas de Mariano Moreno, Juan José Castelli y Manuel Belgrano, figuras con un profundo sentido ético y un compromiso excluyente con la flamante Nación y su pueblo, en un momento de lucha política contra el viejo orden colonial español, que reaccionó con furor ante los afanes liberadores de nuestros hombres de Mayo. No parece ser el caso de las corporaciones mediáticas, que en la actualidad reiteran su alianza con el núcleo corporativo y regresivo de nuestra época. En esto cabe citar a Federico Sturzenegger, otrora miembro de los equipos de Ricardo López Murphy y de Domingo Cavallo con la Alianza, y actual presidente del Banco Ciudad, que más allá de sostener que el plan "Mirar para Cuidar" tiene reminiscencias con prácticas del nazismo, dejó interesantes declaraciones en torno a la cuestión de los valores. Sostuvo que Argentina "puede cambiar simplemente con cosas muy pequeñas que es un poquito de normalidad y honestidad en la gestión pública". Al respecto, consideró que normalidad es hacer ciertas cosas, tener valores fundamentales, que se cumplen en todos los países que andan bien, más allá de sus diferencias. Según Sturzenegger, a los hijos se les dice, "no mientas, tratá al resto como querés que te traten a vos, el trabajo vale, esforzate, estudiá. Esos valores hoy Argentina los ha perdido". Este señor, que no para con sus irresponsables manifestaciones, asimilando en forma banal al gobierno y a la joven militancia argentina con las juventudes hitlerianas, expresa la ideología macrista en su versión más primitiva y brutal, aunque además lo motiva su deseo de exhibirse para una candidatura a diputado. El funcionario macrista omitió hablar de la solidaridad, la participación, la búsqueda de igualdad, que son los valores que configuran en gran medida el tipo de sociedad auténticamente democrática en la que nos gustaría vivir. Muchos de ellos se están llevando a la práctica en nuestro país en todos estos años, a contramano de lo que ocurre en otros lugares del mundo en plena crisis económica y de valores. Resta camino por recorrer, sin dudas, pero en la reafirmación de valores que tienen como norte avanzar hacia una Patria con más igualdad, única opción para que exista la libertad en un sentido pleno para el ciudadano. 07/06/13 Tiempo Argentino

La mediación peronista Por Edgardo Mocca

La medi La suerte del kirchnerismo se jugará en el interior del peronismo. Será más temprano, ahora nomás, o dentro de dos años en las presidenciales. Serán unos u otros los actores centrales del drama. Pero la relación de fuerzas en el peronismo será la clave de la continuidad o la interrupción del proceso político abierto en 2003. Muchos de quienes podrían acordar con esta hipótesis, y actúan en la oposición, creen que así demuestran otra hipótesis: la de que el kirchnerismo es nada más que un movimiento pendular en la historia del peronismo, que siempre termina constituyendo un sistema político en sí mismo. Sin embargo, una afirmación no se desprende directamente de la otra. Se puede sostener al mismo tiempo que el kirchnerismo es una etapa específica de la historia política nacional y que su proyección depende de la conducción actual y concreta del peronismo. Y cuando hablamos del peronismo, lo hacemos en dos planos: la identidad política de masas y la estructura territorial-estatal. Entre esos planos no se establece una relación simple y lineal como la que describe la tesis elitista del “clientelismo”, como simple intercambio de favores por votos, tal como profundamente lo investigó y lo argumentó Javier Auyero. Pero tampoco las estructuras del justicialismo son las cáscaras vacías que predican quienes creen en la muerte de los partidos políticos. Estamos hablando básicamente de la relación entre clases populares y política, para lo cual necesitamos situarnos fuera de los esquemas doctrinarios y pensar en las transformaciones socioculturales y estatales atravesadas en las últimas décadas. El peronismo es una identidad política que perdura y se actualiza a través de una red de prácticas y experiencias sociales y políticas. Mucho se ha insistido y, claro está, siempre críticamente, en la complacencia del kirchnerismo con la maquinaria política del justicialismo. Se le reprocha particularmente a Néstor Kirchner el rápido abandono de la promesa de “transversalidad”, fórmula en la que algunos creyeron ver la licuación del peronismo en una malla de referencias “progresistas”. No es el caso aquí de investigar las intenciones profundas del desaparecido presidente en los días de su asunción, con una magra fuerza electoral y una endeble estructura de apoyos partidarios. Lo que se olvida es que Néstor formulaba la tesis de la transversalidad como corolario de otra tesis, la de la necesidad de un sistema político que expresara claramente las diferencias entre el país “progresista” y el país “conservador”. La transversalidad no presuponía –salvo la presunción de un temprano suicidio político– sino la pelea por conducir al justicialismo desde una perspectiva progresista (o, para decirlo con más fidelidad a la experiencia, nacional-popular) capaz de asegurar hegemonía interna y, al mismo tiempo, atraer liderazgos de otras procedencias. La verdad es que, así interpretada, la fórmula nunca fue abandonada y acaso en pocos momentos tuvo tanta vigencia práctica como en estos días. Todos reconocen hoy, contentos o amargados, la existencia del cristinismo, que funciona a la vez como corriente hegemónica del peronismo y como expresión del frente político que respalda activamente al gobierno. También habría que reconocer que la experiencia de los elencos dirigentes de la estructura justicialista no fue inmune al accionar del kirchnerismo y no todos los apoyos que el gobierno nacional recibe de esa línea pueden ser interpretados en la clave simplista del oportunismo. Si el futuro del país, digamos después de 2015, se jugara en términos de la lucha entre quienes hoy gobiernan y quienes hoy están fuera del gobierno, no sería posible –porque nunca lo es en política– asegurar un resultado; pero sí habría una clara condición de favorito para el oficialismo. En última instancia, toda la cuestión radicaría en el alcance de algunos logros en la gestión política que sostuvieran y animaran el apoyo popular. Claro que esto último sigue siendo decisivo en cualquier configuración política pero, en este caso hay una mediación: es el peronismo. Vale aquí una puntualización: en este texto, “peronismo” y “estructura justicialista” se toman como sinónimos; claramente no lo son, habida cuenta de la experiencia añeja, y fortalecida en estos años, de un peronismo identitario y activo que se mueve fuera de la estructura partidaria. Pero en el contexto del argumento que aquí se desarrolla, cuenta el hecho de que el peronismo no tiene otra expresión práctico-política con gravitación decisiva que no sea el PJ o, para decirlo con más precisión, la red territorial, social y estatal que hace política desde esa pertenencia. Volvamos entonces; entre el proyecto de continuidad kirchnerista y la voluntad ciudadana hay una fuerte mediación, la del peronismo. Y la mediación ha devenido más tensa y compleja que en cualquier otro momento, por el límite que supone el actual impedimento constitucional para una nueva reelección de Cristina Kirchner. La limitación no puede dejar de impactar en el territorio peronista. Tanto dentro del campo que se ha mantenido leal a la conducción, como el que armó su propio campamento en los confines de la disidencia. Entre los primeros está el legítimo interés de discutir el lugar de cada cual en el marco de la búsqueda de la sucesión. Entre los disidentes, la no reelección es una variable muy importante porque abre un campo de operaciones posible en el justicialismo y, a la vez, genera un enorme interrogante sobre la posibilidad de crecimiento fuera de la estructura; un interrogante que tiene acentos dramáticos después del papel que hicieron Duhalde y Rodríguez Saá en la última elección presidencial. Se podría arriesgar la hipótesis de que uno de los grandes obstáculos que tiene hoy la construcción de un frente de centroderecha, el macriperonismo, es esa incertidumbre peronista. El otro obstáculo es la sospecha –o seguridad– del macrismo acerca del escaso atractivo electoral que algunos de los referentes de la disidencia aportarían a la causa común. En estos días se desarrolla afiebradamente la “operación Massa”. La cercanía de las primarias abiertas, el estancamiento de las oposiciones y su dispersión –levemente atenuada en estos días por el acuerdo, en la ciudad de Buenos Aires, entre el radicalismo y una serie de fuerzas menores más o menos abarcables por el equívoco nombre de “progresistas”– generan una urgencia mediático-política que ya ha alcanzado uno de sus resultados: el espectacular aumento del precio político del intendente de Tigre. Habrá que ver qué ocurre con esa cotización, un poco artificialmente elevada en estos días, en el futuro más o menos próximo. Cualquier decisión del involucrado supone oportunidades y riesgos que este comentario no se propone analizar. Lo que aquí quiere ponerse de relieve es que el principal y casi único enigma que ha situado su solución en un lugar de interés con vistas a las elecciones legislativas proviene del campo justicialista. Las perspectivas de gobierno para una derecha que tenga que vérselas con un peronismo unido en lo fundamental –o no más dividido que hasta ahora– son francamente problemáticas, por lo menos en un marco de estabilidad política. El radicalismo tiene una presencia federal que no ha quedado intacta por los grandes terremotos atravesados por el partido, pero que sigue siendo un importante capital. Aun así, la posibilidad de enfrentar, en común con algunas fuerzas con presencia exclusiva en un distrito y otras electoralmente irrelevantes, a un peronismo unido tampoco parece arrojar fáciles pronósticos favorables. En dos de sus últimas intervenciones, la Presidenta ha hablado de esta cuestión. En su discurso en la Plaza, el 25 de Mayo, dijo que quienes hablaban de “fin de ciclo” no estaban hablando de una elección ni de una boleta partidaria, sino de un rumbo y de un conjunto de conquistas que son lo que realmente está en juego. Estaba hablando del poder. Pocos días después criticó con mucha energía a quienes “no la defienden” y quieren “ser amigos de todos”. No es una arbitrariedad el nexo entre esas dos afirmaciones. Cristina ha dejado absolutamente claro que lo que debe esperarse no es la administración burocrática de una sucesión a ejecutarse con base en sondeos de opinión ocasionales. Lo que viene es una lucha por la continuidad de un proyecto de poder y una hegemonía política. Toda hegemonía política se sostiene en un relato, mal que les pese a quienes impugnan el concepto identificándolo con la simple mentira. El relato kirchnerista es el de un proyecto nacional peronista inconcluso después del derrocamiento de 1955 y frustrado en la experiencia de los enfrentamientos de la década del ’70. La crisis de 2001 es en esa narración el epílogo de un largo proceso que alcanzó su etapa más crítica con el golpe de 1976 y la readaptación del país al mundo del neoliberalismo consumada en la era menemista. De esa crisis resurgió un proyecto nacional-popular alternativo al neoliberalismo, ensamblado con un proceso transformador de alcance sudamericano y en el contexto de una grave crisis del capitalismo global. El peronismo opositor, por su parte, se relata a sí mismo como el partido del orden argentino, aquel que siempre dispone de los recursos políticos para sacar al país de la crisis y reorientarlo según los vientos de la época: neoliberales en 1989, nacional-populares en 2003... y seguramente recuperadores del orden, la seguridad jurídica y el diálogo en los tiempos venideros. Claro que la disputa entre dos relatos no es teórica. No se resuelve en congresos ni en think tanks. Se define en la lucha política. Y no se define principalmente en el siempre imprescindible terreno de las maniobras y las roscas, sino ante todo en la relación con el bloque social que sustenta esta experiencia política. La lucha por el peronismo no es una “lucha interna”; su terreno es la voluntad de grandes masas de millones de hombres y mujeres que serán quienes decidan en última instancia. El resultado de la batalla no lo conocemos. Lo que sí parece seguro es que la batalla no será reemplazada por el retiro, por más “ordenado” que sea, de la actual fuerza dirigente. 09/06/13 Página|12

Movidas e incertezas II

Deshojando otra margarita: El intendente Sergio Massa deshoja su margarita, entornado por presiones de todo tipo. “No hay 2015 sin 2013” es el slogan de sus aliados políticos que lo compelen a lanzarse ahora porque luego sería irremisiblemente tarde. El consejo es pura conveniencia para los socios potenciales: un puñado de intendentes peronistas y radicales, dirigentes duhaldistas sin cacique, el diputado Felipe Solá, por señalar a los más conspicuos. Sin Massa como mascarón de proa, sus chances para octubre son mustias. Las perspectivas se ampliarían si “Massita” se presentara, aunque no ganara como pronostican varios consultores. El impulso que le exigen (más que proponen) desde el poder económico y los medios dominantes también es más claro desde su propia necesidad. Massa podría restarle votos al diputado Francisco de Narváez y también al kirchnerismo. Esa merma se traduciría en la provincia de Buenos Aires y también en el cuadro nacional, intuyen con atendible racionalidad. Desangrar al kirchnerismo es la contradicción principal, si no la única para corporaciones de fuste. El problema, el dilema de “Sergio” es que para él no es lo mismo ganar que perder o que esperar al próximo turno electoral. No suena como ganadora la hipótesis de una solución híbrida: una lista nacional del massismo, sin su referente a la cabeza. El peso del individuo es casi todo en estas lides. El referente alterna asados visibles con los compañeros o correligionarios y tenidas opacas con cuadros del establishment económico y mediático. Su relativa indefinición, teorizan en su torno, lo convierte en un candidato catch all. Se puede mostrar como un gestor, no ideologizado. Ostentar sus logros en la Anses (que lo emparentan con conquistas del kirchnerismo), en seguridad (materia más cara a la centro derecha y a “la gente”). En las mesas de arena, todo es sencillo. Cuando salen a la cancha los otros equipos, las cosas se complejizan, se llenan de aristas. Massa, bastante solitario en ese punto, es quien debe pensar un universo de pros y contras que sus empujadores (“animémonos y jugá vos”) pueden simplificar al máximo. - - - Otra indefinición: Perdura la indefinición sobre el mantenimiento, la suspensión o la abolición judicial de la elección popular de integrantes del Consejo de la Magistratura. El transcurso del tiempo acentúa la incertidumbre y gravita a favor de quienes quieren frenar la vigencia de la ley respectiva. El cuadro general es un galimatías. Una cantidad pasmosa de pleitos, iniciados en igual número de juzgados, complican cualquier vaticinio y hasta cualquier desenlace ordenado. Nuestro sistema judicial atribuye el control promiscuo de la constitucionalidad: puede ser decretada por cualquier juez. Cuando las decisiones se contradicen, como en este caso, no prima la regla de la mayoría. Ni hay previsto un sistema de unificación. Hay algo más intrincado, incomprensible para los profanos... tal vez porque sea ilógico, no más. Es que cualquier sentencia firme vale igual a otra, en principio. Por ejemplo, una de la Corte Suprema versus una de un juzgado de primera instancia. Hasta ahora no hay ninguna decisión firme y la lógica es que todas sean recurridas hasta llegar a la Corte. El cronista, que es abogado y obsesivo, puede imaginar un escenario poco probable aunque no imposible. Supongamos que un día quedara firme un fallo de primera o segunda instancia por desidia o error de los abogados reclamantes o los del Estado, que se olvidaran de apelar o recurrir. Digamos, para hacernos entender (aunque el ejemplo vale también al revés), que fuera una sentencia haciendo lugar a la inconstitucionalidad. Y que ese mismo día o después la Corte admitiera lo contrario: la plena vigencia de la ley. El lector no avisado supondrá que el fallo de la Corte es un as de espadas, que “mata” (en sentido truquero, claro) al otro. No es así, ya se dijo: las dos decisiones tendrían el mismo peso. Esas situaciones existen y se llaman “escándalo jurídico” en la parla forense. No es un escándalo, stricto sensu, sino una contradicción chocante que empioja la tramitación de un conflicto judicializado. El ejemplo es “de laboratorio” pero no es muy forzado imaginar situaciones similares. Las cataliza un sistema intrincado, por cuyas hendijas se cuelan picardías de abogados astutos o ladinos, usted dirá. La Corte podría tejer una solución creativa al entuerto. Pero solo puede acontecer cuando le llegue un expediente en regla. Según los cálculos del cronista no hay modo que así ocurra antes de las fechas límite para cerrar la inscripción en las PASO (12 y 22 de junio). Ni aunque se utilice el “recurso extraordinario por salto de instancia” (per saltum, para los amigos). Hay en danza varias suspensiones consagradas por jueces amigables de primera instancia, por ahora. Y varios rechazos, también. El regreso del supremo Eugenio Raúl Zaffaroni posibilita que la Corte haga algún anuncio o movida al respecto: sin su presencia no era imaginable por evidentes motivos políticos e internos. Hoy y aquí, la madeja está muy enmarañada. Tampoco es clara la estrategia judicial del Gobierno, que parece buscar que se unifiquen las causas en el juzgado electoral de María Servini de Cubría. No es sencillo conseguirlo, por decirlo con un eufemismo. En la nebulosa, el pálpito más factible es que no se llegue en término a dirimir el conflicto. Acá y allá se han leído chimentos acerca de la voluntad oficial de suspender las PASO, en ese escenario. Pero la ley no regula nada al respecto: sería alocado que incluyera previsiones sobre una coyuntura tan cambiante, novedosa y caótica. Final abierto, pues, con cuenta regresiva. Es un enigma qué se votará en agosto y octubre. Las valoraciones se reservan hasta la definición para no abrumar al lector con virtualidades. Una acotación, al pasar. Extraño sistema totalitario el argentino, que permite que una medida del gobierno despótico pueda ser removida o frenada mediante un recurso o una chicana ante los tribunales. El cronista supone que en tiempos de Stalin no era viable evitar una deportación al Gulag con una medida cautelar. O que en la China de Mao era más cuesta arriba conseguir ante los estrados judiciales evitar las acciones de los Guardias Rojos. La desmesura en los diagnósticos es gratis, tal vez por eso se prodiguen tanto. - - - Mirada de domingo: Hace tres meses era impensable que la Corte tuviera entre manos una brasa más ardiente que el juicio “Clarín”. La realidad nativa es generosa en imprevistos o en cambios de eje. En las vísperas del 7-D, la Corte le concedió una generosa dosis de tiempo al multimedios y, quién le dice, a sí misma. Ahora podrá resolver el punto midiendo el potencial electoral oficialista, reconózcase o no. El final del campeonato de fútbol es buena oferta para hoy y mañana. Hay mucho en juego y casi todo por definirse. Los resultados y el consiguiente reparto de alegrías o penas se conocerán recién con la pitada final. En política ocurre algo similar, salvando las enormes distancias. Los aprontes, la planificación previa, las incertidumbres sobre candidatos y hasta sobre qué se elegirá son preámbulos fascinantes y, posiblemente, decisivos. Pero el resultado no está escrito: depende de la destreza de los jugadores y solo se conocerá a la hora señalada, cuando se recuente el último voto. mwainfeld@pagina12.com.ar 09/06/13 Página|12

Movidas e incertezas Por Mario Wainfeld

Las internas abiertas a las que pocos apelan. Datos comparados, ventajas posibles y olvidadas. El acuerdo opositor en la Capital, una excepción. La ideología por un lado, el pragmatismo por otro. Peculiares reglas del juego. Un nuevo escenario porteño. Massa en su laberinto. Una maraña judicial que se acrecienta. Y varios detalles más. En general, los distintos competidores de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) vienen optando por no hacer internas. Así fue en 2011 y, da la impresión, será ahora mayoritariamente. No hay conjura secreta ni acuerdo unánime: cada cual actúa según lo que imagina es su conveniencia. En la provincia de Santa Fe, donde funciona un mecanismo similar, los partidos o ententes sí compiten. Por ejemplo, hace dos años, el gobernador Antonio Bonfatti primó en la interna de la coalición socialista-radical. A su vez, el flamante ministro de Defensa, Agustín Rossi, ganó en la versión provincial del Frente para la Victoria (FpV). En Estados Unidos, Chile o Uruguay las internas están instaladas por ley y costumbre. En el pasado reciente y previo a las PASO, las internas (partidarias o abiertas) sirvieron para posicionar y hasta catapultar candidatos. Los presidentes Raúl Alfonsín y Carlos Menem llegaron tras pujas internas en la que no eran favoritos. Fernando de la Rúa se fortaleció en la disputa con el Frepaso. Desde luego, no hay receta garantizada para el éxito. Ni táctica única siempre convalidada. Pero es real que la victoria potencia a l@s candidat@s, confirma las preferencias de quienes los apoyaron en “la previa”, genera un cierto triunfalismo que jamás viene mal antes de entrar al rectángulo de juego. En ese sentido y a la espera de los hechos, el cronista entiende que es astuta la movida electoral urdida en la Ciudad Autónoma por un conglomerado de partidos y candidatos opositores. Desde el punto de vista ideológico, lo suyo es un mix de difícil comprensión. Cuesta tomarlo en serio como propuesta de gobierno. Pero puede que funcione a la hora de disputar bancas, con la bandera anti K como factor unificador. En primera mirada, complejiza el panorama porteño, que parecía enfilar a un primer puesto del PRO y un segundo para el FpV, con el “resto del mundo” opositor muy fragmentado. El escenario más impactado, supone provisoriamente el cronista, será la elección de senadores, en especial para el oficialismo nacional que descontaba quedarse con la banca para la segunda minoría. Los comicios ahora se dirimirán principalmente entre tres fuerzas, que no corresponde llamar “tercios” porque no son iguales en número o no tienen por qué serlo. La posición del candidato oficialista (los corrillos dan como cabeza de fórmula a Daniel Filmus pero la fumata de Olivos no se ha encendido aún) puede verse más amenazada. La confederación multicolor no tiene pinta de sacarle votos al FpV ni para diputados ni para senadores. En ese sentido, es el macrismo el que tiene que poner sus barbas en remojo. Para conseguir diputados, el FpV “compite contra sí mismo”: debe apuntalar su caudal propio que, todo lo indica, lo llevará a mejorar su fallida cosecha de 2011, una sola banca. Cómo se divida el universo opositor es bastante secundario, en ese aspecto. Una interna abierta entre fuerzas bien disímiles también en su estructura y organización es un albur. Hasta fin del siglo pasado, ese torneo hubiera sido un picnic para la Unión Cívica Radical (UCR) que siempre talló fuerte en la Capital. Pero el ciclo menguante es duro por lo que vaticinar lo que pueda advenir, se acerca bastante a la timba pura y dura. ¿Habrá un núcleo duro de lealtades boinas blancas, no subyugadas ya por el macrismo o no seducidas por el discurso flamígero de la diputada Elisa Carrió? ¿Cómo rendirá la extraña pareja conformada por ésta y el diputado Fernando Solanas? ¿Sinergia o entropía o algún estado intermedio? La política tiene ingredientes de apuesta, no es un ajedrez. Es cantado que la coalición se suspenderá en sus efectos después de las elecciones, aunque oponerse al oficialismo de pálpito y de volea, sea un factor relativamente unificador. - - - Porotos y bancas: Los aliados pactaron que la boleta se conformará con las minorías, en proporciones fijadas por el sistema D’Hondt, que se aplica a nivel nacional... con una diferencia nada menor. Mientras el “piso” para entrar un diputado es del tres por ciento, para colar en la lista arco iris hace falta el 25 por ciento de los votos recibidos en las PASO. En términos absolutos, no parece tanto. Imaginemos (cero profecías, es sólo un ejemplo para explicar) que juntara el 20 por ciento del padrón general: el partido que sacara el 5 por ciento entraría en la lista. Pero la mayor exigencia (comparada con el ámbito nacional) puede ser determinante en la primaria. Su objetivo es preciso: busca que no se presenten out siders, del mismo “palo” que alguno de los firmantes del pacto. La cláusula es un tantín nominativa: enfila contra Rodolfo Terragno, quien afirma que quiere intervenir en la interna. Sus correligionarios tratarán de disuadirlo aunque, con el mazo dando, le dificultan el camino. Terragno es amablemente aborrecido por la dirigencia de su partido. En parte porque es afecto a “mandarse solo”, en parte porque es radical de primera generación (un recién llegado, aunque lleva décadas de pertenencia activa) y en parte porque se puso firme cuando estalló el escándalo de las coimas en el Senado. Los radicales que reivindican al ex presidente Fernando de la Rúa son una especie en extinción pero subsisten los que mantienen pactos corporativos o de pertenencia respecto de sus curros o demasías. Está dicho pero vale repetirlo: 2009 fue un momento fructífero para la oposición en promedio y para la UCR en particular. Los radicales arriesgan 25 de sus 38 bancas en la Cámara baja, un tocazo por decirlo en jerga científica. El afán de subsistencia acicatea la creatividad mechada con sapofagia. El reencuentro con “Lilita” Carrió, quien los vituperó semanas atrás es un mal trago, producto de la realpolitik. También lo es ponerse detrás de otra ex correligionaria, la diputada Margarita Stolbizer, en la provincia de Buenos Aires. El ex canciller Dante Caputo (militante socialista hoy día) trató de frenar el matrimonio de conveniencia, comparando a sus ex correligionarios con la kriptonita. Otros dirigentes “que se quedaron” se inclinan por confluir con Carrió que a menudo funge de tal con sus aliados... pero que tal vez sirva de salvavidas en la emergencia. La política concreta tiene esas variaciones, que el cronista encuentra entretenidas. Esas jugadas resultadistas son medidas a la luz del veredicto popular, difícil de entrever con antelación.

La cumbre de los derechos postergados Por Daniel Cecchini. Desde Formosa dcecchini@miradasalsur.com

Representantes de los pueblos originarios de todo el territorio argentino reiteraron en Formosa su decisión de seguir luchando por sus territorios, sus culturas y su identidad. Nuestra realidad es un tema de derechos humanos. Sin embargo, la relación que propone el Estado con los pueblos indígenas es sólo desde un enfoque de pobreza. Nos visibilizan sólo como objeto de asistencia, cuando somos sujetos de derechos políticos y territoriales.” Este párrafo del documento sobre derechos humanos que se discutió en el marco de la Cumbre Nacional de Pueblos y Organizaciones Indígenas que se realizó aquí, en Formosa, entre el lunes y el miércoles pasados, pone en blanco sobre negro una de las cuestiones centrales que condicionan la vida, la muerte y la identidad de los integrantes de los pueblos originarios en la Argentina: la exclusión. “Nunca habíamos tenido tantos derechos reconocidos en normas nacionales e internacionales –agrega el documento–. Sin embargo, vivimos una etapa de negación y exclusión. ‘Memoria, justicia y reparación’ son las banderas que caracterizan a nuestras organizaciones indígenas.” Los ejes sobre los que giraron los tres días de deliberaciones muestran la amplitud de esa exclusión. El despojo territorial –con el consiguiente desarraigo– y el no reconocimiento en los hechos de los derechos de los pueblos originarios sobre la tierra que habitan desde antes de la conquista estuvo a la cabeza de la agenda. De ahí en más, se debatieron algunas de sus consecuencias: los perjuicios que causa la utilización de suelos y subsuelos de acuerdo con las necesidades de un modelo extractivo que no contempla la vida, la salud y la cultura de sus habitantes (como en los casos de la explotación minera y la no aplicación de la Ley de Bosques); las violaciones de los derechos humanos; la represión de la protesta; el cercenamiento de los medios de subsistencia ancestrales de los pueblos y el inclumplimiento de las leyes indígenas. En uno de sus primeros párrafos, la declaración finalaprobada por los más de doscientos participantes de la Cumbre describe con crudeza la situación: “Vemos alarmados cómo nuestros territorios son utilizados como meros proveedores de materia prima para el mercado global, mientras expresamos discursos de soberanía. En los territorios indígenas del sur nuestro drama es la contaminación hidorcarburífera, agravada por la llegada de la nueva tecnología del fracking (fractura hidráulica), o enormes extensiones otorgadas a la megaminería, sin ninguna contemplación a la presencia del Pueblo Mapuche. En lo relacionado al agronegocio, en las últimas dos décadas, la superficie sembrada con soja resistente a los herbicidas creció en un 5.000 %, lo que representa dos tercios de la superficie cultivada total del país. Vemos que se promueve así una agricultura deshumanizada, sin agricultores y donde las semillas, la biodiversidad y la tierra son objetos y no lo que hay que proteger por siempre. Quienes sufren los impactos de las fumigaciones, el desmonte, las enfermedades, la falta de alimentos sanos, las inundaciones y las sequías, la pérdida de suelos y sus riquezas, el desplazamiento de poblaciones, y el hacinamiento en los márgenes de las ciudades, viviendo del asistencialismo, somos los pueblos indígenas y la población campesina”, dice. La denuncia de la criminalización de la protesta de los pueblos indígenas por parte de algunos Estados provinciales fue otro de los puntos salientes de la declaración. En ese sentido, los participantes de la Cumbre señalan: “Son frecuentes y graves las situaciones de penalización que provoca el poder frente a las protestas por reivindicación de los derechos de los Pueblos Indígenas. El caso de los pueblos indígenas de la región NEA (Chaco, Formosa, Misiones), es uno de los más alarmantes”. En el mismo sentido se pronunció hace algunos meses el Relator Especial sobre los derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, James Anaya, en su Informe sobre la situación en la Argentina: “Esto ha generado una respuesta estatal que ha criminalizado actos vinculados a estas protestas. Se observa que muchos individuos indígenas siguen procesados por supuestos crímenes cometidos en este sentido. En algunos casos, estas protestas y la respuesta de la fuerza pública o terceros privados han generado momentos de violencia y hasta han ocasionado la pérdida de vida de miembros de pueblos indígenas”. En el caso de Formosa y Chaco, la lista de muertos por la represión o en circunstancias oscuras es larga y se ha acrecentado de manera muy alarmante desde 2010 a la fecha:Celestina Jara, Lila Coyipe, Juan Daniel Díaz Asijak, Justina López, Delina Díaz, Guillermo Díaz, Ilmer Flores, Pablo Sanagachi, Javier Chocobar, Sandra Juárez, Esperanza Nieva, Roberto López, Mario López, Mártires López, Cristian Ferreyra, Miguel Galván y Florentín Díaz. A todos ellos, los asistentes a la Cumbre les rindieron un homenaje especial. La decisión de realizar la reunión de la Plurinacional en Formosa fue dar expreso apoyo a los líderes de la Comunidad La Primavera, en especial a Félix Díaz, debido a las persecuciones que viene sufriendo después de los cortes de la ruta 86 por reclamos de tierras. En el caso específico de la provincia, las problemáticas centrales de las comunidades indígenas son la no ejecución por parte del gobierno local de la Ley nacional 26.160 de relevamiento y anulación de desalojos en tierras indígenas. En este sentido, la gestión de Gildo Insfrán no ha cumplido con lo establecido por la Ley 26.126, que determina que los representantes de las comunidades deben ser consultadas. Al respecto, la declaración de la Cumbre expresa que el derecho a la consulta viene siendo “violentado sistemáticamente” por parte del Estado. “Esta obligación –agrega el documento– es con el objeto de solicitar el Consentimiento, Previo, Libre e Informado de los pueblos y comunidades indígenas afectadas. La violación de este derecho coloca al Estado en responsabilidad internacional por su falta de cumplimiento, en base a los acuerdos jurídicos firmados.” Las comunidades indígenas formoseñas también cuestionan el proyecto de reforma del Código Civil (sostienen que deben ser consideradas de personería jurídica de derecho público y no privada), los desalojos en general y particularmente en las comunidades de Campo Pampa El 20, El Pajarito (ambas wichí)y 503 (pilagá), entre otras; la falta de voluntad política del gobierno provincial para implementar la recuperación de territorios indígenas. Otro problema fundamental para parte de la población originaria de lo que hoy es Formosa es el derecho a la identidad. En el territorio provincial están asentadas cinco etnias. Tres de ellas están reconocidas por el gobierno como tales: los tobas y los pilagá (ambos qom) y los wichí. En cambio, el Estado formoseño no reconoce identidad étnica a los tobas del oeste (también de raíz lingüística qom) ni a los nivakle, una comunidad de alrededor de 700 personas. Esta falta de reconocimiento –que viola normas nacionales– les provoca dificultades casi insalvables a los miembros de estas etnias a la hora de obtener el documento nacional de identidad y, al carecer de él, no pueden ejercer sus derechos ciudadanos. 09/06/13 Miradas al Sur