La crisis del sistema capitalista Los valores de la igualdad o los del establishment

El agravamiento de la crisis global constituye un golpe al corazón del enfoque ideológico del establishment. Por Juan Carlos Junio* La crisis de los países centrales refleja con claridad la lógica capitalista predadora que, sobre la base de privilegiar ciertos intereses particulares y de las corporaciones, se manifiesta con especial crudeza en épocas de fuertes turbulencias, como ocurre actualmente en Europa. Se trata de una crisis que abarca múltiples aristas y que, en lo económico, se expresa en una severa caída de la actividad en la Eurozona, que no da muestras de revertirse, y en la actualidad con Alemania a punto de entrar en recesión. Lo más grave son sus consecuencias en el plano social. España, ejemplo clarísimo del dramatismo que traen aparejados estos envejecidos dogmas, ya tiene un nivel de desempleo que ronda el 27 por ciento. La ya tristemente célebre troika persevera con pertinacia en el recetario neoliberal y en sus agrias medicinas intentando –infructuosamente– una salida a la crisis, privilegiando la salvación de sus banqueros. En estos días el Banco Central español llegó a recomendar que para estimular el empleo se permita contratar trabajadores con un sueldo inferior al mínimo de convenio. Esta propuesta, de llevarse a cabo, echaría por tierra una de las conquistas históricas más importantes de los trabajadores españoles. A nivel de la Unión Europea, se reabrió la puerta para que los miembros del bloque puedan establecer controles en las fronteras, con la autorización de los demás países. Es este otro claro avance del establishment en contra de uno de los logros más mentados del largo proceso de integración europea. La idea central integradora comienza así a fracturarse avanzando hacia un sistema que impone barreras para frenar la movilidad de los ciudadanos en busca de trabajo. El agravamiento de la actual crisis global constituye un golpe directo al corazón del enfoque ideológico del establishment, constituyendo una crisis de valores en la que se sustenta y reproduce el neoliberalismo, como fase decadente del sistema capitalista. No dejan de resultar anacrónicos ciertos análisis y declaraciones que crecieron en intensidad mediática en nuestro país en los últimos días, tratando de instalar la idea de que es necesario reducir el gasto público, recurrir al endeudamiento externo, o realizar una devaluación abrupta del tipo de cambio. La presidenta Cristina Fernández ratificó una vez más que esa línea no era una opción para el actual gobierno, contrariando los reclamos del establishment local. En ese sentido, días atrás se anunciaron medidas que producirán mejoras significativas en los ingresos de los sectores populares. Se estableció que la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo aumentará a partir de junio un 35,3%, lo cual, sumado al anterior incremento de septiembre, deriva en una suba acumulada del 70% en un año, muy por encima de cualquier índice de inflación. También se incrementaron los valores para los distintos tramos de las Asignaciones Familiares y se estableció un pago adicional por Ayuda Escolar, por única vez, que se suma al del mes de marzo. En esta temática, es dable destacar un informe reciente de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el que se valoran los logros de la Argentina en materia de reducción de las desigualdades. Estas mejoras fueron relativizadas o directamente ninguneadas desde los medios de comunicación hegemónicos, lo cual cobra mayor relevancia aún en una fecha como la de hoy, en la que conmemoramos un nuevo Día del Periodista. La efeméride simboliza el espíritu del primer número de La Gaceta, en 1810, inspirada en el pensamiento y las plumas de Mariano Moreno, Juan José Castelli y Manuel Belgrano, figuras con un profundo sentido ético y un compromiso excluyente con la flamante Nación y su pueblo, en un momento de lucha política contra el viejo orden colonial español, que reaccionó con furor ante los afanes liberadores de nuestros hombres de Mayo. No parece ser el caso de las corporaciones mediáticas, que en la actualidad reiteran su alianza con el núcleo corporativo y regresivo de nuestra época. En esto cabe citar a Federico Sturzenegger, otrora miembro de los equipos de Ricardo López Murphy y de Domingo Cavallo con la Alianza, y actual presidente del Banco Ciudad, que más allá de sostener que el plan "Mirar para Cuidar" tiene reminiscencias con prácticas del nazismo, dejó interesantes declaraciones en torno a la cuestión de los valores. Sostuvo que Argentina "puede cambiar simplemente con cosas muy pequeñas que es un poquito de normalidad y honestidad en la gestión pública". Al respecto, consideró que normalidad es hacer ciertas cosas, tener valores fundamentales, que se cumplen en todos los países que andan bien, más allá de sus diferencias. Según Sturzenegger, a los hijos se les dice, "no mientas, tratá al resto como querés que te traten a vos, el trabajo vale, esforzate, estudiá. Esos valores hoy Argentina los ha perdido". Este señor, que no para con sus irresponsables manifestaciones, asimilando en forma banal al gobierno y a la joven militancia argentina con las juventudes hitlerianas, expresa la ideología macrista en su versión más primitiva y brutal, aunque además lo motiva su deseo de exhibirse para una candidatura a diputado. El funcionario macrista omitió hablar de la solidaridad, la participación, la búsqueda de igualdad, que son los valores que configuran en gran medida el tipo de sociedad auténticamente democrática en la que nos gustaría vivir. Muchos de ellos se están llevando a la práctica en nuestro país en todos estos años, a contramano de lo que ocurre en otros lugares del mundo en plena crisis económica y de valores. Resta camino por recorrer, sin dudas, pero en la reafirmación de valores que tienen como norte avanzar hacia una Patria con más igualdad, única opción para que exista la libertad en un sentido pleno para el ciudadano. 07/06/13 Tiempo Argentino

Evasión en el country

Amplio operativo de la AFIP en Chacras de la Cruz. Sospechan que la empresa Urbaland ocultó más de siete millones de pesos. El truco de la subfacturación. El tiempo transcurrió sin sobresaltos hasta que un informe periodístico le quitó el encanto a la tranquilidad y a la contemplación de las vastas llanuras. De nada sirvió el hecho de alejarse de la ciudad para confundirse en esa madeja de barrios privados, chacras y countries que fue tejiéndose campo adentro. Todo se sabe. En la edición del 23 de mayo pasado y tras una investigación de Veintitrés, pudo conocerse a través de documentos y fotos la residencia campestre que la diputada Elisa Carrió mandó a edificar en el exclusivo Club de Campo Chacras de la Cruz. Fue entonces cuando los vecinos de Capilla del Señor vieron su siesta alterada y luego todo pareció tranquilizarse. Pero después de un exhaustivo trabajo, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) dio con datos de irregularidades proporcionados por la empresa que administra ese club de campo. Parece que el conocido ardid de subfacturar lotes escudándose en valores de baldío continúa utilizándose. La AFIP llevó adelante un allanamiento en el club durante la mañana del miércoles 5 de junio en busca de precisiones. La sospecha es por la supuesta evasión impositiva en la que habría incurrido Urbaland Argentina S.A. por la venta declarada en valores muy inferiores a los de mercado en la venta de parcelas. Una de esas porciones de tierra fue adjudicada en febrero de 2012 a la diputada de la Coalición Cívica tras un adelanto en efectivo y el saldo en cuotas hasta completar los 49 mil dólares de precio final. Se trata del lote 261, de 4.240 metros cuadrados, donde hasta la fecha la legisladora construyó una cuarta parte de los 300 metros planificados. En 1999 y junto a la compra de la vieja estancia se constituyó la empresa Urbaland Corp en Panamá. Tiempo después, la sociedad cambió el nombre y fue adquirida por el ingeniero Martín Mariano Asconape. En 2003 agregó a miembros de su familia –presumiblemente sus hijos– en el directorio: María Sol, Jimena y Matías. El ingeniero es actualmente el presidente del 95 por ciento de las sociedades domiciliadas en la calle Niceto Vega 5350 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En esa dirección palermitana figuran más de una decena de sociedades: trece nacionales y tres panameñas, en su mayoría sin movimientos económicos aparentes y donde seis nombres propios forman parte de empresas vinculadas entre sí. Entre las sociedades con asiento en Niceto Vega figuran Urbaland Argentina, Club de Campo Chacras de la Cruz, Inmobiliaria Darwin, Campus del Pilar, Sun Market, Espacios MM, Club Darwin, Altos del Corral, Amitabha, Tenis Club Argentino, Tejoma y Estudio Darwin entre otras sociedades anónimas y SRL. En el caso de las dos últimas, a ambas se les adjudica su aporte de 115.000 pesos a la campaña de la Unión Pro durante el año 2009. El nombre de Martín Asconape encabezó una lista de cincuenta beneficiarios que durante los años del menemismo vieron ensancharse sus propiedades del carísimo Barrio Parque. Sendos decretos de la dictadura militar y, años después, del presidente Carlos Menem dieron pie a uno de los tantos negocios surgidos de la privatización. Terrenos de la ex Ferrocarriles Argentinos fueron vendidos a los felices propietarios por 500 dólares el metro cuadrado cuando el valor de mercado indicaba los 6.000 dólares. Asconape es parte de una nómina que completan Gianfranco Macri, hermano de Mauricio, el periodista Mariano Grondona y su esposa Elena Lynch. La soleada mañana campestre volvió a verse agitada y es porque los números de Chacras de la Cruz no cierran. Según la empresa, los últimos ocho años arrojaron balances negativos y declaró inactividad durante el año 2012 cuando se realizaron una docena de ventas. Como ejemplo, escrituró parcelas a 60.000 pesos sobre un precio real de 600.000 pesos. La AFIP estimó que el total del valor ocultado llega a los 7 millones de pesos. Chacras de la Cruz deberá dar explicaciones y la diputada también, ya que cinco días después de publicadas las fotos de su casa, el abogado Gustavo Ogni la denunció por supuesto enriquecimiento ilícito. La causa recayó en el Juzgado Federal 12 a cargo de Sergio Torres, pero rápidamente el fiscal Carlos Stornelli solicitó que se la desestime. Quienes deberán dar explicaciones ante la Justicia son ahora los propietarios de la empresa que administra el exclusivo club de campo. Revista Veintitrés

Ratifican que Cablevisión debe cumplir con la grilla de la AFSCA

La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal afirmó que la señal del Grupo Clarín debe respetar el ordenamiento de canales dispuesto por el organismo. Los argumentos. Por: N.O.E. La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal le reconoció a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) sus facultades como autoridad de aplicación de todo lo concerniente a los medios de radio y televisión en la Argentina. Y tras un intrincadísimo proceso que se inició el 27 de abril de 2012, cuando la AFSCA denunció que la empresa Cablevisión SA incumplía una resolución que le ordenaba la reorganización temática de la grilla del servicio que ofrecía, estableció que aquella decisión tiene vigencia y autoridad suficiente para su aplicación. El fallo es un paso más hacia la readecuación de la plantilla de señales a emitirse por Cablevisión. La resolución de la AFSCA que la empresa del Grupo Clarín cuestionó, la 296-afsc/10, establecía que los canales de noticias debían estar agrupados en un mismo bloque, de acuerdo con el siguiente orden: TN, América 24, C5N, Crónica TV, Canal 26 y CN23. Resoluciones posteriores fueron ampliando la cantidad de señales que debían ofrecer los servicios de televisión de pago a sus clientes, y al conjunto de noticiosas se sumó 360TV. Ante el escenario de entonces, la AFSCA "promovió demanda con el objeto de que se declarara el incumplimiento por parte de Cablevisión SA de la obligación de ordenar las señales de su grilla de programación en los servicios de televisión por suscripción que explota la demandada, conforme lo dispone la resolución". La justicia en primera instancia le hizo lugar al planteo por cuanto "aparecía ajustado a una prudente y razonable inteligencia del marco regulatorio de la actividad que desarrollaba la accionada, al que estaba sujeto, imponerle cautelarmente el cumplimiento del ordenamiento de la grilla de señales de televisión dispuesto por la citada resolución". Se inició entonces un farragoso y por momentos incomprensible proceso de apelaciones, declaraciones de deserción de recursos, reposiciones y objeciones contra el fallo que terminó recayendo un año después en la Sala Cuarta del Tribunal. Cablevisión argumentó que lo que le ordenaba la resolución de la AFSCA le resultaba de imposible cumplimiento porque estaba "técnicamente imposibilitada". Adujo que "la capacidad de transporte de sus redes no era ilimitada, con lo que la modificación de la grilla en el modo dispuesto conllevaba la eliminación de algunas señales ya existentes en pos de otras nuevas, lo que vulneraba los compromisos vigentes que ya había celebrado con las primeras". Incluso se pusieron en juego decisiones cautelares que Cablevisión había obtenido a su favor de un tribunal federal marplatense, que se contraponía con lo que ocurría en otras jurisdicciones, incluso en la Capital Federal, donde tiene su sede central la firma. Los jueces Marcelo Duffy, Jorge Morán y Rogelio Vincenti se enfrascaron en una discusión procesal extremadamente compleja. Debían, en definitiva, determinar si lo que la AFSCA había dispuesto era válido legalmente, lo que incluía una multa de 20 mil pesos por cada día de incumplimiento. A ese monto se había arribado evaluando la facturación de la empresa en marzo de 2012, cuando trepó a 461.271.474 pesos. El tribunal redujo las sanciones a dos mil pesos diarios. « Sabbatella: “Un freno a la soberbia del Grupo Clarín” El presidente de la AFSCA, Martín Sabbatella, consideró que "la decisión de la justicia sobre la grilla de los canales de cable es un freno a la soberbia del Grupo Clarín y una excelente noticia para los usuarios de todas sus licencias de televisión por cable, los cuales están siendo injustamente privados de ver contenidos informativos, infantiles, de entretenimiento y ficciones de gran calidad". En relación a la grilla, Cablevisión tuvo la misma estrategia que con los artículos 41, 45, 48 y 161 de la Ley 26.522, objetando su constitucionalidad. Pero, a diferencia de la causa que se tramita en el fuero federal Civil y Comercial, la inclusión y el ordenamiento de los canales de acuerdo a lo normado por AFSCA obtuvo una medida cautelar favorable al organismo. Es decir, una medida que obliga a cumplir con la grilla establecida hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo. "Curiosamente, mientras el Estado cumple la cautelar que favorece al multimedios y nos impide avanzar en el proceso de desmonopolización, Clarín no está respetando la decisión judicial que nos da la razón y que los obliga a cumplir la grilla. Por ese motivo existe una causa penal contra las autoridades de Clarín que no respetan a la Justicia", explicó el funcionario nacional y concluyó: "Tienen que cumplir y respetar la grilla. Si continúan sin hacerlo, se los multará y si no, deberán rendir cuentas ante un juez penal." 07/06/13 Tiempo Argentino

“Muchos hablan de nosotros porque no se les ocurre qué hacer”

La Presidenta se refirió a los partidos opositores y les pidió que realicen propuestas. "No nos paramos ante los micrófonos a descalificar y agraviar porque contamos las cosas que hicimos". Además destacó la militancia de los jóvenes durante un acto en Tucumán. La presidenta Cristina Fernández manifestó este jueves su voluntad de dialogar con la oposición para "entablar un debate democrático" aunque criticó su falta de propuestas: "Tal vez no se les ocurre qué hacer". Cristina evocó un diálogo con un dirigente de la UCR, a quien nombró como Luis: "El problema de ustedes (es que) se la pasan hablando de nosotros y tendrían que hablar de ustedes, de lo que hicieron, de lo que piensan hacer. Tal vez porque a lo mejor no se les ocurre qué hacer. Tal vez porque ya estuvieron en el Gobierno e hicieron cosas que mejor ni recordar". "Me gustaría más una Argentina en la que se escucharan también otras propuestas" "Los dirigentes de este espacio político, cuando nos paramos frente a un micrófono no nos paramos a descalificar, ni a agraviar. Nos paramos a contar lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo y las que vamos a seguir haciendo", subrayó. Por lo que expresó su crítica a la oposición, al decir: "Me gustaría más una Argentina en la que se escucharan también otras propuestas y entonces entablar un sano debate democrático", y agregó: "Nadie sale de debajo de las baldosas todos venimos por una historia, por eso valoro a los jóvenes que vienen sin las mañas, sólo con la solidaridad". Cristina inauguró un hospital y entregó viviendas, entre otras actividades. Cristina arribó acompañada del ministro de Planificación, Julio de Vido, y del secretario general, Oscar Parrilli. Y fue recibida por el gobernador José Alperovich y su esposa y senadora Beatriz Rojkés, quienes la acompañarán en el acto. La Presidenta recordó las deudas saldadas con la historia en materia de educación, salud, vivienda e inclusión social y dijo: "Ahora también tenemos que saldarlas con mejor justicia, con mayor seguridad". Asimismo, recordó que "el Instituto Provincial de Viviendas había hecho en cinco décadas 20 mil viviendas", y dijo: "Llevamos hechas 65 mil. Miren si no estamos viviendo una década ganada. Ésta es la Argentina que estamos construyendo". En primer término, la jefa de Estado inauguró el hospital Eva Perón, ubicado en Banda del Río Salí, que brindará atención médica a más de 300.000 habitantes del este tucumano y descomprimirá a los demás nosocomios y policlínicas, trabajando articuladamente para brindar una mejor calidad de atención. Al respecto, pidió cuidar las obras: “Nada es eterno si no se cuida. Los primeros que tienen q cuidar a los dirigentes representativos de la provincia son ustedes los tucumanos con su decisión política”. Alperovich destacó que el Hospital Eva Perón es "un orgullo para todos los tucumanos y para todo el norte argentino porque es de una gran calidad". Infonews GB

Lo que Lanata no dice de la jueza Álvarez

El periodista del Grupo Clarín omite algunos detalles, como con la jueza Ana Cecilia Álvarez, vinculada a la complicidad con el terrorismo de Estado de la última dictadura cívico-militar. Por Martín Crudele (@martincrudele) I El periodista “más rebelde” y con un gran crecimiento en popularidad mediática, dispara insultos, críticas y odio para lo que considera una politización de la justicia. Pero omite algunos detalles, como con la jueza Ana Cecilia Álvarez, vinculada a la complicidad con el terrorismo de Estado de la última dictadura cívico-militar. Lanata hace periodismo, investiga, o toma investigaciones de otros medios (Perfil y Revista Noticias, por ejemplo) y las trabaja y expande a su masiva audiencia radial y televisiva. Es decir, si bien Periodismo Para Todos (PPT) tiene una gran inyección de show, escándalo y humor, las investigaciones (reales o truchas, muchas de ellas incomprobables) existen. Otro condimento característico y central del programa es el mismo Lanata. Más de una vez les contesta a diferentes funcionarios, desde la Presidenta a un programa de TV, caso “6,7,8” , y no ahorra en insultos o acusaciones directas, recurriendo al recurso repetido varias veces por Nelson Castro para dirigirse al político en cuestión, como si fuera una carta televisada, para generar mayor apego del espectador. Incluso, en ese ríspido tono respondió en su programa Lanata Sin Filtro (Radio Mitre) a su panelista Luciana Geuna, insultándola; Geuna únicamente proponía datos para hablar con detalles y no abusar de la falta de criterio y rigurosidad. Para Jorge, en ese momento medía más el show. Llegó el domingo y presentó en el medio del programa un breve informe de los jueces que intervienen en la causa de Lázaro Báez. Marijuán es el tipo que sufre, ya que fue amenazado. Acto condenable, por supuesto, pero que no puede tapar el bosque: el fiscal sólo presentó dos solicitudes y no realizó ninguna indagatoria en la causa Arbizu, que investiga el lavado de dinero de 469 empresas entre las que se encuentra el Grupo Clarín. Pero en la última edición dominical de Lanata, la producción preparó un resumen en el informe titulado “Quiénes investigan la ruta del dinero K en la justicia”. Mientras pasan las imágenes de jueces y fiscales, el conductor intenta mostrar los vínculos de cobertura judicial con el kirchnerismo mediante la acusación a Sebastián Casanello, Carlos Gonella, Ramiro González y Julián Ercolini, entre otros. Hasta que llegó el turno del Juzgado Federal de Primera Instancia de Río Gallegos, que quedó vacante y cuyo lugar ocupó Ana Cecilia Álvarez. La jueza subrogante fue removida y su lugar lo ocupa Andrea Vera Askenazy. Lanata destacó que es ex empleada de la Fiscalía de Estado de la Provincia y asesora letrada de la Secretaría de la Gobernación de Santa Cruz. Luego, apuntó a su supuesta afiliación al Frente Para la Victoria. A la primera jueza subrogante, Ana Cecilia Álvarez, le dedicó 7 segundos para hablar bien. Dijo: “Es la única funcionaria judicial de la Provincia (de Río Gallegos) que se mostraba con intenció de investigar a Lázaro Báez en la causa por lavado”. Lo demás fue seguir atacando a los jueces supuestamente cercanos al kirchnerismo. Algunos con fuentes interesantes y otros con denuncias incomprobables. Pero la pregunta retrotrae a los primeros párrafos de esta nota: Lanata investiga a quien le conviene. No hay nada nuevo en esto, salvo una pesada historia. El año pasado, cuando se cumplieron 36 años del Golpe de Estado, organismos de Derechos Humanos denunciaron la complicidad de Álvarez al querer dar garantías a los que cometieron delitos de lesa humanidad, justamente rechazando esta condición, como tal, sosteniendo que no se constituye como una política activa, al realizar un comunicado, como se explica en esta nota. La jueza está casada con el Comodoro Fernando Estrella, cuyo padre, Luis, Vicecomodoro retirado, está preso por haber cometido delitos de lesa humanidad. Luis Fernando conoció su -por ahora- primera sentencia el 7 de diciembre de 2012 en La Rioja. Junto a Luciano Benjamín Menéndez y el ex jefe policial Domingo Benito Vera, recibió la pena perpetua por el asesinato de los curas tercemundistas Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville Esto no quedá ahí. A mitad de año, el suegro de la jueza Álvarez fue procesado en la causa por el asesinato del obispo Angelleli junto con Videla, Menéndez, Harguindeguy y el ex comisario Juan Carlos Romero. El comunicado mencionado anteriormente está firmado por Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas e Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S.). La vinculación atraviesa los fallos de Álvarez y una aclaración reveladora: “Aunque dictó el procesamiento de Eduardo Sarmiento, Rafael Gugini y Humberto Pompilio Ferrucci por los tormentos aplicados a un grupo de detenidos, Álvarez también interpretó el contexto del plan sistemático desplegado por el terrorismo de Estado y justificó las acciones de los agentes estatales tras un extenso análisis de la ley Nº 21.460, promulgada por la dictadura el 18 de noviembre de 1976 y derogada por la ley Nº 23.077 en 1984". También se explica claramente que existe una causa en la que “se investigan los tormentos aplicados en las Islas Malvinas a Carlos Trigoni y Hugo Sandoval, entre otros conscriptos” y la jueza quiere -mediante una resolución- declarar extinguida la acción penal. Incluso, hace poco el jefe de Gabinete, Abal Medina, tuvo un cruce con la jueza, al criticar al juzgado de Río Gallegos: "Está casada y es nuera con un integrante de las Fuerzas. Esta jueza el mes pasado fue denunciada por organismos de derechos humanos por aplicar leyes de la Dictadura y no de la democracia" (Diario Perfil). La jueza lo desmintió sin pruebas. Por una parte, Jorge Lanata puede parecer un hipócrita, ya que cualquiera lo ha escuchado denunciar y oponerse a la dictadura. Pero, atención, no hay que olvidarse, él ya lo dijo: lo tienen harto con la dictadura, a tal punto que mejor no investigar a quien no conviene. Una actitud que va desde la jueza Álvarez hasta su propio empleador y la dirección del grupo para el que trabaja.

Palenque ande ir a rascarse

El juez Santiago Martínez denegó el miércoles 15 el pedido de detención e indagatoria a Vicente Massot y Mario Gabrielli por la participación en el plan criminal del Terrorismo de Estado del diario La Nueva Provincia, del que uno era director y otro secretario de redacción durante la dictadura. Las contradicciones con fallos de instancias judiciales superiores. Facebook Twitter Canal de Youtube Lunes 3.6.2013 - Actualizado hace 7 minutos InicioQuiénes SomosNewsletterMilitá Con NosotrosEditorialesKirchnerismoOposiciónMilitanciaOpiniónPatria GrandeSeccionesComunicaciónCulturaDD.HH.EconomíaMisceláneasSindicalesSociedadInternacionalesOtras NoticiasRegionesCapital FederalGBAProvincia de Buenos AiresRosarioCórdobaEntre RíosOtrosEspecialesLo destacado del 2012Ley de Acceso al SueloEditoriales La Paco UrondoMirá todos los especialesLa PacoQuiénes SomosNewsletterMilitá Con NosotrosEditoriales Temas de Hoy: cambios en el gabinete expulsión del partido socialista foro social de san pablo Dossier Palenque ande ir a rascarse Martes 28 de Mayo de 2013 14:24 0 Comentarios El juez Santiago Martínez denegó el miércoles 15 el pedido de detención e indagatoria a Vicente Massot y Mario Gabrielli por la participación en el plan criminal del Terrorismo de Estado del diario La Nueva Provincia, del que uno era director y otro secretario de redacción durante la dictadura. Las contradicciones con fallos de instancias judiciales superiores. Por Diego Kenis Hacete amigo del Juez No le dés de qué quejarse; Y cuando quiera enojarse Vos te debés encojer, Pues siempre es güeno tener Palenque ande ir a rascarse. La estrofa de los consejos del Viejo Vizcacha a uno de los hijos del rebelde Martín Fierro bien pueden aplicarse al escenario que ofrece a la vista la ciudad de Bahía Blanca a partir de la actuación que en las causas por delitos de lesa humanidad viene desarrollando el juez subrogante Santiago Martínez. Tal como pocas semanas atrás expresó en conferencia de prensa el titular de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) bahiense Eduardo Hidalgo, las decisiones de Martínez hacen que no se extrañe en la ciudad a Alcindo Álvarez Canale, el magistrado que durante dos décadas dificultó y dilató la llegada de la justicia a la región y se jubiló el año pasado. Si Álvarez Canale se ocupó de ello cuando las investigaciones y acusaciones recaían sobre los militares, Martínez resulta su continuidad pero en el plano de los civiles, que incluye por el momento al Poder Judicial (ver nota aparte), la Iglesia y el diario La Nueva Provincia. Con el entramado corporativo judicial que se deja ver en Bahía Blanca y los resultados que viene registrando tal configuración, no resulta extraño que el matutino de Massot haya vinculado la imputación a su director con “la nueva justicia pretendida por el gobierno nacional”. Ello ocurrió poco más de 72 horas antes de la realización del primer encuentro del movimiento de fiscales y jueces “Justicia Legítima” en la ciudad, que se desarrolló el lunes 20 y no mereció mayor interés por parte del diario. Ese día, sugestivamente, La Nueva Provincia se hizo eco de un “análisis del Colegio de Abogados” bahiense y resumió su espíritu en el título de la nota: “Suma críticas a nivel local la reforma K de la Justicia”. Uno de los puntos cuestionados por el movimiento refiere al modo en que hasta ahora se venían llevando cabo las designaciones de jueces subrogantes y secretarios, por el entramado de vinculaciones que con la corporación judicial suponen. Martínez es uno de ellos. La Cámara Federal bahiense, presidida por un ex civil de Inteligencia de la dictadura, lo ascendió a juez provisorio el año pasado. El satánico doctor NO El miércoles 15 de mayo, el juez subrogante Martínez decidió rechazar el pedido de detención e indagatoria al empresario y director del mencionado matutino, Vicente Massot, y su secretario de redacción durante la dictadura, Mario Gabrielli, que había elevado la Unidad Fiscal de Derechos Humanos a cargo de Miguel Palazzani y José Nebbia a comienzos del mes. En la resolución, Martínez ni siquiera dio por probado el vínculo entre el medio del que Massot era propietario ya por entonces con el plan criminal del Terrorismo de Estado, a pesar de la existencia de normativas militares que encuadraban específicamente a las acciones de propaganda, como el Reglamento de Operaciones Sicológicas que en 1968 firmó el dictador Alejandro Lanusse y el represor Adel Vilas entregó a la Cámara Federal bahiense ante la que declaró en 1987. Vilas llegó a la ciudad luego de su paso por el llamado “Operativo Independencia” en Tucumán. Permaneció durante todo 1976 en Bahía Blanca y se reunía periódicamente con personajes de peso en el multimedios de los Massot Julio, quienes lo despidieron emocionados cuando a fines de ese año dejó la ciudad. El juez tampoco consideró probado el rol de los acusados en el plano de la instigación de los homicidios de los obreros gráficos y delegados gremiales Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola, quienes luego de encabezar una huelga contra la patronal en 1975 fueron advertidos públicamente por la entonces directora Diana Julio de los riesgos que conllevaba sentirse parte de “una nueva raza invulnerable de por vida”. Vicente Massot, ya copropietario de la empresa, fue comisionado para llevar adelante las negociaciones con los huelguistas. Pocas semanas después, sus nombres integraban una lista del “personal a ser raleado de un medio de difusión fundamental” incluida en documentos de Inteligencia de Prefectura. El 24 de marzo ocurrió el golpe. Massot y su madre se dirigieron a los talleres del diario y desafiaron a los obreros a “hacernos una huelga ahora”. Más tarde los dos delegados fueron citados al V Cuerpo, donde se les advirtió que se dejaran “de romper las pelotas, porque la mano viene brava”. El 30 de junio, Heinrich y Loyola fueron secuestrados, torturados y asesinados. Sus cuerpos aparecieron a la vera de una ruta el 4 de julio. El diario publicó que “son investigados dos homicidios” y hasta el viernes pasado no volvió a mencionarlos. Al menos escribió bien sus nombres. El juez no. “Heindrich”, bautizó a una de las víctimas. “Decir que con el cúmulo de elementos que hay no es posible llamar a una persona a que explique, es volver a asesinar a esos dos obreros gráficos”, dijeron los fiscales en una conferencia de prensa realizada el jueves último. Hay una sombra oscura tras de ti Con su resolución, y al desligar no solamente a Massot sino a la empresa en su conjunto de las acusaciones, Martínez no fue sólo contra el pedido de los fiscales. También desconoció segmentos del fallo que el Tribunal Oral Federal bahiense escribió el año pasado, cuando condenó a diecisiete represores y consideró “comprobada” la “campaña de desinformación y de propaganda negra” del diario, “destinada no solo a imponer la versión de los victimarios, sino principalmente a colaborar en la creación de un estado tal de anomia legal en la sociedad, que permitió el ejercicio brutal de violencia irracional y desatada por parte de la estructura estatal”. Con esa comprobación, el TOF envió el señalamiento al juzgado de primera instancia a cargo de Martínez, que a su vez delegó la investigación en la Unidad Fiscal de Palazzani y Nebbia. Cuando los fiscales reunieron elementos probatorios, solicitaron el paso siguiente en la tarea investigativa: oír al acusado. Pero el juez optó por negarles el pedido, y de ese modo fue contra la investigación que él mismo había encargado a los fiscales. Por otra parte, y al igual que cuando un mes atrás denegó idéntico pedido respecto del sacerdote Aldo Vara, el juez Martínez contrarió lo expresado por la Cámara Nacional de Casación Penal a mediados de diciembre último. Bajo las firmas de los magistrados Alejandro Slokar, Ángela Ledesma y Pedro David, la CNCP indicó que el único que “estaría autorizado a oponerse a un pedido del representante de la vindicta pública sería tan sólo la asistencia letrada” de la contraparte, “pero esa posición nunca puede ser ocupada por el tercero imparcial, so riesgo de romper el equilibrio que debe existir entre los tres poderes realizadores del proceso penal”. En pocas palabras: en ambos casos, el juez Martínez se colocó en el rol de abogado defensor de los imputados.

Massot, La Nueva Provincia y la dictadura

Durante la misma semana en que el juez Martínez firmó la resolución que denegaba el pedido de detención del director de La Nueva Provincia (Bahía Blanca) Vicente Massot y su ex secretario de redacción Mario Gabrielli, se confirmó la fuga del represor Carlos Arroyo. Por Diego Kenis Los máximos referentes del gobierno municipal bahiense actual no se expresaron oficialmente, a pesar del intento de un sector censurado, sobre el pedido de detención del director del diario La Nueva Provincia, Vicente Massot, y su secretario de redacción durante la dictadura, Mario Gabrielli. “Será Justicia o no será nada”, escribió vía Twitter el médico Diego Palomo, secretario de Salud y Desarrollo Social bahiense. Tampoco se dejaron oír públicamente, entre los funcionarios del actual Ejecutivo, voces en contra del pedido de los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani. No quedó revalidada, por ende, la opinión del intendente licenciado y actual ministro de Producción bonaerense Cristian Breitenstein, quien hace cuatro años dijo que sobre Massot pesaba “un etiquetamiento sobre su persona, que en alguna medida me parece que es exacerbado”. Sí se expresaron, en cambio, algunos referentes del radicalismo, fuerza política que conservó el gobierno municipal bahiense entre la recuperación de la democracia y el 2003, luego de haberle dado a la dictadura un hombre de sus filas para el cargo de comisionado: Víctor Puente, a quien todavía se le rinde honores. El senador nacional Juan Pedro Tunessi opinó que detrás del pedido de detención de Massot y Gabrielli “puede haber una manito del gobierno”. Aloma Sartor, actual concejal y ex presidenta del radicalismo local, completó el razonamiento. “Espero que las investigaciones sigan”, auspició. Pero luego aclaró que “yo soy de las que creo que esto de la caza de brujas no es un clima que nos viene bien” (sic). “Una cosa es tener una postura ideológica que el diario no escondía, y hay que ver qué relación tenía en ese momento con los actores de la Armada o de la Marina, y otra es decir que yo tengo alguna posibilidad de incriminar en relación a un crimen”, aseveró. Evidentemente, la resolución por la negativa del juez Martínez hizo escuela. No deja de llamar la atención, sin embargo, que desde la Unión Cívica Radical se viertan estos conceptos: un grupo de exiliados radicales en París fue de los primeros en informar públicamente el rol diario en el plan criminal de la dictadura. “El diario La Nueva Provincia de Buenos Aires clama sangre. Su directora, Diana Julio de Massot, quien tuvo participación activa en la confección de listas de la muerte en épocas del gral. Acdel Vilas, no está satisfecha y quiere seguir jugando su papel en nuevos proyectos de represión extrema”, abre el artículo, publicado en 1982 bajo el título “Un caso de patología. El odio contra el pueblo de un diario extremista”. “Todos los días con notable dinamismo (la directora) da indicaciones a sus plumíferos de nuevos nombres que hay que denunciar como blanco de la represión. Son para ella enemigos que se han escapado del fuego purificador de la inquisición del Proceso, gente a la que hay que borrar o silenciar de alguna manera”, agrega la nota, que denunciaba también el reclamo que el diario hacía a los militares durante los primeros años de la década del ’80 para que frene a “radicales, peronistas y otras facciones menores” en su intento de bloquear “esta etapa revitalizadora del Proceso mediante toda clase de acciones políticas”. “Yo era chica, recién había venido a Bahía y no entendía lo que pasaba”, dijo hace una semana la concejal Sartor, nacida en 1958. Un año después del artículo acusatorio de los exiliados radicales ya era más grandecita: hoy dice que todo el proceso de Memoria, Verdad y Justicia no se debe a la lucha constante de organismos de derechos humanos sino a “una decisión fuertísima” de 1983 del ex presidente Raúl Alfonsín, a quien nunca se le pasó por la cabeza llevar a juicio a los responsables civiles. La inasistencia de los principales referentes radicales a las audiencias del juicio contra represores del V Cuerpo que se desarrolló en Bahía Blanca entre 2011 y 2012 les impidió informarse sobre aquello que no tenían edad para recordar en primera persona. En el marco del juicio, prestó testimonio Hipólito Solari Yrigoyen, quien luego de haber sido electo senador nacional sufrió la persecución de la Triple A y, ya durante la última dictadura cívico militar, fue secuestrado y permaneció cautivo en el Centro Clandestino de Detención (CCD) “La Escuelita” y en la Unidad 4 de Villa Floresta, en Bahía Blanca. Junto a él fue detenido-desaparecido el también radical Mario Abel Amaya, que murió a consecuencia de las torturas que le aplicaron sus secuestradores. Solari Yrigoyen es sobrino bisnieto de Leandro Nicéforo Alem, fundador de la UCR a comienzos del siglo pasado, y sobrino nieto de Hipólito Yrigoyen, el presidente de la Nación que fue derrocado por el primer golpe militar de la historia nacional. Cuando eso ocurrió, lejos estaba aún La Nueva Provincia del discurso lugoniano que exhibió y paulatinamente acentuó desde 1955. Por entonces, su director y fundador Enrique Julio, bisabuelo de Vicente Massot, lamentó la irrupción de “la hora de la espada” en la vida argentina.