miércoles, 3 de abril de 2013

MALVINAS BREVE HISTORIA DE LA USURPACION PARTE I

Breve historia de la usurpación En el siglo XVI algunas Bulas Pontificias adjudicaban a España islas y tierras que se descubran hacia el occidente, trazando una línea imaginaria que se marcaba cien leguas de la isla septentrional de Azores, San Antonio, al oeste de Lisboa. Aquello se consideraba del "Nuevo Mundo". Ese ramillete de islas y archipiélagos que hoy conocemos como Malvinas, en 1493 se encontraban en la zona que las Bulas Pontificias entregaban a España. Por lo tanto no necesitaba "descubrirlas" ni ocuparlas para tener derecho sobre ellas. Y no fue hasta 1520 que Esteban Gómez de la expedición de Magallanes, con su embarcación San Antonio, quien las descubre. Dos años después se realizan las primeras cartas cartográficas con su inclusión, 1522 Pedro Reinel, 1527 Santa Cruz, 1541 Sebastián Gaboto, 1544 Diego Gutiérrez, etc. Y fue recién en 1592 que una expedición inglesa al mando de John Davis divisó las islas. Pero ninguna cartografía inglesa, de la época, la registra. Por otra parte en el año 1600 un holandés que respondía al nombre de Sebldt o Sebald Weert, divisa las islas, aplicándoles uno de los primeros nombres, Sebaldes o Sebaldines. Inglaterra y España realizan un tratado de paz en 1604, dejando sin vigencia la pretendida adquisición de las islas. Y otro en 1670 expresa que los ingleses conserven para sí los dominios en poder de ellos en América, pero que no navegarán ni comerciarán en las colonias que Su majestad el Rey de España tiene en las Indias. Ambrose Cowley, otro pirata inglés en 1684 armó otra mentira "descubriendo" las ya descubiertas islas, bautizándolas como islas Pepys. Y más tarde en 1690 John Strong, navega el canal interior de las islas (hoy San Carlos) rebautizándolas Falkland Sond. A este le siguieron en 1701, otra incursión de un marino Beaucheme, que llega hasta la bahía de la Anunciación, tomando posesión de la misma. Más tarde en 1705 se produce otra toma. En 1748 España protesta enérgicamente ante los ingleses por una expedición con fines de poblar las islas, dicha expedición se retira, reconociendo los derechos de España sobre las islas. En 1764 una expedición francesa al mando de Bougainville intenta colonizar las islas llamándolas Maluines, asentando un puerto en la parte Oriental. Nuevamente España protesta y le son aceptados sus reclamos. Francia ordena a Bougainville, la devolución del puerto, previo pago por los gastos realizados. Otro corsario ingles John Byron, realiza incursiones a las islas efectuando cartas de navegación y espionaje en 1765 y toma posesión de la que hoy conocemos como Gran Malvina, esperando la segunda expedición al final del mismo año que comanda John Mc Bride. Las dos con el propósito de ocupación territorial. Mac Bride funda el puerto de Egmont, en honor a un lord. A mediados de 1766 España redacta una Real Cédula declarando a las islas dependencias de la Capitanía General de Buenos Aires y nombrando gobernador a Felipe Ruiz Puente. Paradójicamente fue un 2 de abril de 1767, que Francia hace entrega de las islas a España, y los ingleses que ocupaban parte de un islote, Puerto Egmont, no realizan ningún reclamo a favor de su soberanía. Port Louis - Acuarelas de Conrad Martes. Port Louis El gobierno de Buenos Aires, en 1768 establece que ninguna posesión inglesa puede permanecer en las islas de la corona Española y en caso de no aceptar dicho mandato, se procederá a desalojarlos por la fuerza. Para sostener lo dicho en 1770 una escuadra española, al mando de Juan Ignacio de Madariaga, y comandadas por tierra por el coronel Antonio Gutiérrez, desalojan a la guarnición inglesa del puerto de Saunders. Los ingleses reclaman ante la corte de Madrid y en 1771, España declara: "La restitución de su majestad británica del puerto y fuerte llamado Egmont no puede ni debe afectar, en modo alguno, la cuestión de derecho anterior de soberanía de las islas Malvinas, llamadas también islas de Falkland". Años después de la restitución de Puerto Egmont a España, en 1774, Inglaterra desaloja voluntariamente el islote Saunders. Se crea en 1776 el virreinato del Río de la Plata, incluyendo las islas a la Gobernación de Buenos Aires, ejerciendo la jefatura unipersonal el Gobernador o el Comandante, bajo la órdenes directas del Rey y más tarde del Virrey. Este es el período de mayor poder soberano sobre las islas Malvinas de España. Entre 1773 y 1777 el Gobernador español de Malvinas (el último con ese rango) fue el Capitán Franco Gil y Lemos, en ese período convierte la jerarquía institucional de Gobernación a Comandancia, los motivos son puramente militares, para que el Rey centralice más su poder. Por una licencia de Gil Lemos, asume interinamente como Comandante Ramos de Carassa, fue éste quien retomó las tareas de fortificar y remodelar los almacenes de los cuarteles ya establecidos. Asegurando la vigilancia, sobre todo en el ex puerto Egmont, donde acostumbraban a desembarcar los invasores ingleses. La lista de los Comandantes de las islas Malvinas sigue cambiando, ya que todos asumían ese lugar, por un año aproximadamente, en que un nuevo relevo y cambio de tropas y abastecimiento llegaba. Muy pocos fueron los habitantes radicados en ellas, se calcula que en 1793 se contabilizaban unos 150 habitantes. Esta es la nómina de los Comandantes designados por el Virreinato del Río de la Plata en las islas Malvinas españolas: Ramón Carassa (1777), Salvador de Medina (1779), Jacinto de Altolaguirre (1781), Fulgencio Montemayor (1783), Agustín Figueroa (1784), Pedro de Mesa y Castro (1786), Ramón Clairac (1787), Pedro de Mesa y Castro (1788), Ramón Clairac (1789), Juan José de Elizalde (1790), Pedro Pablo Sanguineto (1791), Juan José de Elizalde (1792), Pedro Pablo Sanguineto (1793), Juan Aldana y Ortega (1794), Pedro Pablo Sanguineto (1795), Juan Aldana y Ortega (1796), Luis de Medina y Torres (1797), Francisco Xavier de Viana (1800), Ramón Fernández de Villegas (1801), Bernardo Bonavia (1803), Antonio Leal de Ibarra (1803), Bernardo Bonavia (1804), Antonio Leal de Ibarra (1805), Bernardo Bonavía (1806), J.C. Martínez (1807), Gerardo Bordas (1810) y Pablo Guillén (1810). Cuando la gobernación del Río de la Plata se radicó en Montevideo, (1811) convertida en fuerte realista, ordenó a las fuerzas en las islas Malvinas abandonar la comandancia y evacuar las islas. A partir del 25 de mayo de 1810 con el primer gobierno patrio, y en medio de una tumultuosa revolución y pocos medios, obligó a nuestros hombres a dedicarse exclusivamente al territorio continental. Apenas consolidado el gobierno nacional y bajo el nombre de "Provincias Unidas del Río de la Plata" se ocuparon del territorio insular "Islas Malvinas" nombrando: concesionarios, comisionarios y comandantes políticos militares. El dominio de las islas por títulos jurídicos de España, ahora en poder del gobierno de las Provincias Unidas, le daba derechos a administrar y regir, y autorizar por ejemplo, la caza y la pesca. Así lo hizo, a solicitud de Enrique Torres, se le suministró un permiso de desembarcar en las islas Malvinas, con el propósito de cazar lobos marinos. Permiso fechado el 30 de enero de 1813. Como hasta la fecha (1820) no se había establecido ninguna comandancia fija en las islas, se le comisionó a David Jewett con su embarcación "La Heroica" a tomar posesión de ellas, a nombre del Supremo Gobierno de las Provincias Unidas. Así fue, que el 6 de noviembre de 1820, en el Puerto Soledad sobre las ruinas de la antigua fortificación, se enarbola por vez primera la bandera nacional, disparándose 21 cañonazos como saludo obligado. Jewett permaneció por un año en el cargo y fue remplazado por el Teniente Coronel Guillermo Masonn. Para proteger nuestras aguas y costas territoriales, por los estragos cometidos por buques extranjeros, que se negaban a pagar derechos, la Honorable Junta de Representantes de Buenos Aires, sanciona la ley de caza y pesca a pedido del Comandante político militar de Patagones Coronel Gabriel de Oyuela. Luego se le acoplaron varios decretos a esta ley, la última del 22 de octubre de 1829. Prof GB LA GAZETAFEDERAL.COM.AR

dolar ilegal o la batalla cultural

Encuentro Ciberk Uoc 1 de abril de 2013 18:44 DÓLAR BLUE O BATALLA CULTURAL... Brasil y China acaban de firmar un convenio comercial dentro del marco del BRICS (Brasil, India, Rusia; China y Sudáfrica) donde se comprometen a abandonar el dólar estadounidense como moneda de intercambio. Y los titulares de los medios del stablishment no hacen mención de este punto central del convenio ya que en su énfasis contra el gobierno sólo tratan de meternos por las orejas una “divisa” que representa menos del 3% del volumen de operaciones. ¿Que pasaría si todos los que poseen dólares estadounidenses exigieran su valor equivalente en algo que los respalde? Sin lugar a dudas tal acción tendría consecuencias inconmensurables. Sería un desastre financiero sin precedentes en la historia de la economía mundial. Apenas quizás comparable con la crisis del 30´. Hasta el año1980 el respaldo de los billetes verdes era el oro que existía en las arcas del tesoro (Reserva Federal de EE.UU.); sin embargo luego de la intervención de Nixon esta correspondencia dejó de ser tal. ¿Qué pasaría si tal como se modificó la Carta Orgánica del BCRA., otros países de la región y/o el mundo copiaran el ejemplo? Estamos frente a la irrupción de nuevos paradigmas a nivel global y la concepción u orgullo con que cada país o región se valore a si mismo. Nuestros países acreedores poseen un problema inflacionario al cual nada tenemos que envidiar. Europa atraviesa un profunda crisis financiera. Obama estuvo a punto de que su parlamento deje de sesionar por problemas de la misma índole. Seguramente las economías o bloques “económicamente fuertes” intentarán imponer un nuevo concepto de respaldo de las monedas, que bien podría ser “El Patrón Tecnológico”; Sin embargo la demanda creciente a nivel mundial o los requerimientos para que el mundo siga funcionando como tal son quizá en mucho mayor escala compuestos por demanda de minerales y alimentos que por demandas tecnológicas, en términos de intercambio comercial global. Demandas que en su gran mayoría nos posiciona como una de las regiones mas ricas del planeta, ya que estamos en condiciones de producir en casi todos los casos mucho mayor cantidad de “bienes” de las que necesitamos para nuestro propio consumo. Sudamérica y el Caribe se encuentran hoy frente a una oportunidad sin parangón. Ningún economista que se precie como tal –salvo que fundamente sus argumentos con cuestiones bélicas- podría discutir este punto. Así las cosas todos estos leídos economistas sólo encuentran un enemigo a combatir llamado INFLACIÓN dado que su concepción y formación académica los liga al dólar, al Euro o a cualquier factor externo que adopten como referencia. No logran repensar un nuevo eje de discusión frente a los mercados y economías mundiales. La idea de Pesificación impulsada por el Gobierno Nacional como una medida mucho más profunda y significativa que la que todos sus miopes detractores señalan hasta el hartazgo. Repensar y creer en nuestra propia economía viendo a Latinoamérica toda como “La Patria Grande”. Reescribir nuestro orgullo nacional y latinoamericano parándonos frente al mundo con la riqueza que poseen nuestros pueblos signados por la lucha de la liberación han desarrollado hasta aquí, y comenzar a hablar de un nuevo patrón o respaldo de las divisas que –humildemente sugiero- podría llamarse “El Patrón Mineral”; y porque no soñando que alguna vez nuestra moneda sea adquirida como objeto de ahorro en otras partes del mundo debiese ser nuestro norte. Sólo para que lo pensemos juntos… ¡Libres o Muertos! ¡Jamás Esclavos! Pablo Lenz

martes, 2 de abril de 2013

FORO SOCIAL MUNDIAL 2013

Foro Social Mundial 2013 Declaración de la Asamblea de los Movimientos Sociales en el Foro Social Mundial 2013 Nosotras y nosotros, reunidos en la Asamblea de Movimientos Sociales, realizada en Túnez durante el Foro Social Mundial 2013, afirmamos el aporte fundamental de los pueblos del Magreb-Mashreck (desde la África del Norte hasta el Medio Oriente) en la construcción de la civilización humana. Afirmamos que la descolonización de los pueblos oprimidos es un gran reto para los movimientos sociales del mundo entero. En el proceso del FSM, la Asamblea de los Movimientos Sociales es el espacio donde nos reunimos desde nuestra diversidad para juntos construir agendas y luchas comunes contra el capitalismo, el patriarcado, el racismo y todo tipo de discriminación y opresión. Hemos construido una historia y un trabajo común que permitió algunos avances, particularmente en América Latina, donde logramos frenar alianzas neoliberales y concretar alternativas para un desarrollo socialmente justo y respetuoso de la naturaleza. Juntos, los pueblos de todos los continentes libramos luchas donde nos oponemos con gran energía a la dominación del capital, que se oculta detrás de la promesa de progreso económico del capitalismo y de la aparente estabilidad política. Ahora, nos encontramos en una encrucijada donde las fuerzas conservadoras y retrógradas quieren parar los procesos iniciados a dos años de sublevación popular en la región del Maghreb-Mashrek que ayudó a derrumbar dictaduras y a enfrentar el sistema neoliberal impuesto sobre los pueblos. Estas sublevaciones contagiaron a todos los continentes del mundo generando procesos de indignación y de ocupación de las plazas públicas. Los pueblos de todo el mundo sufrimos hoy los efectos del agravamiento de una profunda crisis del capitalismo, en la cual sus agentes (bancos, transnacionales, conglomerados mediáticos, instituciones internacionales y gobiernos con el neoliberalismo) buscan potenciar sus beneficios a costa de una política intervencionista y neocolonialista. Guerras, ocupaciones militares, tratados neoliberales de libre comercio y “medidas de austeridad” expresadas en paquetes económicos que privatizan los bienes comunes y los servicios públicos, rebajan salarios, reducen derechos, multiplican el desempleo, aumentan la sobrecarga de las mujeres en el trabajo de cuidado y destruyen la naturaleza. Estas políticas afectan con intensidad a los países más ricos del Norte, aumentan las migraciones, los desplazamientos forzados, los desalojos, el endeudamiento, y las desigualdades sociales como en la Grecia, Chipre, Portugal, Italia, Irlanda y en el Estado Español. Ellas refuerzan el conservadorismo y el control sobre el cuerpo y la vida de las mujeres. Además, tales agentes intentan imponernos la “economía verde” como solución para la crisis ambiental y alimentaria, lo que además de agravar el problema, resulta en la mercantilización, privatización y financiarización de la vida y de la naturaleza. Denunciamos la intensificación de la represión a los pueblos en rebeldía, el asesinato de las y los liderazgos de los movimientos sociales, la criminalización de nuestras luchas y de nuestras propuestas. Afirmamos que los pueblos no debemos seguir pagando por esta crisis sistémica y que no hay salida dentro del sistema capitalista! Aquí en Túnez, reafirmamos nuestro compromiso con la construcción de una estrategia común para derrocar el capitalismo. Por eso, luchamos: *Contra las transnacionales y el sistema financiero (el FMI, el BM y la OMC), principales agentes del sistema capitalista, que privatizan la vida, los servicios públicos, y los bienes comunes, como el agua, el aire, la tierra, las semillas, y los recursos minerales, promueven las guerras y violaciones de los derechos humanos. Las transnacionales reproducen prácticas extractivistas insostenibles para la vida, acaparan nuestras tierras y desarrollan alimentos transgénicos que nos quitan a los pueblos el derecho a la alimentación y eliminan la biodiversidad. Luchamos por la anulación de la deuda ilegitima y odiosa que hoy es instrumento de represión y asfixia económica y financiera de los pueblos. Recusamos los tratados de libre comercio que las transnacionales nos imponen y afirmamos que es posible construir una integración de otro tipo, a partir del pueblo y para los pueblos, basada en la solidaridad y en la libre circulación de los seres humanos. *Por la justicia climática y la soberanía alimentaria, porque sabemos que el calentamiento global es resultado del sistema capitalista de producción, distribución y consumo. Las transnacionales, las instituciones financieras internacionales y gobiernos a su servicio no quieren reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Denunciamos la “economía verde” y rechazamos todas las falsas soluciones a la crisis climática como los agrocombustibles, los transgénicos, la geo-ingeniería y los mecanismos de mercado de carbono, como REDD, que ilusionan a poblaciones empobrecidas con el progreso, mientras privatizan y mercantilizan los bosques y territorios donde han vivido miles de años. Defendemos la soberanía alimentaria y la agricultura campesina, que es una solución real a la crisis alimentaria y climática y significa también acceso a la tierra para la gente que la vive y la trabaja. Por eso llamamos a una gran movilización para frenar el acaparamiento de tierras y apoyar las luchas campesinas locales. *Contra la violencia hacia las mujeres, que es ejercida con regularidad en los territorios ocupados militarmente, pero también contra la violencia que sufren las mujeres cuando son criminalizadas por participar activamente en las luchas sociales. Luchamos contra la violencia doméstica y sexual que es ejercida sobre ellas cuando son consideradas como objetos o mercancías, cuando la soberanía sobre sus cuerpos y su espiritualidad no es reconocida. Luchamos contra el tráfico de mujeres, niñas y niños. Defendemos la diversidad sexual, el derecho a autodeterminación de género, y luchamos contra la homofobia y la violencia sexista. *Por la paz y contra la guerra, el colonialismo, las ocupaciones y la militarización de nuestros territorios. Denunciamos el falso discurso en defensa de los derechos humanos y de la lucha contra los integrismos, que muchas veces justifica ocupaciones militares por potencias imperialistas como en Haití, Libia, Mali y Siria. Defendemos el derecho de los pueblos a su autodeterminación y a su soberanía como en la Palestina, el Sahara Occidental y en el Curdistán. Denunciamos la instalación de bases militares extranjeras en nuestros territorios, utilizadas para fomentar conflictos, controlar y saquear los recursos naturales y promover dictaduras en varios países. Luchamos por la libertad de organizarnos en sindicatos, movimientos sociales, asociaciones y todas otras formas de resistencia pacífica. Fortalezcamos nuestras herramientas de solidaridad entre los pueblos como la iniciativa de boicot, desinversión y sanción hacia Israel y la lucha contra la OTAN y por la eliminación de todas las armas nucleares. *Por la democratización de los medios de comunicación masivos y por la construcción de medios alternativos, fundamentales para avanzar en la derrocada de la lógica capitalista. Inspirados en la historia de nuestras luchas y en la fuerza renovadora del pueblo en rebeldía, la Asamblea de los Movimientos Sociales convoca a todas y todos a desarrollar acciones coordinadas en nivel mundial en una jornada mundial de movilización en el día XXXXX (Fecha a definir) Movimientos sociales de todo el mundo, avancemos hacia la unidad a nivel mundial para derrotar al sistema capitalista!! Basta de explotación, basta de patriarcado, racismo y colonialismo! Viva la revolución! ¡Viva la lucha de todos los pueblos! Cubadebate

ISLANDIA Y CHIPRE.

Los casos opuestos de Islandia y Chipre Por Guillermo Almeyra Dos pequeñas islas –Islandia y Chipre– dieron una respuesta absolutamente diferente a la crisis financiera que las atropelló, respectivamente, en 2008 y en 2012. Hay sin duda importantes factores externos que explican esos comportamientos opuestos. En Chipre, por ejemplo, asistimos a una dura competencia entre la Unión Europea, por una parte, y la mafia y los grandes capitalistas rusos, aliados a la Iglesia ortodoxa chipriota, por la otra, que son grandes inversionistas en la isla. Además, enfrenta la hipoteca sobre la independencia chipriota planteada por la ocupación turca de un tercio de la isla y la amenaza turca de evitar por todos los medios que la República de Chipre explote sus reservas de gas. Por consiguiente, en Chipre no está solamente en juego la defensa, a cualquier costo, del capital financiero, sino también el viejo conflicto imperialista con Rusia por el Mediterráneo oriental y en tierras del Medio Oriente, mientras que, en el caso de Islandia, al resto de los países europeos no les preocupaba mucho que un puñado de grandes especuladores financieros ingleses y holandeses perdiese muchas plumas (por supuesto, de cuervo) con el cierre de los bancos islandeses. Pero lo que más me interesa destacar es la diferencia de comportamiento social entre los islandeses y los chipriotas, pues los primeros desconocieron la deuda externa, se negaron a pagarla mediante dos referendos sucesivos, derribaron al gobierno de los banqueros, reformaron la Constitución, que fue redactada nuevamente mediante la intervención popular que, utilizando la red electrónica, redactó, discutió y afinó directamente el nuevo texto, mientras los segundos, tras comprobar que los grandes perdedores de la crisis no serían los pequeños ahorristas, sino los especuladores y tratantes de drogas y de blancas rusos, aceptaron un sistema que acaba de demostrar que los puede despojar en cualquier momento y volvieron a poner sus cuellos bajo el yugo de un sistema financiero corrupto apenas maquillado. ¿Por qué unos reaccionan y otros, en cambio, soportan las vejaciones? Creo que buena parte de la explicación la encontramos en la historia comparada de ambas islas, porque "los muertos se apoderan de los vivos", así como en la composición social de sus respectivas poblaciones. Los primeros pobladores escandinavos de Islandia tomaban sus decisiones en una asamblea de los clanes ya en el siglo IX y crearon en el 930 el primer gobierno –en todo el mundo– basado en una asamblea democrática, llamada Althing. Su insurrección contra los reyes noruegos se produjo cuando, varios siglos después, uno de éstos decidió suprimir esa asamblea. Islandia, en escala mundial, fue también el primer país en elegir a una mujer como presidenta de la República y, después de la movilización contra los bancos, en tener una primera ministra declaradamente lesbiana en un país luterano. Entre sus 319 mil habitantes (en 2011) la mayoría eran mujeres, las cuales viven casi 84 años por 81 en el caso de los hombres. Aunque la mayoría de los habitantes habite en ciudades, Islandia es un país de pescadores y, en medida mucho menor, de campesinos pequeños propietarios. Chipre, en cambio, a lo largo de su historia tres veces milenaria, fue colonia de los faraones egipcios, de los asirios, de los persas, de los bizantinos, de los genoveses, de los otomanos, de los ingleses y se independizó (a medias) de éstos mediante una insurrección nacionalista armada sólo después de la Segunda Guerra Mundial, que fue seguida por una invasión turca a la isla que colonizó la parte norte con soldados y campesinos traídos de Anatolia y dividió en dos la isla. En la República de Chipre subsisten las bases inglesas y el país está acostumbrado a vivir una soberanía limitada y a depender del juego internacional de las potencias. Sus habitantes (un millón 116 mil 564, en 2011) tienen expectativa de vida de 78 años y viven, unos pocos, como campesinos en tierras que carecen de agua y, la mayoría, del turismo y de las consecuencias que derivan del carácter de paraíso fiscal (depósitos que superan 47 veces el producto interno bruto, lavado de dinero, tráficos ilegales y criminales de y hacia Rusia y Medio Oriente). Su economía depende prácticamente del Sol y de los delitos del capital financiero. Podría salir de esa situación si explotase el gas que rodea la isla, pero eso significaría la ocupación turca y, al menos, una guerra turco-griega, que por el momento nadie quiere, pero cuya amenaza está siempre presente. Si Islandia se caracteriza por sus orgullosas tradiciones democráticas, Chipre padece constantemente el recuerdo de su situación en el cruce del camino de las grandes potencias. La historia y la geografía ni explican ni determinan todo, pero tienen una densidad que no puede ser ignorada. Además, tanto para los turcos como para los bizantinos, que fueron la base de la población chipriota actual, pero no para los luteranos de Islandia, el curso de la historia depende de la voluntad divina, no de las decisiones políticas de los seres humanos. Sea como fuere, los bancos islandeses fueron nacionalizados. Buena parte de la deuda externa no se pagó, la nueva Constitución garantiza que la nación es propietaria de los bienes comunes y establece la obligación de convocar referendos populares antes de adoptar una decisión importante e Islandia salió de la crisis y su economía creció 3 por ciento en 2012. En Chipre, en cambio, la papa caliente quedó en manos de los grandes capitalistas, sobre todo rusos (que perderán cerca de 3 mil millones de euros) pero está rodando todavía y podría volver a caer del lado de los ahorristas nacionales. Otro dato: el presidente que en Islandia organizó el primer referéndum era un hombre de izquierda, ex sindicalista. El presidente que negoció la deuda chipriota es un gran banquero. Como se sabe, perro no come perro. Existe pues también el llamado factor subjetivo… La Jornada, México GB

HACETE AMIGO DEL JUEZ

LA DEMOCRATIZACION DEL PODER JUDICIAL > UN ESPACIO DE DEBATE SOBRE LOS CAMBIOS EN LA JUSTICIA. Hacete amigo Por Daniel Pablovsky * Cuando José Hernández escribió el Martín Fierro, donde consta el conocido “hacete amigo del juez, no le des de qué quejarse”, reflejaba en espejo la realidad histórica promiscua del funcionamiento judicial. Hoy es necesario transparentar y democratizar el funcionamiento del sistema judicial para que éste no represente solamente un poder constitucional alejado del fin específico: esto es resolver imparcialmente un caso en disputa. Si bien existe una cuestión básica que es saber qué es realmente lo que representa la norma jurídica en la sociedad, podemos afirmar que no siempre dicha norma es fiel reflejo de lo justo, y ello sin ingresar en cuestiones filosóficas, no se puede dejar de observar que para la vida cotidiana son necesarias ciertas normas que permiten convivir en paz, atendiendo la función social del Estado. Para la aplicación de esas normas está un Poder Judicial y hoy también a nivel constitucional existe otro poder o extrapoder que es el Ministerio Público Fiscal. En particular en el sistema penal nacional o federal, la recurrencia del habitante del país al sistema judicial es el último lugar donde debe encontrar un ámbito de neutralidad, si bien la palabra final del caso que se trae a debate le corresponde al juez, hoy no es el único poder que interviene en el sistema judicial federal, que dicho habitante consulta, conforme la existencia del art. 120 de la Constitución nacional. Pretender mantener una estructura corporativa del Poder Judicial es pretender mantener una estructura de dominación cerrada sobre lo que es hoy el sistema de justicia. José Hernández escribió el Martín Fierro cuando regía la Constitución de 1853, y hoy rige la reforma de 1994, donde los Pactos Internacionales de DD.HH. son cuerpo constitucional, sobrepasando no sólo la ley que no se adecua a dicho mandato, sino a la cultura histórica de un Poder Judicial encerrado en la soberbia de poder. El poder que tiene un magistrado no es para abusar de él, y si bien es necesario resguardar su funcionamiento para que pueda dedicarse sin presiones externas a resolver el caso, dicho poder o autoridad no es mayor que la de otro, ya que ese poder sólo es para que pueda ocuparse y hacerlo con la mayor objetividad y transparencia. Pero la cultura autoritaria que históricamente arrastramos lleva a veces a algunos a abusar de dichas facultades, y ese abuso está determinado por esa cultura histórica, favorecida por un funcionamiento estamental que se aleja de los propios objetivos de hacer justicia. Un juez o un fiscal que en su vida cotidiana o laboral no es justo no puede repartir justicia a otro, y ese precepto tiene un vínculo inescindible con la necesaria democratización del sistema judicial y de una justicia legítima. Si como dijo Tarski acerca de la verdad, refiriendo a Epiménides el cretence: “Todos los cretences mienten”, pensar que algún juez lo hace lleva a que las personas entiendan que en el sistema judicial todos son iguales, y esto no es así, en su caso. Entiendo que a pesar de los avances en cuanto a la elección de jueces y fiscales por concurso abierto, del funcionamiento activo de los jurados de enjuiciamiento de jueces y fiscales, aún no es suficiente para modificar la cultura históricamente corporativa del sistema judicial. Muestra de ello, por ejemplo, es la oposición sistemática a modificar el funcionamiento del sistema procesal penal federal, para mantener así cautivo el expediente en manos del juez (juez detective) y que eso permita utilizarlo a gusto o necesidades que no son transparentes a la solución del conflicto que dicho expediente requiere. Aclaro que hoy, en esta nueva época, en el siglo XXI, el expediente no es de nadie, ni del juez ni del fiscal y menos de la policía, sino de un funcionamiento armónico de todo el sistema judicial para encontrar una mejor solución al conflicto, pero de manera clara, a pesar de que siempre alguien pueda no estar de acuerdo, aunque todos tenemos que estar de acuerdo en respetar el sistema judicial que se ha ocupado o se ocupará de resolver algún tema de su incumbencia. Es por ello que debe discutirse también dentro del sistema de justicia su funcionamiento, alejándonos de la soberbia del poder o de la apropiación del expediente para abusarse o utilizarlo maquiavélicamente. Además, exigir una renovación o muestra de actualización de conocimientos y capacidades de cada operador –sea juez o fiscal– a través de controles periódicos cada ocho años de quienes detentan el cargo. Generar asimismo concursos que no sólo se dediquen al control dogmático de la ley vigente, sino cómo ésta se aplica en relación con los Pactos Internacionales de Derechos Humanos y junto a ello la capacidad o no de interpretar adecuadamente la ley procesal insertada en la norma procesal constitucional. Tal vez lo más importante es empezar a tomar conciencia de que existen cambios a realizar en el servicio de justicia, y además que se pueden realizar. En definitiva, controlar a quien detenta poder no es desmerecer a nadie, sino aprender a escuchar y reflexionar, para establecer nuevas bases de una justicia que debe legitimarse, sin necesidad de recurrir a la frase que comenzara esta nota. * Doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales - Director de la Especialización en Derecho Procesal Penal, UMSA. Fiscal Nacional en lo Correccional, Fiscalías Nº4 y 8. 02/04/13 Página|12 GB

ALEJANDRO HOROWIKZ MEMORIA E HISTORIA OPINION

Responsos con la misma machacona melodía Las ciencias sociales nos enseñan que la memoria colectiva y la verdad histórica no son necesariamente una misma cosa. Por Alejandro Horowicz Plutarco cuenta que un día Pirro hacía proyectos de conquista: "Primero vamos a someter Grecia", decía. "¿Y después?" le preguntaba Cineas. "Ganaremos África." "¿Y después de África?" "Pasaremos al Asia, conquistaremos Asia Menor, Arabia." "¿Y después?" "Iremos hasta las Indias." "¿Y después de las Indias?" "¡Ah!" dice Pirro, "descansaré". "Por qué no descansar entonces, inmediatamente", le dice Cineas. Simone de Beauvoir Jorge Luis Borges con pulida acidez sostuvo: la muerte no mejora a nadie. En un país como la Argentina este es un argumento contra la corriente, ya que la muerte y alguna ilusión de victoria, lo mejoran casi todo. El disvalor menemista por excelencia, ganar todo lo demás importa poco, es compartido por la ¿totalidad? de los practicantes de la política nacional. Hay victorias y victorias pírricas, y claro tampoco todas las muertes son iguales. Los memoriosos cuentan que a fines de la década del '20, cuando Carlos Gardel se presentaba en los pueblos de la provincia de Buenos Aires, si faltaba alguien más, el teatro reventaba de ausencia. La muerte de Gardel, en junio de 1935, cambió brutalmente las cosas, y millones desfilaron en su velorio callejero, pero bastó que alguno sugiriera que había nacido en Tacuarembó –República Oriental del Uruguay– para que un ataque de nacionalismo frenético estallara. Se podía y se puede soportar que ese genial cantante popular, inventor del tango canción, sea francés pero de ninguna manera "uruguayo" ('u –ru-gua- yyyoo', silabea nuestro xenófobo furioso). Demasiada afrenta para tanta estrechez exitista, no alcanza con que haya desarrollado sus magníficas habilidades por estos pagos, además no debe merodear campitos próximos. Algo debemos reconocer, Gardel es un grande entre los más grandes. Y supo desarrollar sus talentos a fuerza de un enorme tesón, de un duro trabajo sistemático. Lo suyo fue coronación de un trabajo de décadas. Por eso, la escena de la memorable película de Pino Solanas (donde Gardel pone en la vitrola un disco de Gardel, porque ya no canta) tiene la virtud sintética de fijar un límite, un hasta acá, y esa es una buena idea incluso con Gardel. Mas allá, el mito. Raúl Alfonsín no es Gardel, pero se lo considera el "padre de la democracia" en esta región del mundo. El presidente que sentó en el banquillo de los acusados a los nueve primeros integrantes de las juntas militares, gozó y sigue gozando de un inusitado prestigio nacional e internacional. Mucha gente ignora cuál es la capital de esta República sudamericana, y un fragmento de los que disfruta este intenso desconocimiento sabe que Alfonsín fue un "gran presidente", al menos uno que sostuvo la bandera de la democracia política en la punta del mástil. Las ciencias sociales nos enseñan que la memoria colectiva y la verdad histórica no son necesariamente una misma cosa. Un repaso más circunstanciado en la biografía política de Raúl Ricardo Alfonsín (1927 - 2009) tanto como en los problemas de su tiempo, permitiría matizar, y sobre todo inteligir el interregno histórico que le tocó encabezar. Una de la simplificaciones periodísticas que alcanzó el máximo impacto político reza así: con la convocatoria a elecciones realizada por el general Reynaldo Bignone, el "último de facto" según su cínico libro, culmina la dictadura militar inaugurada el 24 de marzo de 1976. Por tanto, con el ascenso del doctor Alfonsín a la primera magistratura queda restablecido el ciclo democrático. La divisoria es tajante, de un lado los gobiernos militares y del otro los civiles. Con esta sencilla lógica de sastrería –usa charreteras no es democrático– quedaría resuelto este intríngulis de diferenciación política. Si así fuera Humberto Illia resultaría un presidente democrático (pese a la proscripción del peronismo en ese proceso electoral) y el coronel Perón, el heredero del golpe del '43, un fascista anacrónico. Más aun, los "críticos" de Illia habrían atacado a un demócrata de blasones perfectos, y sus defensores, en lugar de gorilas de pelo en pecho, terminarían siendo enemigos de la dictadura totalitaria del general Juan Carlos Onganía. Tengo una mala noticia: no es tan simplote, será preciso reconsiderar el asunto. En mi tesis doctoral, Las dictaduras argentinas, sostengo que existe una continuidad entre la dictadura burguesa terrorista y los gobiernos parlamentarios. Que hasta el estallido de 2001, la lógica política no se modificó, que se votara a quien se votara los mismos hacían lo mismo con la sola adecuación a las cambiantes circunstancias –la Convertibilidad de Domingo Cavallo, para citar un elemento decisivo–, y que hasta el restablecimiento de la relación entre los delitos y las penas, entre las palabras y las cosas, la impunidad de los beneficiarios sociales del terror sistemático y del cuerpo de oficiales a su servicio, se mantuvo inalterada. Conceptualizo ese fenómeno como democracia de la derrota, es decir, como incapacidad sistémica de cambiar de rumbo. Como un orden político cooptado por los beneficiarios de la dictadura, como un sistema de valores compartido, donde el "deme dos" de la "gloriosa época" de José Alfredo Martínez de Hoz se continuó en el "voto cuota" del inolvidable riojano. Un dato no menor: la sociedad argentina –al menos una buena parte– no ignora que esto es así. Y sin embargo, por una decisión casi consciente resuelve "olvidarlo". Y como se conmemora el cuarto aniversario de la muerte de Alfonsín, todos los responsos fúnebres suenan con la misma machacona melodía. "Vamos Horowicz, déjese de joder, hasta usted acepta que la memoria colectiva y la verdad histórica no son iguales. Es cierto que simplificamos, pero quién no lo hace." "Admito que no son iguales, nunca dije que una cosa debiera remplazar a la otra, sobre todo a la hora de elaborar política." Como el oficialismo K no es precisamente un campo homogéneo, y como sus integrantes provienen de muy distintos linajes, comprar sin beneficio de inventario sus diversas tradiciones políticas, no puede no ser problemático. Están los que creen que el peronismo, que por cierto consideran una unidad supra histórica, es la confluencia entre trabajadores, Fuerzas Armadas e Iglesia. Eso no es cierto ni en 1945, de lo contrario el 17 de Octubre obrero jamás hubiera hecho falta, y muchísimo menos después de 1955. Los que sueñan reconstruir el "frente nacional" que jamás existió, basta recordar el papel de la Iglesia desde 1954, tienen que soportar en sus filas a cualquier militar (incluso al ex teniente coronel Aldo Rico), a todo fraile que amague con golpear la puerta, y ni qué hablar si es Papa. Esa versión del peronismo transforma cualquier acto de gobierno –la presencia de Cristina Fernández en la asunción de Bergoglio– en estrategia política. La presidenta no podía no concurrir a Roma, sin romper el protocolo, y sobre todo no tenía ninguna necesidad de "pelearse" públicamente. Eso no transforma a Bergoglio en un aliado. Al mismo tiempo, aprovechó la visibilidad adicional de tanta pompa y circunstancia para colar sus temas, Malvinas, en la agenda internacional. Ahora bien, es cierto que la debilidad del Papa al interior del poder romano, le impone las fintas "terceristas", pero si se le ocurriera ir apenas más allá, descubriría que está pisando un territorio previamente minado. Bergoglio no puede cambiar nada, y ni siquiera está claro que se proponga tal cosa. Pero ese no es el punto. Si algo sabe Bergoglio es cuánto vale el capital internacional que en materia de Derechos Humanos acumuló el gobierno argentino, y aprovecha esa imagen diferencial en su propio beneficio; esos son los límites de ambos: una cara separada del conservatismo cerril de la Iglesia, y la posibilidad de que sus dichos en Roma ganen una repercusión mediática más amplia. Si Cristina pagara la foto más cara, si las políticas domésticas fueran variadas para "reforzar" este acuerdo de circunstancias, el gobierno no obtendría ventaja alguna, al tiempo que confundiría a su propia tropa. Tiempo Argentino GB

LOS 90 Y LA CORRUPCION

MUCHAS CAUSAS POR HECHOS DE CORRUPCION EN LOS NOVENTA SE ENCUENTRAN CERCA DE LA PRESCRIPCION Todo es cuestión de tener un poco de paciencia Carlos Menem, Alberto Kohan, Domingo Cavallo y Víctor Alderete, beneficiados por la lentitud de la Justicia. Imagen: DyN/ Arnaldo Pampillón/ Télam/ DyN Entre apelaciones y pases entre tribunales, muchas causas de corrupción del menemismo se encuentran en el limbo y a punto de prescribir. En los tribunales orales lo justifican en que la prioridad está en otros expedientes. Por Irina Hauser La cuenta en Suiza de Carlos Menem que llenó páginas y páginas de diarios una década atrás podría volver a ser noticia para el escándalo. No ya por el éxito de la investigación, sino porque el caso está al borde de prescribir, o sea, de extinguirse con un sobreseimiento por obra del paso del tiempo. Lo que hace el asunto más curioso es que el expediente llegó a un tribunal oral hace mucho, casi seis años. Pero el de Menem no es un caso suelto: igual que otros que datan más o menos de la misma época, como el del enriquecimiento ilícito del ex secretario presidencial Alberto Kohan, las contrataciones truchas del ex titular del PAMI Víctor Alderete, hasta los que destaparon fraudes de los bancos Central y Medefin, se caracterizan por pasar largas temporadas en el limbo, entre apelaciones y tribunales que se declaran colapsados y piden que otro se haga cargo. Algunos nombres ya suenan a prehistoria política y rostros de ancianos, pero siguen ahí, en papeles amarillos de tribunales, porque vienen de tiempos en que poco estaba informatizado. Muchos de ellos aparecieron todos juntos en una resolución de la Cámara de Casación Penal de diciembre último que pasó inadvertida, pero que pinta el estado de las cosas: Casación ordenó mudar en bloque dieciocho causas, varias de corrupción de la década del noventa, desde el Tribunal Oral Federal N0 1 (TOF1) hacia otro tribunal, el Federal 4 (TOF4). Lo hizo a pedido de los jueces del TOF1, que alegaron que los expedientes estaban en riesgo “de prescribir”, pero que ellos debían iniciar un juicio de gran envergadura, el de los crímenes del Plan Cóndor (de las dictaduras del Cono Sur), que durará más de dos años. Los jueces del TOF4 también dicen que están cargados con otros juicios, algunos de derechos humanos. Por eso Casación empezó a convocar como suplentes –pocos aceptan– a jueces de los treinta tribunales orales de Capital Federal, que considera que tienen “una gran capacidad ociosa”. Salta a la vista que algo no funciona. Se supone que cuando un caso llega a juicio oral es porque entró en la recta final, la de las definiciones. En su último relevamiento de casos de corrupción, el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce) concluyó que los expedientes tramitan en promedio 11 años, de los cuales algo más de seis se van en la etapa investigativa de instrucción y el resto (entre cuatro y seis años) en la fase de juicio oral, donde en ocasiones se llega al colmo de repetir casi toda la pesquisa original. Basurero El TOF4 recibió la herencia con un malestar que estalló cuando, al hacer la lista de causas nuevas, advirtió que había algunas elevadas a juicio oral hace cinco, seis y hasta siete años. La que concierne a Menem, por una variante de enriquecimiento ilícito que consiste en ocultar parte de sus bienes en la declaración jurada, no es una causa compleja, pero sigue con “instrucción suplementaria”, una especie de segunda investigación. Si el juicio oral no se hace en los próximos meses, la causa es candidata a autodestruirse, con lo que el riojano será exculpado. El mismo pronóstico se aplica para la acusación contra Kohan por el aumento en un 300 por ciento de su patrimonio en sus diez años de gestión. También viene con las medidas de prueba rezagadas la causa sobre una defraudación millonaria en la liquidación del banco Medefin, contra una veintena de banqueros, entre ellos el ex titular del Central, Pedro Pou, quien falleció sin pasar por el banquillo. En 2009 fue elevado a juicio el ex ministro de Economía Domingo Cavallo por negociaciones incompatibles en el Megacanje, el canje de bonos de la deuda que benefició a un grupo de bancos e incrementó el endeudamiento externo. En el mismo tribunal espera ser juzgado el ex jefe de la Federal Roberto Giacomino por contrataciones de empresas de parientes y amigos. La lista sigue, y se le suman otros viejos casos, que ya tenía el mismo TOF4 desde antes, autobautizado “el basurero de las causas del menemismo”. Tendrá que juzgar los sobresueldos que pagaba el gobierno de Menem, donde están imputados María Julia Alsogaray, Cavallo, Jorge Rodríguez y Raúl Granillo Ocampo. Cifras y razones En el Fuero Federal porteño hay seis tribunales orales, de tres jueces cada uno. Se crearon dos más, pero el concurso viene demorado. La Cámara de Casación maneja estadísticas que usa para evaluar a qué tribunal hay que descomprimir. El segundo semestre del año pasado, el TOF1 tenía 420 causas en trámite, cuatro por delitos de lesa humanidad e hizo dos juicios. En el TOF2 la relación fue: 455 causas, tres de lesa humanidad, tres juicios. En el TOF3: 423 causas, una de lesa humanidad, cinco juicios. En el TOF4: 476 causas, tres de lesa humanidad, cuatro juicios. TOF5: 297 causas, cinco de lesa humanidad, cinco juicios. TOF6: 316 causas, cuatro de lesa humanidad, seis juicios. Estos tribunales abarcan casos de narcotráfico, de falsificación de documentos y violación a la ley de marcas. Algunos tienden a resolverse con juicios abreviados y probation. La gran muletilla con que se excusan los jueces –a veces con pudor– por las demoras en expedientes de corrupción es “la complejidad de los juicios por crímenes dictatoriales”, que además son prioridad por definición de la Corte Suprema. Sin embargo, es conocida la parsimonia con que algunos tribunales, como el TOF5, se han tomado al menos hasta hace un tiempo. “Estamos colapsados. Privilegiamos las causas donde hay detenidos con preventiva, pero también las de derechos humanos; a eso hay que agregar que los abogados se la pasan haciendo planteos (dilatorios), recusan, piden peritajes, pruebas nuevas. Nosotros el año pasado tuvimos que hacer un juicio contra Claudia Bello y otras cuatro personas (por la publicidad del efecto Y2K), llevó como seis meses, con treinta testigos”, trató de ilustrar Adrián Grunberg, uno de los jueces del TOF1. Es cierto que la reapertura de las causas por violaciones a los derechos humanos –después de la anulación de las leyes de impunidad en 2005– produjo un cambio de escenario, por la magnitud e implicancia de los juicios. Pero la realidad es que muchas de las causas contra ex funcionarios que están en vías de caducar llegaron antes a los tribunales orales. Tampoco desde el Poder Judicial ni el Ministerio Público se diseñó una estrategia para evitar la saturación y las prescripciones. Así lo ve la jueza María Roqueta, del TOF6, quien advierte que “los jueces terminamos haciendo la política criminal”. “Como Estado, tenemos que mostrar que se sigue con la persecución penal, pero es común que se incumpla con la celeridad de un plazo razonable por las características del sistema, y que los defensores juegan a la prescripción”, señala. Roqueta alienta una reforma procesal que les otorgue a los fiscales el llamado “principio de oportunidad”, es decir, que decidan con criterio en qué concentrar el esfuerzo: ¿en los chicos que venden CD truchos? ¿En el que tiene un poquito de marihuana? ¿En las grandes defraudaciones al Estado? ¿En los crímenes dictatoriales? El TOF6 terminó el año pasado el juicio sobre apropiación de hijos de desaparecidos. Este mes tuvo que hacer contra reloj un juicio por peculado contra María Julia Alsogaray que prescribía. En paralelo, realiza el primer juicio contra ex funcionarios y empresarios por el beneficio otorgado a una firma italiana en las obras de Yacyretá con reintegros que eran para la industria argentina. El mismo TOF acumula desde hace nueve años todas las causas contra el ex titular del PAMI Víctor Alderete. Tiene 19 expedientes por administración fraudulenta: todas irregularidades en contrataciones. Si prescribe uno, es altamente probable que caigan todos. También por riesgo de prescripción, el TOF6 puso fecha de juicio para agosto a dos policías acusados de “vejámenes” el 20 de diciembre de 2001. Pero el juicio por los homicidios –por los que aún se discute la responsabilidad del ex presidente De la Rúa– se posterga una y otra vez. En el TOF2, que hizo el juicio por los crímenes en los centros clandestinos Atlético, Banco y Olimpo, no tienen muchos casos de corrupción: tramitan un expediente chico contra Cavallo, condenaron al ex funcionario menemista Jorge Castro a un año y medio de prisión y pusieron una pena muy elevada (cuatro años de cárcel) a la ex ministra Felisa Miceli en la causa de la bolsa. Como no está apremiado, tendrá que hacer el juicio por la tragedia de Once, al que el TOF1 renunció. También tienen pendiente el del encubrimiento del atentado a la AMIA, demorado con recursos de las defensas. En el TOF5 está concentrado en el megajuicio de la ESMA. Plazo razonable El TOF3, que ahora tiene el juicio de las coimas en el Senado, cerró por prescripción la causa IBM-Anses sobre sobornos en la instalación de un sistema informático, de 1996. Así, se salvaron once imputados por la garantía de “plazo razonable”, que estipula que ningún juicio debería durar más de doce años, un planteo recurrente en estos juicios y que este tribunal “admite cada vez más”, dice la fiscal Sabrina Namer. El derrotero de esta causa pinta la estrategia de desgaste que se repite en casi todas: la instrucción duró una década, hubo 36 indagatorias, 150 testigos, dos peritajes contables y uno informático, tres procesamientos, 45 apelaciones, 16 recursos de casación, 11 quejas, cinco recursos ante la Corte. Tras la elevación a juicio se formaron 18 incidentes, hubo 16 recursos de apelación, ocho de casación, cinco recursos de queja y cinco extraordinarios. En el estudio de causas del Cipce del año pasado, de 21 expedientes 15 habían llegado a etapa de juicio, pero nueve no habían tenido resolución, y además de IBM-Anses fueron declarados prescriptos el enriquecimiento de Emir Yoma y un fraude millonario en la privatización de Tandanor. Hubo un tiempo en que todo el mundo daba por hecho que algunos actos jurídicos, como la indagatoria, interrumpían el conteo del plazo de prescripción, que se corresponde con la pena máxima prevista para un delito. La Sala II de la Cámara de Casación, sin embargo, viene estableciendo, en casos poco conocidos, que no hay interrupciones desde el hecho hasta la sentencia. En ese tribunal superior, que si bien no ha sentado políticas específicas, va trazando algunos lineamientos, reconocen que ni ellos ni ningún otro tribunal se ocupa de evaluar el rendimiento y los criterios de los tribunales orales. En un rapto de sinceramiento, un juez de los TOF, uno de los más viejos, se sinceró: “Tal como están las cosas, en las causas de corrupción terminamos dando un indulto encubierto”. 02/04/13 Página|12 GB