LA OFENSIVA REACCIONARIA EN URUGUAY

La ofensiva reaccionaria Por Ernesto Tulbovitz. Sur en Uruguay internacional@miradasalsur.com Danilo Astori es visto como uno de los detractores de las medidas progresistas del gobierno./José Pepe Mujica. El presidente uruguayo enfrentado a su vice. Los últimos fallos de la Suprema Corte de Justicia del vecino país generaron un duro enfrentamiento político entre el ala más progresista del Frente Amplio y el sector moderado que lidera el vicepresidente Danilo Astori. Los conocedores de la historia de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) uruguaya dicen que “nunca” como en en las últimas tres semanas esa corporación estuvo en el centro del debate político. La ataca la izquierda, no el gobierno, y la defiende la derecha. La izquierda dice que el órgano máximo del Poder Judicial –compuesto por 5 ministros electos por acuerdo de todos los partidos políticos– defiende a “los torturadores” y a “los terratenientes” y hasta una senadora llegó a pedir que se le haga un juicio político. La derecha dice que la izquierda “presiona” al Poder Judicial. Pero unos y otros alegan defender la democracia. La saga de la película que tiene como protagonistas a los cinco ministros de la Corte –Jorge Chediack, Jorge Ruibal Pino, Jorge Larrieux, Julio Chalar y Ricardo Pérez Manrique– comenzó con la decisión –por unanimidad– de trasladar de un juzgado penal a una sede civil a la jueza Mariana Mota, quien se había convertido en una suerte de paladín para las organizaciones de derechos humanos por su actuación en estos casos. El mismo día que tomó esa decisión, la Corte acordó por cuatro votos a uno –el discorde fue Pérez Manrique– declarar inconstitucional dos artículos del Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR), una de las principales banderas económicas del gobierno de José Mujica para redistribuir la riqueza. La discusión interna en el gobierno en el 2011 por este asunto generó un durísimo debate en la interna del gobierno, algunos de cuyos coletazos sigue y se multiplican en estos días. Pero además, en un caso concreto la Corte consideró también por cuatro votos a uno –también Pérez Manrique votó en contra– inconstitucional la ley interpretativa de la ley de caducidad. Los casos. La Corte decidió trasladar a la jueza Mota a una sede judicial luego de haberle mostrado “varias tarjetas amarillas”, comentó días atrás al semanario Búsqueda. Mota adquirió notoriedad por su desempeño en varias causas de violaciones de derechos humanos acaecidos durante la dictadura cívico-militar (1973-1985). Era la jueza penal que más presumarios y sumarios de estos casos tenía bajo su órbita: 32. La magistrada ya anunció que recurrirá la decisión de la Corte ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA). La negación del principio de inocencia en la causa que seguía a un militar retirado por la desaparición de dos militantes del Partido por la Victoria del Pueblo –una organización que tiene más de tres decenas de desaparecidos en Argentina– en Paraguay fue de los primeros hechos que la pusieron en la mira. El Colegio de Abogados cuestionó su proceder. Más adelante, el 20 de mayo del 2011 participó de la tradicional marcha del silencio que año a año realizan los Familiares de Detenidos-Desaparecidos. El hecho generó que muchos abogados de militares indagados por ella la recusaran. Más adelante, en una entrevista con Página/12 afirmó que en Uruguay “no hay un promoción de los derechos humanos” para aclarar casos que siguen pendientes de resolución. Y destacó que esto era “bien diferente al gobierno argentino en esta materia”. Fundamentó esto en que, a su juicio, tanto el presidente Mujica como el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro –viejos líderes tupamaros– “no pueden ver con objetividad un proceso dictatorial que los tuvo como víctimas”. Estas afirmaciones de Mota llamaron la atención al presidente Mujica. “Me llamó la atención que no he visto manifestaciones de ningún tipo, ni de la Suprema Corte de Justicia ni de nada parecido”, declaró el jefe de Estado a Búsqueda. La Corte abrió una investigación que luego archivó sobre la jueza. Para el diputado Luis Puig (PVP), el traslado de Mota “es un triunfo de la impunidad que están festejando asesinos y torturadores”. Algunos dirigentes de izquierda, abogados y hasta operadores del Poder Judicial consultados por Miradas al Sur reconocieron la valentía y la firmeza de Mota pero consideran que se “extralimitó” “Un juez habla con sus fallos. No hay que hacer moñas de más ni regalarse ni regalarle argumentos en bandeja a la derecha. Si uno hace todo lo acumulado se cae como un castillo de naipes y volver a empezar cuesta bastante”, comentó a este semanario un abogado de notoria filiación frenteamplista. La sentencia de la SCJ emitida el 22 de febrero que declaró inconstitucional dos artículos de la ley interpretativa de la ley de caducidad generó un duro debate entre varios especialistas con respecto al alcance del fallo y a las consecuencias que tendrá sobre las causas de violaciones a los derechos humanos. La ley interpretativa fue una controversial norma sancionada con los votos oficialistas en octubre de 2011, luego de que fracasara el plebiscito para anular la ley de caducidad en el 2009 y de que no se reunieran los votos en el Parlamento para derogarla en mayo de ese mismo año. La polémica norma restableció la pretensión punitiva del Estado, extendió los plazos de prescripción y dispuso que los delitos de la dictadura son crímenes de lesa humanidad. “Al establecer la doctrina del control de convencionalidad, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sugiere una razón. Argumenta que los tribunales nacionales deben seguir su jurisprudencia, porque ella es ‘intérprete última de la Convención Americana’. Sin embargo, éste es un argumento poco afortunado (...), porque no apoya la conclusión de que las autoridades locales estén obligadas a seguir su jurisprudencia”, sostiene el texto redactado por Chediack y firmado también por los ministros Ruibal, Larrieux y Chalar, señala la sentencia de la SCJ al momento de hablar de las normas nacionales y el derecho internacional. Agrega que “a esto corresponde añadir que, para los delitos cometidos durante la dictadura, amparados por la ley de caducidad, no se creó ninguna prescripción especial, sino que, simplemente, regían los mismos términos extintivos que para cualquier otro delito”, agrega. La mayoría de la Corte concluyó que la sentencia de condena al Estado uruguayo por parte de la Corte IDH en el caso Gelman tiene alcance exclusivo a esa contienda y que la ley interpretativa de la ley de caducidad votada con los votos oficialistas a fines de 2012 violenta los principios de legalidad, irretroactividad de la ley penal más gravosa y seguridad jurídica, entre otros. En solitario, el ministro Ricardo Pérez Manrique considera que se trata de crímenes de lesa humanidad que no prescriben y que ya estaban previstos al momento de cometerse en la década de 1970 por los tratados que Uruguay había ratificado a esa fecha. Por otra parte, la Corte también considera inconstitucional el impuesto a la concentración de la tierra (ICIR) por cuanto no es un tributo sino un nuevo gravamen que se “superpone” con la Contribución de Inmuebles rurales. El gobierno ya trabaja en un plan alternativo para este impuesto que se planteaba recaudar 60 millones de dólares y que estaba destinado a financiar la caminería rural. Las reacciones. El Frente Amplio como tal, a través de su Secretariado Ejecutivo emitió una dura declaración en la que reclamó la “máxima transparencia” a la Suprema Corte de Justicia en este asunto. “En un estado de derecho, todas las autoridades públicas deben actuar con la máxima transparencia, permitiendo a la ciudadanía conocer los fundamentos de los actos administrativos que dicten para cumplir con su función y asegurar la mejor prestación del servicio a su cargo. Por ello nunca puede entenderse que los reclamos de transparencia puedan afectar la independencia o la posición institucional de un órgano del Estado”, señala el texto. “Teniendo en cuenta las dudas que hoy existen en la opinión pública, explicitar las razones de servicio en que debería haberse fundado la decisión administrativa de trasladar a Mota, contribuiría a descartar toda interpretación que atribuya su traslado a presiones políticas o a razones de otro orden, lesivas para la independencia de los magistrados”, agrega. A su vez, el Secretariado Ejecutivo del FA rechaza “enérgicamente las declaraciones provenientes de los sectores políticos de oposición que ponen en duda la adhesión de la fuerza política a las instituciones democráticas y a la Constitución de la República”. La SCJ rechazó la convocatoria de la Comisión de Constitución de Diputados para que explique el fundamento del traslado de Mota. La presidenta del Frente Amplio, Mónica Xavier, dijo: “Lamentablemente, la Suprema Corte, mediante sus fallos posiblemente proteja a los grandes capitales perjudicando al país”. El senador y secretario general del Partido Comunista, Eduardo Lorier, comentó “que hay cosas que pueden verse aisladas unas de otras y no está mal. Pero a veces conviene unir hechos que parecen no relacionarse a primera vista. Entonces uno empieza a aproximarse un poco más a la realidad y, con ello, a la verdad. Por ejemplo, estoy haciendo el ejercicio de unir traslado de Mota con la posible inconstitucionalidad de la ley interpretativa de la Caducidad y con la anunciada inconstitucionalidad del ICIR. Y eso me va llevando a ver cómo se mueve el poder hegemónico, cómo no se pueden tocar algunas vacas sagradas”. Matices. En el Poder Ejecutivo y en sus dirigentes más cercanos lo que pareció haber molestado más fue la declaración de inconstitucionalidad del ICIR. “El mundo no se acaba por el traslado de un juez. Me preocupa mucho más la resolución de la SCJ sobre el impuesto a la tierra porque en eso leva las posibilidades de tener trabajo y caminería rural a mucha gente”, manifestó a Montevideo Portal la senadora Lucía Topolansky, esposa del presidente Mujica. El prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa, dijo al diario El Observador: “Siempre defendí que se criticaran fallos judiciales. Uno puede estar en desacuerdo con una decisión judicial y plantearlo. Lo que me parece que no corresponde es discutir decisiones administrativas de otro poder del Estado. Es como si la Suprema Corte de Justicia pidiera explicaciones a Mujica de por qué cambió a un ministro”. El vicepresidente Danilo Astori tampoco fue tan duro como sus compañeros del FA y dijo a Subrayado, de canal 10, que “el traslado de cualquier juez es materia de soberanía y competencia de la SCJ. Es algo que se hace frecuentemente. Hay que respetar esa decisión”. Oposición, concentración y ex presidentes. Como si fuera una sola cosa, la oposición de derecha le pegó duro a la izquierda por entender que con sus pronunciamientos ella realiza una injerencia indebida en la independencia del Poder Judicial. El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado emitió una declaración el lunes 18 en la que consideró que el traslado de Mota es “una competencia constitucional de la SCJ” y que “nunca antes el ejercicio de esa competencia había sido públicamente cuestionado y mucho menos resistido por las vías de hecho”. En una carta que divulgó días atrás el diario El País, los ex presidentes Julio Sanguinetti, Luis Lacalle y Jorge Batlle expresaron su preocupación por la “situación institucional que ha provocado el partido de gobierno” y señalaron que “no es posible agredir el principio de separación de poderes con la amenaza de citaciones inconsultas, infundados juicios políticos y el agravio constante de legisladores oficialistas a los miembros de la máxima autoridad judicial”. “En un país democrático que tiene tres poderes que son independientes entre sí, cuando las Justicia habla en el país hay que acatar lo que la Justicia dice”, declaró en tanto el ex presidente Tabaré Vázquez. Defendió que se que pueda expresar la discrepancia con los fallos de la SCJ mientras se haga “pacíficamente y con respeto”. El lunes 25, la izquierda, la central sindical única y los Familiares realizaron una concentración en silencio en la plaza Libertad de Montevideo en rechazo a las decisiones de la Corte. El acto fue pacífico e incluyó el canto del Himno Nacional por los miles de personas que llenaron la plaza. Varios ministros y legisladores del oficialismo estuvieron presentes. El viernes 1ª, el presidente José Mujica opinó en su audición de M24 que el gobierno respetará la decisión de la Suprema Corte de Justicia sobre la inconstitucionalidad del ICIR, pero adelantó que “moralmente” no cambió su opinión al respecto. “El aumento del ‘valor tierra’ está en ‘el bolsillo’ de las familias terratenientes, pero no está en los de los peones que trabajan en ella y necesitan de las ‘comodidades mínimas’ para continuar viviendo en el campo”, expreso. “Por eso, les pedimos (a los terratenientes) una colaboración con la urbanización. ¿A quién le íbamos a pedir si no. A los pobres, a la clase media?. Nadie se tiene que sentir ofendido. Nosotros respetamos toda decisión que tome la Suprema Corte de Justicia, pero moralmente seguiremos pensando lo mismo”, apuntó Mujica. La complicada interna del gobierno uruguayo entre Tabaré Vázquez, José Pepe Mujica y Danilo Astori En paralelo a la conmoción política generada con fallos y decisiones de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), al interior del gobierno de Mujica se reeditó desde comienzos de año un debate sobre el manejo de la economía que llevó a enfrentamientos políticos entre el presidente y el vicepresidente, Danilo Astori. En el gobierno, en el Frente Amplio y en sus partidos miembro, nadie visualiza esta polémica con el fantasma presente de que Astori pueda ser “el Cobos uruguayo”. Nadie. “Astori es frontal, leal al presidente pero se cansó y dijo lo que pensaba, eso no significa que no acate lo que se decida por mayoría, le guste o no le guste. Es un frenteamplista de ley”, comentó a Miradas al Sur uno de los principales operadores de Astori y su grupo, el Frente Líber Seregni (FLS). En el Frente Amplio se convive con un axioma político bien claro: el que se enoja o se molesta y se va de la coalición pierde y para siempre. La polémica data de al menos dos años y tiene que ver con choques de ideas del sector “mujiquista” del gobierno –que integran el secretario, el prosecretario de la Presidencia, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, varios asesores y algunos ministros– con el “astorismo”, que maneja el Ministerio de Economía y el Banco Central.“ Cómo hacer para redistribuir mejor la riqueza y el crecimiento que ha tenido el país”. Ésa es la pregunta central que se esconde atrás de pugnas por cuotas de poder. Y “quién fija la política económica”, es el otro dilema para resolver. Es que, en rigor, desde que Mujica asumió la presidencia, paulatinamente el “astorismo” perdió el control hegemónico del manejo de la economía. Y no fue casualidad, Mujica y sus colaboradores más directos diseñaron planes y programas que, entre otras cosas, otorgaron a la presidencia el manejo y la coordinación global de las políticas públicas. Los “mujiquistas” acusan a los “astoristas” de enfrentar cualquier discusión que suponga una eventual suba de impuestos a los sectores económicamente más poderosos apelando a “argumentos de la derecha”. Y Astori en personal salió duró la semana pasada en el informativo del canal 10 cuestionando que se quiere rebajar el papel del Ministerio de Economía y su ministro, Fernando Lorenzo. También se quejó de las constantes filtraciones a los medios de reuniones del gobiernos y habló de “operaciones”. Mujica se molestó y convocó el miércoles 20 a una reunión extraordinaria del consejo de ministros. Ante su gabinete admitió una “crisis política” e invitó a que se “vayan” los que quieran del gobierno, empero les dijo que precisaba “a todos los compañeros”. “Creo que necesitábamos decirnos unas cuantas cosas”, declaró el presidente a la prensa luego de la reunión. Unos días antes, el ex presidente y virtual candidato a la postulación para el mismo cargo por el Frente Amplio en octubre del 2014, Tabaré Vázquez, había llamado a terminar con “el show mediático” entre “compañeros”. Incluso le dio anclaje argentino al ámbito ideal para esas disputas. Dijo que eran propias de los programas de Marcelo Tinelli en televisión o de Alejandro Dolina en radio. Por estas semanas, Vázquez incrementó su presencia pública y mantuvo reuniones por separado con Mujica y Astori. En junio del 2009 Vázquez apoyó la candidatura de su ex ministro de Economía, Danilo Astori, para la presidencia de la República. Mujica lo derrotó y luego de complejas negociaciones aceptó ser su candidato a vicepresidente. Mujica y la Argentina Entre “una misión imposible”y “un cariño bárbaro” El presidente José Mujica definió la relación entre Uruguay y Argentina como “una misión imposible” al mismo tiempo que declaró sentir “un cariño bárbaro” por el pueblo argentino. Lo hizo en una entrevista que otorgó a la publicación Correo Socialista, una publicación oficial del Partido Socialista. El jefe de Estado uruguayo ha insistido una y otra vez en que “los países no se mudan” y que, por tanto, más allá de los problemas que se presentan en la relación deben insistir con el diálogo como el “único” mecanismo posible para resolver controversias. “Qué quieren, que les escupa un ojo”, llegó a declarar con su particular estilo. “Como en la Argentina son todos peronistas –aún los que no son peronistas son peronistas– trabajan en claves difíciles de entender para nosotros”, dijo Mujica quién cada vez que visita Argentina es virtualmente idolatrado por defensores y detractores de la presidenta Cristina Kirchner. Además señaló que más allá de las dificultades cambiarias que se le presentan a los argentinos para salir con dólares de su país a “ese glorioso pueblo (...), aunque le hagan lo que le hagan, siempre viene”. 03/03/13 Miradas al Sur

EL NO DE PORTUGAL.

Portugal grita un multitudinario basta a la política de austeridad Cientos de miles de personas se manifiestan en contra de las recetas de la troika Por Antonio Jiménez Barca - Lisboa | El País Portugal ha vuelto a salir a la calle para rechazar los recortes, la austeridad a mansalva y la política de ajuste que mes a mes, día a día, ha empeorado su vida hasta hacerla irreconocible. Y lo ha hecho de forma masiva, pacífica y exultante, en una emocionante manifestación de cientos de miles de personas que tal vez constituya la mayor marcha jamás celebrada en Lisboa, detrás de una pancarta que decía, simplemente: “El pueblo es el que manda”. Y cuando la manifestación llegó a la hermosísima plaza del Terreiro do Paço, abierta al estuario del Tajo, casi al atardecer, todos, como una sola e impresionante voz, cantaron Grândola Vila Morena, el viejo símbolo de la Revolución de los Claveles, resucitada ahora y reconvertida en himno moderno contra el Gobierno, contra los recortes, contra la troika y contra la vida precaria y el futuro sin horizonte. Los más jóvenes llevaban la letra apuntada en unos folletos que se pasaron de mano en mano. Los mayores se la sabían de memoria. Muchos enarbolaron claveles rojos en el puño en alto. Muchos otros lloraron al cantarla. Hubo manifestaciones en cerca de treinta ciudades. Los organizadores aseguraron que en Oporto, por ejemplo, habían participado cerca de 400.000 personas. Y muchas más en Lisboa. Sumadas todas, según los convocantes, más de 1.550.000 personas. Pero, más allá de los números y las exageraciones, lo que es cierto es que Portugal ha vuelto a salir a la calle. Ya lo hizo el pasado 15 de septiembre y lo ha vuelto a hacer, convocados por la misma asociación civil, creada hace meses, independiente de los partidos políticos y los sindicatos, el grupo Que se lixe a troika (Que le den a la troika), formado por 130 integrantes que componen una radiografía no del todo infiel de la sociedad portuguesa, ya que entre sus filas se cuentan, entre otros, funcionarios, profesores, parados, autónomos, cantantes o actores. Entonces, el 15 de septiembre, la masiva respuesta de los portugueses consiguió que el Gobierno del conservador Pedro Passos Coelho reculara y se olvidara de una proyectada rebaja general de sueldos. Después, pasado el calentón popular, aprobó una brutal subida de impuestos alegando que no había otro remedio si se quería conseguir el objetivo del déficit y cumplir con los compromisos. Ahora, los portugueses han vuelto a decir basta y la pelota vuelve al tejado del Gobierno. La manifestación fue una marea inmensa compuesta de jubilados que se quejan del recorte de sus pensiones, de empleados de la sanidad pública que protestan por su desmantelamiento, estudiantes que abominan de tener que emigrar por falta de oportunidades y de gente que se siente estafada, harta y que vive mucho peor que hace casi dos años, cuando el país fue rescatado por la troika (BCE, FMI, UE). Ni la fecha ni el lugar de la manifestación ha sido casual. Hace casi una semana que, precisamente, los representantes de la troika se encuentran en Lisboa, y su cuartel general es el Ministerio de Finanzas portugués, situado a un paso del Terreiro do Paço. Desde que llegaron, como han hecho en las seis ocasiones anteriores, han inspeccionado cuentas públicas, se han entrevistado con quienes las manejan (y con los líderes de la oposición y los sindicatos). Pronto se encontrarán listos para dar las directrices necesarias para que el macropréstamo pedido por Portugal en 2011 a fin de escapar de la bancarrota siga afluyendo según los plazos previstos. Tampoco esta es una visita normal de la troika. Desde el principio, ha estado envuelta en expectación y polémica. Los medios portugueses deslizan la idea de que el Gobierno portugués trata ya de cambiar levemente de rumbo y abandonar algo la austeridad a machamartillo que, paulatinamente, hunde al país en una espiral recesiva (la economía se contraerá este año cerca de un 2%, casi el doble de lo previsto por el Gobierno en septiembre, y el paro ya ha superado el 17%). De hecho, el lunes, el Gobierno portugués solicitará en el Eurogrupo un año más para cumplir el déficit acordado y más tiempo también para pagar los intereses de la deuda. Es decir: Portugal suplica aire, algo que hasta ahora su primer ministro, el conservador Pedro Passos Coelho, se había negado a admitir, convencido de que la única vía era dar vueltas de tuerca cada vez más apretadas a la economía y a la población portuguesas. Por lo pronto, esta misma población portuguesa, harta, ha salido hoy a la calle en masa para, firme y pacíficamente, frente al cuartel general de la troika, gritar “basta” en forma de canción con memoria. Abril está al llegar Una mujer portaba un cartel original elaborado por ella misma en la manifestación de hoy: “El 25 de abril que hizo mi padre lo voy a tener que volver a hacer yo”. La mujer se llama Isabel Mora, tiene 46 años y perdió a su padre hace cinco meses. “Él luchó mucho por la libertad de Portugal, y salió a la calle el 25 de abril de 1974, cuando la Revolución de los Claveles. Por eso siento que tenía que escribir esto, porque él peleó por unos derechos que me están recortando y que yo tengo que legar a mi hija, que tiene 16 años y que por cierto es esta de aquí”. La hija portaba otro cartel casero que decía simplemente: “Estoy triste por mi país”. Al lado, una amiga portaba otro que rezaba: “Abril está al llegar”. La identificación de esta ola de protestas con la revolución que trajo la democracia a Portugal es enorme. De hecho, muchos de los organizadores de la manifestación, integrantes del grupo civil Que se lixe a troika participaron hace dos semanas en el coro que cantó Grândola Vila Morena en el Parlamento, interrumpiendo al primer ministro, que hablaba en ese momento de recetas económicas para salir de la crisis. Pero no todo ha sido tan indignadamente poético en la marcha de hoy. Un hombre mayor portaba un cartel con un tono cabreado bien distinto: “En esta pancarta no hay espacio para poner a tanto hijo de puta”. El País GB

ELLA JUEGA CON BLANCAS

Ella juega con blancas Por Luis Tonelli | Debate El arduo camino hacia las elecciones legislativas, el conflicto por la sucesión (o continuidad) presidencial y las disputas por los espacios de poder. Comienza la aproximación final a las elecciones legislativas, previa realización de las primarias abiertas obligatorias, y si uno se deja llevar por la “realidad objetiva” todo indica que se desarrollarán en un ambiente político poco apacible, golpeado por la inflación, el conflicto con los sindicatos y las relaciones con nuestro nuevo amiguito menos previsto: la República Islámica de Irán. Pero, claro, la opinión pública parece más interesada en el caso del “Jardincito de Infantes del terror” o en la publicación ocasional y secuencial de videos íntimos de MILFs argentinas famosas, más que ninguna otra cosa (si fuera por conveniencia, no se entiende muy bien por qué el Gobierno insiste en la Ley de Medios, cuando el nivel actual promedio de la televisión, produce lobotomías indoloras tremendamente efectivas). Y ni que hablar del mejor aliado de la Casa Rosada, esa fragmentación “egótica” opositora (tanto interna al PJ como externa a él) mucho más preocupada por los movimientos pigmeos de cualquiera de sus pares, antes que por plantearse seriamente la construcción de una fuerza opositora al “cristinismo”. El conflicto por la sucesión (o continuidad de CFK) queda así completamente postergado hasta nuevo aviso, y los posibles candidatos desarrollan el arte de mantenerse vivos -como el hit travoltianoochentoso- en su esperanza de que sean los elevados condicionamientos constitucionales y su yerma infertilidad política, los que den por terminado el “experimento kirchnerista”. En síntesis, las movidas de los jugadores más importantes en el peronismo están más bien motivadas por lograr un mejoramiento relativo con respecto a sus contrincantes en una posible sucesión de CFK, que en un enfrentamiento directo con Ella. A pesar de todas las amenazas de ruptura sus promesas cronológicas se vencen y son renovadas por bimestre (“rompe en diciembre”, “rompe en abril”, y así sucesivamente). El gran batacazo rupturista lo daría Sergio Massa, quien cuenta con el capital de una muy buena imagen y fama de buen gestor en ese Coral Gables que es el centro de Tigre. Pero se trata de un capital líquido que podría escurrírsele de las manos si da un solo paso en falso. Los oráculos de la borra de café afirman ceñudamente que Massa tiene que jugar fuerte electoralmente ahora para ser protagonista en las elecciones de 2015, pero dos años son una enormidad (pregúntenle si no a un victorioso Francisco de Narváez en 2009, totalmente desdibujado apenas un año después). En esta “democracia Alzheimer”, en la que la última imagen reemplaza totalmente a la anterior, lo único que importa es estar bien poco tiempo antes del evento decisivo. Claro, si uno piensa en el ascenso de una fuerza política en donde un Mauricio Macri logra que un Roberto Lavagna juegue en la Ciudad de Buenos Aires, que un Sergio Massa sea candidato en la provincia, y se le pliegue la lista cordobesa de un Juan Manuel de la Sota, sumado a un buen desempeño del puteador profesional de Miguel Del Sel en esa Amsterdam del subdesarrollo que resulta que ahora es Santa Fe, y provocando la adhesión de radicales varios, esto sería otra cosa. Pero no se sabe por qué tantos personajes que pueden tener juego propio en 2015 tendrían el incentivo de colocarse bajo las órdenes del jefe porteño ahora (salvo el caso de un “libero” como Lavagna). Lo mismo sucede con Daniel Scioli, quien es el candidato default del peronismo, y que solo necesita “sobrevivir” -su “especialidad de la casa”, en el menú político, y en el de la vida también- cosa que no le es fácil ni por nada del mundo está asegurada en el cementerio de elefantes que es la gobernación de Buenos Aires. Así, su potencial ruptura con el kirchnerismo sólo puede imaginarse en un eventual intento de destrucción de la Casa Rosada de la precaria gobernabilidad bonaerense, que lo demuela. O sea, destruir todo para destruir a Scioli. A CFK no le hace falta devanarse los sesos como el Profesor Neurus para imaginar esa maldad final: con solo no enviarle alguna remesa adicional a la gobernación para que cubra los aumentos salariales, la provincia quedará paralizada y al garete de los desestabilizadores. Pero ahí surgen dos preguntas: la primera es, ¿podrá la Casa Rosada aislarse del aquelarre bonaerense y no sufrir en carne propia su desestabilización, como siempre ha sucedido, desde por lo menos, la revuelta de los orilleros de Joaquín Campana? La otra es, ante esa manifiesta intención “cristinista”, ¿no podría Scioli erigirse en un opositor neto y de fuste, con todas las excusas y legitimidad para hacerlo? Otra movida posible, de la que también se habla, es que Massa sea el candidato de CFK contra Scioli en la interna abierta. De nuevo, ¿para qué el intendente de la Miami vernácula decidiría jugarse ahora el “todo por el todo” cuando no hay nada que amenace su potencial de simpatía popular, para ser usado en la elección que realmente vale, que es la del 2015? Parece, entonces, que tenemos esa situación de equilibrio tan bien enunciada por el personaje que interpreta Russell Crowe en la película Una mente brillante (o sea, John Nash, Premio Nobel de Economía, pero, ¿quién lo conoce?): “a nadie le conviene cambiar unilateralmente lo que viene haciendo” (situación que se conoce en teoría de juegos obviamente como “equilibrio Nash”). Siguiendo con la metáfora lúdica, bajo estas circunstancias, en este ajedrez político, CFK juega con blancas, y tiene la posibilidad de hacer jaque contra Scioli en una movida. Pero ganar así esta partida, la llevará a enfrentar una serie de partidas mucho más difíciles y que hoy son inimaginables, incluso contra el mismo Scioli. Por supuesto, que hay quienes fogonean la ruptura, pero son los que ya rompieron y se sienten un tanto desamparados en tierra de nadie, con el solo padrinazgo árido de la “revuelta cordobesista” de José Manuel de la Sota, que ni a él le brinda demasiado rédito en las encuestas. Si ésta es la situación en el oficialismo, y las iniciativas de la publicidad creativa macrista encuentran su límite en el mismo volumen político de su protagonista principal, ni en el socialismo ni en esa federación horizontal que es hoy el radicalismo las cosas no pintan demasiado mejor. El socialismo enfrenta la carga del kirchnerismo que puede darle el triunfo no a su lista, sino al PRO-Rompeportonesdelselista, lo cual de suceder significaría un durísimo golpe a las aspiraciones de Hermes Binner. Por el lado del VPC (viejo partido centenario), lo crucial para el partido centenario es mantener y recuperar baluartes electorales -como Mendoza-, pero como para los radicales la vida “es eso que pasa entre dos internas”, quien aparece mejor en las encuestas, Cleto Cobos, es esmerilado tanto por el ex gobernador Roberto “el Mula” Iglesias, como por el intendente de Mendoza, Víctor “el Viti” Fayad, amigo personal de CFK. De todos modos, como están las cosas, la suerte del radicalismo -en sus debilidades- depende no tanto de su internismo institucionalizado, sino de que se desate el internismo caníbal peronista cuanto antes, cosa que también depende de si CFK en vez de querer ser la “Gran Electora”, decide en cambio ser la “Gran Deselectora” presidencial. Mientras tanto, la gran fantasía del “cristinismo”, o sea, la reforma constitucional que habilite otro/s mandato/s más de la Presidenta queda en pie virtual, y realimenta asimismo un statu quo, que parece mayestático, pero que, según la ciencia, podría alterarse por el aletear de una mariposa en Kamchatka (¡mhhh…!). http://www.revistadebate.com.ar/2013/03/01/5919.php GB

LA OPO POR EDGARDO MOCCA, OPINION

El “precaprilismo” de las oposiciones argentinas Por Edgardo Mocca | Debate La difícil unidad del antikirchnerismo, los diagnósticos en disputa sobre sus dificultades para ser alternativa y la ineficacia del libreto antiautoritario. El resultado de las últimas elecciones presidenciales abrió una instancia crítica en el sistema político argentino, particularmente en el hemisferio de quienes se oponen al Gobierno. Después de una aplastante derrota que puso al candidato opositor mejor situado a casi cuarenta puntos porcentuales de la Presidenta reelecta, era de esperar un terremoto político que arrastrara orientaciones estratégicas, referencias públicas principales, mensajes y alianzas interpartidarias. Había figuras centrales de la política anterior que habían sido virtualmente borradas del escenario. Había apuestas a la potencia de la disidencia interna del peronismo que apenas perforaron el modesto umbral del cinco por ciento del electorado. Había una apertura radical hacia la centroderecha que condenó al partido a una de sus más magras cosechas electorales. Estaban todos los materiales para el comienzo de una escena extremadamente conflictiva en el seno de todas las fuerzas que compitieron contra el oficialismo kirchnerista. Por duros que sean esos episodios, suelen ser la ocasión para oportunos virajes que abran paso a mejores tiempos. Pero nada de esto ocurrió. En el radicalismo se insinuó un tímido amago de discusión crítica que quedó aprisionado en un marco en el que el único interrogante parece ser cuáles serán las alianzas políticas para las legislativas de este año. Las principales figuras del “peronismo disidente” hicieron un silencio acaso provisorio pero ya bastante prolongado. Elisa Carrió hizo de cuenta que todo estaba igual y siguió haciendo lo suyo, aprovechando que los medios de comunicación más influyentes no distribuyen espacio y visibilidad con arreglo a las relaciones de fuerza políticas reales sino a las inconmovibles premisas de su operación política. El macrismo, que no es derrotado en elecciones presidenciales porque no las disputa, aspira simplemente a hacer mejor y con mayor capacidad de persuasión lo mismo que hicieron casi todos los candidatos en la última elección. Surge la pregunta sobre qué es lo que podría haberse cambiado o podría cambiarse en el futuro. Los analistas del establishment sugieren tres claves de un posible mejoramiento de las chances opositoras: un endurecimiento de la posición contra el Gobierno, el avance hacia una amplia unidad de la oposición y la consagración de un candidato atractivo para ese bloque unido de la oposición. El intérprete justo de ese libreto es, obviamente, Mauricio Macri. Seguirá siéndolo a no ser que la dinámica interna del bloque FPV-justicialismo haga surgir la posibilidad de una nueva referencia peronista capaz de sintonizar con el libreto de los grandes medios. Ahora bien, es posible que el principal enigma a resolver por las oposiciones no sea centralmente ninguno de los que se proponen desde los estados mayores mediáticos. Es posible que el centro del problema radique en el marco interpretativo de la realidad política con el que están actuando, esa especie de esquema general dentro del cual se inscriben los acontecimientos. Concretamente, las oposiciones han hecho suyo de modo prácticamente unánime, lo que podríamos llamar “la cuestión del autoritarismo”. Significa que todo el juego, toda la lucha política gira en torno de la voluntad autoritaria del Gobierno. No es que haya tal o cual gesto o decisión autoritaria por parte del Gobierno: el autoritarismo es el rasgo esencial, ordenador y explicativo de todo cuanto produce el gobierno. Es un molde conceptual en el que se vuelca cada uno de los actos de gobierno y cada escena a los que esos actos dan lugar. Se trate de nacionalizaciones, reformas económicas, políticas sociales, comunicativas, disputas judiciales o hasta querellas con actores de cine, todo converge en el impulso autoritario. La palabra “autoritario” no refiere, en este contexto de discurso, a un atributo ocasional de algún área del Gobierno, ni puede confundirse con un señalamiento crítico de orden estilístico, formal o moral; en términos de ciertas corrientes de la teoría política, no se habla de un “tipo de gobierno” (tipos de política dentro de un determinado orden institucional), sino de un “tipo de régimen” (modo institucional de organizarse la comunidad política). Esto, que parece una digresión teórica, es lo que aquí se entiende como el fondo de la cuestión. Con el libreto antiautoritario -seguido con desdichada aplicación por los líderes opositores- los grandes medios de comunicación han articulado un discurso antikirchnerista que se ha mostrado tan capaz para promover climas de asfixia e indignación política en algunos sectores influyentes aunque minoritarios, como impotente a la hora de la propia construcción política. Es inevitable que así sea: el griterío contra el “gobierno autoritario” no se lleva bien con las rutinas ni los calendarios electorales. Se sitúa en el punto más extremo de la enemistad política, en el lugar en el que “el otro” no es una propuesta y una orientación a discutir y a superar sino que es el mal político absoluto a combatir y destruir. Es una mirada más eficaz para alentar escenas de crisis terminal y sublevaciones que para acumular recursos político-electorales. Por otro lado, el propio sufragio universal queda comprometido en su virtualidad: de ese sufragio, ejercido con total libertad surgió este Gobierno al que se denuncia como ilegítimo. Es decir, del sufragio ya no se esperan soluciones porque el sufragio es percibido como parte del problema. Así se insinúa en ciertos testimonios recogidos en el cacerolazo porteño de setiembre último que, ante la pregunta sobre por qué la mayoría votaba a Cristina Kirchner, respondían que el Gobierno ganaba elecciones sobre la base del clientelismo social. Se cierra así el círculo argumental: al autoritarismo no se lo derrota con las mismas armas con las que domina, es necesario un acto original de fuerza que restablezca el orden democrático. Frases de ese tipo jalonaron el comienzo de todos y cada uno de los golpes de Estado de nuestro siglo XX. Cuando llega, como ahora, una etapa electoral, el libreto antiautoritario muestra toda su inoperancia. Porque una actitud coherente con ese marco interpretativo sería condenar el propio proceso electoral y, en el caso de que esa condena no tuviera éxito, generar un nivel de unidad total de la oposición para vencer electoralmente al “régimen”. Esa unidad podría ser el fin de más de una histórica formación política y el agosto de muchas carreras estelares, pero la gravedad del diagnóstico justificaría lo dramático del renunciamiento. Como nadie está seriamente dispuesto a adoptar ese curso estratégico, el sonsonete del autoritarismo termina por ser un decorado testimonial de la impotencia política. La oposición argentina es, todavía, “precaprilista”. No comprendió, a diferencia de su homóloga venezolana, que la manera de enfrentar electoralmente a los gobiernos surgidos de las crisis del neoliberalismo incluye el reconocimiento de la legitimidad democrática de su adversario y el de los cambios que han impactado positivamente en la calidad de vida de sus pueblos. http://www.revistadebate.com.ar/2013/03/01/5922.php GB

PARTE II: VERBITSKY, OPINION

El reencuentro Con más de mil participantes a lo largo de dos jornadas, la Biblioteca Nacional presenció un reencuentro muy interesante. Había referentes muy fuertes del garantismo (que Cristina desdeñó el viernes en el tramo menos feliz de su prédica judicial), pero sin la ingenuidad que en el pasado caracterizó su relación con la política, y representantes de las nuevas camadas, con menor presencia de las justicias provinciales. Además de la Procuradora General Alejandra Gils Carbó, que abrió las jornadas con el mejor discurso, y de la Defensora General Stella Maris Martínez, que las cerró, estuvieron entre los referentes explícitos los fiscales Jorge Auat, Félix Crous y Javier De Luca, que no por casualidad han actuado en causas por crímenes de lesa humanidad, igual que el juez Mario Portela; la integrante del Superior Tribunal porteño Alicia Ruiz y el juez de Casación Alejandro Slokar. Gils Carbó se posicionó como jefa de los fiscales, con líneas de análisis económico aprendidas de su director de maestría en Flacso, Eduardo Basualdo, orientada en forma muy explícita a la batalla contra las corporaciones, que durante años libró en las condiciones más desventajosas como fiscal ante la Cámara del escándalo. Pero también mencionó la responsabilidad del Estado en la afectación de derechos y las posibilidades del ministerio público en la defensa de esos “intereses generales de la sociedad” como le encomienda el artículo 120 de la Constitución. La ausencia de la Procuradora y de la Defensora General en el acto de Lorenzetti completaba el mensaje. El valor de los paneles fue muy desparejo, pero en todos prevaleció una saludable horizontalidad, estilo democrático y apertura hacia ese país que queda fuera de los tribunales. De ese modo se discutieron cuestiones que no están en la agenda convencional, como los mecanismos de ingreso a la Justicia, los sistemas de promociones y disciplina; la independencia no sólo del poder político y los poderes fácticos, sino también dentro de la estructura judicial; la necesidad de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana. No sólo se cuestionó el ingreso de los empleados sin exámenes, sino también la precarización laboral, con abuso de interinatos y pasantías. Se criticó la estructura jerárquica, que no distingue por responsabilidades y excluye la horizontalidad que primó en el encuentro. La oralización de todos los procedimientos y la televisación de audiencias fueron señaladas como paso previo al juicio por jurados en todos los fueros. También se planteó el registro estadístico de la gestión, la adopción de un lenguaje llano que torne popular e inclusivo el discurso judicial, suprimiendo el anacrónico trato honorario; la publicidad de la agenda de los jueces para que se conozca con quiénes se reúnen y el conocimiento del destino de lo recaudado con la tasa judicial. Hubo propuestas sobre la contención a las víctimas, que por lo general carecen de información sobre a dónde pueden acudir; la participación de la sociedad en el consejo de la magistratura y la extensión de estos debates a las provincias. Parecía que acabara de producirse el big-bang y el magma aún ardiera, antes de adquirir su nueva forma. Los proyectos En el discurso más extenso de su gobierno, Cristina dejó para el final sus propuestas de democratización judicial y anunció el envío de varios proyectos de reforma. Algunos reflejan las propuestas de Justicia Legítima, como el acceso a la carrera por examen, la publicidad en Internet de las declaraciones juradas de todos los jueces y el registro de causas que permita saber al instante dónde y en qué etapa está cada expediente. Esas saludables medidas de transparencia deberían completarse con la siempre postergada ley de acceso a la información pública que obligue a los tres poderes. Ninguno de sus anuncios corporizó los fantasmas de la reforma constitucional, la elección popular de los jueces o la limitación temporal de sus mandatos. En cambio sorprendió con la idea de someter al voto de la sociedad la designación de todos los integrantes del Consejo de la Magistratura, incluyendo a los jueces y los abogados; la creación de tres nuevas Cámaras Federales de Casación en los fueros Civil y Comercial, Contencioso Administrativo y Previsional y Laboral; la reglamentación de las medidas cautelares para que no puedan oponerse al Estado en casos de mero contenido patrimonial; la fijación de plazos para los pronunciamientos de la Corte Suprema y el cambio de la responsabilidad del Estado. Ninguna opinión definitiva puede adelantarse sin conocer la letra de los proyectos, pero todos exhalan un aroma que a algunos les huele a democratización y a otros a politización. Ninguno muestra a priori ostensibles vicios constitucionales y varios tienden a destrabar el funcionamiento judicial. La Constitución no dice que los jueces y los abogados deban ser elegidos sólo por sus pares ni hay motivos institucionales para descalificar la participación ciudadana en ese proceso. Sí hay razones políticas, como se aprecia en los reparos de políticos, periodistas y académicos de la oposición que, como les corresponde, se oponen. Lo mismo vale para la anunciada creación de una tercera instancia de Casación en cada fuero, que puede servir para cortar los nexos espurios entre las Cámaras de Apelaciones y la Corte Suprema y reservar para el máximo tribunal las causas propias de una Corte Constitucional, variable con todas las ventajas de la que proponía Zaffaroni y ninguna de sus contraindicaciones, ya que la Corte seguirá teniendo la última palabra. Pero el proceso de selección de los nuevos jueces de Casación será más lento y complejo de lo que suponen los titulares estridentes de la prensa del sábado, como lo demuestra el caso de la Cámara Nacional de Casación Penal en causas ordinarias, creada hace cinco años y nunca constituida. El proyecto sobre el que menos se sabe es el de responsabilidad del Estado por hechos ilícitos, ya que circulan dos versiones distintas: la de la Comisión Redactora del Anteproyecto de Código Civil, que permite demandar al Estado como a cualquier particular, y la del ministerio de Justicia, que somete esa responsabilidad a las normas y principios del derecho administrativo. Cualquier norma debería contemplar la reparación integral a las violaciones a los derechos humanos, que para la Corte Interamericana no se limita a una indemnización compensatoria, sino que abarca la restitución al estado anterior de la violación, la rehabilitación, y las medidas para que no se repitan. El proyecto ministerial no es la solución más tranquilizadora para los ciudadanos privados de su libertad, que son víctimas habituales de tales abusos. Tanto los planteos de Justicia Legítima como los de CFK tienden a incidir en la relación institucional entre el poder político y el sistema de Justicia, pero poco dicen sobre la respuesta de la Justicia a los diversos conflictos propios de la exclusión social y la violencia, para que la ética del respeto a los vulnerables no se confunda con la doctrina Tenembaum-Lanata sobre el más débil. El mismo Estado endeble frente a los poderes fácticos es todopoderoso ante las víctimas de Once, Cromañón, la violencia institucional. En este punto, Lorenzetti sí tiene algo para decir. Tal vez pocos pasos bien meditados bastarían para salvar lo que hoy parece un abismo. Del dicho al hecho Por Horacio Verbitsky En su discurso del miércoles, Lorenzetti colocó a los derechos humanos en el centro del “gran modelo constitucional propio” que postula. En ceremonias anteriores y en un libro había dicho que los juicios por crímenes de lesa humanidad forman parte del contrato social de los argentinos. Eso le valió la inquina de amigos y familiares de los militares detenidos, que por las redes sociales convocaron a hostigarlo. Pero no alcanzaron quórum y Lorenzetti pudo agradecer la ovación de sus bases, sin dejar el estrado por un largo rato. Ese fracaso de los alborotadores da razón al magistrado cuando dice que estos juicios forman parte de un consenso que “nadie puede ya impedir”. No es un logro menor, porque el repudio colectivo a esa barbarie es la piedra fundamental de un sistema en el que el respeto a la vida, a la integridad física y a la libertad sean la medida para la protección de los demás derechos y valores. Hasta el 31 de diciembre de 2012 se pronunciaron por esos crímenes 354 condenas y 35 absoluciones. Esta proporción demuestra la legalidad de los procesos, de modo que nadie sea condenado sin pruebas. Este modelo argentino de Justicia de transición se opone con éxito al sudafricano, que canjeó impunidad por información. Pero de esas 354 condenas sólo 14 están firmes, una porque el condenado no apeló y 13 porque el fallo fue confirmado por la Corte Suprema. En cambio, las restantes 340 condenas están pendientes de confirmación, 111 de la Corte Suprema y 229 de alguna Cámara Federal. En 2012 la renovada Cámara de Casación, donde fueron designados cuatro nuevos jueces, confirmó 19 sentencias, más de las que había tratado durante la gestión de Bisordi y demás esperpentos. En cambio la Corte sigue siendo el embudo donde se atascan los reclamos de Justicia. En 2012 sólo confirmó dos sentencias, llegando así a un parvo total de nueve, con una demora promedio de dos años y medio desde la finalización del debate, que se duplica si se cuenta desde el comienzo de la instrucción. Por esta dejadez numerosos sentenciados mueren antes de la finalización del proceso, inocentes para la ley, impunes para la sociedad. La Corte ni siquiera tiene cómo controlar el estado de las causas, a las que sólo puede acceder por el número que ella misma les asigna al recibirlas. Entre las condenas no confirmadas están las de Santiago Omar Riveros (89 años), Jorge Rafael Videla, Ramón Díaz Bessone y Jorge Olivera Róvere (87), Juan Manuel Bayón (86), Luciano Benjamín Menéndez y Benito Bignone (85), así como las pronunciadas por las masacres de Margarita Belén y de Palomitas, los crímenes cometidos en la Quinta de Funes, el circuito policial Atlético-Banco-Olimpo, el feudo de la SIDE denominado Automotores Orletti, Campo de Mayo, la cárcel y las comisarías de La Plata, la jefatura de policía de Santa Fe, la base aeronaval de Trelew, La Escuelita de Neuquén y la base aérea de Palomar. También están muriendo por su avanzada edad muchas de las víctimas y sus familiares, degradación adicional a las que ya les impuso el Estado. No es mucho pedir que, entre viajes y ceremonias, la Corte Suprema se haga tiempo para cumplir con su parte en el Contrato Social de los Argentinos. 03/03/12 Página|12 GB

HAY UN PAIS AHI AFUERA, POR VERBITSKY, PARTE I

COMO ABRIR LAS VENTANAS DEL PALACIO DE TRIBUNALES Hay un país, ahí afuera Como nunca antes, todo ha sido puesto en cuestión en los tribunales. En una misma semana fijaron posición el presidente de la Corte Suprema, varios centenares de jueces y funcionarios y la presidente CFK. A partir del conflicto con el Grupo Clarín, que insiste en desconocer una ley, se plantea una revisión amplia del sistema judicial. Democratización y politización, dos términos en apariencia antagónicos para describir el mismo proceso. Por Horacio Verbitsky Nunca antes la Justicia (o, dicho en términos terrenales, el Poder Judicial) había sido tema de debate político y cultural en la Argentina y pocas veces lo fue en otros lugares. Que un asunto del que siempre se encargaron pocos especialistas aparezca como eje de la discusión pública es un hecho único, uno más de los que se han ido eslabonando en la última década, donde todas las verdades inmutables son interpeladas, con irreverencia y pasión, con disputas de vecinos y con propuestas de alto vuelo, si se reformatea el par binario que presentó Ricardo Lorenzetti. El martes en la inauguración del año judicial, el miércoles y el jueves entre los autoconvocados de “Justicia legítima”, el viernes durante el discurso presidencial en el Congreso alentaba un clima fundacional, o constituyente, si no hubiera temor a la confusión. Así lo constató con asombro el juez de la Audiencia de Portugal y de la asociación de Magistrados Europeos por las Libertades, Antonio Cluny, quien dijo a sus colegas argentinos que nunca en el mundo había visto algo similar. Orden de mérito Esto es en parte mérito del gobierno, que en 2003 impulsó el saneamiento de los tribunales con la remoción constitucional de la mayoría automática de amigos, socios, parientes y encubridores que había sembrado el menemismo. También adoptó procedimientos transparentes y participativos para la designación de sus reemplazantes y del resto de los jueces federales, que Néstor Kirchner tomó del documento “Una Corte para la Democracia”, elaborado en lo peor de la crisis por siete organizaciones de la sociedad (que, pese a todos esos cambios, la Justicia siga siendo opaca y corporativa también le da la razón a la lógica central de aquel documento: el problema no es el mero reemplazo del personal; lo que no funciona es el sistema). Pero ningún liderazgo político hubiera acometido esa tarea de no haber existido una previa demanda social atronadora, relación de causa/efecto que vale para casi todas las políticas de la década. En 2002 sólo faltaron trece votos para destituir en juicio político a su presidente, Julio Nazareno, y cada semana ese tribunal abocado a tapar chanchullos y a reducir derechos y garantías recibía la visita de centenares de personas que incluían a sus miembros en la exigencia de que se vayan todos. Kirchner sembró en terreno bien abonado, como intenta hacer ahora Cristina. En el orden de méritos, no debe excluirse a la propia Corte Suprema, cuya nueva conformación es uno de los logros más valiosos de la crisis de fin de siglo. Bajo las sucesivas presidencias de Enrique Petracchi y de Lorenzetti, impulsó cambios positivos como fueron las políticas de transparencia (publicidad de la circulación de los expedientes; obligación del presidente de fijar fecha del acuerdo en que el Tribunal tratará los asuntos trascendentes; publicación de todas las sentencias y acuerdos en Internet e inclusión en las sentencias de los datos de las partes, de sus abogados y de los tribunales que intervinieron antes; creación de una base de datos con los abogados que actúan ante la Corte; audiencias con los jueces sólo con la presencia de la contraparte para evitar los alegatos informales; creación de un centro de información pública). La Corte también reglamentó el procedimiento para presentar amicus curiae y la publicación de un listado con los casos trascendentes donde la ciudadanía se pueda presentar y retomó el activismo judicial (que había ejercido entre 1983 y 1989) sobre algunas temáticas en las que sus fallos derivaron en leyes o decisiones políticas, como la actualización automática de las jubilaciones, que el Poder Ejecutivo envió al Congreso a raíz de un fallo del tribunal, la situación de las personas privadas de su libertad en la provincia de Buenos Aires o la limpieza del Riachuelo. Además identificó problemas que afectaban garantías en materia penal (casos Di Nuncio, Casal, Gramajo, Llerena), otorgó un mayor reconocimiento de la legitimación colectiva para la presentación de acciones judiciales, mostró formas atípicas de construcción conjunta de soluciones, entre actores estatales y no estatales, y defendió derechos de los trabajadores y de sus representantes sindicales. Del mismo modo, la realización de audiencias públicas en casos de gran importancia institucional se ha convertido en una práctica habitual y de apertura de la Justicia a la sociedad. En estos años emitió fallos clarificadores sobre el derecho a la interrupción del embarazo en casos no punibles y la tenencia de estupefacientes para consumo personal y profundizó la aplicación obligatoria del derecho internacional de los derechos humanos. Pero también es cierto que en casos de gran trascendencia la Corte quedó apresada en una maraña de intereses corporativos que la paralizó. Estridente sonó Sobra decir que la divisoria de aguas fue la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que el Grupo Clarín consiguió empantanar en los tribunales durante demasiado tiempo. Hace ya cinco años que la confrontación con ese holding que guía al conjunto del poder económico y de la oposición política ha sido el gran ordenador de todas las relaciones. En ese proceso, el gobierno ha recuperado cuotas importantes de poder político y electoral y ha definido con mayor precisión su rumbo y sus objetivos. Lorenzetti se pronunció varias veces contra la judicialización de conflictos que debería resolver la política, pero parece forzado considerar este pleito dentro de tal definición. Promulgada la ley en septiembre de 2009, la Corte dilató la definición todo lo que pudo. Pero la victoria de Cristina en 2011 acotó los márgenes para la actitud ambigua del tribunal, definición que Lorenzetti no acepta y propone reemplazar por posición de equilibrio. La decisión del gobierno de sincerar el conflicto, desnudando intereses de los camaristas en lo Civil y Comercial que se negaron a excusarse más allá de lo razonable y fallaron en propia causa, puso a la Corte en una encrucijada de la que salió por el peor camino: el respaldo ciego a los camaristas y la atribución al gobierno de todos los males. Lorenzetti habla de pluralismo y debates, pero actúa como si la Justicia fuera un cuerpo homogéneo y unido. No somos una corporación sino un poder del Estado, dijo en la cena de los magistrados, dando por hecho lo que debería ser pero no es. Por seguir esta ficción, terminó alinéandose con el sector tradicional que defiende privilegios estamentales y cuestionando como presión indebida recursos procesales y políticos que no son extravagantes en el procedimiento judicial. El gobierno tenía motivos bien fundados para recusar a varios de los camaristas y promover el juicio político de otros y ni aún así pudo impedir un fallo cantado en contra del interés general. Este abroquelamiento en defensa de la infalibilidad magisterial provocó la reacción inevitable en sectores judiciales muy significativos que no se reconocen en esa concepción monárquica y que trabajan en los tribunales sin perder conciencia de que hay un país allí afuera, del que provienen y al cual deben servir, por más que ellos mismos también formen parte de un sector privilegiado. Así nacieron las dos solicitadas de “Justicia Legítima” y la convocatoria que se concretó en dos inéditas jornadas en la Biblioteca Nacional esta semana. La descalificación de los asistentes como Jueces K es un reduccionismo burdo, que la oposición repite sin advertir que esas anteojeras hacen más escabroso su tránsito por la realidad. En primer lugar, porque un número llamativo de quienes orientan este movimiento tienen mayor afinidad con el radicalismo o con la izquierda, como Julio Maier, José Massoni, Alicia Ruiz, Beinusz Szmukler, Alberto Binder, Mario Magariños, Gustavo Bruzzone, Daniel Morín, Matilde Bruera o Luis Niño. De hecho, intentaron una movida similar en los primeros años del alfonsinismo, que no prosperó porque aquel gobierno eludió las batallas de fondo, y debieron llamarse a silencio ante el tsunami de la década siguiente, cuando el populismo de derecha se alió con los conservadores más reaccionarios para imponer una hegemonía nefasta. Si la propuesta presidencial de democratización reforzó la capacidad de convocatoria de este sector, la visibilidad de los defensores de una Justicia legítima brinda un sitio de arraigo a los proyectos de ley que Cristina anunció en el Congreso. Lorenzetti no parece haber comprendido el significado de esta convocatoria y sólo atinó a adelantarse 24 horas, celebrando en febrero el sesquicentenario que la Corte recién cumplirá en octubre. Más allá de los modos episcopales de su discurso, con un párrafo para cada audiencia, subestimó a Cristina, al dejarle la última palabra. Sentado en el Congreso nada menos que al lado de Daniel Scioli, escuchó los proyectos presidenciales sobre la Justicia con la mirada perdida de incredulidad, como George W. Bush una mañana de septiembre de 2001 en una escuela primaria de Florida. En cambio, su colega Raúl Zaffaroni escuchaba con aire de satisfacción. Sólo Facundo Moyano parecía más ensimismado que Lorenzetti: debe costarle entender cómo llegó a quedar en la vereda de enfrente de un proyecto político con el que no tiene diferencias conceptuales de fondo. El hermetismo del juez no permite saber con certeza si sus razones son tan distintas. En todo caso, su retorno a posiciones más razonables no debería resultarle tan difícil como al hijo del camionero. GB

SOBERANIA POR ALFREDO ZAIAT

Soberanía Por Alfredo Zaiat El pecado original está escrito en el documento de emisión de bonos de la deuda. Una de las condiciones dice que si los títulos no se rigen por la ley argentina se aplicará la de Nueva York para los nominados en dólares, la de Londres para los papeles en euros y la de Tokio para los emitidos en yenes. La cesión de soberanía jurídica para proteger a inversores extranjeros adquiere dimensión con el desarrollo de las finanzas globales. El ciclo de endeudamiento en la región, iniciado con el reciclado de los petrodólares por parte de grandes bancos internacionales a mediados de la década del setenta, tuvo su máxima expresión en los noventa. En los ochenta la deuda era coordinada en comités de acreedores por esos bancos (Citi, Chase, JP Morgan, Deutsche) y, ante el peligro del default en esos años, comenzaron a organizar emisiones de bonos que eran comprados por sus clientes y grandes fondos de inversión. A los países apurados por conseguir los dólares se les exigió –y aceptaron– que para atraer a esos inversores tenían que ofrecer cobertura judicial extranjera a esos nuevos acreedores, ahora anónimos, ya no bancos internacionales, como garantía de cobro. El papel de auditor de la política económica para asegurar el flujo de los pagos fue asignado al Fondo Monetario Internacional. Además de ese comando de presión tecnocrático, la eventualidad de problemas o la declaración de un default requerían tomar recaudos de protección judicial para los acreedores. El vínculo desigual estaba planteado bajo las reglas del poderoso estableciendo que si un país, periférico e imprevisible política y económicamente, quería colocar deuda, ya sea para financiar sus desequilibrios o la fuga de capitales de su propia clase empresaria, debía resignar su soberanía jurídica. Ese inmenso costo, simbólico y político, y ahora también económico, fue naturalizado por distintos gobiernos, incluso el kirchnerista cuando convocó a renegociar la deuda en default en 2004. Si bien no tenía otra opción en esos años de incipiente recuperación luego de la crisis de 2001 si aspiraba a avanzar en el canje, esa limitación refleja que la estructura financiera internacional, aunque hoy está en crisis, constituye un potente instrumento de subordinación de países. Que un juez de primera instancia, tres de la Cámara de Apelación, eventualmente trece de la Cámara ampliada en plenario y nueve supremos, si llegara a la Corte de Estados Unidos, coloquen en el banquillo a un país por una medida económica dispuesta en forma soberana, como fue el default de su deuda y posterior reestructuración, es la expresión más nítida de un marco normativo de preeminencia de los intereses de las finanzas globales sobre decisiones de una nación. Situación que fue aceptada durante décadas como si fuera indiscutible para seducir inversores extranjeros, postulado impuesto bajo el predominio de las políticas neoliberales. Herencia que aún sigue pesando, del mismo modo que los Tratados Bilaterales de Inversión firmados con 59 países que significaron también una cesión de soberanía jurídica a favor del Ciadi, tribunal arbitral dependiente del Banco Mundial, en litigios con multinacionales. Los bonos de deuda pública emitidos bajo legislación de Nueva York estuvieron destinados a inversores extranjeros, lo que no significa que argentinos no hayan comprado esos papeles, ya sea porque prefirieron otra cobertura jurídica a la nacional o porque lo hicieron con capital no declarado al fisco. También tuvo el objetivo de permitir ser transados en la plaza de Wall Street, logrando esos inversores una todavía mayor desconexión jurídica, financiera y de fiscalización de mercados periféricos, como Buenos Aires. Esos títulos poseen cláusulas de prórroga de jurisdicción a favor de tribunales extranjeros y, con ciertas limitaciones, de renuncia a invocar la inmunidad soberana y la inembargabilidad de los bienes del Estado nacional establecidos en el Prospectus Supplement (Suplemento de Prospecto) de la emisión de los bonos. En los documentos de emisión de deuda se menciona que esas condiciones “resultan de práctica habitual en el mercado financiero internacional, en materia de endeudamiento de países”. Existen ciertos límites a esa pérdida de soberanía e inmunidad soberana. La renuncia no incluye bienes con derecho a los privilegios e inmunidades establecidos en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961; los bienes con derecho a inmunidades establecidas en la Foreign Sovereign Immunities Act (Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras) de 1976; los activos que constituyen reservas de libre disponibilidad; los bienes del dominio público situados en el territorio de la República Argentina que están comprendidos en las disposiciones de los artículos 2337 y 2340 del Código Civil (por ejemplo, ríos, puentes, islas); los bienes situados dentro o fuera del territorio que están destinados al suministro de un servicio público esencial; los fondos, valores y demás medios de financiamiento afectados a la ejecución presupuestaria del sector público, ya sea que se trate de dinero en efectivo, depósitos en cuentas bancarias, títulos, valores emitidos, obligaciones de terceros en cartera y en general cualquier otro medio de pago que sea utilizado para atender las erogaciones previstas en el Presupuesto General de la Nación; bienes asignados a las representaciones diplomáticas o consulares y misiones gubernamentales; y bienes asignados al uso militar o bajo el control de la autoridad militar o de defensa. La posición argentina en los tribunales de Nueva York como en el Ciadi busca desafiar la cesión de soberanía jurídica, aunque es una estrategia atrapada en la normativa financiera neoliberal. Tiene la virtud de la resistencia y la debilidad de la carencia de iniciativas para desarticular la estructura legal de cesión de soberanía. La región, un concierto de gobiernos amigos, puede ofrecer respaldo político a la Argentina en ese objetivo. Apoyo necesario, pero en los hechos insuficiente. Las potencias económicas expresan en mensajes informales la intención de cercar a los fondos buitres, pero están desorientados en el laberinto de su profunda crisis. Esa perturbación está reflejada en el G-20 con declaraciones formales que proponen el diseño de una nueva estructura financiera internacional, pero sin mostrar capacidad ni voluntad política para modificarla. Esta situación tuvo un capítulo poco conocido ocurrido en una reunión informal del directorio del FMI, el 15 de enero pasado, con la presencia de su titular, la francesa Christine Lagarde, y el número dos, el estadounidense David Lipton, quien por el peso político de Estados Unidos en el organismo lo maneja en la práctica. En un ambiente hostil al país porque no acepta la revisión de su economía y recibió observaciones críticas sobre las estadísticas por parte de los técnicos del Fondo, hubo un intercambio de opiniones en ese encuentro informal sobre las consecuencias para el sistema financiero internacional de un fallo judicial adverso a la Argentina. La preocupación de la conducción del Fondo no son las finanzas ni la economía argentina, sino las consecuencias sobre probables futuras reestructuraciones de deuda de países hoy ahogados. Saben que fondos buitres ya están mostrando sus garras y sobrevolando sobre la deuda soberana de Grecia, España, Portugal, entre otros. El delegado de Brasil en el FMI Paulo Nogueira Batista, en representación de la silla que componen once países de la región, le preguntó al encargado legal del FMI qué iban hacer con el caso argentino. Luego de su respuesta quedó en evidencia que la dirección del Fondo está preocupada y que quieren frenar a los buitre, aunque no tienen claro cómo. De esa reunión surgió que están dispuestos a transmitir por vías informales a los jueces de la Cámara de Nueva York su inquietud por las perspectivas del sistema financiero global y que, en el supuesto de un fallo favorable a los buitres, harán lo posible para que la Corte Suprema de Estados Unidos tome el caso. Argentina ha demostrado su voluntad de pago vía mecanismos de mercado con el canje 2005 y 2010. Los fondos buitre rechazaron esas dos oportunidades. Ahora tendrán una tercera. Cuando sea ofrecida, contra la interesada opinión de la secta de economistas de la city que no se cansa de confundir repitiendo que Argentina no quiere pagar, quedará en evidencia si los buitres quieren cobrar como el resto de los inversores, respetando normas de funcionamiento del mercado financiero, o si prefieren seguir litigando. En esta última eventualidad, como lo ha sido durante todos estos años, lo que está en cuestión no es la voluntad de pago de Argentina, sino hasta qué instancia jueces de Estados Unidos están dispuestos a avanzar sobre la atropellada soberanía de otro país. azaiat@pagina12.com.ar 03/03/12 Página|12 GB