PARTE II: VERBITSKY, OPINION

El reencuentro Con más de mil participantes a lo largo de dos jornadas, la Biblioteca Nacional presenció un reencuentro muy interesante. Había referentes muy fuertes del garantismo (que Cristina desdeñó el viernes en el tramo menos feliz de su prédica judicial), pero sin la ingenuidad que en el pasado caracterizó su relación con la política, y representantes de las nuevas camadas, con menor presencia de las justicias provinciales. Además de la Procuradora General Alejandra Gils Carbó, que abrió las jornadas con el mejor discurso, y de la Defensora General Stella Maris Martínez, que las cerró, estuvieron entre los referentes explícitos los fiscales Jorge Auat, Félix Crous y Javier De Luca, que no por casualidad han actuado en causas por crímenes de lesa humanidad, igual que el juez Mario Portela; la integrante del Superior Tribunal porteño Alicia Ruiz y el juez de Casación Alejandro Slokar. Gils Carbó se posicionó como jefa de los fiscales, con líneas de análisis económico aprendidas de su director de maestría en Flacso, Eduardo Basualdo, orientada en forma muy explícita a la batalla contra las corporaciones, que durante años libró en las condiciones más desventajosas como fiscal ante la Cámara del escándalo. Pero también mencionó la responsabilidad del Estado en la afectación de derechos y las posibilidades del ministerio público en la defensa de esos “intereses generales de la sociedad” como le encomienda el artículo 120 de la Constitución. La ausencia de la Procuradora y de la Defensora General en el acto de Lorenzetti completaba el mensaje. El valor de los paneles fue muy desparejo, pero en todos prevaleció una saludable horizontalidad, estilo democrático y apertura hacia ese país que queda fuera de los tribunales. De ese modo se discutieron cuestiones que no están en la agenda convencional, como los mecanismos de ingreso a la Justicia, los sistemas de promociones y disciplina; la independencia no sólo del poder político y los poderes fácticos, sino también dentro de la estructura judicial; la necesidad de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana. No sólo se cuestionó el ingreso de los empleados sin exámenes, sino también la precarización laboral, con abuso de interinatos y pasantías. Se criticó la estructura jerárquica, que no distingue por responsabilidades y excluye la horizontalidad que primó en el encuentro. La oralización de todos los procedimientos y la televisación de audiencias fueron señaladas como paso previo al juicio por jurados en todos los fueros. También se planteó el registro estadístico de la gestión, la adopción de un lenguaje llano que torne popular e inclusivo el discurso judicial, suprimiendo el anacrónico trato honorario; la publicidad de la agenda de los jueces para que se conozca con quiénes se reúnen y el conocimiento del destino de lo recaudado con la tasa judicial. Hubo propuestas sobre la contención a las víctimas, que por lo general carecen de información sobre a dónde pueden acudir; la participación de la sociedad en el consejo de la magistratura y la extensión de estos debates a las provincias. Parecía que acabara de producirse el big-bang y el magma aún ardiera, antes de adquirir su nueva forma. Los proyectos En el discurso más extenso de su gobierno, Cristina dejó para el final sus propuestas de democratización judicial y anunció el envío de varios proyectos de reforma. Algunos reflejan las propuestas de Justicia Legítima, como el acceso a la carrera por examen, la publicidad en Internet de las declaraciones juradas de todos los jueces y el registro de causas que permita saber al instante dónde y en qué etapa está cada expediente. Esas saludables medidas de transparencia deberían completarse con la siempre postergada ley de acceso a la información pública que obligue a los tres poderes. Ninguno de sus anuncios corporizó los fantasmas de la reforma constitucional, la elección popular de los jueces o la limitación temporal de sus mandatos. En cambio sorprendió con la idea de someter al voto de la sociedad la designación de todos los integrantes del Consejo de la Magistratura, incluyendo a los jueces y los abogados; la creación de tres nuevas Cámaras Federales de Casación en los fueros Civil y Comercial, Contencioso Administrativo y Previsional y Laboral; la reglamentación de las medidas cautelares para que no puedan oponerse al Estado en casos de mero contenido patrimonial; la fijación de plazos para los pronunciamientos de la Corte Suprema y el cambio de la responsabilidad del Estado. Ninguna opinión definitiva puede adelantarse sin conocer la letra de los proyectos, pero todos exhalan un aroma que a algunos les huele a democratización y a otros a politización. Ninguno muestra a priori ostensibles vicios constitucionales y varios tienden a destrabar el funcionamiento judicial. La Constitución no dice que los jueces y los abogados deban ser elegidos sólo por sus pares ni hay motivos institucionales para descalificar la participación ciudadana en ese proceso. Sí hay razones políticas, como se aprecia en los reparos de políticos, periodistas y académicos de la oposición que, como les corresponde, se oponen. Lo mismo vale para la anunciada creación de una tercera instancia de Casación en cada fuero, que puede servir para cortar los nexos espurios entre las Cámaras de Apelaciones y la Corte Suprema y reservar para el máximo tribunal las causas propias de una Corte Constitucional, variable con todas las ventajas de la que proponía Zaffaroni y ninguna de sus contraindicaciones, ya que la Corte seguirá teniendo la última palabra. Pero el proceso de selección de los nuevos jueces de Casación será más lento y complejo de lo que suponen los titulares estridentes de la prensa del sábado, como lo demuestra el caso de la Cámara Nacional de Casación Penal en causas ordinarias, creada hace cinco años y nunca constituida. El proyecto sobre el que menos se sabe es el de responsabilidad del Estado por hechos ilícitos, ya que circulan dos versiones distintas: la de la Comisión Redactora del Anteproyecto de Código Civil, que permite demandar al Estado como a cualquier particular, y la del ministerio de Justicia, que somete esa responsabilidad a las normas y principios del derecho administrativo. Cualquier norma debería contemplar la reparación integral a las violaciones a los derechos humanos, que para la Corte Interamericana no se limita a una indemnización compensatoria, sino que abarca la restitución al estado anterior de la violación, la rehabilitación, y las medidas para que no se repitan. El proyecto ministerial no es la solución más tranquilizadora para los ciudadanos privados de su libertad, que son víctimas habituales de tales abusos. Tanto los planteos de Justicia Legítima como los de CFK tienden a incidir en la relación institucional entre el poder político y el sistema de Justicia, pero poco dicen sobre la respuesta de la Justicia a los diversos conflictos propios de la exclusión social y la violencia, para que la ética del respeto a los vulnerables no se confunda con la doctrina Tenembaum-Lanata sobre el más débil. El mismo Estado endeble frente a los poderes fácticos es todopoderoso ante las víctimas de Once, Cromañón, la violencia institucional. En este punto, Lorenzetti sí tiene algo para decir. Tal vez pocos pasos bien meditados bastarían para salvar lo que hoy parece un abismo. Del dicho al hecho Por Horacio Verbitsky En su discurso del miércoles, Lorenzetti colocó a los derechos humanos en el centro del “gran modelo constitucional propio” que postula. En ceremonias anteriores y en un libro había dicho que los juicios por crímenes de lesa humanidad forman parte del contrato social de los argentinos. Eso le valió la inquina de amigos y familiares de los militares detenidos, que por las redes sociales convocaron a hostigarlo. Pero no alcanzaron quórum y Lorenzetti pudo agradecer la ovación de sus bases, sin dejar el estrado por un largo rato. Ese fracaso de los alborotadores da razón al magistrado cuando dice que estos juicios forman parte de un consenso que “nadie puede ya impedir”. No es un logro menor, porque el repudio colectivo a esa barbarie es la piedra fundamental de un sistema en el que el respeto a la vida, a la integridad física y a la libertad sean la medida para la protección de los demás derechos y valores. Hasta el 31 de diciembre de 2012 se pronunciaron por esos crímenes 354 condenas y 35 absoluciones. Esta proporción demuestra la legalidad de los procesos, de modo que nadie sea condenado sin pruebas. Este modelo argentino de Justicia de transición se opone con éxito al sudafricano, que canjeó impunidad por información. Pero de esas 354 condenas sólo 14 están firmes, una porque el condenado no apeló y 13 porque el fallo fue confirmado por la Corte Suprema. En cambio, las restantes 340 condenas están pendientes de confirmación, 111 de la Corte Suprema y 229 de alguna Cámara Federal. En 2012 la renovada Cámara de Casación, donde fueron designados cuatro nuevos jueces, confirmó 19 sentencias, más de las que había tratado durante la gestión de Bisordi y demás esperpentos. En cambio la Corte sigue siendo el embudo donde se atascan los reclamos de Justicia. En 2012 sólo confirmó dos sentencias, llegando así a un parvo total de nueve, con una demora promedio de dos años y medio desde la finalización del debate, que se duplica si se cuenta desde el comienzo de la instrucción. Por esta dejadez numerosos sentenciados mueren antes de la finalización del proceso, inocentes para la ley, impunes para la sociedad. La Corte ni siquiera tiene cómo controlar el estado de las causas, a las que sólo puede acceder por el número que ella misma les asigna al recibirlas. Entre las condenas no confirmadas están las de Santiago Omar Riveros (89 años), Jorge Rafael Videla, Ramón Díaz Bessone y Jorge Olivera Róvere (87), Juan Manuel Bayón (86), Luciano Benjamín Menéndez y Benito Bignone (85), así como las pronunciadas por las masacres de Margarita Belén y de Palomitas, los crímenes cometidos en la Quinta de Funes, el circuito policial Atlético-Banco-Olimpo, el feudo de la SIDE denominado Automotores Orletti, Campo de Mayo, la cárcel y las comisarías de La Plata, la jefatura de policía de Santa Fe, la base aeronaval de Trelew, La Escuelita de Neuquén y la base aérea de Palomar. También están muriendo por su avanzada edad muchas de las víctimas y sus familiares, degradación adicional a las que ya les impuso el Estado. No es mucho pedir que, entre viajes y ceremonias, la Corte Suprema se haga tiempo para cumplir con su parte en el Contrato Social de los Argentinos. 03/03/12 Página|12 GB