PARTE II: VERBITSKY, OPINION

El reencuentro Con más de mil participantes a lo largo de dos jornadas, la Biblioteca Nacional presenció un reencuentro muy interesante. Había referentes muy fuertes del garantismo (que Cristina desdeñó el viernes en el tramo menos feliz de su prédica judicial), pero sin la ingenuidad que en el pasado caracterizó su relación con la política, y representantes de las nuevas camadas, con menor presencia de las justicias provinciales. Además de la Procuradora General Alejandra Gils Carbó, que abrió las jornadas con el mejor discurso, y de la Defensora General Stella Maris Martínez, que las cerró, estuvieron entre los referentes explícitos los fiscales Jorge Auat, Félix Crous y Javier De Luca, que no por casualidad han actuado en causas por crímenes de lesa humanidad, igual que el juez Mario Portela; la integrante del Superior Tribunal porteño Alicia Ruiz y el juez de Casación Alejandro Slokar. Gils Carbó se posicionó como jefa de los fiscales, con líneas de análisis económico aprendidas de su director de maestría en Flacso, Eduardo Basualdo, orientada en forma muy explícita a la batalla contra las corporaciones, que durante años libró en las condiciones más desventajosas como fiscal ante la Cámara del escándalo. Pero también mencionó la responsabilidad del Estado en la afectación de derechos y las posibilidades del ministerio público en la defensa de esos “intereses generales de la sociedad” como le encomienda el artículo 120 de la Constitución. La ausencia de la Procuradora y de la Defensora General en el acto de Lorenzetti completaba el mensaje. El valor de los paneles fue muy desparejo, pero en todos prevaleció una saludable horizontalidad, estilo democrático y apertura hacia ese país que queda fuera de los tribunales. De ese modo se discutieron cuestiones que no están en la agenda convencional, como los mecanismos de ingreso a la Justicia, los sistemas de promociones y disciplina; la independencia no sólo del poder político y los poderes fácticos, sino también dentro de la estructura judicial; la necesidad de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana. No sólo se cuestionó el ingreso de los empleados sin exámenes, sino también la precarización laboral, con abuso de interinatos y pasantías. Se criticó la estructura jerárquica, que no distingue por responsabilidades y excluye la horizontalidad que primó en el encuentro. La oralización de todos los procedimientos y la televisación de audiencias fueron señaladas como paso previo al juicio por jurados en todos los fueros. También se planteó el registro estadístico de la gestión, la adopción de un lenguaje llano que torne popular e inclusivo el discurso judicial, suprimiendo el anacrónico trato honorario; la publicidad de la agenda de los jueces para que se conozca con quiénes se reúnen y el conocimiento del destino de lo recaudado con la tasa judicial. Hubo propuestas sobre la contención a las víctimas, que por lo general carecen de información sobre a dónde pueden acudir; la participación de la sociedad en el consejo de la magistratura y la extensión de estos debates a las provincias. Parecía que acabara de producirse el big-bang y el magma aún ardiera, antes de adquirir su nueva forma. Los proyectos En el discurso más extenso de su gobierno, Cristina dejó para el final sus propuestas de democratización judicial y anunció el envío de varios proyectos de reforma. Algunos reflejan las propuestas de Justicia Legítima, como el acceso a la carrera por examen, la publicidad en Internet de las declaraciones juradas de todos los jueces y el registro de causas que permita saber al instante dónde y en qué etapa está cada expediente. Esas saludables medidas de transparencia deberían completarse con la siempre postergada ley de acceso a la información pública que obligue a los tres poderes. Ninguno de sus anuncios corporizó los fantasmas de la reforma constitucional, la elección popular de los jueces o la limitación temporal de sus mandatos. En cambio sorprendió con la idea de someter al voto de la sociedad la designación de todos los integrantes del Consejo de la Magistratura, incluyendo a los jueces y los abogados; la creación de tres nuevas Cámaras Federales de Casación en los fueros Civil y Comercial, Contencioso Administrativo y Previsional y Laboral; la reglamentación de las medidas cautelares para que no puedan oponerse al Estado en casos de mero contenido patrimonial; la fijación de plazos para los pronunciamientos de la Corte Suprema y el cambio de la responsabilidad del Estado. Ninguna opinión definitiva puede adelantarse sin conocer la letra de los proyectos, pero todos exhalan un aroma que a algunos les huele a democratización y a otros a politización. Ninguno muestra a priori ostensibles vicios constitucionales y varios tienden a destrabar el funcionamiento judicial. La Constitución no dice que los jueces y los abogados deban ser elegidos sólo por sus pares ni hay motivos institucionales para descalificar la participación ciudadana en ese proceso. Sí hay razones políticas, como se aprecia en los reparos de políticos, periodistas y académicos de la oposición que, como les corresponde, se oponen. Lo mismo vale para la anunciada creación de una tercera instancia de Casación en cada fuero, que puede servir para cortar los nexos espurios entre las Cámaras de Apelaciones y la Corte Suprema y reservar para el máximo tribunal las causas propias de una Corte Constitucional, variable con todas las ventajas de la que proponía Zaffaroni y ninguna de sus contraindicaciones, ya que la Corte seguirá teniendo la última palabra. Pero el proceso de selección de los nuevos jueces de Casación será más lento y complejo de lo que suponen los titulares estridentes de la prensa del sábado, como lo demuestra el caso de la Cámara Nacional de Casación Penal en causas ordinarias, creada hace cinco años y nunca constituida. El proyecto sobre el que menos se sabe es el de responsabilidad del Estado por hechos ilícitos, ya que circulan dos versiones distintas: la de la Comisión Redactora del Anteproyecto de Código Civil, que permite demandar al Estado como a cualquier particular, y la del ministerio de Justicia, que somete esa responsabilidad a las normas y principios del derecho administrativo. Cualquier norma debería contemplar la reparación integral a las violaciones a los derechos humanos, que para la Corte Interamericana no se limita a una indemnización compensatoria, sino que abarca la restitución al estado anterior de la violación, la rehabilitación, y las medidas para que no se repitan. El proyecto ministerial no es la solución más tranquilizadora para los ciudadanos privados de su libertad, que son víctimas habituales de tales abusos. Tanto los planteos de Justicia Legítima como los de CFK tienden a incidir en la relación institucional entre el poder político y el sistema de Justicia, pero poco dicen sobre la respuesta de la Justicia a los diversos conflictos propios de la exclusión social y la violencia, para que la ética del respeto a los vulnerables no se confunda con la doctrina Tenembaum-Lanata sobre el más débil. El mismo Estado endeble frente a los poderes fácticos es todopoderoso ante las víctimas de Once, Cromañón, la violencia institucional. En este punto, Lorenzetti sí tiene algo para decir. Tal vez pocos pasos bien meditados bastarían para salvar lo que hoy parece un abismo. Del dicho al hecho Por Horacio Verbitsky En su discurso del miércoles, Lorenzetti colocó a los derechos humanos en el centro del “gran modelo constitucional propio” que postula. En ceremonias anteriores y en un libro había dicho que los juicios por crímenes de lesa humanidad forman parte del contrato social de los argentinos. Eso le valió la inquina de amigos y familiares de los militares detenidos, que por las redes sociales convocaron a hostigarlo. Pero no alcanzaron quórum y Lorenzetti pudo agradecer la ovación de sus bases, sin dejar el estrado por un largo rato. Ese fracaso de los alborotadores da razón al magistrado cuando dice que estos juicios forman parte de un consenso que “nadie puede ya impedir”. No es un logro menor, porque el repudio colectivo a esa barbarie es la piedra fundamental de un sistema en el que el respeto a la vida, a la integridad física y a la libertad sean la medida para la protección de los demás derechos y valores. Hasta el 31 de diciembre de 2012 se pronunciaron por esos crímenes 354 condenas y 35 absoluciones. Esta proporción demuestra la legalidad de los procesos, de modo que nadie sea condenado sin pruebas. Este modelo argentino de Justicia de transición se opone con éxito al sudafricano, que canjeó impunidad por información. Pero de esas 354 condenas sólo 14 están firmes, una porque el condenado no apeló y 13 porque el fallo fue confirmado por la Corte Suprema. En cambio, las restantes 340 condenas están pendientes de confirmación, 111 de la Corte Suprema y 229 de alguna Cámara Federal. En 2012 la renovada Cámara de Casación, donde fueron designados cuatro nuevos jueces, confirmó 19 sentencias, más de las que había tratado durante la gestión de Bisordi y demás esperpentos. En cambio la Corte sigue siendo el embudo donde se atascan los reclamos de Justicia. En 2012 sólo confirmó dos sentencias, llegando así a un parvo total de nueve, con una demora promedio de dos años y medio desde la finalización del debate, que se duplica si se cuenta desde el comienzo de la instrucción. Por esta dejadez numerosos sentenciados mueren antes de la finalización del proceso, inocentes para la ley, impunes para la sociedad. La Corte ni siquiera tiene cómo controlar el estado de las causas, a las que sólo puede acceder por el número que ella misma les asigna al recibirlas. Entre las condenas no confirmadas están las de Santiago Omar Riveros (89 años), Jorge Rafael Videla, Ramón Díaz Bessone y Jorge Olivera Róvere (87), Juan Manuel Bayón (86), Luciano Benjamín Menéndez y Benito Bignone (85), así como las pronunciadas por las masacres de Margarita Belén y de Palomitas, los crímenes cometidos en la Quinta de Funes, el circuito policial Atlético-Banco-Olimpo, el feudo de la SIDE denominado Automotores Orletti, Campo de Mayo, la cárcel y las comisarías de La Plata, la jefatura de policía de Santa Fe, la base aeronaval de Trelew, La Escuelita de Neuquén y la base aérea de Palomar. También están muriendo por su avanzada edad muchas de las víctimas y sus familiares, degradación adicional a las que ya les impuso el Estado. No es mucho pedir que, entre viajes y ceremonias, la Corte Suprema se haga tiempo para cumplir con su parte en el Contrato Social de los Argentinos. 03/03/12 Página|12 GB

HAY UN PAIS AHI AFUERA, POR VERBITSKY, PARTE I

COMO ABRIR LAS VENTANAS DEL PALACIO DE TRIBUNALES Hay un país, ahí afuera Como nunca antes, todo ha sido puesto en cuestión en los tribunales. En una misma semana fijaron posición el presidente de la Corte Suprema, varios centenares de jueces y funcionarios y la presidente CFK. A partir del conflicto con el Grupo Clarín, que insiste en desconocer una ley, se plantea una revisión amplia del sistema judicial. Democratización y politización, dos términos en apariencia antagónicos para describir el mismo proceso. Por Horacio Verbitsky Nunca antes la Justicia (o, dicho en términos terrenales, el Poder Judicial) había sido tema de debate político y cultural en la Argentina y pocas veces lo fue en otros lugares. Que un asunto del que siempre se encargaron pocos especialistas aparezca como eje de la discusión pública es un hecho único, uno más de los que se han ido eslabonando en la última década, donde todas las verdades inmutables son interpeladas, con irreverencia y pasión, con disputas de vecinos y con propuestas de alto vuelo, si se reformatea el par binario que presentó Ricardo Lorenzetti. El martes en la inauguración del año judicial, el miércoles y el jueves entre los autoconvocados de “Justicia legítima”, el viernes durante el discurso presidencial en el Congreso alentaba un clima fundacional, o constituyente, si no hubiera temor a la confusión. Así lo constató con asombro el juez de la Audiencia de Portugal y de la asociación de Magistrados Europeos por las Libertades, Antonio Cluny, quien dijo a sus colegas argentinos que nunca en el mundo había visto algo similar. Orden de mérito Esto es en parte mérito del gobierno, que en 2003 impulsó el saneamiento de los tribunales con la remoción constitucional de la mayoría automática de amigos, socios, parientes y encubridores que había sembrado el menemismo. También adoptó procedimientos transparentes y participativos para la designación de sus reemplazantes y del resto de los jueces federales, que Néstor Kirchner tomó del documento “Una Corte para la Democracia”, elaborado en lo peor de la crisis por siete organizaciones de la sociedad (que, pese a todos esos cambios, la Justicia siga siendo opaca y corporativa también le da la razón a la lógica central de aquel documento: el problema no es el mero reemplazo del personal; lo que no funciona es el sistema). Pero ningún liderazgo político hubiera acometido esa tarea de no haber existido una previa demanda social atronadora, relación de causa/efecto que vale para casi todas las políticas de la década. En 2002 sólo faltaron trece votos para destituir en juicio político a su presidente, Julio Nazareno, y cada semana ese tribunal abocado a tapar chanchullos y a reducir derechos y garantías recibía la visita de centenares de personas que incluían a sus miembros en la exigencia de que se vayan todos. Kirchner sembró en terreno bien abonado, como intenta hacer ahora Cristina. En el orden de méritos, no debe excluirse a la propia Corte Suprema, cuya nueva conformación es uno de los logros más valiosos de la crisis de fin de siglo. Bajo las sucesivas presidencias de Enrique Petracchi y de Lorenzetti, impulsó cambios positivos como fueron las políticas de transparencia (publicidad de la circulación de los expedientes; obligación del presidente de fijar fecha del acuerdo en que el Tribunal tratará los asuntos trascendentes; publicación de todas las sentencias y acuerdos en Internet e inclusión en las sentencias de los datos de las partes, de sus abogados y de los tribunales que intervinieron antes; creación de una base de datos con los abogados que actúan ante la Corte; audiencias con los jueces sólo con la presencia de la contraparte para evitar los alegatos informales; creación de un centro de información pública). La Corte también reglamentó el procedimiento para presentar amicus curiae y la publicación de un listado con los casos trascendentes donde la ciudadanía se pueda presentar y retomó el activismo judicial (que había ejercido entre 1983 y 1989) sobre algunas temáticas en las que sus fallos derivaron en leyes o decisiones políticas, como la actualización automática de las jubilaciones, que el Poder Ejecutivo envió al Congreso a raíz de un fallo del tribunal, la situación de las personas privadas de su libertad en la provincia de Buenos Aires o la limpieza del Riachuelo. Además identificó problemas que afectaban garantías en materia penal (casos Di Nuncio, Casal, Gramajo, Llerena), otorgó un mayor reconocimiento de la legitimación colectiva para la presentación de acciones judiciales, mostró formas atípicas de construcción conjunta de soluciones, entre actores estatales y no estatales, y defendió derechos de los trabajadores y de sus representantes sindicales. Del mismo modo, la realización de audiencias públicas en casos de gran importancia institucional se ha convertido en una práctica habitual y de apertura de la Justicia a la sociedad. En estos años emitió fallos clarificadores sobre el derecho a la interrupción del embarazo en casos no punibles y la tenencia de estupefacientes para consumo personal y profundizó la aplicación obligatoria del derecho internacional de los derechos humanos. Pero también es cierto que en casos de gran trascendencia la Corte quedó apresada en una maraña de intereses corporativos que la paralizó. Estridente sonó Sobra decir que la divisoria de aguas fue la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que el Grupo Clarín consiguió empantanar en los tribunales durante demasiado tiempo. Hace ya cinco años que la confrontación con ese holding que guía al conjunto del poder económico y de la oposición política ha sido el gran ordenador de todas las relaciones. En ese proceso, el gobierno ha recuperado cuotas importantes de poder político y electoral y ha definido con mayor precisión su rumbo y sus objetivos. Lorenzetti se pronunció varias veces contra la judicialización de conflictos que debería resolver la política, pero parece forzado considerar este pleito dentro de tal definición. Promulgada la ley en septiembre de 2009, la Corte dilató la definición todo lo que pudo. Pero la victoria de Cristina en 2011 acotó los márgenes para la actitud ambigua del tribunal, definición que Lorenzetti no acepta y propone reemplazar por posición de equilibrio. La decisión del gobierno de sincerar el conflicto, desnudando intereses de los camaristas en lo Civil y Comercial que se negaron a excusarse más allá de lo razonable y fallaron en propia causa, puso a la Corte en una encrucijada de la que salió por el peor camino: el respaldo ciego a los camaristas y la atribución al gobierno de todos los males. Lorenzetti habla de pluralismo y debates, pero actúa como si la Justicia fuera un cuerpo homogéneo y unido. No somos una corporación sino un poder del Estado, dijo en la cena de los magistrados, dando por hecho lo que debería ser pero no es. Por seguir esta ficción, terminó alinéandose con el sector tradicional que defiende privilegios estamentales y cuestionando como presión indebida recursos procesales y políticos que no son extravagantes en el procedimiento judicial. El gobierno tenía motivos bien fundados para recusar a varios de los camaristas y promover el juicio político de otros y ni aún así pudo impedir un fallo cantado en contra del interés general. Este abroquelamiento en defensa de la infalibilidad magisterial provocó la reacción inevitable en sectores judiciales muy significativos que no se reconocen en esa concepción monárquica y que trabajan en los tribunales sin perder conciencia de que hay un país allí afuera, del que provienen y al cual deben servir, por más que ellos mismos también formen parte de un sector privilegiado. Así nacieron las dos solicitadas de “Justicia Legítima” y la convocatoria que se concretó en dos inéditas jornadas en la Biblioteca Nacional esta semana. La descalificación de los asistentes como Jueces K es un reduccionismo burdo, que la oposición repite sin advertir que esas anteojeras hacen más escabroso su tránsito por la realidad. En primer lugar, porque un número llamativo de quienes orientan este movimiento tienen mayor afinidad con el radicalismo o con la izquierda, como Julio Maier, José Massoni, Alicia Ruiz, Beinusz Szmukler, Alberto Binder, Mario Magariños, Gustavo Bruzzone, Daniel Morín, Matilde Bruera o Luis Niño. De hecho, intentaron una movida similar en los primeros años del alfonsinismo, que no prosperó porque aquel gobierno eludió las batallas de fondo, y debieron llamarse a silencio ante el tsunami de la década siguiente, cuando el populismo de derecha se alió con los conservadores más reaccionarios para imponer una hegemonía nefasta. Si la propuesta presidencial de democratización reforzó la capacidad de convocatoria de este sector, la visibilidad de los defensores de una Justicia legítima brinda un sitio de arraigo a los proyectos de ley que Cristina anunció en el Congreso. Lorenzetti no parece haber comprendido el significado de esta convocatoria y sólo atinó a adelantarse 24 horas, celebrando en febrero el sesquicentenario que la Corte recién cumplirá en octubre. Más allá de los modos episcopales de su discurso, con un párrafo para cada audiencia, subestimó a Cristina, al dejarle la última palabra. Sentado en el Congreso nada menos que al lado de Daniel Scioli, escuchó los proyectos presidenciales sobre la Justicia con la mirada perdida de incredulidad, como George W. Bush una mañana de septiembre de 2001 en una escuela primaria de Florida. En cambio, su colega Raúl Zaffaroni escuchaba con aire de satisfacción. Sólo Facundo Moyano parecía más ensimismado que Lorenzetti: debe costarle entender cómo llegó a quedar en la vereda de enfrente de un proyecto político con el que no tiene diferencias conceptuales de fondo. El hermetismo del juez no permite saber con certeza si sus razones son tan distintas. En todo caso, su retorno a posiciones más razonables no debería resultarle tan difícil como al hijo del camionero. GB

SOBERANIA POR ALFREDO ZAIAT

Soberanía Por Alfredo Zaiat El pecado original está escrito en el documento de emisión de bonos de la deuda. Una de las condiciones dice que si los títulos no se rigen por la ley argentina se aplicará la de Nueva York para los nominados en dólares, la de Londres para los papeles en euros y la de Tokio para los emitidos en yenes. La cesión de soberanía jurídica para proteger a inversores extranjeros adquiere dimensión con el desarrollo de las finanzas globales. El ciclo de endeudamiento en la región, iniciado con el reciclado de los petrodólares por parte de grandes bancos internacionales a mediados de la década del setenta, tuvo su máxima expresión en los noventa. En los ochenta la deuda era coordinada en comités de acreedores por esos bancos (Citi, Chase, JP Morgan, Deutsche) y, ante el peligro del default en esos años, comenzaron a organizar emisiones de bonos que eran comprados por sus clientes y grandes fondos de inversión. A los países apurados por conseguir los dólares se les exigió –y aceptaron– que para atraer a esos inversores tenían que ofrecer cobertura judicial extranjera a esos nuevos acreedores, ahora anónimos, ya no bancos internacionales, como garantía de cobro. El papel de auditor de la política económica para asegurar el flujo de los pagos fue asignado al Fondo Monetario Internacional. Además de ese comando de presión tecnocrático, la eventualidad de problemas o la declaración de un default requerían tomar recaudos de protección judicial para los acreedores. El vínculo desigual estaba planteado bajo las reglas del poderoso estableciendo que si un país, periférico e imprevisible política y económicamente, quería colocar deuda, ya sea para financiar sus desequilibrios o la fuga de capitales de su propia clase empresaria, debía resignar su soberanía jurídica. Ese inmenso costo, simbólico y político, y ahora también económico, fue naturalizado por distintos gobiernos, incluso el kirchnerista cuando convocó a renegociar la deuda en default en 2004. Si bien no tenía otra opción en esos años de incipiente recuperación luego de la crisis de 2001 si aspiraba a avanzar en el canje, esa limitación refleja que la estructura financiera internacional, aunque hoy está en crisis, constituye un potente instrumento de subordinación de países. Que un juez de primera instancia, tres de la Cámara de Apelación, eventualmente trece de la Cámara ampliada en plenario y nueve supremos, si llegara a la Corte de Estados Unidos, coloquen en el banquillo a un país por una medida económica dispuesta en forma soberana, como fue el default de su deuda y posterior reestructuración, es la expresión más nítida de un marco normativo de preeminencia de los intereses de las finanzas globales sobre decisiones de una nación. Situación que fue aceptada durante décadas como si fuera indiscutible para seducir inversores extranjeros, postulado impuesto bajo el predominio de las políticas neoliberales. Herencia que aún sigue pesando, del mismo modo que los Tratados Bilaterales de Inversión firmados con 59 países que significaron también una cesión de soberanía jurídica a favor del Ciadi, tribunal arbitral dependiente del Banco Mundial, en litigios con multinacionales. Los bonos de deuda pública emitidos bajo legislación de Nueva York estuvieron destinados a inversores extranjeros, lo que no significa que argentinos no hayan comprado esos papeles, ya sea porque prefirieron otra cobertura jurídica a la nacional o porque lo hicieron con capital no declarado al fisco. También tuvo el objetivo de permitir ser transados en la plaza de Wall Street, logrando esos inversores una todavía mayor desconexión jurídica, financiera y de fiscalización de mercados periféricos, como Buenos Aires. Esos títulos poseen cláusulas de prórroga de jurisdicción a favor de tribunales extranjeros y, con ciertas limitaciones, de renuncia a invocar la inmunidad soberana y la inembargabilidad de los bienes del Estado nacional establecidos en el Prospectus Supplement (Suplemento de Prospecto) de la emisión de los bonos. En los documentos de emisión de deuda se menciona que esas condiciones “resultan de práctica habitual en el mercado financiero internacional, en materia de endeudamiento de países”. Existen ciertos límites a esa pérdida de soberanía e inmunidad soberana. La renuncia no incluye bienes con derecho a los privilegios e inmunidades establecidos en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961; los bienes con derecho a inmunidades establecidas en la Foreign Sovereign Immunities Act (Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras) de 1976; los activos que constituyen reservas de libre disponibilidad; los bienes del dominio público situados en el territorio de la República Argentina que están comprendidos en las disposiciones de los artículos 2337 y 2340 del Código Civil (por ejemplo, ríos, puentes, islas); los bienes situados dentro o fuera del territorio que están destinados al suministro de un servicio público esencial; los fondos, valores y demás medios de financiamiento afectados a la ejecución presupuestaria del sector público, ya sea que se trate de dinero en efectivo, depósitos en cuentas bancarias, títulos, valores emitidos, obligaciones de terceros en cartera y en general cualquier otro medio de pago que sea utilizado para atender las erogaciones previstas en el Presupuesto General de la Nación; bienes asignados a las representaciones diplomáticas o consulares y misiones gubernamentales; y bienes asignados al uso militar o bajo el control de la autoridad militar o de defensa. La posición argentina en los tribunales de Nueva York como en el Ciadi busca desafiar la cesión de soberanía jurídica, aunque es una estrategia atrapada en la normativa financiera neoliberal. Tiene la virtud de la resistencia y la debilidad de la carencia de iniciativas para desarticular la estructura legal de cesión de soberanía. La región, un concierto de gobiernos amigos, puede ofrecer respaldo político a la Argentina en ese objetivo. Apoyo necesario, pero en los hechos insuficiente. Las potencias económicas expresan en mensajes informales la intención de cercar a los fondos buitres, pero están desorientados en el laberinto de su profunda crisis. Esa perturbación está reflejada en el G-20 con declaraciones formales que proponen el diseño de una nueva estructura financiera internacional, pero sin mostrar capacidad ni voluntad política para modificarla. Esta situación tuvo un capítulo poco conocido ocurrido en una reunión informal del directorio del FMI, el 15 de enero pasado, con la presencia de su titular, la francesa Christine Lagarde, y el número dos, el estadounidense David Lipton, quien por el peso político de Estados Unidos en el organismo lo maneja en la práctica. En un ambiente hostil al país porque no acepta la revisión de su economía y recibió observaciones críticas sobre las estadísticas por parte de los técnicos del Fondo, hubo un intercambio de opiniones en ese encuentro informal sobre las consecuencias para el sistema financiero internacional de un fallo judicial adverso a la Argentina. La preocupación de la conducción del Fondo no son las finanzas ni la economía argentina, sino las consecuencias sobre probables futuras reestructuraciones de deuda de países hoy ahogados. Saben que fondos buitres ya están mostrando sus garras y sobrevolando sobre la deuda soberana de Grecia, España, Portugal, entre otros. El delegado de Brasil en el FMI Paulo Nogueira Batista, en representación de la silla que componen once países de la región, le preguntó al encargado legal del FMI qué iban hacer con el caso argentino. Luego de su respuesta quedó en evidencia que la dirección del Fondo está preocupada y que quieren frenar a los buitre, aunque no tienen claro cómo. De esa reunión surgió que están dispuestos a transmitir por vías informales a los jueces de la Cámara de Nueva York su inquietud por las perspectivas del sistema financiero global y que, en el supuesto de un fallo favorable a los buitres, harán lo posible para que la Corte Suprema de Estados Unidos tome el caso. Argentina ha demostrado su voluntad de pago vía mecanismos de mercado con el canje 2005 y 2010. Los fondos buitre rechazaron esas dos oportunidades. Ahora tendrán una tercera. Cuando sea ofrecida, contra la interesada opinión de la secta de economistas de la city que no se cansa de confundir repitiendo que Argentina no quiere pagar, quedará en evidencia si los buitres quieren cobrar como el resto de los inversores, respetando normas de funcionamiento del mercado financiero, o si prefieren seguir litigando. En esta última eventualidad, como lo ha sido durante todos estos años, lo que está en cuestión no es la voluntad de pago de Argentina, sino hasta qué instancia jueces de Estados Unidos están dispuestos a avanzar sobre la atropellada soberanía de otro país. azaiat@pagina12.com.ar 03/03/12 Página|12 GB

Radios Comunitarias en America Latina

Actualidad y desafíos de las radios comunitarias en Latinoamérica Por Ernesto Lamas Fundador de FM La Tribu contacto@miradasalsur.com Resistencia en el aire Hasta hace unos pocos años las radios comunitarias y televisoras alternativas en América Latina eran perseguidas, cerradas, se les secuestraban sus equipos. Muchas radios fueron condenadas a ser pequeñas con leyes restrictivas que les impusieron potencias máximas absurdas (25 vatios según la ley chilena). Las experiencias de televisión comunitaria eran denunciadas por las cadenas de medios, que las veían como una competencia desleal y peligrosa. Unas cuantas radios transmitían en lugares ocultos. Muchas eran ambulantes para poder levantar los equipos y salir corriendo y evitar que los organismos de control se quedaran con una consola y un transmisor. Aun hoy en Brasil hay comunicadores procesados por la Justicia por haber cometido el “delito” de expresar ideas, difundir información, realizar una entrevista, llevar un micrófono a la calle para que personas que nunca acceden a micrófonos puedan decir cosas, contar historias, hacer preguntas. En Colombia las radios ubicadas en “zonas de combate” tienen que revisar los contenidos que salen al aire para no recibir agresiones físicas. El fenómeno creciente de las radios comunitarias (a las que se suman televisoras alternativas, centros de producción, medios por internet) sigue desarrollándose con vitalidad a pesar de que aún muchos Estados no terminan de reconocer el derecho de la ciudadanía a crear y gestionar sus propios medios de comunicación, con una lógica que no es la de los medios privados comerciales ni la de los medios públicos. Las empresas comerciales han sido las impulsoras principales de leyes restrictivas. Los parlamentos muchas veces se han dejado manipular con la amenaza de multimedios que asustan con el fantasma de la invisibilidad a quien se atreva a legislar a favor de los medios comunitarios. Las empresas con posiciones dominantes no tienen problema en hablar de atentado a la libertad de expresión cuando se les intenta poner límites y por otro lado son expertas en hacer lobby para convencer a organismos del Estado, jueces y parlamentarios respecto que las radios comunitarias son “piratas”, que hacen ejercicio ilegal del periodismo, que ensucian el aire que según ellos pertenece a las radios comerciales. Existen cientos de radios comunitarias en América Latina y otras partes del mundo que no tienen un papel que le permita operar legalmente. Al mismo tiempo los Estados nacionales se pasaron los años de la ola neoliberal reconociendo (o haciendo la vista gorda) las movidas empresariales que fueron concentrando los medios de difusión en cada vez menos manos. Lo paradójico de la situación es que cuando hubo y hay problemas, son las radios comunitarias las que estuvieron presentes. Por citar casos recientes, ante el desastre en Haití y Chile con los terremotos de comienzos de 2010, el golpe de Estado en Honduras y en Paraguay, y los intentos de golpe en Venezuela y Ecuador fueron las radios comunitarias las primeras en responder a las necesidades. Cuando se trata de la defensa de las lenguas originarias, defensa del ambiente, reconocimiento de derechos de las minorías, las radios están ahí, las personas que hacen las radios están ahí, son parte de los acontecimientos, no meros observadores. No existe neutralidad en estos medios de comunicación. El tiempo pasa y las radios que permanecen son la mejor respuesta a esas acusaciones sin fundamento. Existen muchos buenos ejemplos en América Latina y Caribe de estas experiencias que ganaron legitimidad con producciones de excelente nivel, que suman audiencias participativas dispuestas a defender a estos verdaderos medios de comunicación a los que consideran propios. Entre las radios asociadas a las redes de comunicación alternativa en la región, encontramos experiencias que llevan entre veinte y cincuenta años construyendo otra comunicación. En muchos casos esas radios comenzaron a transmitir sin permisos pero con derechos. Las radios comunitarias tienen más de 60 años de vida en América Latina. Nacieron en los años 40, en Bolivia, impulsadas por los mineros que necesitaban medios de comunicación propios para organizarse, defender sus derechos, escuchar sus voces. Y por la misma época surgieron en Colombia impulsadas por curas católicos progresistas para alfabetizar. Luego fueron naciendo radios insurgentes en Centroamérica, participativas en Brasil, educativas en los países andinos, comunitarias en el Cono Sur. En la medida en que la ciudadanía reconoce el derecho humano a la comunicación, más radios y otros medios surgen. Son importantes porque expresan una mirada que no es la del Estado o los gobiernos ni la de las empresas comerciales que tienen medios para vender zapatillas o celulares. Ese cambio de paradigma se expresó en la práctica de las radios comunitarias argentinas que ejercieron el derecho a comunicar y crearon condiciones para el debate y aprobación de una ley de servicios de comunicación democrática que es ejemplo para otros países de la región (Ecuador, Brasil, México) donde en este momento se están discutiendo leyes que sean herramientas de defensa y promoción de una nueva comunicación. Un recurso para democratizar la vida política en todo el país Por Modesto Emilio Guerrero. periodista internacional@miradasalsur.com Venezuela Uno de los aportes culturales y políticos más originales, y menos conocidos, del proceso venezolano, es la aparición del fenómeno de medios comunitarios. El carácter mediático del golpe de 2002 es una de las causas de su origen. Tuvieron un rol protagónico en la visibilización de los golpistas y de su inmediata derrota en 47 horas. No existe una sociedad latinoamericana en la que los medios comunitarios, o alternativos, tengan la fuerza de inserción social que viven en Venezuela. Esto, que es muy bueno para ese país, es una deuda urgente para el resto del continente. Medido por su relación directa con la sociedad, ningún sistema de medios, sea estatal o privado, democratiza más que el comunitario. Según las registradoras de lecturas de medios periodísticos, de Google y Alexa, uno de esos medios, el diario Aporrea, ocupa el lugar N° 49 en la lista de medios periodísticos del planeta, leídos por la red internet. Es la segunda fuente de información en Venezuela, detrás de Noticias24, y el primer espacio de información y opinión del mundo bolivariano dentro y fuera del país. Los ministerios, Miraflores, los cuarteles y las embajadas usan a Aporrea como su fuente de información. Ese dato es suficiente para expresar un cambio en la vida política y la cultura periodística del país. Aporrea no es de papel, ni comercial-capitalista, pero tampoco se rige por el aparato de Estado, aunque colabore con él en la defensa de las conquistas de la revolución bolivariana. De allí la correcta demanda de los medios comunitarios de hacer una reforma urgente de la Ley de Servicios de Telecomunicaciones, que les otorgue por lo menos el 33% del espacio radioeléctrico. Un informe elaborado por la ex directora nacional de Medios, Sofía Viloria, mostró un mapa sorprendente. Tras la derrota del golpe aparecieron 1.136 medios de expresión organizada de distinto formato. A los dos años quedaban menos de la mitad, pero expresaron la respuesta política de masas al golpe y la liberación cultural de una parte de la sociedad venezolana. Ese fenómeno se consolidó en una veintena de medios comunitarios con arraigo de masas y un sistema nacional que los agrupa e identifica y unos 500 medios que conforman un mapa periodístico nuevo. El 5 de abril de 2012, se conformó el Sistema Nacional de Medios Comunitarios y Alternativos Fabricio Ojeda, que convive con el sistema de medios privados y el del Estado. En el último censo de medios se contabilizaron 530 medio comunitarios, 16 del Estado y unos 240 dedicados al lucro desde el sector privado. El reconocido intelectual venezolano, Luis Brito García, miembro del Consejo de Estado, llamó la atención sobre esa contradicción: a mayor tiempo del proceso, más medios del enemigo. Esta verdad debe ser configurada. En el mismo tiempo, los estatales y los comunitarios crecieron más en cantidad y calidad, y en el país se está conformando una nueva estructura de opinión pública. El Estado pasó de 2 a 16, los comunitarios de 5 a 530. El campo, muchas fábricas y barrios confirman esa novedad social. Allí donde los medios comunitarios son dominantes sobre los privados, el chavismo nunca baja del 60% en votos. El Estado y las empresas privadas de medios de Venezuela abandonaron el campo desde los 60. La causa es que era “poco rentable”. El costo lo están pagando ahora. Las radios comunitarias son las orientadoras de su nueva opinión pública. El resultado político es que el chavismo nunca baja sus votos del 60% promedio en cada elección desde 2000. Esto es menor en las fábricas, pero no hay fábrica bajo control obrero, o puestas en cogestión, que no cuente con una emisora de radio. Un informe elaborado por la agencia estatal AVN, emitido el 15 de abril de 2012, registra 247 FM comunitarias y 38 TV comunitarias en el país. El estudio de la ex directora de Medios, Sofía Vilora, cuenta que las 284 radioemisoras y canales de televisión comunitarios cubren unas 600 parroquias y barrios, sobre un mapa de unos 200 municipios del territorio nacional, o sea, alrededor del 60% de los municipios del país. En Venezuela funcionan 25 circuitos radiales, subsistemas de emisoras de radio construidas desde los 40, repotenciadas desde 1960. Cada circuito contiene dos o más emisoras asociadas. En total se calculan unas 430 emisoras funcionando en 20 Estados y territorios autónomos. La mayoría son de la derecha. En la ciudad Capital, 45 medios alternativos lograron alguna incidencia social segmentada por parroquias y barrios. De ese total, nueve emisoras de radio cuentan con amplio alcance. Casi todos los medios comunitarios, especialmente los mejores y más establecidos en franjas de la población, nacieron entre 2001 y 2005. Por lo menos 11 de los 16 medios gubernamentales aparecieron desde el año 2004 en adelante, o sea, cuando más del 80% de los medios comunitarios ya existían. Aporrea es un dato principal de ese proceso. Ernesto Villegas, actual ministro de Información, dijo en abril de 2012 que “quien no ha leído Aporrea, solo ha leído la mitad de la verdad”. Ese piropo refleja un aspecto clave de la actual vida social venezolana. En ese medio la información “en crudo” se renueva en espacio de minutos, además de ser el espejo nacional de las opiniones del movimiento bolivariano. Allí radica su credibilidad y su éxito. El presidente Hugo Chávez expresó muchas veces en televisión que Aporrea funcionaba como un regulador del gobierno. Su crecimiento fue inusitado. En 2009 era leído cada día por unas 40 mil personas, en forma directa. En 2013 cuenta con un poco más de 240 mil lectores cada 24 horas, según el contador Alexa.com Los comunitarios participan como factor organizador central en los simulacros militares de defensa desde 2008. Y desde 2003 estimularon el desarrollo de los comités de usuarios de medios de comunicación, organismos vecinales de regulación de contenidos. En 2009 funcionaron 1.110 comités de usuarios, aunque luego fueron menos. Brasil es el cuarto país más peligroso para los periodistas Por José Manuel Rambla. Otramérica internacional@miradasalsur.com Las amenazas y asesinatos de periodistas han encendido la luz de alarma en Brasil. Según los datos del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), el gran coloso emergente de América Latina también es el cuarto país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo, solo superado en este ranking por Siria, Somalia y Pakistán. Cuatro periodistas fueron asesinados en el país en 2012. Desde 1992, ya son 24. Para analizar este deterioro de la situación, se reunía esta semana en Brasilia el Grupo de Trabajo sobre los Derechos Humanos de los Profesionales del Periodismo, organismo creado el año pasado ligado al Consejo de Defensa de los Derechos de las Personas Humanas (Cdph). El objetivo de sus trece miembros es elaborar un diagnóstico de la situación y proponer las medidas necesarias de actuación. Para ello tienen seis meses de trabajo por delante y el análisis de unos 50 expedientes, en su mayoría relativos a amenazas a periodistas que investigaban presuntos casos de corrupción. Entre los casos analizados por el grupo están los de Mario Randolfo Marcos Lopes y Décio Sá, dos de los periodistas asesinados en 2012. Ambos comparten el mismo perfil de vulnerabilidad que caracteriza a la mayoría de las víctimas registradas: desempeño del trabajo en localidades relativamente pequeñas y ejercicio del periodismo a través de blogs independientes, sin la cobertura de los grandes medios. Randolfo trabajaba en el pequeño municipio de Vassouras, en el estado de Río de Janeiro. Allí había fundado la web Vassouras na Net desde donde denunciaba numerosas actuaciones de funcionarios corruptos. Una de sus más destacadas investigaciones fue la existencia de una supuesta red de sicarios vinculada a un ex responsable policial. El periodista sufrió el primer ataque en julio de 2011, cuando un pistolero entró en la redacción donde trabajaba y le disparó un tiro en la cabeza. Sin embargo, tras permanecer tres días en coma, Randolfo sobrevivió a un atentando por el que ninguna persona llegó a ser detenida. Los autores materiales e intelectuales del asesinato de Décio Sá, por el contrario, sí fueron detenidos. En este caso, el hecho de que Sá trabajase también en un periódico de gran tirada en el estado de Maranhão sirvió para dar mayor trascendencia mediática a su muerte. Sin embargo, no fue su trabajo en el diario O Estado do Maranhão, propiedad de la todopoderosa familia del presidente del Senado, José Sarney, el que provocó la reacción de sus asesinos. Sus investigaciones más comprometidas eran difundidas en el Blog de Décio, blog independiente que fundó en 2006. Serían sus exclusivas sobre el asesinato de un empresario local a manos de una red de prestamistas con lazos en el gobierno y la policía lo que le pondría en el punto de mira. Sá cayó asesinado a tiros en la terraza del bar Estrela do Mar, de São Luis, en la noche del pasado 23 de abril. En junio eran detenidoscomo responsables del crimen José Alencar y su hijo Glaucio, líderes del grupo de prestamistas investigado por el periodista, así como otras cinco personas, entre ellas un capitán de policía. Pero las amenazas no son el único problema que tienen que afrontar los periodistas brasileños. De hecho, según Reporteros Sin Fronteras, el país ha perdido 41 posiciones en el ranking de libertad de expresión, pasando a ocupar el puesto 108 en una lista de 179 países. A la violencia, se le suma una sutil “censura judicial” provocada por las querellas interpuestas contra periodistas por supuestos ataques a la privacidad, que en la práctica suponen cortapisas al ejercicio profesional. Según las estimaciones realizadas por CPJ, durante el pasado año los tribunales brasileños dictaron 191 órdenes obligando a eliminar contenidos publicados, generando así, a a juicio de muchos periodistas, una auténtica “inseguridad legal”. 03/03/13 Miradas al Sur GB

PEIRODISMO RESISTENTE

Periodismo resistente en una región caliente Por Diego M. Vidal internacional@miradasalsur.com La contra hegemonía mediática. Nacidos en los años 70 y 80, bajo las dictaduras que oscurecían el Cono Sur latinoamericano, los medios alternativos de comunicación tuvieron una etapa floreciente en tiempos de recuperación democrática pero, contrario sensu, también fueron momentos de mayor persecución y promulgación de normas regulatorias para cercenarles la existencia, mientras las grandes corporaciones se expandían y configuraban un mapa de monopolización de la palabra y la imagen, con los que jaquean aún hoy a los gobiernos surgidos de la voluntad popular. Con la llegada de gobiernos revolucionarios y progresistas en los albores del siglo XXI, la democratización de la palabra y la información no ocupó un lugar primordial en las agendas de estas nuevas administraciones, pero la coyuntura impulsará ese debate al centro de la escena cuando desde las grandes empresas periodísticas comienzan a ocupar abiertamente el lugar de la oposición política e incluso promueven abiertamente la destitución de gobernantes. “Hace unos meses, Manuel Zelaya me decía: mira, en lo que va del siglo ya son siete los golpes de Estado en América Latina y, atrás de todos, la operación mediática”, acota el filósofo mexicano Fernando Buen Abad. El caso de la República Bolivariana de Venezuela es paradigmático de cómo se ejerce ese poder, cuando los medios masivos, con Globovisión y Venevisión a la cabeza, participaron sin disimulo en el “apagón informativo” que buscó encubrir la asonada empresarial-militar contra Hugo Chávez en abril de 2002 y presentarlo como una renuncia del mandatario. Desde entonces, tras su regreso al Palacio de Miraflores, Chávez promovió la creación de un sistema de medios que contrapesara esa capacidad de manipulación de la opinión pública. Según la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), en sólo cuatro años (mayo 2002 - abril 2006) se habilitaron 193 medios radioeléctricos: 126 emisoras y 27 canales de televisión. En el 2005 fue sancionada la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, una suerte de código ético sobre el tratamiento informativo, y en noviembre del 2012, la Asamblea Nacional dio media sanción al anteproyecto de Ley de Medios Comunitarios y Alternativos que espera ver la luz durante el 2013. Actualmente existen “más de 500 medios comunitarios, algunos con raíz social y fuerza política”, detalla el periodista venezolano Modesto Emilio Guerrero. “Además se conformó un real sistema de medios públicos estatales con cinco televisoras estatales, tres diarios y siete redes de emisoras radiales”, puntualiza el autor de Medios y poder en Venezuela. ¿Las corporaciones han perdido influencia en la opinión pública venezolana? “Ellos perdieron una parte, entre un 40 y 50% de la opinión pública que controlaron por más de medio siglo”, responde Guerrero y agrega que “ese universo se lo reparten ahora los medios públicos y los comunitarios. Pero ellos siguen siendo mayoritarios en el espectro radioeléctrico y en la cantidad de medios a escala nacional, sumando los nacionales con los regionales. El chavismo avanzó más en lo cualitativo que en la cantidad. Si no avanzó más se debe a que, en su conjunto, no logra que sus medios sean más democráticos y de mayor calidad que los medios del enemigo. Las quejas y reclamos que no aparecen en los medios públicos son absorbidos por los privados. La novedad en Venezuela es que los medios públicos son comunitarios, o sea, visibilizan las voces de los pobres y sus organizaciones, el Estado los apoya con recursos y equipos, por eso son más de medio millar en todo el país. En el campo y en zonas de varias ciudades son un poder social. Aporrea.org es el verdadero fenómeno: no es de papel, ni comercial ni estatal, y se convirtió en el medio chavista más leído del país, sólo superado por Noticias 24, un medio web de la burguesía” Aun cuando en la región el horizonte promete, el camino para alcanzarlo tiene más espinas que rosas para los medios alternativos y comunitarios. Rafael Correa ha intentado, infructuosamente, que el Congreso ecuatoriano apruebe la ley de comunicación donde se establezcan las bases de cumplimiento del precepto constitucional estipulado en la renovada Carta Magna el 28 de septiembre del 2008 y que garantice el derecho a la comunicación y la información. Correa, reelecto de forma contundente en los últimos comicios y con mayoría parlamentaria, insistirá para que esta norma entre en vigencia y que la libertad de prensa no sea de uso exclusivo de las ocho familias que detentan el control de los medios más importantes de Ecuador. De todos modos, en tanto la legislación retoma el lento tránsito del parlamento, la ministra Rosa Mireya Cárdenas anunció que se acaban de poner al aire catorce nuevas estaciones de radios (de las 54 que proponen instalar hasta 2015) a través de la Red de Medios Comunitarios de la Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Social y enlaza las zonas más distantes de Ecuador con la Radio Pública nacional. Con la entrega de consolas de audio, micrófonos y transmisores a comunidades originarias, buscan que las voces de estos pueblos, que transmiten en lengua nativa, no queden marginadas del espectro radiofónico del cual el 90% se encuentra en manos privadas. Una vez aprobada la ley, las frecuencias deberán distribuirse entre públicas, comunitarias y privadas en un 33% cada una. Si bien Bolivia reseña la mayor antigüedad en la creación de medios comunitarios (en 1949 los mineros ponen al aire Radio Minera), esta experiencia mengua en los años 80 por “la declinación de la minería y el achicamiento del sindicato”, reseña el ingeniero Eduardo Schmidt, de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas (FISyP). Con la conformación del Estado plurinacional y una nueva Constitución, el presidente Evo Morales logra promulgar en 2008 la Ley general de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación que reparte el espacio radioeléctrico en 33% para el Estado, el mismo porcentual a los privados, y para comunitarios, pueblos indígenas campesinos y comunidades interculturales y afrobolivianas un 17% cada uno. La Asociación de Radios Comunitarias de Bolivia (Aprac-Bolivia) agrupa a unas 30 emisoras ubicadas en zonas rurales, emiten en aymará-castellano, quechua-castellano o guaraní-castellano y su premisa es “informar, educar y transmitir conocimientos, incidiendo en políticas nacionales, para el desarrollo integral de las etnias y comunidades originarias del país para integrarlas y crear lazos de identidad”. Aunque se autofinancian con pequeños anuncios y mensajes, reciben el apoyo de la Dirección Nacional de Comunicación del Gobierno. Esta política ha sido destacada por la representación boliviana de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc) y recuerda que mediante convenios entre el Estado y organizaciones de la sociedad civil en sólo “dos años se consiguió sanear el uso de frecuencias de por lo menos 17 radioemisoras de la zona rural andina” Como Bolivia, Brasil ha tenido un temprano surgimiento de la participación comunitaria en la comunicación en los 60 con el programa de alfabetización de Paulo Freire en el norte del país. “La unión entre la Teología de la Liberación y la pedagogía de Freire tendrá su máxima expresión en el desarrollo de las Comunidades Eclesiales de Base en Brasil. El protagonismo conseguido por las radios comunitarias en Brasil, en particular en zonas de alto nivel de analfabetismo, ha sido significativo”, explica Schmidt en su trabajo para Clacso “Nuevas tecnologías y medios alternativos en América Latina”. Pero son los campesinos del movimiento Sin Tierra quienes potencian esa herramienta como forma de visibilizar sus problemas. En la actualidad, “en las periferias urbanas de muchas ciudades proliferan medios de los sectores populares, sobre todo radios comunitarias y periódicos barriales, pero también se han ido estableciendo, en el imaginario popular, espacios de encuentro como plazas o centros sociales”, subraya el periodista uruguayo Raúl Zibechi. No obstante ese desarrollo, la sociedad brasileña se encuentra en una fuerte disputa por democratizar el acceso y difusión de la información. Entre el 14 y el 17 de diciembre de 2009, se realizó en Brasilia la Conferencia Nacional de Comunicación (Confecom), de la cual surgieron más de 600 propuestas de legislación sobre el tema. Iniciativas que se fueron diluyendo hasta ahora bajo la presión que los poderosos multimedios vienen ejerciendo sobre la presidenta Dilma Rousseff para que no sean tenidos en cuenta. Un estudio realizado por el capítulo Brasil de Amarc, y publicado por su agencia informativa Pulsar, da cuenta de la inequidad comunicacional del “gigante sudamericano”. Su coordinador João Malerba considera que “la legislación en radios comunitarias de Brasil es la peor de la región” y de acuerdo a “la investigación comparativa, las normativas de Brasil y Chile en comunicación comunitaria son las que más infringen los patrones internacionales de libertad de expresión en la región”. En contraposición a estas críticas, el Ministerio de Comunicación acaba de abrir la convocatoria para las “organizaciones interesadas en la creación de una radio comunitaria en los municipios que no cuentan con ese tipo de emisora” en 40 ciudades de cuatro Estados. El organismo público busca establecer al menos una emisora por prefectura en todo el territorio nacional antes de finalizar 2013. El 14 de noviembre del 2011, el Senado de Uruguay aprobó la normativa que insta al Estado a “promover y garantizar la existencia de radios y televisoras comunitarias”. Es en ese marco que las autoridades uruguayas han formalizado por primera vez en su historia el otorgamiento de seis licencias de frecuencias radiales de ese tipo. Si bien la regularización que promueve la Ley 18.322 data del 2007, recién se normalizaron un centenar de emisoras de las 412 relevadas en un censo del 2008. De estas cien, la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación estableció que son “53 FM comunitarias administradas por particulares y 81 FM comunitarias administradas por el Ministerio de Educación”. En ese contexto regulatorio, la deuda sin saldar del gobierno de José Mujica en la materia continúa siendo la presentación de un proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual, que el propio Mujica anunció hace poco más de un año atrás. Quizás un adelanto sea el decreto firmado por el Pepe el último día de diciembre pasado, mediante el cual se limita la cantidad de abonados que pueden tener los operadores de TV por cable y que estipula en un máximo del 25% del total de hogares y un 35% por localidad, para evitar la concentración del sector. Durante la realización del “II Taller Internacional sobre las redes sociales y los medios alternativos, nuevos escenarios de la comunicación política en el ámbito digital”, llevado a cabo en La Habana entre el 11 y el 13 de febrero últimos, se concluyó sobre la importancia del acceso a la tecnología 2.0 como medio de comunicar las diferentes realidades y romper el cerco informativo de las multinacionales periodísticas. “Las corporaciones de medios, a pesar de las altas sumas de financiamiento externo, no han podido derrotar a los gobiernos más comprometidos de la región. Pero sí debilitar a las sociedades mediante la desinformación y los entretenimientos”, resaltó en su balance del encuentro la corresponsal de La Jornada, Stella Calloni. En ese sentido, los participantes de América Latina, Europa, Asia y África encontraron un punto en común: la brecha tecnológica es la nueva limitación de los comunicadores alternativos en la era digital ante al desafío de construir una nueva forma de informar frente a la monopolización del mensaje de los medios hegemónicos. Las movilizaciones convocadas por internet el 15 de febrero de 2003, contra la invasión a Irak por parte de Estados Unidos, congregó a más de 800 millones de personas en todo el mundo, fue uno de los ejemplos de cómo el ciberespacio puede fungir de plataforma de divulgación, socialización y convocatoria. En Latinoamérica, una de las experiencias primigenias en el uso de la red virtual ha sido el sitio La Minga Informativa de Movimientos Sociales (www.movimientos.org). Este portal y su boletín de noticias PasaLaVoz es pionero en el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, para propagar el “quehacer de los movimientos sociales del continente y su calendario de acciones” y elaborar así “una agenda social en comunicación”. Una práctica que ha “permitido el apoderamiento de la sociedad frente a los monopolios mediáticos”, asegura Ignacio Ramonte, director de Le Monde Diplomatique español, “nunca había sido tan fácil ser periodista como hoy”, añade. Los alternativos son medios, no fines Por Eduardo J. Vior internacional@miradasalsur.com Debate. La polémica sobre qué es lo alternativo en materia de medios de comunicación sigue abierta y va más allá de la caracterización que los define casi de manera exclusiva por su oposición al poder. Las encendidas protestas que acompañaron las primeras escalas de la gira de la bloguera disidente cubana Yoani Sánchez por Brasil reavivaron las discusiones sobre el carácter de los medios alternativos en la política actual, ya que el espectro de los medios alternativos de comunicación en América Latina se ha modificado profundamente en los últimos diez años. Las últimas décadas acentuaron la concentración de los medios latinoamericanos en las manos de un reducido número de megagrupos, ayudada por la convergencia de sistemas, redes y plataformas de producción, transmisión y recepción de datos, imágenes y sonidos. En América Latina faltan mecanismos de regulación de los flujos audiovisuales y de capital. Las políticas públicas inconsistentes o inexistentes y la inercia regulatoria dejaron a los Estados sin protagonismo en las áreas de la información, el entretenimiento y las telecomunicaciones. Las privatizaciones y desregulaciones neoliberales de los años 80 y 90 favorecieron la constitución de verdaderos latifundios mediáticos. De este modo corporaciones transnacionales adquirieron acciones de medios locales y/o cerraron acuerdos con grupos multimedia regionales que les dieron el control del mercado audiovisual en el continente. Para los cuatro mayores conglomerados latinoamericanos (Globo de Brasil, Televisa de México, Cisneros de Venezuela y Clarín de Argentina), estos acuerdos ofrecen la posibilidad de entrecruzar negocios y establecer alianzas con los actores internacionales de mayor peso. Contra esta extrema concentración del mercado mediático en América Latina se alzan los llamados medios de comunicación alternativos. No hay acuerdo sobre la definición de comunicación alternativa. ¿Qué es lo alternativo? ¿Está determinado por los contenidos, los instrumentos, la emisión, la voluntad de cambio o la oposición al poder, etc.? En general, se caracteriza la comunicación alternativa por su oposición al poder y su intento de construir una comunicación contrahegemónica. Sin embargo, esta caracterización ya no es precisa. La imprecisión conceptual ha propiciado que en muchas ocasiones se haya repetido el esquema paternalista y la inorganicidad de estas experiencias les ha restado fuerza y eficacia. Los medios alternativos aparecen a veces como dudosos y/o tendenciosos. En su afán de ocupar fajas de mercado caen a menudo en el sensacionalismo. Al estar vinculados a procesos regionales y/o a movimientos sociales, tienen la ventaja de su autenticidad, pero muchas veces parcializan su óptica. Contra esta reducción localista en los últimos años se han emprendido ingentes esfuerzos para agrupar y construir redes que hagan posible arribar a conclusiones más generales. Al mismo tiempo, en la medida en que crecen, estos medios tienden a profesionalizarse y a captar mayores fondos que les permitan funcionar. Por esta vía se “sistematizan”, vinculándose con fuentes de financiamiento y formación privadas, fundaciones y/o con sus respectivos Estados. Así se relativiza su “alternatividad”. Estos medios también dependen de tener públicos afines. Cuando éstos se modifican, los medios alternativos deben adaptarse o perder su público. En ambos casos dejan de ser totalmente “alternativos”. Según los países del continente, sus trayectorias son diferentes, aunque con rasgos comunes. En Brasil, como en el resto del continente, pueden rastrearse ejemplos de medios alternativos desde la época colonial, pero la etapa más rica de los medios alternativos brasileños parece haber sido la de la dictadura, entre 1964 y 1985. A pesar de la represión, algunos periódicos de la gran prensa resistían a la censura, pero, al dictarse el Acto Institucional N° 5 en diciembre de 1968, aumentó la represión y surgieron los medios alternativos. Ésa fue la época del mejor periodismo brasileño. Con el movimiento por las elecciones presidenciales directas en 1983/85 y el advenimiento de la democracia, la prensa alternativa entró en crisis. Hoy hay en Brasil una difundida escena bloguera y unas pocas radios alternativas, pero diez familias controlan los medios. En Bolivia, por su parte, se dio un precedente heroico en 1949, cuando se fundó la radio del sindicato minero que llegó a formar una red de 26 emisoras. Esta experiencia fue pionera, pero se redujo en los 80 con la declinación de la minería. Luego del triunfo de la Revolución Cubana se crea Prensa Latina con el objeto de dar amplia cobertura a las noticias cubanas y latinoamericanas. Durante la dictadura argentina de 1976-83, en tanto, Rodolfo Walsh desde la Agencia de Noticias Clandestina (Ancla) fomenta un trabajo combinado de contrainformación y de inteligencia. Durante el periodo de la revolución sandinista se impulsó el Movimiento de Reporteros Obreros con talleres de capacitación para comunicadores populares en las áreas rurales de Nicaragua. El movimiento zapatista, en tanto, es uno de los pioneros en el uso estratégico de internet como medio de difusión de sus luchas y también para mostrar otra versión “desde adentro” del levantamiento del 1/1/94. En Argentina, luego del estallido del 20 y 21 de diciembre de 2001, se potenció el uso de internet y numerosas movilizaciones y acciones políticas fueron coordinadas desde este medio. En ese sentido se constituyó el Foro de Medios Alternativos (Fodema) y posteriormente la Red Nacional de Medios Alternativos (Rnma), con una intervención destacada en la campaña nacional para la elaboración y aprobación de la Ley de Medios Audiovisuales en 2009. En América Latina el ejemplo más avanzado en la conformación de un canal de TV alternativo es Telesur, sociedad multiestatal con participación mayoritaria de Venezuela. Desde su origen está concebido como un medio para la integración. Lo alimenta una red de colaboradores de cada país, con 24 horas de programación, que se transmite por enlace satelital desde Caracas. La política editorial es dictada por la Junta Directiva. En la producción de la programación del canal participan organizaciones sociales, canales nacionales, regionales, universitarios, comunitarios y productores independientes. Su consejo asesor independiente está integrado por prestigiosos intelectuales y activistas de diferentes países. Finalmente cabe considerar la creciente escena bloguera. Los participantes en el “II Taller Internacional sobre las redes sociales y los medios alternativos, nuevos escenarios de la comunicación política en el ámbito digital”, efectuado en La Habana del 11 al 13 de febrero pasados, dieron una declaración reclamando la democratización de internet, proponiendo el desarrollo de redes continentales, así como solicitando de los gobiernos reformistas y revolucionarios de la región que impulsen la integración digital y asuman la defensa de las producciones continentales contra la ciberguerra de EE.UU. Los movimientos sociales y la comunicación alternativa han encontrado con las nuevas tecnologías caminos de intervención contra el poder hegemónico. Sin embargo, la accesibilidad a internet es todavía escasa en el continente, falta utilizar mejor las tecnologías para conformar identidades más democráticas, coordinar y dar orientación a los medios alternativos, asegurar su financiamiento manteniendo su independencia y modificar los regímenes jurídicos favorables a los medios concentrados. La consolidación de los procesos de cambio en América Latina replantea la discusión sobre los medios alternativos. Nadie es “alternativo” de una vez y para siempre. Tanto los regímenes conservadores como los reformistas aspiran al control y a la cooptación de los medios, para aumentar su legitimidad. Tampoco ser independiente del poder político puede ser un fin en sí mismo. Sin embargo, los gobiernos democráticos tienen una responsabilidad mayor en asegurar la independencia de los medios, no sólo de sí mismos sino también de los grandes poderes económicos. Una discusión definitoria del futuro que todavía no ha empezado a darse ampliamente en América Latina se da sobre la regulación de internet. Ni nuestros Estados ni mucho menos los medios de comunicación alternativos están en condiciones de dar esa discusión exitosamente, si no construyen amplias coaliciones nacionales e internacionales. Ahí, otra vez, ser alternativo no puede implicar el aislamiento, sino ser parte independiente de un movimiento mayor de transformación social y cultural. GB

UN VIOLIN UNA BANDERA UN PUEBLO POR JORGE GILES.

Un violín, una bandera, un pueblo Por Jorge Giles jgiles@miradasalsur.com Habló Cristina y se movió el tablero político y una buena parte de la Argentina, la mayoría quizá, se largó a cantar esperanzada. Como viene sucediendo en los últimos años, lejos de ser una letanía del tradicional protocolo que exige la Constitución, los discursos de Néstor y Cristina en cada Apertura de las Sesiones del Congreso marcan los tiempos, la agenda y el territorio por donde va la vida y el destino de los argentinos. Los procesos políticos se destacan por sus transformaciones o sus debilidades; por sus fortalezas o sus cobardías; por sus arrojos o sus posibilismos. Es ésta una manera de distinguir la impronta política y cultural de un gobierno. Otra manera de identificar a un gobierno es diferenciando la sonrisa de la mueca, la repetición de la creatividad, la música del aullido. Por ejemplo: cuando se descubrió en el Salón de Pasos Perdidos una de las banderas que Dardo Cabo y sus compañeros de la Operación Cóndor hicieran flamear en las Malvinas, comprendimos definitivamente que la causa de nuestra soberanía y el rescate de la militancia juvenil en cualquier tiempo y lugar, constituyen partes de la fortaleza del modelo que preside y lidera la Presidenta de la Nación. Y cuando arrancó la Sesión con el violín del joven Facundo Nolasco tocando el Himno Nacional, supimos que la belleza, la creatividad y la alegría son una expresión vital del proyecto de país que gobierna desde el 2003. En un mensaje que duró aproximadamente 3 horas y 45 minutos, Cristina abordó todo el horizonte de su gestión de gobierno y además, brindó agudos comentarios y análisis sobre la realidad argentina. Largo sería enumerar los conceptos abordados. Arrancó subrayando la importancia de cumplirse en el 2013, 30 años de democracia y 10 años de este proyecto de país en el gobierno. Desarrollo y crecimiento son las palabras que signan esta etapa que protagonizamos, señaló al reafirmar que ésta fue una década ganada por el pueblo. Hablaba del desarrollo laboral y el crecimiento con inclusión social como la contracara absoluta del modelo neoliberal que en los noventa logró un crecimiento en la macroeconomía a costas de una injusta y cruel exclusión social. Por eso se entiende que el mejor salario mínimo de América latina sea el argentino, así como se entiende la baja constante de la desocupación. El crecimiento industrial, la dignificación del haber jubilatorio, con el 94% de las personas cubiertas por el sistema de cobertura social y el 1.443% de aumento recibido por los jubilados desde el 2003 cuando asumió Kirchner, son consecuencia de un modelo que reconstruyó el mercado interno de consumo. Demostró que son 3 millones y medio los niños beneficiados por la Asignación Universal por Hijo. Habló del Plan Conectar Igualdad que este año alcanzará la meta de las 3 millones y medio de computadoras entregadas. Hechas en la Argentina, además. Habló del Plan Federal de Viviendas, con un millón de ellas a finalizar este año y del Plan PRO-Crear que fortalece la construcción y la mejora de las viviendas. Abordó casi todas las áreas de gobierno exponiendo las políticas de Salud, Desarrollo Social, Educación, Turismo, Ciencia y Técnica, Trabajo, Seguridad y Relaciones Exteriores. Dejó para el final revelaciones más que interesantes y dramáticas de las Causas vinculadas a las voladuras de la Embajada de Israel y particularmente de la AMIA y dio testimonio de su trabajo como legisladora. Pero lo que quizá sea el broche de oro de su mensaje fue la reafirmación de su convicción de democratizar el Poder Judicial a través de la elección ciudadana del Consejo de la Magistratura, la transparencia de quienes integran ese Poder de la república y la cantidad y cualidad de los expedientes y otros proyectos afines que enviará a la brevedad al Congreso para su tratamiento parlamentario. Todo indica que, más pronto que tarde, se terminará el oscurantismo judicial. Es necesario agudizar los sentidos para entender que la Presidenta no le quitó mérito alguno a los profesionales del derecho en cualquier ámbito donde impartan justicia. Lo que les quita sí es su condición de exclusivos propietarios del terreno judicial. Democratizar la Justicia, desde esta perspectiva, es hacerla más humana, más cercana a la sociedad, es negarle el carácter de señores feudales a los jueces que así se creen, es en definitiva, legitimar la Justicia desde la propia Justicia, en armonía con una ciudadanía plenamente democrática. Hubo otro recinto afuera, en la Plaza del Congreso y sus alrededores. Fueron miles las personas que se movilizaron hasta allí para escuchar y acompañar a la Presidenta de los argentinos. La amplia mayoría de ellos, jóvenes que llegaron muy temprano desde distintas provincias nutriendo las columnas de La Cámpora y otras organizaciones kirchneristas y agrupaciones aliadas. Quienes pudieron ingresar hasta las gradas del Congreso vivaron a Cristina a la par que lo hacían sus compañeros afuera. No es este un dato de color. Es toda una definición de la etapa política que hoy vive el país. Porque la participación militante y protagónica de la juventud y los trabajadores hace a la vitalidad y la trascendencia social de un proyecto que gobierna. El peronismo siempre fue, en tanto movimiento nacional y popular, un parte aguas para el país conservador y dependiente. Y cuando no lo fue, el peronismo corrió el riesgo de convertirse él en conservador. Vale destacar la presencia de las Madres en los palcos y la mención especial que le dedicara la Presidenta a Hebe de Bonafini en un par de tramos de su discurso. Y hete aquí el dato singular: nombró a Hebe, no para mencionar los juicios a los genocidas de la dictadura, sino para hablar del PAMI actual, de la salud de los jubilados, de sus haberes dignificados constantemente. Como si la historia empezara a cerrar un círculo y a abrir otro en ese diálogo entre la Presidenta y Hebe. Y vaya si es comprensible que lo nuevo nazca del pañuelo de una Madre. 03/03/13 Miradas al Sur GB

1º de MAR. Apertura de Sesiones Ordinarias 2013. Cristina Fernández