Radios Comunitarias en America Latina

Actualidad y desafíos de las radios comunitarias en Latinoamérica Por Ernesto Lamas Fundador de FM La Tribu contacto@miradasalsur.com Resistencia en el aire Hasta hace unos pocos años las radios comunitarias y televisoras alternativas en América Latina eran perseguidas, cerradas, se les secuestraban sus equipos. Muchas radios fueron condenadas a ser pequeñas con leyes restrictivas que les impusieron potencias máximas absurdas (25 vatios según la ley chilena). Las experiencias de televisión comunitaria eran denunciadas por las cadenas de medios, que las veían como una competencia desleal y peligrosa. Unas cuantas radios transmitían en lugares ocultos. Muchas eran ambulantes para poder levantar los equipos y salir corriendo y evitar que los organismos de control se quedaran con una consola y un transmisor. Aun hoy en Brasil hay comunicadores procesados por la Justicia por haber cometido el “delito” de expresar ideas, difundir información, realizar una entrevista, llevar un micrófono a la calle para que personas que nunca acceden a micrófonos puedan decir cosas, contar historias, hacer preguntas. En Colombia las radios ubicadas en “zonas de combate” tienen que revisar los contenidos que salen al aire para no recibir agresiones físicas. El fenómeno creciente de las radios comunitarias (a las que se suman televisoras alternativas, centros de producción, medios por internet) sigue desarrollándose con vitalidad a pesar de que aún muchos Estados no terminan de reconocer el derecho de la ciudadanía a crear y gestionar sus propios medios de comunicación, con una lógica que no es la de los medios privados comerciales ni la de los medios públicos. Las empresas comerciales han sido las impulsoras principales de leyes restrictivas. Los parlamentos muchas veces se han dejado manipular con la amenaza de multimedios que asustan con el fantasma de la invisibilidad a quien se atreva a legislar a favor de los medios comunitarios. Las empresas con posiciones dominantes no tienen problema en hablar de atentado a la libertad de expresión cuando se les intenta poner límites y por otro lado son expertas en hacer lobby para convencer a organismos del Estado, jueces y parlamentarios respecto que las radios comunitarias son “piratas”, que hacen ejercicio ilegal del periodismo, que ensucian el aire que según ellos pertenece a las radios comerciales. Existen cientos de radios comunitarias en América Latina y otras partes del mundo que no tienen un papel que le permita operar legalmente. Al mismo tiempo los Estados nacionales se pasaron los años de la ola neoliberal reconociendo (o haciendo la vista gorda) las movidas empresariales que fueron concentrando los medios de difusión en cada vez menos manos. Lo paradójico de la situación es que cuando hubo y hay problemas, son las radios comunitarias las que estuvieron presentes. Por citar casos recientes, ante el desastre en Haití y Chile con los terremotos de comienzos de 2010, el golpe de Estado en Honduras y en Paraguay, y los intentos de golpe en Venezuela y Ecuador fueron las radios comunitarias las primeras en responder a las necesidades. Cuando se trata de la defensa de las lenguas originarias, defensa del ambiente, reconocimiento de derechos de las minorías, las radios están ahí, las personas que hacen las radios están ahí, son parte de los acontecimientos, no meros observadores. No existe neutralidad en estos medios de comunicación. El tiempo pasa y las radios que permanecen son la mejor respuesta a esas acusaciones sin fundamento. Existen muchos buenos ejemplos en América Latina y Caribe de estas experiencias que ganaron legitimidad con producciones de excelente nivel, que suman audiencias participativas dispuestas a defender a estos verdaderos medios de comunicación a los que consideran propios. Entre las radios asociadas a las redes de comunicación alternativa en la región, encontramos experiencias que llevan entre veinte y cincuenta años construyendo otra comunicación. En muchos casos esas radios comenzaron a transmitir sin permisos pero con derechos. Las radios comunitarias tienen más de 60 años de vida en América Latina. Nacieron en los años 40, en Bolivia, impulsadas por los mineros que necesitaban medios de comunicación propios para organizarse, defender sus derechos, escuchar sus voces. Y por la misma época surgieron en Colombia impulsadas por curas católicos progresistas para alfabetizar. Luego fueron naciendo radios insurgentes en Centroamérica, participativas en Brasil, educativas en los países andinos, comunitarias en el Cono Sur. En la medida en que la ciudadanía reconoce el derecho humano a la comunicación, más radios y otros medios surgen. Son importantes porque expresan una mirada que no es la del Estado o los gobiernos ni la de las empresas comerciales que tienen medios para vender zapatillas o celulares. Ese cambio de paradigma se expresó en la práctica de las radios comunitarias argentinas que ejercieron el derecho a comunicar y crearon condiciones para el debate y aprobación de una ley de servicios de comunicación democrática que es ejemplo para otros países de la región (Ecuador, Brasil, México) donde en este momento se están discutiendo leyes que sean herramientas de defensa y promoción de una nueva comunicación. Un recurso para democratizar la vida política en todo el país Por Modesto Emilio Guerrero. periodista internacional@miradasalsur.com Venezuela Uno de los aportes culturales y políticos más originales, y menos conocidos, del proceso venezolano, es la aparición del fenómeno de medios comunitarios. El carácter mediático del golpe de 2002 es una de las causas de su origen. Tuvieron un rol protagónico en la visibilización de los golpistas y de su inmediata derrota en 47 horas. No existe una sociedad latinoamericana en la que los medios comunitarios, o alternativos, tengan la fuerza de inserción social que viven en Venezuela. Esto, que es muy bueno para ese país, es una deuda urgente para el resto del continente. Medido por su relación directa con la sociedad, ningún sistema de medios, sea estatal o privado, democratiza más que el comunitario. Según las registradoras de lecturas de medios periodísticos, de Google y Alexa, uno de esos medios, el diario Aporrea, ocupa el lugar N° 49 en la lista de medios periodísticos del planeta, leídos por la red internet. Es la segunda fuente de información en Venezuela, detrás de Noticias24, y el primer espacio de información y opinión del mundo bolivariano dentro y fuera del país. Los ministerios, Miraflores, los cuarteles y las embajadas usan a Aporrea como su fuente de información. Ese dato es suficiente para expresar un cambio en la vida política y la cultura periodística del país. Aporrea no es de papel, ni comercial-capitalista, pero tampoco se rige por el aparato de Estado, aunque colabore con él en la defensa de las conquistas de la revolución bolivariana. De allí la correcta demanda de los medios comunitarios de hacer una reforma urgente de la Ley de Servicios de Telecomunicaciones, que les otorgue por lo menos el 33% del espacio radioeléctrico. Un informe elaborado por la ex directora nacional de Medios, Sofía Viloria, mostró un mapa sorprendente. Tras la derrota del golpe aparecieron 1.136 medios de expresión organizada de distinto formato. A los dos años quedaban menos de la mitad, pero expresaron la respuesta política de masas al golpe y la liberación cultural de una parte de la sociedad venezolana. Ese fenómeno se consolidó en una veintena de medios comunitarios con arraigo de masas y un sistema nacional que los agrupa e identifica y unos 500 medios que conforman un mapa periodístico nuevo. El 5 de abril de 2012, se conformó el Sistema Nacional de Medios Comunitarios y Alternativos Fabricio Ojeda, que convive con el sistema de medios privados y el del Estado. En el último censo de medios se contabilizaron 530 medio comunitarios, 16 del Estado y unos 240 dedicados al lucro desde el sector privado. El reconocido intelectual venezolano, Luis Brito García, miembro del Consejo de Estado, llamó la atención sobre esa contradicción: a mayor tiempo del proceso, más medios del enemigo. Esta verdad debe ser configurada. En el mismo tiempo, los estatales y los comunitarios crecieron más en cantidad y calidad, y en el país se está conformando una nueva estructura de opinión pública. El Estado pasó de 2 a 16, los comunitarios de 5 a 530. El campo, muchas fábricas y barrios confirman esa novedad social. Allí donde los medios comunitarios son dominantes sobre los privados, el chavismo nunca baja del 60% en votos. El Estado y las empresas privadas de medios de Venezuela abandonaron el campo desde los 60. La causa es que era “poco rentable”. El costo lo están pagando ahora. Las radios comunitarias son las orientadoras de su nueva opinión pública. El resultado político es que el chavismo nunca baja sus votos del 60% promedio en cada elección desde 2000. Esto es menor en las fábricas, pero no hay fábrica bajo control obrero, o puestas en cogestión, que no cuente con una emisora de radio. Un informe elaborado por la agencia estatal AVN, emitido el 15 de abril de 2012, registra 247 FM comunitarias y 38 TV comunitarias en el país. El estudio de la ex directora de Medios, Sofía Vilora, cuenta que las 284 radioemisoras y canales de televisión comunitarios cubren unas 600 parroquias y barrios, sobre un mapa de unos 200 municipios del territorio nacional, o sea, alrededor del 60% de los municipios del país. En Venezuela funcionan 25 circuitos radiales, subsistemas de emisoras de radio construidas desde los 40, repotenciadas desde 1960. Cada circuito contiene dos o más emisoras asociadas. En total se calculan unas 430 emisoras funcionando en 20 Estados y territorios autónomos. La mayoría son de la derecha. En la ciudad Capital, 45 medios alternativos lograron alguna incidencia social segmentada por parroquias y barrios. De ese total, nueve emisoras de radio cuentan con amplio alcance. Casi todos los medios comunitarios, especialmente los mejores y más establecidos en franjas de la población, nacieron entre 2001 y 2005. Por lo menos 11 de los 16 medios gubernamentales aparecieron desde el año 2004 en adelante, o sea, cuando más del 80% de los medios comunitarios ya existían. Aporrea es un dato principal de ese proceso. Ernesto Villegas, actual ministro de Información, dijo en abril de 2012 que “quien no ha leído Aporrea, solo ha leído la mitad de la verdad”. Ese piropo refleja un aspecto clave de la actual vida social venezolana. En ese medio la información “en crudo” se renueva en espacio de minutos, además de ser el espejo nacional de las opiniones del movimiento bolivariano. Allí radica su credibilidad y su éxito. El presidente Hugo Chávez expresó muchas veces en televisión que Aporrea funcionaba como un regulador del gobierno. Su crecimiento fue inusitado. En 2009 era leído cada día por unas 40 mil personas, en forma directa. En 2013 cuenta con un poco más de 240 mil lectores cada 24 horas, según el contador Alexa.com Los comunitarios participan como factor organizador central en los simulacros militares de defensa desde 2008. Y desde 2003 estimularon el desarrollo de los comités de usuarios de medios de comunicación, organismos vecinales de regulación de contenidos. En 2009 funcionaron 1.110 comités de usuarios, aunque luego fueron menos. Brasil es el cuarto país más peligroso para los periodistas Por José Manuel Rambla. Otramérica internacional@miradasalsur.com Las amenazas y asesinatos de periodistas han encendido la luz de alarma en Brasil. Según los datos del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), el gran coloso emergente de América Latina también es el cuarto país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo, solo superado en este ranking por Siria, Somalia y Pakistán. Cuatro periodistas fueron asesinados en el país en 2012. Desde 1992, ya son 24. Para analizar este deterioro de la situación, se reunía esta semana en Brasilia el Grupo de Trabajo sobre los Derechos Humanos de los Profesionales del Periodismo, organismo creado el año pasado ligado al Consejo de Defensa de los Derechos de las Personas Humanas (Cdph). El objetivo de sus trece miembros es elaborar un diagnóstico de la situación y proponer las medidas necesarias de actuación. Para ello tienen seis meses de trabajo por delante y el análisis de unos 50 expedientes, en su mayoría relativos a amenazas a periodistas que investigaban presuntos casos de corrupción. Entre los casos analizados por el grupo están los de Mario Randolfo Marcos Lopes y Décio Sá, dos de los periodistas asesinados en 2012. Ambos comparten el mismo perfil de vulnerabilidad que caracteriza a la mayoría de las víctimas registradas: desempeño del trabajo en localidades relativamente pequeñas y ejercicio del periodismo a través de blogs independientes, sin la cobertura de los grandes medios. Randolfo trabajaba en el pequeño municipio de Vassouras, en el estado de Río de Janeiro. Allí había fundado la web Vassouras na Net desde donde denunciaba numerosas actuaciones de funcionarios corruptos. Una de sus más destacadas investigaciones fue la existencia de una supuesta red de sicarios vinculada a un ex responsable policial. El periodista sufrió el primer ataque en julio de 2011, cuando un pistolero entró en la redacción donde trabajaba y le disparó un tiro en la cabeza. Sin embargo, tras permanecer tres días en coma, Randolfo sobrevivió a un atentando por el que ninguna persona llegó a ser detenida. Los autores materiales e intelectuales del asesinato de Décio Sá, por el contrario, sí fueron detenidos. En este caso, el hecho de que Sá trabajase también en un periódico de gran tirada en el estado de Maranhão sirvió para dar mayor trascendencia mediática a su muerte. Sin embargo, no fue su trabajo en el diario O Estado do Maranhão, propiedad de la todopoderosa familia del presidente del Senado, José Sarney, el que provocó la reacción de sus asesinos. Sus investigaciones más comprometidas eran difundidas en el Blog de Décio, blog independiente que fundó en 2006. Serían sus exclusivas sobre el asesinato de un empresario local a manos de una red de prestamistas con lazos en el gobierno y la policía lo que le pondría en el punto de mira. Sá cayó asesinado a tiros en la terraza del bar Estrela do Mar, de São Luis, en la noche del pasado 23 de abril. En junio eran detenidoscomo responsables del crimen José Alencar y su hijo Glaucio, líderes del grupo de prestamistas investigado por el periodista, así como otras cinco personas, entre ellas un capitán de policía. Pero las amenazas no son el único problema que tienen que afrontar los periodistas brasileños. De hecho, según Reporteros Sin Fronteras, el país ha perdido 41 posiciones en el ranking de libertad de expresión, pasando a ocupar el puesto 108 en una lista de 179 países. A la violencia, se le suma una sutil “censura judicial” provocada por las querellas interpuestas contra periodistas por supuestos ataques a la privacidad, que en la práctica suponen cortapisas al ejercicio profesional. Según las estimaciones realizadas por CPJ, durante el pasado año los tribunales brasileños dictaron 191 órdenes obligando a eliminar contenidos publicados, generando así, a a juicio de muchos periodistas, una auténtica “inseguridad legal”. 03/03/13 Miradas al Sur GB