QUIEN NO SE BANCA UNA PRESIDENTA MUJER

¿Quién no se banca a una presidenta mujer? Por Sandra Chaher Está claro que con la presidenta hay un ensañamiento especial. Quienes trabajan en Noticias parecen no tolerar el ejercicio del poder por parte de una mujer. Por qué genera tanta inquietud una mujer poderosa que no está en pareja? ¿Qué se teme, que el poder que ejerce no tenga dique de contención, si es que ese pudiera ser el rol de un compañero? Algo potente emana de este tipo de mujeres que desata el sexismo social. Y la revista Noticias está ahí para captarlo. La presidenta Cristina Fernández fue agredida en los últimos años por los artículos de la revista por, supuestamente, padecer enfermedades mentales ("El enigma de Cristina. Trastorno bipolar y nuevo gobierno", 2006); ser maltratada por familiares y correligionarias/os ("El negocio de pegarle a Cristina", 2009); y tener una sexualidad desenfrenada ("El goce de Cristina", 2011). Aparte, claro, las críticas a lo que califican como falta de límites en el ejercicio del poder, que podemos conceder que es un cuestionamiento que podrían haber realizado también a un presidente varón. Pero está claro que con la presidenta hay un ensañamiento especial. Quienes trabajan en Noticias parecen no tolerar el ejercicio del poder por parte de una mujer. Pero si además esa mujer demuestra que puede ser autónoma en la toma de decisiones y la contención emocional, y no tiene una sexualidad fácilmente encasillable, eso es algo insoportable. El año pasado, la revista publicó una tapa sobre la sexualidad de la presidenta, "El goce de Cristina", que le valió a la editorial al menos dos causas judiciales por violencia mediática presentadas por legisladoras y funcionarias. En la nota, además de calificar a la presidenta como "autoritaria" y "procaz", se especula con el vínculo entre poder, sexo y soledad: cuanto más poder, más soledad y más necesidad de sexo que libere tensiones. Es bueno recordar acá a Marcela Lagarde y de los Ríos, filósofa mexicana, cuando habla de la soledad de las mujeres como una trampa del patriarcado: las mujeres fuimos educadas para compartir y estar con otros, le tememos a la soledad; y tampoco desde fuera se ve bien que estemos solas si eso implica fortaleza en lugar de vulnerabilidad. Una presidenta de luto, abatida e imposibilitada de gobernar probablemente habría sido un modelo mucho más digerible que la guerrera que tenemos al frente del país. La semana pasada la revista volvió a insistir con el mismo tema, pero en un tono más light que el año pasado, quizá para evitar repudios y juicios. A propósito del cumpleaños de la presidenta publicó otra tapa, "Los 60 de Cristina", en la que volvió a establecer la misma relación entre sexualidad, soledad y poder a partir de estudios que indicarían que, luego de la menopausia y de la exigencia social de la maternidad, el deseo de las mujeres estaría más libre. Ahora bien, las personas especializadas convocadas en la nota no dicen que liberarse signifique sexo desenfrenado, sino que la liberación puede no anclar necesariamente en la sexualidad, que el erotismo puede comenzar a manifestarse de formas no habituales hasta entonces, y que son muy diferentes las expectativas sociales para esta etapa de la vida puestas sobre mujeres y varones. Un artículo de la misma semana publicado en el suplemento LAS/12, del diario Página 12, ahondaba en la misma idea: luego de la menopausia es probable que la sexualidad cambie, quizá la penetración deja de tener un rol preponderante dentro del acto sexual –lo cual no quiere decir que dejen de interesar las relaciones sexuales en sí mismas, sino que hay que explorar nuevas dimensiones– y, sobre todo, quizá es un momento para sentirse menos presionada con las exigencias de belleza y rendimiento de la juventud. Pero el artículo de Noticias no va en esta línea, sino que propone la asociación entre sexualidad y poder. A la revista la inquieta si la presidenta se masturba, si está sola, si tiene deseos. Actos de la vida privada como la sexualidad pasan a ser, en los artículos de la revista, temas de Estado. Se mezclan las decisiones gubernamentales con los cambios de ánimo, los partes de salud y los estados civiles. El horóscopo chino es un tema destacado de la nota, lo mismo que el vestuario de la presidenta, a la par del panorama político 2013 con elecciones parlamentarias en medio. ¿Existirían estos comentarios si la presidenta fuera "el presidente"? ¿Habría sido tapa de revista cómo resuelve su sexualidad un presidente viudo? ¿Alguna vez la andropausia fue motivo de especulaciones en torno al poder? ¿Qué imagen de la mujer desata estas conjeturas? El artículo da una pista cuando dice que "la modernidad desarma a cada rato el prejuicio de que la menopausia femenina acaba con el deseo y el goce". Si así fuera, la presidenta debería ser protagonista de escenas sexuales, sola o acompañada, y la revista se regodea en esa especulación. ¿Hay alguna otra motivación para especular sobre la vida privada de las personas además del amarillismo? Probablemente no. Pero además, el argumento es misoginia pura: una mujer sola, en ejercicio del poder, ¿cómo se satisface? Una mujer "no puede" ser autónoma emocional y sexualmente y además gobernar un país. De semejantes proezas sólo es capaz un varón. "Sola" es una palabra repetida muchas veces en el artículo de Noticias. ¿Por qué pensar que la presidenta está sola y no que es autosuficiente? ¿Por qué cuestionar la continuidad del luto? ¿Será porque no se tolera a una mujer que contiene su duelo, mantiene el vínculo emocional con su familia, sigue mostrándose bella y a la vez gobierna? ¿O será que si ya hubiera abandonado el luto y tuviera otro novio, la criticarían igual porque lo que no se tolera es a una mujer en el poder? Infonews -------------------------------------------------------------------------------- GB

LA PROPIEDAD PRIVADA POR DANTE PALMA.

Lo que nos cuesta la propiedad privada Por Dante Augusto Palma Uno de los mantras del liberalismo de derecha en la actualidad es la exaltación de una presunta oposición entre Estado y libertad. Se dice que a más Estado, menos libertad de los individuos o que, cuanto menos Estado haya, más libres serán los ciudadanos. Como se verá a continuación, este punto de vista excede la discusión teórica y puede palparse en los diferentes debates acerca de la acción de los gobiernos. Tomemos algunos ejemplos. Cuando se discutían los porcentajes de los derechos de exportación que tanto molestan a las patronales del campo, aparecía con fuerza la idea de que el Estado confisca la ganancia legítima fruto del sudor de la frente de los productores individuales; algo similar surge cuando a una inspección de la AFIP se la llama “apriete” o cuando algunos cultores de los juegos de palabras la llaman “Gestapo-AFIP”. Ni que hablar si se toma el caso de la restricción a la venta de dólares o el enojo de turistas argentinos que desde Punta del Este se quejan de no poder viajar al exterior. En todos estos casos, entonces, el Estado aparece como el principal enemigo de la libertad individual. Ahora bien, si se repasan los ejemplos que acabo de dar, notará que se trata de casos vinculados a un Estado que interviene en la economía de los individuos y que se ha dejado de lado otras formas de intervención estatal. ¿Por qué hice ese recorte? Porque pareciera que este liberalismo que ulula desde la principales usinas mediáticas pide que el Estado no intervenga en la economía pero le exige que tenga completa intervención en otras áreas, como ser, por ejemplo, la protección del derecho a la propiedad. Esto hace que deba revisarse la definición inicial para observar que esta línea de pensamiento tan enraizada en el sentido común argentino, rezonga cuando el Estado le cobra impuestos pero también rezonga si el Estado no llena de policías la calle o no ejerce las tareas de control de servicios privatizados. Esta tensión es la que quiero desarrollar en estas líneas haciendo especial énfasis en la importancia que tiene la financiación del Estado para el otorgamiento de los derechos que la ciudadanía exige. Con esto pienso mostrar que el desfinanciamiento del Estado por el que tanto pregona cierto liberalismo deriva en la imposibilidad de poder cumplir con las exigencias mínimas que la Constitución nacional otorga a los ciudadanos. Así, lo que el relato opositor denomina “La Caja” no es otra cosa que la condición de posibilidad para garantizar no sólo los derechos sociales, generalmente presentados como clientelísticos, sino también esos “otros” derechos básicos que ciertas clases acomodadas entienden como básicos y obligatorios para cualquier Estado. Ahora bien, una buena manera de comenzar esta indagación puede ser ir en busca de referentes ideológicos que brinden herramientas y fundamentos para repensar esta problemática. Y para no realizar una selección que alguien pudiera afirmar como sesgada podríamos trasladarnos a algunas de las reflexiones de, probablemente, los dos más importantes pensadores argentinos del siglo XIX, aquellos que suelen ser reivindicados por el liberalismo y que discutieron fervientemente proyectos de país. Me refiero, claro está, a Sarmiento y Alberdi. ¿Qué pensaba cada uno de ellos acerca de la relación entre la recaudación en manos del Estado y los derechos ciudadanos? Si nos centramos en Sarmiento, siguiendo la línea de lo que ya había desarrollado en Argirópolis, en su Comentarios a la Constitución de la Confederación Argentina, este afirma taxativamente: “Todo poder tiene por base la renta”. En esta misma línea, Alberdi, en Estudios sobre la Constitución Argentina, indica: “Se puede decir que el artículo 4 de la Constitución y sus correlativos contienen la verdadera creación del poder nacional o federal. Es por el Tesoro únicamente como la autoridad, que en sí es un derecho abstracto, se vuelve un hecho real y práctico. No hay poder donde no hay finanzas: ellas son el ejército, la lista civil, la Marina, las obras públicas, el progreso, la paz; en una palabra: la autoridad”. Detrás de estas definiciones aparece con claridad la relación intrínseca entre recaudación y poder, relación que, en este caso, no responde al latiguillo de la acusación que un cierto republicanismo vacuo les hace a aquellos gobiernos que abogan por una recuperación de la iniciativa estatal. Más bien se está pensando en que no puede haber soberanía ni construcción nacional sin un mecanismo de recaudación de impuestos centralizada. ¿Es que acaso Sarmiento y Alberdi eran populistas y no lo sabían? No lo creo, más bien diría que tales definiciones deben comprenderse a partir de esa capacidad que ambos tenían: el poder complementar la proyección de modelos ideales sin dejar de soslayo la trágica historicidad de las necesidades de un territorio en construcción. Dicho esto, supongamos que advertimos la necesidad de circunscribir las afirmaciones de Sarmiento y Alberdi en el contexto de un espacio físico en el que se comenzaba a reconocer en Rosas el mérito de haber impuesto el orden. Aun aceptando eso, creo posible mostrar la importancia de un Estado fuertemente recaudador en los términos estrictamente republicanos por el que se transita en la actualidad. Dicho de otra manera, un Estado fuerte, con capacidad financiera, es central para que los Estados respeten los principios que sus propias constituciones exigen hoy. Esta es la hipótesis del libro El costo de los derechos, publicado por Stephen Holmes y Cass Sunstein en el año 1999 y reeditado recientemente en la Argentina. Si bien no se puede ubicar a los autores como parte de ideologías marxistas o populistas, el libro se ocupa de desarrollar varios aspectos muy útiles al momento de contribuir con varias de las discusiones que se dan en la Argentina hoy frente a la derecha neoliberal, o libertaria, como se la denomina en el mundo anglosajón. Para entrar en el núcleo del debate déjeme recordarle que este se da en el marco de una discusión interesante acerca de lo que se conoce como derechos de primera generación (derechos civiles y políticos), derechos de segunda generación (sociales y económicos) y derechos de tercera generación (acerca de las generaciones futuras, colectivos étnicos y medio ambiente). Las visiones más liberales afirman que los únicos derechos que un Estado debe garantizar son los derechos de primera generación pues no es posible costear una educación pública, libre y gratuita, una vivienda y un trabajo digno, un sistema de salud de libre acceso, ni reivindicaciones vinculadas a ayudas a grupos puntuales (como pueden ser grupos étnicos) o a la exigencia de un aire respirable para las generaciones futuras. Simplemente se necesita proteger la propiedad privada, la integridad física y la participación en elecciones para elegir representantes (en algunos casos ni siquiera esto último). Siguiendo esta lógica, la única razón de la intervención estatal radica en proteger ese núcleo de derechos básicos. En cuanto a los derechos de segunda y tercera generación se trata de reivindicaciones que deben quedar libradas a la lógica del mercado dado que supondrían una erogación injusta para algunos miembros de la sociedad. Dicho más fácil, para solventar el acceso a los derechos de segunda y tercera generación habría que sacarles a los que más tienen para darles a los que menos tienen. ¿Es correcto este argumento? Holmes y Sunstein dicen que no. ¿Pero cómo pueden justificar esta respuesta? Al fin de cuentas, ¿no resulta claro, si vamos a un ejemplo vernáculo, que una política como la Asignación Universal por Hijo supone una fuerte erogación por parte del Estado? Efectivamente. Eso resulta innegable. Pero la estrategia de los autores pasa por preguntar: ¿acaso los derechos civiles y políticos no suponen también una fuerte erogación? Pensemos en la seguridad. Hay que pagarles el sueldo a los policías; hay que equiparlos; hay que adquirir nueva tecnología y formarlos, para lo cual se necesitan instituciones, docentes, etc. Además hay que controlarlos para que no sean corruptos y que no abusen de su autoridad. Eso supone la creación de organismos de control que, para que sean eficaces, deben ser bien solventados. En palabras de los autores (y más allá de que el dato no esté actualizado, su elocuencia alcanza): “En 1992, por ejemplo, en Estados Unidos se gastaron alrededor de 73 mil millones de dólares –una suma mayor que el PBI de más de la mitad de los países del mundo– en protección policial y corrección criminal. Buena parte de ese gasto, por supuesto, se destinó a proteger la propiedad privada”. Pasemos ahora a la Justicia, aquella a la que recurren las corporaciones económicas y los ciudadanos de a pie cuando consideran que el Estado está afectando su propiedad. ¿Cuánto cuesta mantener a los jueces, sus secretarios, y los espacios físicos para guardar expedientes cuya finalidad es garantizar que se cumplan los derechos de cada uno de nosotros? ¿Y si hablamos de los gastos de Defensa más allá de que, por ejemplo, nuestro país no se encuentre, ni por asomo, ante una hipótesis de conflicto? A esto debemos agregar las inversiones en infraestructura para que, por ejemplo, un productor pueda transportar sus productos a menor costo o la inversión en tecnología para que existan canales donde poder expresarse con libertad, o asociarse; lo mismo sucede con la energía y con, probablemente, cada una de las pequeñas cosas que consideramos propias y fruto del esfuerzo individual pero que no podrían haber sido nunca llevadas adelante por una única persona. Porque ni siquiera el más recalcitrantemente liberal podría por sí mismo garantizarse todos los derechos civiles y políticos que reclama sin la existencia del Estado. Por último, ¿qué erogación supone cada acto eleccionario? ¿Cuánto cuesta controlar los padrones, pagarles a las autoridades de mesa o a los que trabajan en los centros de cómputos? ¿Cuánto costarían las máquinas para el voto electrónico que para algunos sería el remedio contra el clientelismo (más allá de que no puedan explicar bien por qué)? Por esto, me permito concluir con un último párrafo en el que los autores explican con claridad algo que la verba antiestatal debiera asimilar: “Debemos añadir a estas observaciones la proposición correlativa de que los derechos de propiedad dependen de manera excluyente de un Estado dispuesto a cobrar impuestos y a gastar. Defender los derechos de propiedad es costoso. Identificar con precisión la suma exacta de dinero dedicada a la protección de los derechos de propiedad plantea complejos problemas contables. Pero algo está claro: un Estado incapaz, en determinadas condiciones, de “apropiarse” de bienes privados tampoco podría protegerlos con eficacia (…) Al fin de cuentas, es posible que los derechos de propiedad le cuesten al tesoro público más o menos tanto como nuestros programas sociales”. De esto se sigue que sin recaudación, sin un Estado que tenga los recursos suficientes, no habría derechos de segunda y tercera generación pero tampoco de primera. Quizá muchos no se han dado cuenta de ello o quizá su modelo ideal sea vivir en territorios sin ley con custodia privada, donde la participación ciudadana y las elecciones periódicas sean sólo un artículo anticuado que yazca olvidado en las estanterías de un museo saqueado. Infonews

AMARILLO PRO

MACRI TRAZO UN PANORAMA DE LA CIUDAD QUE PARA LA OPOSICION NO EXISTE Pintó un cuadro amarillo PRO En su discurso para la apertura de las sesiones ordinarias de la Legislatura, el jefe de Gobierno repasó lo que considera sus logros de gestión y se planteó “desafíos”. Criticó al gobierno nacional y al del bonaerense Daniel Scioli. Por Werner Pertot Mauricio Macri habló durante 23 minutos, todo un record para lo que acostumbra.. Hay un lugar donde los sueños se hacen realidad: en el discurso que dio Mauricio Macri ante la Legislatura porteña. De traje azul y corbata gris, el jefe de Gobierno repasó las distintas áreas de la gestión, sobre las que trazó una pintura que los opositores encontraron sumamente optimista. “Macrilandia”, la bautizó uno de ellos. El líder del PRO prometió mejoras en la basura, las inundaciones y en el subte y no ahorró críticas al gobierno nacional y al de la provincia de Buenos Aires, aunque obvió mencionar a Daniel Scioli. También anunció que le enviará una invitación a la Presidenta para que asista a la reinauguración de la línea A del subte, que ya lleva cerrada tres meses. “Sueño con una ciudad llena de bicicletas”, fue, tal vez, su principal definición. Legisladores, funcionarios e invitados especiales bostezaban ya cerca de las 8.30 cuando Macri hizo su entrada. Luego del besamanos habitual, el jefe de Gobierno se sentó a dar su discurso a las 8.58. Se tomó 23 minutos para describir los últimos cinco años de gestión. El año anterior el discurso había durado 13 minutos. Como de costumbre, leyó todo de un texto preparado, lo que no lo salvó de cometer errores con la cantidad de policías de la Metropolitana. Con la mirada puesta en la campaña, Macri comenzó con un llamado al diálogo: “Eso que nos une es más importante que todo lo que nos puede separar. De nosotros depende que la Argentina que viene sea la del diálogo, la diversidad de ideas y la capacidad de disentir. Una sociedad donde se compita desde la virtud y no desde la chicana y la obstrucción”, les dijo a los legisladores. Luego se refirió a las medidas cautelares, que tanto le molestan cuando se dirigen a su gestión. “Estamos abiertos a opiniones distintas, pero judicializar la gestión no es el camino adecuado. Eso sólo demora las mejoras”, consideró. “Cada día más personas recurren a nuestro sistema de salud y educación, especialmente de la provincia de Buenos Aires, que está cada día más débil a la hora de dar respuesta.” Fue la primera crítica a Scioli, un eventual competidor por la presidencia en 2015. Macri propuso “ocho desafíos” para este año. 1. Una Red de Protección Social que integrará los distintos planes sociales “con una cobertura integral, transparente y sin clientelismo”. Su nombre será el último slogan de la gestión PRO: “En todo estás vos”. 2. Mejorar la calidad educativa. Macri les pidió que aprueben la ley que crea el Instituto de Evaluación. “Logramos salir del estado de emergencia edilicia”, opinó Macri. El gremio UTE-Ctera difundió en los últimos días datos que lo contradicen: once escuelas no pudieron comenzar las clases porque no están terminadas las obras, mientras que otras comenzaron con los edificios en pésimo estado. 3. Salud pública. “Estamos terminando una revolución de reequipamiento”, aseguró sin sonrojarse el jefe de Gobierno. 4. “Vamos a seguir desarrollando la zona sur. La planificación del Estado y el empuje de los vecinos volvieron a revitalizar barrios enteros”, sostuvo Macri. No arriesgó ejemplos concretos, pero sí dijo que planean “un proyecto estratégico de reparación histórica para los barrios de la Comuna 8”, que incluye a Villa Lugano, Riachuelo y Soldati. 5. “Una Ciudad Verde.” Lo dividió en los contratos de la basura, sobre los que reconoció que en estos cinco años les “costó encontrar el camino para empezar a reducir la basura”. “La Ciudad ya empezó y esperamos que comience también la provincia”, fue otra de las críticas para Scioli. “Lamentamos la decisión del gobierno nacional de no querer extender el predio del Ceamse a Campo de Mayo”, lanzó hacia el kirchnerismo. Sostuvo que el metrobús de 9 de Julio es “un medio menos contaminante y más económico”. Sobre la discusión por el traslado de los árboles, sólo acotó: “Sabemos que ha generado polémica”. También defendió las bicicendas e incluyó al subte en la política ambiental. Sostuvo que van a “avanzar en un proceso de modernización” y lanzó una advertencia a los sindicatos de trabajadores del subterráneo: “Esto debe ser acompañado en una mejora en los recursos humanos”. Macri ya había insinuado que el subte requería un recorte de trabajadores. En el discurso de ayer, no desarrolló el tema. “Voy a enviarle a la Presidenta una carta invitándola a la reapertura de la línea A”, anunció Macri. Fue la única sorpresa de su discurso. El sexto tema fue la Metropolitana y el séptimo, las inundaciones. El jefe de Gobierno optó nuevamente por culpar al gobierno nacional por el retraso de las obras en el arroyo Vega. El octavo desafío fue la “modernización” de los empleados públicos. Por último, Macri mencionó que “este año hay elecciones y espero que eso no nos saque las energías”. Sobre si decidirá que las elecciones porteñas sean unificadas o separadas de las nacionales, no dio ninguna pista. gb

LA OPO SE OPONE

CUESTIONARON CASI TODO LO QUE DIJO CRISTINA FERNANDEZ DE KIRCHNER SOBRE LA GESTION KIRCHNERISTA Entre los opositores jugaron a oponerse Los principales reproches fueron los vinculados con la inflación y la política de seguridad. Aunque consideraron positivos algunos de los cambios propuestos para el Poder Judicial, alertaron sobre el supuesto avance del oficialismo sobre la Justicia. Por Sebastian Abrevaya Tras casi cuatro horas de discurso, el arco opositor criticó la mayoría de los temas que abordó la presidenta Cristina Fernández, puntualmente los referidos a la “década ganada” de la gestión kirchnerista y en especial los vinculados con la inflación y la política de seguridad. Respecto de las iniciativas referidas a la democratización de la Justicia, legisladores de la UCR, el FAP y el PRO, entre otros, consideraron positivos algunos proyectos, como el acceso por sorteo a los cargos del Poder Judicial y la publicación de las declaraciones juradas de sus funcionarios. Sin embargo, fueron muy críticos de las iniciativas más complejas, como la reforma del Consejo de la Magistratura, y alertaron sobre el avance del Poder Ejecutivo sobre la independencia de la Justicia. “Fue un discurso tedioso en el que evitó hablar de actualidad, de la inflación, la caída del empleo. No hubo ninguna mención concreta a la inseguridad, más allá de la pelea doméstica”, arrancó el jefe de la bancada radical, Ricardo Gil Lavedra, en referencia a las críticas de la Presidenta a quienes “utilizan la seguridad como instrumento político” y no como “una preocupación real de toda la ciudadanía”. En la misma línea se expresó Claudio Lozano, de Unión Popular. Según el economista e integrante del Frente Amplio Progresista, el discurso tuvo una parte dedicada a la campaña electoral. “La inflación, el estancamiento de los que no llegan a fin de mes ni que tres de cada diez hogares son pobres. Habló más de pasado que del presente y del futuro”, insistió Lozano, quien insistió en las críticas a la Presidenta por el acuerdo con Irán y la falta de avances en la pista local de los atentados a la Embajada de Israel y la sede de la AMIA. Desde el peronismo disidente, el presidente del bloque de diputados de ese espacio, Enrique Thomas, consideró que fue un discurso “alejado de la realidad y de lo que la mayoría de la gente quiere escuchar”. “Por momentos parecía que la Presidenta se confundía y leía el discurso de apertura de las sesiones legislativas de Suiza”, ironizó el diputado mendocino. El socialista Juan Carlos Zabalza, referente del ex gobernador Hermes Binner en el Congreso, consideró “superficial” el análisis sobre la inseguridad y le recriminó que no hiciera ninguna mención “al crecimiento del narcotráfico” en la Argentina. El gobierno socialista de Santa Fe le achacó a la administración nacional el problema del narcotráfico en esa provincia, donde por enfrentamientos entre bandas murieron militantes del Movimiento Evita. Aunque no asistió a la apertura de sesiones, Elisa Carrió no se perdió la oportunidad de opinar sobre el discurso oficial. La diputada de la Coalición Cívica consideró que “esta es la kirchnerización final de la Justicia” porque la “corporación camporista se va a hacer cargo de las Cámaras de Casación para controlar a todos los jueces y garantizar impunidad”. De esta manera cuestionó la propuesta de crear tres Cámaras de Casación en los fueros Civil y Comercial, Contencioso Administrativo y Previsional Laboral. “Si esto no es fascismo, ¿el fascismo dónde está? Vamos a dar la batalla para defender a la Justicia y espero que esta vez el pueblo nos acompañe, porque sin Justicia no hay vida ni libertad”, concluyó la diputada chaqueña. El peronista Gustavo Ferrari consideró que las reformas propuestas al Consejo de la Magistratura “pueden ser inconstitucionales”. En su discurso la Presidenta propuso que los magistrados, abogados y académicos que integren el órgano encargado de la selección y evaluación de los magistrados sean electos mediante el voto popular. Los radicales advertían, además, que si se hace junto a las elecciones nacionales, el Consejo corre el riesgo de quedar en manos de la mayoría política, cuando su espíritu original lo colocaba alejado de la voluntad mayoritaria circunstancial. “Para los tres Poderes y el Poder Ejecutivo tendría que permitir el acceso a la información pública, derogar los superpoderes que le permiten mover partidas de un lado a otro y reglamentar la publicidad oficial”, señaló Paula Bertol, del PRO, en referencia al proyecto para difundir las declaraciones juradas de los magistrados y la creación del Registro de Causas y Publicidad, donde se pueda conocer el trámite de los expedientes judiciales. Desde el FAP, Lozano rescató varias iniciativas, como el acceso por sorteo a los cargos del Poder Judicial y la publicidad de las declaraciones juradas, entre otras medidas que apuntan a desarticular los “privilegios oligárquicos”. Por otro lado, varios legisladores opositores compartieron el criterio de la presidenta Cristina Fernández respecto del pago de ganancias por parte de los jueces. Si bien no presentó un proyecto, la Presidenta trasladó el tema a la Corte Suprema, recordándole que fue mediante una acordada de 1996 que quedaron eximidos de ese impuesto. 02/03/12 Página|12

CRISTINA NO QUIERE RULOS POR ALBERTO DEARRIBA

Como dos años atrás, Cristina no quiere rulos Por Alberto Dearriba Durante un discurso de casi cuatro horas, la presidenta negó que impulse una reforma constitucional. Al inaugurar por sexta vez consecutiva un nuevo período de sesiones ordinarias del Parlamento, la presidenta Cristina Fernández desalentó la posibilidad de una nueva postulación presidencial, tal como lo había hecho dos años atrás en el mismo escenario, cuando pidió a los legisladores que "no se hagan los rulos" sobre un intento de reforma constitucional que le permitiera postularse en 2015. En aquel momento, el Grupo A, constituido por los legisladores de todo el arco opositor tras la derrota kirchnerista de 2009, bloqueaba proyectos del Ejecutivo. "¿Cómo voy a intentar una reforma constitucional (que requiere los dos tercios) si no he podido lograr que me aprueben el Presupuesto", que exige la mitad más uno de los votos. Con esa frase, la presidenta estaba admitiendo en realidad que una eventual re-reelección no depende sólo de un deseo, sino de las circunstancias políticas. En verdad, ese no existe hoy. Pero el partido final se juega en la elección legislativa de octubre. Ayer volvió a mentar la cuerda en la casa del ahorcado, cuando anunció que enviará un proyecto para reformar el Consejo de la Magistratura. En ese momento, la presidenta pareció advertir algún gesto de sospecha en las bancas y enseguida se atajó: "Quédense tranquilos que no se va a hacer ninguna reforma constitucional." Quienes creen que la mención no debe ser tomada definitivamente, recuerdan además que cuando en marzo de 2011 utilizó la parábola de los rulos, también había interrogado al recinto colmado: "¿Alguno me ha escuchado decir que voy a ir a la reelección en 2011?" Como es público y notorio, poco después se produjo la reelección con 12 millones de votos. Durante el ritual democrático de ayer, la presidenta tenía frente a sí más legisladores del Frente para la Victoria que los que había en 2009, cuando no le aprobaban siquiera leyes básicas para la gestión. Sin embargo, está lejos de los dos tercios exigidos para declarar la necesidad de la reforma en Diputados y en el Senado. Es más, en la Cámara Baja, el presidente del bloque oficialista, Agustín Rossi, debió trabajar duro en la semana para reunir el quórum que le permitió finalmente aprobar el memorando de entendimiento con Irán. Las reticencias y críticas registradas durante el debate parlamentario en ambos cuerpos legislativos demostraron en realidad la desconfianza y los prejuicios que los opositores tienen frente al gobierno, ya que las sesudas exposiciones fueron desbaratadas ayer por la propia presidenta que recordó que las causas por los atentados a la AMIA y a la Embajada de Israel se encuentran empantanadas desde hace más de 20 años. Nada se pierde con intentar una variante para sacarlas del letargo judicial, dijo, con sentido común. A pocos metros de Cristina estaba sentado el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, que el martes pasado inauguró el año judicial en un acto que no contó con la presencia de funcionarios de fuste del Ejecutivo y que se realizó el mismo día que comenzó el encuentro de magistados, fiscales y académicos reformistas, reunidos en torno del documento "Justicia legítima". Lorenzeti se mostró entonces proclive a aceptar cambios en el Poder Judicial "en beneficio del pueblo", pero con la delicadeza de quien camina sobre huevos, el titular también advirtió que la Corte Suprema de Justicia debe ser custodia de la Constitución, ya que "las mayorías han tomado decisiones inconstitucionales" como apoyar el Holocausto y el terrorismo de Estado. Con equidad, repartió además sutiles dardos hacia el gobierno, la oposición y la interna. Dijo que la Corte "nunca le dijo al poder político lo que tiene que hacer", y tras mostrarse a favor de que los jueces paguen el Impuesto a las Ganancias, le tiró la pelota al Congreso para que sancionen una ley que lo establezca. Algo parecido hizo cuando se refirió a que también era un problema del Parlamento producir las reformas necesarias para acelerar las causas. Cristina criticó durante su discurso las demoras que tornan injusta a la justicia, cuestionó excarcelaciones que permitieron que los condenados volvieran a delinquir y contradijo a Lorenzetti al precisar que no es necesaria una norma del Congreso para que los jueces paguen Ganancias, ya que existe una ley que blandió en su mano izquierda. Recordó que, en realidad, los magistrados no pagan el gravamen por una acordada del máximo tribunal cuando era presidido por el riojano Julio Nazareno, que rechazó la ley del Parlamento y que evitó que los jueces paguen como cualquier hijo de vecino. Cristina echó nafta al fuego democratizador y anticorporativo al recordar que las dictaduras cerraron el Parlamento y echaron a presidentes y gobernadores, pero no tocaron a los jueces. Y estimuló la hoguera, cuando dijo que a los políticos les cuentan las costillas con las declaraciones juradas pero a los jueces no, por lo cual enviará al Congreso un proyecto para que los integrantes de los tres poderes publiquen en Internet sus declaraciones juradas. Tras 30 años de democracia, el Poder Judicial mantiene un sesgo poco transparente y corporativo que exige cambios. No es cuestionable que se impulse el voto a los miembros académicos y abogados del Consejo de la Magistratura, pese a que generará seguramente no pocas defensas corporativas. Pero es cierto que las modificaciones son promovidas después de los roces producidos por los fallos de la Corte sobre las cautelares que benefician a Clarín, los juicios por ajustes en las jubilaciones, el reparto de la publicidad oficial y la aplicación de la ley de glaciares. La presidenta también le envió un mensaje a la justicia estadounidense, al exhortar a los gobiernos del Planeta y a los organismos internacionales como el G-20, a evitar que los fondos buitre sumerjan en la pobreza a los pueblos de naciones como España, Grecia e Italia, que afrontan la posibilidad de tener que reestructurar sus deudas soberanas como lo hizo la Argentina en 2001. La situación planteada a la Argentina por los fondos buitre, constituye un leading case, y si el tribunal neoyorquino avalara el reclamo de pago del ciento por ciento de esos títulos, cualquier reestructuración futura de deuda soberana, se convertiría en un tembladeral, ya que podría ser cuestionada en la justicia. Mientras la presidenta pronunciaba su extenso discurso, la Cámara de Apelaciones de Nueva York pidió que la Argentina precisara la forma de pago que propone a los holdouts. La presidenta respondió en el recinto: la Argentina no violará las leyes nacionales que en 2005 y 2006 consagraron el pago de las deudas en default con un 70% de quita. Dijo que superar esa oferta sería una estafa contra el 93% de los acreedores, para beneficiar al 7% que no aceptó. Como ejemplo de la irracionalidad de los fallos del juez Giessa, señaló que los jueces que entienden en quiebras de empresas avalan acuerdos de pagos con porcentajes menores de aceptación a los que logró el gobierno kirchnerista. Con claridad, la presidenta subrayó que la Argentina pagará sus obligaciones del mismo modo y en los mismos plazos que los aceptados por el 93% en 2005 y 2006. Pero recordó la frase de Kirchner en una Asamblea de Naciones Unidas: "Los muertos no pagan." Infonews gb

MUCHOS MENSAJES EN UNO, POR MARIO WAINFELD.

Muchos mensajes en uno Por Mario Wainfeld Algo más de tres horas y media habló la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Entró en el tramo más sustancioso recién cuando habían transcurrido más de dos horas. Fue cuando comenzó a hablar del juicio de los fondos buitre en los tribunales de Nueva York. La ración más sustanciosa, el crescendo conceptual y emotivo llegó al final: cuando la mandataria anunció un paquete de proyectos de ley referidos al Poder Judicial. Cambiemos, pues, el orden de los factores y comencemos por ese “capítulo”, el que levantará, con toda lógica, más polvareda. La presidenta Cristina Kirchner “tituló” el tramo con su expresión-consigna “democratizar la Justicia”. Y usó como sinónimo “Justicia legítima”, una suerte de saludito a las jornadas realizadas en la Biblioteca Nacional, que quizá sean la inauguración del cambio cultural de los tribunales, encarado “desde adentro”. El proyecto más llamativo es la reforma del Consejo de la Magistratura. El ente es un engendro creado por la Constitución de 1994, por lo que toda reforma legislativa debe respetar sus pilares. Máxime si se toma en cuenta que la Presidenta advirtió que “no se va a reformar ninguna Constitución, que se olviden”. La tremenda novedad es que los consejeros, que seguirán representando a distintos estamentos de letrados (abogados, jueces, académicos), serán elegidos a través del voto popular. Sin entrar en detalles, la oradora indicó que habrá reglas de proporcionalidad, que implican la saludable participación de las minorías en el organismo. El debate que se viene y el texto completo del proyecto ayudarán a definir una idea más precisa. Con el título y el sesgo, el cronista opina que se ha encontrado un modo interesante y democrático de destrabar al Consejo, que funciona mal desde sus inicios. El empate relativo de los últimos años le agrega lentitud e ineficacia, que parecen formar parte de su esencia. Politizarlo es una salida audaz y correcta. Al fin y al cabo, contra los lugares comunes en boga, el nombramiento y la destitución de los jueces son medidas políticas. La composición actual del cuerpo sobrerrepresenta a corporaciones de baja convocatoria. Las corporaciones de abogados y de jueces son, intrínsecamente, minoritarias, lo que posibilita que grupos medianamente organizados hablen en nombre de conjuntos que les son ajenos. - - - Era y es imperioso desalentar o hasta prohibir las “cautelares fáciles” que existen desde hace añares y que se hicieron plaga en tiempos recientes. El proyecto oficial (que, también, deberá ser leído con minucia cuando se difunda) apunta a eliminar las medidas tomadas en juicios patrimoniales contra el Estado. Tal como se blanden ahora, las cautelares son un atajo para conseguir algo equivalente a una sentencia anticipada sin “arriesgarse” a las peripecias del juicio de fondo. La Presidenta aludió a casos en que un juez subrogante (suplente, en esencia) decreta una cautelar de formidables consecuencias y luego se deshace del expediente. Mencionó juicios por reajustes de salarios de uniformados. “Un negoción”, cifró sin equivocarse. Una reforma insinuada del Derecho administrativo y la creación de tres nuevas Cámaras de Casación completan el paquete que, conociendo al kirchnerismo, tiene la tinta fresca y entrará a todo tren en el Congreso. Dada la actual composición de las dos Cámaras, lo más factible es que la iniciadora sea la del Senado, donde la mayoría kirchnerista es más cómoda. - - - El Parlamento, en cambio, no intervendrá en una de las polémicas más recurrentes: si los jueces deben pagar Impuesto a las Ganancias. Cristina explicó que esa carga está legislada debidamente, pero frenada por una acordada de la Corte Suprema menemista. Por lo tanto, no hay perspectiva de reformar legalmente lo que ya existe... Claro que la Presidenta colocó la pelota en el campo de la Corte. Ella sí puede restaurar la igualdad ante la ley y los impuestos. En la Biblioteca, cuestionar la canonjía fue un tópico dominante (no unánime). Lorenzetti se ha pronunciado por abolirla, también lo hizo su colega Eugenio Raúl Zaffaroni. Cristina exhumó que la suprema Carmen Argibay hizo lo propio cuando defendió su pliego ante el Senado. Con esos precedentes, a la Corte le costará seguir haciéndose la distraída, aunque nada es imposible cuando se trata de defender la propia hacienda. - - - La Presidenta se explayó sobre el juicio de los buitres ante la Cámara de Nueva York. Fue casi simultáneamente con un reclamo de ésta: que el Estado argentino precise cuál es la oferta de pago que hace a los demandantes. Cristina anticipó el nudo de la respuesta que deberá presentarse, con los tecnicismos del caso, hasta el 29 de marzo: “Pagar, pero no en mejores condiciones que al resto de los bonistas”. Sería una estafa a éstos y una violación de la ley nacional, acotó. Además, el riesgo de una sentencia desfavorable excedería largamente a la Argentina, en una etapa signada por reestructuraciones de deuda soberana en muchos países del centro del mundo. La Presidenta apeló a la sensatez de los jueces tanto como a la de los gobernantes de otras naciones. El riesgo sistémico también puede impactarlos, alertó. Subrayó que la Argentina honra la deuda, que seguirá haciéndolo en dólares como hasta ahora, un dato clave para los mercados, que suelen ser histéricos como divas e igualmente manipuladores. - - - La defensa del memorándum de acuerdo con Irán llevó un buen rato. La expositora evocó el atentado a la Embajada de Israel, totalmente impune. Y repasó su trayectoria en la comisión bicameral que investigó el atentado a la AMIA. Hizo gala de su largo compromiso, ése fue uno de sus puntos fuertes. El otro es que nada puede empeorar: el expediente está arrumbado desde hace años, y sin las indagatorias seguirá vegetando. “¿Qué es lo peor que puede pasar?”, indagó. Su respuesta es: que todo quede como está. El cronista acuerda con esa lectura, agregando una salvedad. Que no pase nada apocalíptico (como vaticinan los opositores o las autoridades de AMIA y DAIA) ni provechoso es el desenlace más factible. Si persistiera, pues, la impunidad que rige hoy, el Gobierno podría pagar un costo político mayor al que hubiera padecido si proseguía con otras gestiones encomiables, que se volvieron testimoniales. La respuesta de la Presidenta es resaltar su voluntad: “¿Cómo no intentar?”. Los reproches a algunos dirigentes de la colectividad (Rubén Beraja, sin dudas, aunque no fue nombrado), a la pasividad del Estado de Israel por el atentado a la embajada y a la Corte noventista redondearon el cuadro. Cristina Kirchner rechazó las acusaciones de estar urdiendo acuerdos nucleares con Irán. “Argentina es líder en no proliferación nuclear”, argumentó. E hizo hincapié en la paz como objetivo y como realidad del país y de la región. - - - Bautizó “la década ganada” a los diez años transcurridos desde 2003. La frase dará lugar a cruces, chicanas y afirmaciones de identidad. Se esmeró en ser menos dura que otras veces con los opositores: alabó más de una vez al ex presidente Raúl Alfonsín, les hizo guiños en el discurso a los radicales Ernesto Sanz y Ricardo Gil Lavedra, mencionándolos amablemente. Dio en el clavo porque tocó puntos de consenso: el senador y el diputado boina blanca sonrieron de buen talante. También hubo remembranzas respetuosas al trabajo cumplido en la Bicameral por los entonces diputados Melchor Cruchaga (un dirigente digno, coherente y laburador, ya fallecido) y Marcelo Stubrin. A ambos los mentó por su apellido a veces y en otras por su nombre de pila, señal de afecto y de cercanía. A Daniel Scioli lo atendió en un par de párrafos. Puso en los gobernadores la responsabilidad por la seguridad provincial, desligando a los intendentes. Y fue severa con quienes “hunden la cabeza como el avestruz” ante los problemas y se arropan con la protección mediática. No lo mencionó con nombre y apellido, pero el destinatario era indudable. El intendente Sergio Massa tuvo un trato parecido, una crítica afilada, pero sin nombrarlo. Habló dos veces de la reforma constitucional: la citada antes y cuando explicó que era imposible crear un Tribunal Constitucional sin ella. Los exégetas de palacio se dividirán: los que creen que la enunciación fue de tono general, una suerte de renuncia a la re-re. Y los que piensan que salió, nada más, a desmentir a quienes vaticinaban que la “democratización de la Justicia” es un engaña-pichanga, un caballo de Troya para colar la reforma. Otra alusión llamó la atención del cronista. La Presidenta pensó en voz alta que ciertas revelaciones encriptadas en la investigación por el atentado a la AMIA podrían develarse en “las memorias”, como si estuviera escribiéndolas o pensara en hacerlo. - - - No leyó, es su inveterada costumbre. Sí acudió a nutridos machetes con cifras, muñidos por ministerios y secretarios. Sólo se enredó la lengua una vez, cuando quiso decir “amesetamiento”. En un rapto de entusiasmo (repetido en sus discursos más cercanos) dijo “garpar” por pagar. Casi de inmediato se excusó por el lenguaje impropio. Sus adversarios dirán que habló demasiado del pasado y que no cubrió una agenda completa. Tendrán su dosis de razón. También es cierto que la Presidenta no es nunca una oradora protocolar ni hueca. Abre polémicas y nuevos escenarios, genera agenda. Desde luego, el futuro de los argentinos y su propia legitimidad dependen de muchas cuestiones no aludidas o tocadas tangencialmente. La inflación, la puja distributiva, el control de precios, la reducción de la informalidad laboral son apenas un puñado de ellas. El Gobierno no las ignora, aunque conocerlas no baste para resolverlas. De momento, el oficialismo conserva iniciativa, la Presidenta es la única líder política con proyección nacional. El futuro, claro, es abierto y no está irrevocablemente escrito, cuando empieza a irse el verano. mwainfeld@pagina12.com.ar 02/03/12 Página|12

LA APERTURA.

"LA ULTIMA DECADA MARCA UN RUMBO DIFERENTE" Cristina: "Proponemos que el Consejo de la Magistratura sea elegido por el voto popular" Al inaugurar el 131 período de sesiones ordinarias, la Presidenta aseguró que “vengo a dar cuenta del estado de la Nación y a inaugurar las sesiones de este maravilloso Parlamento argentino, que coincide con dos aniversarios muy sensibles: los 30 años de la recuperación de la democracia, que nos permitió recuperar el derecho a la vida que nos había arrebatado el terrorismo de Estado, y el 25 de mayo vamos a cumplir 10 años en que un hombre, sentado en este mismo lugar (por Néstor Kirchner), daba comienzo a un proyecto político abarcativo a toda la Nación, y comenzado una lucha por la igualdad y el desarrollo económico“Quiero saludar a todas las fuerzas políticas de origen democrático por haber acompañado la recuperación de tantos derechos”, agregó. En la primera referencia al Poder Judicial, Cristina Kirchner cuestionó la demora de las causas contra los funcionarios públicos, que se convierten "casi en rehenes". "Lo digo porque alguien es culpable o inocente y punto. Tiene que ser culpable o inocente y punto. Rápido. Porque esa es la verdadera justicia", advirtió. CFK adelantó que enviará al Congreso proyectos de reformas para "hacer una profunda democratización" en el Poder Judicial, ya que "nunca fue modificada ni derribada ni siquiera durante los golpes militares". La Presidenta resaltó que la elección de los consejeros "está en absoluta regla con lo que establece la Constitución", por lo tanto "no vamos a modificar ninguna Constitución". Además, la mandataria denunció que las medidas cautelares se transformaron en "una verdadera distorsión del derecho, en fuente de injusticia, de inequidad y denegación de justicia". La jefa de Estado aseguró que "desarrollo y crecimiento" es el resumen de los 10 años de modelo kirchnerista y destacó que "se siguió acentuado a pesar de que en 2008 el mundo se derrumbó y que la crisis económica continúa". Además, la mandataria resaltó que "estamos en el proceso de crecimiento económico más grande de la historia argentina" y repitió la imagen de "década ganada", sobre la que aclaró: "No es en términos electorales ni partidarios sino de recuperación social, económica y cultural de los 40 millones de argentinos". La Presidenta comenzó a repasar los datos más duros de la gestión al asegurar que son "el testimonio" del desarrollo alcanzado. Por ejemplo, la jefe de Estado indicó que en la última década se registró "el más alto número de personas empleadas con seguro social de los últimos 38 años". Y destacó que el crecimiento se está dando "con inclusión social", mientras que "en otras épocas habíamos crecido pero con gran exclusión social y, en mi opinión, no podía hablarse de crecimiento porque sólo favorecía a unos pocos", afirmó. En la misma línea, Cristina indicó que se crearon "500 mil puestos laborales por año" y "se logró reducir un 67 por ciento los desocupados". "Llegamos al 6,9 de desocupación en el último trimestre 2012, acercándonos al 6,7 del 2011, récord histórico", subrayó. También destacó que el salario mínimo creció "un 1038 por ciento" y desafió: "Midánlo con el índice que quieran, pero jamás tuvimos una recuperación tan importante". Además, la mandataria resaltó a diferencia de los 2800 pesos de salario mínimo actual, "cuando ese hombre (por Néstro Kirchner) se sentó aquí, los trabajadores ganaban 250 pesos por mes". "Hoy tenemos el mejor salario de América latina", remató. La jefa de Estado resaltó "la recuperación de los haberes de jubilados y pensionados que fue reafirmado con la recuperación de las AFJP". En ese momento, Cristina criticó a los diputados y senadores que cuestionaron la propuesta de movilidad jubilatoria propuesta por el oficialismo ya que "hoy podemos hablar de haber incluido a más de 2 millones de trabajadores". En el mismo sentido, destacó la labor de la ANSES desde la recuperación de las AFJP y pidió: "Que a ningún otro legislador lo quieran convencer de que lo privado es mejor que lo público. Lo que hay son malos administradores. Terminemos con esta ridiculez", agregó. "Me voy a jugar la vida para no volver a descender en la escalera a ese infierno" La Jefa de Estado finalizó su discurso recordando las palabras del expresidente en la apertura de la Asamblea legislativa de 2006. Cristina leyó el inicio de aquel discurso de Néstor Kirchner, en el cual decía que "es preciso siempre recordar de qué situación venimos. Vamos de a poco superando con esfuerzo lo que constituyó la peor crisis de nuestra historia. Vamos escalando peldaño a peldaño lo que ha sido y todavía es el calvario de la Argentina. Venimos del infierno, intentando todavía salir, por eso debemos actuar con memoria". En aquella oportunidad Kirchner había agregado que "deberemos repasar los hechos que marcan con toda contundencia, a veces, cuánto hemos avanzado; otras veces, cuánto nos falta recorrer y, otras tantas, cuánto cuesta reconstruir lo que ha sido destruido. "La propia naturaleza de los problemas que hoy enfrentamos nos marca que el rumbo ha sido el correcto y nos marca, también, que el esfuerzo debe ser continuado. Nuestras crisis recurrentes han obstaculizado la permanencia de las políticas correctas y han impedido que se continúe un mismo rumbo. No queremos volver al pasado Queremos con memoria, verdad y justicia construir las bases de un sólido futuro". Al finalizar la lectura de aquel fragmento, Cristina aseguró que "en estos siete años hemos subido muchos peldaños y creo que hemos salido del infierno". "Quero decirles que en nombre de él, de los que ya no están, de todos ustedes, y de los 40 millones de argentinos, que me voy a jugar la vida en no volver a descender en la escalera a ese infierno. Debemos hacer un inmenso esfuerzo para no volver nunca más a ese lugar del que él nos saco", finalizó la Presidenta. "Queremos la soberanía de Malvinas con paz" La presidenta Cristina Kirchner, al referirse a la disputa con Gran Bretaña por la soberanía de las Islas Malvinas, resaltó que "la diplomacia es el único camino para defender la paz y es el valor del que nadie está hablando". "La soberanía la queremos pero la queremos con paz, porque no tuvimos nada que ver los argentinos con esa dictadura" que llevó adelante la guerra en 1982. La jefa de Estado destacó el respaldo de la Unasur, la Celac y de la Cumbre América del Sur-Africa (ASA) y reclamó "en nombre de todos los argentinos" que las autoridades británicas se sienten a dialogar "como ordenan las resoluciones de la ONU". "No pedimos que nos den la razón, simplemente sentarnos a dialogar", insistió. "¿Cómo se entiende que hayan aceptado dialogar con genocidas y no lo hagan con gobiernos democráticos elegidos por el pueblo? Gobiernos democráticos que son tomados como ejemplo en materia de derechos humanos en todo el mundo", advirtió. Homenaje al Operativo Cóndor Antes de inaugurar el 131 período de sesiones ordinarias, la presidenta Cristina Fernández inauguró una vitrina que contiene una de las siete banderas argentinas que flamearon en Malvinas en septiembre de 1966, cuando un grupo de argentinos lograron hacer pie en las islas. El recordatorio quedará ubicado en el medio del Salón de los Pasos Perdidos, de espaldas a la puerta que comunica con la Cámara de Senadores. Los que faltaron Los diputados Elisa Carrió y Jorge Yoma, más los senadores Carlos Reutemann y Carlos Menem, se ausentaron en el Congreso de la Nación para la apertura del 131° período de sesiones ordinarias del Parlamento. "La Asamblea del 1 de marzo es un acto institucional, por eso mientras sea utilizada como un espectáculo en una cancha de fútbol no voy a asistir por respeto a la República y a la Constitución", se justificó Carrió. GB