sábado, 2 de marzo de 2013
CRISTINA NO QUIERE RULOS POR ALBERTO DEARRIBA
Como dos años atrás, Cristina no quiere rulos
Por Alberto Dearriba
Durante un discurso de casi cuatro horas, la presidenta negó que impulse una reforma constitucional.
Al inaugurar por sexta vez consecutiva un nuevo período de sesiones ordinarias del Parlamento, la presidenta Cristina Fernández desalentó la posibilidad de una nueva postulación presidencial, tal como lo había hecho dos años atrás en el mismo escenario, cuando pidió a los legisladores que "no se hagan los rulos" sobre un intento de reforma constitucional que le permitiera postularse en 2015.
En aquel momento, el Grupo A, constituido por los legisladores de todo el arco opositor tras la derrota kirchnerista de 2009, bloqueaba proyectos del Ejecutivo. "¿Cómo voy a intentar una reforma constitucional (que requiere los dos tercios) si no he podido lograr que me aprueben el Presupuesto", que exige la mitad más uno de los votos. Con esa frase, la presidenta estaba admitiendo en realidad que una eventual re-reelección no depende sólo de un deseo, sino de las circunstancias políticas. En verdad, ese no existe hoy. Pero el partido final se juega en la elección legislativa de octubre.
Ayer volvió a mentar la cuerda en la casa del ahorcado, cuando anunció que enviará un proyecto para reformar el Consejo de la Magistratura. En ese momento, la presidenta pareció advertir algún gesto de sospecha en las bancas y enseguida se atajó: "Quédense tranquilos que no se va a hacer ninguna reforma constitucional."
Quienes creen que la mención no debe ser tomada definitivamente, recuerdan además que cuando en marzo de 2011 utilizó la parábola de los rulos, también había interrogado al recinto colmado: "¿Alguno me ha escuchado decir que voy a ir a la reelección en 2011?" Como es público y notorio, poco después se produjo la reelección con 12 millones de votos.
Durante el ritual democrático de ayer, la presidenta tenía frente a sí más legisladores del Frente para la Victoria que los que había en 2009, cuando no le aprobaban siquiera leyes básicas para la gestión. Sin embargo, está lejos de los dos tercios exigidos para declarar la necesidad de la reforma en Diputados y en el Senado. Es más, en la Cámara Baja, el presidente del bloque oficialista, Agustín Rossi, debió trabajar duro en la semana para reunir el quórum que le permitió finalmente aprobar el memorando de entendimiento con Irán.
Las reticencias y críticas registradas durante el debate parlamentario en ambos cuerpos legislativos demostraron en realidad la desconfianza y los prejuicios que los opositores tienen frente al gobierno, ya que las sesudas exposiciones fueron desbaratadas ayer por la propia presidenta que recordó que las causas por los atentados a la AMIA y a la Embajada de Israel se encuentran empantanadas desde hace más de 20 años.
Nada se pierde con intentar una variante para sacarlas del letargo judicial, dijo, con sentido común.
A pocos metros de Cristina estaba sentado el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, que el martes pasado inauguró el año judicial en un acto que no contó con la presencia de funcionarios de fuste del Ejecutivo y que se realizó el mismo día que comenzó el encuentro de magistados, fiscales y académicos reformistas, reunidos en torno del documento "Justicia legítima".
Lorenzeti se mostró entonces proclive a aceptar cambios en el Poder Judicial "en beneficio del pueblo", pero con la delicadeza de quien camina sobre huevos, el titular también advirtió que la Corte Suprema de Justicia debe ser custodia de la Constitución, ya que "las mayorías han tomado decisiones inconstitucionales" como apoyar el Holocausto y el terrorismo de Estado. Con equidad, repartió además sutiles dardos hacia el gobierno, la oposición y la interna. Dijo que la Corte "nunca le dijo al poder político lo que tiene que hacer", y tras mostrarse a favor de que los jueces paguen el Impuesto a las Ganancias, le tiró la pelota al Congreso para que sancionen una ley que lo establezca. Algo parecido hizo cuando se refirió a que también era un problema del Parlamento producir las reformas necesarias para acelerar las causas.
Cristina criticó durante su discurso las demoras que tornan injusta a la justicia, cuestionó excarcelaciones que permitieron que los condenados volvieran a delinquir y contradijo a Lorenzetti al precisar que no es necesaria una norma del Congreso para que los jueces paguen Ganancias, ya que existe una ley que blandió en su mano izquierda. Recordó que, en realidad, los magistrados no pagan el gravamen por una acordada del máximo tribunal cuando era presidido por el riojano Julio Nazareno, que rechazó la ley del Parlamento y que evitó que los jueces paguen como cualquier hijo de vecino.
Cristina echó nafta al fuego democratizador y anticorporativo al recordar que las dictaduras cerraron el Parlamento y echaron a presidentes y gobernadores, pero no tocaron a los jueces. Y estimuló la hoguera, cuando dijo que a los políticos les cuentan las costillas con las declaraciones juradas pero a los jueces no, por lo cual enviará al Congreso un proyecto para que los integrantes de los tres poderes publiquen en Internet sus declaraciones juradas.
Tras 30 años de democracia, el Poder Judicial mantiene un sesgo poco transparente y corporativo que exige cambios. No es cuestionable que se impulse el voto a los miembros académicos y abogados del Consejo de la Magistratura, pese a que generará seguramente no pocas defensas corporativas. Pero es cierto que las modificaciones son promovidas después de los roces producidos por los fallos de la Corte sobre las cautelares que benefician a Clarín, los juicios por ajustes en las jubilaciones, el reparto de la publicidad oficial y la aplicación de la ley de glaciares.
La presidenta también le envió un mensaje a la justicia estadounidense, al exhortar a los gobiernos del Planeta y a los organismos internacionales como el G-20, a evitar que los fondos buitre sumerjan en la pobreza a los pueblos de naciones como España, Grecia e Italia, que afrontan la posibilidad de tener que reestructurar sus deudas soberanas como lo hizo la Argentina en 2001.
La situación planteada a la Argentina por los fondos buitre, constituye un leading case, y si el tribunal neoyorquino avalara el reclamo de pago del ciento por ciento de esos títulos, cualquier reestructuración futura de deuda soberana, se convertiría en un tembladeral, ya que podría ser cuestionada en la justicia.
Mientras la presidenta pronunciaba su extenso discurso, la Cámara de Apelaciones de Nueva York pidió que la Argentina precisara la forma de pago que propone a los holdouts. La presidenta respondió en el recinto: la Argentina no violará las leyes nacionales que en 2005 y 2006 consagraron el pago de las deudas en default con un 70% de quita. Dijo que superar esa oferta sería una estafa contra el 93% de los acreedores, para beneficiar al 7% que no aceptó. Como ejemplo de la irracionalidad de los fallos del juez Giessa, señaló que los jueces que entienden en quiebras de empresas avalan acuerdos de pagos con porcentajes menores de aceptación a los que logró el gobierno kirchnerista. Con claridad, la presidenta subrayó que la Argentina pagará sus obligaciones del mismo modo y en los mismos plazos que los aceptados por el 93% en 2005 y 2006. Pero recordó la frase de Kirchner en una Asamblea de Naciones Unidas: "Los muertos no pagan."
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