HUGO DEL CARRIL, IN MEMORAM

GB

QUIENES SON LOS DUEÑOS? POR EDUARDO ANGUITA.

Quiénes son los dueños de los grandes medios
Rupert Murdoch, emblema de la globalización mediática.

Por Eduardo Anguita
eanguita@miradasalsur.com

La discusión sobre quiénes están detrás de las corporaciones mediáticas es global. La lógica financiera impacta de lleno en la propiedad y el discurso de los medios.

Tal fue en estos años el avance del poderío de los grandes medios que algunos afirman que constituyen el segundo poder y no el cuarto como tradicionalmente se lo llamaba. Eso sí, los que sostienen esa mirada, como Ignacio Ramonet, afirman que el primer poder es el financiero. El jueves pasado, en plena tarea al frente de la redacción del periódico parisino Le Monde, se descompuso su director, Erik Izraelewicz, quien al rato murió en una clínica. La lamentable muerte del periodista de 58 años tuvo una despedida que, al menos, resulta curiosa. Fue Louis Dreyfus, el presidente del directorio, quien firmó el comunicado de condolencias publicado de inmediato en el portal virtual del diario y no la asamblea de periodistas. ¿Por qué esta observación ingrata en medio de una muerte? Por varios motivos en los que vale la pena reparar en un momento en el cual se debate con agitación sobre un artículo de la ley de medios y se corre el riesgo de quedar sesgados ante un tema demasiado complejo. Le Monde mantuvo hasta hace unos años una serie de normas que realmente servía para marcar a fuego la diferencia entre la redacción periodística y el manejo económico financiero de la empresa.

En primer lugar, porque el colectivo de periodistas contaba con la mayoría de las acciones, con la particularidad de que, por estatuto, esa participación les permitía oponerse y bloquear medidas empresarias si resultaba, a criterio de ese colectivo, contrarias a la autonomía editorial del diario.

En un diario surgido al calor de la liberación de París del invasor nazi en 1944, esto constituía una marca de orgullo. Le Monde era fundado por seguidores de Charles De Gaulle, católicos y laicos, y se constituía en un punto de referencia para el pensamiento de centro-izquierda y socialista.

En 1951, por una diferencia con el director, Hubert Beuve-Méry, dos periodistas que integraban el Consejo de Redacción impulsaron la creación de la Sociedad de Redactores de Le Monde. Ese colectivo fue un ejemplo seguido por muchos otros medios franceses, incluso de orientación conservadora como Le Figaro. Si hubo una figura destacada en estos cambios fue Jean Schwoebel, quien luego fue presidente de la Federación Francesa de Periodistas y publicó, en el mítico 1968, La prensa, el poder y el dinero, un libro imprescindible para el debate de la libertad de información.

Los problemas financieros de Le Monde (a partir de 2008) llegaron mucho después de que el gobierno de François Mitterrand privatizara muchas empresas, entre ellas TF1 –la cadena televisiva más vista de Francia– que quedó en manos del poderoso grupo Bouygues, que además de ser proveedores del Estado en obras viales y civiles pasó a telefonía y a medios de comunicación. Le Monde incorporó capital privado hacia principios de 2011 y eso significó que el nuevo director –el recientemente fallecido Izraelewicz– fuera elegido por su trayectoria en el periodismo financiero, y que el nuevo CEO y presidente del directorio fuera Dreyfus, un hombre que había hecho carrera en el mundo de los negocios editoriales y tenga, además, lazos de sangre con el poderoso grupo Louis Dreyfus, comercializador de granos con sede en Holanda y negocios en todo el mundo, entre ellos la Argentina.

Para curiosidades de mutación, el caso del diario Liberation de París es no menos impactante. Fue fundado por Jean Paul Sartre en el crítico año 1973, retomando el nombre de un periódico clandestino de los tiempos de los maquis, con una mirada editorial a la izquierda de Le Monde. En 2006, por los problemas financieros, la inyección de capital llegó de la mano de Edouard de Rothschild, de la poderosa familia cuyos orígenes se remontan a 1760, cuando Mayer Amschel Rothschild abrió una tienda de monedas en el gueto judío de Frankfurt, Alemania.

 Tras colocar a sus cinco hijos varones al frente de casas bancarias en las principales ciudades financieras de Europa, los Rothschild salieron de Waterloo más victoriosos que el propio duque de Wellington, quien derrotó en ese campo de batalla cercano a Bruselas al mismísimo Napoleón Bonaparte. Los agentes de la Bolsa de Valores de Londres esperaban tener primicias del resultado de las armas para poder especular con los títulos y acciones bursátiles. Nathan Rothschild había tenido la precaución de enviar veloces jinetes con poderosos catalejos que seguían de cerca las columnas militares y pudieron certificar el éxito de prusianos e ingleses. Con ese dato fresco, Rothschild vendió títulos ingleses por debajo del valor, y sus competidores descontaron que el poderoso banquero tenía la primicia del éxito francés. Una vez que los otros agentes bursátiles lo imitaron, mandó a sus empleados, cual carga de caballería, a comprar todo a precio vil. Dicen que, en aquellos días posteriores al 15 de junio de 1815, la sede londinense de la banca Rothschild multiplicó por 20 sus ganancias.

Si, en vez de buscar apellidos ilustres de grupos transnacionales del comercio o las finanzas, se busca por el lado de los fondos especulativos, basta con cruzar los Pirineos y llegar hasta Madrid para verificar que El País, el emblemático diario que se repartió gratis en las febriles jornadas del Tejerazo (intento de golpe de Estado de febrero de 1981), de orientación socialista, ya tiene una fuerte injerencia de capitales especulativos. En efecto, el grupo editorial Prisa, fundado por Jesús de Polanco, siempre se había mantenido como un conglomerado de medios y publicación de libros, pero sin mezclarse con otras actividades.

Era una manera de mostrar cierta distancia de otra clase de negocios. Sin embargo, a principios de 2010, tres años después de la muerte de Polanco, Prisa se asoció con Liberty Acquisition Holding Corporation, un fondo de inversión que salió a la Bolsa de Nueva York en 2007 y maneja los llamados hedge funds, que algunos llaman fondos buitres. La inyección de dinero de Liberty en Prisa fue de la friolera de 861 millones de dólares. Basta ver las más que tibias posiciones editoriales de El País sobre el ajuste del gobierno de Mariano Rajoy para confirmar que la vieja orientación socialista no es ni siquiera cosmética en la actualidad.

Las malas noticias sobre los dueños de los medios podrían llevar páginas y páginas. Pero para alinear con las fechas mencionadas más arriba, basta ver que la emblemática compañía Dow & Jones, que tiene a su cargo nada menos que el índice de las acciones de la Bolsa de Nueva York (entre otros miles de índices) fue comprada por News Corporation, la empresa de medios del magnate Rupert Murdoch. Y que el multimillonario Michael Bloomberg, dueño de la agencia de noticias financieras, es alcalde de Nueva York desde hace una década. Es decir, la ironía de Ignacio Ramonet sobre primero y segundo poder tiene indicios suficientes de poner a prueba cualquier teoría política sobre el poder político elaborada en el siglo XX.

Argentina, tú también. Los noventa permitieron experiencias de laboratorio para los grandes medios en Argentina. Clarín perdió parte del tren cuando Carlos Menem le fue cerrando el camino a la telefonía, que era el camino ansiado por el grupo. En 1995, a los 60 años de la salida del primer ejemplar del diario fundado por Roberto Noble, su viuda, en la fiesta empresaria, daba por iniciadas las operaciones contra el riojano, que tan bien se había portado en 1989, cuando le daba por pocos pesos nada menos que Canal 13 y hacía que el Congreso modificara un inciso de un artículo del decreto ley de la dictadura (la Ley de Radiodifusión 22.285/80) que impedía a los dueños de medios gráficos ser titulares de licencias de medios audiovisuales.

 Clarín, con el fútbol como atractivo, fue regando de canales de cable todo el país, comprando pymes del sector o quitándoles suscriptores a los que no querían vender. El fútbol era la clave: los cables que no estaban alineados con el grupo no conseguían las transmisiones debido al negocio de exclusividad cerrado por Torneos y Competencias con la Asociación del Fútbol Argentino. El cableado para televisión era la base para saltar a la telefonía. Pero Ernestina Herrera de Noble se quedó con las ganas. Menem alentó sí a los grupos empresariales más nobles (a él). Así, entraron en escena una serie de jugadores que nada tenía que ver con la historia de la televisión. Por ejemplo, en 1998, aparecieron una serie de texanos con sombreros texanos y un dinero inmenso de origen imposible de rastrear. Hicks, Muse, Tate & Furst se presentaba como “un fondo de inversión” norteamericano interesado, quién sabe por qué, en las pantallas de los argentinos. De la noche a la mañana, invirtieron 700 millones de dólares en comprar el 30% del CEI, un conglomerado donde convivían Telefónica, el Citibank y Raúl Moneta. Es decir, un fondo financiero para sumarse a un grupo que tenía una mesa de tres patas, dos de las cuales eran de las finanzas. El Citi, más que conocido, y Moneta, un escribano emprendedor que había empezado con una mesa de dinero en la época de Martínez de Hoz. A tal punto crecía el CEI en la cantidad de medios que tenía –o en la plata que necesitaba justificar– que en 1999 aparecía, en el ranking de empresas, con una facturación por encima nada menos que de Techint y muy cerca de YPF.

Hicks, Muse, Tate & Furst siguió metiendo plata y se asoció con otro “fondo de inversión” llamado Liberty Media. A veces, vale la pena desempolvar documentos públicos de ese entonces. Con fecha 10 de abril de 2001 y con la firma del entonces secretario de Finanzas Daniel Marx (el mismo que deplora la política de desendeudamiento argentino), les otorgaba la titularidad de Cablevisión –por partes iguales– a Hicks y a otro grupo que figuraba como adquirente de las acciones de Liberty Media. El grupo en cuestión, Unitedglobalcom, tenía como uno de sus socios –y cara visible– a Torneos y Competencias.

Con los años, Cablevisión entró en la órbita del Grupo Clarín. Entre las tantas cosas extrañas, aparece un socio mexicano, llamado David Martínez y que preside otro “fondo de inversión” (Fintech Advisory) con nada menos que el 40% de las acciones de Cablevisión. Martínez tuvo cierta prensa estos días por su disposición a adecuarse a las inversiones tal como lo requiere la ley de medios. “La ley es la ley” es la frase que salió publicada en los medios. Fintech tiene oficinas en Londres y Nueva York. El diario (de Rupert Murdoch) The New York Post se ocupó de informar que Martínez compró una casa en Nueva York que le costó 42,5 millones de dólares y que le agregó otros 13 millones para remodelarla.

Quien escribe estas líneas publicó, hace 10 años, Grandes hermanos, un libro que contaba las costillas de los dueños de la información en esa Argentina intoxicada del poder financiero y de destrucción de la industria y de los valores populares en la cultura nacional. No cambiaron tanto los empresarios que están involucrados en los medios de comunicación como negocio. Siguen presentes empresarios surgidos del mundo financiero o del mundo de la política que por arte de magia llegaron al mundo de las finanzas y los medios. Y no sólo en el Grupo Clarín. Y no sólo entre los que están “pasados de licencias”. Ejercer el periodismo no es un acto de valentía cuando hay condiciones para poder hacer valer la multiplicidad de intereses que juegan en una sociedad. Sería fácil resolver esta historia de la concentración de poder con el imprescindible paso de desmontar las licencias excedidas por Clarín y otros grupos empresariales. Al hablar de “otras voces”, la Coalición por una Radiodifusión Democrática, hace ya ocho años, no hablaba de cómo quitarle a Héctor Magnetto para darles a otros grupos empresariales, sino en crear las normas necesarias para mejorar la calidad de la comunicación popular. Esa es, si cabe la expresión, la famosa batalla de la comunicación. La otra es una pelea entre grupos empresariales. Interesante para diseccionar intereses pero poco estimulante para cambiar las cosas y redistribuir la riqueza y la palabra.

02/12/12 Miradas al Sur
 
GB

LEY DE MEDIOS YA!, POR EJEMPLO PARA ESTO....

La ley de medios suma voces
Por Felipe Deslarmes
politica@miradasalsur.com

Próximo al fin de la cautelar que demoró la plena aplicación de la norma de comunicación audiovisual, se pondrá en marcha el primer canal indígena argentino: Wall Kintun TV. Una iniciativa que habla de inclusión y diversidad.

El próximo 7 de diciembre, en el marco de la vigencia plena de la ley de medios audiovisuales, saldrá al aire Wall Kintun TV, el primer canal de televisión intercultural de la comunidad mapuche Buenuleo, en Bariloche, Río Negro. Se podrá ver a través del Canal 2, y será la primera vez que el Canal 6, perteneciente al Grupo Clarín, deba compartir el aire de Bariloche.
Además de producción propia emitirá contenidos realizados en el Banco Único de Contenidos Audiovisuales (Bacua), en Educ.Ar y entre otros organismos. La señal ofrecerá una amplia temática relacionada con los pueblos originarios, en su gran mayoría películas y documentales producidos por las comunidades indígenas de Chaco, Chubut, Jujuy, Neuquén y Salta. Wall Kintun, que en mapuche significa "buscando alrededor", integra la Coordinadora Audiovisual Indígena Argentina (CAIA), que aporta desde hace tiempo noticias del sector en el portal de internet (www.originarios.org.ar).

A una semana de la fecha límite dispuesta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para la medida cautelar presentada por el Grupo Clarín, en diálogo con Miradas al Sur Matias Melillán, representante de los pueblos originarios en el Consejo Federal del Afsca, observó: "La comunicación es una herramienta transversal que tiene que servir para romper algunos paradigmas de la sociedad argentina que se ha instalado a través de una educación que invisibilizó a los pueblos originarios y nos negó como parte de la identidad argentina".

Por su parte, la periodista Vanina Baraldini, responsable de la elaboración conjunta e intercultural de los materiales de difusión y capacitación en la Dirección de Pueblos Originarios y Recursos Naturales de la Secretaría de Ambiente de la Nación, destacó: "Toda la sociedad necesita tener espacios de inclusión que respete las diferencias. Hablamos de unión, no de uniformidad. Necesitamos reconocernos como parte de un colectivo amplio que respeta las identidades regionales y las particularidades históricas que lo hacen diferente. Y que ocurra con nuestros indígenas como incluye a otras comunidades".

Buscando alrededor. Desde el cuadernillo Aportes para la construcción del modelo de comunicación indígena en la Argentina se plantea que el reconocimiento constitucional de la prexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos implica la necesaria transformación del estado argentino. "No se trata sólo de reconocer la visible pluriculturalidad del Estado sino de establecer una nueva relación con los pueblos indígenas que transforme su relación con el Estado y sus instituciones sociales políticas, económicas y jurídicas a fin de confrontar y transformar estas relaciones de poder que han naturalizado las asimetrías sociales superando la actual situación de dominación, dependencia y discriminación", puntualiza el informe en su desarrollo.

Cabe recordar que en Argentina habitan en todas las provincias más de 34 pueblos indígenas que hablan 14 idiomas y representan el 10% de la población total del país; hay departamentos en algunas provincias en que estos porcentajes ascienden a más del 50% de la población.

"Lo que plantea la ley de servicios de comunicación audiovisual es que la comunicación es un derecho humano básico –acentúa Melillán–. Y en esa línea tenemos que caminar todos los actores que estamos incidiendo para que se aplique esta ley. No se trata de plantear indígena por un lado y no indígena por otro. Esta ley va a facilitar ese encuentro".

Los servicios de comunicación audiovisual y la participación en la sociedad de la información y el conocimiento constitución unos de los principales instrumentos mediante los cuales se ejerce el derecho a la identidad y a mantener y desarrollar los propios modelos culturales, el derecho a la autoorganización y el derecho a la participación en todos los asuntos que les afecten. Estos servicios y esa participación permiten a los pueblos indígenas dar a conocer su cosmovisión haciendo visible su identidad y establecer vías de interacción entre ellos y con otros pueblos.

Para Melillán, hay una gran diferencia en el tratamiento que se hace de las problemáticas indígenas desde los medios porteños y la que se hace desde los medios del interior: "Los medios porteños están esperando que llegues poco menos que disfrazado. Y en el interior se están planteando temas medulares vinculados al de dónde venimos y hacia dónde vamos. ¿Cómo no va a ser así si hay pueblos en los que la población indígena es mayoría? No se los puede negar en esos lugares. Allí la línea de ellos y nosotros es más difusa porque estamos más integrados. Ahí, lo que se discute es cómo se avanza".

Por su experiencia, Melillán entiende que en las ciudades o pueblos chicos existe una mayor conocimiento entre los sujetos. "Ahí el discurso individualista neoliberal no cala como en las grandes ciudades. Pero incluso ahí, es enemigo todo medio monopólico, porque se ramifica y llega hasta un pueblo tranquilo y remoto de la Patagonia donde nunca pasa nada, y allí mismo ha podido instalar el tema de la inseguridad o del subte. Y quita agenda para tratar cosas locales", puntualiza.
El año 2009 comenzó con la firme decisión de sectores sociales y del Ejecutivo Nacional de impulsar el cambio en la ley de comunicación del estado argentino revirtiendo la concentración monopólica de la comunicación ocurrida en toda Iberoamérica en la década del 90, en favor de gigantes regionales de la información que funcionaron como punta de lanza de la recolonización del continente.

Pero desde los pueblos reconocen que lo que se ha logrado hasta ahora es el resultado de una articulación interinstitucional entre varios organismos: el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes), la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CNT) y del Sistema Nacional de Televisión Digital Abierta (TDA), además del apoyo de Parques Nacionales, entre otros.

"Coincido con que es necesario que ejerza desde el poder político esta voluntad de inclusión, desde arriba hacia abajo –amplía Baraldini– porque si no leyes como el matrimonio igualitario jamás habrían salido; pero es necesario que en paralelo se entable un debate que permita un cambio cultural y evite que aparezca un efecto negativo en aquellos sectores recalcitrantes que defienden sus privilegios. Hoy hay educadores, médicos y políticos, entre otros, que sostienen internamente la idea de frontera que delimita el ellos y nosotros".

Objetivos. Los medios indígenas se proponen: Transformar la realidad social, política y económica de los pueblos originarios; Difundir los derechos de los pueblos originarios; Promover la difusión de las expresiones de la cultura originaria; Defender enfáticamente los pueblos originarios, repudiando cualquier modo o expresión discriminatoria; Promover el acceso a conocimientos y cuidados de la biodiversidad; así como también de un ambiente saludable; Contribuir desde todas las expresiones y lenguajes posibles con el derecho a informar, informarse y a estar informados; Promover y dar a conocer las expresiones culturales y políticas a través de la difusión de: los idiomas, las instituciones propias, la identidad, la cosmovisión, la educación, la espiritualidad, entre otros; y Respetar la diversidad de género y etaria.
Para los comunicadores de los Pueblos originarios, si el tema indígena no está presente en los medios de comunicación, no va a estar instalado en la agenda política. Y entienden que la comunicación en sí es un derecho pero tiene que ser el puntapié inicial para instalar los otros temas en agenda donde hace falta generar inclusión para realizar transformaciones profundas: salud, vivienda, educación, políticas públicas, etc.

En ése sentido, Baraldini reclama también que empiece a reconocerse el lugar protagónico de la historia que han tenido algunos pueblos originarios en la lucha por la liberación de América latina.

Descolonizar la palabra. La creación de medios de comunicación propios y netamente indígenas en todas sus expresiones es una parte necesaria y estratégica en los nuevos paradigmas descolonizadores que se deben nuestras sociedades originarias. Descolonizar nuestros gestos, nuestros actos, la lengua con que nombramos el mundo, las prácticas políticas son parte del ejercicio que deben realizar los medios indígenas. Los medios de comunicación tradicionales (públicos estatales, privados, comunitarios e interculturales), han hecho un verdadero dilema ya que llevan adelante la práctica del: tu participas, yo decido.

"El 7/D no es la panacea –dispara Melillán–. Sabemos que no alcanzará con llegar a los medios. El 7/D es nuestro punto de partida para un verdadero cambio revolucionario. Tiene que servir de puente para replantearnos nuestra identidad como argentinos y hacerla mucho más rica". Interpreta que será ése el punto de partida para romper con la idea de que lo indígena y lo no indígena van por caminos separados y lanza: "Todos los ministerios deberían estar atravesados por este cambio que propone la ley de comunicación audiovisual. Sino la batalla cultural de la que hablamos está perdida".

El primer canal de televisión abierta realizado por los pueblos originarios
Por Felipe Deslarmes
politica@miradasalsur.com


Entrevista. Pablo García. Productor televisivo.

Pablo García hacía diez años que trabajaba desde el género documental la problemática de los pueblos mapuches cuando quedó al frente del armado del Canal CN23. Una de sus primeras medidas, cuando el canal no tenía aún oficinas y las reuniones y los primeros videos se realizaban en su casa, fue contratar a cuatro comunicadores mapuches para que al menos una vez por semana se difundiera información sobre los pueblos originarios. Lo siguiente fue ayudar al resto de los comunicadores del canal a entender la importancia de la inclusión. Alejado hoy de CN23, García está al frente del armado de Wall Kintun TV, señal que por ahora sólo se verá en Bariloche.

–¿Cómo está viviendo la proximidad el 7/D?
–Con mucha alegría. Siempre me consideré un facilitador de la comunicación más que un observador de la vida de los pueblos originarios. La pelea por el derecho a la inclusión me permite ver cómo una ley se traduce en hechos tres años después de sancionada la norma. Wall Kintun es, en este plano, un principio de reparación histórica por las características que tiene la señal porque es indígena, con programación intercultural y es pública, pero no estatal.

–¿Por qué en su momento decidió incorporar comunicadores mapuche en CN23?
–Fue algo natural por la relación que venía estableciendo desde hacía años. Creo que hacía falta romper ese cerco donde la comunicación sobre los pueblos indígenas estuviera dada por terceros y con una mirada que no es propia, incluso en los pocos bien intencionados. Quería una señal de noticias que surgiera como un nuevo paradigma en la comunicación. Tener la posibilidad de escuchar el relato de los hechos por sus protagonistas es parte de este nuevo paradigma.

–¿Encontró mucha resistencia en los demás integrantes del canal?
–No. Un poco porque era una señal que recién arrancaba, con caras nuevas, pero sobre todo porque la convivencia diaria permitió la asimilación de las distintas ópticas.

–¿Coincide con que hace falta una fuerte convicción política para hacerlo?
–Sí, claro. Pero surge del conocimiento, me refiero al saber después del reconocerse. También el Estado, vale decir, este Gobierno y la sociedad que impulsaron y apoyaron esta nueva ley de medios, fue central. El desafío de poner al aire una señal es muy grande, pero en particular esta señal del pueblo mapuche es mayor, porque ni siquiera se contaba con capital. Proyectarlo implicó, entonces, muchas horas, vocación militante y capacidad para hacer acuerdos; acuerdo como el que hicimos con el canal provincial 10 que, por un contrato leonino de Clarín, no se puede ver dentro de Bariloche. De esta forma, también rompimos ese cerco impuesto al Estado provincial.

–¿Va a ser el primer canal que trabaja íntegramente con software libre?
–Exacto, al menos en Argentina. Gracias al aporte del Inaes, todo el soporte tecnológico del canal será sobre software libre.

–¿Cómo será la primera transmisión?
–El 7/D a las a la nueva de la noche. Será en el marco del encuentro de mercados de la industria cultural de la Patagonia, que se realizará en Bariloche entre el 6 y el 8 de diciembre. Ese será el marco del preestreno del canal. Habrá un recital Peteco Carabajal y a la cero hora del 8/D empezará a emitir su programación desde el Canal 2 de Bariloche con la proyección de la película en homenaje a Nestor Kirchner, porque él fue uno de los artífices de la ley de medios y permitió que Wall Kintun sea una realidad.

02/12/12 Miradas al Sur
GB

QUIEN ES EL OBISPO ARANCEDO? POR HORACIO VERBITSKY

Grupo de familia

Ese fastidio se hizo explícito en el cacerolazo de papel del Episcopado católico. Su nuevo presidente, José María Toté Arancedo, es uno de los diez hijos de una acaudalada familia de Temperley, cuya propiedad familiar de estilo churrigueresco español tenía un jardín andaluz inspirado en la Alhambra de Granada. La madre de Toté se levantaba al alba para escuchar la primera misa y se bañaba con agua fría, incluso en invierno, “para no mimar al cuerpo” según instruía a sus hijos. Pero el primo Raúl Alfonsín desvió la austera vocación de Toté, quien podría haber sido un sacerdote obrero, y lo impulsó a estudiar en Roma e iniciarse en la molicie de la burocracia vaticana. El mayor de los varones, Ricardo Perucho Arancedo, se encargó de la sociedad familiar, Arancedo Hermanos, que está entre los principales consignatarios de hacienda del país. Dos hermanas del prelado, Marilina y María Amalia, se casaron también con fuertes ganaderos y el primo Roberto Arancedo preside el Mercado de Liniers desde 1992. También encabezó el Centro de Consignatarios de Productos del País. Los directivos de la empresa familiar son muy activos en la política ganadera, en oposición constante al gobierno. Cuenta un viejo amigo de los Arancedo: “Son formadores de precios, a través de aquella vieja práctica de la venta al oído, que Kirchner prohibió en 2006”. El mecanismo consistía en un acuerdo previo entre comprador y vendedor, que después se escenificaba en la subasta y permitía que 55 consignatarios que no representaban más del 20 por ciento de los vacunos que iban a faena impusieran los precios a todo el sector. Dos años después, Toté Arancedo apoyó las “demandas justas” de las cámaras patronales agropecuarias y reclamó a Cristina “revisar aquello que ha motivado el conflicto”. Es recomendable tener presente esta historia al releer el saludo episcopal de Navidad que, según el secretariado de Curas en Opción por los Pobres, “parece más preparativo del 7D, día que la independiente Corte de Justicia fijó para el fin de las cautelares”. Agregan que “para hablar de desocupación, empobrecimiento, hambre, inseguridad remitimos a los datos de la FAO, la CEPAL, el Banco Mundial o las estadísticas de inseguridad de la Corte. Lo menos que podemos decir es que nosotros, que estamos en los barrios, entre la gente, con los pies en el barro, tenemos una mirada muy distinta de la que presenta el documento episcopal. Y precisamente desde ese barro, queremos saludar por la Navidad adelantada a los pobres de nuestra Patria que reclama justicia e igualdad ante la ley”.
EXRACTO DEL EDITORIAL EL DIA DE HOY DE HV

MARIO WAINFELD POR DOS, OPINIONES.

La semana de los pleitos
La movida de Clarín contra periodistas, un boomerang. Sus posibles objetivos, los errores y excesos cometidos. Cómo sigue la causa. La Corte, apurando la sentencia y fulminando las cautelares. Las causas de la demora de un expediente-insignia. Lo que puede suceder, antes y después del 7D.

Por Mario Wainfeld
Imagen: Leandro Teysseire

Los abogados del Grupo Clarín presentaron durante la semana dos escritos en el expediente que tramita su denuncia contra periodistas, funcionarios, legisladores y militantes. La información disponible es parcial porque la causa todavía no está accesible, hasta que el Multimedios ratifique sus absurdos planteos, pasado mañana. Pero se sabe de fuentes fidedignas que el martes 27 de noviembre el Grupo especificó que no denunciaba a los periodistas. Esa salvedad revela que el escrito proclamaba lo contrario: no hace falta retractarse de lo que jamás se dijo. El miércoles 28 los abogados ampliaron su marcha atrás en ojotas: desistieron de citarlos como testigos. El enchastre, de cualquier forma, estaba consumado.

El papelón fue mayúsculo aunque parte de sus objetivos estaban logrados. Amedrentar, urdir un discurso ampuloso y berreta que emparentaba funcionarios y periodistas y denostaba a la tevé pública, en especial a través de los programas 6,7,8 y Fútbol para todos. Y victimizarse, también.

Cunde una pregunta en todos los corrillos y tertulias: ¿la torpeza formó parte de una movida más vasta y astuta o fue un disparo en el pie? Posiblemente, la respuesta más adecuada sea que confluyen las dos cosas.

La jugada, todo lo indica, iba más allá y actuaba en combo con su reclamo ante la Corte Suprema por denegación de justicia. Clarín, su discurso periodístico y sus incursiones judiciales lo muestran, trata de armar camino para llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Este tribunal tiene jurisprudencia reciente (“Ríos contra Venezuela”, por ejemplo) en la que se cuestionan las agresiones físicas a periodistas o trabajadores de medios y se consideran graves las constantes amenazas de funcionarios. Emparentar al kirchnerismo con el chavismo en un foro internacional prestigioso es un afán ambicioso. Pero Clarín inició ese camino con demasiados traspiés, se deslegitimó. A la CIDH no se entra de prepo, por la ventana, cuestionado por amenazar periodistas. Pasar de victimario a víctima no es sencillo.

El globo de ensayo se fue pinchando. Primero por la reacción digna de los damnificados y la amplísima solidaridad que los fue acompañando. En el mismo plano, por la expeditiva y determinante intervención del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que asumió la defensa de los colegas, el mismo día en que se conoció el ataque. El CELS tiene largo camino recorrido en oponerse a criminalizar a medios o cronistas. Defendió incluso, con calidad y con éxito, a periodistas con los que discrepa ideológicamente. Y es asiduo actor ante la CIDH. Sus pergaminos y trayectoria previa son impecables, a diferencia de los de los denunciantes.

La reacción de numerosos periodistas, incluyendo varios opositores al actual gobierno, también impactó en el escenario. El diario Clarín se mantuvo encolumnado con la empresa. No informó sobre la denuncia ni hizo comentario serio alguno hasta el miércoles. Ahí aplaudió la retractación y derrapó hacia el autoelogio. Promover falsas denuncias y recular, tal parece, es un galardón. En fin.

En cambio, hubo periodistas que trabajan en radios y canales del Multimedios que criticaron. Pusieron en aprietos al abogado Hugo Wortman Jofré, quien añadió torpezas verbales a la tropelía escrita. Las declaraciones y las acciones judiciales son magnitudes distintas, claro. Así lo puntualizó Damián Loreti, abogado del CELS, cuando productores del programa radial de María O’Donnell ofertaron “cruzarlo” al aire con Wortman Jofré. Loreti dijo que podría ser pero que un debate entre abogados no tenía la gravitación de una denuncia penal. Que el punto era lo que se había escrito, que no podía desdecirse ni desdibujarse en un debate en radio.

Wortman Jofré se movió en ese territorio con brutalidad y prepotencia. Negó lo ostensible: los periodistas y los funcionarios estaban enunciados en una sola lista, en plan de plena igualdad. Se llamaba “propaladores” a los colegas y se proponía averiguar mediante interrogatorios “a qué intereses sirven”, frase inequívoca si las hay. El letrado esbozó comparaciones falaces. Recordó que a Joaquín Morales Solá se lo había citado para corroborar sus artículos que informaban sobre posibles coimas en el Senado, durante el gobierno de la Alianza. Ahora, fabuló, se haría lo mismo. El discurso no se sostiene. Al columnista de La Nación se lo convocó (como suele pasar en el gremio) para corroborar los dichos e investigar lo que denunció. No para llevarlo a él al banquillo de los acusados o implicarlo en una conspiración de otro tipo.

Tras algunos trámites que faltan, el juez deberá sobreseer a los acusados falsamente. Sería justo que lo hiciera con fundamentos severos, que castigaran el atropello. Los tribunales no deben ser usados para armar operaciones políticas ni ser usados de trampolín (por no decir preservativo, que queda feo) para jugarretas en otros escenarios.

Habrá que ver.

- - -

La otra pata: La otra pata judicial del Grupo también trastabilló. Recurrió ante la Corte pidiendo hiciera lugar a nuevas medidas cautelares. Nada reclamó respecto de la sentencia en la causa por inconstitucionalidad. El máximo Tribunal resolvió bien, en sustancia, aunque con subterfugios de lenguaje, que forman parte del estilo de su presidente, Ricardo Lorenzetti.

El núcleo fue consignar que la demora en sentenciar y la proliferación de medidas cautelares son, en esta cuestión y a esta altura, denegación de justicia. La Corte dispuso apurar la sentencia, urgió diligencias formales necesarias. Y abrevió el plazo legal disponible para el juez Horacio Alfonso: no se medirá en días hábiles judiciales sino en días corridos. O sea, ni sábados ni domingos, ni feriados, ni la feria judicial interrumpen el plazo que es de cuarenta días.

El rechazo a las cautelares fue rotundo, se sentenció “inadmisible” el planteo de Clarín y su entrada a la Corte salteando las instancias previas.

La Corte organizó el expediente y demarcó límites. E hizo bien.

Tal vez fue demasiado ampulosa al consignar que Alfonso debe fallar “de inmediato”, lo que podría malinterpretarse en el contexto político. Suena a sobreactuación y a un pequeño presente al discurso mediático corporativo.

Alfonso dispone, pues, de cuarenta días desde que quede firme la decisión de llamar “autos a sentencia”. Hasta el viernes, no había firmado esa resolución. Pudo suceder ayer, mientras se cerraba esta columna. U hoy mismo. Desde entonces, las partes tienen cinco días para acordar u oponerse. Por cierto, el Estado y Clarín pueden abreviar el plazo prestando conformidad.

Alfonso también tiene pendiente un pedido de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) para ser tenida por parte en el pleito. Según información certera que posee este cronista, los abogados del Estado y de la Afsca están decididos a poner todo de sí para que se esté en condiciones de dictar sentencia: notificarse prestos, no hacer nuevas presentaciones. Posiblemente los de Clarín tengan la misma disposición, aunque nunca se sabe.

- - -

Bilardismo procesal: Casi todos los expedientes judiciales tardan demasiado y la Corte no puede arrojar la primera piedra, si se mira en el espejo.

Para las demoras en la sentencia del expediente de Clarín confluyeron varios actores. El primero (en lo cronológico y en el nivel de responsabilidad) es el propio Multimedios. Buscó más la medida de no innovar que la sentencia. La consiguió de modo rápido y facilongo. Una cautelar sin plazo de vencimiento es ilegal, “la Justicia” se la concedió. Desde entonces Clarín desarrolló una táctica resultadista, a lo Bilardo. Una cautelar eterna es más funcional que una sentencia, pasible de apelaciones y revocaciones. La Corte Suprema fue funcional durante un lapso largo a ese designio: le dio alas al impresentable juez Edmundo Carbone, un ejemplo clavado de magistrado “Corpo-friendly”. Recién el 22 de mayo de este año, el máximo Tribunal puso fin a las dilaciones, sin verbalizar una autocrítica pero poniéndola en práctica. Y ahora exige a todos que pisen el acelerador.

La carga de instar un expediente civil o comercial concierne a quien demanda. De cualquier modo, es real que los abogados del Estado algunas chicanas colaron. No deben considerarse como tales las impugnaciones a las pericias, que articularon las dos partes y son parte del derecho de defensa.

Las demoras para designar jueces atañen al Ejecutivo que tiene un injustificado cuello de botella en proponer ternas. También se durmió, de manera inexplicable aún para sus intereses, en integrar la lista de conjueces que pueden hacer las veces de suplentes en juzgados vacantes.

El Consejo de la Magistratura, una de las varias quintas ruedas del carro creadas por la Constitución de 1994, aporta su cuota. Es un organismo beligerante, que traba todas sus decisiones por pujas internas. El punto da para más pero el cronista aclara que no cree que la solución sea conferir, por vía legislativa, más poder a las corporaciones de jueces y abogados, en detrimento de los representantes elegidos por el voto popular. Las corporaciones forenses son minoritarias e irrepresentativas, lo más democrático es que los nombramientos de jueces tengan como fuente un órgano político, por lo menos predominantemente.

Más allá de la digresión, el bloqueo mutuo en el Consejo y las operaciones de los dos sectores para colocar jueces afines, complicaron el entramado.

La Corte hizo lo mejor disponible, a noviembre de 2012, aunque usó un vocabulario inadecuado y se demoró 24 horas en dar a conocer los fundamentos severos del rechazo al recurso inventado por Clarín.

- - -

Desde el 2D:Alfonso no está forzado a dictar sentencia antes del 7D. Puede hacerlo, aunque debe sacarle punta al lápiz para fundar una sentencia que hará historia y desatará tempestades.

Si no lo hace, la acción de la Afsca seguirá adelante, tomando medidas administrativas que llevarán su tiempo. Las adecuaciones de oficio, tasaciones, llamados a licitación, eventuales adjudicaciones insumirán meses. Suena imposible que haya cambios de titularidad antes de la sentencia de primera instancia.

Si ésta es ajustada a derecho y rechaza la inconstitucionalidad, Clarín no podrá interponer cautelares sobre la discusión principal. Aunque, verosímilmente, tratará de minar con medidas cautelares el avance de los actos de la Afsca. La Corte, seguramente, deberá poner cauce y dique a esas medidas.

Si el juez admite la inconstitucionalidad, Clarín tendrá el camino allanado para pedir “no innovar” hasta que haya sentencia definitiva.

El que pierda en primera instancia cuenta con el derecho de apelar. Si quiere ir a la Corte por vía del per saltum debe interponer los dos recursos al mismo tiempo. El per saltum no es de concesión automática, depende del criterio de la Corte: la buena praxis aconseja no olvidarse de apelar.

Todo terminará en la Corte, tarde o temprano.

Clarín espera el 7D con los dientes apretados e incurriendo en metidas de pata tremendas.

El Gobierno radicaliza el discurso y prepara un festejo para el domingo que viene, una especie de “pequeño Bicentenario”, que quiere contraponer al estilo y a los métodos de las movilizaciones del 8 y del 20 de noviembre.
GB

OPINA MARIO WAINFELD, FRAGATA Y OTRAS YERBAS.

Nueva York, Hamburgo, Ghana ¿su ruta?
Por Mario Wainfeld

La decisión del juez norteamericano Thomas Griesa fue más celebrada dentro de Argentina que extramuros. Periodistas, economistas-gurúes, asesores de la city se hincaron ante ella. Se trataba de una arbitrariedad, desmesurada hasta en su lenguaje. El deber del Estado nacional, como en cualquier instancia judicial desfavorable, era recurrirla.

Voces locales soslayaban ese deber legal e institucional. Proponían “ponerse”, se excitaban porque desde afuera se le ponía un límite al kirchnerismo. Los barras bravas de los buitres clamaron desde el mayor multimedios hasta en la Tribuna de Doctrina. El diario La Nación dobló su apuesta esta semana: habló de obligación moral con los usureros internacionales, mientras defendía a capa y espada al empresario Carlos Blaquier, acusado por crímenes de lesa humanidad. Todo tiene que ver con todo, qué le vamos a hacer...

- - -

Estaban en juego 1330 millones de dólares aportados por los contribuyentes, el Gobierno apeló. Para sorpresa de propios y extraños, la Cámara de Nueva York dejó sin efecto de volea la caución impuesta por Griesa. Estableció una serie de pasos procesales, admitió la intervención de los bonistas que están cobrando sus créditos.

Hasta el 27 de febrero habrá una seguidilla de trámites, la sentencia llegará después. El éxito parcial no dispensa a la Argentina de riesgos futuros pero lo cierto es que no habrá dificultades para pagar los bonos que vencen el 15 de diciembre. Ni acontecerá el default técnico que vaticinaban los agoreros. Los bonos que habían caído en picada recuperaron posiciones: siempre hay buenas oportunidades para los que especulan.

- - -

Los abogados que representan a Argentina, un estudio de cuna noventista, argumentaron (por orden del Gobierno) la posibilidad de reabrir el canje para los acreedores que no aceptaron los dos anteriores. Claro que solo podría hacerse por ley y sin otorgarles mejores condiciones que al 93 por ciento restante.

La comunidad financiera internacional, contrariando la retórica extrema del oficialismo y de la oposición domésticos, acompaña la posición argentina.

El Gobierno recupera resuello, no tendrá que imaginar colectoras para remitir los pagos de diciembre a los bonistas. El escenario de pagos de 2013 es más aliviado que el de 2012. Si la economía repunta, como se espera, el año electoral tendrá mejor color.

Suena disparatado que los fondos buitre acepten quedar pari passu con los otros bonistas. Pero si avanza la oferta argentina quizá sirva para algunos acreedores de deuda originarios que pueden haber quedado con sus bonos y se hayan percatado de que el país paga su deuda soberana. En todo caso, bajar los decibeles oratorios y mostrar ánimo conciliatorio parece haber servido en la Corte.

- - -

El caso “ARA Libertad. Argentina versus Ghana” tramita ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo. La Cancillería nacional promovió una medida cautelar ante ese tribunal, afincado en terrenos cedidos gratuitamente por Alemania.

La intención argentina es conseguir una medida cautelar que ordene levantar el embargo decretado por un juez de Ghana sobre la Fragata Libertad, acogiendo un planteo de fondos buitre.

El tribunal se integra con 21 miembros de distintas nacionalidades. Su actual presidente es japonés. Hoy día solo hay dos magistrados de nuestra región: un brasileño y la ex diplomática argentina Elsa Kelly. Esta, una avezada y prestigiosa profesional, es la única mujer que compone el tribunal.

No hay jueces de Estados Unidos ni de Gran Bretaña. Sí de Alemania, Francia, China y Rusia.

Ghana no tiene un miembro permanente. Para no quedar en desventaja respecto de Argentina, contará esta vez con un magistrado designado ad hoc.

La decisión se viene anunciando para el 15 de diciembre y los funcionarios argentinos son optimistas acerca del resultado. La norma legal aplicable es la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Y el centro del planteo argentino es su artículo 32 que estipula “la inmunidad de buques de guerra y otros buques de estado dedicados a fines no comerciales” para medidas como la que se debate. La norma parece muy nítida, clavada para la Fragata Libertad.

Los representantes argentinos también confían, quién lo hubiera dicho en otro momento, en las repercusiones de la decisión de la Cámara de Nueva York.

- - -

En el ínterin, resaltan la cooperación de Brasil que, a diferencia de Argentina, tiene una embajada abierta en Ghana. La embajada albergó a los funcionarios, militares y abogados argentinos. Y avitualló a marinos e integrantes de las comitivas con hospitalidad.

Con motivo de la visita de la presidenta de Brasil Dilma Rousseff a su par argentina, Cristina Fernández de Kirchner, proliferaron análisis comparativos. La mayoría de ellos, difundidos por la prensa dominante, acentuó diferencias a niveles tremendos. Una sería un ejemplo, la otra un desastre. Nada las liga, todo las separa. Medios internacionales también se tentaron con el juego de las mil y una diferencias. Por ejemplo, el diario español El País, aunque se permitió una delicadeza omitida por los medios argentinos. En una línea, tras engolosinarse con las incompatibilidades, señaló que hay una extraña solidaridad política entre ambas mandatarias. Para los que escriben en estas pampas, esa minucia es irrelevante.

Sin embargo, desde el 2003 hay gran sintonía entre ambos gobiernos, que en aquel entonces presidían Lula da Silva y Néstor Kirchner. Lo que sucede en Africa es congruente con lo que se vivió en la Cumbre de Mar del Plata, en el desendeudamiento casi simultáneo con el Fondo Monetario Internacional, en las nutridas acciones antigolpistas de Mercosur y Unasur. Y ¡horror! en la relación estratégica con el Estado bolivariano de Venezuela, que abarca su inclusión como miembro pleno del Mercosur.

La política exterior es menos banal que la narrativa de la Vulgata dominante. En cuanto a la Fragata Libertad, espera su hora en un extraño tribunal. En la Rosada y en el Palacio San Martín confían en que pueda regresar pronto. Y que la acompañe el viento de cola, que en este año no sopló para la economía.

02/12/12 Página|12
GB

VA CAYENDO EL GRUPO CLARIN, OPINION

“El Grupo Clarín quemó las naves y está perdiendo aliados”
Por Demián Verduga
dverduga@miradasalsur.com

Entrevista. Marcelo Fuentes. Senador del FpV. El senador oficialista y miembro del Consejo de la Magistratura analiza el cuadro político y judicial de la aplicación de la ley de medios. Qué puede pasar antes del 7 de diciembre y lo que vendrá después.

Faltan sólo cinco días para que llegue el 7 de diciembre y comience un nuevo ciclo en el largo y trabado proceso de democratización de los medios de comunicación en la Argentina. Como todo momento bisagra, el 7D es al mismo tiempo el inicio de una nueva etapa y, por otra parte, sólo un capítulo más de la historia que comenzó cuando se aprobó la ley de medios. La disputa por su aplicación tuvo varios momentos claves, judiciales y políticos. Uno de las más importantes fue el 23 de octubre de 2011, cuando Cristina Fernández logró su reelección con el 54% de los votos, a pesar de que Clarín había descargado sobre ella toda la artillería que tenía. “Fue la gran derrota política del Grupo. A partir de allí pusieron todas sus apuestas en el plano judicial”, le dijo a Miradas al Sur el senador del Frente para la Victoria Marcelo Fuentes, que también es miembro del Consejo de la Magistratura.

Justamente el Consejo se transformó, desde mediados de octubre, en uno de los escenarios centrales de la puja judicial por la aplicación de la ley. Cinco de sus 13 miembros bloquearon el concurso que debía designar al magistrado del juzgado donde se tramita el pedido de inconstitucionalidad hecho por Clarín. Se ha escrito mucho ya sobre la maniobra orquestada por el magistrado Ricardo Recondo, y sobre la íntima relación de varios funcionarios judiciales con el poder económico-mediático. El senador Fuentes fue uno de los dirigentes que estuvieron en el centro de esa disputa.

Ahora, mientras fuma un habano que parece traído de Cuba, sentado en un sillón en su despacho del Parlamento, continúa con su análisis:
–Todo este proceso tiene dos planos que se deben observar por separado, el judicial y el político.

–En el plano judicial, ¿qué opina sobre el fallo de la Corte Suprema que rechazó el pedido de Clarín para que el Alto Tribunal ampliara la cautelar que vence el 7 de diciembre?
–La Corte no necesitaba hacer explícito el rechazo. Podría no haberse pronunciado, que es otro modo de rechazar. De todos modos, lo que hicieron los supremos fue exigirle al juez de primera instancia que se pronuncie sobre la cuestión de fondo y que la nueva cautelar se tramite en la Cámara de Apelación, que es el lugar que corresponde. En esencia, fue una ratificación de los procedimientos del debido proceso.

–¿Qué pasa en el tribunal de primera instancia que hace tres años tiene el pedido de inconstitucionalidad hecho por el Grupo?
–Hay un dato muy importante sobre eso: ahora ya no estamos ante un juez cuestionado, sino ante subrogante que la ley marca. (N de R: el juez Horacio Alfonso).

–Clarín también tiene pedido en la segunda instancia una ampliación de la cautelar...
–La Cámara debe resolver primero las recusaciones que hizo el Estado contra Recondo y el resto de los miembros de ese tribunal. Una vez que resuelva eso y se vuelva a constituir podría pronunciarse. Mi opinión es que hasta el 7 de diciembre no alcanzan los tiempos jurídicos para llevar adelante todo este proceso.

–Uno de los nuevos argumentos del Grupo es reclamar por denegación de justicia, ya que no tienen todavía un pronunciamiento sobre la cuestión de fondo.
–Es un argumento realmente cínico. Fueron ellos los que hicieron todo lo posible para que la causa no avanzara en el Juzgado Civil y Comercial Número 1. Cuando lograron suspender la ley con el juez Edmundo Carbone enfriaron todo y ahora reclaman por denegación de justicia. De pronto quieren un fallo rápido.

–¿Cuáles son los escenarios judiciales posibles hasta el 7 de diciembre? ¿Qué puede pasar?
–Si hay un pronunciamiento de primera instancia favorable a la constitucionalidad de la norma, Clarín pierde la posibilidad de solicitar otra cautelar inmediatamente. Podría apelar el fallo, pero mientras tanto la ley se aplicaría por completo. Si Alfonso tuviera un fallo contrario a la ley, el Estado apelaría, y el Grupo podría pedir una nueva cautelar. Por otra parte, si no hay ningún pronunciamiento hasta el 7, también se comenzará a aplicar la norma.

–Supongamos que hasta el 7 de diciembre no haya ningún artilugio legal que le permita al Grupo frenar la aplicación. Luego de eso, ¿podrían pedir la intervención de la Justicia frente a cada medida del Afsca?
–Sí. Toda resolución administrativa es apelable.

–¿Qué estrategia se puede seguir en ese momento?
–Allí entra la posibilidad de utilizar el per saltum, que implica saltar instancias judiciales para ir directo a la Corte Suprema. El Alto Tribunal ya utilizó este recurso con otras normas. Cuando la misma Corte autorizó el aborto no punible, aparecieron varios jueces en el resto del país que no la aplicaban. La Corte utilizó de hecho el per saltum. Asumió todas esas causas y las autorizó. En este caso debería pasar lo mismo para garantizar el proceso de aplicación.

Plano político. Fuentes sigue sentado en el sillón, fumando el mismo habano gordo, que parece poder durar toda la vida.
Cada tanto, dirige la mirada hacia un televisor en un rincón del despacho, en el que está sintonizada la señal Senado TV.
Allí se ve ahora al senador radical Luis Naidenoff. Es que Fuentes se hizo un espacio durante el largo debate por la reforma del mercado de capitales para recibir a este medio. Mira el televisor porque está pendiente del momento en que debe ir a votar.

–Usted dijo antes que este proceso tenía también un plano político. En ese terreno, ¿cómo ve la situación?
–El Grupo perdió todas las batallas políticas los últimos tres años. Primero intentaron que la ley no se aprobara. Luego, cuando surgió la una nueva conformación del Parlamento que asumió en diciembre de 2009, el famoso Grupo A, quisieron operar para impulsar modificaciones y no lo lograron. Más tarde apostaron a que Cristina perdiera la reelección y que asumiera un gobierno con el que se pudieran negociar la ley. También perdieron y pusieron toda la artillería en el terreno judicial. Por eso es esperable que actúen judicialmente contra las medidas del Afsca.

–¿Estas derrotas políticas tienen algún efecto de mediano plazo?
–Un elemento importante es que se quedaron sin el liderazgo político de muchos sectores del capital concentrado. Habían tenido ese lugar durante años. Esa es su pérdida principal. Los socios de Clarín ya no lo ven como antes. Son esos mismos empresarios los que pueden comprar algunos de los medios del Grupo. Ellos mantenían vigente su peso dentro del poder económico porque tenían una gran capacidad de accionar sobre la política.

–Una de las especulaciones es que el Grupo desinvierta hacia adentro, repartiendo emrpesas o poder entre las mismas familias.
–Seguramente es una de las salidas que tienen, pero de todos modos cambia el escenario. En el momento que se dividan, las alianzas que cada uno de ellos tejerá serán distintas, y aunque hayan sido socios durante años comenzarán a competir.

–¿Todo esto implica que Héctor Magnetto perdió poder dentro del Grupo y del poder económico en su conjunto?
–Magnetto perdió la legitimidad de su mando hacia sus socios y sus aliados. Él eligió la estrategia y los embarcó en una enorme derrota. Esa pérdida de legitimidad se traslada hacia los aliados empresariales del holding. ¿Qué van a hacer los dueños de las productoras aliadas de Clarín? ¿Se van a quedar hasta el final o trataran de comprar alguno de los medios que el Grupo debe vender? Además, el diario perdió prestigio. Se volvió un pasquín y su influencia en la política cayó enormemente.

–Ahora La Nación parece un diario equilibrado.
–Sí (risas). El Grupo perdió capacidad de influencia. Antes, la cultura política argentina partía de la base de que si Clarín te trataba bien tenías posibilidades como candidato, y de que si te trataba mal perdías. Hoy esa ecuación ya no es tan clara. Se propusieron voltear a Cristina y no lograron nada. Quemaron las naves.

–Hay muchos dirigentes políticos que se cuidan de cuestionar al medio, pero tampoco hacen fila para defenderlo.
–Salvo algunas excepciones, nadie da la vida por Clarín.

–¿Cómo analiza la decisión que tuvo el Grupo de acusar a una serie de periodistas de incitación a la violencia por haber dicho lo que pensaban?
–Creo que fue error. Por eso tuvieron que salir a negar lo que habían hecho. Eso no se puede explicar si no como un síntoma del desbarajuste. Otra explicación posible es que se hayan comprado lo que vendieron. Ya les pasó con el supuesto triunfo de Capriles Radonski en Venezuela. Ellos veían ese escenario como el anuncio de la caída de los populismos, y en ese marco intentar frenar la aplicación de la ley. Vendieron el triunfo de Capriles y al mismo tiempo se lo creyeron.

–¿Qué escenario imagina después del 7 de diciembre?
–La fecha llegará y comenzarán los actos administrativos del Afsca. Vendrán mil batallas más, pero habremos empezado una nueva etapa del proceso. Habremos cumplido con el objetivo de aplicar la ley, aunque a las 48 horas aparezca una nueva chicana judicial.

–¿Qué acciones de la sociedad pueden ayudar a la aplicación total de la ley?
–Lo mismo que ayudó hasta ahora. Que no dejen de estar movilizados los mismos sectores que han defendido esta norma desde antes de su aprobación. Eso fue importante y seguirá siéndolo en los próximos meses. La ley fue producto de la toma de conciencia y la movilización de muchos sectores, la aplicación necesita lo mismo. Por otra parte, en las últimas semanas, también salió a la luz cómo algunos funcionarios del Poder Judicial son funcionales a los poderes económicos. Muchos que declaman la independencia del poder político tributan sometimiento al poder económico. Creo que fue importante que la sociedad tomara conciencia de cómo actúan algunos miembros de la Justicia.

–¿Todo este proceso es parte de una época de cambio?
–Cada vez que hay una extensión de derechos, como la ley de medios, hay un abroquelamiento de los sectores del poder concentrado. Antes, en la Argentina, cuando había algún proceso similar, venía siempre una asonada militar, volvía todo a foja cero y arrancábamos de nuevo. Hoy esas condiciones han mutado. Lo que siguió habiendo luego del retorno de la democracia, fue cierta subordinación de la política a sectores corporativos. Esta Ley es una batalla contra esa tutela de la democracia.

02/12/12 Miradas al Sur
GB