domingo, 28 de octubre de 2012

LUNATTI POR NESTOR

28/10/12 - 20:50
El árbitro Pablo Lunati decidió realizar un minuto de silencio antes del Superclásico para homenajear al ex presidente Néstor Kirchner, luego de que se cumplieran este sábado dos años de su fallecimiento.

"Me pareció que correspondía hacerlo. Decidí un minuto de silencio porque ayer se cumplieron dos años de la muerte de Néstor", reconoció el juez en la transmisión de "Fútbol para Todos".

FRAGATA LIBERTAD, EDUARDO ANGUITA, OPINION.

El precio de la libertad

Año 5. Edición número 232. Domingo 28 de octubre de 2012
El impresionante velero que lleva a los cadetes del último año de la Escuela Naval a navegar por los siete mares fue pensado a fines de 1952 durante el gobierno de Juan Domingo Perón. Dado que hacía muy pocos meses había muerto Eva Duarte de Perón, las autoridades pensaron que el buque escuela llevara su nombre.

En diciembre de 1953 se formalizó el proyecto y, además de ratificar el nombre, se decidió que el mascarón de proa llevara la imagen de la Abanderada de los Humildes. En septiembre de 1955, cuando todavía no había sido botado ese buque, fabricado en la Argentina, se produjo la usurpación del poder por parte de facciosos que utilizaron el pomposo nombre de “Revolución Libertadora”. Ellos decidieron falsear la identidad del barco y llamarlo “Fragata Libertad”. También tuvieron la precaución de no dejar a Evita en el mascarón de proa y colocar en cambio una imagen inspirada en la iconografía libertaria basada en el cuadro de Eugène Delacroix llamado La libertad guiando al pueblo. Esa pintura se inspiró en las barricadas parisinas de julio de 1830, cuando el pueblo francés se levantó contra el rey Carlos X, quien había suprimido el Parlamento.

La perversión de los golpistas del ’55 llevó a que ellos se valían de una imagen que en su esencia tiene mucho que ver con Evita pero querían malversar el sentido de la Historia: los militares y civiles que consumaron el golpe y suprimieron el Parlamento se valieron de una imagen que expresa a una mujer que lideró las luchas contra la supresión del Parlamento. De fondo, y más grave que eso, ese golpe de Estado secuestró el cuerpo de Evita y lo mantuvo escondido hasta 1971 cuando lo llevaron a Puerta de Hierro para entregárselo a Perón, quien confirmó, con espanto, que el cadáver había sido mutilado. Puede decirse, volviendo a la Fragata, que fue botada (1956) con su identidad suprimida. Vale la pena subrayar que el golpe de 1955 tenía el propósito explícito de colocar a la Argentina en la órbita de los intereses de Estados Unidos y de allí que, sin necesidad de tomar créditos, los golpistas alinearon al país con el Fondo Monetario Internacional y la poderosa comunidad financiera privada internacional. En aquella oportunidad, el entramado de intereses de golpistas y financistas logró secuestrar el alma de la fragata. Esta vez, 57 años después, un grupo de financistas con algún apoyo logístico, logró quedarse con el cuerpo de la fragata.

El segundo secuestro del buque escuela de la Armada es obra y gracia de los fondos especulativos y las normas internacionales que defienden, a rajatabla, los negocios de las transnacionales. De no haber existido el Plan Brady (1992) y el compromiso de la dupla Menem-Cavallo de respaldar los bonos del Estado con todos los activos nacionales excepto “los bienes públicos de servicios esenciales”, cualquier barco o avión de bandera, entre otras tantas cosas, puede ser incautado si existe la orden de un juez que acepte la legislación internacional hecha a medida de corporaciones de corte neocolonial. Lo explicó con detalle Alejandro Olmos Gaona (Miradas al Sur 21/10/12): el tribunal arbitral al que se sujetó el gobierno (constitucional) de la Argentina cuando decidió emitir una deuda impagable y sus acreedores aceptaban compromisos incobrables.

Tal es el Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones), creado para ser “una herramienta capaz de promover y brindar seguridad jurídica a los flujos de inversión internacionales”, tal como lo dice el Banco Mundial, el organismo madre del ente. Así, el mundo vive en la curiosa situación de que los criminales de guerra que usan uniforme de Estados Unidos se amparan en la legislación territorial de esa potencia y evitan ser juzgados por tribunales de otras naciones (incluso donde cometen los delitos), mientras que los fondos financieros especulativos se amparan en la justicia global.
En diez días más, Estados Unidos renueva autoridades de gobierno. A nadie puede escapar que Mitt Romney, el candidato republicano, hizo una pequeña fortuna con fondos especulativos radicados en paraísos fiscales. Por ello, el impuesto a las ganancias lo alcanzó en una alícuota de apenas el 14,1% sobre sus beneficios de 2011. El promedio de ese impuesto para quienes invierten dentro del territorio estadounidense es de 41,7%; es decir, el candidato con serias posibilidades de triunfar paga tres veces menos que los millones que lo votan.

 En el caso concreto del secuestro del buque escuela de la Armada argentina, la esposa de Romney, Ann Davies, fue mencionada por una investigación de la revista norteamericana The Nation por haber depositado al menos un millón de dólares en el fondo especulativo Elliot Managment, cuyo presidente y accionista mayoritario es el millonario Paul Singer, aportante de la campaña de Romney y responsable directo que se presentó en los tribunales de Acra, la capital de –la ex colonia británica y miembro del Commonwealth– Ghana, y logró la incautación de la fragata en demanda de que las autoridades argentinas le paguen los bonos (en default) que adquirió en los llamados mercados secundarios de capitales
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En este encadenamiento de presiones, el viernes se conoció una sentencia de un tribunal de apelaciones de Nueva York a favor del mencionado fondo Elliot.

El tribunal ratificó un fallo del juez Thomas Griesa, quien en febrero último consideró que los tenedores de títulos que no entraron voluntariamente en los dos canjes de deuda (2004 y 2010) merecen un trato igualitario. La decisión de Griesa fue apelada por la Argentina en julio pasado. Hay todavía un tribunal de alzada, que es la Corte Suprema de esa ciudad norteamericana, al que recurrirá el Gobierno Nacional. Respecto de las acciones legales de los fondos especulativos contra la Argentina, el canciller Héctor Timerman recordó el jueves pasado que hasta la fecha no prosperó ninguno de los 28 embargos pedidos por los fondos especulativos.
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Para no caer en voces intoxicadas, acostumbradas a desinformar, conviene reparar en lo publicado en Nuestro Mar, vocero oficioso de los retirados navales. En la edición digital, y con el título “Reducen los recursos mientras sigue la tensión diplomática”, la publicación dispara:

“Con los 289 tripulantes de la Fragata Libertad retenidos en Ghana y 105 marinos de la corbeta Espora varados cerca del puerto de Ciudad del Cabo, el Gobierno piensa reducir las prácticas de entrenamientos y los movimientos de oficiales y suboficiales en las Fuerzas Armadas”. Es decir, ni una palabra de cómo defender los intereses argentinos –los barcos de la Armada– sino un ataque al Presupuesto Nacional, que es la llamada ley de leyes.
“Así lo prevé el proyecto de Presupuesto 2013 –sigue Nuestro Mar– que está tratando el Senado y que recorta los días de navegación y las horas de vuelo previstos para la Armada y la Fuerza Aérea; según lo publicó La Nación”. De paso, se cuelga del diario de los Mitre, que tantos servicios hizo a la Armada en tiempos dictatoriales. Consigna la publicación naval: “Los pilotos tendrán 13.641 horas de vuelo frente a las 28.769 previstas para este año.

Es una reducción del 47%, que preocupa a los oficiales de la Fuerza Aérea. Los barcos de la Armada tendrán 161 días para navegar y controlar los espacios marítimos y la hidrovía, cuando en 2012 se previeron 174 jornadas. Muy lejos de los 329 días con que contaban en 2011”. Es decir, la queja no es por haber cambiado la idea de que las Fuerzas Armadas estaban concebidas para reprimir al pueblo y estar preparadas para pelear contra países vecinos y ahora están pensadas para estar encuadradas en el pleno respeto a la democracia y pensar en fortalecer el Consejo de Defensa de la Unión de Naciones Suramericanas.

No, Nuestro Mar pretende hacer creer que se trata de un legítimo reclamo gremial y enfatiza que “las actividades previstas para el Ejército se mantienen, en cambio, en los mismos niveles”. Como remate advierte que por “la crisis de la Fragata Libertad, que provocó la renuncia del titular de la fuerza, almirante Carlos Alberto Paz, y el pase a disponibilidad de dos jefes navales, la Armada también contará con menos recursos para el control aéreo del mar y de los ríos. La principal consecuencia es el desánimo que produce entre los oficiales y los suboficiales”.
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La segunda enseñanza es que parece percibirse, una vez más, al menos en la superficie de la sociedad, de la vida política y de la circulación mediática, que la oposición está más preocupada por tomarse de cualquier dato para castigar al Gobierno. De allí que para el relato de los medios opositores, todo esto se remite a “un error”. Es decir, si alguien pisa una mina antipersonal no importa el terreno minado sino la falta de pericia para no sortear el explosivo. Es difícil saber cuánto impacta de modo negativo esta historia en el Gobierno Nacional. En primer lugar, porque la función del Poder Ejecutivo no es jugar a la batalla naval y cantar “tocado” o “hundido”, sino dar cuenta de sus actos administrativos y del proceso de toma de decisiones. En ese sentido, es posible que esto se haya saldado con la aparición pública del ministro Puricelli donde cargó con la responsabilidad.
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gb

AUTORITARISMO, OPINION, EDGARDO MOCCA

 Por Edgardo Mocca

El uso de la palabra “autoritarismo” ha alcanzado entre nosotros un nivel de intensidad con pocos antecedentes relativamente cercanos. Se emplea mayormente, claro está, para referirse al gobierno nacional. A veces se emplean como sinónimo otros términos –dictadura, totalitarismo, despotismo– cuyo significado teórico-político es bien diverso pero cuyo plano de apelación emocional es más o menos equivalente.

La palabra del caso puede referirse a una conducta circunstancial, en este caso de un gobierno, o puede indicar la existencia de una práctica sistemática, un rasgo esencial de ese gobierno.

También sería necesario separar el significado teórico del término de otros usos, en diferentes contextos discursivos, para aludir a determinadas conductas sociales: por ejemplo, cuando se habla del “autoritarismo” en la manera de dirigirse alguien a un semejante. Estas precisiones valen para decir que, cuando en la Argentina de hoy se habla de “gobierno autoritario” no se lo nombra así para designar alguna conducta ocasional o en referencia a cuestiones formales, sino para aludir a un rasgo esencial y constitutivo de las actuales autoridades políticas.

No se habla, entonces, de un “tipo de gobierno” (tipos de política dentro de un determinado orden institucional), sino de un “tipo de régimen” (modo institucional de organizarse la comunidad política). La diferenciación no es, como parece, una exquisitez teórica; es sustancial. Porque entraña una consecuencia muy importante: si lo que se cuestiona es un tipo de gobierno, el problema a resolver será cómo cambiarlo por las vías constitucionales establecidas; en cambio, los regímenes no se suplantan siguiendo las propias reglas de cada uno, sino violentando esas reglas.

Así, el paso del régimen autoritario a la democracia es el triunfo de los sectores partidarios de esta última sobre el viejo régimen sobre la base de reglas ajenas a éste, mientras que el paso de la democracia al autoritarismo es algún modo de anular la vigencia de las instituciones democráticas.
A esta altura puede verse la enorme gravedad que supone la irresponsable circulación de la palabra, tan desdichadamente habitual en el vocabulario de algunos líderes políticos y de casi todos los editorialistas de los medios de comunicación dominantes.

En ese lenguaje está implícito que quien lo utiliza no reconoce legitimidad democrática al gobierno adversario. Acepta a lo sumo su “legitimidad electoral de origen” pero no la legitimidad de su “ejercicio del poder”. ¿En qué consiste lo principal de la idea? Consiste en servir de marco interpretativo principal de la situación política. Es un molde en el que entra cada uno de los actos de gobierno y cada una de las escenas a que estos actos dan lugar.

 En nuestro caso se expresa así: toda la acción de gobierno, desde la estatización de los fondos jubilatorios hasta la expropiación del paquete accionario mayoritario de YPF, pasando por la reforma de la carta orgánica del Banco Central y el reclamo de que el Poder Judicial designe jueces naturales según lo previsto por la ley, se explica por una tendencia congénita del Poder Ejecutivo a concentrar la suma del poder público y a prescindir de todo contrapeso jurídico o político. La expropiación por medio de una ley es “confiscación”, la regulación económica es “atropello a la libertad”, los juicios a la barbarie del terrorismo de Estado, mera acción sectaria en procura de venganza.


Tal definición del marco político tiene consecuencias ominosas. La más grave de ellas es la ruptura del contrato democrático, que presupone mutuo reconocimiento entre los actores políticos. Y esa ruptura facilita el retorno a la escena pública de viejos lenguajes que añoran los tiempos de la dictadura militar y reviven las épocas más terribles de nuestra sociedad. En el terreno de las tácticas partidarias, la retórica del autoritarismo contiene una paradoja: la afirmación de la existencia de un régimen de esas características parece indicar que la unidad de todo cuanto se le opone es una imperiosa demanda política.

Así, en efecto, lo sostienen los editorialistas de las cadenas dominantes, quienes amonestan recurrentemente a los líderes opositores por no estar a la altura de esa supuesta demanda social unificadora. Pero para que esa unidad fuera viable haría falta que cada una de las fuerzas opositoras considerara la derrota del gobierno como un objetivo más importante que la propia victoria. Para que esa conducta fuera viable haría falta algo más que la retórica antiautoritaria: haría falta que efectivamente existiera la percepción social de la existencia de un régimen autoritario.

Curiosamente, uno de los efectos más dañinos de esta retórica es el que impacta en la propia oposición política. Con el libreto antiautoritario, los grandes medios de comunicación han articulado un discurso antikirchnerista que se ha mostrado tan capaz para promover climas de asfixia e indignación política en algunos sectores, como impotente a la hora de la propia construcción política.

Es inevitable que así sea: el griterío contra el “gobierno autoritario” no se lleva bien con las rutinas ni los calendarios electorales. Se sitúa en el punto más extremo de la enemistad política, en el lugar en el que “el otro” no es una propuesta y una orientación a discutir y a superar sino que es el mal político absoluto a combatir y destruir. Es una mirada más eficaz para alentar escenas de crisis terminal y sublevaciones que para acumular recursos político-electorales.

 Por otro lado, el propio sufragio universal queda comprometido en su virtualidad: de ese sufragio, ejercido con total libertad surgió este gobierno al que se denuncia como ilegítimo. Es decir, del sufragio ya no se esperan soluciones porque el sufragio es parte del problema. Así se insinúa en ciertos testimonios recogidos en el cacerolazo porteño de septiembre que, ante la pregunta sobre por qué la mayoría votaba a Cristina Kirchner, respondían que el Gobierno ganaba elecciones sobre la base del clientelismo social.

Se cierra así el círculo argumental: al autoritarismo no se lo derrota con las mismas armas con las que domina, es necesario un acto original de fuerza que restablezca el orden democrático. Frases de ese tipo jalonaron el comienzo de todos y cada uno de los golpes de Estado de nuestro siglo XX.

SINTESIS DE SU NOTA PUBLICADA HOY EN PAGINA 12

GB

AGUAD Y SUS MIEDOS

El día que Aguad no puso objeciones

El diputado convalidó con su voto la lista de candidatos para los juzgados civiles y comerciales vacantes. Lo prueba el acta de la audiencia de la Comisión de Selección de Magistrados del 5 de julio.

 Por Sebastian Abrevaya

El origen del conflicto que tiene paralizado al Consejo de la Magistratura se remonta al cinco de julio pasado, cuando la Comisión de Selección de Magistrados de ese organismo resolvió, por ocho votos contra uno, elevar al pleno del Consejo la nómina de candidatos para ocupar las vacantes de cinco juzgados del fuero Civil y Comercial, entre ellos el Número 1, que tiene pendiente de resolución la causa interpuesta por el Grupo Clarín para evitar adecuarse a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Hubo al menos dos actores centrales de aquel encuentro y que continúan teniendo un rol clave en la crisis que vive el Consejo. Por un lado, el consejero juez Ricardo Recondo, acusado por digitar la designación irregular de jueces subrogantes, y por el otro el diputado Oscar Aguad, que había votado a favor de la elevación del concurso en la comisión y posteriormente se manifestó en contra de su aprobación en el pleno del cuerpo.

En el acta 8/12 del Consejo figuran detalladamente los acontecimientos de aquel encuentro, en el que el diputado Aguad acompañó la propuesta del oficialismo. Al comenzar a tratar el cuarto punto del orden del día, Aguad pide una nueva postergación del concurso, que ya se había demorado en otras dos oportunidades y que había consumido ya dos años y medio. El oficialismo, atento a las críticas que le venían realizando por la gran cantidad de vacantes en el Poder Judicial y la trascendencia de la causa por la ley de medios, decide avanzar con la terna, compuesta entonces por Silvina Bracamonte, Víctor Trionfetti y Carmen Palacios, y por los candidatos complementarios Marisa Garsco, Marcelo Bota, María Lorena Gagliardi y José Luis Cassinerio.

En ese contexto, Aguad y el representante de los jueces, Mario Fera, solicitan un cambio en la nómina, pero no referida a Gagliardi, objetada posteriormente como vinculada con el oficialismo, sino a los lugares 7, 8 y 9. Se propone en esos puestos a Javier Pico Terrero, Alejandro Maraniello y José Luis Cassinerio. El representante del Poder Ejecutivo, Hernán Ordiales, acepta la propuesta y finalmente se propone que sea tratada en la siguiente reunión del plenario del Consejo. Recondo cuestiona el desplazamiento de Cassinerio al noveno lugar y Fera le replica que se debe al “destacado desarrollo expositivo” que tuvieron Pico Terrero y Maraniello en las entrevistas personales. A la hora de evaluar el puntaje de los jueces, se toman los antecedentes judiciales y académicos, se realiza un examen escrito y uno oral.

Gagliardi, originalmente ubicada en el puesto 16, fue reposicionada en el puesto 8 luego de que se corrigieran errores en la puntuación de sus antecedentes, ya que no se había tenido en cuenta su función como directora del Organismo Nacional de Administración de Bienes (Onabe). Finalmente, tras la entrevista personal, se la ascendió al sexto lugar, así como Fera y Aguad propusieron ascender a Pico Terrero y Maraniello. El tema se saldó con la elevación de la terna, acompañada por el voto de Aguad, Fera, Ordiales, Carlos “Cuto” Moreno, Stella Maris Córdoba, Alejandro Sánchez Freytes y Manuel Urriza contra el de Recondo.


“No es difícil tener antecedentes para ser juez. El problema es saber cuál es la intencionalidad de los jueces que se van a designar. Nosotros creemos que todo el concurso está sospechado”, dijo Aguad tras fracasar las reuniones del plenario del Consejo, producto de abroquelamiento de la oposición. El argumento de los radicales tiene que ver con supuestas manifestaciones de Gagliardi, en las que habría dicho que iba a hacerse cargo del juzgado Número 1, que entiende en la causa del Grupo Clarín. Esas sospechas, según la oposición, fueron ratificadas cuando Gagliardi pidió la recusación de Recondo por su actuación en la designación de jueces subrogantes en el fuero Civil y Comercial, que fueron hechas de manera irregular. Para Gagliardi se trató de un “claro caso de forum shopping” y por eso pidió su exclusión en el tratamiento del concurso 258. De producirse la exclusión de Recondo, todavía en análisis, el oficialismo tendría los votos necesarios para aprobar la nómina.

De todas maneras, para evitar esas sospechas, los representantes del oficialismo en el Consejo propusieron elevar la nómina sin Gagliardi y avanzar así en cubrir las vacantes. Ante esa propuesta, los opositores extendieron las sospechas a todos los candidatos.
En el ínterin, el Juzgado Civil y Comercial Número 1 contó con dos magistrados jubilados que fueron colocados por la Cámara Nacional, a contramano de lo que indicaba la ley de subrogancias aprobada en 2008. El oficialismo logró aprobar en el Senado la lista de conjueces para cubrir esas vacantes. Finalmente el juzgado quedó a cargo de Horacio Alfonso, juez del Juzgago Número 2, pero su situación no está del todo firme. Ordiales le dijo a Página/12 que escucharon con preocupación la declaración de jueces en el Consejo, en la que se mostraron desbordados por la cantidad de expedientes que tiene a cargo. Según el representante del Ejecutivo, debería primar la lista de conjueces, incluso en el caso de los camaristas Martín Farrell y Santiago Kiernan, ambos jubilados y exentos de los controles que les corresponden a los jueces naturales.

En el kirchnerismo aseguran que ese cambio de posición por parte de Aguad no responde al concurso en sí, sino a la necesidad de congraciarse con el Grupo Clarín para renovar su banca de diputado nacional, que termina en 2013 y que le permitiría continuar cuatro años más con los fueros legislativos. Aguad tiene pendiente una causa judicial por administración fraudulenta iniciada cuando fue interventor de la ciudad de Corrientes, en 2001. Siendo interventor obtuvo un crédito por 60 millones de dólares otorgado por el Banco Nación para pagar una deuda con la Obra Social de Corrientes y con el Instituto de Previsión Social. Pero esa deuda fue abonada con bonos CeCaCor y no con el dinero otorgado por el Nación. Como Aguad es diputado nacional desde 2005, los plazos para la prescripción de la causa dejaron de correr desde entonces, quedando todavía dos años más desde que deje de tener fueros para que la causa caduque. Así lo resolvió el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes, que rechazó la prescripción y ratificó el procesamiento de Aguad, dejándolo al borde del juicio oral, en cuanto pierda los fueros.

Pagina 12

GB

DERECHOS HUMANOS, DE POSADAS MISIONES PARA EL MUNDO.

NESTOR CON PERON

. El menemista Jorge Asís, por ejemplo, se afana por escribir libros sobre la pequeñez y el fin inminente del kirchnerismo. Pero el esfuerzo por minimizar la figura de Néstor Kirchner genera el efecto contrario. Gran parte del relato kirchnerista que desquicia a la oposición se alimentó por el tremendismo negativo con que esa oposición pintó al ex presidente. Cada leyenda negra que se construye contribuye a darle ese cariz legendario a la figura que se quiere denigrar. El peronismo tiene experiencia con este mecanismo. Durante los 18 años de su exilio, Perón fue denigrado en cada línea que se publicó en los medios y se le inventaron leyendas de terror que, ahora a la distancia, se ven ridículas. Si fuera por esas leyendas, Perón habría sido impotente, pero al mismo tiempo habría tenido relaciones sexuales con todo tipo de seres, desde humanos de distintos sexos, profesiones y edades, hasta no humanos. Los peronistas recogían esas ridiculeces –que hacía circular la gente “seria”– y respondían: “Puto o ladrón, queremos a Perón”.

LUIS BRUCHSTEIN

GB

N Y LA REPUBLICA

En ese razonamiento de la derecha subyace la idea de que la democracia es un peligro para la República, lo que la lleva necesariamente a optar por esta última. Como consecuencia se concluye que quienes ponemos el acento en la participación popular somos naturalmente antirrepublicanos. Esto es particularmente falso en la Argentina actual, porque fue el kirchnerismo el que recuperó la legitimidad del funcionamiento de las instituciones después del fundado descrédito en que habían caído en diciembre del 2001. Habrá que acostumbrarse a ver a Néstor Kirchner no sólo como el presidente de los derechos humanos y el iniciador de un proceso de transformación de la sociedad argentina, sino, también, como quien impulsó la relegitimación de la política y de las instituciones republicanas.

HORACIO JOZAMI
GB