D'ELIA: LANATTA Y GOEBBLES

Por Twitter, Luis D´Elía le respondió a Lanata

El dirigente de MILES afirmó que uno de "los dirigentes sociales" entrevistados por el programa PPT (Grupo Clarín) es en realidad un operador de De Narváez. Además, acusó a la producción de "pagarle 500 pesos" a los vecinos que inventaran una denuncia contra él. Mirá los tuits.

El dirigente de MILES, Luis D´Elía, aprovechó la red social Twitter para responder a un informe de Periodismo Para Todos, que conduce Jorge Lanata.  En la semana, además, afirmó que la producción de ese programa "está pagando 500 pesos" a las personas que inventaran una denuncia contra el militante. Los responsables de la emisión todavía no respondieron a esa afirmación. Mirá sus tuits.
Luis D'Elia ‏@luis_delia
Jorge Núñez el dirigente social de Larrata en la última elección fue 5to candidato a senador por de narvaez en la tercera seccion electoral
Luis D'Elia ‏@luis_delia
En el barrio viven 1520 familias y aqui hablaron solo 8 personas manipuladas
Luis D'Elia ‏@luis_delia
Este es el pais de las corporaciones del escuerzo larrata solo ellos pueden hablar y difamarte
Luis D'Elia ‏@luis_delia
Ninguno de los testimonios pagaron su terreno siempre se negaron
Luis D'Elia ‏@luis_delia
el escuerzo larrata pretende ser un actor de stand up pero solo aparece tendensioso y maniqueo

AGENCIA PACO URONDO

GB

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DESENCUENTROS OPOSITORES, OPINION

Las alianzas en la política pueden generar encuentros difíciles de explicar, y menos aun para quienes dicen reclamar la profundización del Modelo Nacional y Popular. La foto de esta mañana, demuestra la desorientación de aquellos sectores que se oponen al kirchnerismo.

Por Juan Ciucci l Parece que la historia se repite, y  aquellos que la personifican intentan negarlo. "Después van a hablar de la fórmula Moyano-Macri o Macri-Moyano y de esas tonterías", dijo el titular de la CGT Azopardo Hugo Moyano, esta mañana al compartir mesa y micrófono con el Jefe de Gobierno porteño Mauricio Macri.
Quizás sea trillado repetir que “los une el espanto”, pero resulta inexplicable la reunión de esta mañana sin esa premisa. Moyano parece haber perdido el rumbo en su abierta oposición al Gobierno Nacional. Con la intención de confrontarlo, ha finalizado mostrándose aliado al antikirchnerismo de derecha.
Si bien hemos planteado que es necesaria una construcción opositora que Moyano podría representar (ir al artículo), no conseguirá hacerlo con el representante de la antipolítica y de lo antipopular, que sin dudas encarna el hijo de Franco Macri. ¿Qué parte del modelo que desde 2003 Hugo Moyano acompañó puede subsistir en una hipotética continuación macrista? ¿Acaso entra en discusión que el macrismo es un simple retorno al neoliberalismo que enfrentó desde el MTA Moyano en los ´90? 
El hijo de Franco dijo a la salida de la reunión: "Las cosas evolucionan y va quedando más claro quienes estamos del lado del diálogo, y el trabajo en conjunto y quienes del lado de la confrontación y de la división". Moyano se ha sumado a este discurso del diálogo, y ha opinado sobre la supuesta “soberbia” de la Presidenta de la Nación. Discurso que lo acerca  a las lógicas del arrepentido, quien siempre es bien recibido por sus enemigos más enconados. Ese sujeto que se arrepiente, pierde ya todo lugar de lucha, porque no intenta superar aquello que critica, sino que se suma servil a los intereses de sus enemigos. Que sin dudas siguen siendo los del Gobierno Nacional, aunque parezca que Moyano ya no se da cuenta.
Seria deseable que el anclaje en un sector del campo popular que tiene el moyanismo recupere un accionar que pueda acercarlo a los postulados de alguno de sus sectores más lucidos, como la Juventud Sindical o el caso de Juan Carlos Schmidt. Algunas de sus críticas podrían colaborar con el conjunto del campo popular, en la permanente lucha por lograr una mejor distribución de las riquezas y de las ganancias de la Patria. La reunión de esta mañana sin dudas lo muestra muy alejado de esa misión. Y no es la única seña que en ese sentido ha emitido. Que el recuerdo de la Unión Democrática sirva para que su sector recupere una línea política popular.    
AGENCIA PACO URONDO.

GB

JUECES, POLICIAS, PODER POLITICO? SANTA FE SOCIALISTA NO CACEROLEA?

El inquietante caso de un narcocomisario
Si Tognoli pudo borrar o no datos, advertir o no a cómplices, no parece algo muy importante.

Por Eduardo Anguita

Al momento de escribir estas líneas, el –hasta el viernes– jefe de la Policía de Santa Fe, Hugo Tognoli, permanecía en la delegación de las Tropas de Operaciones Especiales (TOE) que él mismo dirigía. Esa era la antesala para su declaración ante el juez federal Carlos Vera Barros, quien lleva la causa que lo señala como un factor clave en la operación de venta ilegal de drogas pero con conexiones con otros delitos aberrantes como la trata de personas.

 La historia fue destapada por la edición del viernes de Página/12, con datos precisos de los seguimientos realizados durante meses por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), en el marco de una investigación llevada a cabo por la fiscal federal Liliana Bettiolo. Había dos causas iniciadas en sendos juzgados de esa provincia. Una a cargo del juez Marcelo Bailaque y otra a cargo del juez Carlos Vera Barros. Ambos magistrados delegaron la investigación en la fiscal Bettiolo quien decidió recurrir a la PSA, una fuerza que participó con éxito en investigaciones complejas por delitos de lesa humanidad o de narcotráfico.

 La fiscal, en la causa que tramita Bailaque, pidió 18 allanamientos, incluyendo la Comisaría 18, donde hubo un escándalo cuando un narco, conocido como Ojito, pidió recuperar su automóvil de alta gama. El juez accedió a 14 allanamientos que no incluían ni la comisaría ni los domicilios de altos jefes policiales, entre los que estaba Tognoli. Por su parte, Vera Barros tenía una causa donde se juntan venta de narcóticos con protección a prostíbulos donde puede haber relaciones con trata de personas.

Ante la falta de determinación de los jueces, alguien decidió que esta historia tomara estado público. El hecho de que Tognoli haya tenido la chance de enterarse por un diario es extraño. Pero sin entender la información previa todo podría ser interpretado de modo capcioso. Se supone que una investigación compleja, que mantuvo el secreto durante tanto tiempo y que tuvo en la mira a un jefe policial de tanto rango, debe ser conducida con rigor. Y si los magistrados no proceden, los investigadores también se ven en la obligación de actuar con decisión. Eso le dio a Tognoli esas importantes 48 horas que se tomó hasta presentarse voluntariamente nada menos que ante las TOE. En el medio, lo que se sabe es que dio una entrevista desde la clandestinidad, presentó su renuncia y nombró como abogado a Eduardo Jauchen, un letrado muy bien vinculado a la justicia y que tuvo entre otros clientes al ex arzobispo de Santa Fe, Edgardo Storni, quien finalmente fue condenado a ocho años de prisión por delitos sexuales.

Si Tognoli pudo borrar o no datos, advertir o no a cómplices, no parece algo muy importante, ya que antes de esos dos días estuvo observado por expertos que tomaron el recaudo de escuchar –con autorización– su teléfono y seguir sus pasos.

En ese sentido, el gobernador Antonio Bonfatti equivocó el camino: su mayor preocupación fue cargar contra la ministra de Seguridad, Nilda Garré, por no haberlo informado antes de esto. Es, por lo menos, desafortunado pensar que una investigación bajo orden judicial sobre un funcionario de Santa Fe (el jefe policial es un funcionario político más allá de que tenga un grado policial) debe perder su status y la obligación de Garré era alertar al gobernador sobre algo que está en la órbita de la fiscal Bettiolo.

Es más, el secreto de la información recolectada por la fiscal no tiene por qué llegar a la ministra de Seguridad. Hay quienes están tentados en arrebatarse y tratar de explicar esto como una pelea entre los planes políticos del gobierno nacional y los del socialismo santafesino. Ese análisis puede quedar para los reduccionistas, para los que pretenden ver todo bajo la lupa de operaciones políticas y dejan de lado algunos asuntos extremadamente complejos y preocupantes.

UN CASO. A fines de 2006, el entonces gobernador Felipe Solá citó a este cronista a la sede de la gobernación. "Necesito que me ayudes con un plan de comunicación para un plan de abordaje integral en la zona más compleja del conurbano." Solá tenía un puntero que señalaba rutas en un mapa satelital que tenía como foco un territorio atravesado por la contaminación del río Reconquista y los terrenos de relleno de la CEAMSE. Se trata de un conglomerado de barrios donde viven más de 100 mil bonaerenses, un tercio o más de la población del partido de San Martín. Sin cloacas ni obras de saneamiento, encima el camino del Buen Ayre fue construido sobre altura y contribuye al anegamiento de los barrios pobres. Solá fue terminante: "Tenemos información de inteligencia de que muchos de los delitos tienen bases operativas en algunas de esas villas y que las bandas tienen protección policial.

Si no actuamos con una mirada integral de la seguridad, con trabajo, vivienda, obras de saneamiento y participación comunitaria no vamos a poder mejorar los índices de criminalidad." Tras el pedido-ofrecimiento del entonces gobernador junto a un grupo de gente, este cronista recorrió varias barriadas.

Entre los participantes estaba el actual secretario de Seguridad, Sergio Berni. La iniciativa tomada por Solá se cortó por un hilo débil: terminada la idea de la re-reelección provincial, el plan se diluyó. Cabe recordar que el ministro de Seguridad provincial era León Arslanian y que en su equipo estaba Martha Arriola, dedicada al área de Seguridad Comunitaria.

Empezaban otros tiempos. Con la buena imagen de Daniel Scioli y también con su absoluta determinación de aceptar a los jefes de la bonaerense y terminar con lo hecho por Arslanian. A tal punto que, por pedido expreso de los jefes policiales a través de su primer ministro de Seguridad, Carlos Stornelli, el ministro no tenía más el control telefónico sobre los jefes policiales que sí tenía Arslanian. El dispositivo era muy simple: cada jefe policial debía tener un teléfono prendido que lo contactaba con un enlace con el ministro.

 Esos teléfonos podían ser rastreados por satélites y de ese modo había un sistema de control de gestión que le permitía a Arslanian dar órdenes que se cumplieran o enterarse rápidamente de dónde estaba alguno de los jefes en momento de suceder algo que no fuera combatir el delito sino dejar de combatirlo o, lo que es peor, ser parte del delito.

 Eso es control. Como se controla, por ejemplo, a la policía catalana –los mozos de Escuadra– al imponerles tener cámaras de seguridad en las salas de interrogatorio. En realidad, ¿qué más quiere un funcionario policial, un fiscal, un gerente de ventas o un intendente, que tener eficaces sistemas de auditoría? Esta vez fue Santa Fe y, sin soslayar el caso concreto de Tognoli, mañana será otro. No puede haber autogobierno policial y tampoco puede haber sistemas de control improvisados. Se requiere profundizar las experiencias como las llevadas a cabo por Arslanian y continuar con la línea de Garré y agregar todos los sistemas de control y participación ciudadana más las mejores técnicas de control de gestión.

23/10/12 Tiempo Argentino
GB

LA JUSTICIA COMPLICE DE LA DICTADURA.

PIDEN QUE SE INVESTIGUE A LONA EN LA CAUSA RAGONE
Un juez bajo sospecha
El ex juez Ricardo Lona siempre ha gozado de la protección de la corporación judicial.
Imagen: Rafael Yohai

En el proceso por el secuestro y homicidio del ex gobernador de Salta, la fiscalía reclamó que se investigue al ex juez como partícipe de ese delito. Lona fue varias veces denunciado.

Por Alejandra Dandan

“No conseguíamos los familiares un abogado que nos hiciera un recurso de hábeas corpus, nadie, pero nadie”, dijo Dolly Mabel Perini de Gallardo en Salta, meses atrás. “Conseguí a un abogado que me hizo escrito en lápiz y yo presenté el recurso escrito en mi máquina, porque ni su máquina me prestaba y escribí todo lo que me había dicho el doctor. Estaban muy preocupados los abogados, también tenían miedo, cuando llegaba a (el ex juez Ricardo) Lona, me recibía y me miraba con mala cara porque yo lo conocía de la casa de Jaime Dávalos y tomaba el hábeas corpus y en mi cara lo tiraba a la basura.”

–¿Cuántas veces sucedió ese hecho? –le preguntó el presidente del Tribunal.

–Dos o tres veces, no sé.

La Unidad de Coordinación Fiscal de las causas de lesa humanidad acaba de impulsar una nueva denuncia contra el ex magistrado Ricardo Lona, esta vez destinada a la Justicia Federal de Salta para pedir que se lo indague como partícipe del secuestro y homicidio del ex gobernador Miguel Ragone. La presentación busca no sólo insistir con la investigación sobre un símbolo de la impunidad de la dictadura. Vista de cerca, muestra además nuevas lecturas sobre el rol del Poder Judicial que a ojos de los fiscales se hace más comprensible y profundo a medida que avanzan los juicios de lesa humanidad. Lona, que en esa causa era investigado sólo por encubrimiento, aparece ahora como partícipe del aparato represivo. A la inacción en la causa del ex gobernador, el archivo y disimulo de las pruebas, agregaron otras denuncias, como la de Dolly Mabel, que muestran su conducta como sistemática y continuada en el tiempo.

“Esta tolerancia y colaboración por parte del magistrado terminó erigiendo una suerte de garantía de impunidad para los delitos cometidos por los miembros de las fuerzas de seguridad y militares”, dijeron. “Una conducta que excede el mero favorecimiento (...) (y) lo pone directamente en la estructura represiva como si fuera un ejecutor más.” Lona “estaba en ese puesto para brindar impunidad: ése fue su rol en esta empresa criminal”.

El juicio oral por el secuestro y homicidio de Ragone concluyó el año pasado con un pedido explícito del fiscal Horacio Azzolín para que la Justicia investigue en estos términos al ex magistrado, que atravesó como juez toda la dictadura. Los testimonios y pruebas del debate habían acreditado no sólo que doce días después del secuestro de Ragone archivó la causa sin investigar, sino que hizo lo mismo con muchísimas otras denuncias. En esta presentación nueva, Azzolín retoma y robustece el pedido con las pruebas del debate, en un informe que lleva estratégicamente las firmas del jefe de la Unidad de Coordinación de Causas, Jorge Auat, y del fiscal ante la Cámara de Casación Javier de Luca.

En el contexto de la causa Ragone, Lona aparece en escena desde el primer momento. Como amigo de la familia, los testigos lo muestran en la casa de la viuda prometiendo llevar adelante personalmente una investigación que en realidad se encargaría de disolver horas más tarde. “Insulta a la inteligencia pensar que, por ejemplo, todas las diligencias de prueba omitidas no se practicaron porque no se les ocurrieron a quienes no sólo estaban entrenados para eso sino que, además, tenían la obligación funcional de hacerlo”, recuerda el escrito citando al ex juez. “Ya se ha explicado cómo entrevistó a la familia de Ragone en su domicilio al poco tiempo del hecho, conversando allí con un posible testigo –Mendoza– y estando presente en la comisaría preventora. Esto, más allá de que la envergadura del caso y su repercusión pública, porque la víctima era el ex gobernador de la provincia, ameritaba una investigación exhaustiva que no se realizó.” No se escuchó a la mujer de Ragone ni a su hija. La instrucción judicial fue un “fingido intento de investigación”. No se hicieron rastrillajes, no se tomaron pericias. No se hizo la autopsia de Santiago Arredes, uno de los testigos que cayeron muertos, hermano del entonces comisario Roberto Arredes, jefe de contralor de la policía, y otra de las razones por las que el caso tomaba dimensión pública y notoria. Ya en democracia, Lona recibió información de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación sobre la relación del crimen con las fuerzas represivas, “pese a lo cual no reabrió la investigación cuando ella estaba reservada esperando, supuestamente, nuevos elementos de prueba para hacerlo”. Colocó “de puño y letra, simplemente ‘Agréguese’, cuando se le estaba aportando una línea de trabajo concreta”. Nada indica que su obrar se debió solamente a que era un funcionario “negligente”, insisten. “Si se estudia su actuación (o la falta de ella) en otros tantos casos denunciados durante el gobierno de facto, se advertirá claramente que su accionar respondía a un patrón: no investigar los hechos que aparecían cometidos por las fuerzas de seguridad, en el ámbito de la alegada lucha contra la subversión o situaciones afines.”

Es muy impresionante ver los nombres que el informe incluyó a continuación. Madres, padres o familiares de distintos secuestrados que acudieron a ver a Lona y luego se iban con el cierre de un expediente que decía “sobreseído por falta de pruebas”.

El intento por llevar a juicio a Lona en Salta es largo. Lona está acusado además en la causa por la Masacre de Palomitas, donde los testigos lo inscriben como presente en los traslados de detenidos. En esa causa, la Corte Suprema emitió un fallo en septiembre que vuelve a impulsar la investigación. Pero nadie sabe si el ex magistrado volverá a contar con las ayudas locales que hasta ahora le garantizaron impunidad. “La Cámara de Salta le dio una mano extraordinaria”, dice Azzolín y recuerda que Lona zafó de ser investigado porque en la primera instancia y luego la Cámara consideraron que su conducta era reprochable en términos de “encubrimiento”, pero lo entendieron como delito prescripto tanto en Ragone como en Palomitas. Ahora el juez federal 2 Miguel Medina es el que debe aceptar o rechazar el pedido de indagatoria con estas características. Un dato difícil de saber si se toma en cuenta que para el recurso ante la Cámara, hubo treinta abogados de la matrícula que se excusaron de intervenir no por odio manifiesto sino por amistad.

23/10/12 Página|12

GB

VOLVIO LA DECADA DEL 30, CONSERVADORES POPULARES(?)

MAURICIO MACRI INTERCAMBIO ELOGIOS CON HUGO MOYANO Y GERONIMO “MOMO” VENEGASLa necesidad tiene cara de hereje
“Cuenten conmigo”, les dijo Macri. Moyano sólo lamentó que fuese de Boca. Venegas comparó la foto con el abrazo Perón-Balbín.

Por Werner Pertot

Puede ser el comienzo de una hermosa amistad. Mauricio Macri y Hugo Moyano se sacaron una foto juntos en un encuentro en el que Gerónimo “Momo” Venegas fue el anfitrión. Fue todo risas y bromas entre el jefe de Gobierno y el camionero, a diferencia de los cruces que tuvieron en otros tiempos. Cuando le preguntaron al líder del PRO por qué se reunía con Moyano, respondió: “Qué sé yo. Las cosas evolucionan y va quedando más claro quiénes estamos del lado del diálogo y del trabajo conjunto y los que están del lado de la confrontación”. “Si Macri se quiere hacer famoso al lado mío, yo no lo puedo impedir”, bromeó el titular de la CGT disidente, que se retiró antes de la conferencia de prensa.

El primer choque entre Macri y Moyano fue con el conflicto en 2008 que tuvo el jefe de Gobierno con los gremios estatales, cuando anunció miles de despidos y la intervención de la obra social. En 2011, cuando Moyano llamó a “reventar la 9 de Julio” para pedir la reelección de Cristina Fernández de Kirchner, se volvieron a cruzar con el jefe de Gobierno, que le recordó que tenía que pedir autorización para hacer el acto. Con el paso del tiempo y el deterioro de la relación del camionero con el gobierno nacional, el líder de PRO fue moderando sus declaraciones.

La primera prueba del acercamiento la dio Macri con la marcha de Moyano a Plaza de Mayo en junio. El jefe de Gobierno se mostró a favor de la movilización, algo inusual en él. “Espero que la Presidenta escuche este llamado de atención”, dijo Macri en compañía del Momo Venegas, quien finalmente logró juntarlos a ambos en una foto que, hace meses, los macristas afirmaban que era imposible. Hubo otras pruebas de amor: un bono de 220 millones de pesos para pagar indemnizaciones a los recolectores de basura, la introducción de la empresa Covelia en la zona estatal de recolección y su posible entrada al negocio de la basura porteña son razones contantes y sonantes para sellar la relación entre Macri y Moyano. Atrás quedaron las épocas en que el líder de PRO consideraba que el camionero era un extorsionador. Ayer Macri no dejó de sonreír ni cuando le recordaron que Pablo Moyano había dicho que su padre era el mayor representante de la oposición porque el líder del PRO no tenía fuerza. “Pablo pisó un palito”, se limitó a decir Macri. Ante Moyano y Venegas, les regaló: “Me gusta estar acá coincidiendo con gente que tal vez más que nadie sabe la importancia de la cultura del trabajo. Tenemos un enorme futuro y por eso estoy dispuesto a trabajar, así que cuenten conmigo”.

“Comparto lo que dice Mauricio Macri de que el campo es la industria fundamental”, sostuvo Moyano, quien dijo que la única diferencia que tiene con Macri es en el fútbol: “Lástima que es de Boca”. En sus palabras, hubo cierta preocupación por cómo iban a interpretar la foto sus aliados: “Después van a hablar de la fórmula Moyano-Macri o Macri-Moyano y de esas tonterías. Hoy es más peligrosa la foto con los compañeros gastronómicos que con Macri”, le guiñó un ojo a Luis Barrionuevo. Venegas, en tanto, se mostró a favor de un acuerdo entre Moyano y Macri. El dirigente de Uatre llegó a comparar el encuentro con “el abrazo entre Perón y Balbín”.

La foto generó resquemores tanto en el PRO como en la CGT disidente.

“El problema es creer que a Hugo lo puede conducir Macri. Hacer política con fotos es de publicistas. ¿A Néstor lo conducía el Turco?”, se preguntó Facundo Moyano. Consultado por este diario, un ministro porteño consideró que no iba a haber una alianza con Moyano, pero interpretó que la foto “suma peso político al armado mirando al 2013”. Otros dirigentes macristas se mostraron horrorizados y prefirieron no ensayar una explicación.
Coincidencias
“Sería saludable para el país que haya un paro nacional para ver si de esa forma el Gobierno convoca a una mesa de diálogo porque tiene que haber algún anuncio, al menos sobre el mínimo no imponible”, afirmó el líder de la CTA opositora Pablo Micheli tras el encuentro de ayer con el camionero Hugo Moyano en la sede cegetista de la calle Azopardo. Ambas centrales sindicales acordaron marchar juntas al Congreso mañana en contra del proyecto de ley de ART y avanzaron en la posibilidad de realizar un “paro nacional” conjunto, que Micheli propuso convocar para noviembre.
Lo que opinaban uno del otro
Macri de Moyano

- “La gente les dijo que no a los Moyano, a los tiroteos, a los abusos de D’Elía. Les dijo no al atropello, al disparate y a la violencia. Sumar por sumar no es bueno” (noviembre de 2006).

- “Sabemos que Moyano es un hombre que ha tenido mucho poder en los últimos años, excesivo digamos” (julio de 2009).

- “Con un gobierno nacional del PRO, la extorsión de Hugo Moyano no dura ni un minuto. No le tengo miedo” (octubre de 2010).

- “La fuerte sociedad con Moyano le está trayendo algunos problemas a la Presidenta. Le pido que no perjudique a todos los argentinos. Si la conflictividad avanza, todo peligra” (mayo de 2011).

- “Moyano es un líder sindical que fue aliado del Gobierno durante muchos años. Estamos de acuerdo con los reclamos que ha hecho alrededor de la inflación. El PRO claramente no tiene un vínculo político con Moyano, sino una relación de convivencia respetuosa, porque el gremio maneja la recolección de residuos” (junio de 2012).


Moyano de Macri

- “Lo que dijo Macri (sobre privatizar Aerolíneas) es una clara demostración de su pensamiento neoliberal, con el que adhería a la segunda década infame que tuvimos los argentinos. Los trabajadores rechazamos y repudiamos las declaraciones de Macri” (junio de 2009).

- “Macri y De Narváez jamás podrán pertenecer al justicialismo porque son parte de la derecha neoliberal que fundió la Argentina” (julio de 2009).

- “Hace 30 años que estoy en esto y él hace dos años que está en política. Yo le diría a Macri que se postulara para concejal” (diciembre de 2010).

- “Macri da pena. Desde el punto de vista de la gestión, es menos diez, como en el chinchón. Macri no entiende absolutamente nada, no tiene capacidad política, ni experiencia ni conocimiento.”

- Sobre una alianza Macri-Duhalde: “Se juntaron el hambre y las ganas de comer. Si ganaran, volveríamos al endeudamiento, a la flexibilización laboral, a la reducción de salarios, a la degradación total” (enero de 2011).

- “No puedo opinar de la gestión de Macri porque nunca empezó” (junio de 2011).

23&10/12 Página|12
 

GB

CLARIN EL ACCIDENTE DE ONCE Y LA LIBERTAD, OPINION POR ALEJANDRO HOROWICZ

La lógica de Clarín y el "accidente" de Once
Por Alejandro Horowicz

Claudio y Mario Cirigliano fueron acusados de asociación ilícita y descarrilamiento de un tren agravado. Usted cree que está en riesgo la libertad de expresión en la Argentina en esta puja gobierno-Clarín?", preguntó a Elena Higthon de Nolasco el periodista: "No, no creo que esté en riesgo la libertad de expresión, y francamente la libertad de expresión no está mencionada en el expediente ni en nuestra resolución; se mencionan otros derechos, pero no la libertad de expresión."

La respuesta de la vicepresidenta de la Corte Suprema en la entrevista publicada por Perfil, ubica todas las piezas. Un debate sobre limitaciones del derecho de propiedad, regulado como cualquier derecho por ley que en última instancia interpreta la Corte, sólo puede poner en riesgo alguna libertad si la propiedad fuera un derecho absoluto. Si no hubiera ningún bien superior a tutelar (por ejemplo, la vida); y la propiedad alcanza ese rango cuando rige el estado de excepción, cuando la ley queda en suspenso y el derecho del más fuerte es el único derecho vigente: 1976, para ser históricamente precisos.

Quien haya echado una mirada rápida al último spot televisivo donde el Grupo Clarín argumenta implícitamente contra el gobierno, habrá verificado que no debate con la resolución basada en la Ley de Medios. En un spot anterior se ocupaba de subrayar que el grupo cumplía estrictamente con esa ley. Ahora convoca sibilinamente a incumplirla dado que los únicos derechos aceptables, en esa tendenciosa lectura, son los de comprar y vender. El grupo vende "productos" y los compradores tienen "derecho" a no comprarlos o, si son gratuitos, a cambiar de canal. Basta que alguien esté dispuesto a pagarlos para que Clarín tenga absoluto derecho a comercializarlos, y punto.

Desde ese abordaje, la vida reduce toda su complejidad al horizonte del Código de Comercio, y la política es un fastidio que interfiere en el libre juego entre la oferta y la demanda. La política no puede ni debe ser, para Clarín, otra cosa que la continuación de los negocios por otros medios, y quien impida un negocio atenta contra su propietario; por tanto evitar semejante escándalo jurídico justifica incumplir la Ley de Medios o cualquier otra.

Dicho con sencillez, no existe ningún interés superior al del propietario de medios de producción, y debemos admitir que así terminó siendo entre 1975 y el 2001. Después de todo, qué es el saqueo de un supermercado sino un atentado al derecho de propiedad, y para qué está el Estado sino para impedirlo. Como el derecho de propiedad puede ser cedido o enajenado a un tercero, los hermanos Cirigliano en tanto beneficiarios de una concesión pública para transportar pasajeros, tienen que asegurarse la rentabilidad de la empresa. Si para asegurarla la calidad del servicio se resiente… mala suerte.

En todo caso, el personal contratado para realizarlo mediante su pericia debe evitar daños mayores, y si no sucede se trata de un "accidente" por error humano. Un hecho desgraciado pero inevitable. O acaso alguien se imagina un mundo sin "errores"; ni la demagogia más aviesa promete semejante irrealidad. Ahora se entienden los dichos del abogado defensor de los Cirigliano al comentar la sentencia que los condena. Sostuvo Juan José Sforza: "Es una resolución que no investiga el accidente, no pone el eje en lo que pasó: por qué el tren no se detuvo. Y es un fallo que no es sobre el accidente, sino una auditoría de las cuentas de las empresas."

Más allá de los errores de la oralidad, de la transcripción sin editar, debemos admitir que dice mucho más de lo que se propone. Si el centro de la investigación fuera el "accidente", todo el problema sería el papel del error humano. Y por tanto, el maquinista sería el principal sospechoso. Esa fue la lógica jurídica que la empresa intentó llevar adelante desde que se produjo el siniestro. En cambio, si no hubo accidente, si lo que pasó sólo es el resultado de una operatoria comercial, la "auditoría de las cuentas de la empresa" pasa a ser el centro de la investigación judicial.

Entonces, sostiene la sentencia, se montó un "grupo artificial de empresas" que pertenecían al mismo grupo económico y que se facturaban entre sí millones de pesos por supuestos servicios; un conglomerado "cuya motivación no era otra que hacerse de manera espuria de los recursos económicos" de Trenes de Buenos Aires (TBA); la empresa concesionaria "era presentada como deficitaria, a fin de continuar con la obtención de subsidios del Estado nacional". Vale decir, fraguaron sus deficits para seguir obteniendo dineros públicos.

El juez advirtió que Cometrans, controlante de TBA, "recibió de la empresa ferroviaria 127.798.900,97 pesos a cambio de un asesoramiento integral" prestado por Sergio Claudio Cirigliano y "otros asesores externos que nunca fueron identificados". Desvíos imposibles sin "complicidad de los funcionarios públicos" que "no realizaron los controles que en tiempo y forma debían hacer", ni exigieron que se brindara un servicio seguro. TBA gastó casi 128 millones pesos por asesoramiento y 17,28 millones de pesos, menos del 14 por ciento, hubieran bastado para la renovación completa de los compresores, "vitales para el frenado de los trenes". Ese es el punto, estamos ante una "práctica empresarial", no ante un "accidente".

Claudio y Mario Cirigliano fueron acusados de asociación ilícita y descarrilamiento de un tren agravado. La suerte de ambos es corolario de una lógica comercial surgida en la década de 1990, a partir de la sanción de la Ley 23.696 de Reforma del Estado. Esta normativa, sancionada bajo el gobierno de Carlos Saúl Menem, fue el inicio del proceso de privatización de servicios públicos, entre ellos el transporte ferroviario. El Grupo Cirigliano, principal accionista de TBA, antes de perder la concesión a raíz del siniestro, pasó de manejar dos líneas de colectivos urbanos (61 y 62) a ser dueño del Grupo Plaza. TBA se convirtió en licenciataria de trenes y también pergeñó construcciones ferroviarias (Emfersa) y construcción de carrocerías de colectivos (Tatsa). Negocios apalancados financieramente por compañías de seguro del mismo grupo económico, como LUA Seguros La Porteña.

La concesión ferroviaria fue adjudicada a TBA en el año '94. Y curiosidades del modelo menemista: el contrato resultó rubricado a bordo de una nave de la Armada, un fin de semana en el que Carlos Menem había salido de pesca. El entonces superministro Domingo Felipe Cavallo viajó en helicóptero para apurar la resolución y descorchar champaña. En el 2001, el Grupo Cirigliano consiguió, a través del decreto 141/01, una prórroga de la concesión por diez años, pese a las abultadas multas por incumplimiento de sus planes de inversión. Según la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, TBA había registrado en 1996 unos 200 accidentes entre las líneas Sarmiento y Mitre. Al cabo de los primeros diez años de concesión el promedio se empina, con 879 accidentes para la línea Mitre, y 1198 para el Sarmiento.

El artilugio de la administración De la Rúa para renovar aun así la prórroga de la concesión, fue simple y eficaz: los incumplimientos pasaron a formar parte de las "metas a cumplir". Después vino la emergencia ferroviaria decretada por Eduardo Duhalde, a partir de la cual se frenaron todas las obras incluidas en el plan de metas así como las que estaban en ejecución. La "emergencia" quedó incluida en la Ley de Emergencia Pública, por la que el Estado debía hacerse cargo, y fue prorrogada sistemáticamente desde entonces. La clave del "éxito" de los Cirigliano fue alinearse con el menemismo, primero, la Alianza, luego, y durante los últimos ocho años, con la política de subsidios del gobierno nacional.

Claro que si las multas sobrepasaban en un 30% el monto de la garantía de cumplimiento, según el contrato vigente, caía la concesión. Durante la gestión de Juan Pablo Schiavi, en 2010, sucedió. Ninguna medida fue tomada a tiempo, entonces sobrevino la catástrofe.

23/10/12 Tiempo Argentino
GB

A UN AÑO DEL TRIUNFO COMO NOS VE LA BBC

BBC Mundo

"Cristina Fernández"

El lugar: Argentina. El momento: un año después de los comicios del 23 de octubre de 2011 en los que Cristina Fernández fue reelegida en la presidencia con el 54% de los votos.

El ambiente: polarizado.

'Yo no voté por lo que se ha hecho', le dice a BBC Mundo Cecilia -quien prefirió no dar su apellido-, una periodista de unos 30 años.

'Los que se quejan en Argentina no son las clases bajas, sino las pudientes, potenciadas por los medios dominantes', retruca Cristian Groppo, un arquitecto de la misma edad.

'Siento que voté por un gobierno que fomentaba la redistribución de la riqueza y ahora es un gobierno que centraliza las decisiones en un círculo muy cerrado', responde Cecilia.

'Cada año en Argentina hay paritarias en donde el sueldo se equipara con la inflación. Además, se invierte mucho en infraestructura', alega Cristian.

'No, yo creo que la serie de medidas económicas en realidad ha causado una pérdida en el poder adquisitivo', refuta Cecilia.

El tira y afloje no se produjo en el mismo espacio y tiempo. Pero es reflejo del debate actual en Argentina; depende de con quién se hable, se está en el mejor de los lugares del mundo o en el peor.

Y ello queda en evidencia no sólo en artículos periodísticos, sino también en situaciones cotidianas: redes sociales, almuerzos familiares, cenas con amigos. Y cada 'bando', si se puede llamar así, se culpa el uno al otro.

Dos visiones

Al cumplirse el primer año del inicio del segundo periodo de gobierno de Cristina Fernández, la diferencias parecen haberse vuelto más extremas.

Ello se refleja hasta en tendencias de consumo personal. La postura política que se favorece -pro gobierno o en contra- en Argentina por lo general determina qué programa de televisión se mira (el de un periodista opositor llamado Jorge Lanata o el oficialista '678'), qué periódico se compra (Clarín y La Nación o Página 12) y hasta qué causas se siguen (a favor o en contra de Hugo Chávez, Sebastián Piñera, Rafael Correa o Juan Manuel Santos).

Según los analistas de opinión pública consultados por BBC Mundo, las posturas más absolutas en el electorado, pro y contra gobierno, no superan el 20% por lado.

'Esto no es una polarización extrema como la de Venezuela, aunque hay parecidos', le comenta a BBC Mundo Graciela Römer, de la firma de análisis de opinión pública Römer y Asociados.

'Nuestro análisis cualitativo de los datos más bien nos dice que hay un recrudecimiento del debate político a favor o en contra del gobierno', terció Ricardo Martínez, director de la encuestadora y consultora de opinión pública Isonomía.

'Por primera vez en la gestión de la presidenta los estudios de opinión muestran una crítica más visceral a la gestión del gobierno o el apoyo incondicional de sus políticas', le dice a BBC Mundo Martínez.

Según las estadísticas de Isonomía, en 2011 la principal crítica de los opositores a la mandataria argentina (con un 25% en los sondeos) se refería al presunto despilfarro de recursos en planes asistenciales.

'Hoy en día, en 2012, preguntas lo mismo y 32% te dice que lo que más le molesta es la soberbia de la presidenta', afirma Martínez.

'También subió el núcleo de personas que defiende a todas las políticas del gobierno e incluso apoyaría una nueva reelección de la presidenta (lo que aún no está permitido constitucionalmente)', añade.

Popularidad

Hace un año en Argentina se percibía cierta euforia y sensación de imbatibilidad por la candidatura de la presidenta a la reelección.

Actualmente, quizás como reflejo de una acentuada polarización, los principales sondeos de opinión pública -considerados serios- indican que la popularidad de Fernández ha caído, cifras que son disputadas por encuestas de empresas afines al oficialismo.

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"Simpatizantes del gobierno"

'A los pocos días de haber sido reelecta los números hablaban de una imagen positiva de 70%. Hoy en día podríamos decir que esto bajó a 40%', dice en conversación con BBC Mundo Eduardo Fidenza, director de la encuestadora Poliarquía.

'Su imagen descendió considerablemente, aunque estimamos que 40% en términos comparativos no es mal récord para un gobierno', agrega.

Por ejemplo, el presidente chileno, Sebastián Piñera, cuenta con niveles de popularidad que se ubican alrededor del 30%.

De ahí que a los analistas no les parezca inusual una caída en la popularidad, debido a lo que se estima es un desgaste natural de los liderazgos.

'Uno de los factores más importantes que influyó en la caída de la imagen de la presidenta fue la desaceleración de la economía', afirma Martínez.

En ello concuerda Fidenza: 'La economía argentina ha tenido un declive en su nivel de crecimiento y además se ha estancado o disminuido la generación de empleo y eso incide marcadamente en la percepción opinión pública'.

Economía e inflación

En octubre de 2011, el Producto Interno Bruto (PIB) de Argentina creció 9,2% en relación con el mismo mes del año anterior. Para julio de 2012, el cotejo de mes a mes en un año había caído al 2,7%.

Asimismo, el índice de expectativas económicas de la población, que publica la encuestadora TNS, muestra una baja durante tres meses seguidos, entre junio y agosto de este año.

El gobierno argentino ha dicho que la desaceleración económica se debe en parte a los efectos de la recesión internacional, en especial a la baja en la actividad económica que tuvo Brasil, su principal socio comercial.

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"Dólares estadounidenses"

Aunque también está el tema de la inflación y sus efectos en la opinión pública.

Según Römer, unos 18 puntos porcentuales del 54% con el que Fernández fue reelegida provino del voto de la clase media.

'Pero esta clase media hoy en día disminuyó sus niveles de apoyo, ya que es la más afectada por la inflación, porque los sectores de menores ingresos están protegidos por los programas sociales', afirma la encuestadora.

Según las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), la inflación argentina (a julio) se ubica en 10%. Cálculos privados colocan el índice de aumento de precios en más del doble. Y hay consultoras que prefieren no divulgar estas cifras, ya que las autoridades han multado a empresas del área que lo han hecho.

No obstante, el proyecto de presupuesto de 2013 que acaba de presentar el gobierno vislumbra mejores condiciones, con un crecimiento previsto del PIB del 4,4%.

Un alza que sería crucial al tomar en cuenta que el hay elecciones del año próximo de mitad de periodo.

'A un año de lo que se consideró un triunfo espectacular hay un gobierno más débil, pero aún en estas condiciones y con una oposición fragmentada creo que el oficialismo aún podría ganar las elecciones de medio término, pero con un apoyo más reducido', concluye Fidenza.

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