En lo estructural, las elecciones de las PASO pusieron fin al modelo de integración al mercado internacional y de desintegración del mercado interno, por más que en la coyuntura y en lo inmediato se deba sufrir otra vez la suba del precio del dólar y su impacto sobre los alimentos y el nivel de vida de la población, fruto de la política monetaria y cambiaria del gobierno de Cambiemos.
La televisión no llena la heladera, por más que los grandes medios de comunicación desfiguren la realidad. Lo saben el matrimonio jubilado que no llega al día 15 del mes, el trabajador que se ve obligado a restringir las compras de su casa para alimentar, vestir y proteger a su familia y los que perdieron el trabajo, esencialmente en la industria y la construcción ligados al mercado interno que se deterioraba y deteriora todos los días al calor del menor poder de compra de la población. Incluso profesionales de todo tipo, contadores (lo primero que hace una empresa en crisis es dejar de pagar impuestos y aportes previsionales y sociales), arquitectos, abogados, médicos, farmacéuticos, etc., todos ellos —hayan votado o no alguna vez a la mentira de la “revolución de la alegría”— en algún momento percibieron la triste realidad.
Los sectores beneficiados por el macrismo son pocos, con toda la furia no alcanza a integrar directa o indirectamente a un tercio de la población, subordinado a los grandes comercializadores y acopiadores de granos, a las entidades financieras, a las extractivas, a los prestadores de servicios públicos (gas, electricidad, comunicaciones, agua) y algún sector puntual, pero no más y no son los mayores demandantes de mano de obra. Preguntémonos cuántas horas de trabajo demanda la producción y comercialización de una tonelada de soja. Inclusive el mapa electoral de las PASO lo demuestra. El mejor desempeño del macrismo fue en Córdoba (sur y centro), la cuarta sección electoral de la provincia de Buenos Aires (Chacabuco, Chivilcoy, Junín) y la sexta (Bahía Blanca, Tres Arroyos, Coronel Pringles), toda zona sojera y maicera y con agroindustrias derivadas de esa producción.
Hay una división tajante entre un modelo que se basa en el mercado interno y por ende en el trabajo y en la producción nacional, y otro que se subordina a las grandes corporaciones donde se invierte básicamente en la producción primaria (para nuestro país hoy fundamentalmente granos y Vaca Muerta), y se importan insumos, máquinas, equipos, y tecnología, los que condicionan a la economía nacional a las transnacionales y al capital financiero internacional.
El resultado de las PASO puso fin al modelo de “modernización e integración al mercado internacional”, donde hay que ajustar los costos en dólares incluso por debajo del precio de los mercados a los que se les provee de alimentos y energía. Hecho que reconfigura las estructuras productivas y a los individuos y grupos especialmente aptos para el sistema impuesto de racionalidad y eficiencia. Por otra parte, deja librados a su suerte a los individuos y grupos sociales que no tienen cabida para adaptarse, es decir las dos terceras partes del pueblo argentino. Este proceso no solamente tiende a limitar la formación de un empresariado nacional, sino también de clases medias nacionales (incluyendo grupos intelectuales, científicos y técnicos) e incluso una clase obrera nacional.
Los peligros de la hiper
El gobierno de Cambiemos contó con el apoyo del FMI. Argentina es el país que más crédito recibió de todos los países miembros. Créditos que básicamente financian la fuga de capitales en un vano intento de sostener a una administración que hundió la economía en una profunda recesión, con cierre de establecimientos, despidos y suspensiones de trabajadores, con una inflación que no tiene techo porque depende de la corrida cambiaria que no para y no va a parar por la simple razón que el gobierno no puede estabilizar la macroeconomía que siempre se subordinó al ingreso de capitales, dado que el tipo de cambio lo fija la Cuenta Capital de la Balanza de Pagos y no la Cuenta Corriente. Ahora, ante la incertidumbre cambiaria, por un lado; los productores y acopiadores de granos (sobre todo soja) que retienen y no liquidan las operaciones; y, por otra parte, los capitales que buscan pasarse a divisas e irse, se torna imposible que se estabilice el valor del dólar.
Si bien hay un principio de acuerdo entre la actual administración y la que va a venir de fijar el dólar en 60 pesos y que se ajuste en los meses venideros hasta las elecciones por la inflación (que a su vez se genera por la depreciación de nuestra moneda), solo se puede cumplir con un acuerdo amplio de precios y abastecimiento con las empresas (sobre todo las de productos de la canasta básica alimentaria), apuntalado por todos los partidos políticos con representación parlamentaria, con los gobernadores y hasta intendentes, con las centrales de trabajadores y sindicatos, etc. para que se comprometan en el control de precios y de abastecimiento, cosa que este gobierno —que nunca los consultó— no tiene autoridad moral para hacer.
Por lo tanto las medidas propuestas ante un gobierno deslegitimado en las elecciones PASO, con el 68% de los votantes que básica y principalmente votaron para que se vayan, son unilaterales y corroídas por el proceso inflacionario que la depreciación de nuestra moneda acarrea. Lo que puede parecer una suma rescatable en subsidios, terminará siendo poco o nada por el deterioro del poder adquisitivo del peso argentino.
El trabajador en relación de dependencia no pagará sus impuestos al trabajo (aportes personales, el 11% del sueldo bruto) durante septiembre y octubre de 2019, con un tope para el beneficio de 2.000 pesos por mes (según el Gobierno esa medida beneficia a 6,5 millones de trabajadores); se aumenta el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias sobre el salario bruto a partir de 55.376 pesos para un trabajador soltero y en 70.274 pesos para un trabajador con cónyuge y dos hijos y hasta se reintegra parte de dicho gravamen; se refuerza en dos pagos extra la Asignación Universal por Hijo (AUH) de 1.000 pesos por cada uno, en septiembre y octubre; y los empleados de la administración pública nacional, las fuerzas armadas y las de seguridad federales recibirán a fin de mes un bono de 5.000 pesos; pero no hay ninguna medida a favor de los jubilados y pensionados ferozmente castigados por la suba del costo de vida y de los medicamentos.
La única medida realmente importante para frenar el proceso inflacionario, que es la de congelar el precio de la nafta y los otros combustibles por 90 días, no fue avalada por las empresas del rubro y el gobierno debió recurrir a un Decreto de Necesidad y Urgencia que se verá cómo y hasta cuándo se cumple mientras el valor del dólar se sigue incrementando.
Igual sucede con la eliminación del IVA hasta fin de año para pan, leche, aceite de girasol, y mezcla, pasta seca, arroz, harinas de trigo, polenta, rebozador y pan rallado, yerba mate, mate cocido y té, conservas de frutas, hortalizas y legumbres, yogures y azúcar, que por su complejidad no es fácil de instrumentar.
Finalmente las entidades financieras no podrán tener dolarizado más del 5% de sus carteras (Comunicado “A” 6754 del BCRA del 15/08/2019), medida que no afectará a los ahorristas privados. Desde el punto de vista práctico, esto es inocuo. Las entidades financieras ganaron fortunas con las LELIQs, que son letras en pesos, y no alcanza a los “ahorristas” que tienen depositados millones de dólares en los bancos. Es más una medida de marketing que efectiva.
Este gobierno no puede hacer nada ante la conversión de plazos fijos que estaban en pesos y se van del sistema para pasarse a divisas, que es la segunda etapa de la crisis cambiaria, cuando la misma se convierte en bancaria, máxime que los depósitos a plazo fijo del sector privado ascienden a 1.258.948 millones de pesos (unos 21.000 millones de dólares a 60 pesos el dólar) al 13 de agosto de 2019, lo que es una verdadera bomba de tiempo a medida que no se renueven a su vencimiento.
Todas las medidas son insuficientes ante la magnitud de la crisis generada por el gobierno de Cambiemos, pero repercuten en las cuentas públicas, pese a que han venido cumpliendo las metas de superávit primario merced a vender activos como fueron las centrales térmicas Estanislao López y Ensenada-Barragán. Y que gran parte de los títulos que vencen de acá a fin de año son en dólares (por unos 6.000 millones) que sólo podrán pagar si reciben el tramo del FMI de fines de septiembre de 2019 por unos 5.421 millones de dólares, para lo cual deberán pedir un waiver.
Triste final
Sin poder estabilizar el valor del dólar, las tardías medidas tomadas son muy acotadas en procurar un alivio en el impuesto a las Ganancias para los asalariados de nivel medio, una moratoria para las pymes atrasadas con la AFIP, más asistencia por AUH, que se deteriora rápidamente por el crecimiento de los precios.
A un gobierno con el perfil de Cambiemos se le hace cuesta arriba financiarse con la suba de las retenciones a los productores agrícolas, justificado con el argumento de que pasar de la retención máxima $4 a $6 (y que ese importe pueda corregirse por el valor del dólar del Banco Nación Argentina) por dólar es lógico tras la reciente devaluación. El propio Macri eliminó las retenciones en su segundo día de gestión, y cuando la crisis lo obligó a restituirlas (septiembre de 2018) pidió perdón, dijo que era «un impuesto horrible» y prometió en la campaña que las iba a sacar en el año 2020.
Por lo tanto, mientras esté Macri en el gobierno la suba del dólar va a ser imparable. Es un gobierno sin autoridad moral, que le mintió hasta a los grandes operadores internacionales. La ventaja que tiene con respecto a la hiperdevaluación de Alfonsín en 1989, es que en esa época el embajador estadounidense Terence Todman jugaba abiertamente con el candidato Carlos Menem y los empresarios también. Después que hicieron que Alfonsín legitimara la deuda externa y absorbiera sus seguros de cambio, presionaban para que se vendieran las principales empresas estatales (privatizaciones) y fue Héctor Magnetto, titular de Clarín, quien le dijo a Alfonsín: “Usted no se da cuenta de que ya estorba y se tiene que ir”.
Ahora la situación es distinta. Por un lado el derrape del neoliberalismo en la Argentina es una derrota de esa concepción del mundo y de la política exterior de los EE.UU. Por otra parte, se supone que los empresarios que operan y tienen intereses en el país, apoyarán esta vez a un gobierno que los representa y defiende porque defiende el mercado interno y el trabajo nacional.
Se puede suponer fundadamente que los Rocca de Techint, los Bulgheroni, los Eurnekían, los Pagani y hasta los Ratazzi comprenderán que si no invierten en el país, no tienen futuro alguno y que de no hacerlo vivirán el “ninguneo” del capital financiero internacional que solo busca una renta rápida sin importarle las consecuencias.
Lo que sí debe plantearse desde el principio es que se respeten al trabajo y al trabajador nacional y dejar colgada en el baúl de los recuerdos todas las teorías de flexibilidad laboral, teoría que esgrimió en la campaña su alfil, Roberto Lavagna.
El Plan de 14 puntos presentado por Sergio Massa el 4 de julio de 2018 para “lograr estabilidad y una recuperación» del sistema productivo nacional, es la base y punto de partida de discusión del plan a ejecutar, donde se proponía la eliminación del IVA a la canasta básica de alimentos, la aplicación de paritarias libres, bono de emergencia para jubilados y pensionados, aumento de programas sociales, régimen de emergencia aduanera por 180 días, flotación administrada del tipo de cambio y sistema chileno de ingreso de capitales (con un año de inmovilización y pago de encaje).
Hegel decía: “La historia, no obstante, progresa aprendiendo de sus propios errores: solo después de esta experiencia, y precisamente por ella, puede postularse la existencia de un Estado constitucional de ciudadanos libres, que consagra tanto el poder organizador (supuestamente) benévolo del gobierno racional y los ideales de la libertad y la igualdad”. Ojalá nuestra sociedad en su conjunto lo entienda y lo lleve a la práctica.
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