La Nación otra vez lo hizo, ocultando la verdad y utilizando la palabra de un carapintada patotero. En la nota “Ponen en duda la lista de desaparecidos” del pasado 2 de julio difundió el libro Mentirás tus muertos de José D'Angelo Rodríguez, condenado e indultado por su participación en los alzamientos de 1987 y 1988 contra el gobierno de Raúl Alfonsín.
D'Angelo fue director de las revistas B1 y Madriz en las que se reivindicaba la dictadura y se difamaba a sus víctimas con el paraguas de la guerra, bajo el que confluyen quienes exigen la libertad de procesados y condenados por crímenes de lesa humanidad, como la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia y el Colegio de Abogados de la calle Montevideo, veladores de intereses de grupos económicos. Años atrás D'Angelo me envió un mensaje en relación a unas declaraciones mías sobre la legislación antiterrorista del pinochetismo, en el que me situaba “en la veredita adonde estás para hacerte unos pesitos: el terrorismo criminal y cobarde. Y como sos sólo defensor de terroristas, porque parece que no te dieron los huevitos para, en los '70, agarrar un fierro, te voy a recordar cómo llamó a tus defendidos el general Juan Perón, en democracia (enero de 1974): ‘Reducido número de sicópatas a los que hay que exterminar uno a uno para el bien de la República... Se van por el agujero del inodoro, Yanzón. Tratá de agarrarte de algún tereso kirchnerista para por lo menos poder ir a Venezuela, si las cosas se complican en 2011. Salud Yanzón”. Esa es la fina y sesuda pluma que La Nación hoy difunde.
En una nota de octubre de 2010, Ricardo Ragendorfer recordó que el dirigente neonazi Alejandro Biondini alabó en un programa radial la “labor patriótica” de D'Angelo, quien le agradeció invitándolo a un acto de la “Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de Argentina” frente al Círculo Militar, lugar de encuentro de tiranosaurios. El führer criollo acudió junto a un puñado de cabezas rapadas y se juntó a Cecilia Pando y D'Angelo, cuya incontinencia verbal suele frenarse en lo que hace a su rol en la represión. A partir de ahí el carapintada se convirtió en una suerte de provocador profesional. Ragendorfer lo relacionó con un blog en el que, con el fin de intimidar, se publicaron listas con nombres y direcciones de centenares de testigos de los juicios de lesa humanidad, bajo la leyenda “nombres de terroristas y sus lugares de residencia: pueden ser sus vecinos, profesores, arrimarse a usted como amigos. Ellos conviven entre nosotros”.
Un dato que desnuda su riña con la seriedad surge de una entrevista que Mariano De Vedia le hizo en septiembre de 2011 para La Nación. En esa oportunidad D'Angelo dijo que “si Montoneros se llamaba Ejército Montonero y el ERP era el Ejército Revolucionario del Pueblo, estamos hablando de una guerra”. En esa misma entrevista se contradijo al mencionar la frase sobre el reducido número de psicópatas y aludir a las modificaciones al Código Penal introducidas por Perón, elementos que dan por tierra con su versión sobre la guerra. Se pregunta cómo es posible que el Estado los reprime y luego los indemniza y justifica los levantamientos carapintadas porque se pretendió juzgar a oficiales de menor rango.
En su libro habla de enfrentamientos legales; dice que como “la orden era matarse” muchos guerrilleros se suicidaron; que muchas desapariciones se explican porque las organizaciones armadas enterraban a sus miembros en forma clandestina; que hay contradicciones entre los datos del informe Nunca Más, de la Conadep, y la reedición publicada por el gobierno en 2006, una inquietud que ya tuvo y manifestó Ceferino Reato de mejor modo. Poniendo el eje del debate en el dinero “que se gastó” en indemnizaciones, el carapintada no puede ver más que la instalación de un negocio en vez de la obligación del Estado de reparar a sus victimas. Vuelve con la cantilena de confrontar los números oficiales con la versión de los 30 mil, a la que califica de talismán político; considera que no debe consignarse como muertos o desaparecidos a quienes sus organizaciones reivindicaron como caídos en combate, y menciona el caso de Hugo Irurzun, miembro del Ejército Revolucionario del Pueblo que se sumó al sandinismo y que participó en la operación para matar al dictador nicaragüense Anastasio Somoza en Asunción en septiembre de 1980. El caso de Irurzun fue cuestionado por Ceferino Reato con el mismo argumento: no puede aparecer en el listado de víctimas de la dictadura porque fue muerto por la dictadura paraguaya.
El sonsonete de la guerra, contradicho por el mismo D'Angelo, se cae ante la evidencia de los centenares de campos de tortura y exterminio que funcionaron desde 1975 a lo largo del país, donde la tortura y la desaparición fueron la norma. No hay guerra que explique o justifique tormentos y la muerte industrializada. El carapintada se conforma con la definición que se atribuían las propias organizaciones armadas, pero calla los métodos utilizados para la represión política por las dictaduras. La excusa de discutir los números de desaparecidos y muertos -que puede ser válida, siempre que se reconozca el carácter masivo de los crímenes-, es utilizada para cuestionar no sólo una política, sino fundamentalmente el carácter de víctimas de quienes sufrieron la muerte, la desaparición, las violaciones y la tortura.
Otra pieza que se oculta es la existencia de dictaduras que coordinaron su accionar para perseguir y eliminar a opositores políticos. En estos días se están escuchando los alegatos sobre la Operación Cóndor -acuerdo criminal entre las dictaduras de la Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil- y sus mecanismos de desinformación y encubrimiento, con la complicidad de los medios de comunicación. La Operación Colombo en Chile fue un ejemplo. En julio de 1975 la dictadura mató a 119 presos políticos y los medios informaron de muertes producidas en un enfrentamiento entre guerrilleros, ocultándose su condición de cautivos. Similares operaciones se produjeron día a día en los diarios argentinos. Hugo Irurzun fue muerto en el Paraguay por agentes de ese país, pero la complicidad y coordinación de las dictaduras y el intercambio de información no estuvieron ajenos. Actas sobre su fallecimiento en dependencias policiales fueron halladas en los archivos del terror en Asunción, donde se encontraron documentos sobre la Operación Cóndor de alto valor probatorio. Cuando La Nación raspa la olla de los impresentables, un grito se contiene en la garganta: volvé Ceferino
iNFO|news
D'Angelo fue director de las revistas B1 y Madriz en las que se reivindicaba la dictadura y se difamaba a sus víctimas con el paraguas de la guerra, bajo el que confluyen quienes exigen la libertad de procesados y condenados por crímenes de lesa humanidad, como la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia y el Colegio de Abogados de la calle Montevideo, veladores de intereses de grupos económicos. Años atrás D'Angelo me envió un mensaje en relación a unas declaraciones mías sobre la legislación antiterrorista del pinochetismo, en el que me situaba “en la veredita adonde estás para hacerte unos pesitos: el terrorismo criminal y cobarde. Y como sos sólo defensor de terroristas, porque parece que no te dieron los huevitos para, en los '70, agarrar un fierro, te voy a recordar cómo llamó a tus defendidos el general Juan Perón, en democracia (enero de 1974): ‘Reducido número de sicópatas a los que hay que exterminar uno a uno para el bien de la República... Se van por el agujero del inodoro, Yanzón. Tratá de agarrarte de algún tereso kirchnerista para por lo menos poder ir a Venezuela, si las cosas se complican en 2011. Salud Yanzón”. Esa es la fina y sesuda pluma que La Nación hoy difunde.
En una nota de octubre de 2010, Ricardo Ragendorfer recordó que el dirigente neonazi Alejandro Biondini alabó en un programa radial la “labor patriótica” de D'Angelo, quien le agradeció invitándolo a un acto de la “Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de Argentina” frente al Círculo Militar, lugar de encuentro de tiranosaurios. El führer criollo acudió junto a un puñado de cabezas rapadas y se juntó a Cecilia Pando y D'Angelo, cuya incontinencia verbal suele frenarse en lo que hace a su rol en la represión. A partir de ahí el carapintada se convirtió en una suerte de provocador profesional. Ragendorfer lo relacionó con un blog en el que, con el fin de intimidar, se publicaron listas con nombres y direcciones de centenares de testigos de los juicios de lesa humanidad, bajo la leyenda “nombres de terroristas y sus lugares de residencia: pueden ser sus vecinos, profesores, arrimarse a usted como amigos. Ellos conviven entre nosotros”.
Un dato que desnuda su riña con la seriedad surge de una entrevista que Mariano De Vedia le hizo en septiembre de 2011 para La Nación. En esa oportunidad D'Angelo dijo que “si Montoneros se llamaba Ejército Montonero y el ERP era el Ejército Revolucionario del Pueblo, estamos hablando de una guerra”. En esa misma entrevista se contradijo al mencionar la frase sobre el reducido número de psicópatas y aludir a las modificaciones al Código Penal introducidas por Perón, elementos que dan por tierra con su versión sobre la guerra. Se pregunta cómo es posible que el Estado los reprime y luego los indemniza y justifica los levantamientos carapintadas porque se pretendió juzgar a oficiales de menor rango.
En su libro habla de enfrentamientos legales; dice que como “la orden era matarse” muchos guerrilleros se suicidaron; que muchas desapariciones se explican porque las organizaciones armadas enterraban a sus miembros en forma clandestina; que hay contradicciones entre los datos del informe Nunca Más, de la Conadep, y la reedición publicada por el gobierno en 2006, una inquietud que ya tuvo y manifestó Ceferino Reato de mejor modo. Poniendo el eje del debate en el dinero “que se gastó” en indemnizaciones, el carapintada no puede ver más que la instalación de un negocio en vez de la obligación del Estado de reparar a sus victimas. Vuelve con la cantilena de confrontar los números oficiales con la versión de los 30 mil, a la que califica de talismán político; considera que no debe consignarse como muertos o desaparecidos a quienes sus organizaciones reivindicaron como caídos en combate, y menciona el caso de Hugo Irurzun, miembro del Ejército Revolucionario del Pueblo que se sumó al sandinismo y que participó en la operación para matar al dictador nicaragüense Anastasio Somoza en Asunción en septiembre de 1980. El caso de Irurzun fue cuestionado por Ceferino Reato con el mismo argumento: no puede aparecer en el listado de víctimas de la dictadura porque fue muerto por la dictadura paraguaya.
El sonsonete de la guerra, contradicho por el mismo D'Angelo, se cae ante la evidencia de los centenares de campos de tortura y exterminio que funcionaron desde 1975 a lo largo del país, donde la tortura y la desaparición fueron la norma. No hay guerra que explique o justifique tormentos y la muerte industrializada. El carapintada se conforma con la definición que se atribuían las propias organizaciones armadas, pero calla los métodos utilizados para la represión política por las dictaduras. La excusa de discutir los números de desaparecidos y muertos -que puede ser válida, siempre que se reconozca el carácter masivo de los crímenes-, es utilizada para cuestionar no sólo una política, sino fundamentalmente el carácter de víctimas de quienes sufrieron la muerte, la desaparición, las violaciones y la tortura.
Otra pieza que se oculta es la existencia de dictaduras que coordinaron su accionar para perseguir y eliminar a opositores políticos. En estos días se están escuchando los alegatos sobre la Operación Cóndor -acuerdo criminal entre las dictaduras de la Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil- y sus mecanismos de desinformación y encubrimiento, con la complicidad de los medios de comunicación. La Operación Colombo en Chile fue un ejemplo. En julio de 1975 la dictadura mató a 119 presos políticos y los medios informaron de muertes producidas en un enfrentamiento entre guerrilleros, ocultándose su condición de cautivos. Similares operaciones se produjeron día a día en los diarios argentinos. Hugo Irurzun fue muerto en el Paraguay por agentes de ese país, pero la complicidad y coordinación de las dictaduras y el intercambio de información no estuvieron ajenos. Actas sobre su fallecimiento en dependencias policiales fueron halladas en los archivos del terror en Asunción, donde se encontraron documentos sobre la Operación Cóndor de alto valor probatorio. Cuando La Nación raspa la olla de los impresentables, un grito se contiene en la garganta: volvé Ceferino
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