Bachelet pidió a los militares que rompan el pacto de silencio

La presidenta chilena Michelle Bachelet pidió ayer a los militares implicados en violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura cívico militar comandada por Augusto Pinochet (1973-1990), que rompan el pacto de silencio que impide la actuación de la justicia. "Hay personas que saben la verdad de muchos hechos que permanecen sin resolver, y Chile les pide que sigan el ejemplo del conscripto Fernando Guzmán y ayuden a reparar tanto dolor", dijo Bachelet. La confesión del ex recluta permitió la reapertura de un emblemático caso y el procesamiento, la semana pasada, de siete militares.
El ex conscripto provocó conmoción en la opinión pública tras confesar que una patrulla militar quemó vivos a dos manifestantes en medio de una jornada de protesta contra la dictadura, en julio de 1986. El llamado Caso Quemados había sido abordado por la justicia sólo como un episodio de negligencia. El juez especial Mario Carrozas, que aborda causas por violaciones de los Derechos Humanos cambió la caratula de la causa y la definió como homicidio calificado y crimen de lesa humanidad. Guzmán relató que cuando era recluta fue obligado por sus mandos a mantener silencio bajo amenazas y un perverso régimen de recompensas (ascensos y francos).  
"Así como en setiembre de 2014 dije que era necesario que quienes tuvieran información sobre las violaciones de los Derechos Humanos, civiles o militares, la entregaran antes de que fuera tarde, hoy quiero reiterar ese llamado a quienes tengan datos, porque basta de silencio”, enfatizó Bachelet. La presidenta agregó que "aunque es doloroso tener que volver a enfrentar hechos de horror como las circunstancias de la muerte del ex presidente Eduardo Frei Montalva, el asesinato del cantor Víctor Jara y el caso de (los jóvenes quemados) Rodrigo Rojas de Negri y Carmen Gloria Quintana, es sano para Chile que avancemos no sólo en conocer qué ocurrió, sino que avancemos también en justicia y en reparación a las víctimas y familiares".
Por el crimen de Rojas y las lesiones a Quintana se encuentra procesado el coronel retirado Julio Castañer, sindicado como autor intelectual y material del ataque, y otros seis uniformados. A ellos se suma la detención ayer de otros cuatro ex militares señalados de haber tomado parte de la patrulla que roció con nafta y prendió fuego a los dos jóvenes. Entre los nuevos detenidos se encuentra Pedro Fernández Dittus, el oficial al mando de la patrulla y fue quien luego ordenó llevarlos hasta un camino rural de las afueras de Santiago, donde fueron lanzados a una zanja. Fernández Dittus ya había cumplido en otra causa una condena de 600 días de prisión por el "cuasi delito (no intencional) de homicidio".
Después de 25 años de gobiernos civiles de la post dictadura, menos de 200 militares se encuentran procesados por violaciones de los Derechos Humanos. De ellos, unos 50 cumplen sus condenas en cárceles especiales. De acuerdo con informes oficiales, durante los 17 años de dictadura fueron asesinadas 3150 personas, de las cuales unas 1110 permanecen en calidad de detenidas desaparecidas. «