La estadística oficial dice que desde 2008 y hasta fin del último junio se rescataron 8696 personas que eran víctimas de trata y explotación. Que otras 260 fueron condenadas en 126 juicios por el mismo delito en igual período. Sin embargo, hay miles de historias detrás de esos números: como la de un joven misionera de 27 años que un buen día decidió abandonar al papá de sus dos hijos que la golpeaba y en la desesperación de buscar trabajo fue por la recomendación de una amiga a un boliche de Rosario donde fue obligada a prostituirse en el mismo lugar donde dormía; resignar el dinero que ganaban para pagar deudas ficticias e interminables y convivir con jóvenes menores que ella en la misma situación. O el calvario de una quinceanera boliviana que fue convencida por una mujer que dijo ser hermana del difundo padre y la trajo a Buenos Aires para confeccionar jeans 15 horas por día de lunes a viernes y seis más los sábados por un pago que nunca vio porque se lo mandaban a la mamá que había quedado en casa junto a cinco hermanos y que luego resultó ser una mentira. O un matrimonio con una hija de tres años que recaudó apenas 4000 pesos durante un año y un mes en un taller de Floresta cosiendo y planchando entre 17 y 18 horas por día. También hay historias protagonizadas por jueces, funcionarios públicos y empresarios que celebraban fiestas sexuales con niñas y adolescentes como se descubrió en Río Negro en marzo pasado o familias enteras dedicadas al regenteo de uno o varios prostíbulos como se determinó en la ciudad de Ushuaia (con el histórico Black & White) o en Tucumán (con el clan Alé, condenado por el secuestro y desaparición de Marita Verón).
Hay pistas de las redes de trata en los papelitos de colores que a cada rato, día y noche, alguien pega y otro despega en pleno centro porteño o en los avisos clasificados que pese a la prohibición de 2011 todavía publican no menos de 14 matutinos de todo el país. Hay campos donde la explotación laboral es peor a la que se vivía en la época de la esclavitud. Hay multinacionales textiles prendas costosas y otras locales que venden barato que tienen en común que echan mano al trabajo esclavo. Y hay complicidad de políticos, miembros de fuerzas de seguridad e inspectores municipales para no cortar los circuitos que facilitan a victimarios la creación de víctimas, la mayoría extranjera.
"Desde 2008 tuvimos muchos avances como la sanción de la Ley 26.364; la quita del consentimiento de la víctima; la declaración en Cámara Gesell; los acuerdos con otros países como Paraguay y Bolivia para la asistencia de víctimas o el trabajo interdsciplinario de casi todos los organismos estatales. Avanzamos mucho porque hay acciones concretas. Falta una asistencia integral de las víctimas, dar un recurso concreto para cada víctima, pero eso a veces es imposible", resume Zaida Gatti, coordinadora del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, a propósito del Día Mundial contra la Trata de Personas que desde 2013 se conmemora hoy por disposición de la Organización de Naciones Unidas.
Gatti, que es psicóloga y trabaja en la problemática desde la época en la que el actual jefe de Gabinete Aníbal Fernández era ministro del Interior, explica que este programa trabaja a partir de cada allanamiento con un equipo interdisciplinario de psicólogas y trabajadoras sociales que contienen a las víctimas de trata, evitan que tomen contacto con la fuerza de seguridad -a la que temen por diversas razones, pero básicamente porque fueron amenazadas con la deportación y además son hombres, igual que tratantes y clientes- y las acompañan hasta que están en condiciones de declarar ante la justicia.
Además de este programa, de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas que conduce Marcelo Colombo, de las dependencias específicas que hay en las fuerzas de seguridad federales (Gendarmería, Prefectura, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria), la problemática implica también la interacción entre los Ministerios de Justicia, Desarrollo Social, Seguridad y Trabajo.
Las estadísticas del programa -que se pueden consultar completas en <http://www.jus.gob.ar/noalatrata.aspx>- indican que el rescate de víctimas fue in crescendo desde 2008; que el 90% es mayor de edad; el 54% de otros países y que un 51 sufrió explotación sexual y el resto laboral. Esta casi paridad entre una y otra tiene una explicación: en un prostíbulo puede haber hasta diez víctimas; en un taller de costura, 40 mientras que en la zona rural puede haber hasta 250.
Desde 2012, uno de los canales para alertar de casos de explotación, personas desaparecidas; publicidad de oferta sexual; secuestro o venta de niños; posible captación o aviso laboral engañoso es la línea 145, que funciona las 24 horas, en todo el país y que ya recibió más de 4102 denuncias, en un 80% de familiares o amigos de las víctimas; vecinos de los lugares donde ocurren los delitos; testigos circunstanciales; ex clientes o miembros de las redes.
Gatti destaca que los casos son más complejos por los delitos asociados; las redes más cerradas -como dato curioso asegura que el 50% de las organizaciones son familiares- y las formas de captación más sutiles; pero también porque tiene mayor visibilidad el delito y la sociedad y las víctimas se animan a denunciar, un punto crucial para cortar la generación de los circuitos delictivos.
Más allá de los números, las estadísticas y las cifras, hay personas, familias, víctimas, que quedarán con estrés prostraumático u otras secuelas como falta de reconocimiento o valoración y adicciones. También hay inmigrantes que no siempre prefieren volver a sus países de los que huyeron por el hambre y la falta de oportunidades y acá vuelven a caer en redes de explotación laboral (convocados por una radio comunitaria con zona de influencia Liniers, Villa Lugano, Villa Soldati y Mataderos). Y habrá nuevas víctimas y formas de captación para un delito que no se erradica por motivos diferentes, pero en pleno siglo XXI denigran la condición humana. «