En el marco del acto en donde se declaró “Espacio para la memoria y promoción de los DDHH” al ex centro clandestino de detención de la Comisaría Quinta de la Plata, el Secretario de DDHH de la Nación, Martín Fresneda, habló de la continuidad del proyecto político.
Por Rocío Cereijo
Martín Fresneda, Secretario de Derechos Humanos de la Nación, celebró la decisión política de señalizar los sitios que fueron utilizados como centros clandestinos de detención y destacó la fortaleza que tiene el pueblo a la hora de repudiar cualquier retroceso. Además, habló de la participación civil en la última dictadura cívico militar y de los recientes fallos judiciales que sobreseyeron a Vicente Massot, del diario La Nueva Provincia y a Carlos Blaquier, de Ledesma S.A..
APU: ¿Qué significación tienen este tipo de señalizaciones?
MF: Era una deuda pendiente, nos habíamos comprometido con la provincia (de Buenos Aires) para poder llevar adelante esta política de memoria; que fueron promovidas, en su momento por Néstor Kirchner y luego por Cristina. Que las provincias empiecen a replicar esta política, realmente es muy importante. En este lugar hubo mucha muerte, mucho dolor y hoy tiene que haber vida; hoy tiene que ser la herramienta pedagógica para defender la democracia. Esto lo va a defender el pueblo, lo va a defender la gente. Hoy está la decisión política de un gobierno, mañana tiene que estar este lugar como un lugar defendido por el pueblo. Porque, realmente, a la memoria la defiende el pueblo; debe ser una política de Estado, pero también debe ser defendida por el pueblo.
APU: ¿Qué sucede con aquellos lugares que, al igual que la Comisaría Quinta de La Plata, funcionaron como centros clandestinos de detención y aún siguen perteneciendo a las fuerzas de seguridad?
MF: Como responsable de esa política, por cierto, estamos llevando a cabo la política de señalización; otros los determinamos como sitios de memoria, en función del circuito represivo. La gran mayoría que tenemos consignados están señalizados pero, no todos están como sitios de memoria. Lo importante es dejar las huellas. También, la provincialización, la territorialización de los sitios de memoria es fundamental: hay muchos que dependen de Nación, pero hay otros que dependen de provincia. Por eso, es importante que los gobernadores acompañen una ley nacional que es vinculante a todas las provincias. Vamos a hacer todo lo imposible para llegar al final de la gestión para que todos esos lugares queden consignados, al menos señalizados y muchos con políticas directas de memoria.
APU: Estamos a pocos días de conmemorarse un nuevo aniversario de la última dictadura y es el último acto de un gobierno que impulsó la derogación de las leyes de la impunidad, la reapertura de los juicios. Esta política ¿puede seguir ante un posible cambio de signo político?
MF: La continuidad de los gobiernos depende de continuar las políticas de Estado. Cristina no renueva y muchos, obviamente el 10 de diciembre nos vamos con Cristina. Pero hay que ver cuál es el resultado electoral, y va a tener que ver con la continuidad de las políticas. Creo que Argentina ha tenido una experiencia muy importante, muy interesante, que no tuvieron otros pueblos de Latinoamérica. Doce años de un gobierno con una misma matriz política e ideológica que ha llevado a construir una perspectiva de derechos humanos que hace que lidere en el mundo como resolución de conflictos, por sobre todas las cosas, de impunidad. O sea, en materia de justicia, de memoria y de verdad; porque hay muchos episodios que necesitan que el Estado escuche a las víctimas. Quiero creer, realmente, en lo más profundo de mi corazón que, si hay un cambio de gobierno y de signo político, continúen lo mejor que hicimos. Porque se van a equivocar si llegan a cambiar el rumbo de las políticas de derechos humanos, van a tener al pueblo en la calle y nos van a tener a nosotros encabezando esas manifestaciones, repudiando porque retrocedan. Teorías más auspiciosas y que más éxito tuvieron sobre la continuidad del Estado, creo que deben ser parte de las políticas públicas de la democracia; no puede ser parte de un gobierno y no de otro. Por lo tanto, realmente tengo la expectativa en que la continúen. Me encantaría sentarme con el próximo Secretario de derechos humanos de la Nación a acordar las políticas y poder mostrar que hay madurez en la dirigencia y en los funcionarios públicos. No podemos tener etapas en la historia donde avanzamos notablemente y otras donde bombardean la plaza, dictaduras militares o gobiernos liberales que achican el Estado y le quitan derecho a la gente. Por lo tanto, realmente espero que no suceda lo que la historia nos viene demostrando que sucede.
APU: El presidente de la Corte dijo en varias oportunidades que esta política de Estado llegó para quedarse. Pero, paralelamente a esto, la semana pasada hubo tres casos que van en contra de esto: Papel Prensa, Ledesma y La Nueva Provincia. ¿Cómo se conjugan estas dos fuerzas que colisionan entre sí?
MF: Como abogado, como dirigente de la organización HIJOS y después como Secretario de Derechos Humanos, vengo viendo el comportamiento de la justicia hace mucho tiempo. Es verdad lo que dice el Presidente de la Corte (Suprema de Justicia de la Nación), Ricardo Lorenzetti que esto ya es un pacto social, en cuanto a jurisprudencia. Ahora, en cuanto a criterios de valoración de la prueba y en cuanto a un criterio que, evidentemente, no es unánime dentro de la justicia que es la persecución penal hacia los responsables civiles. ¿Acaso piensan que a la dictadura militar solamente la llevaron adelante los militares?
¡De ninguna manera! Los llevaron adelante distintos entramados también de la sociedad civil que deben ser investigados. No digo que, necesariamente, resulte una condena: eso lo dice la justicia. Lo que digo es que se debe investigar y lo que están haciendo con estos fallos es clausurar cualquier tipo de investigación. No sé que van a decirle después los jueces a las víctimas. Porque una cosa es que se investiguen y salgan absueltos en un debido proceso; y otra cosa es que no se pueda investigar directamente. Eso es lo que está sucediendo en la causa Papel Prensa, en la de Massot o la de Blaquier. Yo no sé cómo van a mirar a las víctimas después o va a quedar un sector de la sociedad sin posibilidad de acceder a la justicia, con una verdad sesgada solamente llevada a cabo por las víctimas y no acompañada por la justicia. No sé qué van a hacer. Ojalá que si esas causas llegan a la Corte Suprema, tengan el mismo temperamento y formen parte del pacto social. El pacto social no solamente puede ser para un sector.
APU: Justamente una de las fiscalías que impulsan estas investigaciones, la de Bahía Blanca, pidió la ampliación de la imputación en la causa armada por delitos sexuales: ¿Cree que es importante hacerlo en otros juicios de este tipo?
Sí, se vienen haciendo hace mucho tiempo. Hace alrededor de tres años, por lo menos desde la Secretaría de Derechos Humanos se viene promoviendo que se indague también por este tipo de vejaciones hacia, particularmente, las mujeres o algunos detenidos en condición de diversidad que han sido altamente vejados y que la justicia no lo venía tomando como parte del catálogo de los delitos que se cometieron. Pero ya hay condenados, incluso, por este tipo de delito y creo que es muy importante. Porque forma parte, desde mi punto de vista y en esas condiciones, un delito que pareciera ser contra la integridad sexual, pasa a ser un delito de tortura.
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