Imagen: Sandra Cartasso
Explicó que llegó al límite de edad previsto en la Constitución, que considera agotada su tarea en la Justicia y que los cargos vitalicios corresponden más a los sistemas monárquicos. La Presidenta aceptó ayer mismo la decisión.
Por Irina Hauser
El día que cumplía once años como juez de la Corte Suprema, Raúl Zaffaroni presentó su renuncia a partir del 31 de diciembre. Había sido largamente anunciada, lo que no evitó que causara gran impacto. La dejó escrita y explicada en una carta que le envió a Cristina Kirchner, en la que le dice que quiere respetar el límite de edad para ser juez supremo que la Constitución nacional establece a los 75 años, porque tiene la sensación de que su tarea en el Poder Judicial “está agotada”, además de que discrepa con el carácter vitalicio de los cargos que considera más propios de una monarquía que de un sistema republicano, y porque quiere ejercer la docencia para contribuir a formar “a muchos hombres y mujeres jóvenes” que actúen en el ámbito del Derecho, “en pos de la reducción de los niveles de desigualdad y violencia”. Su salida del tribunal marca el fin de una época, que se inició con la disolución de la Corte menemista y con su nombramiento, el primero que hizo Néstor Kirchner en 2003. La Presidenta ayer mismo aceptó su decisión.
Irritante y prestigioso
Kirchner lo conocía poco. Se habían visto en la Casa de Santa Cruz, en 2002, presentados por el dirigente Fernando “Chino” Navarro. Cuando empezó la depuración de la Corte, con la renuncia de Julio Nazareno, Kirchner se puso a buscar un candidato. Pedía sugerencias. Tenía que ser –decía– alguien con prestigio y amplia capacidad de generar irritación, en especial en las corporaciones. “¿Pero vos me conocés a mí?”, le preguntó Zaffaroni ante el ofrecimiento. La prueba de que se acercaba bastante a lo que Kirchner pretendía se vio reflejada en los ataques múltiples que recibió durante el período de impugnaciones y audiencias públicas (que él estrenó) previos a la aprobación de su pliego. Desde su situación patrimonial hasta sus ideas sobre la defensa de las garantías y la función de derecho penal, todo fue cuestionado. Mucho era ruido mediático, ya que en la balanza recibió cuatro veces más apoyos que impugnaciones.
Su apartamiento del cargo de juez supremo llega en un período de desintegración de la conformación del alto tribunal, que después del fallecimiento de Petracchi había alcanzado el número de cinco integrantes que establece la ley y que ahora, con uno menos, pondrá al Poder Ejecutivo en la situación de proponer un nuevo nombre. Quienes quedan en funciones son Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda. Sólo los dos primeros fueron nombrados en esta última década.
En el texto que envió a la Presidenta, Zaffaroni basa su renuncia en “razones normativas y, más lejanamente, éticas y de convicción personal”. Luego explica que la Constitución pone el límite de los 75 años (a menos que exista un nuevo acuerdo del Senado), pero que –además– “pesa” en su “decisión” la idea de que la vitalicidad de los funcionarios de la Constitución, si bien excepcional, siempre es más adecuada a los sistemas monárquicos y, por ende, menos compatibles con los principios republicanos. A eso, suma que once años le parece un “lapso prolongado” en el “tiempo existencial”, y que quiere dedicarse a la “labor docente, la tarea doctrinaria y la acción en las instituciones científicas internacionales”. A pesar de que siempre expresó su pensamiento sobre el paso del tiempo y la edad jubilatoria, en sus comentarios resonaban los treinta años que Fayt, a sus 96, lleva en la Corte gracias a un fallo de sus antiguos colegas supremos.
Logros y huellas
Cuando desembarcó en el tribunal, Zaffaroni llevaba ciertos objetivos en mente. Uno de ellos era el de derribar los obstáculos para juzgar los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado. Fue, de hecho, uno de los arquitectos de la primera sentencia que abrió ese camino, en el caso Arancibia Clavel, donde se declaró la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad. Luego vendrían las declaraciones de inconstitucionalidad de las leyes de punto final y obediencia debida y de los indultos de Carlos Menem. También se derogó la Justicia penal militar. Otro de sus ideales apuntaba a invalidar la “reincidencia”. La Corte llegó a declarar la inconstitucionalidad de la reclusión por tiempo indeterminado en los casos de multireincidencia (más de cinco declaraciones de reincidencia), pero la mayoría avaló la reincidencia a secas, con la que se niega la libertad condicional. El voto en disidencia de Zaffaroni es, sin embargo, estudiado y halagado en el ámbito del derecho penal.
Lo mismo sucede con otros casos penales donde aun en minoría hizo escuela. En “Amodio” compartió voto con Lorenzetti para decir que la pena que decide un tribunal no puede superar a la que pide el fiscal (el inicio de una defensa del sistema acusatorio). También quedó solo al votar que ninguna pena puede superar los treinta años de prisión. Y hubo otros fallos mayoritarios donde puso los cimientos de grandes cambios. Como “Casal”, que estableció que la Cámara de Casación Penal tiene que revisar tanto los hechos como las pruebas de un juicio oral y no limitarse a las cuestiones de derecho y constitucionalidad. En “Llerena” la Corte sostuvo que el tribunal que instruye la causa e impone prisión preventiva no puede ser el mismo que juzga.
Zaffaroni dice en su carta que “el saber jurídico no debe permanecer ajeno” a una reforma universitaria en ciernes que incluye “a las clases trabajadoras y humildes”. Propone que la formación “en este siglo crucial” apunte a reducir “los niveles de desigualdad y de violencia”. “El sendero de dignidad que en lo ético las Madres y Abuelas marcaron en nuestros peores momentos del siglo pasado, debe actualizarse en forma permanente y plasmarse en el pensamiento y el sentimiento jurídico de las nuevas generaciones”, afirma.
La reivindicación y cuidado de los derechos de las minorías, los excluidos, desprotegidos o quienes están en situación de debilidad son parte de los principios que defiende Zaffaroni, y eso se vio incluso en uno de los primeros fallos de gran trascendencia en los que participó, el del corralito, donde apoyaba el criterio de devolución de ahorros mayoritario (con la fórmula 1,40 más el CER), pero en un voto propio decía que a los pequeños ahorristas que tenían hasta 70 mil dólares había que devolverles dólares. Apoyó los fallos a favor de los jubilados (como Badaro, que ajustó las jubilaciones de acuerdo al índice salarial). Fue el artífice del fallo que obligó a la provincia de Buenos Aires a revertir las condiciones infrahumanas y de sobrepoblación en la cárceles; fue clave en el que despenalizó la tenencia de droga para consumo personal; también en el que reconoció la pluralidad sindical y la posibilidad de participar en negociaciones colectivas y elecciones a quienes carecen de la personería gremial, y en los de abortos no punibles.
Fin de época
En sus primeros años, la Corte de la última década fue prolífica en la defensa de las libertades individuales y de los derechos humanos. En los últimos tiempos, algunos expedientes con injerencia en cuestiones económicas y de mercado comenzaron a dividir aguas. A Zaffaroni se lo vio votar sólo, en disidencia, o no votar en más ocasiones de lo habitual. Uno de los temas que siempre dijo que quería resolver antes de irse era el de la ley de medios, donde votó con la mayoría por la constitucionalidad de la norma, pero hizo un voto propio, harto elogiado, donde decía que “ningún Estado puede permitir que la configuración cultural de su pueblo quede en manos de monopolios”, y aclaraba que en nada se afectaba el derecho de propiedad.
En la carta difundida ayer habla de “democratización”. La Justicia y el derecho penal no la conseguirán, señala, “sin un cambio cultural que, ante todo, debe provenir de sus propias fuentes de producción académica”. El año pasado sostuvo ese principio y quedó enfrentado al resto de la Corte al defender la validez de la reforma judicial que impulsaba el Gobierno mediante cambios, por ejemplo, en el Consejo de la Magistratura. La mayoría declaró la inconstitucionalidad. Fue uno de los momentos más álgidos de enfrentamiento del tribunal con la Casa Rosada, que se revivió en estos días con el fallo que exime al diario La Nación y otras empresas periodísticas de pagar deudas millonarias a la AFIP, que el penalista no firmó.
Su carta de despedida recuerda una carrera judicial de 45 años, que incluyó su paso por la Justicia puntana y por distintas instancias en los tribunales porteños. “Por el bien de los habitantes” dice que desea “la exitosa culminación” del mandato de la Presidenta.
Zaffaroni deja en la Corte un instituto de Investigaciones enfocado en estadísticas sobre homicidios. Deja a la vez un anteproyecto de reforma del Código Penal elaborado con comisión variopinta, que está en veremos. Queda la muestra palpable de su teoría de la criminología mediática en el hostigamiento que él mismo vivió por el alquiler de sus departamentos. Ahora, el Gobierno lo candidatea para integrar la Corte Interamericana de Derechos Humanos, oferta que estudia. Su despacho desacartonado y de puertas abiertas, donde suele atender en guayabera, todavía tiene para unos días más, pero entre su elenco estable (bien distinto al clásico estereotipo de empleado/a judicial) ya se respira cierta tristeza.
01/11/14 Página|12
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