Las autoridades de México y los familiares de 43 estudiantes desaparecidos han acordado esperar el dictamen de forenses argentinos, en 15 días más, para establecer si los cuerpos encontrados en fosas clandestinas en cerros del estado de Guerrero (sur del país) pertenecen o no a los jóvenes secuestrados y desaparecidos desde hace un mes.
Los peritos del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) han prometido entregar en dos semanas más los resultados de su trabajo a los familiares de los jóvenes, dijo a RIA Nóvosti Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Guerrero Tlachinollan, asesor jurídico de los familiares.
Este fin de semana se cumplió un mes de los ataques cometidos por policías y narcotraficantes la noche del 26 de septiembre -ordenados por el alcalde prófugo de Iguala (220 km al oeste), José Luis Abarca- con saldo de seis muertos, 20 heridos, y 43 aspirantes a maestros rurales desaparecidos.
“Si no hay pruebas científicas de que los cuerpos encontrados en casi 60 fosas cerca de Iguala son los estudiantes desaparecidos, seguiremos acompañando a los familiares en su búsqueda. Queremos saber quiénes son”, dijo el reconocido dirigente humanitario vía telefónica.
“No se puede aceptar que les den la noticia de que sus hijos están muertos por las declaraciones judiciales y el hallazgo de fosas clandestinas publicados en los medios”, advirtió Barrera, laureado con el Premio Amnistía Internacional–Alemania en 2011, en el 50 aniversario del organismo.
Los forenses argentinos llegaron dos días después del hallazgo de los cuerpos en los cerros de Iguala, y “ofrecieron un resultado en un máximo de seis semanas, que se cumplen en 15 días, porque las muestran se envían a un laboratorio en EEUU”, reveló Barrera.
Dolor y esperanzas
“La confianza entre el grupo ha crecido en la diaria solidaridad y el dolor”, que acompañan el Centro de DDHH de la Montaña de Tlachinollan, junto con la Red Guerrerense de DDHH, entre otros. El organismo civil lleva el nombre del antiguo reino prehispánico de Tlachinollan, que existió en las montañas de Guerrero, entre el año 1300 y el 1565, hasta la llegada de los conquistadores españoles.
Los forenses argentinos, muy herméticos en su estilo de trabajo, “ya son parte de esta familia que acompaña el dolor humano”, explicó el veterano fundador del organismo humanitario hace 20 años, en una de las zonas más remotas y excluidas de México. “Cuando se empezaron a encontrar cuerpos, se necesitaba un equipo de confianza que diera certeza, para saber si esos cuerpos eran o no sus hijos y hermanos”, explicó Barrera.
“Los familiares les dieron su confianza y al siguiente día se comenzó a trabajar en las pruebas de sangre de padres, madres y hermanos”, relató el director del centro humanitario. “Nueve colegas argentinos llegaron para hacer las pruebas, al frente está la compañera Mercedes Doretti, le decimos Mimí. Conocemos su trabajo porque en México está haciendo las investigaciones de la masacre de 72 migrantes de San Fernando”, en 2010, que hasta ahora no han terminado.
Esa organización humanitaria fue establecida en 1984 para investigar los casos de desaparecidos en Argentina bajo la dictadura militar (1976-1983), y ahora investiga con autoridad masacres en América Latina, Medio Oriente y África.
Un mes “quemándose el alma”
Un mes de sobresaltos y hallazgos macabros ha puesto a prueba las resistencias psicológicas y morales de todos. “Compartir una tragedia sin certezas, sin datos que den una luz de esperanza crea un ambiente dramático”, describe el líder humanitario.
“Los padres llegan a la desesperación, y ya no quieren saber nada de nada. Es difícil seguir informado de los lentos avances de las investigaciones, lo que se publica en los medios, detenciones, fosas con cuerpos encontrados, declaraciones terribles. Es la parte muerta de ellos”, dice conmovido Barrera.
Abel relata su trabajo de dar malas nuevas a las familias: “Es una tortura, es restregarles en su frente que su hijo está muerto, con detalles de cómo lo torturaron, de cómo los mataron, de cómo lo quemaron”.
“Es el infierno que están teniendo que soportar, quemándose el alma y el cuerpo por su angustia, que se alimenta de las versiones de que están muertos. Que no hay ya más nada qué hacer”, dice Barrera con un dejo de reproche hacia la prensa. “Es terrible luchar contra esa corriente de opinión que crece, porque esos padres y esas madres tienen una luz de esperanza de encontrarlos vivos”, clama el líder humanitario.
A pesar de todo, la moral del grupo no se ha quebrado: “Aun así, en las noches y en las madrugadas, están de pie, dispuestos a ir a buscar una tenue pista, acaso porque les dijeron que en tal o cual iglesia hay gente viviendo, donde hay unos muchachos, y hay que ir a buscar allí”. La carga de la búsqueda ha caído sobre las familias: “Ellos les dicen a las autoridades: ya no sabemos dónde más ir a buscar”.
Las búsquedas con los humildes padres montados en helicópteros del ejército, o con buzos en ríos y pozas parece inútil: “Los familiares aceptan subirse a un helicóptero, a un carro, a un caballo para subir un cerro, para saber con sus propios ojos que en verdad no hay nada”, lamenta. Sufren en la impotencia su desesperación: “Ellos padecen la incapacidad de un Estado para asumir su responsabilidad”.
La versión ofrecida a RIA Nóvosti por el sacerdote Alejandro Solalinde, quien dijo que es “una hipocresía de las autoridades” mantener la esperanza, cuando todos los indicios apuntan a un crimen de lesa humanidad, tuvo un duro impacto en el ánimo de los familiares.
“Es válido siempre lo que hizo, siempre y cuando se tenga una información que él obtuvo de manera privilegiada; pero se debe comprobar con datos científicos. Están de por medio los sentimientos de los padres y los familiares, que no tienen información de manera directa, sino a través de los medios, que lo reportan de manera fría”, lamenta.
El Procurador General Jesús Murillo dijo que las primeras pruebas podrían haber fallado, porque las hicieron autoridades de Guerrero: “Los padres están viviendo un infierno por la incertidumbre y la incapacidad de las autoridades para encontrarlos vivos o muertos, con pruebas científicas sin resquicio de una duda”. “Por falta de información son presa de un hondo sentimiento de desesperanza”, reflexiona Barrera.
La peor tragedia desde la guerra sucia de los 70
Este caso “es la condensación de la tragedia nacional. Aquí la padecemos desde hace más de una década”. Barrera y su organización llevan 20 años trabajando en la defensa de los derechos humanos de la gente campesina e indígena de las montañas de Guerrero.
La referencia que mejor ilustra el drama de los desaparecidos, dice Barrera, es la Guerra Sucia contra la insurgencia de izquierdas armadas en la década de los años 70, que dejó casi 600 desaparecidos. “Ahora, desde 2005 en adelante hemos documentado más de 400 desaparecidos. Sin registros completos, porque la gente tiene miedo”, compara.
El descubrimiento de restos humanos tiene un impacto devastador entre la gente: “Sólo alrededor de Iguala han sido descubiertas casi 59 fosas en estas semanas, y no se sabe cuántos restos hay. Eso llena de escalofrío a los familiares, por el terror a encontrar allí a sus seres queridos desparecidos”.
Fuente: RIA Nóvosti
No hay comentarios:
Publicar un comentario